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ELPAÍS/Alicante* : En el municipio de Monòver la disciplina urbanística amenaza con derivar en un Expediente X. El Ayuntamiento, en manos del PP con el apoyo de dos ediles independientes, acumula desde 2005 más de 1.000 expedientes por otras tantas infracciones urbanísticas paralizados, según datos recabados por el este periódico de fuentes municipales.
Entre los expedientes por irregularidades urbanísticas "dormidos", según las mismas fuentes, está uno que afecta directamente al concejal del PP Isidro Tendero. El edil realizó una obra supuestamente ilegal en su chalé, sito en una partida rural, denunciada por el grupo socialista en mayo de 2008. Dos semanas más tarde se incoó el correspondiente expediente, todavía inconcluso como el resto de actas levantadas.
El equipo de gobierno local, que preside Salvador Poveda, del PP, ha declinado ofrecer su versión sobre el estado de las actas por infracción urbanística que los servicios de inspección han levantado desde 2005. Hasta mayo de 2008, la competencia de la disciplina urbanística recaía en el concejal de Urbanismo, Emilio Argilés. Sin embargo, a partir de esa fecha pasó a manos de la junta de gobierno. Argilés rehusó hacer comentarios sobre ese aspecto alegando que no le competía y Poveda no atendió la llamada de este periódico.
En el pleno del viernes, la mayoría del equipo de gobierno aprobó otra modificación en el departamento de disciplina urbanística. El trámite de los expedientes lo ejecutará el alcalde y la sanción a la que hubiere lugar la fijará la junta de gobierno.
Aparte de esta ambigüedad sobre la disciplina urbanística, el municipio está pendiente desde junio de 2007 de la aprobación definitiva del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El documento prevé recalificar 15 millones de metros de terreno y hasta 33.000 nuevas casas.
* ELPAIS.com - S. N. - Alicante - 15/02/2009
Foto: Monóvar (Alicante), ayuntamiento - es.viajes.yahoo.com
Monòver acumula 1.000 expedientes urbanísticos sin ejecutar en tres años
Decenas de vecinos de Pozo Alcón, imputados por chalés y naves ilegales
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IDEAL/Jaén* : La Guardia Civil ha comenzado ya a tomar declaración a decenas de vecinos de Pozo Alcón a los que se está imputando un delito contra la ordenación del territorio. Los especialistas en temas urbanísticos del Seprona llevan meses investigando las construcciones supuestamente irregulares en el término municipal. Entre las personas llamadas a declarar están anteriores responsables municipales, además de particulares.
En Pozo Alcón, en terrenos que están a las puertas del parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas, no se han detectado urbanizaciones ilegales, sino la proliferación de construcciones aisladas con uso residencial mayoritariamente y también algunas naves de aperos. Están sobre suelo no urbanizable que, en algunos casos apuntan fuentes de la investigación, gozan de algún nivel de protección. En un pri momento, el número de construcciones supuestamente ilegales detectadas superaban el medio centenar. En esta fase de imputaciones abierta ahora habrá una segunda criba en la que algunos vecinos podrán sacudirse la sospecha de haber cometido infracción penal. Pero el número de llamados a declarar como imputados se cuenta por decenas.
Las pesquisas llevaban paradas desde el mes de junio pasado, cuando el Instituto Armado confirmó la masiva presencia de casas irregulares en el término municipal. Casi un año antes, la actual alcaldesa, Pilar Salazar, había pedido a la Guardia Civil un informe sobre la situación urbanística en la localidad. «A los pocos días de tomar posesión como alcaldesa -en junio de 2007-, recibí información de la propia Guardia Civil de que se iban a producir en Pozo Alcón por parte del Seprona actuaciones de inspección sobre ilegalidades urbanísticas». La regidora ha explicado que «ante la alarma social que ésto podría producir, esta alcaldía se dirigió a esta institución (la Guardia Civil) para que antes de que se produzcan actuaciones de difícil solución» se le diese la oportunidad de «regularizar las situaciones de uso y transformación de edificaciones disconformes con la legalidad vigente». Primero había que determinar qué es lo que había que arreglar. Así que se pidió a la Guardia Civil un informe sobre la situación urbanística.
Trámites lentos
Ayer, Salazar indicaba que algunos vecinos habían quedado fuera de la lista de imputados gracias a la gestión del Ayuntamiento. Sin embargo, la salvación legal para esas construcciones requiere mucho tiempo. El Seprona y la Justicia van más deprisa. La regidora de Pozo Alcón explica que la modificación del Plan General de Ordenación de Urbana del municipio está «en fase de avance», ya que el trámite se inició el año pasado con la adjudicación de la redacción del nuevo plan.
«Ha habido desde entonces varias reuniones con distintas consejerías de la Junta en Sevilla, pero cuando un procedimiento judicial empieza tiene que acabar. Aún no hay un avance del plan aprobado» -documento que podría servir de tabla de salvación a aquellos que tengan su parcela en terrenos que se declaren urbanizables- y el trámite es lento.
Según declaró la alcaldesa el pasado mes de junio «regularizar, es decir, legalizar todo aquello que sea susceptible o posible». Pilar Salazar insistía en «dejar muy claro que la intención de esta alcaldía es resolver, solucionar, y que estas situaciones no se vuelvan a producir nunca».
El Seprona ha hecho ya este tipo de batidas en media docena de municipios de la provincia, con varios alcaldes imputados.
* Ideal - J. E. POVEDA - 15.02.09
Foto: Vista general de Pozo Alcón, en la sierra de Cazorla. /IDEAL
Alicante: El PGOU de los 100 días y 100 noches
ECOLOGISTASENACCIÓN* : No tuvieron ningún recato los redactores del proyecto de revisión del PGOU de Alicante (el arquitecto Jesús Quesada Polo y su equipo) en afirmar en público que su trabajo lo realizaron en 100 días y sus respectivas noches. Dieron a entender que tuvieron poco tiempo y que lo aprovecharon al máximo.
No sabemos si el trabajo nocturno está contemplado en los despachos de arquitectura o si es legal, pero el resultado final es coherente con ese corto espacio de tiempo para redactar el principal documento urbanístico de un término municipal de más de 200 km2. Pues hay que decir que ese proyecto de PGOU tiene abundantes errores, le faltan documentos importantes, y parece redactado para cubrir el expediente, en lugar de ser una propuesta seria, fundamentada y razonada.
Las prisas le vinieron al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante de la anterior holgazanería y desprecio mostrados, pues desde marzo de 2003 (aprobación del Concierto Previo), o quizás desde antes, desde el despido del anterior redactor Lluis Cantallops, hasta mediados de 2007, no se movió ni un papel ni un músculo. Cuando era evidente que el plazo impuesto por el reglamento de la LUV (Ley Urbanística Valenciana) prescribía en abril de 2008 (y aún no se había hecho nada), vinieron las prisas, pues eso significaba que el Concierto Previo caducaba y había que empezar desde cero, o sea retrotraer el proceso de elaboración del PGOU a marzo de 2001. El respaldo legal del Plan Rabassa estaba en peligro. Las presiones sobre la Conselleria dieron el resultado, pues se aprobó por Decreto una modificación del ROGTU(Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística) de forma retroactiva y la fecha de caducidad se retrasó por arte de magia seis meses (hasta el 18 de octubre de 2008) y ya para esa fecha estaba listo el bodrio de PGOU preparado por el nuevo equipo redactor.
El PGOU es desarrollista, expansionista, insostenible ambientalmente y apuesta por el crecimiento en una época de crisis y decrecimiento. El único límite auto impuesto parece que está en que la ocupación de nuevos suelos no supere el 30% de lo ya ocupado, pues según la Ley 4/2004 de Ordenación del Territorio todo m2 que lo supere deberá pagar 6 euros a un Fondo de Sostenibilidad gestionado por la Generalitat. Se reclasifican casi 17 millones de m2, incluyendo al Plan Parcial de Rabassa (3,78 km2), de forma que el suelo urbano y urbanizable pasa 46,76 a 63,52 km2, un incremento del 35%. Se proyectan casi 100.000 nuevas viviendas en un horizonte a medio plazo del 2036, horizonte con una gran incertidumbre en cuanto al posible aumento de la población, ya que ésta ha aumentado en la última década al rebufo de la inmigración exterior, con unas tasas de crecimiento de la población local que no llegan a las necesarias para el mantenimiento de la misma. Es más que probable que la población se estanque o que aun retroceda, y hay muchos interrogantes sobre la evolución de la inmigración en los próximos años, dada la situación de crisis económica.
Se apuesta por extender las redes viarias motorizadas (nuevas autovías A-10, A-20, A-30 y conexiones entre esas autovías y las actualmente existentes), siguen escaseando las zonas verdes urbanas, se apuesta por las grandes superficies comerciales en detrimento del pequeño comercio tradicional pues se proyectan 5 nuevas grandes superficies comerciales, que se presentan con el falso nombre de “Centros Cívicos”. Las dotaciones que se promueven solamente son para la “nueva” ciudad que se proyecta, dejando a la ciudad consolidada huérfana de nuevas dotaciones, tan necesarias en la mayoría de barrios de la ciudad y con un déficit crónico.
En resumen el Proyecto de Revisión del PGOU de Alicante es:
- Desarrollista: pretende incorporar al suelo urbanizable casi 17 km2 (el 8% del término municipal) y prepara el terreno para la construcción de casi 85.000 nuevas viviendas. No existe el concepto de rehabilitación ni la mejora del actual parque de viviendas ni de los barrios existentes.
- Insostenible ambientalmente: pues incorpora nuevos suelos urbanizables en suelos con gran potencial agrario, alto valor paisajístico y ambiental(Bacarot), y pertenecientes a la antigua Huerta de Alicante (sector Torres de la Huerta, con más de 17.000 viviendas previstas)
- Poco respetuoso con espacios naturales: pretende circunvalar la Sierra de Fontcalent con una nueva autovía, y rodearla de suelo industrial, pretende construir una carretera y nueva zona terciaria-hotelera en el perímetro de afección del Saladar de Agua Amarga, da el visto bueno a la construcción de más de 13.000 viviendas en Rabassa, rodeando las lagunas de edificios
- Dependiente del coche: el transporte motorizado es el centro de la movilidad prevista, pretende construir muchos aparcamientos subterráneos en el subsuelo de los viarios y zonas verdes, impulsa nuevas autovías urbanas, no planifica el desarrollo del tranvía
- Negacionista del Cambio Climático: para los redactores del PGOU no existe el cambio climático, pues no lo incorporan como el principal problema ambiental, no impulsan las energías renovables en los edificios, no se marcan como objetivo la reducción de gases de efecto invernadero
- Continuista: la ciudad de Alicante tiene un grave déficit de zonas verdes, y de equipamientos (escuelas, centros de salud, centros cívicos, etc) que este PGOU no pretende solucionar
- Poco democrático: no ha existido un verdadero proceso de participación ciudadana en la elaboración del PGOU, incumpliéndose las leyes (Ley 27/2006 que traspone el Convenio de Aarhus) y los reglamentos que regulan esa participación
- Al servicio de los promotores inmobiliarios, pues su principal preocupación es dotar a la ciudad de suelos para nuevas viviendas, que además no son necesarias y ajustarse a los deseos y demandas de ese sector social
* Ecologistes en Acció d’Alacant - 13.02.09
Foto: Alacant desde la Serra Grossa - ecologistasenaccion.org
Almuñécar prepara su referéndum
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ELPAÍS/Granada* : La cuenta atrás para votar sobre el futuro urbanístico de Almuñécar ha comenzado. Los más de 27.000 ciudadanos que tiene censados el municipio, el tercero en la provincia por número de habitantes, tienen la oportunidad de votar el próximo 28 de febrero, Día de Andalucía, si están de acuerdo con la propuesta del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) elaborado por el Ayuntamiento sexitano.
El compromiso del equipo de gobierno, que lidera Juan Carlos Benavides, de Convergencia Andaluza (CA), es retirarlo si no es respaldado por el pueblo.
"Es por ti. Es por todos. Éste sí es tu referéndum". Desde el pasado día 12 no es raro encontrar en las calles del pueblo vallas publicitarias o banderolas con esos mensajes. El lema recuerda al que el Gobierno de la UCD empleó en 1981 pidiendo la abstención de los andaluces en el referéndum de ratificación de acceso al autogobierno por la vía rápida de la Constitución, el cual rezaba: "Andaluz, éste no es tu referéndum".
La tradicional pegada de carteles que sirve de arranque en campaña electoral ha sido sustituida en Almuñécar por un reparto en días sucesivos de cartelería para que los vecinos se impliquen y los cuelguen de sus balcones. Quizá sea por eso que la publicidad está más presente en el casco histórico y en la entrada del municipio que en la zona de la playa, donde las viviendas son normalmente segundas residencias.
El camino para llegar a esta consulta ha sido largo. Así lo recordó en la presentación de la campaña el secretario local de Convergencia Andaluza de Almuñécar y La Herradura, Rafael Contreras, quien hizo alusión a las "zancadillas puestas" por la Junta de Andalucía y el Gobierno de la nación que finalmente, subrayó, "han tenido que doblegarse en un tema donde el Ayuntamiento tenía razón".
El Tribunal Supremo anuló el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se denegaba en septiembre de 2006 al Consistorio la posibilidad de celebrar la consulta. Antes, ya se había opuesto a este propósito la Administración autonómica que argumentó que el Ayuntamiento carecía de competencias para convocarla. El alcalde recurrió la decisión y finalmente le dio la razón el Supremo que declaró nulo el acuerdo que se lo impedía. Será la segunda vez en 23 años que un ayuntamiento andaluz pide la opinión en urna a sus vecinos. Hasta ahora sólo lo había hecho el Ayuntamiento de Montellano (Sevilla) en mayo de 2001. El resultado de la votación, acerca de un asunto sobre el agua, fue contrario a la posición defendida por el gobierno local.
La consulta se realiza sobre la aprobación inicial del PGOU, que se hizo en 2005, pese a que fue aprobado provisionalmente un año después. Por esta razón, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almuñécar, Francisco Prados, cree una "farsa" el referéndum que achaca al empeño de Benavides de "salir en los medios de comunicación". El equipo de gobierno asegura que la iniciativa responde a su compromiso electoral de ofrecer a los ciudadanos un "ayuntamiento abierto y participativo".
Los partidos con representación en el Ayuntamiento -CA (10 concejales), PP (cinco), PSOE (cuatro) y uno de IU y otro del Partido Andalucista- tienen distintos puntos de vista sobre el plan y la consulta. Los tres últimos se oponen al planeamiento, mientras que el PP, que apoya el sí, junto a CA, ha censurado el gasto publicitario de Convergencia en tiempos de crisis.
En cualquier caso es un gasto estimado ya que el equipo de gobierno no ha hecho público a cuánto asciende económicamente la campaña ni la celebración del referéndum, si bien hay partidos como el PSOE que calculan que superará los 120.000 euros. "Es un gasto innecesario", lamenta Cuadros, porque además va a preguntar sobre un "plan diferente al que tramita con la Junta debido a las modificaciones que ha realizado en la aprobación provisional".
El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Carlos Rojas (PP), que es a su vez alcalde de Motril, cree que es una "oportunidad única" para los ciudadanos de Almuñécar y aunque no es vinculante la consulta, Rojas cree que la Administración autonómica debe tener en cuenta la opinión de los ciudadanos. "Cometería un tremendo error si no lo hace".
Reuniones con vecinos y asociaciones de cada barrio, entrega de material, además de la puesta en marcha para la ocasión desde el pasado mes de enero de un canal de televisión privado, Canal Tropical, forman parte de la campaña que provoca distintas opiniones entre los ciudadanos. El alcalde confía en que la participación sea mayoritaria para conocer qué quieren los sexitanos para el futuro de Almuñécar y su desarrollo.
Benavides cree un "hito histórico" la consulta que demuestra, en su opinión, que el planeamiento urbanístico es una competencia local por lo que recuerda a la Junta que su papel es el de velar para que se cumpla la legalidad vigente.
Si sigue adelante el PGOU sustituirá al aún vigente, que data de 1987. Desde entonces la población ha aumentado en Almuñécar más de un 25%.
* ELPAIS.com - VALME CORTÉS - Granada - 15/02/2009
Foto: Almuñécar (Granada), vista aérea - J.Rojas (El País)
