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INFORMACIÓN/Alicante* : La ex alcaldesa de Dénia, Paqui Viciano (PSPV-PSOE), quien fuera su gerente de Urbanismo, Joan Frasés, y el edil de Urbanismo entre 2003 y 2007, el también socialista Juli Martínez, tendrán que explicar en los tribunales la operación por la que el Ayuntamiento vendió en el año 2004 un tramo de un antiguo camino catastral a una promotora.
Hace un mes, el fiscal de Dénia admitió a trámite la denuncia interpuesta en el pasado mes de mayo por el PP, Gent de Dénia y Partido Social Demócrata, por presunta prevaricación administrativa, y ayer mismo llegó la consecuencia directa de esa admisión: un auto de la Fiscalía de Alicante ordena al Juzgado número 3 de Dénia que abra las diligencias citando a declarar como imputados a Viciano, Frasés y Martínez.
Los hechos se remontan al año 2004, cuando el Ayuntamiento enajenó a la mercantil Construcciones Conca S.L. la parte de un antiguo camino catastral por el valor de 38.317,34 euros. El viejo vial atravesaba una parcela urbanizable propiedad de la empresa que, al comprar ese tramo (240 metros cuadrados) al consistorio, pudo llevar a cabo la edificación de una urbanización que está ya concluida.
En la denuncia que interpusieron en mayo, cuando estaban aún en la oposición, PP, GD y PSD acusaban de presunta prevaricación a los ahora imputados. A su juicio, los tres se habrían puesto "previamente de acuerdo" para tramitar la venta del camino, con un informe jurídico "sin firmar". Y que la venta se había "adjudicado a la empresa urbanizadora sin subasta y sin justificación del valor de venta al precio de 222,37 euros por metro cuadrado, cuando el precio medio por metro cuadrado para el mismo Ayuntamiento a mediados de 2004 era de 2.021 euros".
Sin embargo, los informes municipales desdicen todos estos extremos. La venta del camino se realizó con el visto bueno de todos los técnicos. Así, respecto al valor de venta, el informe del arquitecto municipal, Rogelio Mira, daba su visto bueno al valor estipulado; es más, indicaba también que el precio está fijado por una tasación "realizada por una oficina bancaria" y que incluso "es superior al de los valores urbanísticos de las tablas de transferencias" de aprovechamiento que aplicaba el ayuntamiento. Es decir, que incluso el ayuntamiento ingresó más dinero del que hubiera recaudado si aplicaba sus propias tablas.
Asimismo, el informe jurídico, que sí que estaba firmado, concluye que "se proceda a la enjenación directa de la parcela sobrante de propiedad municipal, antiguo camino catastral" y que se haga "por un valor total de 38.317,34 euros". El mismo informe explicaba también que el camino enajenado había dejado de ser un camino catastral desde el Plan General de Ordenación Urbana de 1972, pasando a ser un bien patrimonial considerado parcela sobrante. Y por tanto, en base al artículo 115 del Reglamento de Bienes,de las Entidades Locales, su destinto ha de ser ser enajenada o vendida directamente "al propietario o propietarios colindantes". Según ese informe, la denuncia de PP, GD y PSD partiría ya en su primera línea de una premisa falsa, en la que los denunciantes acusan a Viciano de "aprobar y firmar el contrato de compraventa para la venta directa del camino catastral XXVIII municipal".
Defienden la legalidad de la operación
Paqui Viciano acogió ayer la noticia con sorpresa. Pese a estar fechado el auto el pasado día 27, ni ella ni los otros dos imputados, aseguró, habían recibido a última hora de la tarde la notificación que circulaba ya por todos los medios de comunicación. No obstante, la actual portavoz socialista, que se reunió tras conocer la imputación con Joan Frasés y Juli Martínez, manifestó que "estamos tranquilos, porque el expediente se tramitó, como todos, con total escrupolosidad " y con el aval de la legalidad. De hecho, cuando el anterior gobierno local PSPV-Bloc aprobó la venta de los 240 metros cuadrados del antiguo camino lo hizo, recordó, tras recabar todos los informes jurídicos y económicos necesarios. Y todos ellos avalaban tanto legalidad de la operación como el precio de venta. Para Viciano, "está claro" que el actual pentapartito que gobierna la ciudad a raíz de la moción de censura del 7 de julio, "tiene que justificar" su operación de acceso al poder.
* Información - SERGI GARCÍA - 1.11.2008
Foto: Denia (Alicante) - Rodriguillo (wikipedia.org)
La ex alcaldesa de Dénia, imputada tras una denuncia por prevaricación
El fiscal se querella por prevaricación urbanística contra el alcalde de Piélagos
EFE/Santander* : La Fiscalía de Cantabria se ha querellado por delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio contra el alcalde de Piélagos, Jesús Ángel Pacheco (PP), al que acusa de conceder licencias de construcción en suelo no urbano, de forma arbitraria y pese a tener informes en contra.
En un auto al que ha tenido acceso Efe, el Juzgado de Instrucción número 1 de Santander declara a Pacheco imputado en los dos delitos citados por el Ministerio Público y emplaza a las partes a que formulen los correspondientes escritos de acusación, o de sobreseimiento, para decidir si procede abrir juicio oral.
Piélagos ha recibido en los últimos años varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que han puesto en cuestión la legalidad del urbanismo practicado por el Ayuntamiento durante el mandato de Pacheco, que gobierna con mayoría absoluta.
Entre otras, se han dictado cuatro sentencias de derribo contra otras tantas urbanizaciones que suman un centenar de viviendas en la localidad costera de Liencres y se ha declarado ilegal un plan parcial que permitía construir 400 apartamentos y chalés en el Alto del Cuco, incrustados mediante taludes en la ladera del monte.
El auto no explicita por qué licencias en concreto se considera a Pacheco imputado en prevaricación y delito contra la ordenación del territorio, pero sí recoge que concedió licencias en 18 expedientes comprendidos entre los años 2001 y 2004 en los que el arquitecto municipal y los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Piélagos habían formulado objeciones o reparos.
La querella del fiscal fue presentada en 2005, pero no se ha conocido hasta hoy, al hacerse público el auto dictado el pasado día 23 por el magistrado Jaime Parra, en el que se da por terminada la instrucción del caso y se emplaza a las partes a que se pronuncien sobre la apertura de juicio oral contra el alcalde.
* SITU.es - EFE - 1.11.2008
Foto: Piélagos, Alto del Cuco - eldiariomontanes.es
Chabolismo universitario
ELPAÍS/A Coruña* : Dueños de chalés en A Coruña instalan en el jardín casetas para estudiantes. La Universidade da Coruña, con dos campus y 22.527 alumnos, es la única en Galicia, y de las pocas en España, que carece de cualquier oferta pública de alojamiento para estudiantes.
Un vacío clamoroso que arrastra desde hace casi dos décadas y que ha suplido con picardía y fuera de la ley la iniciativa privada, con la construcción en el entorno rural del campus coruñés de asentamientos de casetas ocultas en fincas de particulares, sin condiciones mínimas para ser habitadas y alquiladas al precio de una vivienda en el centro de la ciudad, a razón de 9 a 10 euros el metro cuadrado.
Todo un fenómeno urbanístico y especulativo "dramático y preocupante" que ha sacado a la luz un grupo de profesores de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, tras una investigación de dos años. Infravivienda universitaria reza el título del detallado trabajo que se expondrá a partir de la próxima semana con elocuentes fotografías, tanto áreas como en superficie, planos y datos sobre estos asentamientos para estudiantes. Se trata de un tipo singular de alojamiento próximo a la definición de chabola del diccionario de la Real Academia Española: "Vivienda de escasas proporciones y pobre construcción, que suele edificarse en zonas suburbanas".
Un engendro urbanístico que prolifera dentro de fincas particulares con chalé, a la entrada del campus coruñés, en la zona residencial y periférica de A Zapateira. El grupo de investigación de Arquitectura, encabezado por los profesores Xosé Lois Martínez y José Manuel Vázquez Mosquera, detectó entre 100 y 150 asentamientos de casetas construidas en propiedades privadas al margen de cualquier ley para alquilar a estudiantes. Sería sorprendente que estas construcciones tenga siquiera licencia. El guión siempre es el mismo: una hilera de casetas, de 8 a 20 unidades, erigida en una esquina de una finca con vivienda principal legal, por lo general un chalé rodeado de zona ajardinada. No son construcciones visibles desde la calle, ya que están estratégicamente situadas y ocultas por el cierre de la parcela, sea éste un muro o vegetal. Cada módulo, con ventana y puerta orientada hacia el interior de la finca, está lejos de reunir las condiciones mínimas para ser habitado, destacan los profesores de Arquitectura.
Detectaron y denuncian, con esta exposición, 11 casos en los que se ven dos tipologías de infravivienda para universitarios. Una con una superficie útil de 12,4 metros cuadrados que consta de una única habitación, amueblada con cama, mesa de estudio y un armario, y un diminuto aseo. Se alquila por 140 euros mensuales. Hay otro tipo de módulo (17 metros cuadrados) que incluye, además de la estancia principal y el aseo, un habitáculo con una pequeña cocina independiente, eso sí sin ventilación o evacuación de humos. El precio es de 170 euros al mes. Por supuesto, no hay calefacción. Incluso se descubrieron sótanos de casas particulares, reconvertidos en alojamientos alquilados a estudiantes, denunció Vázquez Mosquera. Los dueños de un chalé con piscina y amplia zona ajardinada urbanizaron la estrecha parte trasera de su finca con siete casetas para universitarios, a las que se accede a través de un pasillo acotado por hileras de setos con el fin de dividir y preservar la intimidad de los caseros.
La falta de residencias públicas, en una universidad con una demanda de 8.000 plazas de alojamiento, también hizo enormes estragos en la pequeña aldea de Castro de Elviña. Encajonada en el campus, que la rodea, y pasto de una especulación salvaje, está siendo "destruida" con la construcción de edificios de hasta siete pisos erigidos entre las tradicionales casas de una planta, denuncian los autores de esta investigación. "Las instituciones, empezando por las consellerías de Educación y Política Territorial, además de la propia universidad, no deben tolerar más estos procesos de degradación urbanística, y menos en un campus donde se supone que se educa", reclamó Xosé Lois Martínez.
* ELPAIS.com - PAOLA OBELLEIRO - A Coruña - 01/11/2008
Foto: A Coruña, campus Zapateira - udc.es
Insa da por caducados los expedientes de 61 infracciones urbanísticas en Ontinyent
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LEVANTE/Valencia* : La alcaldesa de Ontinyent, Lina Insa, del PP, ha aprobado la caducidad de los expedientes de 61 infracciones urbanísticas denunciadas durante la última etapa del anterior gobierno municipal, formado por PSOE, Bloc y EU. La mayoría de los casos están relacionados con la construcción de viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable.
La medida, que no ha sido avalada por ningún informe técnico, beneficia también a una promoción de nueve adosados que un constructor inició en una zona de especial protección y que el Seprona ordenó paralizar.
En el acuerdo plenario se requiere al registro de la propiedad para que "elimine" las anotaciones registrales en las propiedades afectadas. Paradójicamente, en el tercer punto del mismo acuerdo, votado en contra por PSOE y Bloc, se deja la puerta abierta a la reapertura de los expedientes -como recomienda en cada uno de los caducados la oficina técnica- toda vez que la infracción urbanística persiste y no se ha restituido la legalidad.
La persona que deberá "analizar caso por caso" la posible reapertura de los expedientes caducados, el concejal de Urbanismo, Filiberto Tortosa, proclamó en el pleno que la decisión se había tomado porque "en nuestro programa electoral prometíamos dar una solución definitiva a la problemática de las casitas", una de las banderas utilizadas por el PP en su oposición frontal al anterior gobierno municipal cuando decidió aplicar a LUV en el caso urbanístico del diseminado de Ontinyent. Tortosa acusó al anterior equipo de gobierno de haber aplicado la ley "de manera arbitraria" y declaró que "lo que queremos es cerrar una etapa y abrir otra", aunque no dio más detalles. El concejal de Urbanismo tampoco aclaró qué sucederá con los expedientes de paralización de obras en el diseminado abiertos durante los 15 meses que lleva gobernando, algunos de los cuales también podrían declararse como caducados.
En este punto, técnicos urbanistas consultados por este diario se han mostrado "perplejos" por la actuación del gobierno de Ontinyent, porque consideran que se ha lanzado a la ciudadanía un mensaje de "impunidad urbanística" que "no traerá nada bueno desde el punto de vista de la legalidad". Estas fuentes explicaron que, a partir de esta decisión, "cualquier vecino puede solicitar el mismo trato por parte del ayuntamiento". Y ponen como ejemplo a una persona que haga una pequeña obra en su casa: "para qué tiene que solicitar licencia, si el expediente de la infracción se lo pueden caducar", han insistido.
Estos mismos expertos han advertido de que la caducidad de un expediente "no supone la restitución de la legalidad", tal como apuntan los responsables de la oficina técnica de Ontinyent, por lo que consideran que el concejal de Urbanismo "debería ordenar la reapertura de los expedientes porque la infracción cometida persiste". "De lo contrario", estiman las mismas fuentes, "el concejal podría estar cometiendo una prevaricación al no ejercer sus funciones".
La regidora socialista, Rebeca Torró, que explicó el voto negativo de su grupo, expresó en el pleno su "incredulidad" porque el concejal de Urbanismo, Filiberto Tortosa, planteara la caducidad de unos expedientes en el pleno, ya que según explicó Torró, "este asunto es de su área (Urbanismo), es materia de despacho ordinario". La edil socialista preguntó a Tortosa porque lo llevaba al pleno, "a qué tiene miedo y por qué quiere que todos seamos corresponsables de esta decisión". Torró explicó que la caducidad de unos expedientes no es competencia del pleno y, por tanto, "este no puede asumir competencias que no le han sido atribuidas". La regidora pidió al equipo de gobierno del PP y a Tortosa que "no eludan su responsabilidad y tomen las decisiones que les tocan".
Por su parte, Joan Cambra, que durante la sesión no quiso explicar su sentido del voto negativo, respondió a las acusaciones lanzadas por parte del líder vecinal Víctor Márquez. Cambra, ex cocnejal del Diseminado, dijo que lo que se hizo "es cumplir la ley y ordenar el territorio", y que a los de Adecca "se les pidió paciencia para resolverlo y no la tuvieron, además todos tienen la casa terminada y no hay peligro de nada, ni de que se haga derruir y de nada", insistió Cambra.
* Levante-EMV - 1.11.2008
Foto: Ontinyent (Valencia), ayuntamiento - wikipedia.org
Marbella: Afectados por el PGOU reclaman que se revisen las licencias ilegales y piden amparo al Parlamento Europeo
SUR* : Mientras algunos vecinos han visto el cielo abierto con el blindaje que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) hace a los compradores de viviendas ilegales para que no tengan que asumir el coste de las compensaciones para regularizar sus inmuebles, otro sector de la población sigue con la mosca tras la oreja y vive con temor el contenido del futuro planeamiento.
Son los otros afectados, a los que casas construidas durante el gilismo al margen del Plan General les usurparon equipamientos, zonas verdes o le privaron de intimidad. De nuevo, tras la aprobación provisional del documento, empiezan a moverse para hacer oir sus críticas y reclamar que se les resarza por los daños causados. Que no sea sólo pasar página.
Inmaculada Gálvez, abogada y candidata al Senado en las últimas elecciones por el partido Ciudadanos, representa a más de 3.500 vecinos que se encuentran en esta situación y que están buscando amparo incluso en el Parlamento Europeo. Según avanzó a este periódico, las gestiones para que una comisión parlamentaria se desplace a la ciudad están en marcha. «Instalarían una oficina parlamentaria varios días para recoger las quejas vecinales e investigar el urbanismo de la ciudad», apunta. La mirada está puesta en la intervención que el Parlamento Europeo hizo en Valencia con la publicación del informe Fourtou, que ponía en entredicho sus leyes urbanísticas.
«Pediremos amparo porque la Justicia española ni responde ni ha respondido, porque los hechos están consumados», recordó Gálvez al hilo de las sentencias firmes y de los edificios construidos y habitados pese a su ilegalidad. A su juicio, el Plan actual es de «difícil ejecución porque no se puede cobrar directamente al promotor por legalizar; no se puede hacer una ley para regular las ilegalidades urbanísticas».
Sentencias
Es una de las medidas que se pusieron sobre la mesa tras una reunión celebrada en la noche del jueves en un hotel de la ciudad entre representantes de varios colectivos. La otra, según explica Rafael Ávila, portavoz de la Plataforma 29 de marzo, que pide el cumplimiento de las sentencias, es instar al equipo de gobierno a que se revisen las licencias ilegales para garantizar que los promotores tengan que pagar las compensaciones.
«Si no se hace así no hay ningún arma para reclamar a los promotores y acabará pagando de nuevo el pueblo», sostiene. Igualmente, Inmaculada Gálvez advierte de que, de seguir así, impugnarán el documento tras su aprobación definitiva, al tiempo que advirtió de que presentarán reclamaciones patrimoniales al Ayuntamiento y la Junta. «Hay que negociar a tres bandas y no se está teniendo en cuenta a los realmente perjudicados», añadió.
* SUR - 01.11.08 -CRISTINA GONZÁLEZ
Foto: Marbella, Ayuntamiento - UrbanismoPatasArriba
El TSJ pone en jaque el urbanismo de Castellón
ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Justicia ha declarado "nulo y contrario a derecho" el Programa de Actuación Integrada (PAI) Mestrets de Castellón. Se trata de un desarrollo urbanístico de un millón de metros cuadrados en el que el alcalde del PP, Alberto Fabra, depositó todas sus esperanzas para cumplir con sus compromisos electorales aun a costa de la legalidad, como ha apuntado la sala.
El Ayuntamiento, con el beneplácito del Consell, que aprobó definitivamente el proyecto, intentó repercutir en este PAI el suelo dotacional de otros aprovechamientos urbanos de la ciudad, de forma que "más del 50% del suelo de la zona" recibió esta carga urbanística en perjuicio de los propietarios, lo que ha llevado al tribunal a asegurar que el Ayuntamiento y la Generalitat "infringieron los artículos 9, 62 y 66 entre otros" de la LRAU por vulnerar el principio de distribución de beneficios y cargas urbanísticas.
Alberto Fabra convirtió el suelo del Plan dels Mestrets en una especie de cajón de sastre, donde cabían el Centro de Convenciones de Santiago Calatrava, el rectorado de la VIU, la ronda de circunvalación o más de 3.000 viviendas protegidas. Ahora, con la anulación del PAI, todos estos proyectos carecen de suelo que los acoja.
Por otra parte, el Ayuntamiento y el Consell se comprometieron a "ejecutar las medidas correctoras establecidas en el estudio de inundabilidad" y "someter el plan director a la Confederación Hidrográfica del Júcar". En su sentencia, los magistrados recuerdan que ese informe "fue desfavorable". Por otra parte, el tribunal reprocha al Ayuntamiento de Castellón que no contestase "a ninguno de los argumentos de la demanda" en lo referente a las competencias locales "haciendo expresa dejación de sus derechos procesales".
El conflicto se inició en 2003, cuando el entonces concejal de Urbanismo y hoy alcalde, Alberto Fabra, anunció la urbanización de Els Mestrets, con la construcción de 6.300 viviendas, de las que la mitad serían de VPO. Los vecinos de Mestrets-Borriolenc denunciaron que el Ayuntamiento les dejaba literalmente en la calle, dadas las mínimas compensaciones y las cargas excesivas. El TSJ les ha dado la razón.
* ELPAIS.com - MIGUEL Á. CAMPOS - Castellón - 01/11/2008
Foto: protestas. Los afectados del PAI Mestrets han asistido con pancartas a los plenos municipales durante 4 años - vicent gamir, levante-emv.com
