ELPAÍS/Málaga* : El pasado miércoles, el presidente de la Audiencia Provincial de Málaga, Francisco Javier Arroyo, se sometió en el Consejo General del Poder Judicial (CJPJ) a la entrevista como aspirante a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Entre sus méritos, Arroyo destacó la organización de macrojuicios contra la corrupción en Marbella como los casos Minutas, Ballena Blanca -ambos en curso- y Malaya -previsto para el 27 de septiembre-. José Manuel Gómez Benítez, vocal del Consejo, guardaba una pregunta incómoda: "¿Cree que estos juicios están bien organizados y se podrán llevar adelante? Le recuerdo que han desaparecido tomos del caso Ballena Blanca...".
Gómez Benítez se hacía eco del último sobresalto que ha conocido el considerado como mayor caso de blanqueo de capitales de la historia de España, y que, según distintas fuentes, no es achacable a una mano negra sino a la combinación de errores humanos y falta de medios que sufren los juzgados de Marbella.
El pasado 23 de abril, la defensa del principal acusado, el abogado marbellí Fernando del Valle, alertó de la ausencia de 27 bridas con documentación relativa al caso. El sistema de bridas, instaurado por la Audiencia Nacional, es una forma de recoger, empaquetar y ordenar documentos empleado en causas que requieren del manejo de gran cantidad de papeles, como las de delincuencia económica. La Policía Judicial recaba los documentos por bloques, los describe y los precinta en presencia del secretario del juzgado instructor, de forma que no hay manipulación posible hasta llegar al juzgado.
La defensa de Del Valle constató la desaparición de las bridas -no de los tomos del sumario, como apuntó el vocal Gómez Benítez- durante el mes en que el caso Ballena Blanca estuvo suspendido para subsanar otro error judicial. El Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella no había entregado a las partes 32 tomos del sumario del caso, y el 22 de marzo hubo que interrumpir la vista oral para que los abogados pudieran estudiarlos.
El pasado 5 de mayo, el fiscal anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, supo que 10 de las 27 bridas desaparecidas del caso Ballena Blanca se encontraban traspapeladas entre el sumario del caso Malaya, instruido por el mismo juzgado y que se trasladó el pasado mes de enero a la Audiencia Provincial de Málaga. López Caballero intentó que estas bridas, a las que hacía referencia la policía judicial en sus informes del caso, fueran incorporadas a la vista oral, pero el presidente de la Sección Segunda de la Audiencia, Federico Morales, se negó a ello, para regocijo de los acusados. Morales había denegado anteriormente el permiso para investigar dónde se encontraba la documentación echada en falta por las partes, que en su mayor parte corresponde a papeles intervenidos en el despacho de Fernando del Valle.
Todas las fuentes consultadas consideran que el extravío de las bridas ha sido consecuencia de un "error administrativo" o de un "fallo en el transporte" de los sumarios de los casos Ballena Blanca y Malaya de los juzgados marbellíes a la Audiencia malagueña. Ni la Fiscalía ni la Audiencia han promovido una investigación para saber qué pasó para que se mezclaran ambos sumarios. A nivel gubernativo, ni el TSJA ni el CGPJ han abierto expediente alguno sobre este caso. Eso sí, las defensas han contado con un argumento más para desvirtuar ambas causas contra la corrupción, investigadas por el mismo magistrado: Miguel Ángel Torres.
Para evitar que se produzcan fallos similares en el caso Malaya, con 96 procesados y 200.000 folios de sumario, la Audiencia está cotejando todas las pruebas documentales antes de la vista oral. Como respondió Arroyo a su entrevistador Gómez Benítez: "Conseguir que los juicios se inicien y avancen ya es un éxito".
* ELPAIS.com - 7.06.10
Foto: Marbella, imputados Muñoz, Roca, Yagüe y Reñones - 20minutos.es
El caos judicial enreda los casos 'Ballena Blanca' y 'Malaya'
El interés público es invisible
LEVANTE/Valencia* : El juez alerta del ´riesgo de corrupción´ en reclasificaciones como la de Mestalla. El magistrado critica también el sistema de permuta de suelo "cuando la subasta pública tiene más garantías que un convenio con una constructora". Y cuestiona el interés público de la operación. No es la primera vez que pone en solfa estos convenios y cambios de Plan General acometidos bajo el paraguas de un supuesto interés público. En el caso del Valencia CF, pero también en el convenio que hoy abordará la comisión municipal de urbanismo sobre la reclasificación del Estadio Ciutat de Valencia para que el Levante UD consiga 64.000 metros de residencial y terciario.
Ese presunto interés general ya fue cuestionado por este magistrado en otro voto particular que formuló en el auto de 30 de diciembre de 2008 sobre un recurso vecinal contra la reclasificación del solar de la Avenida Corts Valencianes, donde precisamente se está levantando el nuevo campo del Valencia CF. El juez objetó en aquella sentencia que no veía ningún interés público en aquel cambio de planeamiento.
El grupo municipal socialista recurre, en su escrito de conclusiones del recurso de Mestalla, al antecedente de ese voto particular para cuestionar el interés público de la operación en el viejo campo. "Pasados dos años y medio desde su aprobación definitiva no ha sido aún llevada a cabo simplemente por la imposibilidad del Valencia SAD de lograr un comprador para las parcelas que se generaban en dicha modificación", expone el PSPV. Y acto seguido formula unas cuantas preguntas a la sala del TSJ para que se reflexione: "¿Cómo se demuestra el interés público que debe presidir toda modificación del planeamiento si el único obstáculo para que se ejecute son las dificultades financieras del Valencia CF?, ¿Qué intereses públicos se perseguían que no han sido llevados a la práctica?, ¿Por qué no se ejecuta la actuación por Aumsa si es de gestión directa?".
* Levante-emv - 7.06.10
Foto: Estado actual de las obras de Mestalla, paradas desde hace más de un año. EFE
HipoPopoPotaT@mo - Ramón
Viñeta de Ramón - elpais.com, 20100606
Palma.- Calatrava endosó a Matas una ópera que diseñó 18 años antes para Zúrich
DIARIODEMALLORCA* : El Palacio de la Ópera que el ex presidente del Govern del PP Jaume Matas se sacó como un as de la manga en la víspera electoral de 2007 tenía firma y honorarios de prestigio –Santiago Calatrava–, pero carecía de originalidad. En realidad, el reconocido arquitecto valenciano pretendió colocar en Palma el mismo proyecto que había diseñado casi dos décadas antes y ex profeso para el lago Lucerna, en Zúrich, pero que finalmente nunca se llevó a cabo en la ciudad suiza. Tampoco en Mallorca llegó a fructificar la fastuosa obra, al perder el PP el poder tras los comicios.
Sin embargo, Matas apuró su mandato en funciones y cuatro días antes de abandonar definitivamente el Consolat de Mar aprobó el pago de 1,2 millones de euros a Calatrava por la redacción y presentación del anteproyecto, que el nuevo Govern de centroizquierda se negó a ejecutar. Para más inri, unos meses más tarde, en septiembre de 2007, el Premio Nacional de Arquitectura reclamó por carta al nuevo presidente socialista Francesc Antich la devolución de la maqueta. Alegó para ello la cláusula firmada en su día con Matas, con la que blindó la titularidad de la miniatura: "Todo el material, esto es, las maquetas y vídeo, son propiedad intelectual y material de Santiago Calatrava". El actual Govern no se la ha devuelto.
Ahora, el juez José Castro, que instruye la conocida causa contra Matas por presunta corrupción, investiga también si hubo irregularidades en torno a dicho pago al arquitecto valenciano. El magistrado acaba de solicitar oficialmente al Govern "cuanta documentación exista sobre el proyecto de la ópera, adjudicatario, sumas pagadas y cauce utilizado para su abono".
A juzgar por las maquetas de ambos proyectos –el suizo y el mallorquín–, la única diferencia radica en su funcionalidad... y los extras: En Zúrich, el edificio en cuestión flotaría en solitario sobre el lago, y tendría un uso polivalente; en Palma emergería del mar, y albergaría una ópera. Además, para ser fiel al tradicional espíritu del Urbanismo mallorquín, el teatro llevaría aparejada la construcción anexa de un gran complejo de ocio y comercial de dos plantas.
El viernes 27 de abril de 2007, pocos días antes de las elecciones autonómicas, Matas anunció la construcción de una ópera diseñada para encajarla en un extremo del muelle viejo de Palma, con un coste aproximado de 100 millones de euros. Su autor, Santiago Calatrava, "lleva tiempo trabajando para el diseño de un máster plan de la bahía de Palma", explicó por sorpresa el entonces presidente. Posteriormente, el ex conseller de Turismo, Joan Flaquer, se encargaría de desvelar que Calatrava recibió el encargo del Govern hacía "más de un año".
La Junta Electoral frustró finalmente el deseo de Matas de presentar a bombo y platillo los detalles del proyecto arquitectónico junto al propio Calatrava. El edificio en cuestión iba a ser "emblemático", en palabras de todos los consellers del momento, y venía a ser una especie de nenúfar emergente del agua, en la fachada marítima y enfrente de la catedral, comunicado por una pasarela con el muelle viejo y, por extensión, con la ciudad. La conexión con la autopista se realizaría a través de un paseo peatonal con la citada zona comercial a ambos lados del mismo.
Lo más llamativo de la infraestructura circular no era el hecho de que brotara del mar, sino su cúpula, que en forma de gajos se abría como una flor y permitía la entrada de la luz solar. En concreto, 24 elementos retráctiles, los mismos que el techo móvil de la "isla flotante" proyectada originariamente por Calatrava para Suiza.
La prestigiosa revista internacional de arquitectura El Croquis dedicó en 1992 un monográfico al técnico valenciano, en el que repasa sus principales diseños hasta el momento. Entre ellos aparece el llamado "Pabellón de hormigón en Vierwaldstätter" (Lucerna, en español), consistente en una "plataforma flotante" concebida en 1989 para Zúrich, el centro financiero de Suiza. "Este pabellón de hormigón se construirá sobre el lago en conmemoración del 700 aniversario de la Confederación Suiza. El proyecto consiste en una plataforma flotante que podrá ser aprovechada por la organización para usos múltiples", reza el texto acompañado de ilustraciones del proyecto.
En lo que parecen ser palabras del propio Calatrava, la revista prosigue: "Nuestra intención fue la de establecer un diálogo entre una hermosa forma armónica hecha de materiales modernos, y los más bellos paisajes de las montañas y de los lagos del centro de Suiza". De hecho, el también ingeniero y escultor trasladó su residencia habitual a Zúrich tras concluir sus estudios en Valencia, y también allí tiene fijada la sede central de su reputado estudio de arquitectura.
"Es un regalo para los ciudadanos", afirmó el propio Calatrava sobre su proyecto para Palma el 28 de junio de 2007. Según explicó, "el único motor" que le llevó a diseñar esa ópera fue su "profundo cariño y gran respeto" a la ciudad, un "centro cósmico", según su interpretación.
* Diario De Mallorca - 6.06.10
Foto: La maqueta para Palma (2007), abierta. El Palacio de la Ópera que Jaume Matas quiso encajar en un extremo del muelle viejo de Palma se ubicaba sobre una plataforma que emergía del mar y cuyo techo se abría con 24 ´hojas´ retráctiles, el mismo número y la misma silueta que el proyecto original, diseñado 18 años atrás para un lago suizo. - B. ramón / Revista ´El Croquis, diariodemallorca.es
¿Cacique o ciudadano ejemplar?
ELPAÍS/Castellón* : "Si ser cacique es ejercer de presidente, sí soy cacique". "El que paga, manda". "Si me toca la lotería, me sacaré la pirula y mearé en la sede de Izquierda Unida". "Ni sé a la gente que habré colocado en 12 años". "El pueblo me ha absuelto". Estas son algunas de las frases más sonadas del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Frases que revelan su forma de entender la política, su forma de hacer política.
En la corta distancia y hasta hace poco tiempo, Charly tenía pocos límites. Divertido, ameno, espléndido en su atención a amigos o invitados, se ha caracterizado por beberse la vida a tragos largos.
Antes de que finalice el año podría estar sentado en un banquillo, frente a un jurado popular, para responder a las acusaciones de supuesto tráfico de influencias, cohecho y contra la Hacienda Pública, bajo cuyo paraguas se especifican delitos como el fraude fiscal y el blanqueo de dinero. Se le acusa de haber utilizado su cargo, haber sacado rédito por ese uso ilícito y, además, no haber declarado a la Hacienda pública todos sus ingresos que, en parte, podrían tener su origen en ese enriquecimiento ilícito. La vida pública y la privada mezcladas y unidas en una causa judicial.
El caso es que la Agencia Tributaria y dos peritos inspectores de Hacienda han destapado un incremento patrimonial que no se ajusta a los ingresos declarados. Según el informe que analiza sus movimientos bancarios y patrimoniales, Fabra y su esposa, María Amparo Fernández, movieron, entre 1999 y 2004, más de ocho millones de euros en sus cuentas, de los que algo más de cuatro tienen origen y procedencia conocida y lícita, lo que no pasaría con otros 3,6 millones de euros. El informe se ciñe a las cuentas personales de los Fabra. Al presidente provincial, durante esos años, todas las declaraciones de Hacienda le salieron a devolver.
¿Qué han hecho los Fabra con ese dinero del que ahora se cuestiona la licitud de su origen? El mismo informe indica cómo la familia adquirió, durante esos años, varias parcelas, una casa en la urbanización Les Platgetes de Oropesa y un piso de 400 metros cuadrados en Las Salesas de Madrid. Según los datos del mismo informe, el coste de estos inmuebles asciende a, aproximadamente, 1,5 millones de euros que, en cualquier caso, no fueron desembolsados sino que forman parte de las deudas que, a través de préstamos hipotecarios, adquirieron. Aún así, el informe también indica que los Fabra han vendido otros inmuebles por los que, en estos años, deben haber percibido algo más de un millón de euros.
¿Y el resto del dinero? Los movimientos de las tarjetas de crédito de Carlos Fabra desvelan su tren de vida. En uno de sus momentos más álgidos, en 2001, el presidente de la Diputación de Castellón llegó a gastar más de 45.000 euros en un solo mes, la mitad de lo que supone su sueldo anual al frente de la institución provincial. Los montantes fueron cargados en diferentes cuentas por el uso de varias tarjetas, todas ellas a su nombre o a nombre de Carmacas, la sociedad de asesoría que preside. Hoteles, restaurantes, tiendas... Algunos de los pagos realizados durante esos años con tarjeta superan los 9.000 euros.
Durante los más de seis años que ha durado la investigación, Carlos Fabra apenas ha dado explicaciones públicas de los datos concretos que se le imputan. Desde el principio, negó haber mediado ante los Ministerios de Agricultura y Sanidad para tratar de agilizar la obtención de autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios de quien ahora es su enemigo pero que, durante años, fue su amigo, el empresario Vicente Vilar. Adujo haberse interesado por los negocios de este empresario como se interesó por los de otros. Contra esta afirmación existen decenas de documentos remitidos y recibidos por diputados, senadores, directores generales, e incluso ministros, en respuesta a las preguntas sobre la tramitación de los productos de Vilar.
Bolsas de plástico con millones, relojes y joyas y otros ingresos "millonarios" fueron, según el empresario, la forma de pago de los favores realizados por Fabra para que sus productos obtuvieran las autorizaciones necesarias. Carlos Fabra negó haber percibido contraprestación alguna por las gestiones realizadas, que él enmarcó en su deber político. "Nunca he sacado provecho personal de mi condición de presidente de la Diputación de Castellón o de presidente del Partido Popular en la provincia. Mi actividad pública nunca me ha reportado ningún beneficio o ingreso distinto de la retribución oficial, salvo la satisfacción de trabajar por mi provincia", ha afirmado.
Después de que la Agencia Tributaria le acusara de fraude fiscal, Fabra leyó un comunicado en el que negaba haber defraudado a Hacienda. Pero, al margen de estas explicaciones, cualquier mención al caso Fabra ha sido tomada como una ofensa y tratada como una campaña orquestada en su contra y de la que no ha sido más que una víctima.
"Es un ciudadano ejemplar", dijo de él Mariano Rajoy, presidente nacional del PP. Carlos Fabra no ha mostrado ningún problema en asumir el calificativo de "cacique". Y Rajoy, por ahora, no se ha desdicho de sus alabanzas al presidente provincial de Castellón.
Cronología del 'caso Fabra'
- Diciembre de 2003: El empresario Vicente Vilar acusa al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. Vilar ratifica su acusación con una querella ante el juzgado de Nules.
- Enero de 2004: El Juzgado de Instrucción número 1 de Nules archiva la querella de Vicente Vilar por un defecto de forma pero abre una causa de oficio ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la Administración Pública en la que imputa a Carlos Fabra, Vicente Vilar y a las esposas de ambos.
- Marzo de 2004: La Unión de Consumidores se persona, como acusación popular, en la causa abierta contra Carlos Fabra.
- Mayo de 2004: Vicente Vilar aporta facturas de supuestos informes realizados y pagados a Carlos Fabra por asesoramiento en prevención de riesgos laborales y facturas de joyerías por los supuestos regalos realizados tanto a Fabra como a otros miembros del PP.
- Junio de 2004: La Fiscalía Anticorrupción se hace cargo del 'caso Fabra' tras la cuestionada actuación del fiscal jefe de Castellón Javier Arias.
- Julio de 2004: Vicente Vilar aporta escritos de diputados, senadores, directores generales y ministros en los que se da respuesta al interés mostrado por algunos dirigentes del PP por los productos fitosanitarios que fabricaba el empresario y por los que, supuestamente, Fabra mediaba para tratar de conseguir que fueran autorizados con celeridad.
- Junio de 2005: La Agencia Tributaria presenta una denuncia contra Fabra por un presunto delito fiscal cometido en el ejercicio de 1999. La denuncia también habla de ingresos detectados en las cuentas no justificados y de un incremento patrimonial que no se corresponde a sus ganancias declaradas.
- Enero de 2006: La Audiencia de Castellón declara que los presuntos delitos contra la Administración Pública (tráfico de influencias y cohecho) y el fraude fiscal han de investigarse de forma conjunta puesto que puede haber una conexión entre ambos.
- Abril de 2006: La Audiencia autoriza la realización de un informe que analice todas las cuentas y el patrimonio de la familia Fabra, dado que la complejidad de los delitos contra la Hacienda Pública "determina la necesidad de práctica de diligencias que pueden afectar a un amplio círculo de personas que se relacionan con aquellos a quienes se atribuye su comisión, y en especial si son próximas a estos".
- Mayo de 2010: Los peritos concluyen el informe del patrimonio de los Fabra y destapan la supuesta comisión de nueve delitos fiscales y un fraude del matrimonio de 1,7 millones de euros. Sostienen que las ganancias patrimoniales sobre las que no se ha justificado el origen ascienden a unos 3,6 millones de euros.
- Junio de 2010: El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Nules da por concluida la investigación, confirma la imputación por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y contra la Hacienda pública. Cita a las partes para que el día 25 concreten sus imputaciones y expone que los presuntos delitos son competencia de un jurado popular.
* ELPAIS.com - 6.06.10
Foto: Castellón, presidente Diputación C.Fabra (archivo)- elmundo.es
Alta Velocidad: obstáculo para la modernización de nuestros ferrocarriles
ECOLOGISTASENACCIÓN* : El único complot contra la modernización de nuestros ferrocarriles ha sido la descabellada decisión, sin precedentes en ningún otro país, de implantar a un ritmo frenético y de forma generalizada la Alta Velocidad. Muestra de ello es que 3 de cada 5 kilómetros que se construía en Europa eran españoles, de manera que este mismo año, con la inauguración de la línea de Madrid a Valencia, nos situaremos a la cabeza del Mundo con 2.230 kilómetros superando a Japón. Hemos desdeñado el moderno ferrocarril convencional (160/220 km/h) el modelo más común y desarrollado en los países de nuestro entorno. Mucho más flexible, se adapta mejor a nuestra orografía y realidad demográfica. Más versátil permite la mejora integral de todos los tráficos de viajeros a la vez que es compatible con las mercancías. Pero además los ingentes recursos gastados en estos años en Alta Velocidad eran suficientes para haber modernizado de manera integral todas nuestras líneas ferroviarias, evitado en gran medida parte del actual déficit público y hubiese sobrado para financiar otras necesidades.
La toma de decisiones de los responsables políticos ha estado presidida por criterios electoralistas, carente de justificación técnica y huérfana de sentido común, funcionalidad y eficiencia. Por otro lado, los supuestos beneficios que reporta estas fabulosas inversiones son cuestionados por los distintos estudios realizados que además advierten del riesgo de concentración territorial de la riqueza en detrimento de las áreas menos desarrolladas.
El proyecto de línea de Alta Velocidad Villaprovedo a Reinosa es un buen ejemplo de ello: un presupuesto de 740 millones de euros para 60 kilómetros, que pueden reducirse a menos de la mitad con criterios de diseño de 160/220 km/h. La diferencia en tiempo de viaje, según la simulación en el Proyecto (220/250/300 km/h), es entre 2,5 y 4,5 minutos como máximo , que no justifica ni remotamente semejante esfuerzo. Este sobre coste no termina en la fase constructiva sino que se perpetúan durante toda su vida útil en la fase de explotación y conservación y que finalmente tienen que ser repercutidos en el usuario final.
Nos encontramos en la encrucijada, podemos replantear en la medida de lo posible los proyectos en ejecución y reformular el resto en estudio con criterios de un ferrocarril moderno a la vez que eficiente, sostenible y universal. O bien, por el contrario, seguimos empeñados en la Alta Velocidad. Con la segunda opción todos perdemos, pero de manera particular las comunidades periféricas con una población reducida como es el caso de Cantabria.
* Ecologistas en Acción Cantabria - 30.05.10
