Nules permitió 304 construcciones ilegales en la marjal después de declararla protegida

LEVANTE/Castelló* : La zona húmeda de Nules soporta a día de hoy más de 765 construcciones irregulares -que ocupan un total de 67.086 metros cuadrados- buena parte de ellas levantadas después de que el marjal se protegiera incluyéndolo en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Generalitat Valenciana. Estas alarmantes cifras son las principales conclusiones del censo de construcciones que sobre la zona húmeda ha realizado el Ayuntamiento de Nules como base para redactar un plan especial que permita "minimizar el impacto ambiental de las viviendas en el entorno", según explicaban ayer fuentes municipales.

El balance de construcciones fue presentado ayer en la última reunión del Consejo Asesor de la Marjaleria, órgano creado para hacer un seguimiento del plan especial solicitado por los vecinos de la zona después de que 56 de ellos recibieran otras tantas órdenes de derribo de sus viviendas remitidas por la Conselleria de Medio Ambiente.
La colaboración entre ayuntamiento y conselleria en el trabajo sobre la zona húmeda es constante pero no cabe duda de que será difícil encontrar un resquicio legal en el que amparar las construcciones irregulares levantadas en la zona húmeda después de que ésta quedara protegida por el catálogo: 304 construcciones entre 2002 y 2007, contabilizando viviendas, piscinas, cuartos accesorios o paelleros, todas sobre suelo rústico no urbanizable y protegido como zona húmeda.
"Si bien vamos a tramitar la defensa de todas las viviendas por igual, la realidad es que la aprobación del catálogo marca un antes y un después desde el punto de vista legal de afección de las viviendas que debemos tener en cuenta a la hora de conseguir su regularización", aseguraba ayer el alcalde, el popular Mario García.
Y podría haber más. Según anunciaron ayer fuentes municipales tras la reunión del consejo, todavía no se dispone de las imágenes aéreas de 2009, por lo que falta completar el censo, para lo que se ha pedido la colaboración vecinal. El cómputo total no debería, sin embargo, elevarse en demasía porque desde 2007, con el cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Nules, la permisividad que reinaba bajo el anterior gobierno de Salvador Górriz se agotó.

Consecuencias legales
El alarmante crecimiento urbanístico de la zona húmeda bajo gobierno de Górriz estaba ya siendo investigado por la Fiscalía de Castelló a raíz de una denuncia del grupo ecologista Gecen. El Fiscal llegó a pedir la imputación del ex alcalde, el secretario municipal y el que fuera concejal de Urbanismo, por un supuesto delito contra la ordenación del territorio y de prevaricación por haber "consentido" estas edificaciones después de la catalogación. Las órdenes de derribo ya interpuestas contra medio centenar de viviendas y que han sido el detonante del movimiento vecinal y de que se pidiera crear un plan especial son la consecuencia más directa y rápida de aquellas primeras investigaciones que ya pedían presentar denuncia contra unas 100 propiedades.
Mario García ha querido destacar que se ha realizado un trabajo muy "concienzudo", ya que se trataba de "describir al detalle la situación de la zona afectada". Para ello se ha trabajado sobre parcelas y polígonos catastrales, precisando cuántas construcciones existen en cada parcela, así cómo cuál es la superficie construida en cada una gracias a las fotografías aéreas del Instituto Cartográfico Valenciano. Asimismo, García ha confirmado a los afectados que el Ayuntamiento remite a la Conselleria de Medio Ambiente notificación de todas las reuniones que se mantienen y de todos los avances que se realizan.
El alcalde anunció, por último, que el pliego de cláusulas del plan especial podría aprobarse en el pleno de este mes.





* Levante-emv - 16.09.10
Foto: Una de las viviendas de la zona húmedas. Levante-EMV

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El 84% de los españoles respira aire contaminado

PÚBLICO* : Una gran mayoría de la población española respira aire contaminado. Así lo denuncia Ecologistas en Acción, que alerta de que el 84% de los españoles se ve afectado por el exceso de contaminación, debido a que "la mayor parte de la población española vive en entornos urbanos y metropolitanos". A través de un comunicado y con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, la organización asegura que este porcentaje tan alto está extraído de los "estándares de la Organización Mundial de la Salud" y no de la legislación española, "más laxa", donde se reduce a tan sólo el 35%.

"Los estudios demuestran que más de 16.000 personas fallecen de forma prematura en el Estado español a causa de la contaminación del aire", continúa el comunicado, que asegura que "hasta el 80% de esta contaminación tiene su origen en el tráfico".

Además de la contaminación atmosférica, Ecologistas en Acción apunta al ruido, a la siniestralidad vial y a la vida sedentaria como factores determinantes en la calidad de vida de los ciudadanos. Según el comunicado, vivimos en ciudades "muy ruidosas" que provocan "consecuencias sobre la salud" que pueden ser "equiparables o incluso superiores a las provocadas por la contaminación del aire".

La siniestralidad, con 267 peatones fallecidos por atropello en 2008, es otro de los aspectos que, aunque se ha reducido, aún es alto "en zonas urbanas". Precisamente, en relación con el uso "continuado" del coche, Ecologistas en Acción alertan de que la falta de ejercicio físico se traduce en "consecuencias cardiovasculares, respiratorias, sobrepeso, etc.". "Modificar esta tendencia promoviendo los desplazamientos a pie o en bicicleta redunda de forma nítida en la mejora de la salud", añade.

Según la organización, "resulta patente que moverse con inteligencia y vivir mejor es desplazarse con menos coches y con más paseos en bicicleta o andando". Por esta razón, exigen a los ayuntamientos "políticas consecuentes con este objetivo y no meras declaraciones en pro de la movilidad sostenible".





* Público - EFE - 15.09.10
Foto: Madrid, contaminación M-40 - J.París (20minutos.es)

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Alcaucín pide soluciones para 1.800 vivienda ilegales

SUR/Málaga* : La operación «Arcos» contra la corrupción urbanística desarrollada en Alcaucín hace más de año y medio pesa como una losa sobre el municipio. El escándalo provocado por la detención del ex alcalde, José Manuel Martín Alba -en libertad desde junio de 2009 tras pagar una fianza de 120.000 euros-, significó la paralización inmediata del urbanismo en el municipio. Hoy, casi dos años después, a pesar de que todavía no se ha decidido el futuro de las más de 1.800 casas que se estima se encuentran fuera de ordenación en el municipio, el Ayuntamiento continúa registrando incomprensiblemente solicitudes de licencias de obras para construir viviendas residenciales en suelo no urbanizable.

«Estamos luchando por normalizar el urbanismo en el municipio, pero partiendo de la premisa de que en este pueblo ya no vale todo. Existe una normativa que hay que cumplir y la gente tiene que saber que el 95% de las edificaciones realizadas en nuestro territorio son ilegales, algo que confiamos se pueda resolver con la revisión parcial del PGOU», ha declarado categórico el alcalde, el andalucista Guillermo Pérez, que gobierna en el Ayuntamiento junto al PP y una edil del grupo mixto.
Para el regidor, aunque son mucho los vecinos que consideran que «es muy duro» que en las actuales circunstancia de crisis el Ayuntamiento se niegue a conceder nuevas licencias de obras, la política que está llevando su equipo de gobierno no es otra que la de otorgar únicamente permisos que son absolutamente legales. «Estoy convencido de que a la larga todos nos alegraremos», ha declarado Pérez.
«Además, los vecinos tienen que conocer que, según el Reglamento de Disciplina Urbanística aprobado por la Junta de Andalucía este año, si se concede una licencia ilegal no sólo se está imputando el alcalde, sino también el propio vecino», ha explicado el regidor, que ha afirmado que el municipio está siendo objeto de un seguimiento extremo por parte de la Policía Autonómica y la Guardia Civil en materia de urbanismo.
Reunión
Para aclarar la situación por la que atraviesa el urbanismo en el municipio, el alcalde ha convocado a los vecinos para mañana jueves 16, a las 19 horas, a una reunión en el Ayuntamiento. El encuentro debe servir para explicar la realidad urbanística de Alcaucín y las razones por las cuales el equipo de gobierno está rechazando la inmensa mayoría de las solicitudes de licencias de obras.
Según Pérez, se da la circunstancia de que el Ayuntamiento tiene sus servicios técnicos municipales totalmente colapsados debido a que muchos propietarios de viviendas unifamiliares construidas en suelo rústico llevan meses solicitando todo tipo de informes para tratar de regularizar sus casas. «Hemos tenido que contratar a un arquitecto y un arquitecto técnico para dar salida a tanto trabajo», ha afirmado el alcalde.
El edil andalucista está convencido de que la solución para las viviendas ilegales vendrá dada a través de la revisión parcial del PGOU, documento que desde finales de 2009 cuenta con la adaptación a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). El expediente para revisar el documento urbanístico ha sido iniciado ya por la Diputación Provincial. No obstante, el número final de casas que podrán ser legalizadas estará en función de los nuevos suelos urbanizables que incluya el documento urbanístico una vez culminada la revisión, según el alcalde.
Aunque la Junta de Andalucía tiene firmado un convenio con el Ayuntamiento para inventariar todas las construcciones que existen en el municipio en suelo rústico al objeto de conocer la situación de cada construcción antes de decidir si pueden ser o no legalizadas, la realidad es que el inventario se desarrolla con una lentitud fuera de lo normal.
El problema es que el Ayuntamiento no cuenta ni con los recursos ni los medios humanos necesarios para poder inspeccionar las más de 1.800 edificaciones que se estima existen en suelo no urbanizable en todo el término municipal, de ahí que haya solicitado a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, para culminar el trabajo.





* SUR - 15.09.10
Foto: En el municipio de Alcaucín existen unas 1.800 viviendas fuera de ordenación. :: SUR

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Vejer sigue tramitando los hoteles de El Palmar al margen de la polémica

DIARIODECÁDIZ* : Representantes del Ayuntamiento de Vejer y de la empresa Grupo Tarje se reunieron la semana pasada en la localidad jandeña para seguir cumplimentando los trámites técnicos y administrativos del macroproyecto hotelero de la playa de El Palmar. Las conversaciones son periódicas, y el trabajo es "compartido" con los técnicos de la Junta de Andalucía en un lento proceso que se mantiene "completamente al margen" de la polémica en torno al proyecto y de los movimientos de la plataforma opositora Salvar El Palmar, según asegura el alcalde de Vejer, el socialista Antonio Verdú.

El día 8, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó la aprobación previa del sistema de actuación urbanística en el sector SUS-6 Malcucaña, que abarca la parcela hotelera. Al existir varios propietarios -la promotora, dueña de la mayoría del terreno, y varios particulares-, deberán constituirse en junta de compensación y asumir el desarrollo de los suelos.

El regidor vejeriego informó de que el próximo paso en la gestión del proyecto será la aprobación definitiva del plan parcial de Malcucaña, el documento que define los aprovechamientos de la parcela, donde se levantarán 650 apartamentos gestionados en régimen hotelero (no son apartamentos turísticos) y distribuidos en varios edificios. El uso hotelero de Malcucaña y sus condiciones de edificabilidad fueron aprobados por la Junta de Andalucía en 2007.

La promotora Grupo Tarje -que heredó el proyecto, junto a Cajamadrid, en calidad de acreedora de Riera Marsá tras la retirada de la firma mallorquina- también trabaja en el diseño arquitectónico del complejo y mantiene negociaciones con cadenas hoteleras para la posible explotación del negocio, según informó Verdú, quien, no obstante, no se atreve a ofrecer ningún calendario de actuación de un proyecto que ha sufrido múltiples inconvenientes y que acumula años de continuos retrasos.

Verdú sí recalca que los hoteles de El Palmar "no tienen marcha atrás". Es su mensaje a la plataforma opositora, que suma más de 45.000 adhesiones en internet. Salvar El Palmar reclama una figura de protección para la costa y el desarrollo de un modelo turístico basado en pequeños negocios.

El diputado de IU, Gaspar Llamazares, ha abanderado las ideas de la plataforma y la semana pasada elevó una pregunta parlamentaria en la que censuraba el proyecto hotelero. El diputado señaló de que la zona está clasificada como "espacio de prado inundable y uso ganadero" y "libre de edificaciones" y que, además, es continuación natural de la playa de Castilnovo (Conil), declarada no urbanizable de especial interés.

El alcalde vejeriego lamentó que Llamazares se haya "tirado a la piscina" en un asunto que sólo conoce "de la boca de un reducido grupo que manipula la información intencionadamente" y recordó que el plan hotelero está amparado "en la legalidad más absoluta y que tiene el beneplácito de las instituciones públicas". "Yo le invito a El Palmar y, si tiene problemas de agenda, no me importaría citarme con él en el Congreso para explicarle lo que defendemos", emplazó Verdú.





* Diario de Cádiz - 15.09.10
Foto: Imagen de la playa de Castilnovo, entre Conil y Vejer, en las inmediaciones del complejo turístico proyectado.- diariodecadiz.es

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La Fiscalía pide al juez que expulse al PP del 'caso Gürtel' por fraude de ley

LAVERDAD* : Guerra abierta y sin precedentes entre la Fiscalía Anticorrupción y el Partido Popular en el ‘caso Gürtel’. El Ministerio Público ha pedido al instructor del sumario, Antonio Pedreira, que expulse del procedimiento a la formación que lidera Mariano Rajoy. Entiende que el partido lleva incurriendo meses en “fraude de ley” por “cuanto desempeña una labor de defensa amparándose en su condición de acusación popular”. Según el informe de cuatro páginas en poder de este periódico, Anticorrupción reclamó a Pedreira la exclusión de los ‘populares’ el pasado 8 de septiembre, añadiéndose así a la petición de los socialistas valencianos que también consideran que el PP no debe ser parte de este sumario porque en realidad está operando como abogado defensor de los imputados.

El juez Pedreira y la propia sala rechazaron la pretensión de los socialistas valencianos en diciembre de 2009 y febrero de 2010. Entonces, los tribunales dejaron que el PP siguiera en el procedimiento, pero la Fiscalía entiende que ahora hay nuevos motivos para echar definitivamente al PP. “La actividad procesal y extraprocesal del Partido Popular a partir de esta fecha es absolutamente reveladora del verdadero papel que asume en esta causa y que no es otra que el de una defensa más”.
Estrategia desvelada en dos de los últimos informes

Los representantes del Ministerio Público argumentan que la estrategia del PP se ha desvelado en dos de sus últimos informes, el 29 de abril y el 25 de mayo. En el primero, un recurso contra la decisión de requerir a la Generalitat los nombres de los altos cargos del Gobierno de Camps que contrataron con la trama Gürtel y, en particular, con ‘Orange Market’. Entiende Anticorrupción que es “sorprendente” que una acusación popular “califique de simples irregularidades administrativas los hechos descritos por la Intervención General del Estado que pone de manifiesto la continua y reiterada infracción de todos los principios básicos de la contratación públicos en los contratos examinados”.
El segundo informe que cita como prueba la Fiscalía es el recurso del PP contra la inhibición de parte del sumario a favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Recuerda que el escrito del partido estaba “plagado de descalificativo dirigidos contra todos los funcionarios intervinientes en la causa” y que ni siquiera las defensas de los imputados recurrieron la decisión de que parte del sumario sea instruido en la Comunidad Valenciana.
“Del contenido de los escritos se infiere que lo interesado es realmente el archivo de los hechos, postura claramente incompatible con la posición de acusación popular que tiene asignada el Partido Popular en esta causa”.
Además, la Fiscalía reconoce que ya instó al juez a reflexionar sobre el papel del PP en este sumario en mayo del año pasado cuando le reclamó la expulsión, como mucho menos convicción que ahora, ante la previsión de que la “investigación de los hechos previsiblemente podría afectarlo directa o indirectamente”. Entonces, recuerda Anticorrupción, Pedreira rechazó la pretensión por entender que la implicación del PP era una “mera hipótesis”.
“Pero la situación ha cambiado desde entonces”, señalan las fiscales. “Las diligencias que se encontraban pendiente de practicar (...) han motivado que la investigación judicial se extienda a la posible comisión de delitos electorales (financiación irregular) en el seno del Partido Popular de la Comunidad Valenciana”.





* La Verdad - 15.09.10
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com

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El escándalo de la vivienda

JOAQUIM SEMPERE* : Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), durante los años 2007 a 2009 se habían firmado unas 178.000 ejecuciones hipotecarias (frente a las 47.379 del trienio anterior) y el diario Cinco Días estima que habrá que añadir otras 180.000 en el presente año. De ser así, el total de ejecuciones hipotecarias en los últimos cuatro años ascenderá a más de 350.000. En general, estos expedientes acaban en desahucio en un plazo inferior a un año y el CGPJ señala que las cifras son engañosas, ya que una misma petición puede conllevar la subasta de varios bienes, de modo que “puede ser todavía más alarmante el incremento detectado”. Las viviendas hipotecadas van a subasta, y son las propias inmobiliarias de los bancos acreedores las que concurren a las subastas y acaban adjudicándose las viviendas a precio de saldo. La ley hipotecaria les permite adquirir el inmueble por el 50% del precio de la subasta pública si esta queda desierta, lo que ocurre en el 90% de los casos. El aquelarre no termina aquí. El banco desahucia a la familia, recupera la vivienda en pública subasta y sigue cobrando hasta el final la deuda hipotecaria. En los últimos meses, la prensa ha dado a conocer numerosos casos de familias puestas de patitas en la calle y obligadas a seguir pagando la deuda.

El 30 de marzo de 2010 –según señala David Fernández en el semanario catalán Directa
(7-04-2010)–, se reunió en Barcelona la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que propone que, en caso de impago, la recuperación del inmueble hipotecado por parte del banco “comporte automáticamente la cancelación de toda deuda”, como ocurre en otros países europeos y en Estados Unidos. Allí, si no puedes pagar, cedes la vivienda y la deuda queda cancelada. ¿Qué sentido tiene aportar como garantía del crédito hipotecario una vivienda si, en caso de que el acreedor no pueda pagar, la garantía del bien no baste y persista la obligación de devolver hasta el último céntimo, incluidos los intereses?
La plataforma señala que esta realidad jurídica “abusiva y extorsionadora se enmarca en una situación de asistencia permanente del Estado al sector bancario”. En efecto, a través de las hipotecas, la banca española ha hecho y sigue haciendo un negocio fabuloso con un bien de primera necesidad. Lo hace con la angustia de cientos de miles de desahuciados o amenazados de desahucio, y lo hace con los afortunados que pueden seguir pagando unas hipotecas contratadas durante la fase ascendente de un ciclo especulativo, con inmuebles sobrevalorados. Según The Economist, esta sobrevaloración ascendía en España al 55% el pasado enero.
¿Acaso deben los bancos españoles protegerse de una alta tasa de morosidad e impago? Los bancos Santander y BBVA afirman que desde 2001 han recuperado hasta el 90% de los préstamos por hipotecas impagadas. Y la Asociación Española de Banca anunciaba el pasado marzo que los beneficios netos de la banca española habían alcanzado en 2009 los 14.934 millones de euros, un 8,9% menos que el año anterior, lo cual no está nada mal para un año de grave crisis en la venta de viviendas. De modo que ni siquiera el impago es una coartada válida para la banca.
Las familias endeudadas se han visto obligadas a cumplir sus compromisos con las entidades de crédito mientras han tenido empleo y los intereses lo permitían. Y cuando no han podido hacerlo, se han quedado sin vivienda. En cambio, con el estallido de la crisis, la banca ha apelado al apoyo del Estado y lo ha conseguido. Unos han perdido lo que necesitan vitalmente. Los otros nunca pierden.
No es de extrañar que entre los años 2000 y 2007 el porcentaje destinado por los hogares españoles a la vivienda pasara del 12,40% al 25,63% del gasto total; es decir, más del doble, según reflejan las encuestas de los presupuestos familiares del Instituto Nacional de Estadística (INE). En cifras absolutas, significa pasar de gastarse unos 80.000 millones de euros en vivienda a más de 200.000 millones. Como son muchos los propietarios de viviendas que las han pagado ya, se deduce que quienes todavía las están pagando les destinan una parte de-
sorbitada de su presupuesto, que puede alcanzar un 40% o un 50% o más entre quienes están todavía atrapados por las hipotecas.
Esto representa una reducción muy substancial del nivel de vida, puesto que queda mucho menos para otros gastos. Tal reducción resulta enmascarada por el hecho de que el PIB ha aumentado un 26,5% en esos ocho años, mostrando una vez más que el PIB es una pésima medida del bienestar, incluido el bienestar material. Los gastos de vivienda son una sangría invisible pero real para la ciudadanía, la sangría que ha permitido engordar a los empresarios de la promoción y construcción de vivienda y a los bancos. La ciudadanía de este país no sólo está perdiendo a mansalva derechos sociales, sino poder adquisitivo. Es un fracaso económico espectacular que una necesidad básica como la vivienda no pueda ser satisfecha por millones de personas o lo sea a un coste enorme, y que esta situación haya empeorado visiblemente en el último decenio. La industria de la vivienda no debe seguir siendo una fuente de negocios abusivos ni un nido de especulación y corrupción. Urge considerarla un servicio público atentamente vigilado y regulado desde los poderes públicos.


* Joaquim Sempere es profesor de Teoría Sociológica y Sociología Medioambiental de la Universidad de Barcelona



* Público- Opinión - 14.09.10

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