LAOPINIÓN/Málaga* : El ´caso Malaya´ estalló el 30 de marzo de 2006 en Marbella. Desde entonces han sido procesadas 86 personas, detenidas más de 100 y se han intervenido bienes de todo tipo por un valor superior a los 2.400 millones de euros, según los cálculos del Ministerio del Interior. Pero, tras dos años y tres meses de instrucción, la investigación sigue dando sorpresas, algunas de ellas desagradables para los implicados.
No en vano, en una providencia firmada por el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la localidad, Óscar Pérez Corrales, el magistrado ordena investigar la relación entre algunos de los imputados en la trama marbellí "con los casos de corrupción inmobiliaria de Castilla La Mancha".
El escrito, al que tuvo acceso este periódico, está fechado el 15 de julio de 2008, y en él se da cuenta de un CD y un escrito anónimo recibido por el fiscal Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, que contiene información que "vincula a algún imputado en el ´caso Malaya´ con los casos de corrupción inmobiliaria en Castilla La Mancha", por lo que el magistrado decidió remitir el CD a la Comisaría Provincial para que el grupo III de Blanqueo de la Unidad contra las Drogas y el Crimen Organizado (Udyco) investigue esta relación. En concreto, el instructor les insta a que estudien "si la información contenida fuera de relevancia para las presentes actuaciones".
Además de la providencia de Óscar Pérez Corrales, comunicada a las partes ayer mismo, este periódico ha tenido acceso al oficio remitido por la Fiscalía al magistrado el pasado 11 de julio, en el que el mismo acusador público afirma haber recibido un CD "junto con un escrito sin firma" en el que se alude a las vinculaciones de determinados encausados en ´Malaya´ con esos casos -en plural- de corrupción inmobiliaria en Castilla La Mancha, enunciado que repite el informador anónimo en un escueto documento que consta de dos líneas escritas a ordenador.
Ahora serán los investigadores los que establezcan qué grado de veracidad tienen las informaciones contenidas en ese CD y con qué casos concretos que se instruyen actualmente en la autonomía vecina están relacionados los imputados de ´Malaya´ a los que se hace referencia.
Algunas partes expresaron ya ayer su "sorpresa" por la relevancia de esta información, al tiempo que consideraron "improcedente" que un juzgado de Instrucción de Marbella investigue algo que ocurre a tantos kilómetros de la localidad. "Debería remitirse, como se ha dicho varias veces, esta pieza separada al juzgado Decano que corresponda y que éste lo turne a su vez a otra sede. Pero, vamos, aquí ya estamos hablando de un caso que es clara competencia de la Audiencia Nacional", dice un letrado.
Esta reflexión puede ser cierta. De hecho, los delitos investigados en ´Malaya´ afectan a varias provincias: hay piezas separadas en los juzgados de la Palma del Condado (Huelva) y San Javier (Murcia), además de en Marbella, y se han producido registros e intervenciones policiales en otras zonas del país (por ejemplo, en Madrid, Mallorca y Cádiz). El lunes se celebra el primer juicio salido directamente de la investigación ´Malaya´ y los investigadores siguen teniendo por delante una intensa labor.
* La Opinión de Málaga - JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA - 17 de julio de 2008
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es
Investigan la conexión de ´Malaya´ con la trama urbanística manchega
El GOB acusa al Govern de actuar con la misma política ambiental que el PP
DIARIODEMALLORCA/Palma* : El Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) ha denunciado que el actual Govern actúa conforme a las políticas territoriales y ambientales iniciadas por el Partido Popular en la legislatura anterior.
Los ecologistas han manifestado su decepción ante la gestión del Ejecutivo en materia ambiental en un informe que, bajo el título "Mallorca, un toc d´alerta", pretende hacer balance del primer año de legislatura del equipo de gobierno de Antich.
La organización critica en este documento el "exagerado crecimiento de la construcción" en Balears que, según su criterio, no responde a las necesidades reales de vivienda en Mallorca. Los ecologistas reiteran también su oposición a la reciente Modificación del Plan Territorial de Mallorca, que mantiene las polémicas Áreas de Reconversión Territorial (ART).
El GOB también cuestiona la gestión de espacios naturales por parte del Ejecutivo autonómico, al que acusan de "seguir la línea marcada por el Partido Popular" por lo que se refiere a su protección. Las áreas que más preocupan a los ecologistas son la Península de Llevant, Cala d´Hort y la zona de Son Bosc, apunto de convertirse en un campo de golf.
En materia de transporte, la institución se muestra preocupada ante la posible construcción del segundo cinturón y las ampliaciones del puerto de Palma y del Aeropuerto de Son Sant Joan.
Asimismo, los ecologistas tratan en su informe la construcción de polígonos industriales, la actividad de las canteras, la construcción de infraestructuras energéticas y la gestión del agua y de los residuos sólidos en las islas.
* Diario de Mallorca - PAU PALANCO. PALMA - 17 de julio de 2008
Foto: El GOB ya convocó manifestaciones el año pasado contra la política territorial del PP. / D. Martínez, diariodemallorca.es
La Galicia del galpón con yacusi
LAVOZDEGALICIA* : El vecino quiere construir un galpón. Pero el suelo es rústico. No se puede edificar. No se puede dar licencia. Pero el concejal encuentra la solución. Y le dice al vecino: «Ti vai facendo». El edil acaba de inventarse una nueva fórmula: la licencia verbal. Ese permiso inexistente convierte al vecino en un infractor y potencial delincuente urbanístico.
Ya nada será igual desde entonces y el permiso hablado del concejal acabará convirtiéndose en un chalé de 2.000 metros cuadrados, con tres alturas, piscina y yacusi.
Es un ejemplo real registrado en Galicia y que salió a relucir ayer en una nueva jornada del curso de verano Nuevas formas de delincuencia, que organiza la UNED con el patrocinio del Gabinete de Estudios de Seguridad Interior (GESI) del Ministerio del Interior. Se hablaba de los delitos urbanísticos e inmobiliarios y de la respuesta policial ante esos hechos. Antonio Roma Valdés, fiscal del Tribunal Superior de Xustiza especializado en urbanismo, destacó de todas formas que la situación de Galicia está muy alejada de los escándalos detectado en el sur de España, aunque reconoció que se detectaron zonas de la comunidad en la que los chalés «aparecen» sin que nadie se hubiese dado cuenta anteriormente de su construcción.
Este especialista recordó además otro tipo de permiso municipal que se utiliza en algunos casos. Se trata de la licencia condicionada, instrumento que se emplea cuando para realizar la obra se necesita la autorización de otros organismos, como consellerías o ministerios. Entonces, el ayuntamiento permite que se inicien las obras. El problema llega al cabo de los meses, cuando alguno de los otros organismos informan negativamente la licencia y la edificación está concluida. La única solución entonces es la demolición.
Hipólito Pérez Novo, director de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, apuntó que la Xunta ejecutó en los dos últimos años más de 800 expedientes por infracciones urbanísticas cometidas en la comunidad. Se hizo por medio del Plan de Inspección Urbanística, que tramitó en el 2006 y en el 2007 un total de 384 expedientes informativos sobre irregularidades urbanísticas, y se han tramitado 168 asuntos de reposición a la legalidad.
En dos años, 800 expedientes
El citado plan autonómico también impugnó en esos dos años 194 licencias urbanísticas por infringir el ordenamiento jurídico. En total, se tramitaron más de 800 expedientes por irregularidades. Llaman la atención las sanciones impuestas por la Xunta por infracciones urbanísticas consideradas muy graves y que superaron los cinco millones de euros en solo dos años. Además, se pagaron multas por más de un millón de euros que se destinaron a cumplir las órdenes de derribo dictadas por la Xunta de alrededor de 40 edificaciones.
* La Voz de Galicia - José Manuel Pan - 17.07.2008
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org
El Ayuntamiento de Alicante permite una industria tóxica sin licencia
ELPAÍS* : El Ayuntamiento de Alicante, que preside Luis Díaz Alperi, del PP, consiente la actividad de una fábrica de lacados de aluminios, instalada en la partida de Agua Amarga, al sur de la ciudad, que no cuenta con licencia municipal y cuyos vertidos son tóxicos, según un informe pericial.
La carencia de la licencia de actividad de la fábrica está recogida en un informe del asesor jurídico del Consistorio firmado el pasado día 2. Los vertidos de la instalación a un pozo ciego también son objeto de una investigación judicial a raíz de una denuncia de Ecologistas en Acción del País Valenciano y motivo de un expediente sancionador de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
La industria Eurocolor Acabados Metálicos, S A, fue clausurada mediante un decreto de la concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, el 6 de noviembre de 2007. El decreto incluía la denegación de la licencia de actividad y la suspensión inmediata de su funcionamiento. Esa orden fue revocada el 24 de enero de este año mediante otro decreto de un departamento municipal de rango inferior, la Gerencia Municipal de Urbanismo. Este negociado justificó la resolución en "la importancia de los prejuicios que pudieran causar con el cese de la actividad". El decreto de la Gerencia se produjo dos días después de que la empresa activase la vía de lo contencioso-administrativo. Sin embargo, el supuesto perjuicio que alega la firma es cuestionado por el asesor jurídico del Ayuntamiento en un escrito remitido al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 3. El letrado asegura que la empresa no ha acreditado "los gravísimos" perjuicios que le ocasionaría el cese. El informe también subraya que Eurocolor "nunca dispuso de licencia" para la actividad que pretende realizar.
La toxicidad de los vertidos, que la fábrica realiza a un pozo, dado que carece de red de alcantarillado para sus aguas residuales, se recoge en un informe pericial realizado por el Instituto de Medicina Legal de la Universitat de València para el juzgado que instruye la denuncia de los ecologistas. "La inyección directa de las aguas depuradas de la empresa Eurocolor constituye una mala solución técnica y un grave riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales y la salud de las personas", concluye el estudio.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 17/07/2008
Foto: Alicante, vista - J.Navarro, diarioinformacion.com
Amplían otra vez la querella contra el alcalde de Arona
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CANARIAS7/Tenerife* : El alcalde de Arona se enfrenta a una nueva ampliación de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción en 2007. El abogado Felipe Campos ha llevado al Juzgado 23 nuevas licencias concedidas supuestamente de manera irregular entre febrero y junio del presente año.
El abogado Felipe Campos ha presentado en los Juzgados de Arona una segunda ampliación de la denuncia por prevaricación y delitos continuados contra la ordenación del territorio contra el alcalde del municipio, el nacionalista José Alberto González Reverón, y los nuevos concejales del grupo de gobierno. La denuncia recoge 23 nuevas licencias concedidas supuestamente de manera ilegal que se suman a las casi 300 que ya investiga el juez Nelson Díaz Frías y por las que están imputados el alcalde y siete concejales del anterior grupo de gobierno municipal.
Las 23 nuevas denuncias corresponden a otras tantas licencias concedidas entre febrero y junio de este año que, como en las 300 anteriores, tienen informes jurídicos negativos. Felipe Campos denuncia además que la comisión de gobierno local ha concedido licencias de primera ocupación a construcciones cuyas licencias de obra mayor «son presuntamente delictivas y están dentro de la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción en febrero de 2007».
En abril
Felipe Campos ya presentó una primera ampliación a la denuncia el pasado mes de abril, donde incorporaba más de 50 nuevas licencias a su juicios ilegales concedidas entre enero y diciembre de 2007 a las 217 licencias y los 79 contratos supuestamente irregulares denunciadas por la fiscal María Farnés Martínez. La mayoría de esas licencias las concedió el grupo de gobierno «cuando ya estaban todos imputados».
El abogado hace especial hincapié en que con al ampliación anterior y con la ahora presentada ya no sólo están involucrado el anterior equipo de gobierno, sino que también los está el nuevo, que salió de las urnas en mayo de 2007-
En la nueva denuncia, Campos alude asimismo a un funcionario municipal «que ha aparecido ahora y que se presta para dar cobertura legal a las licencias concedidas de manera irregular». El abogado considera que a este funcionario «se le tiene también que imputar» y sale además en defensa de la jurista municipal que «durante años ha mantenido su criterio y ha elaborado infames jurídicos desfavorables a las licencias que luego ha concedido el grupo de gobierno y que han sido, en la mayoría de los casos, la base de la querella presentada por la Fiscal Anticorrupción».
El conocido como caso Arona ha llevado ya a cuatro personas a prisión, aunque todas están en la calle en libertad bajo fianza, y mantiene imputados al alcalde y a los siete concejales del anterior equipo de gobierno. Los ediles están imputados por prevaricación y corrupción urbanística continuada.
* Canarias 7 - R.R.
Santa Cruz de Tenerife - 17 julio 2008
Foto: Arona (Tenerife), ayuntamiento - coralia, picasaweb.google.com
Sanidad y ladrillos
MONCHO ALPUENTE* : Un banco es un lugar en el que te prestan un paraguas cuando hace sol y te lo quitan cuando llueve. Este impecable axioma de la ley de Murphy me viene a la cabeza mientras leo un dossier preparado por la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública de Madrid (CAS) sobre los nuevos hospitales y los nuevos convenios sanitarios de la Comunidad. El Gobierno del PP -informan- ha aprobado introducir la gestión privada en todos los hospitales y centros sanitarios públicos.
Los enfermos ya no serán pacientes, aunque necesitarán grandes dosis de esa virtud heroica, sino clientes, y ya se sabe que para las empresas privadas hay clientes que no se quieren ver ni en radiografía; enfermos crónicos y personas mayores generan más gastos que beneficios, y los beneficios son la única razón de ser de estas empresas. El paraguas de la sanidad pública ya estaba agujereado, aunque muchos de sus agujeros habían sido creados o ampliados por el Gobierno de Esperanza Aguirre, para vender, y vendernos, al mejor postor, su nuevo modelo sanitario.
En la cabecera del informe de la CAS figura el falso cartel de una falsa película titulada Piratas de la Sanidad Pública, protagonizada por Esperanza Aguirre, que aparece acompañada por el renegado Lamela y el constructor Florentino Pérez. Cambios de última hora sustituyeron a Lamela, el que tomó al abordaje el Severo Ochoa, por Güemes, mucho más fotogénico. La presencia del galáctico Pérez no es gratuita; nada sale gratis cuando se trata con estos tiburones de aguas cálidas. Al olor de la sangre, estos escualos, a la desbandada por la explosión de la burbuja del ladrillo, se ceban ahora en la depauperada salud pública, construyen hospitales y los gestionan con indisimulado afán de lucro. Están en su derecho, derecho que les concedió la ley estatal 15/97, votada por todos los grupos parlamentarios salvo IU y BNG. El pasado 21 de mayo, Izquierda Unida presentó ante la mesa del Congreso una proposición de ley que impediría la cesión de centros y servicios sanitarios a empresas con ánimo de lucro. Pero los zorros ya están a cargo del gallinero y se resistirán a ser desalojados.
Sabedores de que el cazadero inmobiliario que esquilmaban a conciencia, mala conciencia, estaba a punto de agotarse, los babélicos constructores de imperios de hormigón cambiaron ladrillos por enfermos y urbanizaciones por hospitales, y se supone que tratarán el nuevo negocio con la misma sensibilidad con la que trataron el anterior, una sensibilidad de cemento armado. Empresas como Dragados, Sacyr, Acciona, Begar-Ploder, FCC-C Madrid, Hispánica o Apax Partners edifican nuevos hospitales y gestionan los antiguos. En Aranjuez, Coslada, Vallecas, Arganda, Coslada, Valdemoro, Parla o Majadahonda, la Comunidad de Madrid ha hipotecado, con una auténtica hipoteca basura, la salud de los madrileños durante los próximos 30 años. Durante ese tiempo, los madrileños pagaremos el alquiler de los hospitales privados, privados de camas, de pruebas diagnósticas que vayan más allá del saque usted la lengua y hasta de papel higiénico. Si está usted buscando una oportunidad para morirse en Madrid, hágalo ahora, después le resultará mucho más incómodo, caro y doloroso. Sigo leyendo el dossier de la CAS y me corrijo: en el caso de pacientes privados o de otras áreas, no se limitará el acceso a pruebas diagnósticas o intervenciones, sino todo lo contrario, con el fin de aumentar los beneficios.
Las camas han vuelto a los pasillos del hospital público La Paz, titulaba este diario ayer. Con el nuevo modelo sanitario madrileño, las camas desaparecerán probablemente de los pasillos, y de las habitaciones, también, pero se supone que las de los pasillos las quitarán antes cuando reduzcan, como está previsto, el número de camas por habitante para optimizar el servicio. Una optimización perfecta era la que mostraba la película Cuando el destino nos alcance. En el filme, a los ancianos que se presentaban como candidatos a la muerte voluntaria les ofrecían un placentero viaje virtual de despedida antes de reciclar sus cuerpos en proteínas para alimentar a una humanidad desnutrida y famélica. Sólo una minoría de privilegiados, la de los gestores del sistema, vivía en mejores condiciones. Pero al menos, en el filme, la que gestionaba la muerte y el reciclado era una empresa pública.
* ELPAIS.com - Opinión - 16/07/2008
