MADRIDDIGITAL* : La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) entiende que la extensión del centro de negocios hacia el norte de la Castellana, a la que ha dado paso la firma del convenio firmado entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Madrid, constituye “un atentado contra cualquier modelo de crecimiento urbano sostenible”.
Además, "la Operación Chamartín no es en modo alguno urgente y, desde luego, no resuelve ninguno de los problemas de la ciudad. En caso de que existiera alguna necesidad de desarrollar una operación de uso terciario, debería hacerse fuera del anillo de la M-30 para evitar colapsar más aún el centro de la capital”, asegura Vicente Pérez, responsable del área de Urbanismo de la FRAVM.
Pérez agrega que de esa manera también se evitaría que el norte se convierta en el epicentro financiero, “en detrimento de otras zonas menos favorecidas por la atención de las administraciones y los recursos públicos, como los distritos de Villaverde, Puente y Villa de Vallecas o Vicálvaro”.
“Si el principal argumento para firmar el convenio, tras 15 años de retrasos, es el de la creación de empleo, los vecinos recordamos a las administraciones que podrían destinar la misma inversión pública a la promoción de otros proyectos más sostenibles”, advierte.
Por otro lado, los vecinos aseguran que la construcción de 16.000 nuevas viviendas “desbordará la capacidad de recepción de una zona ya sobresaturada y muy pobremente dotada de equipamientos públicos y zonas verdes como la de los distritos de Chamartín, Fuencarral y Tetuán”.
La FRAVM, por tanto, pide la calificación expresa de al menos el 50% de las 16.000 viviendas como vivienda protegida, y que las administraciones doten de los equipamientos públicos necesarios (escuelas infantiles, centros de salud...) para atender a los cerca de 50.000 nuevos vecinos, así como a resolver los déficit dotacionales acumulados en los tres distritos afectados.
Por último, a juicio de la Federación vecinal, deberán ser las promotoras de la operación las que sufraguen el coste del transporte público y las infraestructuras viarias que conecten el ámbito con el resto de la ciudad, no los contribuyentes.
* Madrid Digital - 26.12.2008
Foto: madriddigital.info
Para la Federación de Vecinos, la Operación Chamartín ahonda el desequilibrio territorial
Investigan el urbanismo de la Marina Alta tras 'pinchar' los teléfonos de funcionarios
ELMUNDO/Valencia* : El cerco a todo lo que desprenda cualquier atisbo de corrupción está en marcha y quienes lo comandan no sueltan el acelerador. Los pinchazos telefónicos autorizados por una juez de Valencia en la Conselleria de Medio Ambiente tras la llegada de un sobre con 3.000 euros para un alto funcionario, cuando se pretendía recalificar lo que hoy es el Parque Natural del Túria destaparon hace un mes otros posibles movimientos de la misma naturaleza en la provincia de Alicante.
Pese a que este desdoblamiento del proceso inicial todavía se encuentra en un estado embrionario, ya hay una comarca señalada. Según ha podido saber EL MUNDO, la lupa de los investigadores está sobre planes urbanísticos fraguados en los últimos años en la Marina Alta en los que podrían haber intervenido funcionarios y empresarios.
De este modo, el proceso impulsado por la magistrada y la Fiscalía Anticorrupción contra la presunta trama que pretendía urbanizar La Vallesa -incluida en el Parque Natural del Túria- hizo emerger otra fase de la investigación centrada en la provincia de Alicante, cuyo patrón urbanístico ha sido tan elástico como polémico.
Se trata de dos investigaciones con un nexo común: la supuesta intervención de funcionarios de la Conselleria en la recalificación de terrenos.
Por el momento, no han trascendido más detalles sobre otras comarcas alicantinas en las que se centran las pesquisas aunque, no obstante, se podrían haber dado en toda la provincia, tal como precisaron fuentes próximas al caso consultadas por este periódico.
* El Mundo - GEMA PEÑALOSA - 27.12.2008
