EUROPAPRESS/Almería* : Greenpeace anunció hoy la elevación de un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el que le informa de lo que califica como una "maniobra ilegal" emprendida por el Ayuntamiento de Carboneras al considerar que la adaptación parcial de las Normas Subsidiarias (NNSS) a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) "cambia la clasificación y convierte en urbanizable" el paraje de El Algarrobico y permite el desarrolló de un residencial de 250 viviendas "que allanaría -asegura- el terreno para que se inaugure el hotel".
En una nota, la organización ecologistas subraya que el Consistorio carbonero (PSOE) interpreta "en sentido contrario" el auto por el que el TSJA dictó hace un año la suspensión cautelar del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural Cabo de Gata-Níjar en lo que se refería a los suelos donde se levanta el hotel de Azata del Sol al sostener que "al anularse el PORN de 2008, los planos que clasifican el área como urbanizable, modificados irregularmente, son legales".
Tras acusar al Ayuntamiento de "seguir en su huida hacía adelante ignorando lo que dicen los tribunales", Greenpeace señala que esta "incumpliendo el auto de suspensión cautelar" en el que el TSJA aludía a que la nueva clasificación dada al suelo "podría reactivar el uso turístico del inmueble".
En esta línea, el colectivo asegura que la "actitud" mostrada por el Consistorio que preside Cristóbal Fernández "confirma, una vez más, lo que sentenció el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Almería, que, al anular la licencia de obras del hotel, acusaba de abulia y desidia de la corporación y a la Junta de Andalucía" además de ideas una "burda maniobra para sustituir la planimetría del PORN en 1997 por otra".
El documento por el que se aprueba la adaptación parcial de las NNSS de Carboneras a la LOUA, publicado en BOP el pasado día 4, recoge la recomendación del informe de la Comisión Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística (CIVTU) y alega que debe mantener el anterior grado de proyección --D2-- en el sector ST-1 --Algarrobico-- a la vista de la resolución judicial antes citada.
"CONFORME A LA LEY"
Al tiempo, el Ayuntamiento carbonero señala para justificar su decisión, ahora denunciada por Greenpeace pero contra la que presentaron alegaciones el PP, Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción, que la citada comisión resaltó que la adaptación de las NNSS a la LOUA se trata de un procedimiento "y no un instrumento de planeamiento, por lo que no se puede alterar las clasificaciones de suelo ni otras determinaciones urbanísticas".
El decreto 11/2008, de 22 de enero, que regula el procedimiento de la adaptación parcial del planeamiento municipal a la ley anteriormente mencionada establece, sin embargo, tal y como se apunta en el documento y subrayan los colectivos ecologistas, que esta deberá clasificar como suelos no urbanizables de especial protección aquellos sectores sometidos a una aplicación directa por deslindes y planes sectoriales en materia de medio ambiente.
Desde Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar han interpretado la decisión del equipo de gobierno de Carboneras "y de la Administración autonómica" como un apuesta por la "legalización" del hotel de Azata del Sol que, según aseguraron, les deja "tan perplejos como la actitud ambigua de la Consejería de Medio Ambiente que por un lado garantiza la demolición del hotel y por otro aprueba "actuaciones urbanísticas dentro de un espacio natural protegido y alejadas de toda legalidad".
* Europa Press - 19.11.09
Foto: Algarrobico demolición - greenpeace.org
Greenpeace advierte de que Carboneras prevé 250 viviendas en El Algarrobico para "legalizar el hotel"
El fiscal pide cuatro años y 500.000 euros para el ex alcalde de La Línea
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DIARIODECÁDIZ* : La Fiscalía Provincial de Cádiz acusa a miembros de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de La Línea en el caso Roseworld, originado por la venta de cuatro parcelas municipales a una empresa con ese nombre, de recibir dos millones de euros "en compensación por el trato de favor recibido" en esta operación.
En concreto, acusa a los miembros de la Mesa de Contratación que aprobó esta operación: el ex alcalde linense, Juan Carlos Juárez, y los ediles del PP María Cruz Atienza, Juan Francisco Montero y Francisco Muñiz, así como al ex coordinador de Hacienda, Carlos Ruiz Calama; el ex secretario general del Ayuntamiento, Agustín Sevillano, y el ex interventor municipal, Sergio Gómez.
Además, acusa a Anil Thakurdas, administrador de Roseworld, y a Rafael de los Reyes Medina, representante de Abuztúa Inversiones, empresa que compró luego dichas parcelas.
La Fiscalía concluye que son responsables de los delitos de prevaricación y cohecho pasivo Juárez, Atienza, Montero, Muñiz, Calama, Agustín Sevillano y Sergio Gómez, a los que por el segundo de los delitos solicita una pena de cuatro años de prisión y una multa de 500.000 euros a cada uno con responsabilidad personal subsidiaria, así como una pena de inhabilitación especial para el empleo de cargo público durante 8 años y seis meses.
Para Thakurdas solicita cuatro años de prisión y una multa de 500.000 euros por un delito de cohecho. La multa más cuantiosa es la que solicita para Rafael Reyes Medina por un delito de blanqueo. En concreto, la Fiscalía solicita una multa de 25 millones de euros, tres años de prisión y dos años de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria.
Así consta en el escrito de calificación que la Fiscalía Provincial de Cádiz ha derivado al juzgado número uno de La Línea, solicitando que las actuaciones se transformen en los trámites de procedimiento abreviado y que se abra juicio oral.
En el análisis de los hechos, el escrito de calificación de la Fiscalía recuerda que el Ayuntamiento acordó enajenar mediante concurso público y en un único expediente cuatro parcelas municipales en La Colonia. En una sesión plenaria de carácter extraordinario celebrada el 25 de octubre de 2005, fue aprobada por el pleno la propuesta efectuada por el alcalde para la enajenación y el pliego de cláusulas que debían regir el concurso, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y dando el plazo de 15 días naturales para la presentación de ofertas. Además se establecía como tipo de licitación la cifra de 12,2 millones de euros.
La Fiscalía considera que los acusados "se pusieron de acuerdo para favorecer a la empresa Roseworld frente a cualquier otra que presentara su oferta". De hecho, la empresa Promaga quedó excluida del concurso. La adjudicación se materializó en cuatro escrituras públicas, acordándose un primer pago de 6,1 millones de euros que se efectuó en cuatro cheques. El resto debía ser abonado con la aprobación provisional del PGOU.
Pese al inicio del procedimiento penal, que se hizo constar en el Registro de la Propiedad así como al inicio de un procedimiento contencioso-administrativo de impugnación a Roseworld, la Fiscalía explica que los acusados "en virtud del plan preconcebido, acordaron vender los terrenos objeto de litigio a Abuztúa Inversiones en febrero de 2007 para así simular la apariencia de tercero de buena fe y asegurarse el mantenimiento de las fincas, concertando el precio en 14,4 millones de euros más IVA". Además, señala que 22 días antes de efectuarse la transmisión, Lábaro, grupo al que pertenece Abuztúa, ordenó un ingreso en el Ayuntamiento de 1,3 millones de euros que Calama dijo era en concepto del pago de la deuda a Roseworld, constando otro importe igual fechado en marzo de 2008.
En marzo de 2007, el Ayuntamiento requirió a Abuztúa el pago aplazado del débito de Roseworld, 6,1 más 980.000 euros de IVA al constarle por comunicación del apoderado de ésta que se había producido la transmisión. Abuztúa pagó al Ayuntamiento la cantidad restante del precio que se aplazó a Roseworld, aunque no los 980.000 euros del IVA.
La Fiscalía concluye que los acusados de la Mesa de Contratación recibieron a través de la empresa Líneatrans, "de la que es único titular y administrador Calama, por parte de Thakurdas en compensación por el trato de favor recibido y tal y como habían acordado, dos millones de euros, constando efectuado el ingreso a través de la sociedad de la que el único administrador y titular es Thakurdas, Laxmi Developments", agrega en el escrito de acusación.
* Diario de Cádiz - Soraya Fernández - 19.11.09
Foto: La Línea de la Concepción (Cádiz) - Konstantin (wikipedia.org)
El fiscal superior ve desprotegido el patrimonio histórico debido a la falta de fondos de los concellos
LAVOZDEGALICIA* : El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, ha pedido a los concellos que se asocien para obtener fondos con los que rehabilitar su patrimonio histórico formado por castillos, torres y pazos. Se trata de conseguir poner en valor esa riqueza histórica mediante la interlocución con los organismos europeos encargados de su protección, según explicó el fiscal durante su participación en la jornada organizada en la isla de San Simón (Redondela) por la Asociación de Concellos con Castelos.
Varela hizo este llamamiento a los responsables de los ayuntamientos gallegos ante la «precariedade financieira» de los municipios que acogen ese tipo de edificaciones. Esa circunstancia, añadió el fiscal, provoca que ese patrimonio monumental «estea totalmente desprotexido».
El fiscal superior de Galicia pidió a la Xunta que apoye y fomente, con dotación presupuestaria suficiente, con el fin de impedir «o deterioro progresivo desta arquitectura medieval defensiva». Recordó que el estado de este patrimonio varía en función de si su titularidad es pública o privada.
* La Voz de Galicia - 19.11,09
Foto: Lugo, Castillo de Pambre - espanolsinfronteras
Pueblos enteros ilegales en Almanzora... y en los juzgados
ELMUNDO/Almería* : Agentes del Servicio para la Protección de la Naturaleza (Seprona) y de la Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Almería han tramitado en los últimos años decenas de atestados sobre construcciones ilegales en el municipio de Arboleas y en otros pueblos del Almanzora, especialmente Zurgena y Albox, a raíz de denuncias interpuestas en la mayoría de los casos por ciudadanos particulares.
Entre las denuncias investigadas también se encuentra la presentada en octubre de 2006 por Ecologistas en Acción de Almería, que informó de la existencia de cientos de viviendas construidas ilegalmente en siete pedanías de Arboleas, municipio gobernado por el socialista Ángel García, así como de proyectos para construir otras 6.000.
Entre los casos más graves, los ecologistas se referían al núcleo de Los Carrascos, que en ese año ya alcanzaba la misma población que el pueblo de Arboleas, e informaba de que, además, se estaban realizando movimientos de tierras para construir más casas ilegales y volver a duplicar su número. El atestado instruido fue dirigido en su momento tanto a la Fiscalía de Medio Ambiente como al Juzgado de Huércal-Overa.
Los agentes de la Guardia Civil que acudieron al valle del Almanzora para investigar las denuncias presentadas dieron fe de la existencia de «pueblos enteros construidos en zonas no urbanizables», lo que, lógicamente, hicieron constar en los atestados correspondientes.
La mayoría de las denuncias fueron presentadas a partir de 2005, aunque han seguido goteando hasta este mismo año, y en su mayor parte ha sido confirmada la ilegalidad de las construcciones, algo que no es ningún secreto en la comarca, donde según estimaciones de la Junta de Andalucía existen más de 5.000 casas construidas al margen de la ley.
De ahí que la Consejería de Vivienda, al frente de la cual está Juan Espadas, haya concebido un plan de inspección al que se han sumado la mayoría de ayuntamientos, entre ellos los tres mencionados, donde se aglutina un mayor número de ilegalidades. Una vez realizado el recuento, se analizará cada caso para intentar la regularización de la mayor parte de casas posible, atendiendo a los criterios marcados por la Ley de Ordenación del Urbanismo en Andalucía (LOUA).
* El Mundo - M. Cabrera - 19.11.09
Foto: Albox, zonz viviendas ilegales - teleprensa.net
Un matrimonio lleva 16 meses con la casa ocupada y sin amparo judicial
ELPAÍS/Barcelona* : Josep M. y su mujer viven con su hijo en el barrio de El Poble-sec, en Barcelona. Lo hacen desde el 21 de julio del año pasado, una fecha que no olvidan. "Estábamos pasando unos días de vacaciones y nos llamaron por teléfono para decirnos que parecía que hubiera alguien en casa". Volvieron a uña de caballo, llegaron a la puerta de su piso, situado en el Raval de Barcelona, y trataron de abrir: la llave no iba. De ningún modo, pero dentro no se oía nada.
Josep (que pide el anonimato y se niega a ser fotografiado) tiene un primo cerrajero: lo llamó y acudió casi de inmediato. Cuando ya estaba abierta la puerta, alguien acabó de abrir desde dentro. Ahí empezaron más líos.
"¿Qué hacen aquí?"
"¿Cómo que qué hago? Ésta es mi casa".
"De eso nada".
Josep y su mujer decidieron acudir a los Mossos (la comisaría está a menos de 50 metros). Llegaron, pero pidieron al matrimonio que se mantuvieran al margen. Tras una conversación con los ocupantes, comentaron que no se podía hacer nada. Para sacarles del piso se necesitaba una orden judicial.
El matrimonio puso denuncia, ante los Mossos y en los juzgados. Su abogada, Esther Villaescusa, lo resume así:
"Primero instamos un proceso penal, por allanamiento de morada, pero fue archivado y se nos dijo que utilizáramos la vía civil para pedir un desahucio. Lo hicimos y en abril de este año hubo sentencia, que daba la razón a mis clientes. La otra parte recurrió. Yo, claro, pedí la ejecución de sentencia porque Josep y su mujer no tienen otra casa. Se fijó para octubre. Pero el día en que iba a ejecutarse, la juez la aplazó aduciendo que los ocupantes carecen de medios. Nos queda la apelación y la hemos presentado, pero es difícil que se resuelva antes de marzo. Todo resulta surrealista", concluye.
La vida de Josep M. y su mujer no es fácil. "Si fuera un piso de alquiler normal, dejaría de pagar y listo". Pero la cosa es mucho más complicada. El piso es una vivienda social propiedad del Incasòl y se halla en un bloque gestionado por el Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona, que reconoce estar al tanto de los hechos. El inquilino, además, no puede dejar de pagar porque, si lo hiciera, perdería los derechos adquiridos. De modo que el matrimonio no vive en el piso pero paga cada mes el alquiler "para no perder esos derechos adquiridos" y paga también la luz, el gas, el teléfono y el agua "porque nos han dicho que si no lo hacemos, luego las cosas pueden ser más complicadas".
Hace unos días, un vecino les avisó: los intrusos estaban tirando a la calle montones de cosas de su casa. Acudieron corriendo y lograron salvar un viejo televisor Elbe. Lo conservan. La mujer lo muestra y añade: "Sé que no vale mucho, pero es mío, como todo lo demás que había en el piso. A saber cómo estará ahora".Josep y su mujer viven (en realidad vivían) allí desde 1988, cuando fueron alojados procedentes del derribo de edificios que ocupaban lo que hoy es la rambla del Raval. Se habían arreglado el piso, de tres habitaciones y 80 metros cuadrados. "Hace unos años se hicieron unas obras, porque fallaban las tuberías y los desagües. Les dije que la cocina me la haría yo nueva", cuentan casi al unísono el hombre y la mujer. Hablan de la casa con una profunda nostalgia: la ropa, las fotos, los recuerdos y, sobre todo, proyectos de un futuro que ya no será. El buzón de casa es un buen ejemplo de ello: el intruso ha arrancado el nombre de la pareja y ha escrito el suyo con un rotulador.
El Patronato Municipal de la Vivienda dice que está al tanto de la situación y que sus servicios jurídicos se han puesto al servicio del matrimonio, pero que no pueden ir más allá. La abogada del matrimonio pidió al Patronato que, vista la situación, le facilitara otro piso, pero la respuesta fue que eso no es posible hasta que recuperen la suya. Tampoco accedió a congelar el pago del alquiler. "Además", dice Villaescusa, "los ocupantes [precaristas en lenguaje jurídico] se han empadronado en el piso y han dado de baja a mis clientes. Fui al Ayuntamiento a preguntar cómo se habían podido empadronar sin contrato y me respondieron que eso es muy fácil, que basta el recibo domiciliado de un teléfono móvil".
Josep y su mujer se aferran a lo poco que les queda de su vivienda: el papel del censo electoral, donde figuran sus nombres y la dirección objeto de litigio. Se les nota cariño por la vivienda, pero están pensando, cuando puedan, en proponer al Patronato de la Vivienda de Barcelona que les dé otra distinta. "No sé, a veces quisiera que hubiera pasado todo y otro pienso que no quiero volver nunca más a ese piso. Y eso que lo habíamos hecho a nuestra medida", dice ella con un tono entreabia y la pena.
* ELPAIS.com - FRANCESC ARROYO - Barcelona - 19/11/2009
Foto: Viandantes y jóvenes charlan frente a la entrada del edificio donde está el piso ocupado. - MARCEL.LÍ SÀENZ. elpais.com
La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el alcalde de Canillas de Aceituno
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MÁLAGAHOY* : La Fiscalía de Málaga ha solicitado cuatro años de prisión y veinte de inhabilitación para el alcalde de Canillas de Aceituno, José Manuel Aranda (PSOE), por dos presuntos delitos de prevaricación urbanística por aprobar un proyecto para la construcción de una vivienda irregular, un extremo que fue confirmado a este periódico por el propio regidor.
La sección del Ministerio Público responsable de la ordenación del territorio y del medio ambiente pide, además, dos años de prisión y diez de inhabilitación para los seis concejales socialistas que integraban la Corporación entre 2003 y 2007, y que votaron a favor de esta resolución en un Pleno municipal.
Según la documentación muninicipal a la que ha tenido acceso este periódico, el Pleno aprobó por mayoría absoluta y con la abstención del Partido Andalucista, un proyecto de actuación para la construcción de una vivienda unifamiliar aislada vinculada a destino agropecuario. Por esta razón, según la Fiscalía, los seis concejales que forman el equipo de gobierno junto al alcalde están incluidos en el sumario que ha quedado abierto en el Juzgado número uno de Vélez-Málaga. Tras dar el visto bueno la Corporación y contar con su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, el expediente urbanístico quedó abierto a exposición pública para la presentación de alegaciones y se envío la certificación a la Junta de Andalucía que emitió un informe desfavorable. Pero a pesar de ello, y dado que es preceptivo pero no vinculante, el alcalde concedió la licencia. Por este hecho, Aranda se enfrenta a dos presuntos delitos de prevaricación urbanística. Uno por aprobar su resolución en el Pleno, y otro por conceder la licencia en base a una resolución plenaria irregular.
Además, la Fiscalía de Málaga, pide a los seis concejales presuntamente implicados una multa de 30 euros diarios durante 24 meses, y durante cuatro años, al regidor de Canillas de Aceituno.
En la comarca de la Axarquía, hace apenas una semana, la Audiencia Provincial condenaba al alcalde de Sayalonga, José Luis Navas Camacho (PSOE), a un año de cárcel y nueve de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación urbanística. En la sentencia, el juez considera probado que el regidor "no sólo concedió una licencia ilegal, sino que posteriormente se archivó sin justificación alguna el expediente de reestablecimiento de la legalidad urbanística". No obstante, Navas ya ha anunciado que la recurrirá.
Los hechos se produjeron en marzo de 2000 cuando el Ayuntamiento de Sayalonga aprobó la concesión de una licencia solicitada por un particular para una vivienda unifamiliar. La autorización fue concedida pero en el decreto se especificaba que la obra no podría iniciarse sin la presentación del correspondiente proyecto de ejecución y dirección facultativa. En el expediente el técnico municipal emitió un informe desfavorable a la concesión de la licencia de obra al encontrarse en terreno no urbanizable. La construcción comenzó en octubre de 2006 y se inició un expediente sancionador y de reestablecimiento de la legalidad urbanística, sin embargo, un año después fue archivada.
También estos días se ha conocido que la Fiscalía de Málaga ha solicitado un año de prisión y ocho de inhabilitación para el alcalde de Casarabonela, Sebastián Gómez (PSOE), por un presunto delito contra la ordenación del territorio por conceder una licencia de obra que se supone ilegal. En esta causa también está acusado el promotor de la vivienda.
* Málaga Hoy - M. Cortés · R. Garrido - 19.11.09
Foto: Canillas de Aceituno (Málaga) - en-la-costa-del-sol.com
"Pretoria": Singla admite pagos de comisiones legales a 'Luigi' por su trabajo
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LAVANGUARDIA/Barcelona* : El presidente de la constructora catalana Proinosa, Josep Singla, imputado en la trama de corrupción urbanística de 'Pretoria', ha admitido que ha tenido contactos "esporádicos" con Luis García, Luigi, intermediario también imputado, y a quien ha pagado comisiones legales por su trabajo. No obstante se exculpó de los cargos que le imputa el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón: asociación ilícita y tráfico de influencias.
En una rueda de prensa, Singla, el director general de la empresa, Ramon Peñaranda, y el asesor legal, Javier Echevarría, explicaron que la vinculación de la promotora en la conocida como operación 'Pallaresa' en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) no tiene nada de ilegal. Recordaron que desde 2003 Proinosa ya no tiene nada que ver con este proyecto y que Garzón lo investiga en el periodo que ya era propiedad de otras sociedades. Proinosa compró los terrenos en 2001, junto a dos socios, para construir un centro comercial.
Tras un estudio de viabilidad, la promotora decidió no llevarlo a cabo, por lo que en 2003 lo vendió a una empresa vinculada a Luis García y a una sociedad holandesa vinculada a Eugenio Mora, ex dueño de Burberry España, por unos 12 millones de euros, con unos beneficios de "200.000 o 300.000" euros, una cifra pequeña para lo que suelen ser estos negocios, comentó Echevarría.
Posteriormente, el mismo solar fue vendido a Prosavi, operación que ya fue investigada por la Audiencia Nacional y que ahora vuelve a estar bajo la sospecha de Garzón. De hecho, los tres propietarios iniciales del solar ya fueron citados a declarar como testigos en 2006 por la Agencia Tributaria para que aportaran documentación sobre el proyecto y la venta.
Para ejemplificar que su vinculación con Santa Coloma no es sospechosa, como deja entrever Garzón, Singla explicó que en los últimos tres años Proinosa ha ganado menos del 15 por ciento de los concursos licitados por la empresa pública Gramepark, teniendo en cuenta los presupuestos, ninguno de los cuales fue del fondo de inversión local del Gobierno. Además, los proyectos en la ciudad suponen alrededor de un 4 por ciento de los más de 200 millones de facturación total de la empresa, que trabaja en decenas de municipios catalanes y del resto de España.
El empresario explicó que conocía al ex alcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz y al ex concejal de Urbanismo Manuel Dobarco, también imputados y en la cárcel, igual que conoció a la anterior alcaldesa, Manuela de Madre, o a numerosos políticos municipales de Catalunya. Sobre su relación con Luigi, dijo que sabía que una empresa suya había hecho suspensión de pagos hace años, pero desconocía si le habían imputado antes. También admitió que gracias al intermediario compró un ático en la calle Beethoven de Barcelona justo al lado de un piso de Muñoz, porque era "una buena oportunidad".
Del ex conseller de la Generalitat Macià Alavedra y el ex secretario general de Presidencia Lluís Prenafeta en tiempos de CiU, Singla dijo que no les conocía sino de vista. Singla también desvinculó totalmente su empresa de algunos proyectos en Badalona y Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) en los que supuestamente hubo irregularidades también vinculadas en el caso Pretoria.
En Llavaneres, Proinosa sí está promoviendo un polideportivo en las afueras a cambio de construir pisos libres y públicos en la actual zona deportiva. No obstante, según la empresa, la plataforma SOS Llavaneres no denunció a la empresa sino al anterior equipo de gobierno por el concurso público.
Preguntado por su relación con el ex concejal de Urbanismo de esta localidad, Antonio Jiménez, Singla dijo que le conocía "muy poco".
El presidente de Proinosa se mostró "tranquilo" y convencido de que será exculpado, por lo que ofreció su plena colaboración a la justicia para esclarecer el caso "cuanto antes".
* La Vanguardia - E.P. - 18.11.09
Foto: Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) - flickr.com
