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ELCONFIDENCIAL/Murcia* : La que debería ser la mayor zona ajardinada pública de La Manga del Mar Menor perteneciente al municipio de San Javier está ocupada ilegalmente por un campo de golf desde hace casi cuatro años. Se trata de la suma de dos parcelas. Una, de 30.170 metros cuadrados destinada a “sistemas de espacios libre” (jardines públicos) en el planeamiento urbanístico; la otra de 4.175 metros cuadrados, calificada de “espacio dotacional público”. En total 34.345. Sobre ambas hay un campo de golf en funcionamiento, que se explota comercialmente desde hace al menos dos años.
El conjunto de campo de golf y la urbanización de bloques de pisos que lo flanquea es conocido como Veneziola Golf. El proyecto del campo fue tramitado en el Ayuntamiento de San Javier, que concedió licencia para destinar a “Jardín Privado” ese espacio público compuesto por las dos parcelas el 25 de agosto de 2004, sólo cinco días después de que el entonces alcalde de la localidad, José Hernández, hiciera la propuesta pertinente, el 20 de agosto de 2004.
El campo de golf con pista de pitch and putt se construyó inmediatamente y lo explota la sociedad mercantil Ladera Dos Mares del Mediterráneo, que está acabando de construir ahora, en ambos extremos del campo, y sobre parcelas urbanizables, dos conjuntos de cinco bloques de diez plantas cada uno.
La mercantil Ladera Dos Mares publicita el conjunto residencial en su página web como viviendas junto al mar con campo de golf. Según la documentación a que ha tenido acceso El Confidencial, en el Ayuntamiento de San Javier no consta fehacientemente la propiedad actual de esas dos parcelas de uso público según las normas subsidiarias sobre las que está el campo de golf privado.
San Javier no tiene Plan General Urbanístico aprobado finalmente. El anterior gobierno municipal dio luz verde en enero de 2007 a un Plan pendiente de aprobación definitiva. Pero, en el ínterin, el PP perdió la alcaldía y el control del consistorio tras las elecciones de mayo de 2007 y ahora es el PSOE, que gobierna en minoría, el que debe tomar las decisiones oportunas para elevar o no a definitiva la aprobación inicial.
Una tramitación veloz de PP y PSOE
Desde el principio hasta el final, todo lo relativo a esta tramitación fue muy deprisa, salvo lo relativo a dotar al conjunto golfístico de agua de riego propia. De hecho, el pasado dos de julio de 2007, por lo menos un año después de que el campo fuera abierto a sus clientes, un anuncio firmado por la nueva alcaldesa socialista, Josefa García Hernández, informó de que “se ha solicitado licencia para la construcción de una planta desaladora, en la urbanización Veneziola Golf”.
Ese anuncio era el corolario de un proyecto presentado el 8 de mayo de 2006 por el Administrador Solidario de Ladera Dos Mares del Mediterráneo S.A., Antonio Luis Gil Sánchez, para una “estación depuradora de aguas residuales de la Urbanización Veneziola Golf”.
La depuradora/desaladora acaba de ser terminada, coincidiendo prácticamente con el acabado de uno de los dos conjuntos de cinco bloques de pisos que flanquean el campo y cuyas aguas residuales deben abastecer a esa estación para regar los greens.
No se sabe cómo se ha venido regando hasta ahora, pero la instalación deportiva está funcionando a pleno rendimiento, en pleno corazón de la zona norte de La Manga, la que corresponde a San Javier, desde hace dos años.
* El Confidencial - Vidal Coy, 14/01/2008
Foto: La Manga del Mar Menor (Murcia), vista - elconfidencial.com
Pelotazo en la Manga del Mar Menor: un campo de golf privado ocupa su mayor zona verde pública
El edificio que promovió el alcalde de Navajas tiene tres plantas más de las permitidas
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LEVANTE/Castelló* : El edificio impulsado en Navajas por la promotora del alcalde, José Vicente Torres, sobrepasa el número de plantas que permiten las Normas Subsidiarias del municipio. Esta es la conclusión de un informe visado por el Colegio Territorial de Arquitectos de Castelló que se ha incorporado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Segorbe, donde se desarrolla un proceso penal contra el alcalde por presunta prevaricación, por avalar en su día la licencia de obras de su propia promotora, Villas de Navajas SL, que impulsa desde hace dos años un bloque de pisos en la calle Vicente Mortes.
El informe, facilitado por el abogado del denunciante, José Domínguez, está fechado el 21 de febrero de 2007, si bien no ha sido hasta hace un mes cuando se ha dado traslado del mismo a la acusación desde el juzgado. En concreto, el Colegio de Arquitectos facilita datos sobre el visado del proyecto básico del inmueble promovido por Villas de Navajas SL y, como conclusión, subraya que "el edificio proyectado sobrepasa el número de plantas indicado en el plano de altura de la edificación del proyecto de Revisión de las Normas Subsidiarias de Navajas".
Este informe fue remitido el pasado mes de octubre, para su conocimiento, al alcalde de Navajas y al jefe del servicio territorial de Planificación y Ordenación Territorial de la Conselleria de Territorio. En ambos casos el Colegio, en su escrito, destaca que ya se ha advertido a los arquitectos y al promotor -Villas de Navajas- de que "en la fachada opuesta a la calle Vicente Mortesel edificio que se proyecta sobrepasa el número máximo de plantas". En concreto, se subraya que en esta cara del edificio la altura máxima "debería ser de planta baja y dos plantas, cuando la realidad es que cuenta con planta baja más cinco alturas".
El conflicto parte de la denuncia del vecino colindante a la obra, José Domínguez. Al margen de denunciar la inexistencia de un informe geotécnico, sobre todo al levantarse el inmueble sobre una conocida gruta del municipio, el vecino considera que estamos ante un proceso urbanístico marcado por la presunta falta de licencias e incluso acuerdos municipales "viciados de nulidad radical".
Uno de los puntos más polémicos de la investigación judicial, en la que ya han declarado el alcalde -que es vicepresidente de la Fundación Bancaja- y su socio en la promotora -Agustín Villanueva, hijo del presidente de la sección inmobiliaria de Bancaja (CISA)- se refiere al papel que ha desempeñado el primer edil en este proyecto.
Comisión de Urbanismo
Por un lado, el denunciante ha confirmado que José Vicente Torres "es propietario y socio de la empresa que promueve el edificio". Por ello, al ser interesado en la obra, los denunciantes recalcan que el alcalde debió abstenerse en la comisión de Urbanismo que, con fecha 19 de octubre de 2004, otorgó a Villas de Navajas SL la licencia de construcción, aspecto éste que está siendo comprobado por el juez.
Por ello, en el caso de que se confirme que José Vicente Torres participó en la citada comisión de Urbanismo y votó, según el denunciante, "el acuerdo estaría viciado de nulidad radical y, además, estaríamos ante un presunto delito de prevaricación por intervención dolosa del alcalde".
* Levante-EMV - Emilio Regalado, Castelló - 13 de enero de 2008
Foto: Una de las fachadas del edificio denunciado/ rosa piquer, levante-emv.com
Guateque: "Les pedí un 'kilito' para repartir: 2.500 para cada uno y un regalo"
ELPAÍS/Madrid* : A tan sólo cinco meses de su jubilación, Victoriano Ceballos, funcionario de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, ha sido arrestado por agentes de la Guardia Civil. La detención se produjo el pasado 14 de noviembre, cuando se iniciaron las actuaciones del caso Guateque. Fue acusado de presuntos delitos de prevaricación y cohecho por cobrar dinero a cambio de agilizar licencias de locales de ocio.
Ceballos ha visto cómo se desmoronaba la supuesta red de corrupción que presuntamente encabezaba. Todo comenzó con la demanda de un empresario que, en agosto de 2006, denunció presiones para que entregara dinero a cambio de acelerar la tramitación de la licencia de un bar de su propiedad.
Durante cinco meses, la Guardia Civil realizó escuchas a varios teléfonos, en los que aparecen numerosas conversaciones de funcionarios y conseguidores y donde se relaciona a Ceballos con el cobro de dinero a cambio de sacar adelante licencias.
En una de las conversaciones extraídas del sumario, Antonio Sanz Escribano, directivo de la empresa de ingeniería AB Sanz Escribano, y encarcelado por el juez Torres, habla con Ceballos sobre la licencia del teatro Martín, en la calle de Santa Brígida, de cuya tramitación se encarga la empresa Viagral. Según consta en el sumario, Sanz Escribano recibe otra llamada justo después de conversar con Ceballos. Esta vez es Vicente de Gregorio Alcalde, propietario de Viagral, vuelven a hablar de la licencia del teatro Martín, construido en 1870 por el arquitecto Manuel Felipe Quintana a instancia del empresario de la escena Casimiro Martín. "Dicen que hay que pagarle entre 12.000 y 15.000 euros a Ceballos", comentan ambos empresarios.
En otra de las conversaciones grabadas por la Guardia Civil Eduardo Giménez López, propietario del pub Jaleo llama a Ceballos para repartirse 6.000 euros (un millón de pesetas) por la licencia del pub, situado en la calle de Orense.
Eduardo Giménez. Oye, qué bueno. Ya sabes que les pedí un kilito, pero lo vamos a repartir 2.500 euros cada uno, porque los otros 1.000 euros son para hacerle un regalito a la chica que está en la junta de distrito.
Victoriano Ceballos. Muy bien.
E. G. ¿Te parece correcto?
V. C. ¡¡Correcto!!
De los 187 expedientes de concesión de licencias que investiga la Guardia Civil y el juez Santiago Torres, 26 han sido tramitados por Ceballos en tiempo récord. El supuesto cabecilla de la trama despachó los expedientes de licencia en menos de un mes, cuando el tiempo medio de tramitación es de un año y medio.
Conforme avanza la investigación judicial del caso Guateque, instruida por el juez Santiago Torres, el funcionario del área de Medio Ambiente Victoriano Ceballos se va erigiendo como el cabecilla de la trama de corrupción más importante de la historia del Ayuntamiento de Madrid. El proceso, cuyas actuaciones se iniciaron el pasado 14 de noviembre, acumula al menos 17 funcionarios imputados y 10 personas encarceladas.
En una de las conversaciones grabadas por agentes de la Guardia Civil en junio del año pasado y que figuran en el sumario, abierto parcialmente por el juez Torres la semana pasada, un arquitecto identificado como Jesús García, contratado por Viagral, llama por teléfono al directivo de la empresa de ingeniería AC 93 Sanz Escribano y le dice que los propietarios del teatro Martín han llamado a Óscar Acero, funcionario de la Gerencia de Urbanismo, para interesarse por la licencia del teatro Martín. Sanz Escribano, que ingresó en prisión el jueves pasado, le responde que Ceballos lo está arreglando con la abogada.
Jesús García. Me llaman los de Gerencia y me dicen que están llamando la propiedad de Santa Brígida para que te pregunte cómo van los trámites.
Antonio Sanz Escribano. ¿Y cómo es que no me llama a mí la propiedad?
J. G. ¿Cómo?
A. S. E. Por qué no me llama a mí la propiedad.
J. G. Pues no lo sé. Pregúntale a tu amigo Antonio que cómo va la situación. Yo creo que bien, no hay ningún problema en ese sentido, pero...
A. S. E. Estaba Victoriano Ceballos viendo con la jefe de..., con la abogada, la forma de decir que sí ahora.
J. G. Pero tú lo tienes controlado, ¿sigues controlándolo?
A. S. E. Sí, yo sigo controlándolo.
El propio Jesús García reconoce durante el interrogatorio de la Guardía Civil que "Ceballos se deja querer", en relación a "que admite dádivas por hacer favores como funcionario". A tenor de todas estas conversaciones y las pruebas inculpatorias contra Ceballos, el juez Torres determinó su ingreso en prisión el pasado mes de noviembre, acusado de los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
Ceballos encabezaba presuntamente una trama en la que también participaban su superior en la Concejalía de Medio Ambiente, Joaquín Fernández de Castro, también en prisión, y su compañera Carmen Eulalia Ibáñez. Esta última ha sido puesta en libertad bajo fianza a principios de enero tras declarar ante el magistrado. Lo que sí confirma el juez en un auto judicial es la existencia de "una trama de funcionarios dedicada a agilizar expedientes administrativos a cambio de dinero".
Un informe elaborado por los agentes de la Guardia Civil que investigan la Operación Guateque revela que la red de corrupción ha sido posible por la falta de controles del Ayuntamiento.
"Las licencias están paralizadas"
La segunda parte del caso Guateque se juega en clave política. La oposición insiste en que el Ayuntamiento constituya cuanto antes una comisión para investigar el caso, pero el gobierno municipal, del PP, no parece dispuesto a hacerlo hasta que el secreto de sumario esté abierto completamente. La semana pasada el juez Santiago Torres levantó parcialmente el secreto de sumario. Hizo público 8 de los 10 volúmenes del proceso, los que tienen que ver con su primera actuación del pasado 14 de noviembre.
"El gobierno municipal está entendiendo el caso Guateque como una manera electoralista porque no quieren que la comisión se ponga en marcha para no manchar la figura del alcalde", afirmó el edil socialista responsable de Urbanismo en el Ayuntamiento, Pedro Sánchez. Sánchez explicó que la comisión de investigación servirá para "conocer los fallos de control, calibrar si la ordenanza de licencias es o no efectiva, a nuestro entender no, y hacer conclusiones para mejorar su funcionamiento".
La batalla política está servida y más a pocos meses de las elecciones. El Grupo Municipal Socialista ha fijado su estrategia en responsabilizar al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, de la falta de controles. Éste, por su parte, señala que la trama viene de lejos.
El concejal socialista adelantó ayer que solicitará en las comisiones de Medio Ambiente y de Urbanismo información sobre el número de licencias concedidas por parte de estas áreas municipales desde que comenzaron las detenciones en el marco de la Operación Guateque.
"Por la información que nos llega entendemos que existe una más que probable paralización en el otorgamiento de esas licencias", señaló Sánchez. El concejal socialista añadió que existe "bastante inseguridad" entre los trabajadores del Ayuntamiento desde que el gobierno municipal "señaló como principales responsables de la trama a los funcionarios".
* ELPAIS.com - J. A. H. / J. S. G. - Madrid - 14/01/2008
Foto: Madrid, antiguo ayuntamiento - wikipedia.org
V de Vivienda Leganés comienza la campaña por el Referéndum y las Asambleas Populares sobre el nuevo plan de Urbanismo
LAREPÚBLICA/Madrid* : El Sábado 5 de Enero, durante toda la mañana, miembros de dicha asamblea iniciaron esta campaña mediante la colocación de mesas informativas, reparto de panfletos y, lo más importante, recogida de firmas de apoyo a la propuesta de la Asamblea. Desde las 11 de la mañana, y hasta las 15 horas de la tarde, se mantuvo el puesto de información y recogida de firmas por el que fueron pasando los vecinos, algunos convocados por la difusión previa del acto, y otros que se detenían a recibir información de la propuesta y apoyarla con su firma.
Miembros de la asamblea valoraron muy positivamente el inicio de esta campaña, de la que dicen “V de Vivienda considera que la más profunda democracia participativa es la mejor garantía de que el PGOU no se convierta en terreno de disputas mezquinas que amparen intereses especulativos de unos y otros. Leganés es de todas y todos sus ciudadanos, y todos deben discutir en profundidad su futuro. Ello se asegura de manera práctica haciendo que sea el conjunto de la ciudadanía quien tenga la capacidad de iniciativa, debate y decisión final sobre el Plan General”
También dicen en el manifiesto que se leyó que “la experiencia ha demostrado hasta la saciedad en nuestro país que dejar la elaboración del urbanismo de nuestras ciudades en exclusiva a los representantes institucionales no garantiza en absoluto que no se vaya a ceder a los intereses privados de los grandes grupos inmobiliarios, en contra del interés general, que es el que siempre se dice defender. La corrupción tiene su mejor caldo de cultivo en la reducción de la democracia, la opacidad y la pasividad de la ciudadanía”
Durante el transcurso del acto público, se produjo una anécdota muy curiosa. El alcalde de la localidad, Rafael Montoya, pasó con uno de sus guardaespaldas junto al puesto en el que estaban recogiendo firmas los miembros de la asamblea y se detuvo para tener, durante un buen rato, un debate a pie de calle que fue recogido por los micrófonos de un compañero de prensa que se encontraba entrevistando a estos.
http://www.ecoleganes.org/spip.php?article3040
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) será abordado, propuesto y aprobado por el ayuntamiento en esta legislatura, y ahora el tema central es ver si será realizado de manera verdaderamente democrática, en asambleas populares por barrios, como propone esta asamblea, y ratificado con un referéndum, o si los partidos en el poder en el ayuntamiento aplicarán el rodillo electoral para imponer a los vecinos un plan desarrollado para ellos pero sin ellos. En definitiva, “todo para el pueblo” pero… ¿con o sin el pueblo?.
Más información:
AsambleaLeganes@gmail.com
* La República - Miércoles, 9 de enero 2008
Foto: vdevivienda-leganes - pancarta
Una pareja de policías locales de inspección urbanística se construye un chalé ilegal
TERRA/Córdoba* : El sueño de edificarse un chalé en suelo rústico a las afueras de Córdoba no es exclusivo de los ciudadanos de a pie que, por desinformación o empujados por la picaresca, deciden hacer caso omiso a la ley. El fenómeno de las parcelaciones ilegales tiene raíces tan profundas en la capital y tentáculos tan extendidos, espoleado por una cierta tolerancia pública y el encarecimiento de los pisos por la burbuja inmobiliaria, que incluso aquellos que trabajan para atajarlo sucumben a él.
Esto es lo que le ha sucedido a dos agentes de la Línea Verde, el servicio encargado de las denuncias en materia de infracción urbanística de la Policía Local de Córdoba, quienes se han construido ilegalmente una casa unifamiliar aislada de dos plantas, con porche y garaje, en la finca de Torreblanca. Dicha parcelación se encuentra aún en fase de desarrollo urbanístico y, por tanto, está terminantemente prohibido poner un ladrillo, aunque en el futuro, toda vez que se complete el proceso, se pueda edificar.
Este obstáculo legal no impidió que la pareja de agentes edificara su vivienda y que lo hiciera sin solicitar la preceptiva licencia de obras a la Gerencia Municipal de Urbanismo, a sabiendas de que nunca se la hubiesen concedido porque se trata de un terreno donde no se puede levantar ni un simple muro de hormigón hasta que los trámites del proyecto de parcelación y urbanización lleguen a su término.
Control de las obras ilegales
Se da la paradoja de que ambos están muy familiarizados con el problema de las parcelaciones ilegales. Lo conocen de primera mano. Es más, trabajan para frenarlo. Su labor en la Jefatura Local de Seguridad consiste precisamente en dar parte de las edificaciones que se llevan a cabo sin licencia en la ciudad y tramitar las denuncias, que son comunicadas al servicio de Inspección Urbanística de la Gerencia.
En concreto, uno de estos dos agentes, uno de los titulares de la parcela en Torreblanca, forma parte de la Línea Verde que patrulla zonas de la periferia.
Su nombre, firma y la referencia que lo identifica como agente municipal consta en multitud de expedientes de infracción urbanística que ha abierto en los últimos años, localizados principalmente en la zona protegida de la Sierra, y que han culminado luego en cuantiosas sanciones a propietarios.
Sin embargo, esa firmeza y escrupulosidad que, como miembro del equipo de inspección policial, está obligado a ejercer con las irregularidades ajenas no se ha aplicado en contra suya.
En la Gerencia de Urbanismo 'no hay constancia de expediente por infracción urbanística a nombre de estas dos personas [en alusión a ambos agentes] por realizar obras sin licencia en el citado emplazamiento', expone el informe solicitado por este periodista al Servicio del Inspección Urbanística de la Oficina de Disciplina de Obras de la Gerencia, firmado por el jefe de este departamento y sellado el pasado 21 de diciembre. No consta tampoco que con posterioridad a esta fecha se haya impuesto ninguna multa por dicha obra ilegal, según ha podido corroborar este diario.
Cerca de la Carrera del Caballo
La vivienda en cuestión se encuadra dentro del plan parcial de Torreblanca, en una zona limítrofe con el Paraíso del Arenal, la urbanización de casas adosadas que el empresario cordobés Rafael Gómez Sánchez promovió en la zona denominada Carrera del Caballo.
El Registro de la Propiedad, que en efecto da cuenta de la escritura autorizada por un notario el 30 de diciembre de 1997, describe su emplazamiento como tierras de secano, encinar y pastos, procedente de la finca que da nombre a toda la urbanización. Ocupa una superficie total de 5.200 metros cuadrados, repartidos entre varios propietarios. Los dos agentes citados son titulares del 22 por ciento.
* Terra Actualidad - VMT - 13/01/08
Foto: Córdoba, urb. Torreblanca - R.Alcaide, abc.es
Detienen al promotor de chalés de lujo ilegales de l´Atzúvia por un presunto delito urbanístico
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LEVANTE/Alacant* : La brigada especializada en delitos urbanísticos de la Guardia Civil de Alacant detuvo esta misma semana al constructor alemán, Klaus Dieter May, y a su esposa en su casa de l'Atzúvia por un presunto delito urbanístico. Sobre los ciudadanos recaen varias denuncias por presuntas irregularidades cometidas en suelo no urbanizable.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat valenciana aseguraron que al menos el promotor pasó ayer a disposición judicial en el juzgado número 7 de Dénia y fue puesto en libertad provisional sin fianza con la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes para firmar. Se han abierto diligencias secretas, que está llevando a cabo el juzgado número 1 de Dénia, según el TSJ.
Según ha podido saber este diario, los agentes de la Guardia Civil acudieron a la vivienda de Klaus Dieter May y su esposa a principios de semana y detuvieron a los ciudadanos ante la atenta mirada de los vecinos. Sin embargo, tras pasar a disposición judicial, ayer los acusados se dejaron ver de nuevo por l'Atzúvia.
El promotor alemán ha estado ligado a la proliferación en l'Atzúvia de viviendas de gran extensión sobre suelo no urbanizable y en parcelas inferiores a 10.000 metros cuadrados. Unos hechos que han sido denunciados reiteradamente por la asociación ecologista Gelibre, Agró y el grupo municipal del Bloc, quienes han acusado al alcalde, el popular Manuel Reig, de permitir las supuestas irregularidades cometidas por el conocido constructor.
Advertencias administrativas
Fue en mayo de 2007 cuando la Conselleria de Territorio, tras recibir una denuncia administrativa de Agró, instó al consistorio a anular licencias concedidas en el plazo de un mes. La secretaria autonómica, Cristina Serrano, advertía al Ayuntamiento de l'Atzúvia de más de una docena de licencias concedidas de manera irregular para la edificación de construcciones de aperos y labranza -que no pueden superar los 32 m2 de superficie- y que han sido utilizadas para levantar valiosas edificaciones que sobrepasan con creces la volumetría permitida. Las viviendas son extraordinariamente lujosas, con piscina y pistas de tenis algunas de ellas. De hecho, existen edificaciones valoradas en tres millones de euros. Viviendas que se han construido en suelo no urbanizable y en plena montaña.
Sin embargo, el ayuntamiento alegó contra la resolución de la conselleria y fue la administración autonómica la que alertó de que podía incluso impugnar las licencias y ordenar el derribo de las casas para restablecer así la legalidad urbanística.
Futuro PGOU
Mientras se resuelven las alegaciones, el gobierno del PP de l'Atzúvia ha decidido comenzar los trámites para elaborar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana.
Para Gelibre, asociación ecologista local, no se trata más que de una manera de "solventar las ilegalidades urbanísticas permitidas desde hace años por el consistorio".
* Levante-EMV - M. J. Mascarell, L'Atzúvia - 12 de enero de 2008
Foto: Una de las viviendas construidas por el promotor en suelo no urbanizable de l'Atzúvia /levante de alacant
Gran Scala, un proyecto a debate
JAIME MINGUIJÓN* : Uno de los aspectos que más me ha sorprendido en relación al proyecto empresarial de Gran Scala es la fuerza con la que se ha introducido en el debate cotidiano, en las conversaciones en el trabajo, entre amigos, con la familia. Y en esos casos, ya va siendo habitual que, tarde o temprano, alguno de los contertulios te asalte con la pregunta: "¿pero, tú, estás a favor o en contra?" He de reconocer que, hasta el momento, mi respuesta ha sido siempre la misma: "pues, según cómo". Y es que, a día de hoy, lo único que sabemos es que se trata de un proyecto que si algún calificativo merece es el de desbordante.
Los datos sobre capital a invertir, trabajadores a emplear, superficie a urbanizar, casinos, centros de ocio, hoteles a construir, etc. hacen muy difícil que cualquier ciudadano medio (entre los cuales me ubico) se pueda ni siquiera hacer una idea de la magnitud de la empresa a la que nos enfrentamos. Una única iniciativa que excede sobremanera cualquier otra que haya podido haber nunca en Aragón.
Hasta el momento, el proyecto ha sido gestionado de forma discreta por nuestros gobernantes y, según nos dicen, en ello ha residido en gran medida el acierto de que al final, sus impulsores, se hayan decidido por realizar la inversión en nuestra Comunidad. Sin embargo, esa discreción, que a lo mejor era necesaria, incluso imprescindible, ha conllevado una serie de efectos perversos que no pueden dejarse de lado. Quizás el más trascendente de ellos es que se están articulando en la sociedad una serie de respuestas, tanto a favor como en contra del proyecto, que cada vez están alcanzado mayor fuerza y vigor. Estas respuestas, en general, pueden calificarse como precipitadas, pues no disponemos de la información suficiente para poder armar un argumento y un juicio definitivo sobre lo que será y representará Gran Scala en nuestra Comunidad. Y es que nos faltan datos y, mientras no se complete la información, es muy difícil desmarcarse de la respuesta lacónica y tibia que representa el "pues, según" y tomar partido por una u otra opción.
Pero los ciudadanos tenemos derecho a poder tomar partido y expresar nuestra opinión en torno a un asunto que parece tendrá gran trascendencia para nuestro propio futuro. Por lo tanto, antes de tomar una decisión política definitiva respecto al proyecto de Gran Scala, es preciso que se nos proporcione la información suficiente para que nos podamos formar un juicio de valor en torno al mismo. Este aspecto es un requisito imprescindible de cualquier proceso democrático de participación.
Sin embargo, una vez esté a disposición pública esa información de forma accesible y asimilable para la mayoría, no estará solucionado el problema, pues será el momento de abrir un debate ciudadano en torno a la cuestión, debate que tendrá una dimensión formal, a través de los medios que establezcan nuestros representantes políticos, pero que sin duda tendrá una dimensión informal, como se está pudiendo comprobar ya en las interacciones y conversaciones en las que tomamos parte. Y en ese momento deberán establecerse unos patrones claros y compartidos acerca de los elementos que habrán de ser tomados en consideración para ayudar a formar un juicio sobre el proyecto. Aunque todas las opiniones son válidas, las decisiones colectivas, los procesos de consenso, no deben ampararse exclusivamente en un acuerdo entre facciones que representan intereses contrapuestos. Ni tampoco se pueden dejar llevar por el miedo al cambio o por previsiones de todo tipo (catastrofistas y triunfalistas) que se vierten de forma demagógica. Sin olvidar los intereses particulares presentes en el debate, el criterio que más fuerza debe alcanzar en este proceso de toma de decisión es el bien común y el interés colectivo.
Pero definir el bien común tampoco es una tarea sencilla. Defender que lo que decidan las Cortes de Aragón representa, per sé, el interés general, no deja de ser una táctica peligrosa, pues significa hurtar del debate público un tema totalmente novedoso, de gran trascendencia, que nos implica a todos y que, recordemos, no ha sido objeto de confrontación ni sometido a valoración en ninguna consulta popular, pues se lanzó a la arena pública justo después de las elecciones autonómicas de mayo pasado. Por lo tanto, nuestros representantes tienen la obligación, más que en ningún otro caso, de abrir ese debate público y de establecer los criterios compartidos que deben formar parte de ese horizonte que representa el bien común.
Bien común que en la era de la globalización ha ensanchado extraordinariamente sus límites, pues ahora sabemos que cualquier acción, y especialmente una de tanta envergadura, se dé donde se dé, tiene efectos que se extienden más allá de los territorios aledaños y de las generaciones actuales. Por lo tanto, hay un criterio prioritario que debe tomarse en consideración por todos los participantes en el debate sobre el proyecto de Gran Scala desde la perspectiva del bien común: la sostenibilidad. La sostenibilidad no nos habla exclusivamente de la adopción de posturas sensibles hacia el medio ambiente, sino que abarca igualmente a las dimensiones económica y social. Un proyecto sostenible es aquel que, garantizando la pervivencia de las generaciones actuales, no hipoteca la de las generaciones futuras. Y precisamente, en esa tensión es donde nos vemos en la obligación de encontrar un difícil equilibrio, que en ningún caso puede primar "exclusivamente" uno de los polos. Por otra parte, Gran Scala tendrá una incidencia que sin duda sobrepasará los límites de los municipios donde se instale, por lo que el debate y la información debería ampliarse en círculos concéntricos, partiendo del lugar privilegiado que deben tener los territorios y personas directamente afectados, pero extendiéndose en momentos posteriores al conjunto la comarca, de la provincia, de la Comunidad Autónoma, etc.
* Sociólogo
* El Periódico de Aragón - Opinión - 13/01/2008
