EUROPAPRESS* : Medio centenar de personas se concentraron hoy en la Plaza del Mercado de Logroño, convocados por la Plataforma para la Vivienda Digna en La Rioja, bajo el lema 'Los derechos no se sortean, viviendas para todos', para protestar por el "uso partidista" que se hace de los sorteos de Viviendas de Protección Oficial. Según indicó el portavoz de la Plataforma, Álvaro Villar, los sorteos de VPO "no son productivos, ya que sólo en Logroño hay 18.000 pisos vacíos" por lo que demandó que "se fomente el alquiler".
En cuanto a la vivienda protegida acusó al Gobierno municipal y al regional de "enmascarar la protegida de precio pactado con la protección oficial de régimen especial".
Villar afirmó que "cada vez estamos obteniendo más respuesta de los ciudadanos". De hecho reseñó que en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), aparece como "la primera preocupación de los ciudadanos, la vivienda".
En la concentración se desplegó una pancarta en la que se leía 'La vivienda es un derecho". Además los concentrados portaban carteles que decían '118 pisos vacíos. ¿Te parecen pocos'; 'Queremos un pisito como el principito?; 'Otra política de vivienda es posible' o 'Basta ya de especulación'.
También corearon gritos como "¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no tenemos casa", "Es de necios, comprar a estos precios" y "De casa de mis padres, no me puedo ir". Además recordaron el lema de la concentración del año pasado que rezaba que 'Muchos ciudadanos no pueden volver a casa por Navidad porque todavía no se han ido'.
Después realizaron una representación teatral basada en un sorteo de vivienda, para a continuación leer un comunicado en el que se aludió al "uso partidista" de los sorteos de VPO, entre otras cuestiones.
* Europa Press - LOGROÑO, 22 Dic.
Foto: Ayuntamiento Logroño 2006 - 20minutos.es
Concentración en Logroño para protestar por el "uso partidista" de los sorteos de VPO
Palma: Unos setenta jóvenes cortan las Avenidas para reclamar una ´vivienda digna´
DIARIODEMALLORCA* : Bajo el lema ´Queremos una casa, no una hipoteca´, unos setenta jóvenes se concentraron ayer en la plaza de Cort para reivindicar el derecho a una "vivienda digna" por las calles de Palma. La protesta culminó en la plaza de España cuando los manifestantes esquivaron la presencia policial y cortaron unas confluidas Avenidas. Fue cuestión de minutos pero el colapso de coches fue evidente.
Los ciudadanos que ultimaban sus compras navideñas miraban atónitos a los jóvenes que invadieron las Avenidas y mientras ellos seguían gritando sus consignas, los conductores enfadados hacían sonar su claxon en señal de protesta. En nada, la circulación recuperó la normalidad. Los agentes les retuvieron en medio del arcén para evitar que invadieran de nuevo las Avenidas. Al final, los concentrados volvieron, conducidos por los agentes, al centro de la plaza de España, cuyos accesos estaban cerrados por una docena de policías.
Esta manifestación, que estaba enmarcada en una protesta a nivel estatal, no contaba con autorización. Por ello, el recorrido de la plaza de Cort hasta la de España transcurrió bajo una importante vigilancia policial. Los manifestantes repartieron folletos entre los ciudadanos para hacer patente su protesta.
Los jóvenes gritaban consignas como "Queremos una casa, no una hipoteca", "Queremos un pisito, como el del principito" o "la especulación, solo es corrupción". Durante el recorrido, los manifestantes dejaban anuncios de ventas de pisos por un módico precio. Por ejemplo, según sus cálculos, una vivienda en Jaime III debería costar 7.419 euros.
* Diario de Mallorca - ROSA FERRIOL. PALMA - 23 de diciembre de 2007
Foto: Los manifestantes invadieron ayer por la tarde unas confluidas Avenidas para reivindicar una vivienda digna. Foto: Lorenzo
El ejército español y la especulación inmobiliaria
KAOSENLARED* : El pasado martes tuvo lugar en Gasteiz la presentación del libro "Araka y Desamparadas, historia de un expolio" a cargo del colectivo antimilitarista Gasteizkoak. En él se destapa una de las caras más desconocidas del ejercito en España. Esta institución es el principal poseedor de tierras del Estado y también dispone de un gran patrimonio inmobiliario. El trabajo descubre cómo ha logrado el ejército hacerse con semejante patrimonio.
El análisis de un caso concreto en Vitoria nos da las claves para entender el expolio que las fuerzas armadas han realizado sobre ayuntamientos y otras corporaciones locales y regionales. Pero lo grave del asunto es que estas prácticas continuan en diversos lugares como apunta Iñaki Ruiz de Pinedo, autor del prólogo, al referirse al pelotazo de los cuarteles de Campamento en Madrid.
A continuación publicamos la introducción al libro.
INTRODUCCIÓN
Araka no es sólo aquel lugar de pesadilla donde miles dejóvenes fueron secuestrados muchos meses de sus vidas para cumplir el servicio militar obligatorio en el Centro de Instrucción de Reclutas —CIR— n.º 11, lo que ocurrió durante casi 40 años. Es también una crónica de casi medio siglo de la demostración del poder fáctico militar que tanto denunciamos desde el antimilitarismo.
Hasta mediados de los ‘60 del pasado siglo Araka era una extensión con más de 700 hectáreas —ha— formada por eriales, monte bajo, pinares y fincas cultivadas —en su mayoría comunales—. Algunos de esos terrenos formaban parte del Catálogo de Montes de Utilidad Pública.
A principios de 1964 el entonces denominado Ramo de Guerra—que desde finales del siglo XIX había ido haciéndose con pequeños terrenos en Araka— valiéndose de la autoridad plenipotenciaria que la dictadura militar franquista les otorgaba y de la sumisión servil que las autoridades civiles les brindaban, deciden hacerse, por las buenas o por las malas, con esos más de 7 millones de metros cuadrados de terreno, arrebatándoselos, por la vía de la expropiación forzosa, a sus legítimas dueñas: las poblaciones vitoriana y alavesa.
Todos estos factores han hecho que la presencia militar en Araka sea una de las espinitas clavadas del antimilitarismo vitoriano y alavés, quien desde hace muchos años, en diferentes campañas, denuncias públicas y movilizaciones — incluidas marchas al cuartel— viene reclamando la desmilitarización total (también) de Araka.
En el marco de una de estas campañas —Araba Desmilitarizatu— y al comenzar a organizar una nueva marcha al cuartel de Araka para exigir su desaparición, alguien, desde alguno de los grupos antimilitaristas que colaborábamos en la organización, recordó que años antes un concejal del Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz había facilitado a uno de esos grupos una amplia información acerca del cuartel de Araka. Por diferentes circunstancias —y en este caso, también, por la dedicación exclusiva que entonces la insumisión requería de los grupos antimilitaristas—, toda aquella documentación fue a parar a algún estantería o cajón.
Afortunadamente, aquella documentación no se perdió. Desde Gasteizkoak nos ha parecido muy interesante recuperarla, pues contiene datos sobre Araka que desconocíamos y porque señala irregularidades, ilegalidades y operaciones turbias que parecen indicar un hecho paradójico: fueron las instituciones alavesas las que corrieron con la mayor parte de los gastos que se produjeron con la expropiación forzosa de Araka. Eso sí, como vamos a ver, no la financiaron por completo.
Decidimos ponernos en contacto con el ya por entonces ex concejal, quien por motivo de su trabajo como edil había podido acceder a ese material pero que, desde el principio, más que un elemento para la confrontación o utilización política por partidos, lo había considerado —en una decisión que le honra— un material interesante para el trabajo que los colectivos antimilitaristas veníamos desarrollando en la ciudad (por aquel entonces, bastante más intenso y probablemente interesante que hoy en día).
Ese ex concejal (que como ya la mayoría habrá deducido se trata de Iñaki Ruiz de Pinedo, prologuista también de este libro) nos dio pistas y nos aconsejó acerca de cómo desarrollar la tarea pendiente, que fundamentalmente consistía en seguir buceando en los archivos municipales y provinciales. Para conseguir los datos necesarios que pudieran avalar, sin género de duda, la hipótesis que sobre la expropiación de Araka ya hemos comentado. Todo lo expuesto nos lleva a reconocer públicamente que, sin la inestimable ayuda de Iñaki, probablemente nunca hubiéramos sido capaces de desarrollar este trabajo que vais a leer. La cuestión es que decidimos dedicarnos a esa tarea de buceo en los archivos.
Poco a poco, y en la misma medida que engullíamos documentación, se acrecentaba nuestra sorpresa ante lo que íbamos descubriendo.
Los legajos y expedientes arrojaban luz sobre algunas realidades que, aunque ya eran conocidas de oídas, al ser fechadas, datadas y firmadas por personas concretas, se mostraban mucho más evidentes. Por ejemplo: el importante expolio de terrenos y edificios de Gasteiz y Araba por los militares viene de muy antiguo; la sumisión vergonzante a los deseos e imposiciones de estos, mantenida por las autoridades que han presidido las instituciones públicas alavesas y vitorianas durante casi un siglo y especialmente denigrante en la dictadura, ha sido tan patética como escandalosa —con esto no afirmamos que tal actitud haya desaparecido—. Quienes sufrieron esa vergonzosa sumisión —como habitualmente sucede— fueron las poblaciones a las que decían representar.
Afortunadamente también hemos podido disfrutar con algunos pasajes en los que estas poblaciones, a pesar del duro contexto comentado, se revelaban contra las injusticias que les ocasionaba ese entreguismo sin condiciones de las instituciones al poder militar. Demostraciones evidentes de todo lo comentado aparecen en este libro. Pero, centrémonos en la cuestión principal: lo encontrado en los documentos podemos calificarlo de sorpresa y escándalo mayúsculo. Como evidencian las próximas páginas, la hipótesis de la que partíamos no sólo se ha demostrado absolutamente verídica, sino que incluso se ha quedado corta.
Efectivamente, de la mano de un recorrido cronológico por toda la documentación, vamos a contemplar que, en el menos malo de los casos, fueron las instituciones alavesas las que desembolsaron el 80% de los 24 millones de pesetas de la época que supuso la expropiación forzosa de Araka. En concreto, 14 millones el Ayuntamiento (5 en metálico y otros 9 mediante el pago de los gastos de agua y electricidad de los militares durante 8 años) y otros 5 millones la Diputación Foral.
Decimos que “en el menos malo de los casos” porque, como también vamos a tener oportunidad de comprobar, el propio Ayuntamiento de Vitoria, como forma de hacer frente a esos 14 millones, barajó la posibilidad de aumentar en un montante parecido a esa cantidad (a la que denominó plusvalía, reconociendo explícitamente su ilegalidad) el pago de la factura que el Ayuntamiento debía abonar legalmente al Ejército por la recuperación de los terrenos que éste poseía en el Polígono de Desamparadas, y que iba a abandonar para instalarse en Araka.
Para más escarnio, esos terrenos de Desamparadas habían sido cedidos de forma gratuita por el Ayuntamiento de Vitoria en 1893. Veamos la reproducción literal del párrafo explicativo de esa propuesta que aparece en el informe municipal:
“El Ayuntamiento, en síntesis, negándose formalmente a la obligación financiera en relación con Araca, no tendría inconveniente en compensar al Ejército en cifras análogas a las negadas allí, en forma de exceso de precio por la adquisición de los solares netos que resulten de la planificación contenida en el Plan Parcial a aprobar, sobre los valores comerciales fijados en los Indices Municipales de Valoración del Suelo de Vitoria. (…)“Con ello y dada la diferencia entre ambas cifras 15.911.086,50 Pts. queda comprobada la analogía que el mayor precio de compra implica en compensación con las cifras obligadamente negadas en relación con el C.I.R.”
Pues bien, lo que vamos a comprobar con la lectura de estas páginas es que, finalmente, el Ayuntamiento de Vitoria no sólo pagó 14 millones para ayudar a los militares a hacer frente a la expropiación de Araka (expropiación que debería haber abonado el Ejército en su totalidad) sino que, además, terminó abonando al Ramo de Guerra, esos casi 16 millones de más en forma de plusvalía, por sus posesiones en Desamparadas. Negocio redondo para el Ejército. Consiguió transformar sus posesiones en Desamparadas en una Base Militar de más de 7 millones de metros cuadrados y no sólo las operaciones no le costaron un duro, sino que además obtuvo al menos 11 millones de pesetas de beneficio —descontando los 5 millones que teóricamente aportaron para la expropiación de Araka—.
Por eso, cada vez que en la última década se le ocurre a un partido político una nueva genial idea sobre Araka —genialidades que no vamos a analizar aquí, pues probablemente habría materia para otra publicación—; cuando se les oye hablar de la necesidad de negociar con el Ministerio de Defensa la compra de los terrenos de la Base de Araka, no podemos sino ver reflejada en la actual clase política similar comportamiento de sumisión a los militares al que practicaron hace 40 años las anteriores autoridades públicas.
Con un agravante añadido. La actual política de desafección de terrenos y propiedades que en los últimos años lleva a cabo el Ministerio de Defensa — terrenos y propiedades que en su gran mayoría fueron cedidos gratuitamente por las poblaciones, o fueron fruto de operaciones de expropiación forzosa similares a la de Araka—, está enfocada a conseguir sustanciosos ingresos extrapresupuestarios para los grandes programas de armamento con los que Defensa pretende modernizar las Fuerzas Armadas. Hecho éste que ha declarado públicamente el propio Ministerio y que conocen sobradamente los partidos políticos alaveses proponentes de tal negociación.
Las ventas de posesiones militares en los últimos siete años le han supuesto a Defensa —en el Estado— un ingreso extraordinario de presupuesto para nuevos programas de armamento de casi 2.584 millones de euros (alrededor de 430.000 millones de las antiguas pesetas), cifra equivalente, por ejemplo, a lo gastado en ese mismo periodo por Defensa en Investigación y Desarrollo de nuevos armamentos. O, de una forma más visual, el presupuesto destinado a la compra de casi 21 nuevos ejemplares del Avión de Combate Europeo Eurofighter. O, lo que es lo mismo, lo que el Banco de España ha ganado con la venta de la mitad de sus reservas de oro [1].
La conclusión pues, parece evidente. El destino de Araka no puede ser más que su devolución absolutamente gratuita a las poblaciones vitoriana y alavesa a quienes legítimamente corresponde y a las que nunca se les debería haber arrebatado. Déjense los partidos políticos y las instituciones de someterse otra vez a la disciplina militar contemplando tan siquiera la posibilidad de financiar nuevos programas de armamento o cualquier otro gasto militar a cambio de Araka. Y váyanse de una vez los militares de Araka. O, mejor, desaparezcan de la faz de la Tierra.
Las poblaciones vitoriana y alavesa tenemos mucho que decir en algunos de esos objetivos. No permanezcamos sumisas ni calladas si, de nuevo ahora, quienes dicen representarnos vuelvan a primar por encima de nuestros derechos el interés de los militares. Aprendamos de las lecciones que nos aporta nuestra propia historia y sepamos sacarnos esa espinita clavada que cual símbolo de la presencia militar en Araba representa el cuartel de Araka. Nuestro deseo es que este trabajo ayude en esa tarea que, no olvidemos, ha de ser colectiva (ésa es nuestra única fuerza ante las imposiciones) y, por lo tanto, a todas y todos nos corresponde.
Nota:
[1] El Mundo, 16-09-2007
* Kaos en la Red - Colectivo Gasteizkoak - Eutsi.org - 23.12.2007
Foto: kaosenlared.net
El Ivvsa gasta 20 millones sin presupuesto y contrata a 44 trabajadores sin justificación
LEVANTE/Valencia* : Los sucesivos cambios de gerencia e incluso de consellerias que ha sufrido el Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) en los últimos años pasan factura a la gestión del ente que, en determinadas áreas, adolecen de un mayor control del gasto público. Y la práctica de las facturas en los cajones en Sanidad, censurada por el Síndic de Comptes, se extiende a otras áreas de la gestión del Consell.
Una de las anomalías más sorprendentes detectadas por el auditor en las cuentas del Ivvsa de 2006 es que «existen facturas por un importe total de 20.597.862 euros emitidas por el Instituto y no registradas por la Conselleria de Territorio y Vivienda, por falta de consignación presupuestaria, en concepto de reparaciones del patrimonio público de viviendas».
El órgano fiscalizador se ha topado en este punto con trabas importantes ya que, apunta, «el análisis de la información suministrada por las diferentes consellerias», con quien el Ivvsa tiene suscritos convenios de gestión (Educación, Vivienda e Intraestructuras), «no ha permitido obtener el objetivo perseguido pues aunque la información suministrada ha sido relevante, no ha sido suficiente para conciliar los registros contables del instituto».
En el área de reparación y conservación del patrimonio inmobiliaria de la Generalitat se han gastado 10,1 millones de euros «sin formalizar los preceptivos expedientes de contratación, según la Ley de Contratos, al objeto de garantizar una gestión eficiente y objetiva».
Unidad de Coordinación Conselleria
El Síndic de Comptes también ha comprobado que al cierre del ejercicio de 2006 «un total de 44 trabajadores prestaban sus servicios en diversas unidades de la entonces Conselleria de Territorio y Vivienda y de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, circunstancia que no se ajusta a lo dispuesto en el ordenamiento laboral y en la normativa de función pública, en la medida que ocupan puestos de trabajo inexistentes o reservados a funcionarios públicos». Estos 44 trabajadores están adscritos a una unidad que el Ivvsa denomina «Coordinación Conselleria» y suponen un coste de 1,6 millones de euros». Estos puestos de trabajo creados en la plantilla del Ivvsa «no se encuentran fundamentados por informes que justifiquen las necesidades de la gerencia» ni la «creación de nuevos puestos de trabajo». Tampoco cuentan con el «preceptivo informe de la Conselleria de Economía». Se trata además de trabajadores contratados y pagados por el Ivvsa pero que «sin embargo prestan sus servicios en la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Vivienda y Urbanismo (35) y en la dirección general de Arquitectura de la Conselleria de Infraestructuras (9)». Aunque el Ivvsa alega que la Conselleria de Medio Ambiente le retribuirá la cantidad de los salarios, la Sindicatura de Comptes advierte «no debe ser la solución para una situación manifiestamente contraria a la normativa de función público y al ordenamiento laboral».
Por último, el Ivvsa ha pasado de tener un beneficio de 335.225 euros en el año 2005 a una pérdida de 24 millones de euros en el ejercicio de 2006. En este mismo ejercicio firmó la gestión urbanística de 38 convenios con ayuntamientos valencianos para generar suelo destinado a vivienda protegida: se invirtieron 17,8 millones para poner en el mercado 25 parcelas que permitirán construir 684 VPO.
* Levante-EMV - L. Ballester Beneyto, Valencia - 23 de diciembre de 2007
Foto: cartel Vivienda Digna
Medio centenar de personas se manifiestan en Murcia por "una vivienda digna"
LAVERDAD/Murcia* : Medio centenar de personas se manifestaron hoy por el centro de Murcia, bajo el lema "No podemos volver a casa por Navidad porque todavía no nos hemos ido", para protestar por la dificultad que tienen los jóvenes para acceder a un inmueble y exigir a las administraciones "una vivienda digna".
Los asistentes a la protesta, que comenzó alrededor de las 17 horas y fue convocada por la Asamblea Por una Vivienda Digna de Murcia, portaban pancartas en las que se podía leer "No podemos volver a casa por Navidad porque todavía no nos hemos ido", "Contra la especulación, muerte al capital" y "La vivienda es un derecho no un negocio".
La protesta, que comenzó como una concentración frente al ayuntamiento de Murcia y en la que los asistentes coreaban "vivienda digna ya" y "Qué pasa, que no tenemos casa", se convirtió de forma espontánea en una manifestación, que discurrió por la plaza Cardenal Belluga y la calle Trapería para terminar en la plaza de Santo Domingo, donde la portavoz de la Asamblea, Begoña Hernández, leyó un manifiesto.
En el manifiesto realizado por la Asamblea se critica las viviendas protegida a precio limitado porque suponen un aumento del 40 por ciento en el precio del inmueble, y se pueden vender en 5 años y no en 10, "lo que va a incrementar más todavía la especulación", y se pide que se tomen "las medidas necesarias para que casos de corrupción urbanística como el de Totana no se repitan y que se endurezcan las penas por delitos urbanísticos".
Añade que es "necesario tomar medidas para movilizar las viviendas vacías en Murcia como ya se hace en otras comunidades", y que se cumpla la ley actual que exige que un 30 por ciento de lo que se construye sea viviendas de protección oficial".
Asimismo, la Asamblea por una Vivienda Digna muestra su apoyo al proyecto de Ciudad Maclada presentado por el Colegio de Arquitectos de Murcia para la remodelación del barrio de La Paz, y rechaza el "modelo de desarrollo urbanístico salvaje y especulativo".
* La Verdad - EFE - 22.12.07
Foto: pancarta manifestación Asamblea de Murcia Vivienda Digna Dic. 2006
Por qué interesa el urbanismo
XERARDO ESTÉVEZ* : Hoy en día coexisten varias formas de hacer y de ser la ciudad: la que consolida los espacios metropolitanos conectando las sucesivas coronas de los municipios limítrofes, y que en la cartografía o desde el aire se aprecian prácticamente como un todo urbano; la ciudad difusa formada por el entramado de las residencias que huyen a través de montes y valles; la ciudad confusa o fragmentada en los bordes, en periferias llenas de distintos usos comerciales, residenciales, de ocio, muchas veces excluyentes e incomunicadas; y la ciudad de las persianas bajas, de los centros obsoletos que tienden a vaciarse, o la de los propios corazones de las ciudades que se terciarizan y se quedan sin habitantes.
El fenómeno de la ciudad fragmentada que se dispersa por el territorio ha diseminado también a la población, o viceversa; los individuos, en su voluntad idílica de encontrarse con el campo, se han escondido entre mirtos y vallas o han quedado estrangulados por el viario. Las posibilidades de relación y encuentro en la proximidad del vecindario han disminuido, aunque luego el comportamiento humano tienda a ser gregario y homogéneo a la hora de reaccionar ante los temores del aislamiento por la lejanía del bullicio de la urbe.
En un período reciente el urbanismo dejó de tener una visión social, técnica, formal y política de conjunto. Hoy el énfasis del gobierno de la ciudad en materia urbanística está dedicado fundamentalmente a construir viviendas y grandes infraestructuras. En tales condiciones resulta más difícil crear comunidad y cohesionarla.
No obstante, la ciudad sigue siendo el mejor amortiguador de nuestros conflictos y el centro funciona como charnela de ellos. El espacio público está formado por los lugares que propician el encuentro, las calles y plazas y las infraestructuras, rondas y periféricos que no sólo facilitan el tránsito, sino que deben también garantizar la permeabilidad transversal entre las distintas partes de la ciudad. Por eso es necesario que a la hora de actuar en el tejido urbano predomine el criterio de zurcido, de continuidad de la trama viaria, y esto se consigue con un adecuado equilibrio entre el diseño de las áreas de estancia y de tránsito.
Es en la calle, en la plaza, donde se genera más cohesión social. Por eso, en contraposición a esos tipos de ciudad disgregadora aparece la ciudad encontradiza. Sea en los espacios urbanos, en los recintos comerciales o en los aeropuertos, lo importante es tener la oportunidad de vernos, de tropezar y de hacerlo, además, a gusto, y para conseguirlo no hay que perder ninguna oportunidad, pública o privada. Y subrayo público y privado porque, a veces, en el empeño de la estimación del llamado espacio público, dejamos de valorar el conjunto de equipamientos semipúblicos e incluso privados que juegan un papel importante en las relaciones humanas.
Una ciudad formada por zonas aisladas y excluyentes propicia el yo en vez del nosotros y genera problemas más graves que los conflictos inherentes a la convivencia. Una ciudad segregada por el predominio absoluto del transporte privado y por centralidades inconexas o excesivamente especializadas, que se vacían durante grandes segmentos horarios, no educa, es !"deseducadora". En cambio, una ciudad con distintos centros multifuncionales y bien comunicados permite vivir a escala de barrio y moverse entre sus partes para poder descubrirlas. En los temas de movilidad el cambio que se ha de producir ya no es tanto el de acometer grandes infraestructuras, sino el modo inteligente de utilizar los espacios y los instrumentos de la movilidad de los que disponemos. Cuando éramos niños la ciudad nos parecía inmensa y descubrirla era una aventura. Hoy un niño, como un anciano, ve muchas imágenes distantes y extrañas, pero no se siente animado a explorar su entorno vital y social, o no puede hacerlo.
Reflexiones todas ellas que son el quid del urbanismo: policentrismo, autonomía de los centros, infraestructuras que abrazan y no impiden la comunicación, ciudad densa y compacta, las políticas educadoras en torno a la movilidad, las calles y plazas como lugares de encuentro, los equipamientos semipúblicos y privados, el zurcido del callejero... De no ser así, tarde o temprano aparecen los guetos. Una vez más la urbe europea por excelencia, París, ha vuelto a arder en sus periferias incomunicadas.
* XERARDO ESTÉVEZ, arquitecto
* ELPAIS.com - Galicia - 14/12/2007
La Junta de Andalucía a punto de concluir la legalización de El Algarrobico
ECOLOGISTASENACCIÓN/Almería* : La Junta de Andalucía hace escasas fechas ha lanzado a bombo y platillo a través de los distintos medios de comunicación que el nuevo Plan de Ordenación de los Recursos de Naturales (PORN) del Parque Natural de Cabo de Gata significará una sensible mejora del nivel de protección de este parque natural. Una vez más la Junta de Andalucía, en una descarada operación de cosmética electoral, engaña a los ciudadanos y manipula a la opinión pública. Porque nada más lejos de la realidad que esa mejora de la protección.
Ciertamente la Junta de Andalucía parece haber dado marcha atrás en dos de los proyectos urbanísticos más conflictivos. En el proyecto de PORN que inminentemente verá la luz, se mantiene la protección como “área seminatural” de las 15 has. ubicadas en los mismos límites de las salinas de Cabo de Gata en las cuales se pretendía ubicar la urbanización de La Fabriquilla, y se califican como “área natural” las 48 has. más próximas al núcleo de Agua Amarga amenazadas por la urbanización Marina de Agua Amarga, que se asentaban sobre un hábitat comunitario de máxima importancia. En ambos proyectos de urbanización, la violación de la normativa comunitaria era flagrante y nos alegramos de estas rectificaciones, aunque no sabemos si una vez más, como nos tiene acostumbrados la Junta de Andalucía, cuando se haya publicado el nuevo PORN, alegará que, al existir sentencias judiciales que supuestamente dan la razón a los propietarios, dichos suelos no cabe otra cosa que calificarlos de urbanos. Un subterfugio de la Junta que hace tiempo conocemos.
Aquí paran todos los beneficios del nuevo PORN. En todo lo demás, la Junta de Andalucía ha hecho oídos sordos a más de 16.000 alegaciones presentadas, a las que ni siquiera ha contestado, que demandaban, cuando menos, que el nuevo PORN mantuviera las garantías de protección del antiguo, el que quedará sustituido en fechas próximas. Da sonrojo recordar las distintas intervenciones públicas de los cargos políticos de la Junta, incluido su presidente, Sr. Chaves, y en reiteradas ocasiones de la Consejera de Medio Ambiente, la Sra. Coves, en relación con el macrohotel de El Algarrobico: que no se abrirá, que es una aberración, que se demolerá...
Sin embargo, aunque la Consejera lo haya ocultado descaradamente en las declaraciones a la prensa, para la parcela en la que se ubica dicho hotel, la Junta prevé su recalificación desde “área natural de interés general” en el PORN vigente del 1994 a “núcleo habitado preexistente” en el nuevo PORN. Es decir, la Junta pretende legalizar el hotel, actualmente ilegal por asentarse dentro del parque en suelo no urbano, declarando en el nuevo PORN que en esa zona desde siempre existe un núcleo urbano y que es un área transformada. Una forma de atajar, y de raíz, las posibles responsabilidades, incluso penales, que pudieran derivarse de la actuación de las distintas administraciones en este feo asunto. Un intento claro de hacer inútiles los distintos procedimientos judiciales abiertos contra la Junta por distintas asociaciones.
Similar solución aporta la Junta de Andalucía en el nuevo PORN para las más de 200 has. de suelo urbano ilegal que se han ido desarrollando dentro de este parque natural. Nos referimos a las urbanizaciones fuera de ordenación en la entrada de los pueblos de San José, La Isleta, Rodalquilar, Las Negras, Agua Amarga, que están fuera de los límites urbanos marcados en el PORN vigente del 1994. La Junta las recalifica todas como suelo urbano. De manera que este parque pasará a tener, no las 300 has.. de suelo urbano previstas en el PORN de 1994 sino las más de 500 has que prevé la reforma de 2008. Y, además, para evitar cualquier tipo de contratiempo o cortapisa medioambiental al desaforado desarrollo urbano, todos los núcleos urbanos del parque quedan fuera del parque natural, como sucede ya con el núcleo de Carboneras. Así, no habrá norma ambiental que pueda poner freno a lo que se quiera hacer en estos núcleos urbanos, por lo que podríamos llegar a ver rascacielos.
Sin embargo, los desmanes, fruto del nuevo PORN proyectado por la Junta de Andalucía, en la protección de este parque natural, que acumula para sí un montón de figuras de protección comunitarias e internacionales (Zona de Especial Protección de Aves, Lugar de Interés Comunitario, Geoparque Europeo, Reserva de la Biosfera, Zona de Especial Interés del Mediterráneo), no terminan aquí. La Consejera afirmó que se pasan de las 10.000 has. reservadas a cultivo de regadío al aire libre, a 3000 has.., que serán las definitivas.
Primero, hay que preguntarse por qué en un espacio cuya protección e interés medioambiental y paisajístico se basa en su clima subdesértico, se autorizan cultivos intensivos al aire libre. Recordemos que hay más de 500 has. dentro del parque reservadas para cultivos intensivos bajo plástico, a los que ahora se sumarán 3.000 más de cultivo intensivo al aire libre (que necesitan más agua, más tóxicos para evitar plagas… así como la intervención de maquinaria pesada para la instalación de las tuberías subterráneas y la construcción de infraestructuras vinculadas a su explotación). Para este tipo de agricultura sólo habrá que acreditar la existencia de agua, no se sabe bien de qué tipo, porque el Delegado de Medio Ambiente de Almería, Sr. Luque, se ha comprometido públicamente en muchas ocasiones a impedir la entrada de agua desalada al parque para la agricultura, requisito indispensable si se pretende conservar el valor subdesértico del paisaje, la flora y la fauna. Pero es que no se requiere acreditar que en algún momento estos terrenos se hayan dedicado a la agricultura o sea agricultor la persona que los explote.
Difícil, pues, comprender esta apertura del PORN a una forma agrícola tan incompatible con las condiciones de este parque natural. Difícil también entender qué sentido puede tener fomentar la agricultura intensiva en lugares tan emblemáticos como la llanura de Genoveses, los valles de Los Escullos y Rodalquilar o La Joya de Agua Amarga, entre otros. A nadie escapa que estos lugares obviamente tienen muchísimo más potencial económico como atractivos turísticos que por la producción agrícola que se puede sacar de ellos.
Pero una vez que se miran los mapas se adivina otra intención oculta. La calificación como zonas C1 (cultivo intensivo de regadío al aire libre) se sitúa tan estratégicamente como para hacer pensar a cualquiera que lo que se está es propiciando la degradación del suelo para poder urbanizarlo. Las zonas de regadío, que a veces ocupan parcelas mínimas de unos centenares de metros, circundan todos y cada uno de los actuales núcleos de población o de los más pequeños núcleos preexistentes y colonizan los mejores paisajes del parque. Definitivamente parece que la calificación de zonas de cultivo intensivo de regadío al aire libre está guiada, no por la conveniencia o viabilidad agrícola, sino por la futura conveniencia de crecimiento urbano.
En la cartografía que se aporta como ejemplo, se comprueba con toda claridad lo que afirmamos. ¿Estamos hablando, entonces, de una posible futura ampliación de suelos urbanos en varios miles de has? Impensable ¿verdad? Pues eso mismo pensábamos del hotel de El Algarrobico. En todo caso, lo que es seguro es que esas más de 3.000 has. de regadío significan una degradación ambiental de más de 3.000 has. de inmediato en algunos de los lugares más sensibles y únicos del parque, así como alrededor de todos sus pueblos.
Además, la Junta de Andalucía no ha subsanado, como se le solicitaba, la falta de garantías que implica el hecho de incluir una cláusula abierta en los usos permitidos. Así se mantiene que la Consejería, fuera de los previstos, pueda admitir otros usos compatibles. Esto fue (la no existencia de prohibición expresa) lo que dio origen a la autorización para una piscifactoría que se sitúa en la actualidad a menos de 500 metros de una reserva integral. Lo mismo cabe decir para la degradación e impacto paisajístico provocado por más de 100 has. de cultivo intensivo de regadío al aire libre en torno al emblemático cortijo de El Fraile.
La Junta ha venido autorizando las transformaciones de cultivo de secano tradicional a regadío porque no había norma que lo prohibiera. Ante estos precedentes, no es fiable que la Junta, discrecionalmente, tenga la posibilidad de decidir que es o no compatible con la fisonomía e idiosincrasia de este parque natural. Pero tampoco se ha especificado en el proyecto de PORN en qué se concreta, respecto a los usos permitidos, que gran parte del litoral del parque (salvo las zonas de reserva integral), entre las cuales se encuentran playas totalmente vírgenes como Mónsul, Barronal o Cala Grande, pasen a ser zonas de recreo y esparcimiento. Caso omiso ha hecho la Junta de Andalucía también a la petición de que se zonifique el tan cacareado valor paisajístico del parque, de manera que sobre la cartografía aparezcan las zonas cuya imagen no se podrá degradar.
A la vista de estos antecedentes no es admisible que la Junta de Andalucía se reserve, sin garantías para los ciudadanos, la modificación puntual del Plan de Ordenación que ahora verá la luz.
Una vez más la Junta de Andalucía hace campaña electoral, engaña a los ciudadanos y evita que se puedan depurar responsabilidades por las posibles ilegalidades cometidas en el parque natural de Cabo de Gata. En conclusión: un mal Plan de Ordenación de los Recursos Naturales para un parque natural costero emblemático, el de Cabo de Gata y, claro está, no vamos a permanecer impasibles. A la Junta de Andalucía se le multiplican los escándalos como El Algarrobico y la opinión pública ha demostrado su extremada sensibilidad en este tema.
* Ecologistas en Acción - Almería 20 de diciembre
Foto: El Algarrobico (Almería), demolición - greenpeace.org
