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FARODEVIGO* : La recopilación de datos por parte de la Plataforma pola Retirada do Plan "Vigo Íntegra": "Gondomar vive" está en marcha, pero sus dirigentes ya disponen de números alarmantes. Sólo uno de los viales que "destroza" el rural gondomareño elimina al menos 83 casas y cientos de propiedades. La coordinadora continúa su trabajo de recogida de información y de asesoramiento.
Para ello, inicia hoy una ronda de asambleas por las parroquias rurales que servirán a los vecinos para exponer sus casos y elegir entre los diferentes tipos de alegaciones que el colectivo ha preparado.
La plataforma cuenta con distintos modelos de recursos al plan viario metropolitano que la Consellería de Política Territorial propone para vertebrar el entorno de Vigo. "O proxecto afecta a aspectos moi diferentes, desde o impacto ambiental ata o acústico, ademáis das propiedades e mesmo a forma de vida do Val Miñor", comenta Marta Dacosta, una de las directivas. Así, los encuentros en las zonas rurales de Gondomar estarán divididas en dos partes. Primero, los miembros de la plataforma expondrán las distintas alegaciones y, seguidamente, atenderán a cada vecino para recomendarle uno u otro modelo.
Las primeras reuniones se desarrollarán hoy a las 21.00 horas en los centros culturales de Peitieiros y Couso. Mañana jueves, los integrantes de la coordinadora acudirán a la misma hora a la escuela de Guillufe, en Morgadáns, y al centro cultural de Chaín. Por último, el viernes, los encuentros se celebrarán, también a las 21.00 horas, en el centro cultural de Vilaza y en la Casa da Cultura del centro urbano de Gondomar.
Afecciones
Los directivos de la Plataforma pola Retirada do plan "Vigo Íntegra": "Gondomar vive" se sorprenden cada día con los nuevos descubrimientos sobre el proyecto. A las 83 viviendas unifamiliares que arrasa el vial que uniría Couso con la autopista, se suma un edificio de viviendas recién construido en el centro urbano de la villa condal que eliminaría el acceso a la autopista desde el centro de Gondomar. Esta infraestructura acabaría con el atrio de San Benito, rozaría la galescola y el cuartel de la Guardia Civil, entre otras afecciones.
El plan viario metropolitano que la Xunta prevé para la zona se encuentra en Gondomar con numerosas voces discordantes. El gobierno municipal y otros grupos políticos se han manifestado en contra del proyecto, además de la gran mayoría de los colectivos vecinales. Muchos de ellos tramitan su integración en la plataforma, que supera ya el medio millar de integrantes.
La coordinadora incide en la necesidad de intercomunicar la comarca con enlaces desde la autopista AG-57, pero considera "innecesario" y "desorbitado" este plan, especialmente cuando algunas demandas podrían resolverse "con el impulso do transporte público e a liberalización da peaxe da Ag-57", recalca José María Matías, otro directivo.
* Faro de Vigo - N. PILLADO / GONDOMAR - 20.08.2008
Foto: Gondomar (Pontevedra) - lavozdegalicia.es
La plataforma contabiliza ya 83 casas que desaparecerán con el Vigo Íntegra
Turisme Jove compró una finca en es Jondal a un precio seis veces superior a otros terrenos públicos
DIARIODEIBIZA* : Los terrenos adquiridos por el Govern en es Jondal para ampliar el campamento juvenil de la zona se pagaron a un precio que los nuevos responsables autonómicos consideran «desorbitado» y «sospechoso»: 18 euros el metro cuadrado, mucho más de los tres euros abonados este año por una inca rústica en Sant Joan o los 90 céntimos pagados hace tres años en Formentera en la compra de una finca de tres millones de metros cuadrados.
El consorcio Turisme Jove, cuyos principales dirigentes están imputados en un escándalo de corrupción tras las investigaciones de la Fiscalía de Balears, compró en el año 2006 un terreno de 40.000 metros cuadrados en es Jondal para ampliar las instalaciones del campamento juvenil que la conselleria de Joventut tiene en dicha zona, y que al año siguiente fue transferido al Consell Insular de Eivissa.
El precio de esta operación fue de 720.000 euros, lo que arroja un promedio de 18 euros el metro cuadrado, una valoración inusualmente elevada para un terreno rústico de esas características. Los nuevos responsables de la conselleria de Joventut del Govern están investigando los detalles de esta operación, que consideran «sospechosa» por lo «desorbitado» del precio pagado por los anteriores responsables del consorcio Turisme Jove.
Tanto la ex consellera de Deportes y Juventud del Consell Insular de Eivissa, Cati Palau, como el particular que vendió el terreno, Fernando Torres Almunia, confirmaron ayer a este periódico que se pagaron algo más de 720.000 euros por esas cuatro hectáreas de terreno. El acuerdo se cerró mediante negociaciones entre los responsables del Consell Insular, el propietario y también dirigentes de Turisme Jove llegados de Palma, entre los que se encontraría alguno de los ahora imputados por el juez. Los pagos se efectuaron desde el citado organismo autonómico, en tres plazos, según Cati Palau.
De los tres pagos, dos se efectuaron directamente desde la conselleria de Joventut del Govern y el tercero se habría realizado a través del Consell Insular, «pero mediante una transferencia desde el Govern», señaló Palau.
«Total normalidad»
La ex consellera del área señaló que las negociaciones y el posterior acuerdo se desarrollaron «con total normalidad» y dijo que el precio que se pactó «fue el que se consideró más conveniente para todos». Aseguró también que el Consell tenía gran interés en ese terreno, porque estaba colindante al campamento donde se desarrollan actividades juveniles todos los veranos. «Los coches ya aparcaban allí y nos venía muy bien ese solar», señaló.
El precio pagado por el Govern balear por este terreno de es Jondal supera de forma espectacular lo abonado por el mismo Ejecutivo autónomo en otras operaciones de adquisición de suelo. Sin ir más lejos, la finca de 220.000 metros cuadrados que la conselleria balear de Medio Ambiente ha comprado este mismo año en Sant Joan para dedicarla a terreno protegido costó 676.000 euros, es decir, 3,07 euros por metros cuadrado, que «es la cantidad que se suele manejar para este tipo de adquisiciones», señaló el conseller Miquel Àngel Grimalt.
Más económica aún salió la compra en 2005 de tres millones de metros cuadrados de terreno es Cap de Barbaria, por parte también de la conselleria balear de Medio Ambiente. En concreto, los 3.184.384 metros que se compraron en sa Tanca d´Allà Dins costaron 2.897.798 euros, esto es, 0,9 euros por metro cuadrado.
Fuentes de inmobiliarias de Eivissa indicaron que, aunque el precio de mercado del suelo rústico puede ser superior a estas cantidades, en ningún caso alcanza los 18 euros, que consideraron una cifra «excepcionalmente elevada».
* Diario de Ibiza - JOAN LLUÍS FERRER - 20.08.2008
Foto: Imagen del campamento de es Jondal, donde se adquirieron los terrenos por parte del Govern. Vicent Mar, diariodeibiza.es
La prensa británica vincula el urbanismo en la C. Valenciana con la corrupción
LEVANTE* : Los británicos que compraron propiedades en la Comunitat están siendo víctimas de un "régimen urbanístico notoriamente corrupto y caprichoso", se leía en el artículo a cinco columnas del Daily Telegraph con el que el rotativo inglés abrió su sección de revista de fin de semana. El reportaje, un extenso informe sobre los efectos de la crisis crediticia en la construcción de la Costa Blanca, aparecía mencionado en primera página.
Bajo el titular de Sueños que se derrumban al sol, el periódico con mayor número de lectores en el Reino Unido -supera los 900.000 ejemplares diarios- exponía el drama de miles de sus conciudadanos, que han visto evaporarse la esperanza de un plácido retiro: "la corrupción y la crisis inmobiliaria les ha dejado sin sus ahorros y, en muchos casos, sin su casa".
Así, el Daily Telegraph relataba el caso del Albatera Golf & Country Club, una promoción de 1.500 viviendas bungalow que "nunca se construirán". Cerca de un millar de británicos desembolsaron en 2005 depósitos por valor de 100.300 euros, pero desde entonces no han podido visitar más que cuatro chalets piloto. "Como otras muchas urbanizaciones a lo largo de la Costa Blanca", se asegura en el artículo, "los terrenos yacen sin actividad, sin agua ni electricidad, y sin perspectivas de futuro".
La promotora de Albatera Club, San José Inversiones, presentó la quiebra en mayo al no haber conseguido ampliar su capital en 26 millones de euros para continuar con las obras. A juicio de Gwilym Rhys-Jones, investigador financiero afincado en Alicante, situaciones similares se dan "no sólo con pequeñas firmas sino incluso con constructoras de gran volumen, que han aceptado depósitos para viviendas a sabiendas de no disponer de financiación suficiente".
El diario conservador indicó que el desplome de los precios de la nueva vivienda, junto al recorte de los créditos a las constructoras por parte de los bancos, ha dejado al descubierto a "una gran cantidad de proyectos que no tenían ni siquiera permiso del gobierno [de la Generalitat], pero que han contado con el visto bueno de alcaldes corruptos: la costa está superpoblada de este tipo de urbanizaciones".
Fuentes del Colegio británico de Inspectores de la Propiedad han señalado a Levante-EMV que "con las cifras oficiales en la mano, se ha construído tanta vivienda que incluso con un mercado en condiciones normales hubieran originado una burbuja de precios".El autor del reportaje, Neil Tweedie, escribió en el Telegraph que la planificación de las autoridades autonómicas ha posibilitado "el nacimiento de un desarrollo que ya ha desfigurado, físicamente, las líneas de la costa mediterránea del país". Con el artículo Sueños que se derrumban al sol, el Daily Telegraph ha seguido la estela de otros periódicos nacionales publicados desde Londres, que han denunciado el aparente caos del sector inmobiliario valenciano. Apenas hace una semana, The Independent afirmó: "Lo que una vez fue el mercado más potente de la segunda vivienda en Europa, ha sufrido el mayor 'crash' del momento, por culpa de la corrupción y la sobreexplotación del territorio". The Independent, que tiene una circulación aproximada de 234.000 ejemplares, cree que "nadie está seguro de lo que pasará en el futuro".
"Las inmobiliarias te mienten"
Por su parte, el diario progresista y más cercano al gobierno, The Guardian con 380.000 ejemplares, ha publicado las historias de varios jubilados británicos que quisieran volver al Reino Unido pero no les llega con la venta de sus actuales propiedades en Torrevieja para costear el traslado: "El valor de nuestras viviendas es bastante inferior al que tuvimos que pagar por ellas", se duele Gavin Brown, uno de los afectados, "pero los agentes inmobiliarios aquí te mienten con tal de conseguir salirse con la suya".
Sin embargo, no todas las voces son tan pesimistas. Derek Bliney, de Link Estates, confía en la renovación del éxito de la Costa Blanca: "Todos los buenos motivos por los que los europeos del norte han escogido esta área continuan siendo válidos. Tenemos un clima estupendo, las playas son bellísimas, y las conexiones vía aérea han mejorado".
Otros, como Inés Riz, de Direct Auctions, ven además un período de ocasiones para aprovechar. Según Riz, los bancos se están incorporando al mercado de subastas para "deshacerse de las pérdidas que les traen los impagos de las constructoras".
* Levante-EMV - Victorià Jiménez, Londres. - 19 de agosto de 2008
Foto: construcción. El estallido de la "burbuja" inmobiliaria llega al Reino Unido.
levante-emv
Andalucía: Especulación inmobiliaria, construcciones y delitos urbanísticos, el pan nuestro de cada día (II)
GAS* : Como en noticias anteriores, recorremos el panorama andaluz en relación a la urbanización y nuevas construcciones. Así como a los delitos urbanísticos en las diversas provincias. En este caso, en Sevilla nos centraremos en cómo sigue ampliándose el Área Metropolitana de viviendas, provocando situaciones insostenibles.
Andalucía
Mientras la crisis en el sector del ladrillo continúa, se ve un cambio en el planteamiento urbanístico a nivel andaluz: este consiste en la apuesta de rehabilitación de viviendas para su venta o como forma de suplir la falta de nuevas viviendas. Sin embargo, la tónica sigue siendo abrir un mercado a las constructoras, como deja ver el “Plan Andaluz de Vivienda 2008-2012”. En él, la Junta se compromete a construir 300.000 nuevas viviendas protegidas (VPO), abiertas a las familias más desfavorecidas; el resto de familias que no lleguen al mínimo, tendrán que pedir más préstamos para pagar las viviendas, ya que los precios aún están muy altos. Además, en sí el proyecto sólo es viable para las empresas constructoras, ya que como venimos recordando, existen en Andalucía más de 550.000 casas vacías (dato extraido del censo del 2001), con lo que el hecho de seguir construyendo no tiene ningún sentido.
La clave del urbanismo en Andalucía es el Pacto por la Vivienda, suscrito en diciembre pasado por Junta, ayuntamientos, cajas de ahorros, patronal y sindicatos, y el decreto que un mes más tarde permitió agilizar la adaptación de los planeamientos municipales a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), aprobada en 2002. Esta norma exige a los ayuntamientos que reserven el 30% de sus suelos a la construcción de VPO, pero según la propia Junta algo menos de un 10% de los consistorios de la comunidad han adaptado sus planes urbanísticos conforme a dicho requisito.
Por su parte, Chaves sigue con su discurso contrario a la especulación urbanística, anunciando que va a tener tolerancia cero con dicha especulación, promesa que como se puede ver en esta noticia, no hace mucho efecto. En este sentido, se ha creado el Cuerpo de Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo, compuesta por 25 miembros, para vigilar por el cumplimiento de la legalidad y luchar contra los delitos urbanísticos.
Como comentamos, en el futuro del urbanismo andaluz se está ganando un terreno la reparación y aprovechamiento de edificios antiguos, aunque aún las construcciones serán lo prioritario al salir beneficiadas grandes capas empresariales e incluso institucionales. Con respecto a este debate interno que es posible que empiece a sonar con más fuerza, es de destacar la postura de la Junta, que prevé rehabilitar 135.000 pisos hasta el año 2012 debido al parón del sector de la construcción. Junto con estas cifras, el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio ha asegurado que la reparación de inmuebles genera el triple de mano de obra que la nueva construcción, con lo que socialmente es más sostenible y positivo.
En el estado existen un millón de viviendas construidas y sin vender. En Andalucía, las cifras no son claras, aunque gran parte de ese millón puede corresponder a la comunidad autónoma. Y, según la política del Plan de Vivienda (2008-2012), parece que los números de viviendas vacías y sin estrenar no van a bajar, ya que se siguen implantando planes para la construcción de miles de viviendas de protección oficial (VPO). De hecho, en Andalucía, más de 150 municipios se han acogido al decreto que les permitirá ofertar suelo para la construcción de viviendas protegidas sin adaptar los PGOU correspondientes. Así, se prevé la construcción de 132.000 viviendas protegidas en 4 años. Sin embargo, es posible que esta panacea en momentos de la crisis del ladrillo, empiece a ser poco útil, ya que se dan diversos casos en los que familias rechazan las VPO por ni poder pagarlas, a pesar de estar rebajadas. Así, en Fuengirola, han rechazado 100 viviendas de una promoción, y en otras poblaciones, el hecho es el mismo: tener que pagar 600 euros al mes es demasiado para multitud de familias en Andalucía.
Sevilla
En el Área metropolitana de Sevilla, la tendencia es al vacío de la capital y a la superpoblación en localidades que van creciendo como el caso de Dos Hermanas o el Aljarafe; así, los datos confirman esta tendencia: en el mercado de la vivienda nueva, Sevilla vende 8 pisos al día de media, mientras que en el Área Metropolitana, son 18. Esta tendencia, mayor que en el año 2007, se explica por la apuesta de los ayuntamientos y la Junta por las VPO, lo que hace que más gente se lance a la compra de pisos más baratos, lo que a su vez beneficia a las empresas ya que los negocios no se hunden y a los bancos, al pedir más préstamos para poder pagarlas.
Y en relación a que existe un gran escalón entre las personas que optan a las VPO y las que no por tener unos ingresos un poco mayores, es palpable el problema para el segundo grupo a la hora de conseguir una vivienda, ya que los precios en Sevilla y en el Área Metropolitana, en lugar de disminuir, está aumentando: 3.000 euros el metro cuadrado en el primer trimestre de 2008. Por su parte, la vivienda de segunda mano también ha subido en los últimos meses.
En Sevilla capital, Emvivesa (la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla) ha abierto el plazo para la contratación de los proyectos de 523 VPO, enmarcado dentro del Plan de Vivienda de Andalucía 2008-2012. Así, estas viviendas se repartirán en siete promociones, que servirán de inicio del Plan Municipal de la Vivienda de Sevilla 2008-2012. Las promociones, con un costo de dos millones de euros, se localizarán en distintos puntos de la ciudad: tres de ellas, con un total de 73 viviendas protegidas, se desarrollarán en Guadaíra Sur; dos, con 134 y 147 viviendas cada una, en el Polígono Aeropuerto; una promoción, de 103 viviendas, en Campo de los Mártires; y una última, de 66 casas, en la Avenida de Andalucía.
En Sevilla, el delegado de urbanismo ha anunciado que el Ayuntamiento y la Junta han alcanzado un acuerdo para demoler 750 viviendas de dos barrios de la ciudad: Los Pajaritos y Regiones Devastadas. Esta demolición, que se inserta dentro de de la operación de regeneración de viviendas en Andalucía, servirá para construir 900 viviendas de protección oficial para los vecinos de los barrios.
De este modo, pasamos de la rehabilitación y conservación de los bloques, a su derribo y posterior levantamiento en las ideas del Ayuntamiento en lo que respecta a dichas barriadas. Asimismo, el ayuntamiento ha anunciado que la superficie de los pisos se doblará, pasando de los 40-50 m2 actuales a los 70-120 que se han programado. Se cree que los derrumbes se iniciarán en el 2009.
El II Plan de Barrios se abre en Sevilla este verano, con el que se rehabilitarán viviendas con un presupuesto de 54 millones en ayudas hasta el 2011. Doce barrios podrán solicitar dichas ayudas tras el verano, teniendo que abonar los vecinos el 10% y siendo de 20.000 euros el presupuesto medio por piso. De este modo, se pretenden rehabilitar 5.000 viviendas de diferentes distritos: Cerro-Amate, Macarena Norte, Macarena, San Pablo-Santa Justa, Nervión y Sur.
En el Polígono Sur, la Junta ha sufragado el 75% del costo de la rehabilitación de 144 viviendas. Según ha declarado la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, dichas obras de adecuamiento y mejoras de equipamiento de los edificios costarán dos millones de euros. Lo restante, lo abonarán los vecinos de dichos bloques, de más de diez años de antigüedad, según se establece en el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007, aún en vigencia.
Alcalá de Guadaíra también se ha acomodado al Plan de la Vivienda, prometiendo el Ayuntamiento 2.000 viviendas de protección oficial, un tercio más baratas que las de renta libre. Estas viviendas se promocionan como destino de jóvenes con futuro, ya que la construcción del futuro parque empresarial es la gran baza del ayuntamiento, queriendo usarlo como polo de multinacionales para asegurar ofertas de trabajo en la población.
En la población sevillana de Huevar del Aljarafe el avance del PGOU que se ha planteado ha sido ya criticado por diversas asociaciones ecologistas. Entre ellas, está la Asociación para la Defensa del Territorio del Aljarafe (ADTA), quien ha presentado alegaciones al mismo ya que el crecimiento que él se plantea es enorme: de un 300% del suelo y del 500% de la población actual. Estas cifras serían incompatibles con el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), y además los suelos reservados como productivos carecen de justificación, entendiéndose que el PGOU sufre serias carencias en ese sentido.
Por último, la ADTA ha indicado que el Plan de Transporte Metropolitano de Sevilla se ha planteado para una población en Huevar muy inferior a la que el PGOU planifica, por lo que los problemas en cuestión de movilidad serían muy graves, como ocurre en el resto de poblaciones del Aljarafe por la mala planificación urbanística y el crecimiento desmesurado, así como la apuesta casi única del coche como medio de transporte.
En este sentido, es de destacar el hecho de que la Junta haga su gran apuesta por el AVE entre Huelva y Sevilla, cuando existen carencias a nivel regional, como la falta de un tren de cercanías entre Sevilla y la propia Huevar, hecho que ahorraría el uso del coche y el tiempo empleado para dicho trayecto. Este tema y la mala movilidad en Andalucía serán tratado en una noticia posterior en el tema de las infraestructuras.
En Dos Hermanas, en cuyo suelo se situará la urbanización de Entrenúcleos, las 20.000 nuevas viviendas que ya anunciábamos en una noticia anterior, harán que la población ascienda de los 120.000 a los 160.000 o incluso 180.000 habitantes. Este espectacular incremento, hará que Dos Hermanas se sitúa en la séptima mayor ciudad de la comunidad, hecho que podría costar un serio desajuste en cuanto a infraestructuras y servicios para tal cantidad de población. De estas 20.000 viviendas, una mitad será de protección oficial y la otra, de renta libre, según lo dispuesto en el Pacto por la Vivienda, y gracias a las áreas de oportunidad dejadas por el Potaus, que no ha hecho más que dar rienda suelta al urbanismo salvaje en el área metropolitana.
Málaga
En Estepona, seis imputados por la trama de corrupción urbanística, fueron puestos en libertad bajo fianza a finales de junio. Éstos son el arquitecto municipal, un abogado y empresario, así como tres concejalas y el ex gerente de urbanismo. Así, la lucha sin cuartel contra la especulación urbanística que promete el presidente de la Junta, queda de nuevo en saco roto. Es de destacar que en Málaga, desde el 2005, han sido detenidas más de 220 personas por corrupción urbanística. De estos, la mayoría pagan una fianza y quedan en libertad, como en esta trama Astapa.
En relación a Estepona, Ecologistas en Acción ha elaborado un interesante documento donde van desarrollando el urbanismo en la localidad malagueña: Aquí el enlace
Granada
En Almuñecar, en la costa granadina, de nuevo se demuestra que las licencias para urbanizar que dan los ayuntamientos u organismos competentes pueden ser, y con en muchos casos, ilegales. En esta población, Ecologistas en Acción denunció en el 2007 que la urbanización Arroyo Marinos estaba construyéndose en un barranco que la propia urbanización había acomodado como jardín, paseo y piscinas, con el consiguiente peligro en caso de lluvias torrenciales que podrían hacer reventar el cauce. Ante esta grave infracción de la ley, la Dirección General de inspección de Ordenación del Territorio, urbanismo y vivienda de la Junta de Andalucía por fin ha suspendido la licencia urbanística, casi un año después de la denuncia del colectivo y con el peligro de inundación tan usual en la costa mediterránea precisamente por el urbanismo desenfrenado sin conocer el terreno y los efectos del mismo en las viviendas.
Cádiz
En el Puerto de Santa María, donde el ayuntamiento lleva demostrando estos años su poco respeto a las leyes urbanísticas gracias a las denuncias del grupo local de ecologistas en Acción, vuelve a haber unas edificaciones ilegales. En este caso, como en otros anteriores, de nuevo en una finca con bosque, protegido por ser ya muy escaso en dicha localidad, donde el poco pinar costero que hay lo están haciendo desaparecer poco a poco. Se trata de la construcción de un gran edificio en la finca de Los Pinos, sin que exista licencia urbanística. Tras la denuncia del grupo ecologista, el ayuntamiento no ha paralizado las obras, lo que reitera su intento de urbanizarla, como demuestra el hecho de que declarar la finca de urbanizable en el último PGOU, a pesar de tener unos de los bosques mejor conservados del municipio. Para colmo, aprobaron en Pleno un convenio urbanístico para permitir la construcción de 326 viviendas, un hotel y un centro comercial.
Además, ni el ayuntamiento ni la empresa promotora (Construcciones Chiclana 2000) han sido multadas por este caso, como especifica la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Además, tampoco se ha revisado el expediente, con el fin de conseguir su prescripción, y burlar la ley una vez más. Esta actuación administrativa de no protección de la legalidad urbanística es un delito de prevaricación.
De nuevo en el Puerto de Santa María, un derrumbe de un acantilado ha hecho surgir protestas en los vecinos ya que consideran que se deriva de una serie de construcciones ilegales en dicho acantilado. Los vecinos han declarado que en el acantilado del Manantial, se han estado construyendo chales de más de tres pisos de altura, junto a la playa, con la consiguiente afectación sobre el acantilado y el derrumbe.
Jerez de la Frontera es otra población con un aumento impresionante en los últimos años, las cifras hablan por si solas: de las actuales 90.000 viviendas, el consistorio prevé construir 40.000 más, llegando a las 130.000 viviendas, pero con tan sólo una estimación de población de 220.000 habitantes: persona y media por vivienda. En medio de este panorama, se presenta para el negocio urbanístico un nuevo suelo virgen y en una zona excepcional: la fábrica de botellas, perteneciente a VICASA. Será la construcción de 800 viviendas el gran negocio de las constructoras, en pleno centro, junto a la Universidad y la estación y con excelentes comunicaciones. Ante este panorama, Ecologistas en Acción han vuelta a denunciar la falta de visión del Ayuntamiento y su pésima política urbanística, al destinar este suelo a la construcción de viviendas en vez de abrir un plazo para recoger ideas y aprovechar el suelo en equipamientos culturales, deportivos o sociales para la ciudad, en vez de seguir fomentando la creación de viviendas.
Esta recalificación de suelo en urbanizable es vista por el colectivo ecologista como claro ejemplo de la tendencia que toma la ciudad, escenificando el final de una etapa industrial en la ciudad, que en vez de cederle el testigo a nuevas actividades o usos con capacidad de dinamizar la pertrecha economía local e innovar en nuevas formas de aprovechar la ciudad consolidada, apuesta por inutilizar el espacio con la oferta residencial.
En Chiclana de la Frontera, la empresa propiedad del alcalde ha sido sancionada con una multa por la ejecución sin licencia de unas obras en una nave a finales del 2007. Este hecho recuerda a una concejala anterior, también sorprendida en un asunto de delito urbanístico. Por su parte, el alcalde, ya fue denunciado por el PSOE por la autoría de un enganche ilegal de electricidad y por tener actividad en la nueva nave sin contra con licencia para ello.
* Grupo de Acción Social - GAS - 16/08/2008
Foto: Mapa elaborado por GAS para la anterior noticia sobre las urbanizaciones en Sevilla, mostrando la incipiente conurbanización que se forma en el Área Metropolitana de Sevilla, con las respectivas nuevas construcciones en dicha Área - redasociativa.org
