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ELMUNDO/Valencia* : Centenares de personas -1.000 según la Policía Local- se manifestaron este domingo en Valencia en contra de la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en la localidad valenciana de Zarra. Los participantes exigieron al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que "rechace el almacén como han hecho los dirigentes autonómicos de Cataluña, Castilla-La Mancha y Extremadura" y que "no permanezca callado por más tiempo porque el que calla, consiente".
La marcha, que comenzó a las 12.00 horas en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, discurrió por las calles Lauria, Colón, Correos, San Vicente, la plaza del Mercado, Caballeros y finalizó en la plaza de Manises.
En la manifestación, subrayaron "la alta peligrosidad de los residuos radioactivos de alta intensidad que albergaría el ATC" pues "su potencial destructivo pone en peligro también las generaciones futuras".
Actos de protesta
Durante el recorrido, realizaron dos actos de protesta, el primero ante la Delegación del Gobierno, situada en la calle Colón, y el segundo ante la Generalitat Valenciana.
Una vecina de la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes, Alba Catalán leyó sendos manifiestos, en los que se reitera "el rechazo popular, claro y masivo al ATC", que "vinculará siempre a Valencia con los residuos nucleares" y se apuesta por potenciar "el patrimonio cultural y ecológico como motores de desarrollo económico de la zona que garanticen el presente y el futuro de la población".
Además, los manifestantes, que aseguraron que la Comunidad Valenciana "ya ha pagado su peaje al desarrollo energético con la central nuclear de Cofrentes", entregaron al jefe de gabinete del delegado del Gobierno en la Comunitat, José Enrique del Campo, las más de 9.000 firmas contra el ATC conseguidas por el colectivo.
'Suicidio económico'
Asimismo, los participantes en la marcha empujaron barriles amarillos que simulaban ser de residuos nucleares durante todo el recorrido y los depositaron junto al edificio de la Generalitat.
Según los manifestantes, el Consell está a punto de cometer un "suicidio económico" si permite que se instale el ATC, ya que los compradores europeos "dejarán de comprar" los productos y porque podría afectar también al turismo.
En el acto, convocado conjuntamente por la plataformas Contra el Cementerio Nuclear en Zarra y la Tanquem Cofrents, participaron numerosos vecinos de la comarca del Valle del Ayora-Cofrentes, que llegaron a la capital del Túria en diversos autobuses desde localidades como Almansa, Alpera, Alatoz, Cancelen, Ayora y la propia Zarra.
También se sumaron a la marcha miembros de las asociaciones Marfull, Greenpeace, Ecologistes en acció, así como las distintas cooperativas de la comarca del Valle Ayora-Cofrentes y la comunidad de regantes locales, entre otras entidades.
Políticos de compromís
Asimismo, la manifestación contó con la presencia del portavoz de Compromís y secretario general del Bloc, Enric Morera; la coordinadora general de EUPV y diputada autonómica, Marga Sanz; el portavoz de Els Verds-Esquerra Ecologista del País Valencià, Carles Arnal, así como ediles del PP de Zarra y Ayora, entre otros.
A lo largo del recorrido se corearon las consignas: 'Si fuera bueno se lo quedarían en Madrid', 'El Valle come mierda con paciencia y Valencia no hace nada' y 'Contaminará las naranjas, contaminará los acuíferos'.
Asimismo, los manifestantes portaron pancartas con eslóganes como '¡Basta ya! Con nuestra salud no podéis jugar', 'Cambiamos Fórmula-1 por Cementerio Nuclear' y 'Zarra no quiere ATC'.
Por su parte, el portavoz de la plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Zarra, Pepe Cerdá, recordó que el ATC estará situado "en medio de la mayor reserva de pinos de la provincia de Valencia".
Nueve candidatas
A su juicio, "la Generalitat no protesta porque todos esos terrenos pertenecen al vicepresidente tercero del Consell y titular de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino. No hay otra explicación", afirmó.
La candidatura del municipio valenciano de Zarra es una de las nueve localidades presentadas de cinco comunidades autónomas que han sido aceptadas por el Ministerio de Industria para acoger el ATC.
Según la lista definitiva hecha pública por el Ministerio, los municipios admitidos definitivamente son los de Albalá (Cáceres), Ascó (Tarragona), Melgar de Arriba (Valladolid), Santervás de Campos (Valladolid), Torrubia de Soria (Soria), Yebra (Guadalajara), Villar de Cañas (Cuenca), Zarra (Valencia) y Congosto de Valdavia (Palencia).
* El Mundo - EP. - 9.05.10
Foto: Centenares de personas se manifiestan contra el ATC en Zarra. | Efe
'Cambiamos la Fórmula 1 por cementerio nuclear'
El juez indaga obras ilegales no demolidas en Torrevieja
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ELPAÍS/Alicante* : El juez ha abierto una investigación al Ayuntamiento de Torrevieja por incumplir sus propios acuerdos en materia de infracción urbanística. En concreto el juez indaga expedientes que incluían la demolición de obras ilegales, pero que finalmente no se han tirado en el plazo oficial de cinco años. Este extremo obligará al consistorio a legalizar la obra.
La investigación judicial contra el Ayuntamiento, que preside Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, se ha iniciado a raíz de una denuncia de vecinos del residencial Europa. Estos vecinos han presentado una demanda ante el juzgado de lo contencioso-administrativo de Elche contra la inactividad del Ayuntamiento ante la no ejecución del acuerdo de la junta de gobierno del 15 abril de 2005. En esa fecha, la junta de gobierno propuso la demolición de obras ilegales realizadas en dicha urbanización.
En concreto, las edificaciones ilegales eran dos: la construcción de una planta sobre otra existente y la realización de un tejadillo y ampliación de una vivienda.
* ELPAIS.com - 9.05.10
Foto: Torrevieja (Alicante) - torrevieja.com
Los vecinos del barrio de las Claras de Medina protestan por el retraso en las obras del colector
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NORTECASTILLA/Valladolid* : Los vecinos de las Claras acusan al Ayuntamiento de Medina del Campo de abandonar el barrio como castigo por no haber puesto en esta zona la planta de biocompostaje que en la actualidad está operativa cerca del municipio de Torrecilla de la Orden. La falta de un colector para regular toda la zona, una demanda que se prolonga ya siete años, y el mal estado del parque a pesar de las continuas quejas al Ayuntamiento, ha llevado a los vecinos a creer que esto no es más que un castigo municipal.
«Nos está costando no dejarles poner la planta donde ellos querían, cerca del convento de las Claras», señaló la presidenta de la asociación de vecinos, Sofía Téllez.
«Es un castigo, igual que sucede con el barrio de la Mota que se negó hacer la pasarela», añadió el vicepresidente, Andrés García.
Los vecinos de las Claras recuerdan que la asociación se formó precisamente para exigir la construcción de este colector. «Llevamos siete años queriendo solucionar el problema y siempre es a base de engaños, que si la arquitecta no da permisos, que si el otro no tiene dinero....», expresó Andrés García quién alertó además sobre el mal estado de la zona. «Allí no sale más que porquería y el día que eso fermente no habrá quién lo aguante», concluyó.
Los vecinos también han mostrado su malestar por la situación del parque infantil, en la actualidad muy abandonado, con hierbas que crecen sin control. «Es el Ayuntamiento quién tiene la obligación de encargarse del mantenimiento de los barrios», recordó la presidenta de la Claras.
Desde el ayuntamiento aseguran que en este barrio, como en todos, se han realizado las obras solicitadas por los vecinos «aunque hay algunas cosas que requieren su tiempo», tal y como ha explicado Javier Rodríguez, concejal de Urbanismo, quien ha negado que exista algún tipo de rencor hacia esta zona. En lo que se refiere al colector, el edil afirmó que esta obra se contempla dentro del Plan E y que en estos momentos se están realizando las gestiones necesarias para iniciar el proyecto.
* Norte Castilla - 9.05.10
Foto: Colector de las Claras de Medina del Campo. :: F. JIMÉNEZ, nortecastilla.es
Gecen: ´El derribo de las casas del marjal no es negociable´
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LEVANTE/Castelló* : El Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) considera "imprescindible" el derribo de las viviendas "construidas ilegalmente en suelo no urbanizable protegido, que además es ahora suelo perteneciente al Lugar de Interés Comunitario (LIC) y zona húmeda catalogada del Marjal de Nules-Burriana. Así lo dieron a conocer ayer a través de un comunicado de prensa en el que añadían que "que quienes ostentan responsabilidades políticas vengan a decir que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que exige el derribo de las 56 construcciones ilegales, es una cuestión negociable a nivel político es cuanto menos sorprendente".
Además, para los ecologistas, el derribo se debería hacer "con cargo de quienes han construido ilegalmente que, tal como indica la normativa, han de correr con los gastos de derribo y restauración". "A esto se suman las responsabilidades penales que ahora están siendo analizadas por el Juzgado de Instrucción de Nules tras la denuncia presentada por la asociación ante la Fiscalía", apuntan.
Desde el Gecen se recuerda que, "lamentablemente, el marjal de Nules-Burriana no es una excepción. En el Paisaje Protegido de la desembocadura del Millars hay al menos 120 construcciones ilegales y en el Parque Natural del Desert de les Palmes al menos 20. O se frenan en seco las construcciones ilegales en los espacios protegidos o nos olvidamos de ellos. Es incompatible el urbanismo ilegal con la conservación del patrimonio natural".
Para los ecologistas, "que se busquen salidas para evitar el cumplimiento de la sentencia abogando por la elaboración de un Plan Especial, es ignorar la legislación o engañar premeditadamente a los ciudadanos. La elaboración de la normativa de un LIC corresponde al Consell y no a los ayuntamientos que no tienen competencia alguna para ello".
* Levante-EMV - 9.05.10
Foto: Una de la viviendas en el marjal de Nules. levante-emv
255 científicos denuncian el ataque político al cambio climático
ELPAÍS* : "Estamos profundamente preocupados por la escalada reciente de ataques políticos a los científicos en general y a los científicos del clima en particular". Así arranca una carta abierta firmada por 255 miembros de la Academia Nacional de Ciencias (EE UU), incluidos 11 premios Nobel, que publica hoy la revista Science. Los investigadores equiparan la solidez del cambio climático a las grandes teorías científicas, como la del origen de la Tierra, el Big Bang o la evolución.
Explican que es perfectamente normal que, en investigaciones que realizan miles de científicos, se produzcan algunos errores que se corrigen en cuanto se detectan, "pero no hay ni remotamente nada en los casos recientes que cambie las conclusiones fundamentales acerca del cambio climático". Especialmente, reafirman "las pruebas objetivas, consistentes, exhaustivas e irrefutables de que los seres humanos están cambiando el clima de modo que amenaza nuestras sociedades y los ecosistemas de los que dependemos".
Se refieren los 255 eminentes científicos a unos errores, no significativos y rectificados, que recoge el último informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y que han sido aireados por algunos para desautorizar todo el informe. Asimismo, se han denunciado actividades privadas del presidente del IPCC, con la pretensión de cuestionar la labor de los miles de científicos que participan en sus trabajos. Los firmantes de la carta piden "que terminen las amenazas -tipo McCarthy-", denuncias y acoso a científicos "por parte de políticos que buscan distraer la atención para no tener que actuar".
* ELPAIS.com - 7.05.10
Foto: La Manga del Mar Menor hundida (fotomontaje)- greenpeace
Costa Rica: Traspié de la planificación urbana
NACIÓN/Editorial* : Quince millones de euros y años de dedicación debieron producir los grandes lineamientos de la Planificación Urbana Regional de la Gran Área Metropolitana (Prugam), con efectos sobre 31 cantones ubicados entre Paraíso de Cartago y Atenas de Alajuela. Proyectado a treinta años, el plan tuvo el ambicioso objetivo de normar la expansión urbana y reemplazar con criterios ordenadores lo que hasta hoy es un caos más o menos contenido por las regulaciones vigentes. Quince millones de euros y años de dedicación más tarde, el país cuenta con obras “demostrativas”, como el bulevar de la Unión Europea (Avenida 4) y la iluminación del parque de Zapote, amén de nuevos planes reguladores en 22 cantones, pero la guía maestra del desarrollo urbano topó con el rechazo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).
La institución señala diversas incongruencias en el proyecto, en particular la existencia de riesgos para las zonas de protección ambiental. También objeta la poca consideración brindada a factores como las fuentes de empleo y el crecimiento poblacional en zonas específicas. Como para no declarar el costoso intento fallido, la ministra de Vivienda, Clara Zomer, y el presidente ejecutivo del INVU, Alfredo Bolaños, sentenciaron que algunos elementos del plan son “rescatables” y podrían ser utilizados en el futuro.
“Del ahogado, el sombrero”, parecen decir las autoridades rectoras del desarrollo urbano, pero el sombrero habría costado, en este caso, millones de euros. No puede dejar de causar asombro la facilidad con que los responsables pasan la página más de un año después de haber recibido el estudio. Más asombrosa aún es la explicación del Ministerio de Vivienda sobre su participación en el enojoso tema.
Edgar Brenes, director del Prugam, fustiga al INVU por rechazar un proyecto en cuya ejecución fue invitado a participar como ente rector del desarrollo urbano. Según Brenes, la institución siempre argumentó falta de personal y recursos. El presidente ejecutivo del INVU, por su parte, simplemente niega tener las competencias necesarias para supervisar el desarrollo del proyecto. De entrada, llama la atención que la entidad con potestades suficientes para rechazar el plan no las haya tenido para participar en su desarrollo.
Por añadidura, la ministra Zomer contradice al presidente ejecutivo y tercia en la polémica para dejar en claro la obligada participación del INVU. Tan claro tiene la Ministra el deber de supervisar que se declara sorprendida por la omisión: “Teníamos la confianza de que estaba siendo supervisado. Posiblemente se vieron las cosas desde un punto de vista parcial. No se vieron en su conjunto. No se qué pudo haber pasado”.
Tampoco el país sabe lo que pudo haber pasado, pero debe llegar a saberlo. Si atendemos las explicaciones de la Ministra, solo es posible concluir que el INVU, una institución bajo su rectoría, no supervisó la elaboración de un costoso plan de planificación urbana, cuyos alcances se proyectan sobre las regiones más pobladas de Costa Rica. En consecuencia, se vio obligado a rechazarlo, y del costoso proyecto solo quedan algunos elementos “rescatables”. Esos elementos son apenas partes de un todo cuya regulación daba sentido al proyecto. Prugam nunca tuvo el propósito de ser un instrumento parcial y, si termina siéndolo, en el mejor de los casos, apenas justificará algo de la inversión.
Las deficiencias y fortalezas del proyecto rechazado por el INVU son objeto de debate, pero la omisión de las autoridades urbanísticas fue confesada y falta saber si el Estado reaccionará para establecer las responsabilidades.
* Nación - Opinión - 5.05.10
