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DIARIODECÁDIZ* : Reclama al ex alcalde de La Línea y tres ediles del PP un total de 762.000 euros cada uno. La titular del juzgado nº1 de La Línea ha dictado un auto por el que ordena la apertura del juicio oral en el caso Roseworld y reclama a los procesados fianzas millonarias que deben depositar el próximo lunes.
Según el auto, que fue notificado ayer a las partes y al cual tuvo acceso este periódico, la juez acuerda iniciar la apertura del juicio oral y tiene por formulada la acusación contra el ex alcalde Juan Carlos Juárez Arriola, los concejales del PP Juan Montero, María Cruz Atienza y Francisco Muñiz; así como el ex secretario general del Ayuntamiento Agustín Sevillano y el ex interventor Sergio Gómez por los delitos de prevaricación, alteración de precios en concursos y/o subastas públicas, estafa, fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo de capitales y asociación para delinquir.
Cada uno de ellos tiene un día, que cumple el próximo lunes, para pagar una fianza de 762.666 euros y asegurar así las responsabilidades pecunarias que se les pudieran imponer con el apercibimiento de que si no lo hacen se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada.
El que fuera coordinador de Urbanismo Carlos Ruiz Calama está acusado de los delitos de prevaricación, alteración de precios en concursos y/o subastas, estafa, fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo de capitales, asociación para delinquir y dos delitos contra la Hacienda Pública. Calama debe aportar el lunes una fianza de 1.673.358 euros.
Anil Thakurdas, administrador de Roserworld, está acusado de los delitos de alteración de precios en concurso y/o subastas, estafa, fraude, cohecho, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, asociación para delinquir y falsedad documental. Kevin Phelan será juzgado por los delitos de alteración de precios, estafa, fraude, blanqueo de capitales, asociación para delinquir, falsedad documental y cohecho. A cada uno de ellos se les reclama una fianza de 810.666 euros.
Rafael de los Reyes Medina, administrador de Abuztúa, la empresa que compró luego los terrenos a Roseworld, está acusado de los delitos de estafa, fraude, receptación, blanqueo de capitales y asociación para delinquir. En este caso es la fianza más alta que se solicita ya que está cifrada en 33.381.33 3 euros.
Asimismo y según consta en el citado auto judicial, se requiere a los acusados y a Lábaro Grupo Inmobiliario y Abuztúa, en calidad de responsables civiles subsidiarios, a que en un día presenten una fianza de forma conjunta y solidaria cifrada en 16.333.333 euros en concepto de indemnización al Ayuntamiento de La Línea.
La juez también declara que el órgano competente para el conocimiento y el fallo de la presente causa es al Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Algeciras. Además, informa que una vez desingados los abogados, tienen diez días para presentar su escrito de defensa aportando las pruebas de que intenten valerse. Señala que contra este auto judicial no cabe presentar recurso, excepto en lo relativo a la situación personal del acusado, en que cabe recurso de reforma ante el citado juzgado en el plazo de tres días y si no fuese estimado, el de queja ante la Audiencia.
La juez decreta el sobreseimiento provisional de la causa respecto de los procesados por el delito de tráfico de influencias y señala que los responsables civiles subsidiarios son Lábaro y Abuztúa. Además, ratifica la intervención y depósito del precio pactado en la operación de venta de Roseworld y Abuztúa sobre las fincas vendidas, el bloqueo y embargo de cuentas bancarias y cualquier otro tipo de producto financiero hasta el límite de dos millones de euros cuya titularidad corresponda a Calama; y el embargo de una finca para cubrir 2,6 millones de euros como fue acordado en dos autos de 2007 y una providencia del mismo año.
* Diario de Cádiz - 21.03.10
Foto: La Línea de la Concepción (Cádiz) - mma.es
La Línea: Los procesados en 'Roseworld' tienen un día para depositar fianzas millonarias
Campos del Río: El juez tumba la recalificación de Trampolín
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LAVERDAD/Murcia* : A perro flaco todo son pulgas. Si algo les faltaba ya a los cientos de compradores de una vivienda en la urbanización Trampolín Hills Golf Resort de Campos del Río, que ni tienen casa ni han recuperado el dinero que entregaron a cuenta, era que la justicia declarara nula la recalificación urbanística de los terrenos sobre los que se iba a construir esa urbanización.
Y eso es precisamente lo que acaba de hacer el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Murcia, José Miñarro, que acaba de establecer la nulidad de los acuerdos del Pleno del Ayuntamiento de Campos del Río, celebrado el 26 de mayo del 2005 y en el que se aprobó el convenio urbanístico entre la mercantil Trampolín Hills y el Consistorio, así como la modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal en el paraje de 'El Barril'.
Traducido a un lenguaje menos técnico, ello supone que el juez ha tumbado la recalificación de los terrenos por parte del Ayuntamiento, además del acuerdo que firmó con el promotor Antonio Martínez y por el que éste, en concepto de compensación por dejarle urbanizar, se comprometía a construir un nuevo edificio consistorial con una inversión de 2,5 millones de euros.
La sentencia es consecuencia del recurso que interpuso el Partido Popular en el año 2007, al considerar que el acuerdo del Pleno se había realizado vulnerando la legalidad. Así, el letrado José Antonio Izquierdo, actuando en representación de ese partido, ponía de manifiesto que el Grupo Socialista, con el entonces alcalde Ricardo Valverde al frente, había aprobado la recalificación sin haber contado con el preceptivo informe financiero sobre el proyecto. Un documento este absolutamente necesario, tratándose de un proyecto como el de Trampolín Hills, que podría llegar a doblar la población de Campos del Río y exigir una previsión de servicios públicos para los que quizá no estaba preparada la administración local.
Además, reseñaba que el Ayuntamiento había pactado 'contra legem' la construcción de una nueva casa consistorial, por importe de 2,5 millones de euros, olvidando las prescripciones de la Ley de Contratos, que exige que la adjudicación de una obra de esa envergadura se atenga al principio de concurrencia, y no se otorgue mediante pacto.
También señalaba que no se había dado publicidad a los actos administrativos aprobados.
El magistrado Miñarro ha dado ahora la razón al PP y, debido a esos errores cometidos en su día por el equipo de gobierno socialista, deja sin efecto la recalificación de los terrenos y el acuerdo con el grupo promotor Trampolín Hills.
Varapalo para los clientes
La resolución judicial supone en la práctica un varapalo para los compradores de las viviendas de ese resort, ya que complica sobremanera las posibilidades de que un día lleguen a recuperar todo o parte del dinero que entregaron a cuenta y que, según admite la propia promotora, alcanzó un importe total de más de 52 millones de euros.
En concreto, tanto el empresario Antonio Martínez como los compradores confiaban en que los terrenos de 'El Barril', que suman unos dos millones de metros cuadrados, pudieran ser vendidos por una elevada cantidad de dinero, al estar recalificados urbanísticamente, y que ello permitiera devolver parte de lo adeudado. No en vano, la promotora esgrimía un informe reciente de una auditora, que cifraba el valor de la finca en unos 87 millones de euros.
Si la resolución del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia, que puede ser recurrida, llegara a ser ratificada y se convirtiera en firma, los terrenos perderían la calificación de urbanizables y, con ello, admiten fuentes del proceso, la mayor parte de su valor. Y las posibilidades de alcanzar una solución satisfactoria se reducirían al mínimo.
* La Verdad - 19.03.10
Foto: Afectados de Trampolín Hills, frente a las oficinas de la promotora en Campos del Río. :: JUAN LEAL. laverdad.es
Los comerciantes encabezan la rebelión contra la nueva la Diagonal
ELPAÍS/Barcelona* : Los comerciantes se han erigido en la voz más crítica ante la transformación de la Diagonal que promueve el Ayuntamiento de Barcelona. El secretario general de la Confederación de Comercio de Cataluña, Miquel Fraile, se mostró ayer radicalmente contrario: "La obra no es necesaria". No es que no les guste más el bulevar, la primera opción, o la rambla, la segunda. Es que ni siquiera están de acuerdo en que se lleve a cabo una reforma.
Considera Fraile que la opinión del sector del comercio es "básica" para una transformación de esta envergadura. En cualquier caso, si el proyecto tiene que ejecutarse, Fraile demanda que se tenga muy en cuenta el vehículo privado. "Antes de decidir nada nos faltan dos informaciones básicas: la gestión de la movilidad en las calles adyacentes a la Diagonal y la calidad de la ejecución de las obras".
El principal objetivo de la transformación que impulsa el Consistorio es dar prioridad al peatón y al transporte público frente al uso del vehículo privado. Una combinación que, precisamente, ha sido decisiva para impulsar los ejes comerciales de la ciudad. Empezando por Barna Center -con una férrea oposición inicial de los comerciantes a la peatonalización del Portal de l'Àngel- y siguiendo en cualquiera de los ejes de la ciudad: Gràcia, Sant Andreu, Sarrià, Poblenou, entre otros. Ahora, ninguno de ellos aceptaría un proceso a la inversa.
Con todo, la explicación de las dos opciones de transformación de la Diagonal presentadas el jueves pasado por el alcalde, Jordi Hereu, ha dejado tantos cabos sueltos que incluso las voces que están a favor piden más información. Y sorprende que un colectivo tan implicado en todo proceso de transformación de ciudad como es el de los arquitectos no haya querido pronunciarse. Un portavoz del Colegio de Arquitectos de Barcelona puntualizó que la institución organizará debates, pero declina exponer su posición. Una exposición que se abrirá la semana próxima en los Jardinets de Gràcia aportará más información sobre la reforma que se pretende y con el mismo fin se organizarán debates y charlas. El Ayuntamiento de Barcelona teme ahora que la falta de información decante a la mayoría por la tercera opción (que la Diagonal se quede como está) en la consulta que se realizará en mayo.Éstas son algunas de las opiniones recogidas a propósito de la transformación de la ciudad:
- Ole Thorson, ingeniero de caminos y experto en Movilidad. "Me decanto directamente por la opción del paseo central, la de la rambla, porque es la que mejor trata al peatón con aceras más anchas y una calzada menos contundente. Durante mucho tiempo, las ciudades han dado la prioridad al vehículo y ha llegado el momento de invertir el orden. En las dos opciones es importante que se dé prioridad al tranvía. Una prioridad que también se deberá producir en el paso semafórico". Para Thorson, la evidencia de que a la Diagonal le sobran coches es que es una vía con muchos accidentes de tráfico.
- Oriol Bohigas, arquitecto y ex responsable de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona. "No tengo una visión demasiado precisa de los proyectos y para poder opinar sobre si es mejor el bulevard o la rambla, dos soluciones previsibles, me faltaría conocer datos significativos sobre la circulación y el funcionamiento de cada uno. Es un tema muy complejo y me angustia pensar qué podrá opinar la ciudadanía cuando ya es difícil decirlo desde el punto de vista profesional. Creo que en este debate quienes tendrían que opinar son los técnicos".
- Miquel Nadal, director de la Fundación del Real Automóvil Club de Cataluña (RACC). "Nosotros sí creemos que a la Diagonal le hace falta una reforma. La cuestión es saber de qué tipo. Tocar esa vía es tocar algo básico. A ver si vamos a hacer cambios para encontrar soluciones a unas cosas y acabamos estropeando otras", plantea Nadal. "Tengo dudas sobre si el Eixample absorberá sin problemas el tráfico que se elimine de la Diagonal. Hace falta estudiar más a fondo las posibilidades. Nos parece complicado que, tal como se ha planteado, no genere problemas de tráfico", explica. El tranvía es para ellos el punto más escabroso. No creemos que esté suficientemente justificado todavía como para tomar la decisión de llevar a cabo el tranvía. "Que sea una propuesta abierta, para más adelante", apunta.
- Carme Pinós, arquitecta y vecina de la Diagonal. "Me falta información, pero he vivido en la Diagonal desde siempre y me apunto a que se haga algo para reducir el tráfico. No es de recibo que haya una autopista en medio de la ciudad. Sobre las dos soluciones, aunque me faltan datos, me inclino por el bulevar porque pienso que da más vida a los vecinos y los comercios. En todo caso, lo que está claro es que se precisa repensar el Eixample porque asume demasiada circulación rápida. Es demasiado duro".
- Jordi Giró, vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB). Está radicalmente en contra de la tercera opción, de no intervenir en la Diagonal: "No puede ser que la principal vía de la ciudad vaya hacia el colapso y el conflicto por no intervenir. Entre las dos opciones, las dos cumplen con lo que entedemos que son requisitos imprescindibles: pacificación del tráfico, tranvía y más transporte público, recuperación del espacio para el peatón, mejores condiciones para la actividad comercial y mantener el arbolado. Pero hace falta más información de algunos de esos aspectos; por ejemplo, cómo se resuelven los apeaderos del tranvía y la separación del carril bici, para inclinarse entre uno y otro.
- Carles Ferrater, arquitecto y reciente premio Nacional de Arquitectura. "No conozco los proyectos con profundidad, pero siempre he sido contrario a la idea del tranvía en la Diagonal. No me parece el transporte adecuado para un área metropolitana de tres millones de personas. Creo que se puede suavizar el tráfico actual, peatonalizar un poco más, poner un poco más de verde y, claramente, apostar por el metro".
- Carmen Izquierda, representante de las asociaciones de comerciantes del Cor del Eixample. "Nosotros siempre defenderemos que haya aceras más anchas. Lo importante es que la gente pasee cerca de las tiendas. Por eso, en principio, de las propuestas que hay, el boulevar nos parece lo más interesante". Aunque le ve ventajas al primer modelo, tampoco quiere casarse de lleno con él. Las restricciones al coche, en cambio, no las ve: "El transporte privado es básico para que la gente pueda ir de tiendas".
* Esta información ha sido elaborada por Blanca Cia, Cristina Delgado y Catalina Serra.
* ELPAIS.com - 20.03.10
Foto: Un ciclista circula por el carril bici de la Diagonal.- CARMEN SECANELLA, elpais.com
Los jueces siguen anulando licencias que el nuevo PGOU de Marbella ya ha legalizado
ELCONFIDENCIAL* : En la historia del urbanismo de nuestro país no existen precedentes de una situación tan enmarañada como la de Marbella. La última sentencia de los tribunales, en la que se anula una licencia por la que se construyeron cuarenta y ocho viviendas en la zona de Elviria, emitida por el Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga, supone un nuevo choque entre el PGOU de Marbella y las ilegalidades urbanísticas cometidas durante un largo periplo en la ciudad.
Muchos de estos desbarajustes urbanísticos han sido aprobados por el plan actual. Sin embargo, ahora los juzgados, cada cierto tiempo, van ilegalizando con sus providencias edificaciones del nuevo planeamiento de la ciudad que tanto Ayuntamiento como Junta de Andalucía decidieron regularizar en medio de este embrollo. Los tribunales aún tienen mucho que decir y los jueces están llamados a tener un papel determinante en la ejecución del nuevo PGOU.
Así, se da la paradoja de que la sentencia condena a Julián Muñoz a un año de cárcel en una operación urbanística que la nueva normativa da por buena. El nuevo PGOU ha legalizado los inmuebles a cambio de una cesión de 650 metros cuadrados.
Con todo y con eso, la resolución judicial no afectará ya ni a Julián Muñoz ni a los seis concejales también imputados en la firma. En su día, la Fiscalía y los ex ediles llegaron a un acuerdo a cambio de que no se celebren los numerosos juicios por causas urbanísticas en las que estaban imputados. Los permisos, aprobados en julio de 2000 y abril de 2003, se concedieron “a sabiendas” de que eran contrarios a la normativa urbanística vigente, un hecho que pusieron de manifiesto los informes técnicos aportados a los expedientes. La promoción se levantó además con exceso de edificabilidad.
Casos en los tribunales
La ampliación del Centro Comercial la Cañada, Banana Beach, los locales comerciales de Plaza de Mar, La Terraza de Marbella, Belmonsa, o el Residencial Las Flores, son solo algunos nombres de la larga lista de las edificaciones ilegales construidas antes de la aprobación del nuevo PGOU, materia de diferentes litigios judiciales en las vías contenciosa, civil y penal.
Estas construcciones están ahora en los tribunales y tienen la licencia anulada por la Justicia. Deberán ser los magistrados quienes determinen cómo se ejecutan las sentencias, así como decidir los intereses de todas las partes implicadas.
La concesión de licencias para más de 18.000 viviendas contrarias a la normativa, con todas las irregularidades marcadas en los convenios urbanísticos, tendrán ahora que ser reguladas, además de determinarse la postura de los tribunales en cuanto a si revisarán las órdenes de demolición que ya habían emitido sobre algunas promociones que el plan ya ha normalizado.
También está la incógnita de lo que va a suceder con aquellos procedimientos abiertos por denuncias de situaciones ilegales que el plan considera legalizables, muchas de ellas formuladas por la Junta, es decir, la administración que ha dado el visto bueno definitivo al PGOU.
Denuncia por edificar en un parque publico
El fantasma del pasado vuelve a planear sobre la ciudad. Ahora son los vecinos del Parque de la Constitución los que se han personado esta semana en los juzgados de Marbella para denunciar la construcción de un conservatorio en un suelo calificado como parque publico (que no admite usos educativos). Igual que hay concejales del GIL con condenas de prisión por dar licencia para construir en suelos calificados como parque público, ahora los vecinos piden explicaciones al Ayuntamiento sobre esta edificación.
“Están destrozando el único pulmón verde que tiene Marbella, talando masivamente árboles, destrozando vegetación y construyendo un edificio en suelo verde… Por mucho que se amparen en un nuevo PGOU, no pueden hacer lo que están haciendo” denuncia Piedad Jiménez, una de las afectadas.
El edificio que se está construyendo para ubicar el Conservatorio de Música se ha ubicado en las dependencias del anfiteatro del parque de la Constitución. Contará con 1.400 metros cuadrados repartidos en tres plantas: un sótano de 600 metros cuadrados, una planta primera con la misma superficie y un segundo piso con otros 200 metros cuadrados. Las obras se financiarán con cargo al Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía.
Los vecinos están solicitando información para invocar el incumplimiento del propio ayuntamiento de la ordenanza municipal de protección de zona verde y ajardinada, para talar estos árboles, “ya que tendría que haber un informe previo de la delegación de parques y jardines del ayuntamiento que lo autorizara y de momento nadie nos lo ha presentado”.
* El Confidencial - 20.03.10
Foto: Marbella - agenda21malaga.org
Un 'kosovo' en el corazón de Ferrol
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ELPAÍS/A Coruña* : Patrimonio niega protección cultural al casco histórico ante su fuerte deterioro. Sobre el barrio más antiguo de Ferrol se diría que ha caído una bomba de tiempo y abandono. "Es como nuestro pequeño Kosovo", resume Alberto Saavedra, presidente de la asociación de vecinos del barrio. No exagera. Por cada vivienda habitada hay otras dos tapiadas o en ruinas.
Los tejados de muchas casas se han desplomado por completo dejando al aire vigas de madera podrida y grietas tan profundas que dejan pasar la luz. Los árboles han colonizado el suelo de lo que en otro tiempo fueron habitaciones y cocinas, y las ramas se asoman por las ventanas enredándose en los postes de la luz junto al parque infantil de la Praza Vella, a 50 metros del puerto. Degradado, despoblado y bordeando la marginalidad. Con este panorama urbanístico, el ayuntamiento ferrolano se ha topado esta semana con la negativa de la Xunta a reconocer el barrio como Bien de Interés Cultural (BIC). Esta catalogación abre las puertas a la obtención de nuevas ayudas. El chasco para el gobierno local y los vecinos, que promovieron la iniciativa, ha sido monumental. "Es una bofetada moral" admitió el alcalde, Vicente Irisarri, del PSOE, que recurrirá la "caprichosa" decisión de la Consellería de Cultura confiado en que el Gobierno gallego "tendrá que rectificar".
La Dirección Xeral de Patrimomio se aferró al único de los tres informes que desaconsejaban la catalogación de Ferrol Vello y desechó los dos que abogaban por la protección del barrio. "Los argumentos son débiles y fácilmente rebatibles", apunta el regidor. Defiende que en el barrio se cuentan decenas de viviendas con más de 200 años que deben formar parte de un conjunto monumental junto con el Arsenal Militar, los castillos y el barrio modernista de A Magdalena, que aspira a ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. "Ya está bien de que Galicia sea tan tacaña consigo misma", protesta Irisarri, que advierte al PP que el barrio "no se abrirá a la especulación urbanística".
Asomado a la ría y pegado al muelle, Ferrol Vello fue el asentamiento primigenio de la ciudad, que fue creciendo en torno a un castro. Conserva parte de su estructura medieval del siglo XIII con media docena de calles semicirculares ordenadas de forma concéntrica mirando al mar. Como en cualquier barrio portuario, proliferaron pensiones y tabernas, hoy abandonados. No hay supermercados ni cajeros. Apenas sobreviven una docena de bares, una tienda de barrio y un par de estancos con suvenirs de la posguerra.
Los bajos conservan los rótulos de licorerías y negocios muy antiguos, y sólo un par de tascas abren sus puertas hasta la madrugada. De los 36 inmuebles de la calle Carmen Curuxeiras, por donde discurre el Camino Inglés a Compostela, sólo 11 están habitados. De una sus casas de tres plantas y completamente derruida, cuelga el cartel de "se vende" por 70.000 euros.
Desde la asociación vecinal calculan que en todo el distrito de Ferrol Vello están censadas poco más de 2.000 personas de los 74.696 habitantes que tiene el municipio. "El 35% de las casas están habitadas y el 65%, abandonadas o en ruinas", apunta Saavedra. Los vecinos denunciaron "solares que parecían selvas" llenos de ratas. La singularidad del barrio llamó la atención de los Callejeros de Cuatro, que lo patearon de casa en casa esquivando cascotes. Los bomberos se aburren de apuntalar viviendas y de sofocar pequeños conatos de incendio, y la policía, de encontrar indigentes durmiendo entre cartones bajo estructuras que amagan con desplomarse en cuanto sopla el viento.
Desde que se inició el expediente para la catalogación del barrio como BIC, en abril del año pasado, todas las licencias quedaron en suspenso. Hay trece viviendas con la obra de rehabilitación paralizada, y los vecinos se quejan de infinitas trabas administrativas "para poner un ascensor o cambiar un azulejo". Reparten la responsabilidad entre todas las corporaciones que en las tres últimas décadas se cruzaron de brazos viendo "morir el barrio".
Las ayudas del Ministerio de Vivienda y de la Xunta para rehabilitar la ciudad en 2010 fueron tacañas: menos de 50.000 euros a repartir entre 30 intervenciones en A Magdalena, A Graña y Ferrol Vello. En los últimos meses, el municipio ejecutó mejoras en la Praza Vella, la Praza de Carbón y las calles Virxe, Merced o San Antonio que no han logrado cambiarle la cara al barrio. Sin embargo, Ferrol Vello tiene otra oportunidad este año con una partida de los presupuestos participativos de la ciudad. También le corresponden fondos europeos para la recuperación los casos históricos.
* ELPAIS.com - 20.03.10
Foto: Una de las casas al borde la ruina en el casco histórico de Ferrol.- Gabriel Tgizón, elpais.com
¿Cuánto vale mantener las calles?
CARME MIRALLES-GUASCH* : En un momento en el que las administraciones públicas buscan estrategias para acomodar sus gastos a sus menguantes ingresos, es oportuno hacerse la siguiente pregunta: ¿cuánto le cuesta al erario público mantener las calles, conservar la red de aguas y de saneamiento, el alumbrado público, la urbanización, la limpieza o el transporte? Esta cuestión depende del modelo urbano que se haya optado en el municipio. El coste de mantener el espacio público en condiciones aceptables obedece a cuestiones de índole urbanística y, especialmente, a la densidad urbana.
En los últimos años, en muchas ciudades se ha optado por construir urbanizaciones de carácter disperso, caracterizadas por la producción de espacios residenciales de baja densidad y con tipologías de vivienda de tipo unifamiliar. Los conjuntos de casas aisladas y adosadas muestran el alcance de un paisaje residencial ajeno a los procesos urbanizadores de antaño, definidos por la contigüidad y su carácter compacto.
En muchas ocasiones, esta expansión residencial de baja densidad selecciona lugares en función de la accesibilidad a la red de autopistas y a la alta velocidad ferroviaria, especialmente en las estaciones intermedias del recorrido. Además, lo hace en unas proporciones hasta ahora desconocidas en España y no sólo como segunda residencia, sino como vivienda principal. De hecho, en los últimos diez años, estas zonas residenciales han llegado a representar en muchas ciudades más del 50% de las nuevas construcciones.
Sin embargo, el problema de estas tipologías urbanas de baja densidad aparece cuando las construcciones están terminadas y sus nuevos habitantes ya viven en ellas. Es entonces cuando el municipio empieza a ser realmente consciente de los costes públicos que supone mantener sus calles y plazas, ya que estos pueden ser mucho más altos respecto a las calles de densidades medias y de urbanización compacta. Así, por ejemplo, el mantenimiento de la red de aguas y del alcantarillado se duplica, y el mantenimiento de la urbanización y de la limpieza se cuadriplica. Unos costes diferenciales que difícilmente repercuten en la misma proporción a los vecinos de estas viviendas y que tienen un coste vivienda/año siete veces mayor en baja densidad que en un bloque de viviendas.
Los modelos urbanos, que son opciones elegidas por los gobiernos municipales y se aprueban en pleno, repercuten directamente en los presupuestos municipales y, más concretamente, en los gastos corrientes y obligados por ley. Sin embargo, al iniciar una nueva promoción de viviendas, en muy pocas ocasiones se contabiliza el aumento de estos gastos corrientes que tendrá que sufragar el erario público en relación al aumento de ingresos, que en bajas densidades siempre es menor.
En una época en la que los presupuestos públicos son cada vez más difíciles de nivelar, especialmente los de las administraciones locales, es imprescindible pensar qué modelo de ciudad se prefiere y cómo se va a sufragar. Pensar en todo el ciclo y no sólo en los beneficios a corto plazo forma parte de la nueva economía.
* Profesora de Geografía Urbana
* Público - Del Consejo editorial - 19.03.10
