GREENPEACE* ha presentado hoy la novena edición del informe Destrucción a Toda Costa. Por primera vez en España, se ha analizado el estado de 233 espacios litorales protegidos, repartidos en los más de 8.000 kilómetros de litoral. El informe pone de manifiesto que ni siquiera los Espacios Naturales Protegidos (ENP) de la costa, supuestamente amparados por la legislación, están a salvo de la destrucción del litoral que ha imperado los últimos años. Más de la mitad, 120, sufren algún tipo de amenaza por urbanismo, infraestructuras o contaminación.
Las cifras del informe constatan cómo el desarrollo inmobiliario ha consumido ingentes cantidades de recursos naturales insustituibles, acosando al poco territorio virgen que queda en el litoral. Estado y comunidades autónomas son responsables de un desarrollo urbanístico depredador, calificado por el Banco de España como “economía suicida”. Los casos de corrupción urbanística siguen siendo una constante en la práctica totalidad de las comunidades autónomas costeras. El informe también realiza un detallado estudio de los graves problemas de contaminación presentes en el litoral.
"Puede que la declaración de un espacio protegido les sirva a los políticos para ponerse medallas sobre su apuesta por salvar la costa. Pero cuando, años después, descubren que esa protección es incompatible con algún proyecto urbanístico, intentan saltarse la norma que ellos mismos elaboraron, convirtiendo a estos espacios en 'parques de papel', en papel mojado", ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.
Andalucía tiene 18 ENP amenazados y el peor ejemplo de destrucción de uno de los pocos parajes vírgenes que quedan en el Mediterráneo, el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y donde se ha construido el hotel ilegal de El Algarrobico.
Asturias es, después de Euskadi, la comunidad autónoma con menos espacios protegidos en la costa. Además, está prevista la creación de hasta 2.500 amarres en su litoral o la construcción de un campo de golf en Gozón, en plena Red Natura 2000.
Cantabria, con cuatro ENP muy amenazados, ocupa el segundo lugar después de la Comunidad Valenciana en el porcentaje de ocupación artificial en los primeros 100 metros costeros. Es paradigmático que siga operativo un campo de golf en el Parque Natural de las Dunas de Oyambre.
Cataluña, con ocho ENP amenazados, tiene en el Delta del Ebro el más claro ejemplo de acoso urbanístico y de infraestructuras a un espacio supuestamente protegido, donde la Agencia Europea de Medio Ambiente ha considerado al Delta como un “punto de alarma” por la contaminación de sus aguas debido a actividades industriales.
La Comunidad Valenciana tiene 21 ENP amenazados por diversos proyectos, como el acoso urbanístico al Parque Natural de La Albufera donde municipios como El Saler, El Palmar o Sueca siguen asfixiando a este humedal.
Euskadi, con ocho ENP amenazados, tiene el porcentaje más bajo de costa protegida de todo el Estado. Y ejemplos como el proyecto de construcción de un puerto exterior de Pasaia en Jaizkibel, que forma parte de la Red Natura 2000, no avalan los argumentos de desarrollo sostenible que esgrime la Diputación de Guipúzcoa.
Galicia, con 17 ENP amenazados aunque, en la teoría, la Xunta reconoce que tiene más de la mitad de su costa protegida. Pero de nada sirve proteger bajo un marco legal si, como en el caso del ENP de la Costa da Morte, se pretende construir una piscifactoría de 300.000 metros cuadrados, en pleno espacio protegido que forma parte de la Red Natura 2000 europea.
En las Islas Baleares hay 14 ENP amenazados. Unos espacios protegidos que sufren una merma diaria en sus valores naturales. Uno de los mayores puntos negros de la historia de Baleares es el proyecto de ampliación del puerto de Ibiza, que representa una gran amenaza al Parque Natural de las Salinas de Ibiza y Formentera.
En las Islas Canarias 14 ENP están amenazados. En esta comunidad autónoma el proyecto de puerto industrial de Granadilla es uno de los más graves ejemplos del atropello a un espacio natural.
La Región de Murcia, con siete ENP amenazados en tan sólo 300 kilómetros de litoral. La Región ostenta uno de los peores ejemplos del acoso a la costa virgen, con una reforma en la Ley del Suelo para desproteger el 64% del Parque Natural Cabo Cope-Calnegre (15.000 hectáreas) para la construcción de un complejo turístico.
En el informe también se han analizado las agresiones costeras a los ENP de Ceuta y Melilla. En la Ciudad Autónoma de Ceuta, poco a poco se va urbanizando el ENP de Monte Hacho, y en Melilla, los focos de contaminación y la ampliación del puerto amenazan el ENP de los Acantilados de Aguadú.
Estas son las cifras de amenazas directas o en el entorno de sus límites de protección que se han proyectado o están ejecutándose en los ENP que Greenpeace ha analizado:
(Ver informe original en enlace)
La paralización de muchos avances en materia de gestión costera, como el archivo y el olvido por parte del Ministerio de Medio Ambiente de la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa o el abandono de procesos de expropiación de edificaciones ilegales, como el hotel de El Algarrobico (Almería), demuestran la nula política de gestión ante la crisis. Una actitud que intenta obviar la normativa ambiental y relegar el medio ambiente a una segunda división de los problemas estatales.
Greenpeace considera que la política ambiental debe ser prioritaria. Por ello, reclama la puesta en marcha de las siguientes medidas:
El refuerzo de la Ley de Costas ante la crisis económica. Tanto la Administración central como las autonómicas deben garantizar el cumplimiento de esta legislación como apuesta de un futuro sostenible para el litoral.
Un liderazgo claro del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en la protección de la costa. El primer paso debe ser retomar la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa, presentada hace más de un año, en la que el Ministerio no ha trabajado.
La compra de terrenos y la demolición de edificaciones ilegales debe continuar para garantizar la integridad de la costa.
Una actuación contundente, sin arbitrariedades, contra las grandes ilegalidades acometidas en la costa, eliminando las construcciones ilegales, y poniendo freno a la altísima corrupción urbanística.
La elaboración de planes de gestión efectivos que frenen el acoso a los ENP de la costa.
El fin de los vertidos industriales y urbanos que están dañando la calidad de las aguas.
La creación de planes para luchar contra la contaminación por vertidos y accidentes marítimos.
“Greenpeace considera que la defensa de la costa tiene que ser incondicional por parte de las administraciones implicadas, sin rebajas ni excusas. No tiene ningún sentido derribar chiringuitos ilegales en playas urbanas si se sigue manteniendo un hotel ilegal de 21 plantas en la playa protegida de El Algarrobico. Y como El Algarrobico hay muchos otros ejemplos”, concluyó Marcos.
Informe Destrucción a Toda Costa 2009 disponible en www.destruccionatodacosta.com ó www.greenpeace.es
Pdf interactivo en http://www.full-interactive.com/revistas/greenpeace/Destruccion-a-toda-costa/
* Greenpeace - 7.0709
Foto: Greenpeace, informe destrucción a toda costa 2009
Greenpeace denuncia que más de la mitad de los espacios naturales protegidos de la costa están amenazados
Jaén: La plataforma contra la presa denunciará al Ayuntamiento por «manipular informes»
IDEAL* : La Plataforma en Defensa de los Cañones, contraria a la construcción de las presa del río Eliche, llevará a la Fiscalía una denuncia contra el gobierno local, la corporación municipal en pleno, la Agencia Andaluza del Agua, las consejerías de Cultura y Medio Ambiente de la Junta, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y el Ministerio de Medio Ambiente por supuestas irregularidades detectadas en la tramitación de la presa.
La denuncia está «prácticamente ultimada» y se presentará -salvo que todas las administraciones citadas den explicaciones- «antes de final de julio», según ha explicado Manuel Molinos, portavoz de la plataforma.
Molinos hizo ayer públicos dos informes municipales, sobre los que señaló que «están evidentemente manipulados». El primero está firmado el 4 de junio de 2008 por el ingeniero de montes municipal Juan Martín Cabrera, y fue remitido a la Confederación por el concejal de Medio Ambiente, José Luis Cano. El ingeniero afirma que la presa y las obras afectarían «irreversiblemente» a los «valores geomorfológicos de muy alto valor naturalístico». Se asegura que se verá afectada la calidad del agua de las captaciones del Mingo, que la presa dañará «irreversiblemente» un paraje de alto valor paisajístico. El ingeniero afirma también taxativamente que con la normativa en la mano, en los cañones «están prohibidas las obras de desmonte, aterrazamientos, instalaciones turístico-recreativas y toda obra de carácter infraestructural».
El mismo ingeniero firma otro informe de fecha 2 de julio de 2008, menos de un mes después del primero, en que se eliminan todos esos argumentos contrarios a la presa. Fue enviado a la Confederación por la alcaldesa, Carmen Peñalver, el 12 de agosto de 2008. Además de párrafos suprimidos, donde en junio el ingeniero afirmaba que «la presa motivará una intensa degradación ambiental» un mes después opinaba que «podrá motivar». Todo lo que en junio era taxativo, en julio el mismo técnico lo deja en condicional, denuncia Molinos. La alcaldesa le aclara a la Confederación que este informe sustituye al anterior.
La Plataforma hizo ayer público también una nota del jefe de los servicios técnicos municipales, Manuel Ruiz Navarro, en el que se dice que Juan Martín «añade que sobre este expediente ha recibido ya demasiadas presiones tanto de políticos como de funcionarios».
Por todo esto, Molinos afirma que «seguramente se ha cometido un delito», ya que recientemente Ayuntamiento, Junta y Subdelegación del Gobierno manifestaron que mantenían su intención de continuar con la presa. «La causa de la tardanza de los expedientes son estos informes contradictorios. Los técnicos no quieren firmar argumentos en falso», dijo ayer Molinos.
Según Molinos, esta documentación obra desde hace meses en poder de todas las administraciones públicas y grupos políticos sin que hayan actuado en consecuencia. Además, Molinos señala otras irregularidades en la tramitación de la presa: que aún no haya petición de informe a la Consejería de Cultura, que falte el informe del Instituto Geológico y Minero.
Respuesta municipal
El Ayuntamiento respondió a las acusaciones con un comunicado con declaraciones del concejal de Urbanismo, Manuel López, quien asegura que se está trabajando «de mano de los vecinos y las vecinas para llevar a cabo el compromiso que hemos adquirido (...) Nuestro objetivo es la ordenación del territorio que durante tantos años ningún responsable político ha abordado». Según López se están cumpliendo «escrupulosamente» acuerdos firmados en público. Muestra su extrañeza porque si Molinos descubrió irregularidades hace un año no las haya hecho públicas hasta ahora, y añade que el expediente lo forman no sólo los dos informes a los que alude Molinos, sino muchos más y otros que se añadirán próximamente. Y se asegura que el Ayuntamiento está actuando «con la máxima transparencia, en colaboración con las demás administraciones y con los vecinos y vecinas de Jaén» para resolver un problema enquistado desde hace años.
* Ideal - 07.07.09 -JUAN ESTEBAN POVEDA
Foto: La presa de laminación del río Eliche es una de las soluciones planteadas por las administraciones para evitar las riadas en Los Puentes. · Autor: Viva Jaén, andaluciainformacion.es
La censura de Gondomar reactiva la guerra urbanística
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ELPAÍS/Pontevedra* : Dos concejales procesados por cohecho, tras ser sorprendidos cobrando por una recalificación en el plan general de urbanismo que habían vendido, y otros cinco, más el entonces alcalde, Carlos Silva, condenados en otra causa a prisión e inhabilitación por prevaricación urbanística, marcan los precedentes de la moción de censura planteada por los concejales del PP, PSOE y Move Gondomar contra el alcalde Antón Araúxo, del BNG, con el planeamiento urbanístico como cuestión prioritaria que, sin embargo, los promotores de la censura aún no han decidido cómo encarar, según informaron ayer.
Martín Urgal, el candidato a alcalde (PP), Alfonso de Lis (PSOE) y Manuel Núñez Sestelo (Move Gondomar) comparecieron ayer ante los medios de comunicación para anunciar las que serán sus primeras medidas de gobierno, una vez se consume pasado mañana la moción de censura. Lo hicieron en un hotel de Nigrán. Ha sido una semana agitada en Gondomar, con cacerolada diaria contra la moción, y ayer la Guardia Civil vigilaba la entrada del hotel en previsión de altercados.
Varios centenares de vecinos volvieron ayer a recorrer las calles del centro urbano para insistir en el binomio moción =corrupción, que también es la denominación de la plataforma convocante.Lo primero que aprobará el nuevo gobierno de Gondomar será un presupuesto municipal.
El BNG no ha sido capaz de aprobar ninguno, ni siquiera un sueldo para sus concejales.
Para los promotores de la moción resulta "una perversión del juego democrático" que los cinco concejales gobernantes hayan impuesto sus criterios a los otros 12. "Los que mandan están en la oposición", afirman éstos, arrogándose una capacidad demostrada para "obligar" a los nacionalistas "a asumir cuestiones a las que abiertamente se oponen", aunque al mismo tiempo les acusan de no cumplir los acuerdos plenarios que ellos promovieron.
El gobierno nacionalista ha perdido 1,2 millones de euros en subvenciones, según aseguran, y ahora se revisará toda su gestión económica. La moción, dijo el alcaldable, Martín Urgal, es "traumática para todos, para los que salen y para los que entran", pero "Gondomar y los gondomareños" la están urgiendo: por la paralización municipal y, singularmente, del urbanismo, "con cientos de vecinos que no pueden construir su casa".
El nuevo gobierno hablará "con la gente para saber su opinión" en relación con el urbanismo y después decidirá si acometer un plan nuevo o rescatar el "de la corrupción" de 2006. La anterior corporación acordó, antes de las elecciones de 2007, suspender su tramitación "por higiene política". Abría 1,6 millones de metros cuadrados a una urbanización intensiva y José Luis Mosquera, portavoz del gobierno, y Alejandro Alonso, responsable de urbanismo, ya se lo estaban cobrando a los promotores. Ayer se aseguró que "sólo" se había suspendido su tramitación hasta las elecciones municipales, pero la moción aprobada no fija plazos, sino que llanamente "deja sin efecto la aprobación inicial" del plan.
El BNG trató de poner en marcha un nuevo planeamiento, pero la oposición apostaba por recuperar el "de la corrupción" sometiéndolo a la "limpieza" que precise. Ahora no descarta tramitar un nuevo plan, pese a la "declaración de lesividad para los intereses de Gondomar" (por cuanto ya existía el de 2006) que aprobó y que han de sustanciar los tribunales.
Este trasfondo urbanístico ha motivado las movilizaciones de esta semana de la plataforma moción=corrupción, que ayer cerró su marcha con un festival con grupos de la comarca. También se han escuchado todas las noches unas notas sincronizadas de zanfona, como tañido lúgubre, que repartió el siniestro Segundo Grandío para las protestas, en las que han participado vecinos de todos los partidos.
Nada evitará la moción de censura. Sus promotores no se han repartido aún las áreas de gestión, pero en el nuevo gobierno tendrá un papel destacado Carlos Silva, ex alcalde y cabeza de lista del PP, condenado por prevaricación urbanística y cuya candidatura a la alcaldía hizo fracasar, "por estética", la primera tentativa de censurar al BNG.
* ELPAIS.com - PRIMITIVO CARBAJO - Vigo - 05/07/2009
Foto: Gondomar (Pontevedra) - aedru.org
Los fiscales anticorrupción de Balears sólo investigan tres casos tutelados por Madrid
ÚLTIMAHORA* : El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, tutela de forma directa, a través de la Fiscalía Especial de Anticorrupción, tres investigaciones, de una veintena, que desarrollan en Balears los representantes del Ministerio Público Juan Carrau y Pedro Horrach. Los casos con competencia directa de Madrid son 'Andratx', 'Operación Relámpago' y 'Son Oms', según confirmaron ayer a este diario fuentes judiciales.
El resto son investigadas bajo la dirección del fiscal superior de Baslears, Bartomeu Barceló.
El 'caso Matas', por ejemplo, cuyo eje central es el patrimonio del ex presidente del Govern, también depende de la Fiscalía General del Estado, que se ha negado a conceder una prórroga al cumplirse los seis meses establecidos desde el inicio de las pesquisas. Sobre ese asunto se pronunciará Barceló en los próximos días, aunque Carrau y Horrach pueden impugnar su decisión final.
Carrau y Horrach están adscritos a la Fiscalía de Balears, pero también forman parte de la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción, que dirige Antonio Salinas, y deben informar periódicamente del desarrollo de las causas en las que intervienen.
Las funciones de la Fiscalía Anticorrupción consisten fundamentalmente en la intervención en los procesos penales por delitos económicos relacionados con la corrupción y en la coordinación de actuaciones de las distintas fiscalías en orden a la prevención y represión de estos delitos. Las tres causas tuteladas por Madrid ('Andratx', 'Operación Relámpago' y 'Sons Oms') están en su recta final de instrucción. En la supuesta corrupción urbanística en el municipio 'andritxol' ya se han celebrado cuatro juicios. El 'caso Son Oms' es investigado en un Juzgado de Instrucción y por la Sala de lo Civil y Penal del TSJB (por la condición de aforado del diputado del Grupo Mixto Bartomeu Vi cens), mientras que la 'operación Relámpago', abierta desde 2007, se ha subdividido en varias piezas separadas.
Numerosas causas en las que participan Juan Carrau y Pedro Horrach están controladas por Bartomeu Barceló. Entre ellas, destacan los casos 'Ordinas', 'Turisme Jove', 'Dobles ventas', 'Plan Territoral de Mallorca', 'Funeraria', 'Peaje', 'Palma Arena', 'IB3', 'Rodrigo de Santos', entre otros.
La ingente carga de trabajo que acumulan Carrau y Horrach hace prever la adopción de medidas para reforzar la unidad de Anticorrupción en Balears. Incluso, se ha barajado la posibilidad de que otros dos fiscales refuercen la labor de los fiscales anticorrupción de las Islas. El primer 'gran caso' que asumieron Juan Carrau y Pedro Horrach fue la supuesta corrupción urbanística en Andratx, que empezó en 2006 con la detención del ex alcalde Eugenio Hidalgo en la propia sede del Ajuntament.
* Última Hora Digital - PATRICIO CANDIA - 7.07.09
Foto: Palma, Consell Insular - wikipedia.org
Los juzgados tramitan demandas contra seis planes urbanísticos de Ibi
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INFORMACIÓN/Alicante* : Un juzgado de lo contencioso-administrativo ha abierto un sexto frente contra el urbanismo en Ibi, al haber admitido a trámite una demanda contra otro proyecto de edificación, en este caso de viviendas adosadas en la zona del "Pont de Picó", a la entrada de la población, según ha podido saber este diario. De esta forma, son ya seis los planes urbanísticos impulsados por particulares y avalados por el Ayuntamiento han sido denunciados ante los tribunales.
Este último caso, según las informaciones recabadas, se trata del proyecto de reparcelación del Sector PR 16-17 y 18 del PGOU, que fue aprobado por la junta de Gobierno municipal de 2007, y contra el que ahora se ha presentado un recurso. Esta medida se ha formalizado porque por silencio administrativo el consistorio ibense había rechazado el recurso que se planteó en un primer momento.
La iniciativa ha sido formulada ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Alicante por un propietario de terrenos, disconforme con los planteamientos de la reparcelación, que ha sido promovida por la empresa Restour Ilice, SL. Al parecer, según indicaron fuentes municipales, el resto de propietarios ha expresado su conformidad con el planteamiento.
Ante la admisión a trámite de la demanda, el Ayuntamiento ha decidido personarse en el caso como parte interesada, para lo cual ha acordado que un abogado que se encargue de la defensa de sus intereses, en este caso Fernando Román Pastor, según un edicto de la alcaldesa Mayte Parra, a cuyo contenido ha tenido acceso este diario.
De esta forma, son ya seis los planes de desarrollo urbanístico de Ibi que están en los tribunales, por diversos motivos. El primero fue el de la zona de l'Alamí, en el que sigue existiendo conflicto con los propietarios de terrenos, según las informaciones recabadas. También se ha recurrido el proyecto para Finca Barberá, en el que se pretende construir 350 chalés; en este caso, hubo polémica al contratar el Ayuntamiento a una abogada que está imputada por la UER 13, de la fábrica Picó, a raíz de una denuncia de Toplabi, SL, la firma del plan urbanístico de La Pileta, que igualmente ha sido objeto de un proceso judicial. Por último, está el proyecto para Sant Lucía, que fue descartado por el gobierno del PP después de que se registrara una polémica ciudadana. La zona prevista fue declarada zona verde.
SITUACIÓN
De los 9 millones de Santa Lucía al caso de La Pileta
Entre los seis asuntos que actualmente tramitan los juzgados de lo contencioso de Alicante, el TSJ o las propia salas de Ibi, hay dos que destacan por encima de los demás. Por una parte, está el de Santa Lucía, cuyas repercusiones económicas podrían ser importantísimas para el Ayuntamiento. El consistorio, como se viene informando, descartó construir un edificio de siete plantas y ahora su promotora le reclama 9 millones de euros de indemnización; entre otras razones, se alega la ruptura del convenio existente con anterioridad entre las dos partes. En segundo lugar, está el de La Pileta -técnicamente, Sector NP R-3-, cuyo impacto está siendo político y también económico. El Ayuntamiento lo adjudicó a la empresa Promociones Toplabi, SL, de Ibi, pero posteriormente se desdijo en una decisión que ha sido refrendada por el TSJ. Sin embargo, la propiedad de Toplabi denunció ante los juzgados que había sido objeto de presiones, incluso por parte de técnicos municipales, para que no concurriera a otro plan, en concreto la UER 13. Un aparejador municipal y su esposa -la abogada del Ayuntamiento anteriormente citada- están imputados, junto con otros dos técnicos municipales, que declaran el próximo viernes en el juzgado de Ibi que tramita este caso.
* Información - M. CANDELA - 7.07.09
Foto: Ibi (Alicante) - cult.gva.es
