CANARIAS24h* : Representantes de ONGs, periodistas y profesionales jurídicos han debatido esta semana sobre "Algunas claves sobre la corrupción urbanística en España", título de las jornadas organizadas por la Fundación César Manrique. La segunda jornada del curso tuvo un carácter heterogéneo. Abordó el papel de la prensa, de las asociaciones ecologistas y de una organización no gubernamental como Transparencia Internacional. El de la prensa lo puso sobre la mesa Pachi Larrosa, hoy Jefe de edición de ‘La Verdad de Murcia’ y en los años noventa director de la edición burgalesa de ‘Diario 16’. En esa etapa protagonizó, como informador, el caso de la construcción de Burgos, un asunto con diferencias “únicamente climatológicas con Marbella”.
Terminó con la condena de siete años de cárcel para el constructor Méndez Pozo, la inhabilitación del alcalde y varios concejales, con 20.000 vecinos residiendo en casas con licencias de construcción anuladas y con ríos de tinta vertidos en una cabecera creada, como reconoció Larrosa, con la intención de sostener mediáticamente el proceso, denunciado en Fiscalía por la Asociación de la construcción burgalesa. Al contrario de lo que suele ser habitual, “los periodistas poníamos el freno del rigor a las ansias de la propiedad” del periódico por aumentar el escándalo.
Entre este episodio particular y la valoración final del papel de la prensa regional en la denuncia de casos de corrupción urbanística en España, Larrosa hizo algunas consideraciones de tipo más general. “Todo fenómeno de corrupción es, en sí mismo, un arma política”. “Es difícil descubrir algo que se quiere ocultar”, que describe la dificultad o la fortuna de encontrar una fuente que destape un escándalo. El periodista relacionó directamente el aumento en el número de casos de corrupción que se conocen actualmente con la mayor importancia que ha adquirido la prensa local y regional, en general y con el aumento de denuncias. La cercanía entre el lugar de redacción y el de corrupción afecta a la prensa local para sostener los casos, y lo hace como fortaleza y como riesgo.
Las ventajas, frente a la prensa nacional, estriban en una mayor credibilidad, al estar habitualmente menos ideologizada o politizada, el potente atractivo de las informaciones al enfocar directamente a los poderosos locales pasando por dificultades y cierta independencia conseguida gracias a la concentración de varias cabeceras en grupos de comunicación potentes, principalmente en Prensa Ibérica y Vocento, donde la cúpula empresarial está desplazada del lugar de los hechos. Según Larrosa: “la prensa regional mantiene la presión sobre los corruptos y obliga a la Administración a mantener su atención”.
MEDIR LA TRANSPARENCIA
Tras Pachi Larrosa, intervino Jesús Lizcano, presidente de ‘Transparencia
Internacional’ España, una organización creada por un ex alto cargo del Banco Mundial que está presente en multitud de países y que tiene como objetivo fomentar la transparencia en el sector público, los mercados, los partidos políticos, las empresas, las religiones o las universidades. Todo ello con el fin de lograr una mayor equidad social y eficiencia económica. Lizcano, que se centró en exponer la labor de la organización que dirige, señaló que la dimensión globalizada de la corrupción hace que ésta necesite una solución pactada. Uno de esos pactos es la convención de la ONU contra la corrupción, firmada por 140 países, entre ellos España, que deben ahora adaptar sus legislaciones a ese acuerdo.
‘Transparencia Internacional’ desarrolla instrumentos de medición de la transparencia y la integridad respecto a entidades públicas. Publica cuatro informes anuales. El primero de estos informes, cuyos resultados se han conocido esta misma semana, es el ‘Índice de percepción de la corrupción’. Como conclusión general, Lizcano destaca que hay una “fuerte correlación entre corrupción y pobreza”. En este índice, en el que suspenden tres de cada cuatro países, España se sitúa en el puesto 25 de 180. Eso sí, la causa principal de la percepción de corrupción entre los ciudadanos españoles se debe la corrupción urbanística”, por lo que Lizcano augura un punto de inflexión ante una recesión en el sector de la construcción.
El Barómetro global es el segundo informe. Evalúa catorce sectores en 62 países. En España, el peor valorado son los partidos políticos, mientras que la prensa se sitúa en el tercer puesto, de valoración negativa, algo atípico. El Informe sobre fuentes de soborno evalúa a empresas de las treinta economías más exportadoras del mundo. España aparece en el puesto número trece. Por último se elabora un Informe global de la corrupción en el Mundo, que aúna cada informe que se hace en cada país y que cada año se dedica especialmente a un sector. Finalmente, promueve un Pacto de Estado contra la corrupción y de momento ya se ha conseguido una resolución del Congreso de los Diputados instando al Gobierno a liderar ese pacto.
EJERCER PRESIÓN
El final de la jornada se llevó a cabo mediante la intervención de Juan Sánchez García, subdirector del Centro de Estudios Ecosociales de la Universidad de la Laguna, miembro de la Coordinadora El Rincón, profesor de Economía y un “escéptico ilusionado frente a la corrupción”. Su ponencia estaba anunciada como ‘El caso de la playa de las Teresitas: una reflexión sobre el papel de las organizaciones ecologistas”, aunque ya adelantó desde el principio que usaría el caso de la playa tinerfeña “como excusa para un debate más amplio”. Encaró la charla desde tres visiones distintas. Recordó todo el proceso ciudadano para lograr la aprobación en el Parlamento del Plan Especial de El Rincón (Tenerife) y habló de corrupción pasiva por la “falta de voluntad política” para aplicar lo logrado. Contó otros dos ejemplos más: el conjunto Atlante en el casco histórico de La Orotava y, finalmente, Las Teresitas. A los tres les une que son el resultado de un “ejercicio de cuentas social”, iniciativas populares o movilizaciones públicas.
El Centro de Estudios Ecosociales de la Universidad de La Laguna se creó para
aprovechar la relación entre la Universidad y la sociedad. “Es un centro de investigación orientado a la comunidad”, según Sánchez García, que, entre otras cosas, favorece la relación entre diversas disciplinas o hace una llamada a la responsabilidad social del mundo universitario. Desde ese punto de vista, el ponente resaltó que se ha puesto el acento en intervenir de manera directa, es decir, legislando sobre el uso del suelo y no tanto en hacerlo de manera indirecta, esto es, a través del mercado. Advirtió de que la corrupción no es la ausencia de reglas, sino que se trata de un sistema normalizado que puede hacer que se cambien las reglas desde la autoridad pública y se consoliden a través de la cooperación y la confianza.
“Comprendiendo el fenómeno podemos ejercer una presión continua”, señaló. El
mecanismo que puede romper el tejido corrupto se basa en la cooperación, en la
interacción entre todos los actores, desde los movimientos ciudadanos, a las
universidades, las instituciones, las distintas figuras jurídicas... “El efecto de estimulación e ilusión es muy importante para disolver la democracia corrupta”, afirmó, para terminar parafraseando al Nobel de Economía Joseph Stiglitz: “La reacción contra la corrupción debe ser tan compleja y variopinta como la propia corrupción”.
* Canarias 24 horas - ACN Press - Lanzarote, 28 de septiembre de 2007
Foto: Lanzarote, Casa Taro de Tahíche, fundación - fcmanrique.org
La Fundación César Manrique aborda el tema de la corrupción urbanística en España
La vivienda, herramienta de integración
ELPAÍS* : Cuando hablan de políticas de inmigración, las administraciones piensan en la sanidad, en la educación, en las condiciones laborales... pero ¿y la vivienda? Considerada por los expertos una cuestión clave en cualquier proceso de integración de inmigrantes, hasta ahora no se había tenido demasiado en cuenta. Y en cambio, los inmigrantes se ven excluidos del mercado de la vivienda, con todos los problemas que esta exclusión arrastra: formación de guetos, estigmatización de quienes viven en determinados barrios que la población local no quiere ni pisar y que atrapan a sus habitantes dificultándoles el ascensor social... Lo afirma un documento elaborado por el Observatorio Europeo de la Vivienda Social del CECODHAS, la red europea que agrupa a los promotores sociales de vivienda.
El informe, Integración de los inmigrantes en la Unión Europea y la vivienda social: herramientas para los promotores de vivienda social, aborda la cuestión desde un punto de vista teórico y describe un rosario de herramientas fallidas. Es decir, prácticas que no han funcionado en distintos países europeos. Y ahí está la sorpresa. El lector coge el informe pensando que contiene la solución a la integración de los inmigrantes y nada más lejos: no hay recetas.
"Es que ése es el problema. No hay recetas. Cuando se aborda la integración de inmigrantes desde el punto de vista de la vivienda hay que ver caso por caso. No se pueden diseñar políticas marco, depende de las características de cada grupo y del contexto", explica la coordinadora del estudio y directora del Observatorio Europeo de la Vivienda, Darinka Czischke.
El texto contiene, sin embargo, una durísima crítica al modo de actuar hasta ahora más extendido: "Las buenas prácticas de integración a través de la vivienda requieren una comunicación entre los políticos, los ejecutores de las políticas, los profesionales de vivienda social y los usuarios. El trabajo desde abajo arriba es esencial. Esto implica evitar enfoques paternalistas y la adopción de políticas supuestamente progresistas, pero que no tienen en cuenta los intereses de las familias inmigrantes". Por ejemplo, está más que demostrado, afirma la directora del observatorio, que intervenir en un barrio o una zona concreta es insuficiente. "Se puede pensar en políticas locales, pero que tengan en cuenta las circunstancias estructurales y a largo plazo; si no, la intervención se queda en un parche", asegura.
Pese al mensaje un tanto desalentador del informe y su coordinadora, se están desarrollando proyectos interesantes, como pudo escucharse durante el seminario que se celebró la pasada semana en Barcelona. Organizado por la AVS (la asociación española que agrupa a 160 promotores públicos de vivienda), congregó a entidades de vivienda social de toda la Unión Europea.
Ya fueran de Hungría, de Holanda, de Francia, de Italia, de Alemania, del Reino Unido o de la misma España, los participantes convinieron en varias cuestiones. Una: el liderazgo de la integración de inmigrantes debe ser público, aunque se cuente con entidades sociales o capital privado. Dos: es necesario entender la vivienda y el urbanismo "al servicio de la convivencia". Y tres: que buena parte la solución está en "la vivienda social de alquiler", una modalidad que tendrá que aumentar ante el fenómeno migratorio, dijo el presidente de la AVS, Francesc Villanueva.
Pero retomando la idea de que no hay receta definitiva, los representantes de dos países con un sector de vivienda social muy potente, el Reino Unido y Francia, expusieron que tampoco los pisos públicos son garantía de integración en sí mismos. Desde el área metropolitana de Londres intervino Ken Eliott, representante de Sadeh Lok, una entidad que hasta la fecha había trabajado con comunidades asiáticas pero actualmente se las ingenia para solucionar el alojamiento de los 265.000 polacos que han llegado al Reino Unido como consecuencia de la ampliación de la Unión Europea. "La falta de previsión del Gobierno ha sido brutal y nos encontramos con miles de polacos viviendo en camas calientes ?pagan por utilizar una cama unas horas al día? alrededor del aeropuerto de Heatrow. Ya teníamos la experiencia de la inmigración de las colonias, la diferencia es que entonces acudían a trabajar a las fábricas y ahora a los servicios", clamó Eliott, que lucha como puede para "sacarles de la trampa de pobreza que es el precio de la vivienda". En este caso forman a los inmigrantes, contactan con empresas para que les contraten y han ideado un sistema de alojamiento "similar al de los estudiantes".
Sensación de discriminación
La representante de la francesa Unión Sociale pour l'Habitat, Juliette Furet, entonó el mea culpa de la Administración francesa al reconocer la "discriminación" que suponen las grandes concentraciones de vivienda social, y que estos barrios o áreas urbanas provocan en los inmigrantes "sensación de discriminación al ver que viven en un lugar que los locales abandonan". Furet explicó que la legislación francesa prohíbe registrar el origen de los demandantes de servicios públicos, de modo que los inmigrantes ocupan viviendas sociales no por su condición de extranjeros sino por la de pobres.
La intervención de Furet abrió el debate sobre el tiempo de residencia en cada país que deben acreditar los inmigrantes para acceder a los registros de demandantes de viviendas sociales. Otro aspecto en el que no hay receta única y válida, aunque sí hubo unanimidad en que, en general, las propias condiciones de acceso son "demasiado restrictivas", en palabras del geógrafo austriaco Otto Heinrich Ludwig, cuando no directamente "discriminatorias", como son las cuotas de inmigrantes que pueden optar a viviendas sociales y que aplican los Países Bajos, Finlandia y Dinamarca.
Todo lo contrario que el proyecto Abitazione, de la entidad italiana Federcasa. Aquí, la involucración de los inmigrantes en su alojamiento llega hasta el punto de que levantan las viviendas con sus manos. Esta experiencia de autoconstrucción, explicó Antonio Cavaleri, ha permitido crear 400 viviendas en Roma, Milán y Bari, todas ellas de alquiler con opción a compra. La iniciativa se lleva a cabo con pequeñas ONG, y Cavaleri la defiende como "acción social activa y sin gasto en servicios públicos". Las viviendas, explicó, cuestan el 30% menos y tienen mejores calidades que cualquier otra, pública o privada; la vinculación y mantenimiento del parque es ejemplar y la morosidad o irregularidades de los adjudicatarios son nulas.
* ELPAIS.com - CLARA BLANCHAR - Madrid - 28/09/2007
Vigo: Grabaciones autorizadas por la juez prueban los cobros ilegales de la promotora
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ElPAÍS* : Veinte familias más han presentado denuncia contra la promotora Construcuatro por cobrar sobreprecios de entre 19.000 y 46.000 euros a cambio de vender viviendas de Protección Oficial en un edificio del barrio vigués de Navia. La juez que instruye el caso tiene en su poder varias grabaciones de voz realizadas por la policía que probarían los cobros ilegales por parte de un intermediario de la constructora, en la que Telmo Martín, portavoz del PP en Pontevedra, posee el 33% de las acciones. Fuentes cercanas al caso cifran el fraude en tres millones de euros.
El número 25 de la calle Teixugueiras en el polígono vigués de Navia, alberga 92 viviendas, de las que 83 ya han sido vendidas por la promotora Construcuatro. Las otras 9, reservadas a familias numerosas, todavía continúan a la venta. Se trata de una promoción de pisos de protección autonómica que la constructora desarrolló después de adquirir a precio reducido una parcela urbanizada por la Xunta de Galicia.
De momento, más de 20 familias que compraron pisos en el edificio están tramitando a través de un bufete de abogados de Vigo otras tantas denuncias ante el juzgado. En ellas reconocen que varios intermediarios, en nombre de Construcuatro, les cobraron sobreprecios de entre 19.000 y 46.000 euros. Fuentes próximas a la investigación calculan que las comisiones ilegales podrían alcanzar tres millones de euros sólo por las ventas en ese edificio.
El caso lo estudia desde diciembre la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo a raíz de la denuncia de dos de los compradores. La juez, que ha decretado el secreto de sumario, autorizó unas grabaciones de voz bajo supervisión de la policía que probarían, según han confirmado a EL PAIS fuentes cercanas a la investigación, el cobro de los sobreprecios por parte de uno de los intermediarios en las operaciones, J.T. que de momento figura como el único imputado en el proceso.
El cobro de las comisiones fue exigido a las familias por al menos tres intermediarios -un particular y dos agencias inmobiliarias-a través de pagos parciales y siempre en dinero negro, que no debía reflejarse en el documento de la compraventa. Las mismas fuentes aseguran que los pagos realizados oscilaron entre los 19.000 y los 46.000 euros, si bien otros testigos han constatado que los intermediarios llegaron a reclamar a varios interesados más de 60.000 euros, que no fueron abonados.
En muchos casos se realizaron cobros a los compradores sin que la constructora -de la que el portavoz del PP en Pontevedra y ex alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, posee el 33%- les explicase el concepto de la operación. Estas cantidades abonadas en dinero negro no formaban parte del precio oficial de las viviendas, tasado por ley, y que va desde 104.000 hasta 146.000 euros, más 21.000 por el garaje y el trastero. En las oficinas de la delegación de la Consellería de Vivenda en Pontevedra constan además dos escritos de sendas familias que reconocieron haber pagado 19.000 y 33.000 euros de sobreprecio, respectivamente y que llevaron al departamento de Teresa Taboas. que todavía no se ha personado como acusación, a abrir un expediente informativo.
Las denuncias las tramita un bufete de Vigo, que ya aglutina a unos veinte compradores, y atribuyen a la constructora un doble delito de estafa inmobiliaria y contra la Hacienda Pública. La defensa no descarta exigir responsabilidades además a la Consellería de Vivenda, a la que atribuyen "falta de diligencia" a la hora de tramitar las denuncias presentadas en su delegación de Pontevedra a principios de diciembre.
El portavoz parlamentario del BNG, Carlos Aymerich, exigió al presidente del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, que expulse del PP a Telmo Martín o de lo contrario que dimita el propio Feijóo, si se prueba que Construcuatro participó en el fraude de las viviendas de Protección Oficial. Feijóo replicó al Bloque que repasase el consejo de administración de Construcuatro, donde, además de Martín, figura como presidente un hermano del alcalde nacionalista de Poio, Luciano Sobral.
* ELPAIS.com - JOSÉ PRECEDO - Santiago - 28/09/2007
Foto: Vigo, barrio Navia - M.Vila (20minutos.es)
La especulación urbanística en la Axarquía
RAFAEL YUS RAMOS Y MIGUEL ÁNGEL TORRES DELGADO* : EL 27-M fueron las primeras elecciones democráticas que se realizaron en Málaga después de la apertura de la 'caja de pandora' que fue el 'caso Malaya'. Este proceso se inicia en un marco de otro proceso administrativo de gran relevancia para nuestra provincia, con el que se intenta frenar la política de relajación, de inacción en definitiva, por parte de las autoridades locales y regionales, ante la evidencia de una escalada, como jamás se ha conocida en nuestra historia, de la especulación urbanística en toda la provincia de Málaga. Se trata de un conjunto de leyes y planes, mecanismos para poner fin a la escalada urbanizadora descontrolada de todo el litoral andaluz y su área de influencia, en paralelo a las conocidas operaciones contra la corrupción, que como sabemos son una escasa muestra de lo que se ha cocinado en numerosas administraciones locales.
Muchos se han preguntado porqué algo que todos conocían no se ha denunciado e intervenido antes. Como veremos, los resultados de estas elecciones tienen mucho que ver con lo que llamamos «socialización de la especulación».
Las causas verdaderas de esta política de 'mirar hacia otro lado', cuando no de 'defensa a ultranza' por parte de las administraciones locales (y según el signo político también de las regionales) ante esta escalada de especulación en torno al sector de la construcción, no la sabemos fehacientemente. Pero podemos entreverlas a partir de las coartadas que esgrimen los responsables políticos para justificar esta postura durante décadas en nuestra provincia. Por un lado están las justificaciones macroeconómicas: el sector de la construcción monopoliza prácticamente toda la economía malagueña, anulando los sectores clásicos de esta provincia, como la agricultura o incluso el turismo: «no toquemos este sector que se nos viene abajo el PIB». A nivel microeconómico está el trasunto de la especulación: el negocio de la compraventa, que permite obtener réditos de alcance asombroso en muy poco tiempo y con muy poco esfuerzo: «¿de qué sirve trabajar (en cualquier cosa) si puedes vivir de las rentas?». Por otra parte está el asunto político, pues un ayuntamiento logra niveles de financiación, y por tanto capacidad de ejecutar proyectos que revaloricen la gestión de un determinado equipo de gobierno, que de otra manera serían impensables: «el sector de la construcción ha permitido mejorar enormemente la gestión de los ayuntamientos». Finalmente está el asunto social, coartada muy apetecida por los ayuntamientos de izquierda, según la cual la crisis de la agricultura deja a la mayoría de los pequeños titulares de parcelas agrícolas sin capacidad de rentabilizar sus tierras: «si los grandes propietarios pueden conseguir enormes urbanizaciones ¿por qué no puede cada pequeño propietario hacerse una casa en el campo, venderla y obtener provecho con ello?».
Estas coartadas, y otras similares, han estado presentes sobre todo en la última década. Al calor de ellas se permitió, por activa o por pasiva, construir a diestro y siniestro, no sólo en el litoral, sino también en los suelos rústicos no urbanizables del interior, aprovechando resquicios de la legislación, como la falta de efectividad del Plan Especial de Protección del Medio Físico (por no haberse publicado en el BOJA), la autorización de construcción de 'casas de aperos' (aunque luego sean mansiones de 200 m.2), o simplemente siguiendo el principio del «construye, que algo queda», pues no hay juez que se atreva a ordenar una demolición. El resultado puede contabilizarse con el análisis riguroso de fotografías aéreas en distintas épocas. Alcaucín, por ejemplo, es un municipio de la Axarquía que en 1995 tenía ya 263 casas en suelo rústico, de las cuales solo la mitad aproximadamente eran antiguos cortijos. Si tomamos esta cifra como 'año cero', y tenemos en cuenta que en el año 2006 ya disponía de 1.119 viviendas, el aumento construcción de chalés y mansiones en el campo ha sido del 325%. Y esto no ha redundado en un censo poblacional mayor. Archez, por ejemplo, uno de los municipios más pequeños de la Axarquía, ha permitido construir en suelo no urbanizable 299 viviendas en este mismo periodo de tiempo (un crecimiento del 135% ), que sumadas a las viviendas del núcleo urbano, arrojan 712 viviendas, para tan sólo 160 unidades familiares (!), lo que significa que el 77% de las viviendas no son para habitarlas ciudadanos de Archez, sino simplemente montones de ladrillos para especular y ejercer la economía sumergida. Esto, según la izquierda, es la «socialización de la riqueza», pero desde nuestro punto de vista es más bien la 'socialización de la especulación' y la generalización de las fuentes de desastre ambiental. A este paso, la autodenominada izquierda acabará defendiendo el narcotráfico, porque también es otra forma de repartir las riquezas, ilegal ciertamente, pero tanto como construir en el campo. Uno es un delito contra la salud pública y el otro es un delito contra el medio ambiente.
Con esto enlazamos con el resultado del 27-M: ¿a quién han favorecido las elecciones? Obviamente la respuesta es diversa según los lugares, pero en la Axarquía, aquellos ayuntamientos que han estado consintiendo, cuando no defendiendo, o incluso promoviendo, la especulación urbanística en suelo rústico, son precisamente los que han sido recompensados no sólo con la reelección, sino que en ocasiones han subido. Son ayuntamientos que levantaron las armas contra la Junta de Andalucía cuando ésta, a través del Plan de Ordenación del Territorio (POT) amenazaba con parar esta dinámica por los obvios impactos ambientales. Son ayuntamientos con tasas de crecimiento de viviendas en suelo rústico superiores al 100% y por tanto son ayuntamientos donde la 'socialización de la especulación' ha sido refrendada en las urnas. Son ayuntamientos que, pese a la obligación de redactar sus propios PGOUs, llevan años guardándolos en un cajón para evitar publicarlos, pues en la situación actual, un simple Proyecto de Actuación, pasado por el pleno, decretado por la Alcaldía y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, son suficientes para legitimar, sin PGOU, la construcción de complejos urbanísticos espontáneos y mansiones aisladas en el campo, aunque cada una de estas viviendas, que dice acogerse al artículo 42 de la LOUA (casa de apero), sea propiedad de alguna inmobiliaria o de un inmigrante climático que solo busca descansar en esta tierra. Como el suelo ya calificado alcanza un precio muy caro, paradójicamente se actúa en suelos no calificados, por tanto sin servicios ni instalaciones básicas, que permite grandes beneficios a cambio de viviendas sin dotación alguna, y de no contribuir al erario público, aunque en caso de hacerlo resulta tomar un camino 'desviado'.
Es hora de iniciar en la Axarquía un proceso administrativo excepcional (retirada de competencias urbanísticas, moratoria, plan de regeneración) para detener esta barbarie que ya está produciendo daños irreversibles y está dejando al POT de la Axarquía, y al POT de Andalucía, de facto, sin sentido alguno o con sólo un valor retórico. Y es hora de reconsiderar que esta coartada de la socialización de la especulación, por muchos réditos económicos, políticos y sociales que tenga, es una huida hacia delante que lamentarán nuestras próximas generaciones.
* Diario SUR - LA TRIBUNA MALAGUEÑA - 28.09.2007
