EUROPAPRESS* : El tribunal de la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha condenado a cuatro años y medio de cárcel y a la inhabilitación absoluta por tiempo de ocho años al diputado del Grupo Mixto Bartomeu Vicens por su implicación en una pieza separada del caso Son Oms.
La sentencia considera probado que Vicens, mientras ostentaba el cargo de conseller Insular de Territorio del Consell de Mallorca en la pasada legislatura, institución que presidía Maria Antonia Munar, ordenó el pago de 12.000 euros públicos a su contable particular para la elaboración de un informe plagiado de Internet sobre el valor del suelo.
El tribunal considera a Bartomeu Vicens autor criminalmente responsable de un delito de malversación de caudales públicos y de un delito de prevaricación administrativa.
La sentencia condena también al ex secretario general de UM, Damià Nicolau, a una pena de dos años y tres meses de cárcel e inhabilitación absoluta por tiempo de cuatro años al considerarle cómplice de un delito de malversación de caudales públicos y de un delito de prevaricación administrativa.
Por último, el tribunal condena al antiguo contable personal de Vicens, Tomàs Martín, a dieciocho meses de multa con una cuota diaria de ocho euros y a la inhabilitación absoluta por un tiempo de un año y tres meses, por considerarle cooperador responsable de un delito de malversación de caudales públicos.
Contra la sentencia, que no es firme, cabe presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Vicens confirmó este jueves en los pasillos de la Cámara autonómico que recurrirá la sentencia al TS y aseguró que, por el momento, no se plantea dejar su escaño en el Parlament balear. Pese a que Vicens fue suspendido de militancia de UM cuando el juez que instruye el caso Son Oms decretó prisión bajo fianza de 100.000 euros para él, éste mantiene su escaño en la Cámara.
De esta forma, el tribunal ha condenado a Vicens a la misma pena que pedía la Fiscalía, que solicitó cuatro años y seis meses de prisión para el ex conseller. En el caso de Nicolau, la pena del tribunal es inferior a lo que pedía la Fiscalía, que solicitó tres años y dos meses para él. En el caso de Martín, el tribunal también le condena a la pena que pedía el Ministerio Público, que en un inicio pidió nueve meses de privación de libertad, mientras que finalmente solicitó una pena pecuniaria de 18 meses de multa.
* Europa Press - 17.12.09
Foto: Palma, polígono Son Oms - interempresas.net
Palma: Cuatro años y medio de cárcel para Vicens por una pieza separada del caso Son Oms
Imputan por la trama urbanística de Llíber al actual alcalde y a tres ediles
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LEVANTE/Alicante* : La trama urbanística de Llíber no deja de engordar. Entre los imputados hay promotores, constructores e intermediarios en la venta de terrenos no urbanizables y chalés ilegales. Hasta ahora el único político implicado era el ex alcalde de Llíber, José Mas Avellá, del PP, que ayer, tras declarar ante la juez, ingresó en prisión provisional sin fianza. Sin embargo, el actual primer edil, Juan Bautista Reus, del PSPV, también está desde ayer imputado por un presunto delito contra la ordenación del territorio.
La misma suerte que Reus corrieron todos los políticos que integraban la corporación de Llíber entre 1999 y 2003, que presidía como alcalde el popular José Mas. Además del actual primer edil, acudieron en la mañana de ayer al cuartel de la Guardia Civil de Calp el primer teniente de alcalde y actual responsable de Urbanismo, José Ordines, del PSPV, el ex concejal socialista José Fullana, y los dos ediles del PP José Juan Reus y Vicente Andrés Ivars. Todos ellos, tras ser interrogados en calidad de detenidos, quedaron en libertad pero imputados por un presunto delito contra la ordenación del territorio.
Fuentes del caso indicaron que a estos cinco políticos, de los que cuatro siguen en la corporación actual, se les relaciona con la trama de corrupción urbanística porque, en las actas de pleno del mandato de 1999 a 2003, figura que votaron a favor de dar licencias para edificar casas en suelo no urbanizable. No obstante, según las mismas fuentes, aquellos votos no tenían valor, ya que el entonces alcalde no había delegado en el pleno la facultad de conceder permisos de obra.
En esos años fue cuando el ayuntamiento otorgó licencias a destajo para construir viviendas que eran ilegales pues estaban en suelo rústico y en parcelas de menos de 10.000 metros cuadrados (algunas incluso de 2.000 y 1.000 m2). En ese mandato, se edificaron entre 300 y 350 chalés ilegales que todavía hoy tienen servicios de luz y agua en precario (de obra). Fue entonces cuando el promotor Miguel M., para quien la juez decretó el lunes prisión provisional, y otros empresarios ahora imputados presuntamente estafaron a cientos de residentes extranjeros al venderles casas que están fuera de ordenación y que son difícilmente legalizables.
En la mañana de ayer, la juez del juzgado número 3 de Dénia que instruye este caso de presunto corrupción urbanística tomó declaración al ex alcalde José Mas Avellá y al arquitecto técnico Amador Signes. La magistrada ordenó para ambos el ingreso en prisión provisional sin fianza. En cambio, el otro imputado en prisión, el promotor antes citado, sí que puede salir en libertad si abona una fianza de 100.000 euros. Tanto José Mas como Amador Signes, quien fue hasta 2003 aparejador municipal de Llíber (el encargado, por tanto, de informar los permisos de obra), están acusados de cohecho, estafa, prevaricación y delito contra la ordenación del territorio.
El número de implicados en la trama no ha parado de crecer desde que el domingo la Guardia Civil detuvo al promotor Miguel M. y al constructor Trevor B. Este último y la también promotora Truder W. quedaron en libertad, pero imputados por estafa y cohecho tras declarar ante la juez el martes. Los empresarios que han estado arrestados por la trama son cinco, pero hay otros promotores, intermediarios y, posiblemente, un notario que también podrían estar relacionados con la construcción de las casas ilegales, su venta fraudulenta y la falsificación de escrituras y títulos de compra-venta.
Llíber, un pueblo del interior de la Marina Alta de mil habitantes, de los que más de la mitad son residentes extranjeros, se ha visto sacudido por un escándalo urbanístico de dimensión descomunal.
"Si José Mas tiene culpa, los otros también"
"En Llíber, toda la vida se han dado licencias para construir en parcelas de 5.000 m2". Familiares del ex alcalde José Mas Avellá, que acudieron al juzgado mientras éste declaraba, afirmaron ayer que, si en el municipio ha habido "barbaridades" urbanísticas, la responsabilidad es de más de un político. Aseguraron que la excepción de permitir construir en suelo no urbanizable en parcelas de 5.000 metros cuadrados (lo legal es en terrenos de 10.000 m2) la han aplicado tanto el PP como el PSPV. "Si José Mas tiene culpa, los otros también", sostuvieron estos familiares, que admitieron que entre 1999 y 2003 se edificaron más viviendas ilegales, "pero es que hubo más demanda". "Nosotros y también todo el pueblo estamos convencidos de su inocencia", proclamaron. También recordaron que el ex aparejador municipal, Amador Signes, estuvo durante 20 años trabajando para el ayuntamiento y para gobiernos socialistas y populares. Este arquitecto técnico, de quien prescindió el PSPV cuando en 2003 recuperó la alcaldía, hizo, según fuentes del caso, proyectos privados de chalés que luego autorizó como aparejador municipal.
* Levante-EMV - A. P. F. - 17.12.09
Foto: Llíber (Alicante), chalés ilegales - diarioinformación.com
Barcelona: Un hotel de lujo que incumple la Ley de Costas
DIAGONAL* : Hace dos meses se inauguró el Hotel Vela, una instalación de lujo que ha multiplicado el precio de los inmuebles y amenaza el tejido social histórico de la Barceloneta. Barcelona tiene un problema de modelo social, económico y urbanístico. Las autoridades municipales, denuncian desde los movimientos sociales de la ciudad, han puesto a la capital catalana, más que nunca, al servicio de los intereses de los grupos inmobiliarios y del turismo.
Un ejemplo de todo esto es el Hotel Vela, inaugurado hace poco más de dos meses, una instalación de lujo en medio de un barrio popular y de origen pescador como la Barceloneta. “El Vela orientará el comercio de la zona hacia el turismo con alto poder adquisitivo, incrementará los precios de la vivienda e intensificará el fenómeno de los apartamentos turísticos”, afirma Gala Pin de la Plataforma en Defensa de la Barceloneta.
La plataforma ha interpuesto un contencioso administrativo en el que solicita el derribo de esta edificación o bien que se someta a debate público cuál debe ser el uso de Vela. Se acusa a las autoridades de incumplir la Ley de Costas y de convertir a usos privados un espacio de titularidad pública donde no se permitían edificaciones hoteleras.
En este espacio antes del Hotel Vela había un restaurante popular donde se podía ir a pasar el día y llevar comida de casa “y ahora ese espacio se ha privatizado para los más ricos”, afirma Emilia Llorca, presidenta de l’Associació de Veïns de l’Òstia, de la Barceloneta quien añade que “el barrio no ganará nada con el Vela”. Pin señala que el rechazo de los vecinos a esta nueva operación es muy amplio, “la gente aún recuerda cuando, según la Ley de Costas, se restringieron los usos de la playa para los chiringuitos, y no se entiende que ahora se permita esta construcción”.
Falta de transparencia
Desde la Plataforma se acusa al Ayuntamiento de tener prácticas poco democráticas y nada transparentes. El Plan Especial Nova Bocana, que modificará la imagen del barrio, deja “en manos de las empresas inmobiliarias la remodelación urbanística de la Barceloneta, sin que haya un planteamiento social o garantista”, afirma Pin. También indica que el Plan “de los ascensores” (para incluir ascensores en muchos edificios antiguos del barrio) se ha realizado sin la más mínima perspectiva social y que podría acabar expulsando a muchos vecinos por no poder asumir el coste de la reforma.
Este plan, por ahora paralizado, ha despertado un amplio rechazo entre los vecinos. Para Pin, la Autoridad Portuaria de Barcelona tiene una influencia excesiva y poco transparente en las decisiones del Gobierno municipal, “los ciudadanos debemos disponer de mayores controles”, añade.
Vecinos al abordaje
Durante la inauguración de este hotel se realizaron diferentes actos de protesta como una sardinada popular o un ‘abordaje’ por tierra, mar y aire. El objetivo de estas acciones era sensibilizar a la población, aunque el hotel es ya una realidad que está afectando al barrio. A día de hoy, denuncia Llorca, se pagan alquileres por valor de mil euros por pisos de 30 metros, y ya se está vendiendo la Barceloneta como una marca para restaurantes de precios prohibitivos.
“El tejido social del barrio se está rompiendo con el Vela”, afirma Llorca. “Aún quedan pendiente la resolución del contencioso administrativo presentado. Además seguiremos con las acciones de protesta, porque nuestra crítica va más allá del Vela, es una crítica a un modelo de ciudad donde predominan los intereses privados, la falta de transparencia y donde existen claros déficits democráticos”, concluye.
* Periódico Diagonal - Viçent Canet. Barcelona - 14.12.09
Foto: HOTEL VELA. Las organizaciones de vecinos llevan años expresando su malestar por la construcción de este hotel de lujo. - diagonalperiodico.net
Lanzarote: Pelotazos y ´paquetes´
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LAPROVINCIA* : La mayor operación contra la corrupción puesta en marcha en Lanzarote deja al descubierto decenas de irregularidades. Pelotacito, el pelotazo". El empresario y vocal de la Cámara de Comercio de Lanzarote, Fernando Becerra, no dudó en alardear en una de las conversaciones grabadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) de la posibilidad de obtener presuntas comisiones ilegales por actuar de intermediario en diferentes negocios urbanísticos tanto en los municipios de Arrecife como en el de Yaiza.
La lectura de las conversaciones telefónicas grabadas con autorización judicial en el marco de la operación Unión y de las declaraciones realizadas por algunos de los más de 30 imputados recogidas en el sumario ponen al descubierto una extensa mancha de corrupción que sacude a Lanzarote de norte a sur.
Una operación que se inició el 5 de junio de 2008 cuando el por entonces consejero de los Centros Turísticos del Cabildo y secretario insular de los socialistas lanzaroteños, Carlos Espino, puso en marcha la grabadora entregada por la Guardia Civil durante la reunión mantenida con Fernando Becerra en el que le iba a hacer llegar la propuesta del promotor Luis Lleó para construir el megaproyecto de las 1.000 viviendas en Costa Roja, en Playa Blanca.
A partir de ese momento y ante la gravedad de los posibles delitos que se estaban cometiendo, el Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife, la Fiscalía y los agentes de la UCO pusieron en marcha la mayor operación contra la corrupción que se ha desarrollado en Lanzarote.
Los servicios de vigilancia especiales de los agentes de la UCO a los principales implicados les llevó a realizar todo tipo de grabaciones y fotografías. Unas medidas que incluyeron también las escuchas telefónicas realizadas con el pertinente mandamiento judicial durante varios meses.
El dinero corría de un lado para otro y las presuntas comisiones ilegales a empresarios por la adjudicación de obras se convirtió en una actividad más dentro de las labores diarias de algunos concejales y miembros destacados del PIL. "Los paquetes (sobres con dinero) los preparaba Matías Curbelo", llegó a decir ante el juez el que fuera concejal de Urbanismo en Arrecife, Ubaldo Becerra, para justificar cómo se repartía en algunas ocasiones las comisiones recibidas por los empresarios.
Dinero que incluso se llegó a entregar en el baño del aeropuerto de Lanzarote, un sobre con 6.000 euros, ante el viaje a Cuba de dos de los imputados. En otras ocasiones "las bolsas" como las llamaba Alfredo Rodríguez, trabajador del Cabildo y utilizado presuntamente en ocasiones como la persona encargada de recoger las comisiones, se repartían en cafeterías o viviendas de los implicados. Cualquier sitio era válido siempre y cuando no levantara sospechas.
La lista de políticos y empresarios que salen en las conversaciones telefónicas y en las declaraciones ante el juez es inmensa. Sin embargo, muchas de las acusaciones que se realizan por los propios imputados no están del todo demostradas en las investigaciones que han salido a la luz pública después del levantamiento parcial del secreto de sumario. La trama de la corrupción sigue abierta.
* La Provincia - D. RIVERO - 16.12.09
Foto: Un furgón de la Guardia Civil ante uno de los despachos del promotor Luis Lleó el pasado mes de mayo en Arrecife.- JAVIER FUENTES, laprovincia.es
Demoliciones
CARLOS MARTÍNEZ BUJÁN* : Las demoliciones de viviendas llevadas a cabo en el Ayuntamiento de A Guarda, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), no van a quedar como un caso aislado en nuestra comunidad autónoma. Son muchos los municipios gallegos que cuentan con alguna vivienda ilegal sobre la que pende una orden de demolición decretada por los tribunales, con casos tan relevantes como el de Vigo.
Evidentemente, la tipología de viviendas afectadas que incumplen la legalidad urbanística es muy variada: desde los casos en que es el propio particular el que construye la obra sin licencia, o sin ajustarse a los términos de la licencia concedida, hasta los casos (que son mayoritarios) de personas que adquirieron de buena fe una vivienda provista de la correspondiente licencia y que vienen habitándola desde hace años. Es en estos últimos casos donde surge el verdadero drama humano de quienes, sin tener responsabilidad alguna en lo sucedido, se ven compelidos a abandonar sus hogares. ¿Qué pueden hacer estas personas?
Ante todo, deberán acatar la sentencia que decreta la demolición y no oponerse físicamente a su ejecución, porque de lo contrario acabarán cometiendo con seguridad un delito. Sentado esto, lo que procede es exigir responsabilidad a la Administración por haber otorgado una licencia contraria a las normas urbanísticas. En algunos supuestos dicha responsabilidad podrá exigirse incluso por la vía penal, dado que en nuestro Código existe un delito de prevaricación urbanística, que castiga a la autoridad o funcionario que, a sabiendas de su injusticia, haya concedido una licencia contraria a las normas urbanísticas o haya informado favorablemente dicha concesión. Con todo, hay que tener en cuenta que el delito de prevaricación exige una vulneración clamorosa y grosera de la legalidad, y que nuestros tribunales suelen aplicarlo singularmente cuando existen informes contrarios del arquitecto municipal y del asesor jurídico. En cambio, la prevaricación se rechaza siempre que quepa entender que la concesión de la licencia "se encuentra dentro de las opiniones que pueden ser jurídicamente defendibles", circunstancia que concurría, por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de A Guarda, puesto que, antes de la sentencia del TSXG, algunos jueces de Pontevedra habían avalado la interpretación jurídica realizada por el Ayuntamiento.
Ahora bien, el hecho de que no exista delito no implica que no quepa exigir una responsabilidad administrativa patrimonial al ayuntamiento (o, en su caso, a la Xunta de Galicia), que es una responsabilidad directa y de carácter objetivo, consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, y que genera un derecho del particular a ser indemnizado por los daños materiales y morales "siempre que no exista dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado", lo cual es interpretado por la jurisprudencia dominante en el sentido de que la Administración sólo queda exonerada de responsabilidad cuando es la conducta del propio perjudicado o la de un tercero la única determinante del daño producido.
Por lo demás, los ciudadanos nos preguntamos cómo se ha podido llegar a situaciones como las de A Guarda, donde las demoliciones se llevan a cabo en casas habitadas desde hace años. Sin desconocer el usual modus operandi de muchos ayuntamientos de otorgar licencias de dudosa legalidad acompañadas de la promesa de que las construcciones serán legalizadas en el futuro, hay que destacar la resistencia de algunos jueces a suspender cautelarmente el otorgamiento de la licencia en el momento en que, ante la presentación de un recurso contra ella, tuvieron que decidir acerca de la adopción de posibles medidas cautelares, cuando las viviendas se hallaban en construcción o cuando ésta todavía no se había iniciado. Frente a esta posición, otros jueces adoptaron la medida cautelar de suspensión, entendiendo -a mi juicio correctamente- que en tales casos el interés general en la ordenación urbanística debe prevalecer siempre sobre el interés privado en la terminación de la obra, y que la continuación de la obra haría perder la finalidad legítima del recurso, puesto que, a la vista de la congénita lentitud de la jurisdicción contencioso-administrativa, la sentencia se dictaría cuando las viviendas estuviesen ya terminadas y ocupadas.
* ELPAIS.com - Opinión - 14/12/2009
