ELPAÍS/Valencia* : "Menos para vivir mejor", propusieron ayer unos 40 activistas de Ecologistas en Acción, que bloquearon, en una acción pacífica, el canal de acceso al puerto deportivo de Valencia para reivindicar un urbanismo más comedido y racional en la capital valenciana.
Varios buzos de la organización verde formaron -junto al edificio Veles e Vents- una barrera humana en el agua, desplegando varias pancartas flotantes, donde denunciaron las sucesivas ampliaciones portuarias, la construcción del circuito urbano de Fórmula 1, las infraestructuras levantadas a propósito de la Copa del América o la desaparición de la huerta. Para Ecologistas en Acción, que ha celebrado este fin de semana su décimo aniversario, estos excesos del cemento "están convirtiendo Valencia en una ciudad insostenible, donde sus habitantes ocupan un papel secundario". Con el lema Menos para vivir mejor reivindican un crecimiento más sosegado, una ciudad más compacta, donde se prime la defensa del medio ambiente, las necesidades de sus habitantes y se respete la idiosincrasia de los barrios.
* ELPAIS.com - 9.12.2008
Foto: Protesta de Ecologistas en Acción contra el urbanismo sin control- SANTIAGO CARREGUÍ, elpais.com
Protesta ecologista en el Puerto contra los excesos del cemento
Los políticos acusados de corrupción exigían comisiones de hasta el 66%
DIARIODEMALLORCA* : Lo que comunmente se conoce como comisión o soborno, y en términos legales se denomina cohecho, era llamado "bocadillo" por algunos ´iniciados´ en los tejemanejes de Andratx. Y es que en el municipio que gobernó el hoy recluso Eugenio Hidalgo (PP) estaban tan extendidas las supuestas prácticas del alcalde y su entorno, aún pendientes de demostración judicial, que se había acuñado un argot propio.
Pero no sólo en el ámbito andritxol se han producido cobros de comisiones por parte de responsables políticos. La actuación de los fiscales anticorrupción baleares desde finales de 2006 ha puesto de manifiesto presuntos cobros de comisiones por parte de gerentes de empresas públicas y otros altos responsables autonómicos durante la pasada legislatura.
Según han revelado las pesquisas policiales y judiciales, estas dádivas, ineludibles para lograr determinados contratos públicos o licencias administrativas, llegaban a alcanzar el 66% del total del presupuesto del servicio o proyecto de edificación impulsado por el sobornador, aunque la práctica ´rutinaria´ de las tramas investigadas se situaba entre el 10 y el 40%.
Cuando en diciembre de 2006 la Guardia Civil detuvo al Eugenio Hidalgo, al celador de obras Jaume Gibert y al entonces director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot, la fiscalía anticorrupción ya tenía pruebas que, supuestamente, demostrarían que los tres dirigían un entramado que facilitaba licencias de edificación o certificaba la legalidad de obras irregulares a cambio de comisiones que, en general, se situaban en torno al 10% del coste de los proyectos.
El siguiente entramado presuntamente corrupto puesto de manifiesto por la fiscalía fue el protagonizado por Damiá Vidal, que cuando fue gerente de la empresa pública de informática Bitel exigía comisiones en torno al 20% a las empresas a las que contrataba en nombre de la entidad. Ante el juez que le interrogó y le impuso una fianza de 200.000 euros el ex alto cargo se excusó con el argumento de que no sabía cómo frenar el elevado tren de vida que llevaba.
Otra empresa pública, en este caso el consorcio Turisme Jove, fue de 2003 a 2007 el ´nido´ de un grupo de altos cargos políticos presuntamente dedicados al enriquecimiento propio a costa de las arcas públicas. La fiscalía considera que el jefe de Servicios y Mantenimiento del organismo, Juan Francisco Gosálbez, en connivencia con su gerente, Damiá Amengual, y, según ha declarado él mismo, con la participación del entonces director general de Juventud, Juan Francisco Gálvez, exigía comisiones en torno al 20%. No obstante, empresarios imputados admitieron haber pagado hasta el 66% por servicios que cobraron pero no hicieron.
El último de los grupos presuntamente corruptos desarticulado tenía al frente a la que fuera directora del Consorcio para el Desarrollo Económico (CDEIB), Antònia Ordinas, en libertad bajo fianza junto a su pareja, la soprano Isabel Rosselló, por exigir y cobrar comisiones del 40% de los contratos que autorizaba. Ordinas acusa de quedarse parte del ´pastel´ al ex director general, Kurt Viaene, y al ex conseller de Industria Josep Juan Cardona.
Aunque en el caso Son Oms también se investigan comisiones, el hoy diputado Tomeu Vicens habría pactado estas contrapartidas antes de acceder a cargos públicos.
* Diario de Mallorca - TOMÁS ANDÚJAR. PALMA - 9.12.2008
Foto: andratx.net
Marbella garantiza inmunidad por escrito a los dueños de casas ilegales
ELPAIS* : El último gesto de la alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, para ganarse la confianza de los propietarios de las 18.000 viviendas ilegales ha sido garantizarles por escrito que no serán ellos quienes paguen para legalizarlas. Esta inmunidad no aparece expresamente recogida en el artículo que el equipo de gobierno del PP ha incluido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y que tampoco garantiza la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, la ley del Suelo.
La alcaldesa ha firmado una carta, que se entrega en la exposición pública del PGOU y puede leerse en la página de internet del Ayuntamiento. En ella informa a los vecinos de lo siguiente: "Entre las modificaciones que hemos incorporado al documento en esta nueva fase de tramitación, destaca la inclusión de nuevas garantías jurídicas necesarias para eximir a los compradores que, como usted, adquirieron su inmueble de buena fe, de hacer frente a cualquier tipo de compensación para regularizar la situación urbanística de su vivienda y/o negocio, toda vez que los deberes y cargas se impondrán al titular de la finca y/o promotor de la actuación urbanística".
Entre las modificaciones que el Ayuntamiento ha hecho al PGOU, redactado por la Junta de Andalucía, hay un artículo que incide en que el "promotor originario" de las viviendas ilegales "no queda sustraído de las obligaciones y deberes establecidos por la legislación urbanística". La fórmula jurídica antepone a los constructores a la hora de pedir responsabilidades, pero en ningún momento recoge que los dueños de las viviendas no tendrán que pagar por regularizarlas en caso de que no se les localice o no quieran asumir las cargas.
El edil socialista Javier de Luis asegura que el escrito de Muñoz es una "medida populista" que no garantiza la protección de los dueños de las viviendas ilegales. "Una cosa es lo que el alcalde prometa y otra muy distinta lo que recoge la ley o el contenido del Plan General", explica De Luis. "En el añadido hecho al PGOU no se hace mención de los compradores de buena fe. Además, la Administración de Justicia no entiende de buena o mala fe, sino de leyes, y no se puede garantizar algo que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía no contempla."
En charlas con colectivos vecinales, el redactor del plan, Manuel González Fustegueras, se ha esforzado en dejar claro que la responsabilidad última de una vivienda ilegal siempre se encuentra en la propiedad.
Los socialistas inciden en que el añadido con el que la alcaldesa publicita la inmunidad de los propietarios de las casas ilegales tiene una "redacción farragosa" y "cae por su propio peso" tras una consulta con un abogado. "Cualquier vecino que se informe comprobará que siempre quedará como garantía, que nadie le ha liberado", añaden.
Ésta es la segunda vez que el plan urbanístico, redactado cuando Marbella tenía retiradas las competencias urbanísticas, sale a exposición pública. La primera vez recibió 8.532 alegaciones. De ellas, unas 5.000 hacían referencia al proceso de regularización viviendas a cambio de terrenos para equipamientos y zonas verdes. En su carta, la alcaldesa agradece a los vecinos su participación en el debate social creado en torno al PGOU y "propiciado para alcanzar las soluciones que mejor garanticen tanto el interés público como los legítimos derechos de los particulares". El documento permanecerá en exposición pública hasta el 5 de enero.
Viviendas en orden
- El PGOU de Marbella tiene previsto regularizar más de 18.000 viviendas ilegales mediante un sistema por el que se deben aportar a la ciudad los equipamientos y zonas verdes esquilmados.
- Unas 500 viviendas, auténticos pecados mortales urbanísticos, quedan fuera de ordenación, aunque Muñoz se ha comprometido a luchar para que sean finalmente legalizadas.
- La plataforma de vecinos 29-M, creada para defender la legalidad, impugnará el documento porque cree que los pagos para regularizar las viviendas no son proporcionales al daño causado.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Marbella - 09/12/2008
Foto: Marbella - malagapueblos.com
Los vecinos del Cabanyal atribuyen las zonas degradas al abandono municipal
LEVANTE/Valencia* : La Asociación de Vecinos del Cabanyal-Cabanyal ha señalado que el hecho de que cuatro de los 12 asentamientos, declarados como tales por el Ayuntamiento de Valencia, se encuentren en la zona, y más cuando tres de los cuatro están en el área por donde se debe ejecutar la prolongación, no es casual y se debe a la política del caos de estrategia urbanística que tiene su ejemplo más claro en la zona de la calle San Pedro.
La organización vecinal culpa de está situación al ayuntamiento y se pregunta qué responsabilidad tiene en esta situación la política desarrollada en estos últimos años por parte de la empresa Cabanyal 2010, que ha alquilado casas inhabitables a diferentes familias y cuál el de la justicia por consentir éste tipo de prácticas de acoso inmobiliario.
Para la organización vecinal el caso más claro es el que se puede ver en la calle San Pedro. En esa zona varias familias se han visto obligadas a aceptar el realojo en lugares como la avenida de los Naranjos. "Y todo porque la encrucijada que les presenta el ayuntamiento es muy clara, y ya dura años. Los vecinos deben elegir entre la degradación y la prolongación porque nadie les ha enseñado que la rehabilitación es posible", comenta la organización vecinal.
Los focos de asentamientos se encuentran en la calle San Pedro y la de los Ángeles; en la calle Progreso y Padre Luis Navarro y en unos terrenos de los llamados Bloques de Astilleros. Las tres se encuentran en el ámbito de la prolongación lineal de Blasco Ibáñez prevista en el planeamiento, mientras el cuarto está en la calle Rosario y Progreso, de la zona conocida como Canyamelar.
La entidad lamenta que aún muchos vecinos les culpen a los hoy directivos de la asociación de ser los causantes de está situación en vez de hacerlo directamente a la alcaldesa, Rita Barberá, que es quien defiende el plan de prolongación de la avenida y la apertura del bulevar de San Pedro, como figura en el plan aún recurrido en el Supremo y pendiente de sentencia.
* Levante-EMV - 9.12.2008
Foto: Cabanyal - elpais.com
