LAVOZDEGALICIA* : La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU) ha comunicado al concello de O Grove la orden de derribo de 52 apartamentos adosados en Balea, San Vicente do Mar, construidos por la promotora Improin S.L, según ha informado el municipio pontevedrés, que adjunta copia de expediente de la APLU. La orden de derribo está fechada el 2 de marzo, cuando Hipólito Pérez era aún director de este organismo, y fue comunicada ayer a las partes, según consta en el sello del registro de entrada del ayuntamiento
El informe de la APLU señala que la demolición es obligada por haber realizado una segregación de parcela en suelo rústico, incumpliendo la Ley del Suelo, así como por no haber cumplido con el objeto de la licencia supramunicipal concedida por la Xunta, que era para un apartahotel, según el ayuntamiento.
El concello de O Grove señala que está a la espera de que la Xunta les indique el procedimiento que tiene que seguir, según indica en un comunicado, en el que también se pregunta «dónde recaerán las responsabilidades», ya que «las cosas no se hicieron bien» en el trámite de la urbanización.
El plazo para el derribo es de tres meses desde la notificación de la orden. En el 2007, el entonces director general de Urbanismo, Ramón Lueje, ya ordenó la restitución de la parcela matriz a su estado original, una decisión que fue recurrida por la empresa promotora, primero ante la Consellería de Política Territorial y después en un contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG).
El TSXG ratificó la orden de la Consellería en octubre del 2009. Como la empresa no efectuó la restitución de la parcela a su estado original, la APLU ha ordenado la demolición antes de tres meses con cargo a la empresa.
* La Voz de Galicia - 20.04.10
Foto: O Grove - aedru.org
Ordenan el derribo de 52 apartamentos en O Grove
Castelló: El sumario Gürtel destaca pagos de la diputación a una contratista con el reparo del interventor
LEVANTE* : La diputación de Castelló también ha resultado salpicada por el sumario judicial del "caso Gürtel" y sus contrataciones han sido objeto de atención por parte de la Policía. El informe de la Unidad de Delincuencia Económica incide en el modo en que la diputación pagó facturas a una de las empresas implicadas en la presunta financiación ilegal del PP, fuera del cauce ordinario y con el dictamen en contra del interventor. Una parte del sumario detalla la actividad de las empresas, entre ellas, la castellonense PIAF, beneficiaria de contratos públicos millonarios.
El informe policial recoge algunos anuncios publicados en el DOCV y el BOE con adjudicaciones de la diputación a esta firma. Además, se hace eco de una noticia publicada por este diario donde se informaba de los reparos de la Intervención Provincial al pago de facturas de 2004 por importe de 351.668 euros. "El equipo de gobierno del PP en la diputación de Castelló plantea el reconocimiento extrajudicial de facturas de la constructora PIAF, una medida que se fiscaliza de disconformidad por parte del servicio de intervención, al entender que no se ha cumplido la normativa legal. En virtud de la mayoría que ostentan los populares, sacarán adelante la aprobación de dicho reconocimiento extrajudicial", apunta.
Los informes de la Policía Judicial que obran en el sumario Gürtel desvelan que Orange Market facturó supuestamente a PIAF, así como a otras empresas de la provincia, el coste de diversos actos del Partido Popular. Según la Policía, por una parte, la empresa de "El Bigotes" incrementaba el coste del acto del PP y, por otra, modificaba las facturas para que fueran los empresarios, y no el partido, los que abonaran el coste del evento político. De lo que deduce que existe "una financiación" de "actos del Partido Popular por parte de empresarios" que "tienen contratos vigentes, prestan servicios y realizan obras para las administraciones públicas".
Relación con Orange Market
El sumario judicial también ha revelado que la diputación sí que contrató con Orange Market, en contra de lo que dijo Carlos Fabra. El Bigotes hizo de intermediario para que la entidad provincial se anunciara en la televisión pública valenciana. Los papeles del sumario Gürtel dan cuenta de ocho facturas y varias propuestas comerciales en las que Orange Market figura como cliente de Canal 9 en calidad de agencia de publicidad que compra los espacios televisivos para la diputación de Castelló, la anunciante final. Las facturas responden a diversos bloques publicitarios que la corporación provincial insertó en programas en Canal 9 y Punt Dos entre marzo y abril de 2007 para promocionar sus proyectos culturales.
Además, el presidente en funciones de la diputación, Francisco Martínez, también aparece en el sumario. Su nombre figura como persona de contacto de la trama para cobrar por un acto del PP celebrado en Vila-real.
* Levante-EMV - 20.04.10
Foto: Carlos Fabra, entre los vicepresidentes Martínez y Aparici, durante un pleno de la diputación. vicent gamir, levante-emv.com
Lanzarote: 300.000 euros en pagos
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LAPROVINCIA* : El cobro de comisiones ilegales a la empresa de residuos Urbaser centra el grueso de las pesquisas. Un imputado declaró que el gerente sobornó a la ex alcaldesa de Arrecife Isabel Déniz para lograr la adjudicación del servicio. La nueva fase de la operación Unión, que ayer sacudió por tercera vez el corazón político y financiero de Lanzarote, se centra ahora en Urbaser. La empresa de ámbito nacional gestiona la limpieza y recogida de residuos en Arrecife, uno de los municipios más afectados por la trama de corrupción que investiga el Grupo de Delincuencia Urbanística de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), bajo la dirección del magistrado instructor y la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas.
Los investigadores siguen la pista de varios pagos en comisiones ilegales que rondan los 300.000 euros. Todo a cambio de la concesión del servicio de limpieza, que fue adjudicado el mandato anterior a Urbaser por María Isabel Déniz. La ex alcaldesa y diputada por Coalición Canaria en la pasada legislatura, en estos momentos asesora del Gobierno regional, será interrogada en los próximos días por el presunto cobro de esos sobornos, un delito por el que también están imputados el jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, Juan Rafael Arrocha, y el gerente de la empresa ganadora del concurso, Jacinto Álvarez, entre otros.
Los investigadores consideran que el cerebro de esas operaciones era Arrocha, pues no sólo estaba al corriente de ellas como ingeniero jefe del departamento, sino que participaba de forma activa en los supuestos tejemanejes. En ellos se incluye el posible cobro de comisiones a cambio de tramitar con mayor celeridad determinados expedientes, además de aumentar sin justificación alguna los costes del servicio para inflar las facturas que el Ayuntamiento abonaba a Urbaser, según ha podido saber este periódico.
En ese contexto, la pista más contundente y clara seguida por los investigadores es la adjudicación del servicio de limpieza, entre otros motivos porque hay un imputado en la causa que ha reconocido y detallado el pago a terceros de las mencionadas comisiones.
Además, la Guardia Civil también ha detenido en Madrid al ingeniero de la empresa, Stephani Jean Valverde, presumiblemente por elaborar el pliego de condiciones del concurso para que la oferta de Urbaser resultase ganadora.
La redacción de las bases es potestad exclusiva de la administración, y por eso en el desarrollo del proceso administrativo se pudo haber hecho uso de información privilegiada. De ahí que los detenidos se enfrenten también a los delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, aunque este último hecho delictivo parece estar más relacionado con un entramado de sociedades que concentrará buena parte del interrogatorio judicial.
Y es que Arrocha y otros dos arrestados, Julio Romero y Manuel Jesús Spínola, constituyen una empresa de asesoría técnica que está relacionada con la celebración del citado concurso. Romero arrastra una larga trayectoria de militancia en el Partido Popular (PP), fue consejero del Cabildo de Lanzarote y en la actualidad dirige una sucursal bancaria en Arrecife, mientras que Spínola es técnico de Actividades Clasificadas en la institución insular. La sociedad que está bajo sospecha se llama Gamma.
El resto de los detenidos guarda algún tipo de vinculación con la adjudicación o con la actividad de los residuos en la Isla, como es el caso de Miguel Ángel Leal (PSOE), que fue consejero del ramo en el Cabildo.
IMPORTANCIA. La Benemérita ha bautizado como operación Jable esta tercera fase del caso Unión, que sigue abierto y puede desencadenar nuevos arrestos. Se trata de "la trama más importante de Lanzarote dedicada al cobro de comisiones ilegales a empresarios, así como al enriquecimiento económico de cargos públicos que compartían intereses en sociedades beneficiadas en dichas actividades", según explica la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil en un comunicado.
La nota describe, a grandes rasgos -las pesquisas son secretas-, cómo funcionaba el entramado. "Los beneficios económicos procedentes del pago de facturas por servicios prestados a la administración, adjudicación de contratos o la revisión de los mismos, dependían en buena medida de las decisiones administrativas de los cargos y ex cargos públicos pertenecientes a la organización", agrega la Guardia Civi.
* La Provincia - 20.04.10
Foto: Arrecife (Lanzarote) - lanzarote.com
El ex alcalde de Llíber intentó crear su propia trama corrupta
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ELPAÍS/Alicante* : El ex alcalde de Llíber, José Mas, del PP, intentó crear su propia trama corrupta a la sombra de las 300 casas ilegales en suelo rústico. Según el sumario, el ex regidor exigió sobornos a un empresario para obtener licencias sin tener que pasar por el cerebro de la trama, el promotor de Xàbia Miguel Muntaner. Uno de los últimos constructores imputados en el caso por estafa, el alemán Peter Schimd, desveló el pasado 1 de marzo ante la juez de Dénia que instruye el caso las intenciones del ex alcalde.
El empresario declaró que Mas le pidió un sueldo vitalicio de 3.000 euros al mes para su esposa a cambio de permitirle continuar con obras irregulares sin necesidad de volver a pagar al hasta entonces cabecilla de la red.
Schimd reconoció que comenzó a comprar parcelas en Llíber para su posterior urbanización en 2002 y que durante los meses siguientes Muntaner era el hombre clave de toda la operación: a él y no al Ayuntamiento le solicitaban las licencias y le entregaban los planos de la futura vivienda ilegal. Después, el ex aparejador municipal Amadeo Signes "preparaba el proyecto, lo pasaba por el pleno y le daba el visado", que de este modo tampoco pasaba por el Colegio de Arquitectos. Schimd añadió que una vez cumplimentado este trámite tenía que pagar a Signes una cantidad que oscilaba entre los 15.000 y los 25.000 euros. "Amador calculaba dicha cantidad abriendo su cartera y sacando un papel pequeño donde se supone que tenía anotadas las cantidades a cobrar por metro cuadrado".
El promotor alemán aseguró que llegó a pagar al ex funcionario municipal unos 200.000 euros y que Muntaner también cobraba por hacer de intermediario. Y advirtió de que en realidad lo que Signes redactaba eran memorias valorativas "que no servían para nada, pero era la única forma de obtener las licencias".El modo de operar de la trama corrupta de Llíber cambió entre 2004 y 2005, una vez que el popular José Mas salió de la alcaldía tras la llegada al poder local del PSPV. A pesar de esta circunstancia, Mas citó a Schimd para almorzar en Xaló y allí le dijo que "Miguel Muntaner no le iba a pagar más y que para que el declarante [Schmid] no tuviera ningún problema con las obras que estaban en marcha tenía que pagar a su mujer la cantidad de 3.000 euros mensuales indefinidamente y así él [Mas] trabajaría para que todo saliera bien".
Schimd afirmó ante la juez que esta propuesta le "enfadó" y que aunque le dijo a Mas que se lo pensaría "para tranquilizarlo" decidió no pagarle nada. Poco después "comenzaron los problemas y el Ayuntamiento fue paralizando las obras". El constructor añadió que sabía que en esa época Mas ya no era alcalde y que nunca le entregó cantidad alguna.
La declaración de este promotor, que era socio y gerente de la empresa Monte Puchol y que en su calidad de arquitecto -aunque no colegiado- organizaba las obras de las viviendas y elaboraba los planos, aclara además otros detalles de la trama. Tanto el ex alcalde como el ex aparejador recibieron las dádivas de los promotores (en metálico o en bienes materiales) por conceder licencias para construir los chalets que en realidad sólo servían para alzar casas de aperos o restaurar ruinas. Al respecto, Schimd asegura que se enfadó y preguntó porqué aparecía este concepto cuando él quería construir viviendas nuevas y nunca había visto ruinas en las parcelas sobre las que se tenían que ejecutar las obras. No obstante, tanto Muntaner como el ex alcalde le recomendaron que "aceptara esta forma porque era como se hacía en Llíber". En el transcurso de la declaración, cuando el fiscal insistió sobre esta cuestión, Schimd agregó que en algunas parcelas donde construyó las viviendas irregulares la ruina "consistía en restos de alguna edificación formada por varias piedras".
El promotor aseguró ante la juez que también preguntó al notario-registrador y a varios abogados sobre esta anomalía y todos le indicaron que las viviendas eran legales y que el pleno las había ratificado por unanimidad. Finalmente, Schimd declaró ante la juez que el actual alcalde, el socialista Juan Bautista Reus, le dijo que la cantidad de viviendas avaladas por estas licencias irregulares asciende a 856, si bien en sus investigaciones la Guardia Civil las ha circunscrito a poco más de 300.
No obstante, el constructor aseguró que sus contactos con los políticos de Llíber fueron escasos y que durante los años dorados de la trama urbanística entre 1999 y 2003, cuando Mas era el alcalde, no se entrevistó con ningún concejal. Este dato demostraría cómo Miguel Muntaner monopolizaba los encuentros entre los promotores y los cargos municipales. Schimd añadió que durante la siguiente legislatura, ya bajo el gobierno socialista, sí que mantuvo una reunión con el concejal de Urbanismo.
* ELPAIS.com - 20.04.10
Foto: Llíber (Alicante) - laverdad.es
Las Bardenas Reales, territorio sin ley
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PÚBLICO/Navarra* : Ecologistas en Acción denuncia "la actitud caciquil" con las que José Antonio Gayarre gestiona un terreno declarado Reserva de la Biosfera. "El 11 de mayo de 2009, D. José Antonio Gayarre Bermejo se personó en la oficina del Guarda Forestal con numeración 2468, y en un tono amenazante, y estando alterado, le profirió expresiones como 'Si vas a hacer política, métete en política, pero a mi no me jodas, que con el polígono bastante me están jodiendo" [...] 'Mamarracho', siendo que golpeó con el puño cerrado en tres ocasiones en el pecho al Guarda Forestal".
El párrafo anterior podría parecer el inicio de una novela negra pero es uno de los hechos probados que recoge una sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra en la que desestima el recurso presentado por José Antonio Gayarre Bermejo y confirma contra él la condena de 400 euros de multa por una falta de desobediencia y resistencia a la autoridad que le impuso con anterioridad el juzgado número dos de Tudela.
Nada tendría de especial este hecho si no fuera porque Gayarre es presidente de la Comunidad de las Bardenas Reales en Navarra y el director del Parque Natural y Reserva de la Biosfera y este no es más que otro episodio de "la forma caciquil" con la que Gayarre dirige uno de los enclaves naturales más importantes del país, según denuncia Ecologistas en Acción de Navarra.
Rafa Sánchez, coordinador de la asociación ecologista en Navarra, afirma a 'Público' que no es la primera vez que Gayarre protagoniza incidentes como este. Denuncia que gestiona este territorio protegido de 42.500 hectáreas "como si fuera suyo" y recuerda que Gayarre lleva al frente de la Comunidad de las Bardenas Reales "desde los tiempos del franquismo", que llegó al puesto a través del sindicato vertical de agricultura.
"Llevamos soportando a este señor 22 años, desde que nos constituimos como asociación", lamenta Sánchez, que ha visto como en estos años Gayarre ha hecho y deshecho a su santa voluntad, llegando incluso a tener "su propio guarderío privado" e incurriendo en prácticas dudosas desde un punto de vista medioambiental como meter retroexcavadoras en zonas protegidas para hacer extracciones de mineral.
Polígono de tiro
Sánchez cree que hay un déficit democrático en la junta permanente que gobierna las Bardenas Reales y denuncia que el Gobierno de Navarra protege y ampara a Gayarre: "El Gobierno de Navarra le ha otorgado ciertos privilegios y le deja hacer. De hecho, no responden a nuestras denuncias. Nos sentimos desamparados".
Uno de los focos del conflicto entre los ecologistas y Gayarre es el polígono de tiro perteneciente al Ministerio de Defensa que hay en medio del Parque y cuya licencia ha sido renovada hace poco "a cambio de mucho dinero", afirma Sánchez. Una anomalía que ocupa 2.000 hectáreas contra la que lucha Ecologistas en Acción y que genera mucha tensión en la zona entre defensores y detractores de Gayarre.
Este diario ha intentado hasta en cuatro ocasiones ponerse en contacto con el señor Gayarre sin éxito alguno. En declaraciones anteriores Gayarre ha negado todas las acusaciones contra él y en el caso de la agresión al Guarda Forestal ha llegado a decir que era miembro de Ecologistas en Acción, algo que Sánchez desmiente.
Las Bardenas Reales
El Parque Natural de Las Bardenas Reales es un territorio de 42.500 hectáreas ubicado en el sureste de Navarra. Es una zona esteparia o semidesértica con retazos de bosque mediterráneo muy bien conservado. No está habitado, aunque en sus cercanías hay unos 13 pueblos, el más importantes de ellos es Tudela. En su interior tiene un polígono de tiro que ocupa unas 2.000 hectáreas.
* Público - 19.04.10
Foto: Bárdenas Reales (Navarra) - tripadvisor.com
Castilla y León: Piden a la junta un “cambio radical” en la política urbanística
ÁVILADIGITAL* : Tras la sentencia del Tribunal Supremo que pone fin a la Ciudad del Golf de Las Navas del Marqués, la asociación ecologista Centaurea y Comisiones Obreras piden a la Junta un “cambio radical” en su política urbanística. Consideran que la Administración regional “debe asumir que no se puede urbanizar en zonas con protecciones medioambientales o altos valores ecológicos y que debe respetar íntegramente la Red Natura 2000”.
En este sentido se han dirigido por escrito al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, para pedirle un cambio radical en la política urbanística de su gobierno, de manera que “se haga prevalecer, tal y como exige la Ley, la protección del medio ambiente frente a los intereses urbanísticos”.
Destacan, además, que la sentencia del Supremo sienta jurisprudencia al indicar que cuando los terrenos están sometidos a normas especiales de protección, como era el caso de Las Navas del Marqués, o cuando, sin estarlo, concurren valores ambientales relevantes, no cabe la declaración como suelo urbanizable.
Quieren que se dé marcha atrás en otros proyectos
“La Junta de Castilla y León debe aplicar esta sentencia a rajatabla y dar marcha atrás en toda una serie de proyectos urbanísticos que están violando la legislación, al no asumir que el planeamiento ambiental debe primar y prevalecer sobre el planeamiento urbanístico, como determina la Ley”, ha declarado Carlos Bravo, portavoz de Centaurea.
A su juicio, esta sentencia reafirma el proceso penal que se abrió en 2006, y, al respecto, el responsable de Medio Ambiente de CC.OO. de Ávila, Carlos Tomás Rodríguez, señala que “como se deduce de la documentación disponible, la decisión de ejecutar la Ciudad del Golf se tomó con carácter previo a cualquier tipo de adecuación y encaje en las normas ambientales y urbanísticas; es decir, de forma autónoma y en la idea de que tenía que llevarse a término con independencia de cualquier otro condicionante”.
* Ávila Digital - 18.04.10
Foto: Navas del Marques - Centaurea-ae.org
Prevaricación en Rinlo
CARLOS MARTÍNEZ BUJÁN/Galicia* : Según ha venido informando detalladamente este periódico, el fiscal especializado en la defensa del medio ambiente acaba de presentar una denuncia contra José Manuel Álvarez-Campana, actual presidente de Portos de Galicia, a quien atribuye un delito de prevaricación medioambiental y otro de prevaricación urbanística por haber aprobado en el año 2005 una declaración de impacto ambiental, favorable al proyecto de puesta en funcionamiento y explotación de una piscifactoría en Rinlo, cuando ocupaba el cargo de director general de Calidade e Avaliación Ambiental de la Xunta en el gobierno de Manuel Fraga.
El fiscal había abierto diligencias a la vista de un escrito presentado por el colectivo ecologista Adega y teniendo en cuenta una reciente sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo del TSXG, en la que se anula, por ser contraria a derecho, la referida declaración de impacto ambiental, debido a que la ejecución del proyecto de piscifactoría comportaba una "afección significativa sobre el estado de conservación de dos hábitats prioritarios de la red Natura 2000", así como una "fragmentación del Espacio Natural protegido", de tal forma que existía "una potencialidad de generar un daño ambiental irreversible". Al propio tiempo, se anula también la licencia municipal de obra otorgada por el Ayuntamiento de Ribadeo. Con base en ello, el fiscal realiza un pormenorizado estudio de la normativa medioambiental infringida y llega a la conclusión de que Campana "con la finalidad de impedir el control de las instituciones comunitarias (...) no consultó a la Comisión Europea", pese a ser preceptivo, con lo que antepuso "los criterios comerciales a los medioambientales".
Ante esta denuncia, Campana (aparte de unos exabruptos dirigidos a los jueces del TSXG y al fiscal) ha esgrimido dos argumentos que son jurídicamente insostenibles. Por un lado, que la declaración de impacto ambiental que él firmó era un mero "informe", "un acto de trámite que no autorizaba la construcción de la planta", dado que la autorización final era competencia de la directora general de Recursos Mariños; sin embargo, este razonamiento olvida que en las prevaricaciones medioambientales y urbanísticas nuestro Código Penal castiga ya como autor a quien "hubiese informado favorablemente", con independencia de la responsabilidad que pudiese corresponder a quien dicte la resolución de autorización.
Por otro lado, Campana aduce que en su actuación "tampoco hay ningún daño causado". No obstante, frente a este argumento hay que oponer que los tipos delictivos de las citadas prevaricaciones no requieren daño alguno: basta con que el informe vulnere la legalidad y (según la opinión mayoritaria) que haga posible la aparición de una conducta penalmente típica contra el medio ambiente o contra la ordenación del territorio.
Por lo demás, el argumento invocado por el presidente Feijoo y por la Conselleira del Mar, relativo al hecho de que había una denuncia de Adega ante las autoridades comunitarias que posteriormente fue archivada, encierra, sin ir más lejos, un sofisma, puesto que tal archivo se produjo precisamente merced a la decisión del Gobierno bipartito de trasladar el proyecto de piscifactoría a otra zona no protegida por la Red Natura.
En suma, hay razones suficientes para que el juez competente inicie una investigación penal sobre la actuación de Campana, sin que ello prejuzgue, claro es, por el momento la existencia de indicios racionales de criminalidad que pudieran llevarle a un juicio. Con todo, a la vista de la causa seguida contra Garzón por haber iniciado y prolongado un procedimiento penal por los crímenes del franquismo, no me resisto a llamar la atención sobre el hecho de que el Tribunal Supremo ha puesto un listón muy bajo en la injusticia y arbitrariedad de las resoluciones para procesar por un delito de prevaricación. No quiero decir con ello que yo comparta la actuación jurídica de Garzón en este caso (aunque existen juristas que la avalen y el tema sea más complejo de lo que algunos creen), pero sí tengo claro que, si dicha actuación merece un juicio por prevaricación, todos los jueces españoles de lo penal tendrían que dedicarse exclusivamente de por vida a la instrucción y enjuiciamiento del ingente número de delitos de prevaricación que indiciariamente habrían aflorado de repente, entre ellos, naturalmente, los cometidos por muchos de sus propios compañeros, jueces del Tribunal Supremo incluidos.
* ELPAIS.com - Opinión - 19.04.10
