FARODEVIGO*: La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo advierte al Concello de que no puede escudarse en el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) para eludir la ejecución de algunas sentencias de demolición de edificaciones declaradas ilegales. En la actualidad, el Concello tiene sobre la mesa orden de ejecución de varias edificaciones ilegales entre las que se encuentran las de Finca do Conde, Chano Piñeiro o la Colina de Castrelos, entre otras.
En uno de los fundamentos de la sentencia donde se desestima el recurso de casación presentado a la orden de ejecución que afecta a la "UE III Pastora" señala que "se equivoca el Concello cuando aduce que la ejecución de la sentencia requiere como primera actuación de un nuevo planeamiento detallado que sustituya al anulado por la sentencia". "Contrariamente a lo que sostiene –razona el Tribunal– la aprobación de un nuevo planeamiento no es una forma de dar cumplimiento a la sentencia sino todo lo contrario".
Actos nulos
También hace constar el Supremo que "cuando media una sentencia anulatoria de una licencia por disconformidad con el planeamiento, la nueva ordenación no deja sin efecto aquella, sino que acaso pudiera constituir un supuesto de imposibilidad de ejecución" y advierte que serán nulos de pleno derecho "los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento", añadiendo a continuación que el órgano jurisdiccional a quien corresponde la ejecución de la sentencia declarará a instancia de parte, la nulidad de los actos y disposiciones adoptadas.
En el mismo escrito se hace constar también que "si bien la administración municipal sigue disponiendo de sus facultades de ordenación urbanística y, por tanto, de modificación de las determinaciones aplicables, debe, si ello incide sobre actuaciones ya declaradas ilegales en sentencia firme, demostrar que la modificación no tiene la finalidad de convertir lo ilegal en legal sino de atender racionalmente al interés público urbanístico".
Reprocha también al Concello que no procediera a cumplimentar el mandato, tendente a la legalización de las obras, requiriendo a la promotora para que en el plazo de dos meses solicitara, con proyecto que incluyera la subsanación de los desajustes, la correspondiente licencia".
Daños a propietarios
El auto también da respuesta a uno de los motivos alegados por el Concello para la no ejecución de la sentencia, al considerar que de hacerlo se producía indefensión a los propietarios de edificios construidos al amparo de licencias anuladas.
En ese sentido, el Supremo argumenta que "frente a los deberes derivados del incumplimiento de la legalidad urbanística no cabe aducir la condición de tercer adquirente de buena fe, puesto que la demolición de lo indebidamente construido no sólo pesa sobre quien realizó la construcción ilegal sino sobre los sucesivos titulares de la misma, sin perjuicio de la responsabilidad que en que aquél hubiese podido incurrir por los daños y perjuicios causados a éstos".
* Faro de Vigo - J. MOSQUERA - 7.10.09
Foto: Vigo- masmar.net
Vigo: El Supremo advierte al Concello que no puede eludir derribos a través del PXOM
Citan a declarar como imputado el alcalde de Atarfe por la venta de una finca
EUROPAPRESS/Granada*: El Juzgado de Instrucción nº4 de Granada ha citado a declarar como imputado al alcalde de Atarfe (Granada), Víctor Sánchez (PSOE), como presidente de la empresa Proyecto Atarfe S.A., por la supuesta venta irregular de una finca de titularidad municipal a Vladigolf por un importe "inferior" a su valor de tasación.
Asimismo, tendrán que comparecer el próximo día 13 ante el juzgado el arquitecto municipal que fijó el precio de los terrenos, de 960.000 metros cuadrados, el 23 el representante de Vladigolf, y, aún sin fecha fijada, el consejero delegado de Proyecto Atarfe, que es además el primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento, Antonio Ibáñez.
El fiscal los acusa de los delitos de prevaricación urbanística y administrativa, contra la ordenación del territorio, falsedad, malversación de caudales públicos y cohecho, según consta en el escrito remitido por el Ministerio Público al juez, al que tuvo acceso Europa Press.
En el documento, que recoge los hechos que en su día hizo constar en su denuncia la Fiscalía, tras la interpuesta por el PP, se señala que el arquitecto tasó la finca el 16 de noviembre de 2004 por 3,6 millones de euros, de los que sólo se han recibido hasta hoy 120.000 euros. Sin embargo, unos días después de la venta, la finca es valorada a efectos de subasta en 8,4 millones en garantía de un préstamo concedido a Vladigolf.
Para el fiscal, que incide en que el suelo se vendió por un importe inferior a su valor en tasación en caso de ejecución, es "sorprendente" que el arquitecto municipal clasificara la finca en su tasación como "urbana no consolidada" y "residencial unifamiliar", cuando "meses antes" se había firmado el primer convenio por el que se acordaba cambiar la tipología y la edificabilidad de los terrenos.
Así, considera que "se tasa a la baja" de acuerdo con unas condiciones "que el propio Ayuntamiento se ha comprometido a modificar", modificación que "hay que suponer" que es la razón de la adquisición del suelo por la promotora dado que, en caso contrario, la hubiera adquirido con las condiciones urbanísticas ya fijadas.
UN "PLAN PRECONCEBIDO"
El Ministerio Público cree de este modo que con esta venta "se han perjudicado de forma deliberada y consciente, con arreglo a un plan preconcebido, los intereses del municipio en beneficio de una empresa inmobiliaria" y, de otro lado, apunta que el cambio de tipología llevado a cabo a través de estudios detalle, "aparte de conculcar los establecido en la LOUA, puede producir un incremento del aprovechamiento urbanístico".
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Atarfe, José Manuel Aranda, que dio hoy a conocer en rueda de prensa la nueva resolución judicial, afirmó que las continuas denuncias de la Fiscalía contra el alcalde de Atarfe demuestran que éste está "malbaratando" el suelo municipal y dejan entrever "de dónde salen tantos recursos económicos".
Según sostuvo, en este caso, la diferencia "abismal" entre la tasación del arquitecto y el valor de la finca, unos 4,8 millones de euros, podrían haberse utilizado para el asfaltado de todas las calles del pueblo, la creación de un nuevo corredor verde, la financiación de la mitad de la plaza de toros o la construcción de un nuevo pabellón deportivo.
En opinión del diputado provincial del PP Antonio Granados, el PSOE y la Junta de Andalucía son "cómplices" de las supuestas irregularidades que envuelven la gestión del alcalde Atarfe, por su "silencio", que otorga "impunidad absoluta" al regidor. En ese sentido, Granados instó, una vez más, a la Junta de Andalucía y a la dirección socialista en Granada a que actúen, y soliciten la dimisión del alcalde o lo cesen.
"No estamos judicializando la vida política, estamos defendiendo los intereses de los atarfeños, que ya el fiscal cree que han sido conculcados", mantuvo el diputado provincial, que calificó a Atarfe, y también a Armilla, como "las Marbellas granadinas".
* Europa Press - 6.10.09
Foto: Atarfe - imagenes.foro-ciudad.com
El affaire Millet: ¿corrupción a la catalana?
ALBERT RECIO*: I. Las aguas andan convulsas entre las élites barcelonesas. Ya andábamos bien servidos de affaires económicos y trazas de corrupción con el caso del banquero De la Rosa, los diversos escándalos relacionados con los departamentos de la Generalitat gestionados por Unió Democràtica de Catalunya (caso Turismo, caso Treball...) y otra retahíla de casos menores, sin perder de vista la conexión barcelonesa del asunto Filesa. Pero la novedad es que ahora el problema ha surgido en una de las instituciones señeras de la cultura catalana: el Palau de la Música y el Orfeó Català, y el inculpado forma parte de esta élite social que se autoconsidera a sí misma la “sociedad civil”.
Prueba de ello es que Fèlix Millet, el principal inculpado, figuraba como miembro de un sinfín de instituciones culturales, fundaciones y empresas locales (en una elocuente portada titulada “Un señor de Barcelona” el Periódico de Catalunya incluía 59 cargos ocupados por la susodicha persona). Era uno de los integrantes del G-16 barcelonés, un grupo de 16 entidades locales que celebran encuentros periódicos y cuya opinión juega un papel fundamental en la definición de prioridades políticas. En ella participan los principales clubs deportivos de la ciudad (FC Barcelona, RCD Español, Natación Barcelona, RC Polo, RC Tenis Barcelona, Centre Excursionista de Catalunya), los exponentes de la cultura de élite (Ateneu Barcelonés, Cercle del Liceu, Orfeó Català, Cercle Artístic), un centro social de la alta burguesía (Círculo Ecuestre), el inclasificable Real Automóvil Club de Catalunya (una empresa más que otra cosa y, sobre todo, una importante organización en defensa de los intereses del sector automovilístico), así como las grandes organizaciones empresariales (Cambra de Comerç, Foment del Treball, Cercle d’Economía, Institut Català de Sant Isidre). Curiosamente, la existencia de este grupo de opiniones compartidas había pasado desapercibido a los medios de comunicación local (supimos de su existencia por una noticia del periódico económico Expansión), por más que su presencia era bien palpable. El affaire Millet afecta por tanto al corazón de la élite social barcelonesa. Quizás gran parte de la enorme respuesta periodística y la culpabilización social de Millet se explica por la necesidad de aislar su figura de una élite temerosa de ver cuestionados sus privilegios.
II. Que Félix Millet ha usado a su antojo los recursos que le han permitido la triple presidencia del Patronato del Palau de la Música, de la Fundación Palau de la Música y del Orfeó Català parece fuera de toda duda. Las noticias de su patrimonio acumulado, de su salario autoconcedido o su propia autoinculpación (diseñada como una calculada estrategia para eludir la cárcel y frenar la investigación) así lo demuestran. Lo realmente inaudito es que se le hubiera dado tanto poder a alguien que en el pasado ya había estado inculpado por un oscuro proceso de estafa colectiva (el affaire Renta Catalana). Porque lo grave es que el conjunto de estos organismos está fundamentalmente financiado con fondos públicos y en su junta participan representantes de la alta burguesía catalana y de las élites políticas (incluidas personal claramente ligado al Partit dels Socialistes de Catalunya, como la ex diputada Anna Balletbó, o una de las hijas de Pasqual Maragall). Personas que en bastantes casos, como el mismo Fèlix Millet, aparecen también vinculadas a otras entidades del G-16. Se trata de recursos especialmente cuantiosos porque durante el mandato de Millet se han emprendido dos grandes obras de remodelación del edificio que han absorbido una enorme cantidad de recursos (sólo la segunda empleó 24 millones de Euros), que dan fe de la enorme capacidad de drenaje ejercida por este sr. y sus secuaces. Y ello a pesar que ya en 2002 la Sindicatura de Comptes (el equivalente catalán del Tribunal de Cuentas) detectó anormalidades, las cuales no impidieron que tanto las administraciones correspondientes como los propios patronos miraran para otro lado. Sin duda la personalidad de Millet, su capacidad de relaciones públicas, su origen y posición familiar (su tío fue el histórico fundador del Orfeó, una figura histórica de la ciudad) ayudaban a ello. Pero también han jugado a su favor otros factores que obligan a considerar que el caso va más allá de la mera historia del saqueador incansable.
Hay dos cuestiones que resultan especialmente notorias. De una parte, las relaciones políticas del propio Millet, bien conectado tanto con la derecha nacionalista catalana como con el Partido Popular, lo que explica la participación en el patronato de la delegación catalana de la Fundación FAES. Lo que empieza a aflorar es que desde la Fundación del Palau, básicamente orientada a obtener fondos para el propio Palau, financiaba a otras instituciones relacionadas con la derecha nacionalista catalana. En el momento de escribir estas líneas ya hay evidencia que ello ha tenido lugar con la Fundació Trias Fargas (de Convergència Democràtica de Catalunya) y con una no nata Fundació Espais que sirvió para tapar la quiebra del fallido proyecto del Partit per la Independència promovido por Àngel Colom y Pilar Rahola (y del que también participó el presidente del FC Barcelona Joan Laporta). Colom, al ser descubierta su implicación, alegó en su defensa que alguien le había recomendado acudir a Millet en busca de ayuda (y colgó intempestivamente la entrevista que le realizaba Manel Fuentes en Catalunya Radio cuando éste le preguntó si quien se lo había aconsejado era Artur Mas). Quizás tampoco sea casualidad que el abogado defensor de Millet sea Pau Molins, hijo de otro ex conceller convergente y miembro de una familia enriquecida con la producción de cemento (introductora exclusiva en España del cemento aluminoso causante de muertes y un gravísimo problema de vivienda en los barrios más humildes de Catalunya). Hay por tanto más que indicios de que parte de los fondos desviados han servido para engrasar una serie de instituciones del espacio de los partidos conservadores. Queda por ver si la financiación también llegaba a otras partes o si la complicidad del Partido Socialista se limitaba a mirar para otra parte lo que hacían sus rivales políticos, como muestra de esta especial omertá educada que tan a menudo practican las élites catalanas.
De otra parte, resalta una cuestión que va más allá del saqueo y la corrupción. Y es el tratamiento público que reciben algunos grandes operadores culturales y deportivos. En el actual modelo de competencia entre ciudades que genera la globalización, las élites políticas no dudan en dedicar ingentes recursos a promover iconos “culturales” y “deportivos” que actúen como marcas de la ciudad. Y es ahí donde las élites al estilo del G-16 barcelonés tienen una enorme capacidad de influencia y de orientación de las políticas públicas. De obtención de recursos sea por la vía directa de la financiación o por la indirecta de la recalificación urbanística. El problema de la aluminosis (que afectó a 35.000 viviendas en Catalunya, en muchos casos implicando el derribo y la reconstrucción) tuvo lugar en el mismo período del incendio del Liceo. Mientras este último se reconstruyó y amplió en cuatro años, los barrios afectados por la aluminosis aún tienen pendientes la solución de cerca de 1.000 viviendas tras 19 años de espera. Hoy alguno de los procesos urbanos más conflictivos que vive la ciudad de Barcelona tiene que ver con estos mismos intereses, como la cuestionada recalificación de terrenos del FC Barcelona en el barrio de Les Corts (para construir vivienda). O el mismo proyecto de hotel que impulsaba el propio Millet y que había conseguido una recalificación del espacio público “regalado” por el Ayuntamiento y la Generalitat. Un proyecto altamente cuestionado por el movimiento vecinal y que incluía a dosis variables especulación pura y dura del propio Millet, chapuza urbanística y cesión de interés público por parte de la administración. A tener en cuenta que en todas estas operaciones, junto a los promotores-especuladores y la Administración, juega un papel fundamental el arquitecto-estrella que “avala” la calidad e interés del proyecto. Los Tusquets, Bofill, Foster etc. son ellos mismos agentes activos de estas operaciones (Oscar Tusquets, que figuraba como “vedette” del proyecto de hotel y que fue quien remodeló el Palau de la Música, no ha dudado en salir corriendo cuando se ha destapado el caso y ha tenido la desfachatez de denunciar, con bastantes años de retraso, que las obras costaron la mitad de lo que se dijo).
III. Uno puede pensar que estamos ante un caso singular. Distinto al de la tradicional corrupción con la obra pública o las recalificaciones urbanísticas. Que Fèlix Millet es un caso especial de delincuente social. Pero es posible identificar con facilidad los parecidos o conexiones del caso con lo que ocurre en otros (empezando por el “Gurtel”) de nuestro entrono e incluso de otras latitudes.
Quizás Barcelona es una ciudad que ha explotado al máximo la creación de iconos con pretensión de universalidad. Pero el modelo es de aplicación más general y tiene variantes por doquier. Las recalificaciones fraudulentas a grandes clubs deportivos, e incluso la intervención pública ante la quiebra de proyectos privados es habitual en toda la geografía española (con los casos más evidentes del Real Madrid y el Valencia CF), como lo es asimismo la querencia por construir grandes “templos culturales” al tiempo que se dedica poco esfuerzo y recursos al fomento de la cultura de base (a mi entender uno de los elementos explicativos del problema del fracaso escolar, la ausencia de motivaciones y referencias cultas en las que vive una gran parte de nuestra sociedad). En los enormes dispendios en “fastos” y “proyectos vistosos” se cuelan enormes sumas. No es casualidad que toda la red tejida por Correa y sus adláteres esté relacionada con estas actividades: se trata de un espacio donde los costes reales resultan bastante opacos y donde es posible filtrar recursos sin que se note demasiado.
Está también la cuestión judicial. Si algo caracteriza a este país no es sólo la proliferación de casos de corrupción, sino también la enorme exquisitez con que sus señorías tratan a este tipo de delincuentes. En pocas semanas hemos presenciado cómo un manifiesto especulador por la vía de la información privilegiada (César Alierta, presidente de Telefónica, era exonerado gracias a la prescripción del delito), cómo el caso de un Presidente de comunidad autónoma que había recibido cuantiosos regalos de un presunto (y preso) delincuente era sobreseído gracias a la ignorancia de la información relevante. Y ahora estamos asistiendo a un proceso, el de Millet, en el que el juez demora intervenciones en detrimento de las posibles pruebas inculpatorias. Podríamos encontrar muchas más ilustraciones de un sistema judicial con inequívocas características de clasismo que engrasa nuestro modelo de capitalismo depredatorio.
Millet, en fin, forma parte de la clase de delincuentes de guante blanco que en los últimos años tanto han proliferado, llámense De la Rosa o Madoff. Cada uno de ellos constituye una historia particular, pero sus acciones, su largo tiempo de impunidad, sólo pueden entenderse si los situamos en el contexto de hábitos y comportamiento de la clase social que los cobija y del marco institucional y cultural que les deja espacios de actuación.
*Fuente: Mientras tanto electrónico. Número 73, octubre de 2009.
* Rebelión - Opinión - 7.10.09
Territorio aprueba 30 planes sin informe de la CHJ de inundabilidad en Castelló
LEVANTE* : Hace justo una semana un temporal de gota fría inundaba por completo bajos y calles de municipios de las Plana Baixa y Alta. El alcalde de la capital de la Plana, Alberto Fabra, responsabilizó de forma inmediata a la Confederación Hidrográfica del Júcar del desbordamiento del río Seco por no limpiar, dijo, las cañas del cauce y, ayer, el presidente de la CHJ, Juan José Moragues, le recordó que la "ordenación del territorio es competencia exclusiva de la Generalitat", y reprochó al Consell que haya aprobado en los últimos años un sinfín de proyectos urbanísticos con informes de inundabilidad negativos.
La Comisión Territorial de Urbanismo de Castelló, que está controlada por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, ha dado luz verde en los últimos tres años a 30 planes que carecen del informe de inundabilidad de la CHJ, según datos de la Confederación a los que ha tenido acceso Levante de Castelló. Este documento no es vinculante pero sí es preceptivo.
Cuatro de dichos 30 desarrollos han salido adelante con el voto contrario de la CHJ; es decir, el Consell les ha dado luz verde pese a proyectarse en zonas con riesgo de inundación. Se tratan del Plan General de Bejís, de dos planes parciales (ambos con campo de golf) en Sant Rafael del Río y de uno en Cabanes.
En otros 9 casos, la Comisión Territorial ha aprobado planes urbanísticos en los que la CHJ había pedido una ampliación de la documentación presentada y no había tenido tiempo de valorarla. Moragues explicó que en estos planes se presume afección a terceros por un previsto cambio en las corrientes o porque con la "escasa documentación aportada" ni siquiera se puede saber con exactitud "dónde está" la actuación.
Asimismo, hay otros 17 desarrollos en la provincia en los que la CHJ ha tenido conocimiento por distintas vías que no han sido enviados a este organismo para que los analice, mientras hay otros 16 proyectos que han sido informados desfavorablemente por motivos de inundabilidad y que todavía no han sido aprobados por la Comisión de Urbanismo.
El presidente de la CHJ instó a reflexionar sobre la política urbanística, "ya que las lluvias están siendo, cada vez más, agresivas". A su juicio, "tenemos que acostumbrarnos al territorio en el que vivimos y si agredimos al territorio, que no nos extrañe que se defienda". El diputado nacional del PP, Miguel Barrachina, acusó hace un año a la CHJ de "asfixiar" a la Comunitat con sus informes negativos.
Por su parte, un portavoz autorizado de la Conselleria de Medio Ambiente negó que las comisiones territoriales aprueben proyectos con informe negativo de inundabilidad, y mostró su extrañeza por las palabras de Moragues.
Patricova
El responsable de la CHJ añadió además que el plan de acción territorial sobre prevención de inundaciones (Patricova) "habría que actualizarlo", e indicó que el Gobierno trabaja junto con la Generalitat en la cartografía de riesgo porque "se inundan sitios que el Patricova no los califica como de riesgo".
* Levante-EMV - JOAN MESTRE/J.S. - 6.10.09
Foto: La gota fría inundó las calles de Burriana entre otros municipios. levante-emv
