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ELPAÍS/Alicante* : El jefe de explotación del Consorcio de Aguas de La Marina Baixa, Gabriel Francisco Santiago Andrés ocupa también la vicepresidencia de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó y es socio de dos de los urbanizadores de los PAI de la Serreta y Pie de Monte en La Nucia. Según el registro mercantil, Santiago es consejero delegado de Algeps Construcciones SL, dedicada a los negocios inmobiliarios.
De la misma empresa son presidente y consejero delegado Gerardo Martínez Riquelme y Antonio Rocamora, que también aparecen en las empresas a las que les fue adjudicada la condición de agente urbanizador en los PAI la Serreta y Pie de Monte de La Nucia, Cases del Pinar y Montemar La Nucia, respectivamente.
Según publicó EL PAÍS el 25 de marzo, los urbanizadores del PAI de la Serreta - de 2,8 millones de metros-, que lidera el grupo Ballester e incluye un campo de golf y 3.400 viviendas, han comprado derechos de riego durante los dos últimos años para más de 7,7 millones de metros cuadrados de superficie de regadío fuera del perímetro de las comunidades de regantes, con aportaciones de más de 600.000 euros anuales. El consistorio de La Nucia está estudiando el proyecto de reparcelación de la Serreta, pese a que no tiene el informe de suficiencia hídrica de la Confederación Hidrográfica del Júcar. El objetivo de estas aportaciones a la Comunidad General de Regantes, que no tiene derechos de riego y está controlada por el ayuntamiento nuciero, es cambiar el uso del agua cuando se acabe de instalar el riego por goteo en todo el término municipal para poder abastecer el desarrollo urbanístico del municipio. Esta operación ya se hizo con la Comunidad de Regantes del Canal Baix del Algar, que da servicio a todos los municipios costeros de La Marina Baixa, sin conocimiento de la Confederación Hidrográfica.
La Junta Central de Usuarios del Vinalopó está presidida por Andrés Martínez, que ha actuado como ariete del PP valenciano en la defensa de los postulados en política hídrica del Consell, sobre todo del trasvase del Ebro. Santiago, además, es una persona de absoluta confianza del consejero de Urbanismo, José Ramón García Antón. Ambos coincidieron en el ayuntamiento de Benidorm antes de que García Antón fuese reclamado por Eduardo Zaplana para la administración autonómica.
El cuarto socio de Algeps Construcciones es José Luis Martínez Andreo, un abogado que está vinculado societariamente al anterior jefe del departamento de urbanismo de Altea, Ángel Pérez Iniesta. Este abogado fue uno de los redactores del plan parcial Puentes del Algar y participa en diversas sociedades con José María Comín, gerente de la empresa Altea Futura SA, del grupo Ballester, a la que se le adjudicó el PAI, que contemplaba la construcción de 5.775 viviendas y otro campo de golf. Este plan parcial, de 2,5 millones de metros, estaba previsto que se desarrollara sobre terrenos inundables según el Patricova y de alto valor ecológico.
Algeps Construcciones declaró en 2005 más de 4 millones de ingresos y el último año que depositó las cuentas, el 2006, una facturación de 776.820 euros, pero sólo unos beneficios de 6.908, el 0,9% de su volumen de negocio. La sociedad fue adquirida a Ramón Cerdá, que figuraba en 2003 como administrador único. Cerdá es un abogado que anuncia sus servicios en internet, entre los que se encuentra la venta de sociedades limitadas llave en mano dispuestas para ser activadas de inmediato. Dos de esas sociedades, Good and Better y Easy Concept Comunicación, facturaron al Ejecutivo de Esperanza Aguirre 562.000 euros entre abril de 2004 y el mismo mes de 2005 gracias a la adjudicación directa de 76 contratos menores.
* ELPAIS.com - ARTUR BALAGUER - Benidorm - 13/04/2009
Foto: la Nucía (Alicante) - diarioinformacion.com
Urbanizadores que compran derechos de agua son socios de un cargo de los regantes
Ecologistas critican que Ayuntamiento de L'Hospitalet quiere destruir la zona de Can Trabal
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EUROPAPRESS/Barcelona* : La Asociación Els Verds-Esquerra Ecologista de Catalunya criticó hoy el proyecto del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) de construir un hotel, oficinas y una zona industrial en Can Trabal --última zona agrícola de L'Hospitalet--, y amenazó con llevar el caso a la Unión Europea (UE) y a la Fiscalía de Medio Ambiente "por delito ecológico".
El grupo consideró este proyecto un "atentado ecológico", ya que Can Trabal --con más de 40 hectáreas-- es la última zona agrícola de L'Hospitalet y "conforma un conjunto de gran valor natural con el río Llobregat".
El portavoz de la Asociación Els Verds Esquerra Ecologista, Antoni García, explicó en un comunicado que el proyecto es un caso de "destrucción del patrimonio natural y agrícola similar a muchos proyectos especulativos que ha denunciado la UE en su informe contra especulación urbanística en España".
Según la asociación, el actual gobierno de L'Hospitalet --formado por la coalición PSC y ICV-EUiA-- defiende recalificar los terrenos agrícolas por terrenos terciarios e industriales para que la empresa constructora "pueda construir un hotel, diferentes bloques de oficinas y un concesionario de coches".
El grupo afirmó que dicha empresa tiene conocidos miembros entre sus accionistas, entre otros, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta; el ex-teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sant Cugat Joan Franquesa, y la esposa del alcalde de Sant Cugat, Anna Maria Loveras.
* Europa Press - 13.04.09
Foto: zona Can Trabal. Bellvitge. L'Hospitalet de Llobregat. 09/07/2008 - flickr.com
Valladolid favoreció a un imputado del 'caso Gürtel'
PÚBLICO* : El Ayuntamiento de Valladolid, que el Partido Popular gobierna con mayoría absoluta desde 1995, ha favorecido en varias adjudicaciones al empresario José Luis Ulibarri, imputado por el juez Baltasar Garzón en el caso Gürtel, la trama delictiva dirigida por Francisco Correa que operaba básicamente en feudos del PP como Madrid, Valencia y Castilla y León.
El Grupo Begar, que preside Ulibarri, es la constructora más beneficiada por las adjudicaciones del Ayuntamiento, cuyo alcalde, Francisco Javier León de la Riva, se jacta de ser amigo del empresario. Desde 2003, Begar ha recibido concesiones del consistorio vallisoletano por valor de 22,4 millones de euros.
Algunas de estas adjudicaciones reúnen aspectos anómalos. El Ayuntamiento de Valladolid no ha contestado a las preguntas de Público, que le fueron formuladas el viernes 3 de abril.
La contratación más importante obtenida por Begar, con un precio de licitación de 11,15 millones de euros, es la gran obra para canalizar las aguas residuales en la margen izquierda del río Pisuerga. La obra fue adjudicada por la Junta de Gobierno, donde sólo está presente el PP, el 18 de mayo de 2007 apenas 10 días antes de las últimas elecciones municipales y en contra del informe elaborado por los técnicos del propio consistorio.
El documento de los técnicos apostaba por la oferta presentada por la empresa Teconsa y colocaba a Begar en segundo lugar.
El informe, al que ha tenido acceso Público, fue entregado el 25 de enero de 2007 y lleva la firma de tres profesionales cuyo campo está relacionado directamente con la obra: un arquitecto Pablo Gigosos, un ingeniero de obras públicas (Eduardo Encabo) y otro ingeniero de caminos, canales y puertos (Francisco Pérez).
Contrainforme
Sin embargo, según consta en un acta del 21 de marzo de 2007, el entonces concejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca hoy fuera del consistorio e imputado en una causa por falsedad en documento público y manipulación del plan general de ordenación urbana, encargó otro informe, que asumió una única persona: el arquitecto Luis Álvarez Aller, de la más estricta confianza del alcalde, Francisco Javier León de la Riva.
La mayor obra fue concedida en contra de la opinión de un informe técnico
El nuevo informe, en cuya redacción ya no participa ningún ingeniero, se entregó el 2 de mayo de 2007, justo antes de las elecciones municipales, y altera el orden de las empresas. En el nuevo documento, Begar, que se presenta al concurso asociado a Corsán-Corviram, se sitúa en cabeza al primarse el criterio del precio ofertado para construir la obra: "Salvo el criterio del precio, las otras tres ofertas restantes [Sacyr, FCC Construcción y Teconsa] acreditan de forma suficiente su capacidad técnica y viabilidad de sus propuestas", concluye Luis Álvarez Aller para enmendar la propuesta de los tres técnicos del consistorio.
El 18 de mayo, ya en plena campaña electoral, la Junta de Gobierno materializa la adjudicación, en una orden que lleva la firma del concejal de Urbanismo y que ignora el informe inicial de los técnicos.
Las cuatro ofertas aludidas en el contrainforme se situaban por debajo del precio de licitación, en una horquilla que va de 7,2 a 7,9 millones de euros. Begar logró el contrato en contra del criterio inicial de los técnicos por ser su propuesta la más barata, pero al final facturará una cifra muy superior a lo acordado.
La obra aún no ha concluido, pese a que debía finalizar el pasado noviembre. Y el alcalde ya ha advertido públicamente que debido a "imprevistos" la construcción se encarecerá al menos el 25% con respecto a la oferta de Begar.
El criterio de primar la oferta más económica no ha sido precisamente una constante en el Ayuntamiento de Valladolid. Más bien al contrario: el Grupo Begar se ha beneficiado de varios contratos en los que su oferta era de las más caras.
Un ejemplo es la adjudicación, en 2006, de las instalaciones generales del servicio de limpieza del consistorio, que asumió a Begar por 5,42 millones de euros. Los otros tres candidatos presentaron proyectos más económicos: el de Acciona era de 5,12 millones, el mismo precio que el de la Unión Temporal de Empresas ACR-Viveros Gimeno, mientras que el presentado por Indeza rebajaba el presupuesto a 4,65 millones. En el informe municipal, Begar escaló posiciones al valorarse elementos más subjetivos, como la calidad del proyecto.
Algo parecido sucede en otras adjudicaciones recientes, en las que la oferta de Begar es más cara que la de sus competidores y, sin embargo, logra la concesión en base a la supuesta calidad de su proyecto, que no se acredita documentalmente.
El proyecto y obra del polideportivo Parquesol, adjudicado a Begar el 14 de enero de 2009 siete meses después de la licitación es emblemático en este sentido. Al concurso se presentaron 22 empresas y la oferta de Begar es de las más caras: con 2,85 millones de euros, ocupa el lugar 15º del listado. Y es la más costosa del selecto grupo que tiene posibilidades reales de obtener el contrato: de los seis proyectos que superaron los 80 puntos en el informe de evaluación, el de Ulibarri era el más caro.
Puntuación sospechosa
Pese a ello, Begar obtiene el contrato al lograr extraordinarias puntuaciones en aspectos de nuevo subjetivos como "criterios de diseño" y "criterios constructivos".
En este último apartado Begar obtiene la máxima puntuación (20 sobre 20) a pesar de que en el proyecto que entrega incluso deja en blanco, sin detallar, muchos aspectos que en cambio sí concretan sus competidores: no hay propuesta por escrito de Begar en "Calefacción pista" ni en "Calefacción vestuarios" ni en "Equipamiento". Y, sin embargo, de nuevo logra la máxima puntuación, lo que le permite superar a sus rivales en el cómputo final pese a que su precio es el más caro.
El fenómeno se repite en otras obras, como la de la construcción de la piscina cubierta en el antiguo mercado central, en 2003, o la de remodelación de la cubierta del polideportivo Huerta del Rey, adjudicada el 21 de julio de 2008. Para esta última hay cinco candidatos y la propuesta de Begar 780.100 euros es la más cara. Los "materiales de construcción" y los "criterios estéticos" son los que le sirven una vez más a la empresa de Ulibarri para dar la vuelta a la clasificación.
Un empresa en crecimiento vertiginoso
Años provechosos
El Grupo Begar ha tenido un crecimiento vertiginoso desde 2003, cuando facturaba 197 millones de euros. En 2006, el volumen de negocio ascendía a 614 millones de euros.
Diversificación
El 65% de la facturación total del grupo procede de la construcción, pero ha ido entrando en nuevos negocios. Sobre todo, limpieza y mantenimiento y seguridad.
Dueño de los medios
El grupo ha mimado sus inversiones en medios de comunicación: controla la Televisión de Castilla y León, participa en Punto Radio y gestionará la futura televisión autonómica de Castilla y León. También es el propietario del ‘Diario de León’, ‘Diario de Soria’ y ‘El Correo de Burgos’ y del ‘Semanal Digital’. Cuenta además con televisiones locales y de TDT en Valencia.
* PÚblico - PERE RUSIÑOL - 13.04.09
Foto: Valladolid, ayuntamiento plaza mayor - wikipedia.org
“Informe Auken”: España vive en una situación de corrupción endémica
PERIODISTADIGITAL* : Los acontecimientos que han llevado a la intervención de Caja Castilla-La Mancha y a la destitución de Hernández Moltó y del resto de los consejeros, hicieron pasar casi inadvertidamente un acontecimiento de notable importancia. Como explica Notitia Criminis, el pasado 26 de marzo el Parlamento Europeo aprobó definitivamente, con el voto a favor de todos los parlamentarios salvo el de los españoles, tanto de PSOE como de PP, el llamado «Informe Auken».
En resumen, lo que viene a decir el Informe aprobado por el Pleno del Parlamento Europeo es que en España vivimos sumergidos en una situación de corrupción endémica favorecida por la ineficacia judicial, por la ambigüedad perversa y querida de la legislación aplicable, y por la generalización de la figura del Agente Urbanizador, utilizada por promotores, funcionarios y políticos corruptos, para el expolio generalizado del suelo.
También hace referencia a la responsabilidad de las Administraciones españolas, central, autonómica y local, por la puesta en marcha de «un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias» y añade que existen pruebas de que «las autoridades judiciales en España han empezado a reaccionar ante el reto...
En particular mediante la investigación y la imputación de cargos contra funcionarios locales corruptos quienes, por sus acciones, han facilitado desarrollos urbanísticos no reglamentados sin precedentes en detrimento de los derechos de los ciudadanos de la UE» pero que, sin embargo, «los procedimientos incoados siguen siendo de una lentitud desmedida y que las sentencias dictadas en muchos de estos casos no pueden ejecutarse deforma que compensen a las víctimas de tales abusos» por lo que se ha «reforzado la impresión, compartida por muchos ciudadanos de la UE de nacionalidad no española, acerca de la falta de actuación y parcialidad de la justicia española».
Advierte que «la Comisión, a instancias de la Comisión de Peticiones, ha abierto una investigación sobre más de 250 proyectos urbanísticos que han sido objeto de un dictamen negativo por parte de las autoridades competentes en materia de agua y de cuencas fluviales y que pueden por tanto situar los proyectos en contravención de la Directiva Marco del Agua, particularmente en Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia».
Y esto, teniendo en cuenta que durante las sucesivas visitas realizadas por la Comisión de Peticiones en el curso de su investigación, se ha puesto de manifiesto que «la mayoría de los planes urbanísticos denunciados por las peticiones conllevan la reclasificación de suelo rural a suelo urbanizable, para el provecho económico considerable del agente urbanizador y el promotor» y que todas estas cuestiones «conforman los abusos a los que están sometidos miles de ciudadanos de la UE, quienes, como consecuencia de los planes elaborados por los agentes urbanizadores, no sólo han perdido sus bienes legítimamente adquiridos, sino que se han visto obligados a pagar el coste arbitrario de proyectos de infraestructuras a menudo no deseadas e innecesarias que afectaban directamente a sus derechos a la propiedad y que han acabado en catástrofe financiera y emocional para muchas familias» todo ello «principalmente por la avaricia y la conducta especulativa de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción que han conseguido sacar beneficios masivos de estas actividades, la mayoría de los cuales se han exportado».
Así, por todos los puntos considerados, se pide al Gobierno de España y de las comunidades autónomas, una profunda revisión de oda la legislación que afecta a los derechos de los propietarios particulares. Expresamente se solicita que se «deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador» y que suspendan y revisen «todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, y que no garantizan el respeto por la propiedad legítima de los bienes adquiridos legalmente, y que detengan y anulen todos los desarrollos urbanísticos en curso que no han respetado o aplicado los criterios establecidos por el Derecho comunitario».
No se quedan aquí las cosas, pues el informe continúa manifestando su «preocupación y desaliento por el hecho de que las autoridades jurídicas y judiciales españolas hayan puesto de manifiesto que no están debidamente preparadas para hacer frente a las repercusiones de la urbanización masiva» y «considera alarmante la falta de confianza generalizada que los peticionarios parecen mostrar frente al sistema judicial español» y muestra especial «preocupación por la ausencia de una transposición correcta de las Directivas 2005/60/CE y 2006/70/CE sobre blanqueo de dinero... Lo que ha limitado la transparencia y las acciones judiciales contra la circulación ilegal de capital financiero».
Por todo ello, en el punto 18 del informe, se afirma que a consecuencia de «la falta de claridad, precisión y certidumbre respecto a los derechos de propiedad individual contemplados en la legislación en vigor y la falta de aplicación adecuada y sistemática de la legislación en materia de medio ambiente... Combinado con cierta laxitud en los procesos judiciales, no sólo ha complicado el problema, sino que también ha generado una forma endémica de corrupción de la que, otra vez, la principal víctima es el ciudadano»
De todo ello ha resultado que «los derechos de los propietarios se han podido ver afectados, bien por haber sido infravalorados por el agente urbanizador, bien por tener que asumir unas cargas de urbanización impuestas unilateralmente por el mismo y a veces excesivas» sin que el Estado haya «acotado en la legislación urbanística en vigor... La definición de “interés general”, amparándose en este concepto la aprobación de proyectos insostenibles».
Como medidas a tomar, para hacer efectivo lo solicitado en el informe, se recuerda que la Comisión Europea está facultada por el art. 91 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 «a interrumpir la provisión de fondos estructurales, y por el artículo 92, a suspender dicha dotación a un Estado miembro o una región implicada, y a estipular correcciones en relación con los proyectos receptores de fondos que posteriormente considere que no han cumplido plenamente con la normativa que rige la aplicación de los actos legislativos pertinentes de la UE»
Igualmente se recuerda que «el Parlamento, como autoridad presupuestaria, también puede decidir colocar en reserva los fondos destinados a políticas de cohesión si lo considera necesaria para persuadir a un Estado miembro a que ponga fin a graves vulneraciones de la normativa y de los principios que está obligado a respetar».
Finalmente, «reitera las conclusiones recogidas en sus resoluciones previas que ponen en tela de juicio los métodos de designación de los agentes urbanizadores y los poderes con frecuencia excesivos otorgados a los urbanistas y promotores inmobiliarios por parte de determinadas autoridades locales, a expensas de las comunidades y los ciudadanos que residen en la zona» y «condena con firmeza la práctica ilícita por la que ciertos promotores socavan mediante subterfugios la propiedad legítima de bienes de los ciudadanos de la UE».
Entre los puntos de especial interés, el Informe considera, en alusión directa a la figura del Agente Urbanizador, que «la obligación de ceder propiedad privada adquirida legítimamente... Así como la obligación de pagar costes arbitrarios por el desarrollo de infraestructuras no solicitadas y a menudo innecesarias, constituyen una vulneración de los derechos fundamentales de la persona en virtud del CEDH y a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos».
* Periodista Digital - 12.04.09
Foto: notitia-criminis.blogspot.com
