LAVOZDIGITAL* : Son numerosos los ciudadanos y colectivos afectados por las actuaciones del área de Urbanismo en la ciudad. Baste con enumerar casos tan conocidos como Sherryworld, los huertos de ocio o, el más reciente, las supuestas adjudicaciones a dedo a la constructora Jerecom y un sinfín de sociedades satélite.
De ahí que desde un grupo de personas, afectadas por éstos u otros casos menos conocidos, se haya lanzado la idea de crear un frente común, llamamiento que hacen a todos aquellos que hayan padecido de alguna manera supuestas actuaciones ilícitas por parte de la extinta Gerencia Municipal de Urbanismo o de la actual Delegación municipal (tras su integración dentro del organigrama municipal).
Un mismo abogado
Hay que tener en cuenta que a todos los colectivos citados los representa el mismo letrado, el abogado Francisco Pérez Vera, quien por cierto ha ganado la batalla contra la antigua GMU en el caso de los huertos de ocio, ante lo que la actual alcaldesa ya ha anunciado que habrá que asumir «herencias del pasado» y ha dejado entrever, por tanto, que habrá que indemnizar a los afectados. Ahora, pretende sentar en el banquillo, por presunta prevaricación en el conocido como caso Jerecom, a la actual alcaldesa Pilar Sánchez, a la ex alcaldesa María José García-Pelayo, al ex delegado de Urbanismo Pedro Pacheco y al actual titular de este área, Juan pedro Crisol. Además, claro está, de a los administradores de la empresa constructora Jerecom y sociedades afines.
Respecto al caso Sherryworld, este mismo abogado ha conseguido, como adelantaba este medio esta misma semana, que el Juzgado de Instrucción número 1 de Jerez abra Diligencias Previas para investigar la denuncia interpuesta por la Asociación de Parcelistas de los Garciagos contra el Ayuntamiento de Jerez, al que acusan de un presunto delito de coacciones y malversación de fondos públicos.
Todos estos asuntos relacionados con actuaciones del área de Urbanismo son, como se ha dicho, el frente judicial que se está llevando a cabo. Por ello, lo que ahora proponen las fuentes consultadas por este medio es crear otro, pero de tipo social: «Que todas las voces de estas personas se unan en una sola» con el fin de darse a conocer más ampliamente a la sociedad, de unir esfuerzos y de llevar a cabo todas las actuaciones que sean necesarias.
Dicha agrupación de afectados, claro está, celebraría reuniones periódicas para definir la estrategia a seguir. Algo para lo que quieren contar con el ex Defensor de la Ciudadanía en Jerez, Agustín García Lázaro, que además de muy conocedor de estos asuntos siempre ha estado muy implicado con la ayuda a los afectados en todos estos temas.
Y es que el caso Pacheco parece haber resucitado, con una fuerza inusitada, esta lucha por parte de los numerosos damnificados, que vienen sufriendo durante muchos años perjuicios por parte de un área de la gestión municipal que está más en boca de todos que nunca.
Los últimos en saltar a la palestra, los acreedores por Jerecom, que este mismo viernes presentaron la denuncia contra los tres últimos alcaldes y contra dos responsables de Urbanismo. Hay que recordar que, en este caso, en el año 2007 la empresa Jerecom se declaró en quiebra dejando a muchas familias en la ruina, tanto a los proveedores de la constructora como a ex trabajadores de la misma.
Los afectados no cesaron en su lucha, algo que se reavivó cuando pudieron conocer, a través del caso destapado por este medio, que la empresa propiedad de la familia Grimaldi podría estar implicada en una trama que, de hecho, está investigando la misma Fiscalía Anticorrupción.
Su caso ha sido el último en conocerse y a raíz del cual ha tomado cuerpo esta idea de unir a todos los perjudicados en un frente común. Algunos de ellos ya han comenzado a agruparse y hacen ahora un llamamiento a los demás para aunar al máximo número de personas posible.
* La Voz Digital - ENRIQUE ESTEBAN - 9.02.2009
Foto: Jerez, antiguo Ayuntamiento - wikanda.cadizpedia.eu
Los afectados en Jerez por los casos de Urbanismo crean un frente común
Ex altos cargos del Ayuntamiento de Boadilla testificarán contra el alcalde por amañar adjudicaciones
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EUROPAPRESS/Madrid* : Varios ex altos cargos y funcionarios del Ayuntamiento de Boadilla del Monte se han prestado a testificar ante la Fiscalía Anticorrupción contra el alcalde del municipio, Arturo González Panero, del PP, por presuntas prácticas corruptas en el Consistorio de la localidad. Denuncian que el regidor supuestamente amañó contratos, adjudicaciones e informes a favor de empresarios implicados en la supuesta trama de corrupción urbanística destapada en Boadilla y otros municipios.
El sindicato de funcionarios Manos Limpias presentó esta mañana ante Anticorrupción un dossier de unas 300 páginas con documentación y testimonios sobre las supuestas irregularidades cometidas en el Ayuntamiento en diferentes adjudicaciones. El documento amplía la denuncia que se interpuso el pasado 12 de junio contra el alcalde popular y varios empresarios, entre ellos Francisco Correa, su esposa y Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP de Galicia. Anticorrupción mantiene abiertas unas diligencias de investigación para esclarecer la denuncia.
Correa, María del Carmen Rodríguez y Crespo fueron detenidos el pasado viernes por su presunta implicación en la presunta red de comisionistas que operaba en Boadilla del Monte y otros municipios del noroeste de la región. Se les imputan delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita. La mujer de Correa y la empresaria Felisa Jordan quedaron el pasado sábado en libertad con cargos tras declarar ante la Policía Judicial.
Las empresas de servicio que gestiona Correa trabajaban para el Ayuntamiento. Se trata de Special Event Catering, Pasadena Viajes y Rústicas MB.S.L. La primera es una de las empresas ligadas a la trama de corrupción vinculada con el PP. La empresa organizaba eventos para el Gobierno de José María Aznar. El PSOE denunció en 2005 irregularidades en la actuación de esta sociedad, a la que acusaba de ocultar a los tribunales autonómicos de cuentas facturas de servicios prestados al PP en diversas campañas electorales.
A instancias de la denuncia de Manos Limpias, Anticorrupción acordó hace meses abrir diligencias de investigación contra el alcalde de Boadilla, si bien el asunto no está aún judicializado. La denuncia se dirige contra el alcalde con motivo de "la adquisición de un desmesurado y desproporcionado patrimonio individual" que no coincide con su nivel de ingresos, puesto que percibe un sueldo de 85.000 euros como alcalde.
En la ampliación de la denuncia, Manos Limpias reclama la testifical de nueve ex altos cargos y siete funcionarios que se han prestado a declarar de forma voluntaria para denunciar las coacciones y presiones a las que eran sometidos para avalar las supuestas prácticas corruptas del regidor. Según el sindicato, el alcalde cesó a estas personas al no prestarse a sus intereses particulares.
Manos Limpias solicitará, igualmente, al Tribunal de Cuentas una auditoría financiera de las cuentas del alcalde por un presunto delito de fraude a la hacienda pública.
DENUNCIA CONTRA EL ALCALDE
En la denuncia, el sindicato exponía que el patrimonio del regidor "evidencia de manera manifiesta que ha sido adquirido presuntamente como contrapartida a favores concedidos dada su posición como alcalde", conforme a la documentación que pose el sindicato.
El secretario general del sindicato, Miguel Bernad, explicó a Europa Press que se trataría del cobro de comisiones por recalificaciones urbanísticas. Según la denuncia, el primer edil "controla y asume el Área de Urbanismo, fuente inagotable de financiación, no sólo del Ayuntamiento, sino también de bolsillos particulares". "Favorece concesiones de obras y servicios públicos a cambio de contraprestaciones", recalca la denuncia.
Según Bernad, el dinero obtenido a través de la supuesta red de comisionistas se invierte fuera de España, concretamente en Miami, "sin dar conocimiento" a la Agencia Tributaria. Según Bernad, en la presunta evasión de divisas a Miami y otros "paraísos fiscales" participan "asesores y amigos".
Entre las propiedades del alcalde figuran nueve viviendas en Miami; una vivienda unifamiliar en la urbanización La Torre Golf Resort en Torrepacheco; una vivienda en Cabo Negro (Marruecos) en el complejo La Lassia; y una propiedad en la urbanización El Mayorazgo, en Boadilla del Monte, según el sindicato.
Entre las empresas de servicio que trabajan para el Ayuntamiento figuran 'Special Event Catering', 'Pasadena Viajes' y 'Rústicas MB.S.L.', propiedad de Francisco Correa. Este empresario y sus socios, su esposa María del Carmen Rodríguez y Francisco Jurado, adquirieron una vivienda en Miami.
Según la denuncia, 'Rústicas MB.S.L.' tiene firmados contratos con la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte para el arrendamiento y explotación de terrenos, solares y edificaciones. Su representante es Ramón Blanco, quien también habría adquirido una casa en Miami.
Entre los amigos, colaboradores y asesores del alcalde que invirtieron en Miami se encuentra Correa, quien acompañó al alcalde en tres viajes que efectuó a Miami, donde adquirió uno vivienda. El ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, cuya jefe de Gabinete fue la esposa de Correa, también adquirió otra casa, entre otras personas relacionadas con las empresas que gestiona Correa.
* Europa Press - 9.02.09
Foto: Boadilla del Monte (Madrid), ayuntamiento - diariodeboadilla.es
Son Oms: Un polígono sin ley
ELMUNDO/Palma* : Además de estar siendo investigado como el escenario en el que se proyectó uno de los mayores y más cuantiosos escándalos de corrupción de la historia política de Baleares, en Son Oms las leyes urbanísticas parecen ser papel mojado.
Los empresarios vinculados a Unió Mallorquina (UM) que se hicieron con el control del gobierno del polígono y con la propiedad mayoritaria de las tierras han hecho y deshecho a su antojo durante los años en que ha durado el polémico y judicializado proceso de urbanización.
Sólo los pequeños propietarios que fueron marginados en el reparto de tierras tras no ceder el 15% de su suelo en concepto de comisión a los políticos de UM han alzado la voz contra las actuaciones del llamado lobby de UM.
El empresario Pedro Salom, uno de los propietarios que ha llevado a los Tribunales a esos empresarios por presunta estafa, ha elevado un pliego de denuncias al Ayuntamiento de Palma. De momento con nulo éxito. En una de esas quejas se denuncia una nueva actuación protagonizada por uno de los propietarios mayoritarios. En este caso el empresario Bernardo Febrer, presidente de la Junta de Compensación (el organismo que agrupa a todos los propietarios y que tiene como fin redistribuir parcelas y velar por los derechos de todos).
Según denuncia Salom, Febrer recibió fondos de la Junta de Compensación para financiar con ello la demolición de dos pequeñas naves que estaban adosadas a un molino de viento protegido. Un bien catalogado que, como tal, debía ser liberado de esas edificaciones.
Pues bien, según han reivindicado los propietarios que se negaron a dar el 15% de sus tierras, Febrer no sólo no llegó a demoler esas edificaciones adosadas sino que ha reutilizado las construcciones para crear en el molino un establecimiento comercial, hoy explotado por el restaurante Toni y Curro. El destino de los fondos que debían financiar esos derribos sigue sin ser aclarado ante todos los miembros de la Junta. En este sentido, cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción de Baleares ha denunciado que se desconoce el destino de al menos 1,2 millones de euros aportados por los pequeños propietarios y gestionados por los dirigentes de la Junta.
Pero el de Toni y Curro es sólo uno más de los numerosos escándalos que ha venido denunciando EL MUNDO en los últimos años en torno al proceso de edificación de Son Oms. Una más de las presuntas irregularidades urbanísticas que, de momento, no han aclarado del todo ni el Ayuntamiento de Palma –aunque en algún caso sí ha abierto expediente– ni el juez de instrucción que investiga una querella contra los miembros del lobby de UM por presunta estafa. He aquí una breve recapitulación.
Ensucian unos, pagan todos
El último caso fue denunciada hace una semana. Uno de los miembros de la Junta Rectora del polígono, el empresario de Costitx Miguel Munar Munar, vertió los escombros de una de sus obras, la de edificación de su nave industrial, en un solar propiedad del Ayuntamiento de Palma. Una parcela teóricamente destinada a equipamiento deportivo y que hasta hace poco no era sino un vertedero de escombros. Cascotes, palés, hormigoneras desvencijadas y montañas de ladrillos se apilaban en un solar en el que en su día incluso se llegó a barajar ubicar el velódromo Palma Arena.
La retirada de los escombros, efectuada por la empresa de excavaciones Euro Segle, ha sido descontada de la caja común. La factura por aquellos trabajos ascendió a 58.000 euros, que ha sido cargada a la Junta de Compensación. Es decir, la han pagado todos los propietarios.
Alquiler ilegal
Una de las principales asociaciones que agrupa a las empresas de alquiler de vehículos en Palma ha denunciado reiteradamente que los principales terratenientes de Son Oms, de nuevo el ilustre lobby, comercializa sus solares, los viales y hasta el parking público del polígono. Se los alquilan a los rent a car, según los propios repersentantes del sector. «Cobran una fortuna: entre dos euros y dos euros y medio por metro cuadrado al mes», denunció José María Blay, directivo de Baleval. Para poder calibrar el negocio que esto puede suponer, dos datos: un coche ocupa unos diez metros cuadrados y alguno de los terratenientes que controlan el polígono tiene en un solo solar más de 7.500 metros.
Una ordenanza de Cort prohíbe a los rent a car estacionar sus vehículos en las vías públicas.
'Denuncié y me cortaron la luz'
Tras denunciar ante el Ayuntamiento de Palma una de las irregularidades cometidas, Salom relató a EL MUNDO cómo le fue cortada la electricidad. «Después denunciar las obras ilegales de Febrer] me encontré con que me habían cortado los cables de la luz de mi casa». En otra de sus reivindicaciones, apunta que la parcela que le fue otorgada en el reparto está evidentemente mermada: tiene un bien protegido que ni cabe en el solar.
Igualmente, también se ha denunciado que la Junta decidió ubicar los transformadores de energía en las parcelas de aquellos que se negaron a dar los 15%.
Infracción grave
En uno de los pocos expedientes que ha abierto ante una posible vulneración de la normativa patrimonial, el Ayuntamiento de Palma abrió parte a los socios de los políticos de UM por una «infracción urbanística grave». Concretamente, y como detalla el expediente del que en su día se hizo eco este diario, la entidad Promotora Balear de Polígonos, participada por el abogado Jaime Montis (quien comercializó las comisiones del 15% del diputado de UM Bartomeu Vicens) y los ya citados Bernardo Febrer y Miquel Munar, amplió ilegalmente un molino catalogado en la Gran Vía Son Oms. «Los muros del estanque han sido incrementados en 11 metros lineales por 1,60 metros de alto con fábrica de marés», denunciaba Cort al describir cómo se había reconvertido un viejo aljibe en un local de nueva construcción.
«Estas obras constituyen la comisión de una infracción urbanística grave, así como cualquier otro tipo de obra que se haya hecho en el emplazamiento citado sin la preceptiva licencia municipal», reza el expediente. La ficha municipal de la parcela, catalogada bajo la identificación de A2, que es la que rigen las obras que pueden llevarse a cabo en un molino de esas características, establece que no se puede variar ni la «edificabilidad neta máxima», ni «la ocupación máxima sobre la parcela», ni el «número de plantas» y la «altura en metros». Ni tampoco «la separación mínima a alineaciones y medianeras». Sólo está permitido, bajo la preceptiva autorización municipal, la restauración de lo existente. Sabedores de estas directrices, no en vano Bernardo Febrer es el presidente de la Junta de Compensación del Polígono de Son Oms y Jaime Montis el secretario, acometieron unas obras que alteraban sustancialmente la edificación catalogada que se erige en su parcela.
La nueva entrada
Con la recepción (la asunción de los servicios comunes por parte del Ayuntamiento) del polígono a la vista, la vía de acceso ha sido modificada. Ahora se accede al polígono por la parte en la que están ubicados los terrenos de uno de los principales propietarios e histórico dirigente de Unió Mallorquina, Maximiliano Morales. Allí todavía queda un solar que no ha sido vendido.
El cambio de ubicación del acceso al polígono supone sin duda una ventaja a la hora de revalorizar el suelo ubicado junto a la entrada principal. Por otra parte, y pese a que es un fenómeno más habitual, los negocios que están instalados en Son Oms lo están pese a que todavía el polígono no está recepcionado.
* El Mundo - Eduardo Colom | Esteban Urreiztieta | Palma - 9.02.09
Foto: Decenas de coches de alquiler aparcados en el aparcamiento público del polígono, que, como no denunciaron los rent a car, el lobby de UM ha estado alquilando ilegalmente. | Cati Cladera, elmundo.es
Piden cárcel para el ex alcalde de Gaucín por diez licencias en suelo no urbanizable
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SUR/Málaga* : La Fiscalía malagueña ha solicitado 18 meses de prisión y diez de inhabilitación para el ex alcalde de Gaucín Francisco Corbacho (PA) y el arquitecto municipal Francisco Arenas por conceder diez licencias presuntamente en suelo no urbanizable.
El fiscal considera que ambos procesados han incurrido en un delito continuado contra la ordenación del territorio y las licencias se concedían con «desprecio de la normativa vigente», según la calificación fiscal.
La acusación pública entiende que el arquitecto informó favorablemente de dichos permisos a pesar de saber que no se cumplían los requisitos, que se daban en suelo no urbanizable y a sabiendas de que se incumplía la normativa urbanística.
En la causa también hay imputados cinco concejales más que fueron ediles entre 2000 y 2003. Tres de ellos, siguen actualmente ocupando cargos públicos en el Consistorio. A cuatro de estos concejales se le imputa un delito continuado contra la ordenación del territorio, mientas que al quinto edil se le acusa de un solo delito urbanístico.
* SUR - 9.02.09
Foto: Gaucín (Málaga) - malagapueblos.com
