ELPAÍS/PaísVasco* : ¿Cuál es el factor que más influye en la carestía de la vivienda en Euskadi y, en general, en el resto de España? Los expertos citan varios, pero uno sobresale por encima de todos: el coste del suelo sobre el que se asientan las viviendas. Los constructores vascos alertan de que representa ya el 53% del precio final de los pisos que se venden en la comunidad. Del conjunto de partidas clave en la formación del precio por el que se vende un piso, la que ha registrado las variaciones más significativas en los últimos años es la carestía del suelo, que crece sin parar.
Por el contrario, los costes de construcción, proyecto, licencia, obra, financiación, gestión y comercialización, es decir, el resto de componentes que interviene en el precio final, apenas se han movido y sí lo han hecho, ha sido a la baja.
El suelo ha pasado de representar el 30% sobre los costes totales de la construcción de una vivienda en 1994 al 53% ocho años más tarde, en 2006. Este es uno de los datos más relevantes del informe El sector de la construcción 2006, elaborado por el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales a partir de una encuesta realizada a más de 100 constructores, promotores y agentes inmobiliarios. La conclusión es clara: el suelo es el principal problema y el factor de que los precios de la vivienda sigan subiendo, aunque en el último año de una forma más moderada.
De ese 53% que supone el terreno, el 42% correspondería al coste del suelo bruto, al que habría que añadir el 11% que representa el gasto de urbanización. En cuanto a los gastos de construcción, los promotores aseguran que representan el 27% del precio final de la vivienda, correspondiendo el 20% restante a los costes generales y financieros, entre los que se incluye el margen empresarial.
La opinión de todos los agentes relacionados con el mercado inmobiliario refleja que la oferta actual de suelo urbanizable es insuficiente para dar respuesta a las necesidades actuales de edificación. Esta impresión de escasez es compartida en las tres provincias. Los expertos atribuyen esta situación de insuficiencia tanto a la clasificación como no urbanizables de suelos adecuados para la edificación y, por lo tanto, con posibilidad de reclasificarse, como a la falta física de suelo libre como tal.
Trabas burocráticas
La consecuencia de todo ello es el crecimiento generalizado de los precios de los solares y de las viviendas. Las trabas burocráticas para sacar los suelos al mercado también repercuten de una manera negativa en el coste, ya que ralentiza todo el proceso. Entre las principales trabas figuran desde la lentitud en la concesión de las licencias por parte de los ayuntamientos hasta la rigidez de las normas de las juntas de compensación, formadas cuando el suelo es de varios dueños.
La Ley de Suelo aprobada por el Parlamento en junio del año pasado recoge algunos mecanismos para que la salida de los solares al mercado sea más rápida. Por ejemplo, acaba con las subastas de suelo que en su momento promovían algunos ayuntamientos, cuyos ingresos dependen en buen parte de este tipo de recursos. Este procedimiento de los concursos contribuye a encarecer el precio final del suelo. La ley establece que se adjudiquen mediante concurso.
La figura del agente urbanizador, una empresa privada que prepara un solar una vez que está calificado, también debe ayudar a que todo sea más rápido. Para el 56% de las promotoras inmobiliarias consultadas para elaborar el informe, la presencia del agente urbanizador ayudará a dinamizar el mercado, mientras que un 4% piensa que no será así y mantiene recelos hacia el trabajo que pueda desarrollar.
Prioridad a la política sobre los solares
Las promotoras inmobiliarias consultadas consideran que las políticas de vivienda del Gobierno vasco deberían centrarse principalmente en el desarrollo de actuaciones sobre el suelo y en la concesión de más ayudas a la promoción de viviendas. Fijando la atención en las operadoras que trabajan únicamente en el mercado libre, el 68% considera que las actuaciones sobre los solares tienen que ser prioritarias. Mientras, un 57% opina que se deberían dar más ayudas a la promoción, un 34% aboga por reducir la fiscalidad y un 25% porque se concedan más subvenciones para la compra de pisos.
Por su parte, las promotoras que desarrollan su actividad, tanto en el segmento de la vivienda libre como de la protegida, conceden mayor importancia a las ayudas a la promoción (el 59% de las respuestas), por delante de las actuaciones sobre el suelo (57%). A continuación, citan por igual en el informe la reducción de la fiscalidad y las ayudas a la compra.
Por otra parte, los constructores y promotores del País Vasco consideran que ha crecido la presión competitiva por parte de empresas radicadas en el resto del Estado. Al menos el 39% de las empresas consultadas así lo asegura. A pesar de este aumento, son optimistas en cuanto a sus condiciones para adaptarse a un escenario de mayor competitividad.
LO QUE CUESTA EL SUELO
El coste del suelo sobre el precio final de un piso ha pasado del 30% en 1994 al 53% en 2006.
Ese 53% se reparte entre el 42% del gasto del suelo en bruto más el 11% que supone la urbanización.
Los costes de construcción se han reducido del 49% en 1994 al 27% de 2006.
En el mismo periodo de tiempo, los costes generales y financieros se han estabilizado: del 21% en 1994 al 20% registrado el año pasado.
El precio final del piso es el resultado del 53% del coste del suelo, el 27% de construcción y el 20% de los generales y financieros (incluido el margen del beneficio empresarial).
* ELPAIS.com - EDUARDO AZUMENDI - Bilbao - 27/08/2007
Foto: manifestación vivienda digna - nodo50.org
Los constructores alertan de que el coste del suelo es ya el 53% del precio final del piso
Los tarraconenses se rebelan en masa contra el plan general de Urbanismo de la ciudad
ELPAÍS/Cataluña* : Los ciudadanos de Tarragona se han rebelado masivamente contra el Plan de Ordenación Urbana Municipal (POUM) de Tarragona, que aprobó el anterior equipo de gobierno de la ciudad (CiU y PP) en vísperas de las municipales por un ajustado margen de 14 votos contra 13 (PSC, ERC, IC V). La oposición votó en contra. Ahora es la ciudadanía la que se ha enfrentado al proyecto, con la presentación de 4.387 alegaciones.
La reacción es inusual. Lo reconoce el teniente de alcalde de Urbanismo, Josep Lluís Navarro, quien advierte de que si en Tarragona hay 120.000 habitantes y calculamos una media de tres personas por familia, significa que de los 40.000 núcleos familiares resultantes, uno de cada diez rechaza tan contundentemente el plan que se ha movilizado para redactar y presentar las miles de alegaciones.
Se jugaban su casa. Así lo explica Santiago Blanco, portavoz de las diversas asociaciones de afectados por las expropiaciones, unidas para ganar fuerza. Muchos de los afectados son matrimonios de jubilados que han tenido que desembolsar 170 euros de una pensión de 600 mensuales para pagar abogados. En Torreforta, uno de los barrios obreros más antiguos y poblados, estaba previsto derribar prácticamente una hilera completa de viviendas de la calle de entrada. En el centro urbano, el POUM prevé derribar bloques enteros de viviendas casi nuevas, algunas construidas hace apenas 30 años.
Entre los casos impactantes, destaca el de un matrimonio con cuatro hijos que compró su vivienda en la carretera de Valls por 240.000 euros en enero después de haberse informado de que la casa estaba limpia de cualquier carga. A los seis meses se enteró de que pertenece a una de las áreas que el plan de urbanismo prevé derribar. Otro matrimonio de Riaño compró su casa con el dinero de la expropiación y la nueva también se proyecta derribar. Los afectados advierten de que, pase lo que pase, sus viviendas en el presente han perdido ya su valor.
El actual alcalde, el socialista Josep Félix Ballesteros, y su concejal de Urbanismo han prometido a los afectados que el POUM será "sustancialmente" reformado. Además, Navarro se compromete a informar zona por zona a los afectados por cada plan parcial. También se muestra decidido a pactar con la actual oposición, responsable del plan, porque cree que un proyecto de estas características es una hoja de ruta que tiene una vigencia para 25 o 30 años.
Además de la coordinadora de ciudadanos afectados en sus viviendas, se ha creado otra de tarraconenses que defienden la preservación de zonas naturales, que son públicas. Marc de Jesús, representante de esta coordinadora (Retirem el POUM), indicó que el plan es clasista, poco respetuoso con el medio ambiente y sin visión de futuro, al no tener en cuenta los grandes problemas que acechan a una "ciudad que forma parte de un planeta", e ignora el cambio climático.
De Jesús concretó que el POUM sigue distribuyendo las viviendas en guetos: las más pequeñas y de protección oficial las ubica frente al polígono petroquímico, mientras que los chalets de 125 metros cuadrados los instala en la llamada corona verde, junto a un acueducto romano popularmente conocido como Puente del Diablo. Estos chalets ocuparían 5,22 kilómetros cuadrados de lo que actualmente son bosques de pinos. Consideran insuficiente pasar del 25 al 30% las viviendas de protección oficial que proponen los socialistas.
Retirem el POUM también se opone al proyecto de aumentar el suelo dedicado a los polígonos de ocio (con cines, restaurantes y grandes superficies) fuera del centro urbano, a los que no se puede acceder sin un coche.
Preguntas sin respuesta
¿Cómo CiU no temió el gran coste electoral de aprobar un plan de urbanismo que prevé que 1.500 familias se tengan que marchar de su casa? ¿Por qué los socialistas no gritaron más alto ante una barbaridad así? Son preguntas que se hacen los afectados y que no han encontrado hasta ahora una respuesta convincente.
"Hubieran ganado las elecciones con mucho más margen", dicen los miembros de la coordinadora. Joan Aregio dice que el plan no podía ser muy distinto, aunque admite que a los redactados se les pudo ir la mano con los derribos. El teniente de alcalde de Urbanismo, por su parte, dice que sí, que los socialistas protestaron mucho y a menudo. Pero la coordinadora de afectados insiste en que la protesta no llegó a los oídos de los ciudadanos como llegan las noticias cuando quieren que la gente se entere de verdad.
El suelo urbano es un oro muy codiciado y los afectados responden con un "Uuuuuhhhhhh" cuando se les pregunta si sospechan que puede haber problemas de especulación urbanística.
* ELPAIS.com - PILAR ENCUENTRA - Tarragona - 27/08/2007
Foto: Tarragona - musique09.free.fr
Más de 3 meses acampados por una vivienda digna en la Universidad Complutense de Madrid
La acampada organizada por la Asamblea por la Vivienda Digna y Contra la Precariedad* en la Ciudad Universitaria de Madrid se alarga. Comenzó el pasado 13 de mayo como un intento de intervenir en la campaña electoral y denunciar la política del ladrillo de los ayuntamientos. De hecho, se anunció que duraría sólo dos semanas, pero por el camino sus integrantes decidieron mantener las tiendas instaladas en el campus, y plantear unos objetivos que van más allá de los recogidos en un principio.
Entre las perspectivas de la Asamblea se encuentra la de crear un espacio de encuentro que reúna a universitarios, trabajadores y personas sin techo y en el que se organicen todo tipo de actividades de autogestión y sensibilización sobre el problema de la vivienda.
En un comunicado dado a conocer a Rebelión, la Asamblea expone sus puntos de vista con respecto a la situación económica y social en el Estado, considerando que se encuentra "en crisis" y donde "la gente vive ahogada por el pago desmesurado de algo básico como es una vivienda".
Para la organización la cuestión es que de "una necesidad básica, un derecho fundamental de nuestra constitución" se ha creado una corriente especulativa, en la cual se trata de embarcar a todos los ciudadanos. Por eso a pesar de que en los últimos años se han construido más viviendas que nunca, revalorizado de forma fraudulenta terrenos que no era edificables para este fin, el precio no ha hecho más que aumentar, el nivel de endeudamiento también (llegando a casi un 80%) y más de 3 millones de viviendas se encuentran vacías.
Fruto de ello "la gente no es capaz de ahorrar y casi no llega a fin de més, y la despoblación de los municipios rurales es deprimente". Y sin embargo, "nos venden una vida llena de comodidad (dependencia) que se caracteriza por la concentración demográfica en nucleos urbanos. Focos de contaminación y de explotación de personas, de alienación de nuestro trabajo y de borreguismo".
Para completar el panorama, el sistema neoliberal alimenta "el miedo a perder nuestras casas, nuestra comida y nuestras comodidades o la incertidumbre en nuestro futuro, nos obligan a aguantar a veces situaciones laborales contra las que ya se lucho en su día y que ahora parece que dicha lucha no ha servido para nada".
En efecto, "los sueldos son bajísimos para el nivel de vida que nos quieren implantar, los contratos basura que no dejan que los jóvenes podamos comenzar nuestro proyecto de vida, los pensionistas que no llegan a final de mes y viven en situaciones de precariedad absoluta, la gente de mediana edad que vivien inmersos en cárceles hipotecarias, y en definitiva y como siempre, el enriquecimiento de unos pocos a costa del empobrecimiento de otros muchos".
Por eso surge la acampada, contra la explotación de seres humanos y a favor de otra vida posible, ofreciendo alternativas de vivienda y de vida que van encontrando durante su lucha. Entre otras la de repoblar las aldeas abandonadas del pais, ofreciendo a todo el mundo la información sobre lugares desocupados, o en proceso, sobre ayudas del estado y sobre modelos de vida basados en la sostenibilidad y la autogestión basada en la explotación local de los recursos frente a una globalización inminente que pretende acabar con todo esto para que puedan seguir haciendonos dependientes de un sistema que nos engaña y que se aprovecha de las personas.
Desalojo previsto
Pero todo este proyecto parece tener los días contados, pues el 1 de septiembre puede ser la fecha en que lleve a cabo el desalojo. Empiezan las clases y desde el rectorado de la universidad se pretende poner fin a la acampada.
Por su parte la Asamblea se halla organizando un fin de semana lleno de actividades y acciones de forma que la gente que aún no sabe de ellos o que han estado de vaciones conozca lo que ocurre en la Complutense, sobre el problema de la vivienda y la precariedad, y que hay que seguir luchando.
Entre otras actividades habrá cine, teatro, música, comida, talleres, encuentros y debates. Cuyo programa definitivo disponible en unos días.
La direccion del grupo es: http://groups.google.com/group/acampadaxlavivienda
Y su direccion de correo: acampadaxlavivienda@googlegroups.com
Acampados por una vivienda digna y contra la precariedad
Introducción
El problema de la vivienda es el de un modelo económico y social que ha puesto este país al servicio de la especulación inmobiliaria, con el objetivo de hacer negocio con el suelo y las viviendas, sin importar su coste económico o medioambiental o si alguien las habitará. En este país sobran viviendas para especular (hay más de 3 millones vacías, 300.000 en Madrid), es más caro que nunca acceder a ellas (en compra o en alquiler) y faltan viviendas asequibles para vivir. ¿La causa? La vivienda, una necesidad social básica, se ha dejado en manos del mercado, una mercancía más con la que se especula y mercadea, excluyendo de su acceso a “los no rentables”. Un mercado controlado por un oligopolio de propietarios del suelo, promotoras, constructoras y políticos corruptos que se forran a costa de hipotecar y atar a la precariedad a millones de vidas de por vida, obligadas a aceptar condiciones de esclavitud del siglo XXI en el intento de desarrollar su proyecto vital.
Frente a este modelo de “capitalismo popular del ladrillo”, la acampada reivindica que el acceso a la vivienda digna (entendido como alojamiento, no como propiedad) sea un derecho universal, reclamable y equiparado a otros derechos fundamentales como la educación o la sanidad. El objetivo es que en el periodo más breve posible, toda la población que lo desee pueda acceder a una vivienda de alquiler social. Para llevar esto a cabo son necesarios cambios legislativos y unas Administraciones Públicas no corruptas que dejen de estar al servicio de la especulación inmobiliaria.
La precariedad es un concepto amplio con muchas caras que cada vez abarca y limita un mayor número de aspectos de nuestra vida: precariedad en el trabajo, en los salarios, en la relación laboral, en las relaciones sociales y en las redes de apoyo mutuo, en la lacra de los accidentes laborales, en la discriminación laboral (sexo, nacionalidad, edad), precariedad como debilidad y desmantelación de los servicios públicos y la protección social,... Los colectivos afectados por esta precariedad son igualmente múltiples: parados, trabajadores sin contratos ni derechos, temporales y precarios, becarios, falsos autónomos y autónomos dependientes, subempleo,…Jóvenes, mujeres e inmigrantes sufren en mayor medida la explotación laboral. Una precariedad que antes era un peaje “temporal” a pagar por parte de los jóvenes y que cada vez más se generaliza a toda la población como modelo económico y social permanente, una profunda reforma laboral encubierta que está erosionando las pocas conquistas sociales y laborales alcanzadas.
La carestía de la vivienda (hipoteca, alquiler) y las malas condiciones laborales son dos factores que se retroalimentan: La obligación mensual de hacer frente un pago desmesurado por alojamiento obliga a las personas a aceptar las precarias condiciones laborales que ofrecen los empresarios y a no protestar o reivindicar mejoras ante la amenaza del despido. Este chantaje obliga a aceptar recortes y condiciones laborales a la baja y la necesidad de dos salarios para poder sobrevivir, impidiendo conciliar la vida familiar y personal con la laboral.
La última década de fuerte crecimiento macroeconómico ha generado un aumento considerable de las desigualdades sociales y de renta, explicado en gran medida por el ciclo inmobiliario, la construcción y el encarecimiento de la vivienda. La riqueza del país (el PIB, producto interior bruto) se ha “duplicado” en estos años, pero no todos nos hemos beneficiado en igual cuantía de este crecimiento. De hecho, mientras que la mayoría de los trabajadores y de la población en general ha visto como se estancaba o empeoraba su poder adquisitivo y sus condiciones de vida, una minoría de empresarios y especuladores ha visto multiplicarse sus beneficios a costa del esfuerzo de la mayoría.
Desde la acampada defendemos un acceso más justo de toda la población (y no solo de una minoría) a la riqueza generada entre todos. La lucha contra la precariedad hay que enmarcarla en un proceso de mejoras sociales globales en este país y ligado al impulso del mismo proceso en el resto del mundo (en una economía globalizada, las conquistas sociales se universalizan o perecen fruto de la lógica competitiva capitalista como estamos viendo con las deslocalizaciones). Se debe abogar por otro modelo socioeconómico a nivel global, basado en mayores derechos sociales, económicos y laborales para el conjunto de la población y surgido de una verdadera democracia real, consciente y crítica.
Objetivos
La acampada por el derecho a una vivienda digna y contra la precariedad en cualquier ámbito tiene unos objetivos concretos, los cuales se exponen a continuación.
*
Sensibilización y concienciación del problema de vivienda y precariedad que provoca la especulación.
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Informar al ciudadano y ofrecerle un punto de encuentro, de opinión y reivindicación acerca del problema que acontece en la actualidad.
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Movilización de la sociedad e implicación directa por parte de ésta en la reivindicación del derecho a una vida digan en la que todos tengamos acceso a una vivienda digna y no provoquen situaciones de precariedad en cualquiera de sus formas.
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Ofrecer alternativas de vivienda, autogestión e integración en un sistema en el que se olvida a minorías con situaciones de precariedad extrema.
Sensibilización y concienciación del problema
Desde la acampada creemos que es muy importante la concienciación de los ciudadanos ante los problemas expuestos en el punto anterior. Pensamos que no es que la gente no sienta el problema como suyo, ya que todos lo vivimos de alguna forma en particular, sino que vivimos en un sistema en el que se ofrecen todo tipo de distracciones y engaños para que pensemos que el problema de la vivienda y la precariedad de este país no tiene la magnitud que en realidad tiene.
En la acampada queremos concienciar a la ciudadanos/as los problemas que se derivan de la situación actual con respecto a la vivienda, desde el endeudamiento familiar, las situaciones de precariedad laboral o social de cualquier tipo e incluso la precariedad extrema como puede ser el caso de la gente sin techo.
Para conseguir esta concienciación queremos ofrecer una serie de actividades, que se detallarán más adelante, encaminadas a difundir este problema entre todos los estamentos de la sociedad.
Información al ciudadano y ofrecerle un punto de encuentro, de opinión y reivindicación
Desde la acampada queremos ofrecer al ciudadano un lugar que reconozcan como punto de encuentro del problema expuesto en la introducción. Queremos informar de la situación actual del problema a través de las siguientes actividades:
*
Recabar la información y la opinión de expertos en la materia.
*
Promoviendo debates, reivindicaciones o denuncias de situaciones particulares a quien así lo desee.
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Ofrecer medios para que las situaciones personales no se entiendan como casos aislados y que todos veamos el problema como propio.
Pretendemos que al disponer de toda la información posible, la manipulación pierda su efectividad y por tanto la concienciación ante el problema pueda ser un hecho real. Condenando al especulador y al corrupto públicamente, pretendemos la sensibilización y la tolerancia cero por parte de toda la sociedad ante las trampas políticas y económicas existentes en el sistema actual.
De esta forma al disponer de información clara y vinculante sobre un problema y sus causas, se crea una movilización generalizada contra él. Recogiendo las opiniones, visiones, reivindicaciones o testimonios de cada individuo y utilizando medios de difusión “libres” de la manipulación como puede ser Internet, el movimiento por una vivienda digna y contra la precariedad se convierta en un movimiento de todos y por todos, en que no se haga diferencias sociales o culturales, y se entienda como una lucha común ante un problema de tal magnitud.
Movilización de la sociedad e implicación directa por parte de ésta en la reivindicación
En la acampada consideramos de vital importancia la implicación directa en la reivindicación por parte del ciudadano de a pie. Creemos que si el proceso de concienciación e información se lleva a cabo de la forma adecuada y continuada, se puede provocar en las personas un sentir real de la necesidad de dicho cambio, de forma que la reivindicación no se relegue a los colectivos más activos, sino que se generalice y se extienda lo máximo posible.
Ofreciendo un punto de reivindicación conseguimos que la protesta se centralice. Contando con la visibilidad que ofrece el estar en la propia calle y siendo un lugar de libre acceso, creemos que puede ser un buen punto de partida para aquellas personas que sienten un descontento interior y que no saben hasta que punto pueden ser partícipes. Para conseguir una integración de todos los individuos de la sociedad proponemos una forma de funcionar abierta y horizontal y así no prevalecen intereses y opiniones de partidos, asociaciones, grupos, etc. Sino que cada uno puede expresar su forma de pensar de forma totalmente libre.
Con esto no sólo queremos que se sumen a nuestra reivindicación, sino que la sientan como el camino hacia el cambio. Queremos dejar claro que la movilización del mayor número de personas es la clave para que el cambio sea real, y por eso queremos ofrecer este espacio de acampada como punto de partida a la movilización, para conseguir la continuidad y que mucha gente comience a participar de forma activa.
Ofrecer alternativas de vivienda, autogestión e integración en un sistema en el que se olvida a minorías con situaciones de precariedad extrema
En todos los sistemas hay siempre un determinado grado de exclusión hacía grupos minoritarios a veces olvidados en muchas de las decisiones que se toman en el ámbito de la política. En el campamento no sólo pretendemos ser un ejemplo claro de integración de personas pertenecientes a dichas minorías, sino que su implicación está siendo básica para el desarrollo de la acampada y demostramos que en la sociedad, no solo se les desecha por su aparente pasividad, sino que además se les excluye sin ofrecerles ninguna participación. Nosotros desde aquí, les ofrecemos la participación contra una situación que quizá ellos viven desde una perspectiva más extrema, pero convencidos de que no se les puede seguir ninguneando, como se viene haciendo desde siempre.
Por otro lado queremos ofrecer alternativas de autogestión o/y de vivienda a éstas personas, acercándoles información importante que de otra forma no serían capaces de encontrar. Por otra parte acercando a estas personas a la sociedad se eliminan muchos de los prejuicios que les mantienen en su situación, por eso en el campamento todos tenemos la oportunidad de contar nuestra situación personal que nos ha llevado a la situación actual.
De ésta forma no sólo denunciamos los casos de precariedad que existen claramente en la situación política, social y económica de éste país, sino que hacemos participe de la denuncia a quienes lo sufren de una forma más pronunciada.
Motivaciones personales
Las motivaciones personales de todos los que apoyamos la acampada como medio de reivindicación y contando con lo expuesto anteriormente, se pueden resumir en una bien clara: “Que se respete el artículo 47 de la constitución en el que se entiende la vivienda digna como un derecho inalienable”. Que se establezcan los mecanismos adecuados para que no se provoque la precariedad generalizada por la especulación y el mercadeo de un bien primario como es una vivienda digna. Así como el sentir común con las personas que no tienen techo, y compartir que cuando finalice la acampada ellos volverán a la calle.
Autogestión del campamento
Desde la acampada queremos manifestar nuestro respeto al medio ambiente y por tanto estamos pendientes del mantenimiento de nuestro entorno, puesto que en definitiva queremos que sea un lugar habitable, no sólo para los que dormimos allí, sino para los visitantes que se acercan a informarse o reivindicar. Por eso no sólo queremos expresar nuestra decepción ante el corte de la luz de las farolas colindantes sino que también queremos pedir que se nos facilite un punto de luz de cara a que podamos hacer uso de los medios electrónicos de difusión de que disponemos y de cara a actividades que requieran de energía para poder realizarse.
Queremos que el respeto por el entorno sea una de nuestras características más visibles y reivindicativas en el campamento ya que la especulación y la corrupción son ejemplos concretos de no respeto al medio ambiente. Por eso también pedimos que se nos faciliten medios para que podamos mantener la pulcridad y salubridad del campamento en los días u horas que las facultades colindantes se encuentren cerradas.
* Rebelión - 27-08-2007
Foto: Acampada Mayo 2007
La cuarta parte de los edificios de Ceuta están en mal estado o ruinosos
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SUR/Ceuta* : El estudio previo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) avisa: «Casi la cuarta parte de la edificación está en estado deficiente, malo o ruinoso». Más de 1.900 edificios, el 23,6 por ciento del parque residencial de la Ciudad Autónoma deja mucho que desear, a juicio de los servicios técnicos encargados de redactar el futuro PGOU. De esos casi dos mil edificios en mal estado, 568 se acercan a la ruina peligrosamente.
Además, señala el avance, la mayoría de los edificios tiene las instalaciones básicas, -bien debido al clima o a la baja renta per cápita, argüye el informe-. Así, sólo la tercera parte de los inmuebles dispone de agua caliente central o instalación telefónica.
Carencias y limitaciones propias de edificios antiguos. El avance del PGOU subraya que, si se exceptúa la parte más antigua del parque edificado residencial, aquella construida antes de 1900, con escasa presencia en la ciudad, la antigüedad de los inmuebles ceutíes «es mayor que la del parque español». Aún así no parece que esta antigüedad vaya a ser un problema en el futuro vista la evolución de la construcción en la ciudad autónoma. Y es que si en 1990 la mitad de los edificios de Ceuta se había construido antes de 1940, diez años después la mitad habían desaparecido. Se renueva así el parque inmobiliario pero con la renovación se evapora buena parte de la historia de Ceuta.
Este problema no afecta por igual a toda la ciudad autónoma. Y es en el Almina y en el istmo, el origen de la ciudad, donde el deterioro de los edificios es más acusado, con el 40 por ciento de ellos en mal estado, según el avance del PGOU.
Quizá debido al mal estado del común de los edificios de Ceuta se ha impulsado las obras de reforma y rehabilitación que ha afectado desde 1999 a más de 150 casas.
Por otra parte el crecimiento del número de viviendas ha sido muy importante pese a las limitaciones de suelo. En la década de los ochenta el parque creció a un ritmo del 15 por ciento, que se elevó al 23,3 por ciento en la siguiente década, lo que supone 2.467 y 4.310 nuevas viviendas respectivamente en cada decenio. Es decir, 6.777 nuevos hogares en veinte años.
La mayoría de la vivienda que se visa en Ceuta, señala el avance del PGOU, es libre y tan sólo se han visado 139 VPO, el 3,6 por ciento del total, entre 1993 y 2004, muy lejos del 12,5 por ciento de pisos protegidos respecto al volumen total construido en el resto del país.
Infravivienda
El precio sube y el tamaño medio de la vivienda aumenta, situándose entre los 60 y los 120 metros cuadrados. A pesar de esta aparente mejora aún hay en Ceuta 1.414 de menos de 30 metros, en las que, apunta el avance técnico del PGOU, debido al tamaño medio de un hogar ceutí «tienen que darse situaciones de hacinamiento». Un serio problema que alcanza dimensiones preocupantes en Benzú, donde la tercera parte de las casas presentan situaciones de hacinamiento que rozan la infravivienda.
Más zonas verdes
Los ceutíes suspiran por una zona verde cerca de su casa, o lo que es lo mismo, un parque urbano, la zona ajardinada más habitual en Ceuta, que sólo cuenta con el decrépito parque de San Amaro, pendiente de renovación. Según el preámbulo del PGOU, dos de cada tres ceutíes ven en este su principal problema, seguido por la poca limpieza de las calles, los ruidos exteriores o la delincuencia y el vandalismo en la zona. Jerarquía de preocupaciones similar a la ofrecida por el sondeo de voto de SUR y la encuesta sobre calidad de vida del INE.
* Diario SUR - 13.08.07 - JAVIER SAKONA
Foto: RUINA. Medio millar de inmuebles se acercan al estado ruinoso, según el avance del PGOU. / SKN
Porto do Son consuma su desfeita urbanística
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ELCORREOGALLEGO* : Hace ya algunos años que tanto este periódico como quien esto firma nos ocupamos con reiterada obstinación de la situación urbanística que vive el municipio de O Son, que hemos calificado en la práctica totalidad de las ocasiones con el expresivo nombre de desfeita. Como la exageración es propensión humana disculpable cuando se pone pasión en la defensa de los propios argumentos, podría aducirse que la referida desfeita responde a una interesada distorsión por parte de periódico y de periodista, antes que, como entendemos, a la fiel constatación de lo sucedido.
Y como en los años transcurridos desde que se diera la primera voz de alarma las obras han ido sucediéndose y a la vista están, y las que faltan pronto asomarán lo que va a suponer el más grave atentado perpetrado en el municipio a la riqueza natural, ambiental y paisajística -queda por saber si también a la histórica, dada la existencia de numerosos hallazgos arqueológicos castreños-, conviene refrescar la memoria de lo sucedido y, tras ello, dejar que sea el avispado lector quien, en su sano albedrío y mejor juicio, ponga el calificativo que estime oportuno a la sucesión de hechos relatados.
1) Se dijo desde aquí en todo este tiempo que el patrimonio natural heredado es riqueza que ningún pueblo puede destruir a su conveniencia o capricho, y un centenar de chalés ilegales jalonan espacios catalogados dentro de la Red Natura.
2) Se advirtió de la continuada usurpación del patrimonio construido, que, en tanto conforma tipologías urbanas dignas de relieve, se constituye en riqueza común inalienable (Castro de Baroña, Casas Colgantes de Cuenca, Barrio Alto de Lisboa, judería de Ribadavia...). Pues bien, se han tirado salazones, derruido casas con hornos de pan artesanales, derribado fuentes, demolido algún viejo cine...
3) Se reclamó un catálogo de casas singulares para su conservación como símbolo de una peculiar arquitectura digna de preservarse, y se hizo, pero justamente para tirar algunas de ellas cuando ya habían sido singularizadas como tales por el equipo técnico, según reconoció el propio ex regidor. Otras, con elementos arquitectónicos excepcionales, han sido frenadas por condicionantes externos pero nada vaticina que no sigan, en breve, la misma suerte.
4) Se alertó de la belleza natural de un acantilado encima de un mar excepcionalmente atractivo en su bravura invernal, y se anuncia un proyecto de senda verde que amenaza destruirlo. ¿Justificación? En las proximidades había un humedal con nutrias. Nutrias y humedal están a punto de ser enterrados bajo la piqueta en el más osado proyecto de desfeita urbanística, pero la senda se mantiene. Todo ello a pie de costa.
5) Se avisó de la irracionalidad de aplicar unas Normas Subsidiarias datadas en 1994 y superadas al menos por tres leyes del Suelo, autonómicas y estatales, que deslegitimaban su contenido, y se mantuvieron en plena vigencia hasta hace escasos meses, con el consentimiento de la Xunta y por exclusivas razones de clientelismo. Con mucho más exquisita preocupación, la misma Xunta, con otro color político, paralizó las licencias en Oroso y en Teo. Con ello se generó un daño cierto a promotores y particulares, pero sólo temporal y reversible; con el dejar hacer en O Son, se propició un daño continuado, para todos e irrecuperable.
6) Se recomendó la conveniencia de extremar la inspección urbanística, y a día de hoy hay edificios que sobreviven a ilegalidades reconocidas por sentencia, otros denunciados por particulares por no ajustarse a proyecto, el citado centenar de chalés construidos sin licencia en espacios de la Red Natura y más de una decena de otros levantados en suelo rústico.
7) Se denunciaron por la oposición municipal supuestos tratos de favor, y nadie investigó. Es público y publicado que buena parte de los proyectos de obra realizados llevan la firma de quien, se dijo, es compañero en el mismo estudio de arquitectura del que fuera arquitecto municipal encargado de validar esos proyectos. Una relación que, en todo caso, sí existió entre ambos como miembros del consejo de administración de una misma empresa. De igual modo que el mismo arquitecto municipal fue socio de un empresario que en los últimos tiempos, y desde otras siglas comerciales, ha cobrado protagonismo singular en los más ambiciosos y lesivos proyectos urbanísticos actualmente en marcha (comida y toros por medio).
8) Se recomendó acabar con la engañosa práctica de publicitar y vender con el reclamo de primera línea de costa o de vistas al mar, y en su insaciable voracidad, los distintos promotores han ido comiéndose terreno, alturas y vistas y, en idéntica medida, engañado a los compradores de pisos, quienes a los pocos meses comprobaban como sus "vistas al mar" eran tapadas por las de nuevas promociones que iban surgiendo. Todo un fraude.
9) Cuantas advertencias se hicieron de acomodar el planeamiento a las nuevas disposiciones legales fueron respondidas por alcalde y equipo de gobierno socialista con el visto bueno a expedientes urbanísticos justo 24 horas antes de la entrada en vigor de una nueva ley del suelo que haría inviable tal aprobación. Y, reincidiendo en el intento, hace escasos meses, aprobando trámites de licencia de más de dos centenares de viviendas a pie de litoral, en base a la misma disposición de 1994 y justo el día antes de la entrada en vigor de la disposición de los 500 metros de distancia de la costa.
10) Que la escalada de irracionalidad llegaría a más se encargó de constatarlo este periódico, al informar de la compra por parte del concejal de Urbanismo de fincas rústicas susceptibles de posterior recalificación urbana. Una denuncia que investigó de oficio el fiscal Anticorrupción y que ahora espera el dictamen judicial.
11) Si el robo es definitivo en la memoria urbanística, también lo es, aunque temporal, en el uso y abuso de los espacios públicos por parte de las promotoras invadiendo durante meses aceras, plazas y hasta carreteras con los materiales de construcción. Poniendo en peligro vidas humanas. Sólo la providencia ha evitado un accidente. ¿Asumiría Xunta o Concello la responsabilidad debida en caso de haber ocurrido?
12) Señalamos que cuanto se estaba haciendo era un urbanismo pobre y empobrecedor, "sin alma", como muy acertadamente lo definió desde este periódico una de las más fervientes y documentadas luchadoras contra la desfeita en este municipio, María Luisa García Gil. Insistimos hasta la saciedad que el progreso del municipio difícilmente podría asentarse en la indiscriminada construcción de soluciones habitacionales de verano mientras se olvidaban los proyectos de primera residencia, ahora que Noia, Brión, Bertamiráns y hasta Compostela quedan lo suficientemente cerca, en tiempo. Pero el cemento lo inundó todo, volviéndolo inhóspito, del mismo modo que la villa se tornará un pueblo fantasma tan pronto pasen los calores del verano. Lo conocen de primera mano hosteleros y comerciantes, que saben cuándo, en qué medida y de qué bolsillos llega el valor añadido que cada turista o visitante aporta a la economía vecinal. Basta preguntarles.
13) Finalmente, este periódico repitió hasta la saciedad que ese urbanismo conduciría ineludiblemente al retroceso económico, a la par que al social de todo el municipio. Pues bien, en los últimos años, ningún indicador económico -población, paro, inmigración, cuotas de mercado, indicadores comercial, industrial o turístico, existencia de oficinas bancarias...- arroja un sólo dato favorable respeto de épocas anteriores. Y si la población tuvo un descenso continuado desde los 12.000 a los pocos más de 10.000 habitantes, el paro se incrementó respecto al año precedente pese a todo el bum constructivo, la emigración de la gente joven continúa, con un saldo migratorio negativo; el precio de la vivienda para los lugareños se multiplicó por varios enteros, la industria se mantiene en índices de ocupación de hace años y ni siquiera tanta riqueza logró que se abriera una nueva sucursal bancaria. En suma, más viejos y más pobres gracias a esa forma de hacer urbanismo.
Pero no será desde aquí desde donde, a la vista del panorama descrito, se concluya con la insultante moraleja de que cada pueblo tiene lo que se merece. Lo que no ofrece duda es que cada pueblo tiene lo que quiere, cuando sabe luchar por él, como recientemente demostraron Corrubedo o Baroña. Y ese sentimiento de creciente indignación colectiva ha comenzado a madurar, aunque da la impresión de que surge cuando ya se antoja tardío. La desfeita apura sus últimas y más graves consecuencias para ignominia de unas autoridades políticas que han propiciado, cuando no apurado, la mayor de las afrentas que caben contra toda una colectividad vecinal: usurparle lo mejor de su propia memoria histórica -natural y construida- e hipotecar, a la vez, el futuro crecimiento armónico. Y se decían pueblo.
* El Correo Gallego - XOÁN SALGADO SUBDIRECTOR DE EL CORREO GALLEGO - 26.08.2007
Foto: La barbaridad arquitectónica que muestra la foto es, en su nimiedad, paradigma del grado de desfachatez con el que algunos promotores han sentado sus dominios en O Son, sin que nada les sonroje - elcorreogallego.es
