CANARIAS7/LasPalmas* : Las obras de El Confital «son ilegales, digan lo que digan el Cabildo, el Ayuntamiento o el Estado». El colectivo ecologista Ben Magec advirtió ayer de las «irregularidades que están cometiendo» las instituciones públicas, y reclamó al Ayuntamiento que aclare «con honestidad, el futuro de la zona».
El paisaje no necesita de obras para que se regenere. Así lo entiende el colectivo ecologista Ben Magec, que ayer volvió a lanzar una voz de alarma por los «daños irreversibles» que a su entender se están provocando con las obras de acondicionamiento en El Confital. La zona costera contigua a la playa de Las Canteras convertida en espacio público en 2004 donde Dirección General de Costas construye el paseo de la polémica representa «tal ve la última oportunidad de contar con una playa virgen en la capital grancanaria, y ya es hora de que el Ayuntamiento sea claro y honesto», apunta Tanausú Zumaquero, portavoz de la organización.
Las declaraciones del concejal de Urbanismo, Néstor Hernánez, recogidas ayer en CANARIAS7 en las que avisa de la intención de «regular» el acceso a El Confital abren una nueva grieta en las relaciones de los ecologistas con el gobierno local. «Son las intervenciones irregulares las que dregadan el entorno, no las casetas ni el disfrute ciudadano», apuntó el representante de los ecologistas. «La mayor irresponsabilidad es la que permite actuar con obras como esta sin un estudio integral previo de la zona, como se había comprometido a realizar el anterior responsable de Urbanismo Carmelo Padrón. El nuevo concejal debería asumir ese mismo compromiso, y no parece dispuesto, a la vista de la prisa que se están dando con las obras», reclamó Zumaquero. Costas ha construido 624 metros de camino que en algunos tramos ocupa hasta ocho metros de ancho, y ha cavado cimientos de 1,5 metros, según los datos de Ben Magec.
Los ecologistas recuerdan que «no se han respetado los procedimientos de ordenación necesarios para este espacio, por lo que puede decirse que las obras son ilegales», y se preguntan por el destino de los 50.000 metros cuadrados de suelo urbanizable que siguen en manos particulares «porque el Ayuntamiento aún no los ha pagado, y ya está fuera de plazo».
Disfrute y limpieza.
El puente del Día de Canarias convierte el fin de semana en un momento idóneo para disfrutar del baño y del paseo. En El Confital se dieron cita ayer cientos de bañistas que aprovecharon la marea baja del mediodía para oxigenarse. Mañana domingo, a partir de las 10.00 horas, está prevista una operación de limpieza programada dentro del Festival Aguaviva, con la colaboración de Ben Magec.
* Canarias 7 - Gonzalo H. Martel - 31 mayo 2008
Foto: Las Palmas, obras El Confital - canarias7.es
El Confital, territorio de la polémica
Son Oms: Los presuntos sobornos cobrados por la trama se elevan a 1,2 millones
DIARIODEMALLORCA* : Los presuntos sobornos cobrados por la supuesta trama de corrupción en torno a la gestación y explotación del polígono industrial palmesano de Son Oms, objeto de una investigación judicial, se elevarían a un millón doscientos mil euros, según la querella de la fiscalía anticorrupción dirigida contra siete personas.
Los investigadores de la Agencia Tributaria, fiscalía y Policía Nacional presumen que 700.000 de estos euros pudieron ir a parar al entorno de Bartomeu Vicens, diputado por Unió Mallorquina en el Parlament, y se intenta también clarificar quién se quedó con los otros 500.000 euros.
La querella por los presuntos delitos de estafa, tráfico de influencias, cohecho (sobornos) y posibles falsedades documentales, incluye a tres querellados más, a parte de los ya conocidos: Bartomeu Vicens; su esposa, Antònia Martorell; Maxilimià Morales, ex president del Parlament por UM; y el abogado y empresario Jaime Montis. Martorell, defendida por Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, acudió ayer a la Jefatura Superior de Policía, pero se acogió a su derecho a no declarar.
Más de doce empresas
En las diligencias informativas abiertas por la fiscalía anticorrupción en el otoño pasado figuraban también como imputados dos empresarios: Miquel Munar Munar y Bernat Febrer, pero ayer se ignoraba si ambos habían sido incluidos en la querella.
La querella ha correspondido, por reparto, al juzgado de instrucción 2 de Palma, que ordenó el jueves los registros en el bufete Montis, y un domicilio particular de la calle San Joaquín, sede de la empresa Metalumba S.L, presuntamente empleada para mover los sobornos.
Varias de las personas que poseían fincas rústicas en la zona de Son Oms, próxima al aeropuerto de Son Sant Joan y a las instalaciones de la ITV de s´Arenal, han asegurado que los promotores del polígono industrial, entre los que incluyeron a Vicens y Morales, les exigieron la entrega de un 15 por ciento de los solares recalificados a suelo urbanizable.
Si los 1,2 millones de euros fueran dicho porcentaje de soborno estaríamos ante una operación urbanística o inmobiliaria de 8 millones de euros.
Fuentes próximas al caso han señalado que la Agencia Tributaria, la fiscalía anticorrupción y el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía están rastreando por lo menos doce empresas, entre ellas Metalumba, que habrían participado en el pago, reparto e inversión de los presuntos sobornos.
Al igual que lo ocurrido en otras causas judiciales por presunta corrupción político-empresarial, los investigadores empezaron a estudiar con detalle los documentos intervenidos en los registros del jueves. Los allanamientos se saldaron con la incautación de varias cajas con documentos y de una copia de todo el archivo informático de la asesoría legal Montis. La hipótesis de la fiscalía es que desde el entorno de Jaume Montis se hicieron pagos a Metalumba, con la que se vincula a Bartomeu Vicens y a Antònia Martorell. También se sospecha que la administradora de la sociedad, Elisabeth Diéguez, era una supuesta testaferro del matrimonio Vicens.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE. PALMA - 31.05.2008
Foto: Palma, polígono industrial de Son Oms - diariodemallorca.es
Dos detenidos en una manifestación a favor de la Casa del Aire a las puertas del Ayuntamiento de Granada
TERRA* : El Pleno del Ayuntamiento de Granada ha vivido este mediodía momentos tensos. Unos jóvenes que se manifestaban por la especulación urbanística del Albaicín y a favor de la Casa del Aire han irrumpido en el Pleno provocando su desalojo y la posterior detención de dos manifestantes.
La Policia Nacional y Local de Granada ha detenido a dos jóvenes que se manifestaban en favor de la Casa del Aire a las puertas del Ayuntamiento. Unos 40 jóvenes se comenzaron a concentrar en la Plaza del Carmen en torno a las 12 de la mañana para protestar en contra de la especulación en el Albaicín y a favor de la Casa del Aire. Un grupo de ellos irrumpió en el pleno para leer un manifiesto. El alcalde de la Ciudad, José Torres Hurtado, les pidió silencio. Tras mostrar sus pancartas y consignas, fueron desalojados finalemente del Salón de Plenos por la Policía Local.
Los jóvenes comenzaron a proferir gritos en contra del Ayuntamiento y las inmobiliarias además de tirar petardos contra la puerta del Consistorio.
La Policía Local intentó identificar a uno de los manifestantes que tiraban petardos. El joven se resistió a la identificación y salió corriendo. Cuando la Policía le dio alcance, seguida por parte del grupo de manifestantes que trataban de evitarlo, el joven se revolvió y agredió a los agentes, según fuentes policiales, por lo que fue detenido.
La concentración continuó en la Plaza del Carmen hasta que pasadas las 13, 30 horas de la tarde. Agentes de la Policía Nacional de Antidisisturbios les ordenaron disolverse. En ese momento, un joven con capucha roja se negó también a ser identificado, lo que provocó una trifulca y forcejeo entre agentes y manifestantes.
La trifulca llegó a su máxima gravedad con agresiones entre policías y manifestantes, donde llegaron a intervenir perros de la Policía Local para intentar disolver la manifestación.
No ha sido la única protesta a las puertas de la Casa Consistorial, ya que miembros de UGT portaban pancartas en protesta por lo que consideran un mal trato al sindicato por parte del equipo de gobierno.
Por otra parte, hoy se ha aprobado la nueva Fundación Granada Educa, por la que se elimina el Patronato Municipal de Escuelas Infantiles. Representantes de asociaciones de padres y trabajadores del patronato han acudido al Pleno para protestar ya que consideran que esta fundación podría llegar a privatizar los servicios educativos municipales.
Uno de los temas del orden del día fue el cese de los dos concejales del PSOE Javier Torres Vela y Juan López Domech.
* Terra Actualidad - VMT - 30.05.2008
Foto: Granada, ayuntamiento - picasaweb.google.com
Oroso: "Nadie quiere afrontar ahora las chapuzas firmadas hace 20 años"
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ELCORREOGALLEGO/A Coruña* : Más de 300 viviendas, cerca de un millar de vecinos y dos décadas de situación urbanística al margen de la ley. La realidad legal de Porto Avieira, en Oroso, dista de la imagen de urbanización de élite que la convirtió en referente del estatus del municipio.
Los primeros vecinos de esta localidad llegaron a sus viviendas en torno al año 93, pero ahora, quince años después, siguen residiendo sin licencia de habitabilidad y en una urbanización todavía en obras, al menos desde el punto de vista burocrático. El Concello de Oroso no recepcionó todavía la obra, por lo que la junta de compensación formada por las dos promotoras de la urbanización son sus responsables en primera instancia. Este panorama deja a las seis manzanas de chalés en situación de alegalidad y a sus propietarios indignados en busca de la regularización de sus viviendas ya.
La solución sin embargo supera un simple proceso de tramitación de documentos. El alcalde de Oroso, Manuel Mirás, reconocía en el último pleno que "cuando el anterior gobierno aprobó el plan parcial para Porto Avieira, se hicieron muchas cosas mal". Entre ellas, la exigencia de un aval de menos de 80.000 euros, que no permite exigir por la vía de los hechos a las constructoras el cumplimiento estricto del proyecto. Esto sigue retrasando la recepción de la obra, que el Concello no hará efectiva mientras no se ultimen todos los detalles y el jefe de obra firme el certificado de final de obra. Al no existir este documento que acredite que la obra cumple los dictámenes del proyecto, la urbanización se mantiene ajena a la legalidad. Todo porque "nadie quiere afrontar ahora las chapuzas y chanchullos legales firmados hace 20 años en el proyecto de Porto Avieira", explican los vecinos. Pero ellos no están dispuestos a seguir esperando. Por el momento anuncian movilizaciones de presión hacia el Concello, ya que "es el responsable final de sus vecinos. Nos cobra impuestos y tiene que darnos los servicios que da a todos los demás vecinos", exigen.
Versión municipal
Por su parte, el ejecutivo local recuerda que "no tiene más margen de maniobra porque se trata de un problema entre la empresa y los vecinos, porque el Concello no puede recibir una obra que no cumpla las condiciones comprometidas en el proyecto". En cualquier caso, aseguran que la intención del gobierno es poder recepcionar Porto Avieira lo antes posible, algo que ven factible, ya que "se han corregido ya muchas deficiencias". Para el futuro de la urbanización proyectan la construcción de una gran área de ocio en Porto Avieira, con instalaciones deportivas, mobiliario urbano y zonas verdes.
* El Correo Gallego - 31.05.2008
Foto: Oroso (A Coruña), concello - wikipedia.org
Castellón: Medio Ambiente aprueba tres planes urbanísticos sin agua
ELPAÍS* : La comisión territorial de Urbanismo de Castellón aprobó ayer, entre otras cosas, el desarrollo de tres planes urbanísticos que abarcan una superficie global de más de cinco millones de metros cuadrados, pese a que, tal como ha informado la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), no tienen garantizados los recursos hídricos necesarios.
Tras el acoso al que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, constructores y empresarios del golf, entre otros, sometieron a la Consejería de Medio Ambiente por los supuestos retrasos en la aprobación de programas urbanísticos, la comisión trató y aprobó ayer tres de estos planes que incluyen la creación de otros tantos campos de golf y más de 14.000 viviendas. Sin embargo, realmente, la aprobación se limita a un proyecto, el previsto para Sant Jordi, ya que los otros dos, que se construirán en Xilxes, tendrán que pasar de nuevo por la comisión y ser aprobados definitivamente después de que el Ayuntamiento afectado realice las correcciones exigidas por este órgano de la Consejería de Medio Ambiente. Fuentes del departamento calificaron las modificaciones de "no muy importantes", aunque una de ellas se refiere a la necesaria reserva de suelo para la construcción de viviendas de protección oficial, mientras que otra hace referencia a los accesos. Aún así, las mismas fuentes indicaron que los programas no pueden seguir con su tramitación hasta que no sean aprobados, de nuevo y de forma definitiva, por la comisión.
En cualquier caso, de esta manera, la consejería acallará, de momento, las voces que llevaron a que incluso el vicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla tuviera que reunirse con varios alcaldes del PP en Castellón para tratar de reconducir las críticas que comenzaban a verter sobre el Consell. De hecho, la Asociación de Empresarios de la Construcción (Apecc) se apresuró ayer a valorar "positivamente" las aprobaciones de la comisión de Urbanismo. En un comunicado, la asociación se congratuló de que los proyectos incluyan campos de golf que, a su entender, "tienen un gran aporte al desarrollo del turismo por su atractivo de cara al exterior de nuestra provincia", pero no mencionó el hecho de que los planes no fueran aprobados por unanimidad, debido a la existencia de los informes negativos de la Confederación Hidrográfica del Júcar. En cualquier caso, dado que la consideración de la CHJ no es vinculante, los proyectos fueron aprobados.
Los dos planes urbanísticos que quedan en suspenso hasta que se efectúen las correcciones se desarrollarán en Xilxes. En total, afectan a 2,8 millones de metros cuadrados y supondrán la construcción de cerca de 11.000 viviendas, además de dos campos de golf.
La Carrasca, el proyecto que sí ha recibido la aprobación definitiva, se ejecutará en Sant Jordi, afecta a una superficie de 2,3 millones de metros cuadrados y prevé más de 3.500 viviendas. Además, se aprobó otro programa a desarrollar también en Sant Jordi, el conocido como Bovalar, sobre una superficie de 216.000 metros cuadrados y poco más de 700 viviendas. Tampoco en este caso el proyecto cuenta con garantía de recursos hídricos.
* ELPAIS.com - MARÍA FABRA - Castellón - 31/05/2008
Foto: Castellón, vista - google.es
El 'bluff' de Gran Scala
GUILLERMO VALENZUELA* : Pese a la enorme oposición generada, las informaciones sobre el pasado oscuro de muchos de los promotores y la violación de cuatro leyes europeas, el Gobierno de Aragón persiste en la idea del gran casino en el desierto. Quienes han vivido de cerca el proceso de Gran Scala, el gran complejo de juego y ocio que se proyecta en Aragón, en pleno desierto de Los Monegros, están recibiendo unas lecciones privilegiadas sobre las nuevas funciones empresariales de los gobiernos locales.
Con la máxima de que el mejor político para un lugar será aquel que mayor capital pueda atraer de fuera, y en pleno auge de la competencia territorial, la clase política se lanza a la busca y captura de amigosinversores para establecer peligrosos acuerdos de colaboración.
Aun con todo, esto mismo se puede hacer de muchas maneras : lo que está ocurriendo en Aragón, con la manera personal de gestionar el caso sobre todo por parte del vicepresidente del Gobierno José Ángel Biel, y por el consejero de Industria, Comercio y Turismo Arturo Aliaga, da cuenta también de una evidente falta de profesionalidad y de escrúpulos en la gestión.
En el caso Gran Scala, los gobernantes aragoneses se han dejado camelar con una pasmosa facilidad, no por unos fuertes inversores sino por unos peculiares promotores, International Leisure Development (ILD), con quienes se han lanzado a crear un gran castillo de arena firmando un polémico protocolo de colaboración en el que el Gobierno de Aragón se pone como nunca antes lo hiciera al servicio de un proyecto con una entidad privada.
El asunto se ha agravado en estos últimos meses, cuando diversas informaciones publicadas en la prensa han desvelado qué y quiénes están detrás de esta promotora, poniendo en evidencia que quienes nos gobiernan se ofrecen y se ponen a colaborar con el primer postor que promete la oportunidad única de hacer dinero en grandes cantidades sin consultar su procedencia, ni su historial delictivo. Por poner los dos ejemplos más llamativos. André Guelfi, conocido ‘lobbista’ internacional, pirata aristócrata de los mares de la economía global al filo de la ley, que ha pasado por la cárcel por blanquear el dinero obtenido con las comisiones de la venta de una refinería en Uzbekistán y que participó en la financiación ilegal de la Unión Demócrata Cristiana alemana (CDU), dinero canalizado también a través de la sociedad petrolera Elf. Y Paul-Stephane Allegrini, uno de los tres directores de ILD y que ya intentó montar un casino virtual que acabó siendo un fiasco con la sociedad Goldenpot, la cual no solamente está declarada insolvente sino que acumula requerimientos, expedientes y sentencias que suponen hasta ahora una suma de 356.868 euros impagados, según señala el Periódico de Aragón. Persistencia del Gobierno Pero, como se sabe, en Aragón sobra perseverancia y el ánimo de los políticos promotores no decae ni ante la evidencia de que, como comenta un portavoz de la Plataforma Stop Gran Scala, “estos señores han venido aquí a estafar”.
Ni la cadena humana del 26 de abril de varios miles de personas por las calles de Zaragoza, ni la recogida de firmas llevada a cabo por Docentes contra Gran Scala, ni el posicionamiento en bloque en contra del proyecto de todos los partidos políticos de la oposición, sindicatos y movimientos sociales, ni el hecho de que Bruselas se encuentre investigando la posible vulneración de cuatro normas medioambientales europeas, ni que se lleve meses esperando a que ILD ponga los 20 millones de euros de aval que se le han pedido para la adquisición de los terrenos y no hayan puesto aún un duro. Nada de esto ha conseguido todavía que el Gobierno de Aragón rompa el protocolo de colaboración con ILD.
* Periódico Diagonal - Guillermo Valenzuela / Redacción Aragón - 15 al 28 de mayo de 2008
