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LAVERDAD/Murcia* : Otro ayuntamiento murciano tomado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Otro consistorio de la Región en la primera página de todos los periódicos y en lugar preferente de los informativos de televisiones y radios de todo el país. Y van...
Fue la localidad de Librilla la que ayer se despertó con la desagradable sorpresa de encontrarse con las dependencias municipales bloqueadas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, dentro de una nueva operación dirigida a desmantelar una presunta trama de corrupción urbanística. En esta ocasión, sin embargo, y al contrario que en anteriores ocasiones, las sospechas no se ciernen sobre el alcalde de la localidad ni sobre alguno de sus concejales, sino sobre altos funcionarios.
Un portavoz del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia confirmó que la intervención policial fue ordenada por el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, quien mantiene abierto un procedimiento por los delitos de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.
En el marco de esta operación fueron detenidas ayer cinco personas, entre las que destaca un alto funcionario de la Comunidad Autónoma, que se encuentra en excedencia desde hace algo más de un año. Se trata del ex responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios, dependiente de la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Presidencia, José Luis Cano Valverde. Junto a éste han sido arrestados su esposa, cuya identidad parece responder a las iniciales J.B.B., y un empresario y presunto socio de Cano, Domingo Peñalver Rojo.
Otro de los detenidos más relevantes para la investigación es el gerente de la empresa municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla S.L. (IDL S.L.), José Andrés Cortés, junto a quien también ha sido arrestada su esposa, cuya identidad no ha trascendido.
La operación, que se completó con exhaustivos registros en el Ayuntamiento de Librilla, en dependencias de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma, en sedes de varias empresas y en domicilios particulares, tiene su origen en la denuncia presentada meses atrás por la Fiscalía del TSJ. Las investigaciones de los fiscales anticorrupción, así como las dirigidas a posteriori desde el juzgado, apuntan a que los tres varones arrestados, Cano, Peñalver y Cortés, constituyen las bases del supuesto triángulo de corrupción.
Todo quedaba en casa
José Luis Cano jugaría, según fuentes próximas a la investigación, el supuesto papel de cerebro y organizador de la trama. Así, como responsable durante años del Servicio de Asesoramiento Técnico a Municipios -esta oficina ofrece apoyo a los ayuntamientos con menos recursos-, Cano maniobraba para conseguir supuestamente que fuera la empresa ACADI (Asesores de Calidad y Desarrollo de Ingeniería S.L.), administrada por su socio y amigo Domingo Peñalver, ingeniero de 27 años, la que se adjudicara diversos contratos municipales.
Entre éstos figuran, además de labores de asesoramiento técnico y la elaboración de diversos informes urbanísticos y sobre obra pública, la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Librilla, que le fue adjudicado por 110.400 euros (más de 18 millones de pesetas).
Según fuentes del PSOE murciano, que investigó esta trama el año pasado y que ha colaborado con la Fiscalía, a raíz de la redacción del PGOU por ACADI se negociaron 30 ordenaciones del suelo con sus propietarios, y a todos los firmantes de los convenios se les habría exigido que encargaran la transformación del suelo a la firma municipal IDL. La gestión consistiría en elaborar y tramitar el plan parcial, el proyecto de reparcelación, el proyecto técnico de urbanización y en llevar la dirección técnica de las obras.
Al margen de ello se habrían llevado al Pleno otros contratos por importe de más de seis millones de euros, que no habrían respetado la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según el PSOE.
Del mismo modo, se investiga si Cano también influyó para conseguir que la construcción de obra pública de Librilla le fuera adjudicada a la constructora Urvisán S.L. de Los Alcázares, cuyas instalaciones también fueron registradas ayer por la UCO.
La supuesta trama de corrupción se completaría con el gerente de la sociedad pública IDL S.L., José Andrés Cortés, de quien se sospecha que estaría en connivencia con Cano para obtener beneficio personal a través de una particular gestión de los intereses públicos.
Los cinco detenidos estaban siendo ayer interrogados, por lo que no se conoce si hoy serán puestos a disposición judicial o los agentes agotarán las 72 horas de margen máximo de que disponen.
Esta noticia ha sido elaborada con información facilitada por Julián Mollejo y Fuensanta Carreres.
* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 19.11.2008
Foto: Librilla (Murcia) - librilla.es
La Guardia Civil desmantela una trama de corrupción en el Ayuntamiento de Librilla
La técnica de Urbanismo aconsejó parar las licencias al gobierno de Gondomar
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FARODEVIGO* : El ex alcalde de Gondomar, Carlos Silva, actual portavoz del grupo municipal del PP y su junta de gobierno continuaron la concesión de licencias pese a las advertencias de la secretaria municipal, Ana Begoña Merino, y de la técnica de Urbanismo, Elena Ares Salgado, que realizó un informe en el que aconsejaba suspender el Plan Xeral de 1997 y, por lo tanto, dejar de dar permisos de obra.
Ambas funcionarias declararon ayer como testigos en el juicio oral por supuesta prevaricación urbanística contra Silva y los cinco ediles que integraban la comisión de gobierno, un delito por el que el Ministerio fiscal solicita para ellos un año y medio de prisión y diez de inhabilitación. Ares recordó su informe de febrero de 2006, en el que avisaba de la necesidad de paralizar la expedición de licencias y de suspender el plan.
La profesional llegó a esta conclusión tras consultar el expediente del plan urbanístico de 1997 cuando el alcalde popular le solicitó un análisis sobre los asuntos de su departamento en relación a la situación jurídica del documento, cuya nulidad había declarado el Tribunal Supremo un año antes. Fue entonces cuando Elena Ares tuvo conocimiento de la existencia de un auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que consideraba nulo el acuerdo plenario de mayo de 2005, que corregía el plan para adaptarlo a la sentencia del Supremo. "Yo emití el informe y, a partir de ahí, ellos actuaron conforme a su criterio y su responsabilidad", manifestó la técnica respecto a la persistencia del gobierno de Silva en la concesión de licencias.
Hasta entonces, Ares había dado su visto bueno a los permisos porque desconocía el citado auto del TSXG. Precisamente, según sus respuestas a la fiscal, le llamó la atención el hecho de que la resolución judicial tuviese fecha de noviembre y llegase al concello dos meses más tarde
Antes del testimonio de la técnica de Urbanismo, fue Ana Begoña Merino la que respondió a las preguntas de los letrados. La fiscal incidió en el informe que esta técnica realizó respecto a las posibilidades de corregir el plan para mantener su vigencia. A su juicio, dicho documento presenta contradicciones al asegurar que la sentencia de febrero de 2005 en la que el Tribunal Supremo es "inequívoca" y, al mismo tiempo, aportar las medidas que evitarían la suspensión del plan.
La ex secretaria insistió en los informes favorables de las licencias, pero también reconoció que ella misma realizó un estudio ten el que advertía al gobierno municipal de los riesgos de continuar con la vigencia del plan tras un requerimiento de la Xunta para que anulasen las licencias. Asimismo, Merino reconoció que fue ella quien sugirió al alcalde la contratación del bufete Garrigues Walker para defender la validez del Plan Xeral de Ordenación Municipal.
La vista quedó pospuesta para el día 1 de diciembre, fecha en que declarará la actual secretaria municipal, Nuria Lobato.
* Faro de Vigo - N. PILLADO - 19.11.2008
Foto: Gondomar (Pontevedra) - aedru.org
Cinco años de cárcel para el ex director de Urbanismo de Baleares
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LAVANGUARDIA/Palma* : La Audiencia de Baleares ha condenado a cinco años de prisión por delitos de falsedad y prevaricación urbanística al ex director de Ordenación del Territorio de Baleares, Jaume Massot, y siete años de inhabilitación para cargo público al ex alcalde popular de Andratx Eugenio Hidalgo por prevaricación.
La sentencia corresponde al juicio celebrado en la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares, entre el 27 y el 30 de octubre, de la segunda pieza de las 68 que componen el llamado 'caso Andratx', por la construcción de un restaurante en una zona protegida por parte del hermano del ex alcalde, Juan Carlos Hidalgo.
La Audiencia ha condenado a Juan Carlos Hidalgo a un año y seis meses de prisión por falsedad en documento oficial, así como a otros tres meses de cárcel por prevaricación urbanística, pena que puede ser sustituida por una multa de 3.600 euros.
Massot, director general de Ordenación del Territorio en la pasada legislatura, ha sido condenado también a 8 años de inhabilitación para empleo o cargo público por los delitos anteriormente citados y deberá pagar una multa de 12.000 euros.
Eugenio Hidalgo ha sido absuelto de los delitos de falsedad en documento oficial y prevaricación y el hermano del ex alcalde del delito contra la ordenación del territorio. Además, los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia han sentenciado a Massot y a Juan Carlos Hidalgo a pagar las dos octavas partes de las costas del proceso, y a Eugenio Hidalgo a una octava parte, y han declarado de oficio las cinco partes restantes.
La pena es inferior a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de siete años de prisión para Eugenio Hidalgo y Massot, y cinco años y medio para Juan Carlos Hidalgo.
En concreto, el Ministerio Público había pedido cinco años para Massot y el ex alcalde por el delito de falsedad, y dos años para ambos por prevaricación urbanística. En el caso de Juan Carlos Hidalgo pedía tres años y seis meses por los delitos de falsedad y prevaricación, respectivamente, y dos por el delito contra la ordenación territorial.
La sentencia considera probado que a Juan Carlos Hidalgo "le constaba fehacientemente la calificación de suelo rústico y su categoría de protegido" como Área Natural de Especial Interés (ANEI), pero aún así procedió "a efectuar las obras, construcciones y reformas necesarias para cambiar el uso de la vivienda existente y convertirla en un restaurante".
El auto señala que Juan Carlos Hidalgo y su hermano, entonces concejal de Urbanismo, convencieron a Jaume Massot, que era Jefe del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx, "para que realizase cuantos actos administrativos fueran necesarios o convenientes, aunque fuesen ilegales, para obtener dicho fin".
La sentencia considera probado que Massot emitió certificaciones así como licencias de obras y de actividad, para hacer posible la construcción del restaurante, sabiendo que se encontraba en un área protegida; y que posteriormente evitó una multa del Consell de Mallorca, alegando que el Ayuntamiento ya tramitaba un expediente sancionador por esa edificación y legalizó la obra.
El proceso judicial comenzó el 5 de noviembre de 2007, por la denuncia presentada por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ante el juzgado de instrucción número 12 de Palma, contra Eugenio Hidalgo, Jaume Massot y Juan Carlos Hidalgo.
La Fiscalía Anticorrupción les acusó de falsedad continuada en documento oficial cometida por funcionario, prevaricación urbanística y de un delito contra la ordenación del territorio, por la construcción de un restaurante italiano en una finca calificada como suelo rústico protegido con la categoría de ANEI.
* La Vanguardia - EFE - 19.11.2008
Foto: Andratx (Mallorca), urbanismo - diariodemallorca.es
Los vecinos llevarán el PGOU de Marbella al Parlamento Europeo
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LAOPINIÓN* : El PGOU de Marbella incumple la directiva europea contra el blanqueo de capitales. Esta es la principal razón por la que la plataforma 29-M, que reúne a los vecinos de la localidad que poseen viviendas legales y se consideran, por ello, los auténticos "compradores de buena fe" afectados por las irregularidades urbanísticas, tiene decidido llevar el documento ante el Parlamento Europeo para que lo estudie.
Aunque más bien será el Parlamento con sede en Bruselas el que se traslade. La abogada Inmaculada Gálvez, que representa a más de 3.000 vecinos en esta situación, adelantó ayer que el eurodiputado por Los Verdes David Hammerstein instalará en el municipio una oficina parlamentaria para recoger las quejas de los residentes en materia urbanística. En su opinión, además, también en materia de agua, al no garantizar el suministro.
Castigo. "Europa castigará a España", dijo Gálvez, quien está convencida de que el Parlamento, tras estudiar las denuncias de la plataforma, emitirá un informe en el que se evidenciará que el Plan General no cumple las "mínimas" normas sobre blanqueo, la irregularidad más grave en la que incurre el nuevo documento urbanístico, aprobado provisionalmente por PP y PSOE en pleno municipal, pero no la única.
"El Plan quiere ningunear 40 sentencias firmes en su ejecución", aseguró la letrada, en relación a los procedimientos judiciales abiertos a raíz de las irregularidades urbanísticas cometidas durante los mandatos del Grupo Independiente Liberal (GIL).
De ahí, que la plataforma 29-M tenga previsto reunirse con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con el Instituto Andaluz Universitario de Criminología. "Vamos a instar a que nos ayuden porque creemos que el PGOU es una amnistía y no profundiza sobre las responsabilidades de los responsables de las infracciones urbanísticas que se han cometido en Marbella".
Tanto Gálvez como el presidente del colectivo, Rafael Ávila, enumeraron ayer las innumerables razones que poseen en contra de un documento "irresponsable", en palabras de Ávila, y que lo único que hace es "tapar las vergüenzas de todos los poderes públicos del estado de derecho español", según la abogada.
Con estos argumentos, la impugnación del PGOU de Marbella, que podría suponer su paralización, parece estar servida una vez se apruebe definitivamente por lo que correría la misma suerte que el PGOU de 1998 elaborado por el GIL, que "se asume en el nuevo plan" denuncian.
* La Opinión de Málaga - PRINCESA SÁNCHEZ - 19.11.2008
Foto: Marbella (Málaga), vista aérea - laopiniondemalaga.es
Vecinos de Alcorcón se oponen a la construcción de un colegio religioso en terrenos públicos
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ELECONOMISTA/Madrid* : La Asociación de Vecinos del Ensanche Sur de Alcorcón criticó hoy que el Gobierno de Esperanza Aguirre haya renunciado a la construcción de un colegio público en este enclave urbanístico y, en su lugar, haya adjudicado más de 10.000 metros cuadrados de terreno público para la construcción de un colegio privado-concertado de marcado carácter tradicional y religioso.
En un comunicado difundido hoy, la citada asociación vecinal insta a la Comunidad de Madrid para que garantice el derecho de los padres a optar por la educación que consideren más apropiada para sus hijos, construyendo un colegio público en la zona, en la que se ubicarán más de 9.000 viviendas.
Por ello, desde la asociación estudian tomar "las acciones que consideren oportunas, en aras a reclamar y conseguir del Gobierno de la Comunidad de Madrid, la Construccion también de un colegio público y laico, más acorde con la realidad social del Ensanche Sur, en donde la mayoría serán viviendas protegidas y, en el que todo el mundo tenga cabida".
El colegio se llamará Juan Pablo II
Según esta organización vecinal, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del pasado 4 de noviembre detallaba que los terrenos han sido cedidos a la Fundación Educatio Servanda para la construcción de un colegio que se llamará Juan Pablo II, en el que se impartirá educación de marcado carácter católico y tradicional.
De acuerdo con la propia fundación, se tratará de un "centro católico de espiritualidad mariana e ignaciana, asistido por los Discípulos de Jesús y María" que, además, según los vecinos, impartirá sus clases en aulas diferenciadas por sexos argumentando que "varón y mujer tenemos modos diversos de vivir una idéntica dignidad personal" y que "en los niveles de primaria y secundaria los ritmos de crecimiento, maduración, centros de interés y desarrollo cognitivo son diferentes en chicos y chicas".
Ya hay otros tres colegios privados
La Asociación de Vecinos del Ensanche Sur de Alcorcón llama la atención, además, sobre el hecho de que en las proximidades de este barrio ya existen tres colegios privados/concertados, mientras que el único colegio público relativamente cercano que hay, "Fuente del Palomar", no podrá ofertar nuevas plazas para el próximo curso debido a la gran demanda existente.
Según esta asociación, están recibiendo multitud de quejas de futuros vecinos que están preocupados por la orientación religiosa del nuevo colegio. Los vecinos acusan a Aguirre de "obstaculizar el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos", y exigen que se respete, priorice y fomente la educación pública y de calidad, "máxime en un estado aconfesional y laico como es el nuestro".
* El Economista - Ecodiario - 17.11.2008
Foto: Aspecto del Ensanche Sur de Alcorcón - A. A., elmundo.es
Una sentencia pionera castiga con prisión el acoso inmobiliario
ELPERIÓDICO* : Les cortaron el agua y la luz, les arrancaron la instalación eléctrica y llegaron a colocar pegamento en la cerradura de la puerta de la vivienda. Una sentencia pionera a Barcelona ha castigado a un año de prisión a dos propietarios de un piso de la calle de Servet por coacciones, al haber sometido durante tres meses a acoso inmobiliario a sus inquilinos.
El Juzgado de lo Penal número 13 de Barcelona condena a un año de prisión a los hermanos Alfonso y Pere Janer, que deberán de indemnizar a la pareja de inquilinos con 3.300 euros por las "molestias" que padecieron durante los meses que fueron víctimas de mobbing y los perjuicios que les ocasionaron. Este caso rompe el estereotipo de acoso inmobiliario, en el sentido de que los afectados suelen ser personas de avanzada edad y, en este proceso, los denunciantes son una pareja de 28 años que pagaban un alquiler mensual de 600 euros. Según fuentes judiciales, esta sería una sentencia pionera al condenar a un año de prisión, aunque esta pena normalmente no supone el ingreso en una cárcel.
SIN RESPETO
Los condenados son copropietarios de una planta baja del número 55 de la calle de Servet. En noviembre del 2003 la tenía arrendada por 600 euros a una sobrina que la compartía con la pareja ahora denunciante, con la que se había acordado que podían seguir en la casa si ella la dejaba al ser el contrato de cinco años. En abril del 2004, la sobrina, al quedarse embarazada, dejó la vivienda, pero sus dos compañeros siguieron allí, pagando el alquiler. A finales del año, los propietarios propusieron una subida, pero la pareja se opuso al considerarla excesiva. A partir de ahí, los acusados "de común acuerdo, tanto en la acción como en el pro-
pósito" de que los arrendatarios dejaran la casa y "sin respetar los cauces legales", realizaron una serie de acciones para impedir a la pareja denunciante el "normal uso y disfrute de la vivienda", según la sentencia.
A partir de marzo del 2005, los dueños del piso dejaron de cobrar a los inquilinos que empezaron a consignar judicialmente el dinero. Y las acciones se agravaron. Los acusados dieron de baja el suministro de agua y de electricidad y, para impedir que se volviera a contratar, arrancaron en tres ocasiones la instalación eléctrica para dejarlos sin luz, cerraron el acceso a la llave de paso, forzaron la cerradura de la casa y la inutilizaron con pegamento y sellaron con silicona el armario de los contadores. La sentencia detalla que los arrendatarios sufrieron "graves transtornos de higiene y salubridad", al tener que ir a una fuente a por agua, al alumbrarse con velas y a adquirir víveres a diario por la imposibilidad de disponer de frigorífico. Las víctimas se vieron obligados a abandonar la vivienda a finales del 2005.
* El Periódico - J. G. ALBALAT - BARCELONA - 18.11.2008
Foto: Una puerta forzada en un piso de BCN. - DANNY CAMINAL, elperiodico.com
