*La Plataforma en Defensa del Agua Pública en Segovia, dio a conocer un Manifiesto que será la tabla reivindicativa de la manifestación, que se celebrará en Segovia el día 17 de Marzo, sábado, a las 8 de la tarde y que partirá de la Avenida Fernández Ladreda. La Plataforma hace un llamamiento a todos los colectivos sociales, políticos, vecinales, culturales, sindicales, deportivos y conservacionistas, “y sobre todo a los ciudadanos, para que se movilicen ahora que aún estamos a tiempo, y les digamos a quienes nos gobiernan, que este no es en absoluto el modelo de desarrollo que queremos para Segovia”.
Los cuatro ejes de la movilización, que en el fondo están todos ellos interrelacionados son:
- Por la declaración ya del Parque Natural del Guadarrama. En toda su extensión y no sólo en las cumbres.
- Contra el desarrollo urbanístico salvaje y la especulación inmobiliaria en Segovia y su alfoz.
-Contra la privatización de las aguas públicas, no a las concesiones de agua del Río Cambrones.
- En defensa de ''Las Calderas’’, no al Proyecto de pantano en el río Cambrones.
La Plataforma en Defensa del Agua Pública en Segovia viene constatando desde hace tiempo “una creciente preocupación de los ciudadanos, por una serie de proyectos urbanísticos que amenazan de manera muy seria nuestro medio natural, y sobre todo, que no se entienden necesarios y mucho menos se entiende que traigan ni progreso ni desarrollo”.
“Toda la problemática urbanística de Segovia y su alfoz, hay que enmarcarla en la tan añorada declaración del Guadarrama como Parque Natural, que en primer lugar se demora de manera deliberada, dando tiempo a que los especuladores tomen posiciones y aseguren por la vía de planes urbanísticos sobredimensionados, terrenos para seguir construyendo en los próximos 100 años”.
Además, agrega la Plataforma, “la tan cacareada declaración de Parque Natural, no va a ser una figura jurídica de protección integral de la sierra, sino que prácticamente se reduce a la línea de cumbres. Como dijo el consejero autonómico de turno, hace algunos meses, ese espacio natural será, sobre todo un parque de cumbres y de oportunidades”.
“Crecimiento Cero”
“Así pues, podemos olvidarnos de que la declaración de Parque Natural venga a poner orden en el desorden urbanístico de la falda de la sierra. La suma de los planes urbanísticos proyectados por Segovia, Palazuelos, La Granja, y otros municipios de esta zona, es decir del pie de monte del Guadarrama, prevén la construcción de 30.000 nuevas viviendas, en una provincia que lleva dos siglos con crecimiento cero en lo relativo a población”.
Además, de las 100.000 viviendas que más o menos hay en la provincia de Segovia, menos de la mitad están ocupadas de forma permanente, es decir como primera residencia. “Así pues, esta explosión de ladrillo, no tiene otra finalidad que la meramente especulativa, o a lo sumo servir de segunda residencia; o por pura lógica, si estas viviendas finalmente se habitan, otras quedarán vacías”, denuncia la Plataforma en Defensa del Agua Pública en Segovia.
De acuerdo al Manifiesto, “además del destrozo paisajístico que supondría este 'tsunami' urbanístico, uno de los principales problemas que trae aparejado es la necesidad de cantidades ingentes de agua para dar servicio a estas viviendas, y sobre todo a jardines y piscinas. No parece por el momento que ningún ayuntamiento haya sido capaz de presentar el menor aval hídrico a estos planes urbanísticos”.
“Es increíble que mientras en otras zonas del estado se están paralizando urbanizaciones por falta de informes hidrológicos que garanticen la necesaria existencia de agua, en Castilla y León y en concreto en Segovia, se siguen haciendo planes urbanísticos a todo pasto sin informes sobre el suministro de agua potable, es decir sin la menor consulta sobre el tema a la Confederación Hidrográfica del Duero”, agrega.
La Plataforma recuerda la obligatoriedad de que cualquier nuevo plan urbanístico, ha de solicitar un informe sobre recursos hídricos a la confederación hidrográfica correspondiente, está regulado de forma taxativa en la Ley de Aguas Art. 25 apartado 4. En este sentido, un auto del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, de fecha 16-01-2007, paralizaba un plan parcial en el municipio de Ador (Valencia), por ''no aportar informe hídrico de la Confederación Hidrográfica del Jucar''.
“A duras penas pasamos los veranos”
“No hay que ser muy listo –afirma la Plataforma en su Manifiesto-, para darse cuenta que en lo relativo al suministro de agua potable, hoy por hoy con la población que existe en el entorno de Segovia, a duras penas pasamos los veranos a costa de restricciones, por lo tanto es una completa irresponsabilidad planificar 30.000 viviendas y algún que otro campo de golf, sin saber de dónde va a salir el agua”.
La Plataforma también critica a los “desalmados” que “comienzan a pedir la construcción de nuevas presas y embalses”. Ha comenzado ya a pedirse con bastante insistencia la construcción de un pantano en el Cambrones, en la zona de''Las Calderas'' “Desde luego –dice la Plataforma- si dejamos que destrocen Las Calderas, estaremos sepultando bajo el agua uno de los valles más emblemáticos de nuestro entorno”.
Para la Plataforma, también resulta significativo “que algunos ayuntamientos como Palazuelos o Tres Casas, que ahora reclaman el pantano del Cambrones, no les haya preocupado en su momento, que parte del caudal de ese mismo río se privatizara, adjudicándose su explotación a la embotelladora Bezoya-Pascual. Por cierto, proceso de adjudicación que como hemos venido denunciando, ha estado plagado de presuntas (pero claras) irregularidades, chapuzas y chanchullos. Prueba de ello, es que el Procurador del Común ha admitido a trámite nuestra denuncia, que está actualmente en fase de estudio”.
Ante este estado de cosas, la Plataforma en Defensa del Agua Pública en Segovia hace un llamamiento a todos los colectivos sociales, políticos, vecinales, culturales, sindicales, deportivos y conservacionistas, “y sobre todo a los ciudadanos, para que se movilicen ahora que aún estamos a tiempo, y les digamos a quienes nos gobiernan, que este no es en absoluto el modelo de desarrollo que queremos para Segovia”.
*GLOCALIA - 09/03/2007
Manifestación en Segovia contra la especulación urbanística y en defensa del medio ambiente
La UCE demanda medidas que faciliten el acceso a la vivienda frente a la especulación
Efe* : "La Unión de Consumidores (UCE) demandó este jueves una Ley de Sobreendeudamiento Familiar que proteja a los más endeudados por el incremento de los tipos de interés y un conjunto de medidas que faciliten el acceso a la vivienda frente a la especulación y la corrupción existente en varios municipios. Estas son algunas de las propuestas electorales de política municipal de consumo que la UCE espera ver incorporadas en los programas de los distintas formaciones políticas para los comicios del 27 de mayo y que la organización presentó este jueves, Día Mundial de los Consumidores.
El secretario general de la UCE y presidente de la asociación en Andalucía, Juan Moreno, explicó en Sevilla que los ciudadanos, en su condición de consumidores y usuarios, deben ser el eje principal de las políticas que se desarrollen en los municipios.
La UCE exige políticas "prioritarias" en materia de empleo, vivienda, urbanismo sostenible, políticas sociales, protección de medio ambiente e igualdad.
Respecto a la vivienda, la asociación alertó sobre el espectacular descenso en la construcción de viviendas de protección oficial, por lo que hizo un llamamiento a los gobiernos locales para emprender políticas activas que contribuyan a controlar el alarmante precio de la vivienda.
Según dijo Moreno, "hay que orientar las ordenanzas fiscales locales en apoyo de la promoción de las políticas de alquiler de viviendas vacías del municipio, impulsando las agencias de fomento del alquiler".
Los ayuntamientos deben programar y desarrollar políticas activas de dotación de suelo a fin de que los precios sean compatibles con el uso social al que van destinado, por lo que la UCE defiende la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía que reserva el 30 por ciento del suelo a vivienda protegida.
Para evitar la corrupción, la Unión de Consumidores exige un reforzamiento de los mecanismos de gestión transparente del urbanismo y de toda la información relativa a la política del suelo y la vivienda.
*El Confidencial, Jueves, 15 de marzo de 2007
Foto: Sentada vivienda digna 15 Mayo 2006 /bloj
El juez Torres recrimina a la Junta beneficios por obras ilegales en Marbella
EsperanzaCODINA* : "La insistencia de la Junta de Andalucía por personarse como acusación particular en el caso Malaya -fórmula prevista para que una parte perjudicada pueda defenderse en un procedimiento- no sólo ha caído en saco roto, sino que ha provocado que el juez instructor del sumario, Miguel Ángel Torres, recrimine al Gobierno andaluz que ha sido "beneficiario" de los ingresos tributarios "de todas las licencias ilegales" concedidas en Marbella hasta que se inició la operación, hace casi un año.
Después de eso, ha vuelto a denegarse la petición formulada por la Administración autonómica.
El magistrado, en un extenso auto dictado en noviembre de 2006, incluido en la última parte del sumario que ya no está bajo secreto, concluye que la Junta no es una parte perjudicada en este proceso contra la corrupción, que supera los 90 imputados, sino que, teniendo en cuenta "sus amplias competencias", en concreto en materia urbanística, "su situación está más próxima" a la responsabilidad civil. Añade entonces que ha sido "beneficiario" de los ingresos por impuestos que ha generado la concesión de licencias ilegales por parte del Ayuntamiento, gobernado por el GIL y sus herederos durante 15 años, de 1991 a 2006.
Antes, al inicio de la resolución, argumenta el magistrado que no está negando a la Junta el derecho a personarse en la causa, ya que puede hacerlo como acusación popular. Lo que rechaza "con rotundidad" es que el Gobierno andaluz "ostente la condición de ofendida o perjudicada" en este caso.
El auto también recuerda que la Fiscalía considera "ajustada a derecho" esta decisión debido a que esta Administración pública "no es titular de los bienes jurídicos afectados" por las actividades delictivas que se investigan y no sufre las consecuencias del delito "de forma inmediata y directa". El juez asegura que comparte los argumentos del Ministerio Público y añade que "la posición de la propia Junta se asemeja más a la de tener un cierto grado de responsabilidad en la situación creada en Marbella".
Precisa después el magistrado que hay que tener en cuanta que el caso Malaya no intenta esclarecer las actuaciones ilícitas que han podido cometer los diferentes gobiernos locales de Marbella entre 1991 y 2006, sino "una serie de actos presuntamente delictivos" entre agosto de 2003 -cuando se produjo la moción de censura contra Julián Muñoz- y marzo de 2006, por lo que "no pueden invocarse perjuicios" relacionados con delitos en general o con procedimientos penales o contenciosos.
Sobre la alegación de la Junta de que ha tenido que asumir las competencias de Planeamiento en Marbella, crear una oficina para los asuntos relacionados con esta materia y pagar el contrato para elaborar el PGOU, Torres argumenta que es una decisión "de carácter político" que "no tiene relación directa" con la actuación de los imputados.
El juez quiere dejar claro que este procedimiento nada tiene que ver con los contenciosos que ha planteado la Junta por las construcciones ilegales en el municipio, con la nulidad de las licencias, ni con las posibles demoliciones de inmuebles, algo que, dicho sea de paso, Miguel Ángel Torres considera algo "improbable".
Sobre las alegaciones relacionadas con el hecho de que la Junta no ha podido construir equipamientos públicos, señala que si el municipio se ha visto privado de una serie de parcelas, "será el propio Ayuntamiento el perjudicado, no la Junta", y que por eso el Consistorio sí que está personado como acusación particular.
*diariodecadiz.es, Jueves, 15 de Marzo de 2007
Foto: Viviendas ilegales "Banana Beach" en Marbella /info
La Junta de Aragón paraliza un campo de golf y 800 viviendas
J.L.G.* : "El departamento de Obras Públicas de la Junta de Aragón ha ordenado a un promotor valenciano detener el complejo San Agustín Golf Club, una macrourbanización en el municipio turolense de San Agustín (unos 150 vecinos y limítrofe con Castelló) que prevé contar con 800 casas de madera que conformarán un complejo junto con un campo de golf. El proyecto se está comercializando a través de Internet con la venta de parcelas, pero carece de licencia y se sitúa sobre suelo rústico.
De hecho, ni siquiera figura en un PGOU que aún no ha sido revisado por el Gobierno autonómico.
Según informaron desde la Junta de Aragón a este periódico, se trata de un aviso a la promotora, que todavía no ha comenzado a edificar -se observan «movimiento de corte urbanizador, como una caseta como reclamo y explanaciones» -, pero que ya está vendiendo parcelas. «Se le ha enviado al alcalde del municipio y al promotor una resolución para que paren el proyecto porque no tiene base legal» , señalaron. Por su parte, el alcalde del municipio, Alejandro Peña, reconoció estar trabajando en el reordenamiento del municipio y afirmó que por el momento no ha «visto ningún proyecto» sobre su mesa para construir una urbanización y un campo de golf. Por ello, aseguró que han solicitado a la promotora que retire los anuncios de la red. El empresario que está detrás de la operación es el promotor valenciano Vicente Orts, administrador único de la empresa Ciudades de Otoño, mercantil que figura como vendedora de las viviendas en el modelo de contrato que se ofrece en la página web. Según el registro mercantil, esta empresa tiene sede en el municipio balear de Santa Eulalia, aunque en la página web figura con sede en Valencia. En el punto de información desde donde se comercializan las viviendas señalaron que no tienen «nada que decir» al respecto, a preguntas de este periódico para contrastar la información.
Lo cierto es que el sitio de Internet anuncia el plan e informa sobre posibilidades de comprar estas viviendas de madera. Se ofrecen dos modelos de habitáculo, de 206.000 y 296.000 euros, «casas importadas de Finlandia y construidas con tronco macizo de pino nórdico», con un campo de golf como reclamo principal diseñado por «un prestigioso equipo de arquitectos suecos» y «asesorados por la que será directora de la Escuela de Golf San Agustín Hellen Alfredssons, capitana del equipo nacional sueco» .
«No nos interesa este modelo»
Entre los atractivos que se destacan en la comercialización de estas viviendas está la cercanía de las pistas de nieve de Valdelinares y Javalambre. Pero, sobre todo, sus buenas comunicaciones, ya que San Agustín se encuentra en el límite con la provincia de Castelló y a 4 kilómetros de la futura Autovía Mudéjar, que conectará Teruel con Valencia en apenas 50 minutos.
En este sentido, desde Obras Públicas de la Junta destacaban que, precisamente ahora, con la mejora de la accesibilidad «hay que tener claro» el modelo de ocupación. La nueva autovía va a favorecer la vertebración de esta provincia caracterizada por la emigración de sus jóvenes, pero también puede generar un crecimiento urbanístico que coja a contrapié a la autoridades. «Es difícil aprobar 800 casas de golpe: estos desarrollos no nos interesan» , señalaron. «Estaremos vigilantes y si siguen obrando sin respaldo legal habría que llevar el expediente al fiscal de la audiencia» .
Desde la Junta de Aragón tienen claro que la saturación de la costa de la Comunitat Valenciana puede dirigir a los empresarios del ladrillo a los límites de Aragón. «O lo cortamos desde el principio o el problema se va de madre» , concluyeron.
*LEVANTE-EMV, Martes, 13 de marzo de 2007
Foto: San Agustín /infoaragon
