+-+elcorreodigital.com.jpg)
ELCORREO/Álava* : El controvertido proyecto para construir un campo de golf y 750 viviendas en Labastida ha entrado en vía judicial. La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Vitoria ha presentado una denuncia contra el ex alcalde de la localidad Ignacio Gil Orive (PP) y los tres promotores del complejo -Luciano Soraluze, Javier Corta y José María Elías, todos afincados en Guipúzcoa- por la presunta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de las cosas y prevaricación.
¿El motivo? La transmisión de terrenos de propiedad pública a la sociedad promotora del golf a un precio «muy inferior» al de mercado para lograr importantes plusvalías de las operaciones.
La imputación del Ministerio Público llega después de seis meses de investigación recopilados en nueve tomos de prolija documentación. Ahora, la pelota está en el tejado del Juzgado Decano de Vitoria, que deberá remitirlo al juez para que decida si abre diligencias, o por el contrario, archiva el caso. De momento y a la espera de nuevos acontecimientos, todo apunta a que la denuncia del fiscal podría ser la puntilla a un proyecto bastante cuestionado.
Y todo ello bajo la sombra de las presuntas irregularidades cometidas en el golf de Laguardia, que ha dejado tres empresarios imputados por un intento de soborno a un concejal de Eusko Alkartasuna y un complejo políticamente muerto.
Hasta la fecha, la actualidad en torno al golf de Labastida se había centrado en la ocupación que el proyecto hacía de 11 hectáreas de terreno medioambientalmente protegido, como así lo había advertido la Comisión de Urbanismo del Gobierno vasco (COPU), lo que obligaba a cambiar su diseño. La construcción del 'green' y las 750 viviendas cuenta con el amplio respaldo del PP (4 ediles) y el PNV (2), ambos partidos en la oposición. Eso sí, el alcalde de EB, Higino Arinas (2), investido gracias al apoyo de los jeltzales y un independiente, es un firme opositor a que el proyecto se haga en Labastida, una localidad con 1.513 habitantes.
Pero la polémica ha llegado ahora al terreno judicial. Según se recoge en la denuncia de la Fiscalía, el ambicioso plan nació en 2003 con el propósito de construir un campo de 18 hoyos y 750 viviendas sobre una superficie de un millón de metros. Los promotores fueron el Grupo Sorelor y San Ginés Labastida S.A. Es este último el que tomó las riendas del proyecto incorporando en su capital a Narbalur S.L. (56%) -cuyo administrador es Luciano Soraluze-, a Javier Corta (20%), a José María Elías (4%) y a la sociedad pública Labastida Gestión Municipal S.L. (20%), «creada 'ad hoc'» por el Ayuntamiento el 28 de julio de 2005, con Gil Orive en la Alcaldía.
Plusvalías
En los siete folios de la imputación, el fiscal jefe, Josu Izaguirre, indica que el ex regidor popular, «en connivencia» con los promotores, «ideó» un medio para conseguir que el patrimonio inmobiliario municipal afectado por el proyecto «fuera incorporado al patrimonio de los promotores privados por un precio muy por debajo del real», con el fin de «beneficiarles» y que «todas las plusvalías recayesen en ellos». Estas aportaciones se realizaron a través de dos ampliaciones de capital de San Gines Labastida S.A., «con manifiesto perjuicio al patrimonio público».
Cuando el Ayuntamiento creó la sociedad Labastida Gestión Municipal para participar en el proyecto, la dotó de un capital social de 55.000 euros, de los que 2.430 fueron en metálico y el resto, lo correspondiente al valor de 25 parcelas. El fiscal asegura que en esa tasación «no se tomó en cuenta en modo alguno» las plusvalías que se iban generar ya que la mayoría del terreno público estaba donde se iban a levantar las viviendas. Pese a ello, subraya el Ministerio Público, se tasaron como tierras «improductivas», «cultivo de secano» o «erial de pastos».
Entre el 10 y el 16 de febrero de 2006, se hicieron otras dos operaciones relevantes que marcan la singladura del proyecto. Primero, el Consistorio decidió ampliar el capital de Labastida Gestión Municipal S.L. por un importe de 192.000 euros, que cubrió con 414.000 metros. Días más tarde, este patrimonio pasó a la sociedad San Ginés Labastida.
Izagirre dice en su denuncia que «tan irregular proceder» se debió a la «connivencia» del ex alcalde y los promotores para no inscribir las operaciones en el registro mercantil, pese a que Gil Orive, ahora juntero, tenía obligación de hacerlo.
Como consecuencia del 'modus operandi' empleado, en la actualidad la sociedad pública Labastida Gestión Municipal «no es titular de ninguna de las fincas que constituyeron su capital social» y por ende, «se ha producido un vaciamiento patrimonial en favor de San Ginés Labastida S.A», promotora del campo.
Pero según el fiscal, el asunto no queda ahí, ya que mientras el Ayuntamiento sólo es titular del 20% de los 474.000 metros aportados, el resto de terrenos continúa estando a nombre de los otros socios y no al de la sociedad San Ginés.
Gil Orive fue exculpado en 2005 de un presunto delito de narcotráfico, tras ser detenido un año antes por la Ertzaintza. El arresto provocó que dimitiera como juntero, aunque siguió en la Alcaldía.
Como ya ocurrió en Laguardia, parece, al menos de momento, que el proyecto de Labastida quedará en vía muerta. Más si cabe después de la crisis sufrida por el PNV de la localidad, cuyos concejales apoyan el plan del PP, pese a las reticencias del Araba buru batzar (ABB), que en abril disolvió la junta local por los encontronazos internos entre sus afiliados en torno al golf. Después de lo ocurrido, el ABB podría dar el golpe de gracia al proyecto.
* El Correo Digital - 09.07.08 -ADOLFO LORENTE
Foto: El proyecto para construir el campo de golf de 18 hoyos y 750 viviendas se ubica en la zona conocida como San Ginés. / JOSÉ MONTES, elcorreodigital.com
El fiscal imputa 5 delitos al ex alcalde de Labastida y a los promotores del golf
Denuncian la construcción de un edificio de lujo a 15 metros de la playa de Cuevas
+-+wikipedia.org.jpg)
EUROPAPRESS/Almería* : Las asociaciones 'Salvemos Villaricos' y 'La Balsica' han criticado hoy "el total abandono" y la "falta de interés" de la Junta de Andalucía para investigar las presuntas irregularidades en la construcción de un edificio de 18 apartamentos de lujo a menos de 15 metros de la playa en la pedanía de Villaricos, en Cuevas del Almanzora.
Fuentes de 'Salvemos Villaricos' precisaron que los vecinos han informado desde el pasado mes de febrero tanto al Gobierno andaluz como al Ayuntamiento cuevano de distintos incumplimientos de la normativa vigente, ya que el inmueble, según un informe elaborado por un perito judicial, no respeta los retranqueos de tres metros, contempla tres alturas en lugar de las dos autorizadas e invade una acequia pública.
Los colectivos dijeron por lo tanto "no entender" la "pasividad" de las autoridades competentes en materia urbanística de la Junta de Andalucía, sobre todo "cuando se están produciendo constantemente escándalos urbanísticos que terminan con detenidos y se descubre el pago de comisiones de los constructores a los políticos y funcionarios" y anunciaron la posibilidad de iniciar movilizaciones a finales de este mes.
Asimismo lamentaron el "oscurantismo" del Consistorio cuevano que, según los vecinos, ha pasado de facilitar todo tipo de información a "no dar ninguna", precisamente en el momento en el que se iba a aprobar el proyecto de edificación, que plantea "muchas dudas legales".
En el solar donde se promueve el complejo aparecieron restos de una calzada que podría ser visigoda y que sin embargo "se ha destruido rápidamente" sin que la Consejería de Cultura informara de la actuación, en una pedanía que está calificado como zona de Bien de Interés Cultural por sus yacimientos arqueológicos, destacaron los vecinos.
Muy cerca de la orilla
Por último, las asociaciones apuntaron que la constructora instaló "de manera ilegal" una caseta en el paseo marítimo, que tardó tres meses en retirar sin que se conozca una posible sanción por parte del Ayuntamiento y señalaron la aparición de escombros en una cuneta de la carretera que une Villaricos con Vera.
A mediados del pasado mes de junio, 'Salvemos Villaricos' pidió a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado que investigue las presuntas "irregularidades" en las que incurre el residencial, promovido por la sociedad '320 Días de Sol', y que tome las "medidas oportunas" para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente después de que el colectivo pusiera en conocimiento de las diferentes administraciones implicadas las supuestas "ilegalidades" y obtener sólo respuesta de la Dirección provincial de Costas, que alegó una correcta actuación en sus competencias.
La asociación argumenta que gran parte de la superficie de la parcela donde se proyecta el complejo invade las zonas de tránsito y servidumbre de protección marítimo terrestre, ya que un informe pericial encargado por vecinos recoge que la Ley de Costas establece que la servidumbre de tránsito recaerá sobre una franja de seis metros de ancho a partir del límite interior de la ribera del mar, mientras que en esta promoción el proyectista sólo ha dejado un ancho de 4,44 metros.
El escrito alude también a una resolución de la Consejería de Medio Ambiente de 20 de junio de 2007 que autorizó la demolición del edificio que había en la parcela y la construcción de un aparcamiento subterráneo, piscina y estructuras apergoladas por delante de la línea de deslinde, pero que advierte de que el acceso rodado al aparcamiento se hace a través de un tramo peatonal del paseo marítimo, que está afectado por la zona de servidumbre y protección, por lo que avisa de que no se podrán realizar las obras solicitadas si con carácter previo no se autorizan las modificaciones y cambios de usos necesarios para posibilitar el paso.
* 20 Minutos - EUROPA PRESS. 09.07.2008
Foto: Cuevas del Almanzora (Almería) - wikipedia.org
El GEN denuncia una nueva urbanización que supera las 400 plazas en Cala Tarida
+-+mma.esjpg.jpg)
DIARIODEIBIZA* : El Grup d´Estudis de la Natura (GEN) denuncia que el Ayuntamiento de Sant Josep y el Consell tramitan un Plan Parcial que permite la construcción de una urbanización con capacidad para 400 nuevas plazas en Cala Tarida.
El nuevo desarrollo urbanístico permite, según los ecologistas, más de 100 nuevas viviendas y 90 nuevas plazas turísticas. Esta urbanización está prevista en las nuevas Normas Subsidiarias del municipio.
Los ecologistas alertan en un comunicado que se trata de «una nueva aberración» en la costa de Sant Josep y denuncian que los servicios públicos de esta urbanización, impulsada por promotores privados, los garantizan las administraciones públicas. «Es intolerable que la especulación urbanística, que está en directa contradicción con el interés general, no sólo sea permitida por las administraciones responsables, sino que incluso la incentive con inversiones millonarios procedentes de fondos públicos», denuncian. En concreto, el GEN explica que en Cala Tarida se está construyendo una depuradora «con coste millonario para las arcas públicas para dar servicio a las promociones urbanísticas privadas, en buena parte, realizadas al margen de la legalidad».
Además, los ecologistas aseguran que la Comisión Balear de Medio Ambiente prevé el suministro de agua depurada gracias a un futura ampliación de la desalinizadora de Portmany, obras a las que hay que sumar las conducciones hasta Cala Tarida, también sufragadas con fondos públicos. «Durante décadas se están tramitando y construyendo miles de nuevas plazas turísticas en la isla sin que se haya obligado previamente a los promotores a justificar la existencia real de los servicios más elementales. Esto ha supuesto una auténtica sangría para las arcas públicas y unos suculentos beneficios para la especulación urbanística, que se ha extendido como el peor cáncer para la isla», lamentan.
* Diario de Ibiza - 09 de julio de 2008
Foto: Sant Josep de Sa Talaia - San José (Ibiza), costa - mma.es
Anticorrupción denuncia al ex alcalde de Seseña por aprobar un plan urbanístico para 'el Pocero'
,+urbanizaci%C3%B3n+de+El+Pocero+-+EFE.jpg)
EFE/Toledo* : La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado al ex alcalde de Seseña José Luis Martín (PSOE) por prevaricación, cohecho y delito contra la hacienda pública en la aprobación del PAU de El Quiñón de Seseña (Toledo), donde Francisco Hernando, 'Paco el Pocero', prevé la construcción de 13.508 viviendas.
Anticorrupción, que ha investigado la autorización de ese PAU durante dos años a instancias de Izquierda Unida, ha encontrado "unos incrementos patrimoniales injustificados" por parte de Martín, que gobernó en Seseña entre 1999 y 2003, por lo que ha presentado una denuncia ante el juzgado de instrucción de Illescas (Toledo).
El actual alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, de Izquierda Unida, denunció ante la Fiscalía el 14 de julio de 2006 un presunto trato de favor por parte del anterior gobierno municipal y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la tramitación y aprobación del PAU.
La denuncia de la Fiscalía, fechada hoy 9 de julio, sostiene que el alcalde forzó, el último día hábil de la legislatura, la aprobación de un PAU que iba a quintuplicar la población del municipio a sabiendas de que faltaban informes preceptivos de la Comisión Provincial de Urbanismo o la evaluación ambiental de la Consejería de Agricultura de la comunidad.
Entre 2002 y 2005, Martín realizó sucesivas inversiones y desembolsos de importantes cantidades de dinero, incremento patrimonial que justificó ante la Fiscalía alegando haber cobrado un cupón de la ONCE premiado con 144.000 euros en el año 2000 y las sucesivas reinversiones de ese dinero.
La Fiscalía considera que esas afirmaciones no quedan acreditadas "al no constar declarados los incrementos patrimoniales relacionados con ese u otros ingresos".
Según la denuncia, en 2002 coincidió la presentación por parte de la empresa ONDE 2000 SL, propiedad de Francisco Hernando, del PAU en el Ayuntamiento con la suscripción por parte de Martín de dos fondos de inversión y seguros por importe de 158.000 euros y 1.800 euros, respectivamente.
También adquirió entonces un bien inmueble en Málaga por importe de 9.617 euros a pesar de que su salario entre 2001 y 2005 fue de 27.806 euros brutos, excepto en 2003, cuando, al dejar en junio el Ayuntamiento, sólo percibió 17.074 euros.
El 13 de mayo de 2003, cinco días después del pleno municipal en el que se aprobó el PAU, Martín suscribió tres fondos de inversión a favor de sus hijos por importe de 48.000 euros cada uno (un total de 144.000 euros).
Ese año también firmó fondos de inversión por importe de 20.000 euros a dos de sus hijos, realizó un desembolso en efectivo de 77.208 euros y se subrogó en dos préstamos hipotecarios por importe conjunto de 250.244 euros para comprar dos viviendas de la sociedad Promociones del Saz 2000 SL, empresa vinculada a ONDE 2000 SL, a la que ya se había adjudicado el PAU de El Quiñón.
En 2004, cuando José Luis Martín ya había dejado el Ayuntamiento, adquirió nuevos fondos de inversión por importe de 60.000 euros, mientras que el año siguiente firmó dos fondos de inversión por 15.000 y 110.113 euros, y desembolsó 71.334 euros a Promociones Zapata y Muñoz y 14.921, a Mapfre Mutualidad.
La Fiscalía relata en la denuncia el proceso de autorización del PAU, en el que el alcalde convocó tres plenos extraordinarios en los últimos meses de la legislatura para sacar adelante el proyecto, que aún no contaba con el visto bueno de la Comisión Provincial de Urbanismo ni con el informe ambiental de la Consejería de Agricultura.
Martín ignoró en varias ocasiones las advertencias de la oposición y el PSOE sacó adelante con sus votos el proyecto, aprobación que fue anulada por el Ayuntamiento después de las elecciones que ganó Manuel Fuentes.
La Fiscalía cierra la investigación con una denuncia que sólo afecta al ex alcalde, a pesar de que IU había pedido que se investigara la actuación de Hernando, la de varios ediles del PSOE y del PP y la del entonces consejero de Obras Públicas, Alejandro Gil, puesto que el informe de Urbanismo salió de la Consejería el mismo 8 de mayo en que se aprobó el PAU.
Asimismo, IU pidió la investigación de la relación del entonces presidente regional, José Bono, con la empresa ONDE 2000, que, según IU, habría realizado trabajos en la Hípica Almenara, de la que era accionista el actual presidente del Congreso.
* La Vanguardia - EFE - 09/07/2008
Foto: Seseña (Toledo), urbanización de El Pocero - EFE
El alcalde de Guadarrama paga su defensa con dinero público
,+ayuntamiento+-+ayuntamientodeguadarrama.es.jpg)
ELPAÍS/Madrid* : El alcalde de Guadarrama (13.000 habitantes), José Ignacio Fernández Rubio, del PP, paga a los abogados que le defienden de un caso de prevaricación con dinero público. Fernández Rubio, el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Miguel Rodríguez Bonilla, y otros tres concejales del PP del municipio han sido acusados por un juez de Collado Villalba de un delito de prevaricación (adoptar una decisión a sabiendas de que es injusta).
Y claro, el proceso judicial sale caro. Por eso, el pasado 25 de abril la junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó destinar 20.800 euros a la defensa jurídica del regidor y de su mano derecha. Los dos implicados se abstuvieron durante la votación, pero este órgano de decisión está controlado exclusivamente por los concejales del PP, por lo que no hubo oposición a la propuesta.
Fernández Rubio, Rodríguez Bonilla y los otros tres concejales populares fueron acusados por conceder la licencia provisional de explotación al restaurante El Molino de El Rey, situado en suelo con la máxima protección. El primer teniente de alcalde es administrador de la empresa que gestiona el mesón.
Sufragar la defensa jurídica de un proceso judicial contra la figura del alcalde no es ilegal, según varios expertos consultados. Pero en el caso de que la sentencia condene finalmente al regidor será "éticamente reprobable", aseguran. El alcalde explica que este es el procedimiento habitual que se ha seguido siempre en Guadarrama. "Incluso cuando había alcaldes de otro signo", precisa.El grupo socialista de Guadarrama considera "un escándalo y un insulto para los contribuyentes que los vecinos tengan que pagar la defensa de ambos individuos".
El caso nació hace ocho años, en 2.000. La empresa Golden Hipotecaria, de la que es administrador el primer teniente de alcalde, compró unos terrenos junto al río Guadarrama para reformar un antiguo molino de piedra y convertirlo en un restaurante. Pero los terrenos tienen el máximo grado de protección. Pese a todo, la empresa siguió adelante para instalar su negocio y solicitó la correspondiente licencia al Ayuntamiento, que concedió una licencia provisional e hizo caso omiso de las repetidas advertencias de la Comunidad de Madrid. El director general de Urbanismo reclamó, en 2003, al Ayuntamiento que cerrase el restaurante, que hizo oídos sordos.
En marzo de 2008, el juzgado de instrucción número 2 de Collado Villalba confirmó el delito contra la ordenación del territorio. Ahora, el juez que instruye el caso ha remitido el proceso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
El alcalde es también diputado regional, por lo que sólo puede ser juzgado por este tribunal. De esta forma, el proceso comienza de nuevo. Ahora el TSJM tiene que decidir si admite a trámite la denuncia y reiniciar todo el proceso, que se dilatará durante años.
* ELPAIS.com - J. S. G. - Madrid - 09/07/2008
Foto: Guadarrama (Madrid), ayuntamiento - ayuntamientodeguadarrama.es
La alcaldesa de Marbella altera el plan urbanístico de la Junta
ELPAÍS/Málaga* : Los cambios en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella, el documento que provocó la protesta en las calles de unas 2.000 personas y que cosechó 8.000 alegaciones. obligarán una nueva exposición pública, ya que el equipo de gobierno de Ángeles Muñoz (PP) ha introducido "cambios de calado".
"Sólo se volverá a exponer las partes que han sido modificadas, no el PGOU entero", precisan fuentes municipales.
El equipo de Muñoz se cierra en banda a la hora de hablar de esos cambios. No quieren crear polémica y menos aún contribuir a que se retrase la aprobación de este documento tan necesario para la seguridad jurídica de la ciudad y la tranquilidad de muchos de sus vecinos.
La incontinencia urbanística del Grupo Independiente Liberal (GIL) dejó 18.000 viviendas ilegales, ahora pendientes de regularización; unos 1.000 comercios sin licencia, y 700 construcciones que se juegan la posibilidad de ser demolidas. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) también espera a que se apruebe el documento para decidir sobre numerosas sentencias de demolición.
La regidora del PP dice tener la fórmula para que no sean los compradores de las viviendas ilegales quienes asuman las cargas urbanísticas, pero no da detalle alguno de cómo lo conseguirá.
El PSOE marbellí, en la oposición, cree que el equipo de gobierno cambiará uno de los pilares del PGOU: el sistema de compensaciones ideado por la Junta de Andalucía para que los responsables de los desmanes urbanísticos resarcieran a los vecinos con zonas verdes o de equipamientos.
Según las fuentes consultadas, se ha acordado una rebaja de la cantidad de metros que tienen que aportar los promotores para regularizar las viviendas ilegales, con lo que el ratio de metros cuadrados de zonas verdes por habitante que calculó el equipo redactor quedaría "completamente alterado". "Han abierto el melón por la parte más sensible", aseguran.
El PGOU fue aprobado inicialmente por el equipo de gobierno hace un año. El documento establecía que los promotores de las viviendas ilegales compensaran a la ciudad con la entrega 1,8 millones de metros cuadrados para equipamientos y espacios libres.
Estos cálculos preveían que la ciudad se situara entre las mejores de Europa en cuanto a zonas verdes y lugares abiertos, con una ratio de 60 metros cuadrados por habitante, cifra comparable a la de Londres.
Durante el proceso de redacción del PGOU, el responsable de la oficina de planeamiento de la Junta en Marbella, José María Ruiz Povedano, se reunió con los promotores de viviendas con problemas legales para fijar la compensación correspondiente en cada caso y que como término medio es de 104 metros cuadrados de suelo por casa construida.
"Si se rebaja, por ejemplo, de 100 a 60 metros cuadrados por casa, afectaría a una serie de cálculos que ya están hechos y la totalidad del plan", considera el concejal socialista Javier de Luis, que trabajó como asesor del PGOU tras la disolución de la corporación municipal por el caso Malaya. Luego vendrían los cálculos por equipamientos, viales, sanitarios...
Otro de los aspectos de envergadura que se modificarán será la construcción de un nuevo cementerio y el traslado del polígono industrial de la ciudad. El arquitecto Manuel Fustegueras, encargado de la redacción del documento, decidió que el polígono de la Ermita cambiara su uso a residencial-comercial y que la mudanza se hiciera de forma paulatina.
El equipo de Muñoz asegura que todavía no ha decidido qué pasará con este enclave, situado en la entrada de la ciudad y en segunda línea de playa. Los afectados ya están pidiendo "que no se especule" con el futuro emplazamiento de la zona industrial. El traslado de los 400 industriales se haría a una parcela al norte de la ciudad, situada muy cerca del centro Comercial La Cañada. Para ello el PGOU debe calificar estos terrenos como terreno urbanizable, sectorizado y ordenado.
La delegada de Urbanismo, Alba Echevarría confía en que el Ayuntamiento marbellí llegue a tiempo para los plazos marcados: julio para la aprobación provisional y finales de año para la definitiva.
Los técnicos trabajan a marchas forzadas en los escritos de respuesta a las 8.000 alegaciones. Aseguran que ya han terminado 5.000, pero que están retrasando la entrega porque quieren enviarlas todas juntas. La fecha tope es el 15 de julio.
La parte no alterada del PGOU se aprobará en pleno, probablemente a finales de julio, pero los trámites derivados de los cambios retrasarán considerablemente el visto bueno general del documento.
Tras exposición pública de los cambios, pactada con el equipo redactor y la Junta de Andalucía, llegará el turno a las alegaciones, que el gobierno municipal debe responder después de estudiar cada caso. La delegada de Urbanismo confía en que durante esos dos meses no se reciban muchas quejas.
"Época fría y oscura"
La oposición marbellí (PSOE) ha bautizado el primer año de gestión de la concejal de Urbanismo Alba Echevarría como una etapa "fría y oscura".
La negativa a informar sobre los cambios que están realizando al Plan General de Ordenación Urbana ha cosechado casi tantas críticas como su desinterés por la participación ciudadana. "Los cambios son de tal calado que necesitarán una nueva exposición publica del documento, pero ninguno ha sido consultado, ni comunicado a los representantes de los colectivos sociales o a la mesa de participación ciudadana", asegura el edil Javier de Luis (PSOE). El colmo llegó en algunas de las reuniones de esta mesa, en las que el concejal advirtió de que el Consistorio ni siquiera había enviado a un secretario que diera cuenta de los temas que se estaban discutiendo.
Echevarría alude a las dificultades jurídicas y a su interés porque el ciudadano reciba una atención más "accesible y cercana". En su primer año, ha concedido 2.682 licencias de obras menores de 60.000 euros y han informado sobre 470 permisos de obra mayor.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Málaga - 08/07/2008
Foto: Vista aérea de la localidad malagueña, que acumula 18.000 viviendas ilegales.- JUALIÁN ROJAS, elpais.com
Trece torres
JOSÉ MARÍA ASENCIO MELLADO* : Trece torres, trece agujas elevadas sobre el cielo alicantino que romperán la esperanza de una gran zona verde, de un gran paseo, de un lugar de esparcimiento en una ciudad a la que le sobra el cemento y le falta naturaleza. Y cuatro mil viviendas, un nuevo enjambre en el centro de la ciudad; que viene a sumarse a las miles que se prevén en los planes existentes y proyectados.
Quince mil personas, más o menos, en ese espacio que se prometía libre y que ahora se revela un nuevo Rabasa, más reducido es cierto, pero en un lugar más pequeño y del que esperábamos un desarrollo como el que existe en ciudades que soterraron sus vías para el AVE y dejaron expedito el lugar para el disfrute de la ciudadanía. Una oportunidad perdida, en caso de llevar adelante este proyecto, para que nuestra ciudad sea un poco más habitable.
Una propuesta que sale, según cuentan, del Ministerio de Fomento y que, de ser cierta y definitiva, pondría pocas diferencias reales con la política urbanística del PP, tan criticada por el PSOE con argumentos de peso, que precisaría, pues, explicaciones profundas para ser aceptada. Un Gobierno socialista no debe considerar que toda obra pública necesita de financiación en forma de ladrillo, pues en tal caso contribuirá a que se pueda convenir que idéntica razón ampara a los gobernantes alicantinos y valencianos cuando de abrir espacios públicos a la iniciativa privada se trata. Es necesario marcar las diferencias, que existen e importantes y no asumir iniciativas que las diluyan y lleven a confusiones innecesarias, pues éstas siempre benefician a quienes las practican como forma ordinaria de comportamiento y que están interesados en esa identificación que constituye su único argumento justificativo.
Que el soterramiento ha pasado de doscientos a seiscientos millones de euros en estos años es tan evidente como que dejar transcurrir otros diez aumentará la factura hasta el punto de que habría que construir centenares de torres para financiarlo. Eso no es motivo para que los alicantinos hayamos de sufrir los errores iniciales de cálculo o los posteriores acontecimientos que han encarecido la obra. Es necesario que desde Madrid se tome conciencia de la necesidad de empezar a actuar con mayor interés por esta Comunidad y esta ciudad; no es posible desde aquí, sin esa ayuda decidida, cambiar las cosas aunque cambien las personas. Y esto último, aun siendo imprescindible, no será nada por sí mismo sin esa colaboración activa del Gobierno, sin ese compromiso real que ha de verse reflejado en actuaciones concretas. Leire Pajín, a la que felicito por su nuevo puesto, así lo ha manifestado en el Congreso Federal del PSOE y entiendo que está, pues, obligada a intentar una modificación de la postura de Fomento. El soterramiento de la estación es, sin duda alguna, una buena forma de comenzar a implicarse en el cambio que estas tierras necesitan.
Que el PP en este asunto pueda aparecer como un partido que limita la voracidad constructora del Gobierno me parecería una burla a la realidad; que sea capaz de descolocar todos los discursos hasta ahora mantenidos por el PSOE por un error de estrategia o de comprensión ante la realidad alicantina, un fallo incomprensible que, no obstante, tiene aún remedio y debe tenerlo, pues no estamos hablando de formaciones políticas iguales en materia urbanística, sino profundamente diferentes. Errores de este tipo, casi infantiles, hacen tanto daño que pueden servir para destrozar lo hecho en varios años y anular esperanzas de futuro. No caben más equivocaciones, pues la factura cuesta mucho en pagarse, si alguna se vez se llega del todo a abonar.
Hay que cambiar de estrategia inmediatamente, invertir lo que sea necesario, preservar el entorno en los terrenos liberados conforme a los programas electorales del PSOE y denunciar, a la vez, al PP local y valenciano, que, a pesar del encarecimiento del proyecto, se ha negado absolutamente a invertir ni un euro más (aunque de nuevo parece que Mario Flores quiere introducir una nota de coherencia y seriedad en ese mundo complejo de su partido), a colaborar activamente en su realización, viendo en ello un horizonte de dificultades para el PSOE que han de aprovechar en su propio beneficio. Tal vez con esta posición consigan que fracase la llegada del AVE y se mantengan unos años más en el poder, pero habrá sido incumpliendo con las obligaciones que tienen para con la ciudadanía que espera de sus gobernantes acciones positivas, no obstáculos a lo que constituye el bien común.
Lo que se propone en la estación es una barbaridad que, como tal, ha de ser denunciada y enmendada. No es por medio de la construcción descontrolada como ha de financiarse la obra pública y menos en un momento de crisis en el que la venta de viviendas se hace compleja. Reivindico un crecimiento sostenible y espero que el PSOE, que lo mantiene en su programa, lo cumpla sin excusas. Si el PP luego no lo hace de ellos será la responsabilidad, pero para que así sea hay que enmendar los errores y no incurrir en contradicciones de difícil explicación.
Nota: el pleno de la Diputación, siguiendo el camino del Ayuntamiento y en clara infracción de la Ley de la Memoria Histórica, ha rechazado retirar el título de hijo predilecto a Franco. Conozco a algunos diputados provinciales del PP y sé que no son franquistas. No entiendo, por tanto, siendo algunos de ellos juristas, la razón por la que se obstinan en mantener símbolos de una época autoritaria, cuando la ley obliga a lo contrario. La disciplina de partido no puede llevarles a renunciar a sus creencias y a infringir dolosamente el ordenamiento jurídico. Una ley es superior a un reglamento y lo saben. Queda en los medios de comunicación lo dicho y algún día se lo recordarán, pues la vida política suele ser corta. Pero, a su vez, desde el Gobierno se debe implementar la ley, desarrollarla en sus aspectos prácticos, especialmente en lo referido a la legitimación para impetrar ante los tribunales su cumplimiento cuando se obvia la ley de forma manifiesta. La ley, sin su correspondiente reglamento, puede quedar inaplicada cuando nos encontramos en ciudades como Alicante o en comunidades como la valenciana donde el ordenamiento jurídico es sólo un obstáculo que se supera con mayorías en este caso ilegítimas, aunque sean legales. Reitero de nuevo y denuncio la ilegalidad manifiesta del cambio en la Sindicatura de Agravios. No reconozco al nombrado, al margen de sus méritos, pues ha accedido al cargo a través de una actuación ilegal. Insto al PSPV a que actúe en la forma debida ante los tribunales. Lerma puede, aunque haya perdido la costumbre, hacer algo hacia afuera del partido. Para algo es el presidente de la Gestora.
* José María Asencio Mellado es catedrático de Derecho Procesal de la UA.
* Información - Alicante - Opinión - 08 de julio de 2008
