ELPAÍS* : Las viviendas promovidas por las administraciones públicas para satisfacer las necesidades de las clases menos privilegiadas han sido con frecuencia objeto de ocupaciones ilegales con operaciones clandestinas de traspaso que han generado toda una picaresca a la que las instituciones intentan ahora poner coto.
Desde el año 2000, la Junta de Andalucía ha instruido 3.277 expedientes de desahucio de casas del parque público que estaban ocupadas ilegalmente, de los que 528 están actualmente en ejecución.
En Andalucía existe un parque público de 69.187 viviendas de promoción pública de titularidad autonómica repartidas en 491 municipios, de las que se estima que unas 38.000 están realmente ocupadas por sus arrendatarios titulares.
El resto o está desocupada, o habitada por inquilinos que no tienen derecho sobre ellas o que si lo tienen no están en condiciones de acreditarlo. El fenómeno pone en evidencia las deficiencias en la gestión realizada por las administraciones públicas, que no han sido capaces de controlar el uso de las casas por parte de sus verdaderos adjudicatarios. La Junta de Andalucía ha puesto en marcha un plan para la regularización jurídica de las viviendas y la reparación del parque existente, ya que en muchos casos las casas están en condiciones de abandono y son inhabitables.
Además de los 3.277 desahucios tramitados, la Junta ha concluido ya los trámites de normalización de 4.552 casas y tiene en trámite las de otras 2.581 nuevas. La mayoría de estas situaciones se localizan en barriadas con problemas de exclusión social en los que el objetivo de los planes de intervención, además de depurar la situación jurídico-registral de las viviendas y el establecimiento de un régimen de derechos y obligaciones, son las actuaciones encaminadas a la integración social.
Uno de los frutos, es que el 71% de los adjudicatarios de viviendas públicas en régimen de alquiler cumple ya con sus obligaciones del pago de la renta correspondiente y además están comprometidos en el funcionamiento y mantenimiento de las comunidades de vecinos, órganos exigidos por la administración para la ejecución de sus planes de rehabilitación de viviendas y otras actuaciones de asistencia social.
La Administración intenta además implicar a las comunidades y a los propios vecinos en el control del uso correcto de las viviendas y en evitar las transacciones ilegales de éstas. Según datos de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, en los últimos ocho años se han invertido más de 58 millones de euros en planes de reparación y mantenimiento que han beneficiado a 25.720 viviendas.
De las 69.156 viviendas de titularidad pública que gestiona la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), la inmensa mayoría, 79%, están en alquiler. El resto están ocupadas por inquilinos con derecho a la propiedad, 9.844 en régimen aplazado, que pagan plazos al finalizar los cuales obtienen las escrituras, y otras 4.759 en acceso diferido, lo que significa que la Administración mantiene la gestión hasta que se adjudican las escrituras.
Además, en las situaciones con mayores problemas de integración social, la Administración regional impulsa en colaboración con los ayuntamientos planes integrales de actuación en zonas con necesidades de transformación social que van mucho más allá de la mera gestión de los inmuebles y persiguen la dinamización de las barriadas con programas de empleo y cobertura social.
Hasta el momento, se han diseñado y están en ejecución planes en 10 ámbitos: El Puche (Almería), El Saladillo-La Piñera (Algeciras), La Constitución (Jerez), San Martín de Porres (Córdoba), Almanjáyar (Granada), Huerta Carrasco (Motril), El Torrejón (Huelva), Arrayanes (Jaén) , Los Asperones (Málaga) y San Miguel-El Castillo.-La Coracha (Alcalá de Guadaira).
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 26/01/2009
Foto: Sevilla, área metropolitana - diariodesevilla.es
Andalucía: Más de 3.000 familias han sido desahuciadas de viviendas públicas
La "invasión" de chalés en la costa impide que la CHS deslinde las ramblas
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INFORMACIÓN/Alicante* : La Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha comenzado los trabajos para deslindar varias zonas de la comarca (ramblas, barrancos, vaguadas...) con el fin de incluirlas dentro del catálogo de zonas de Dominio Público Hidráulico en un proyecto que incluirá toda la comarca, aunque el trabajo no está siendo nada fácil.
Los técnicos de la CHS, organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, han detectado importantes problemas a la hora de deslindar el dominio público en la zona de las playas de Orihuela. Allí, muchos barrancos han sido ocupados total o parcialmente, sobre todo, por urbanizaciones que en algunos casos se han dotado con puentes cuya capacidad de desagüe es muy inferior a la circulación de caudales en momentos puntuales de lluvia, siempre según las fuentes oficiales.
Desgraciadamente, en la Vega Baja es relativamente habitual que muchos ayuntamientos permitan que promotores urbanísticos, con el consentimiento de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda (organismo que aprueba definitivamente los planes), incluyan en el cómputo general del suelo afectado por las urbanizaciones las ramblas y barrancos colindantes, pese a que no son urbanizables.
Este suelo, una vez dento del proyecto, se califica como zona verde, aumentando consecuentemente el suelo urbanizable e incrementando los beneficios, siempre según las fuentes consultadas por este periódico.
El comisario de Aguas, Manuel Aldeguer, recuerda que de este modo es difícil conservar el ecosistema natural cuando convive prácticamente dentro de las urbanizaciones, lo que complica la subsistencia de la flora y la fauna que habita en ellos.
Hasta el momento, los deslindes previos que lleva a cabo la CHS han tenido lugar en al menos 15 ramblas situadas en diferentes lugares de la costa de Orihuela, Guardamar, Torrevieja y en el Hoyo Serrano, atravesado por el barranco del Calderón, entre los términos municipales de Rojales, Almoradí y Algorfa. La medida también se está llevando a cabo en la Rambla de la Escuera, en San Fulgencio.
Los principales problemas, según la CHS, se producen en la costa oriolana, donde se registran inundaciones periódicas en algunos puntos cada vez que se producen lluvias de mediana importancia, ya que las salidas naturales al mar han sido cortadas por urbanizaciones e infraestructuras. En varios casos, las viviendas han sufrido desperfectos o, incluso, han sido posteriormente derribadas porque estaban situadas sobre terrenos de relleno de barrancos.
Por ejemplo, en el barranco del Garbanzuelo, en Torrevieja, la CHS intenta desde hace meses demoler un muro construido en el centro de la vaguada por un promotor de Orihuela que obstaculiza el paso de las aguas cuando se producen lluvias y ocasiona inundaciones en las viviendas cercanas.
A pesar de existir un expediente de demolición, no se ha podido ejecutar debido a la oposición del empresario, que ha puesto en marcha todo tipo de trabas legales para impedir que se pueda acceder al lugar donde se encuentra porque hay que atravesar suelo de su propiedad.
Servidumbre
Otro problema radica en que la zona de servidumbre de ramblas y barrancos no está considerada como dominio público, por lo cual la CHS no puede actuar y todo queda bajo la competencia del ayuntamiento. En estas zonas es donde más se han construido viviendas, muchas de las cuáles, además del riesgo de inundación en caso de una avenida de agua, está sufriendo importantes problemas estructurales debido a la configuración de los suelos, la mala calidad constructiva y a la existencia de acuíferos.
Este proyecto de la CHS lleva pareja una serie de actuaciones de mejora medioambientales, según Aldeguer, que destacó que este tipo de deslinde se debería haber ejecutado hace mucho tiempo para evitar su ocupación, pero había otras prioridades.
Un proyecto que se realiza en todo el país
Las actuaciones se enmarcan dentro del Plan de Restauración de Ríos que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino está ejecutando en toda la geografía nacional.
Este proyecto tiene varios fines, como crear empleo, proteger y poner en valor el medio natural y, sobre todo, evitar la especulación urbanística de este tipo de suelo, evitar que sean ocupados por vertidos de solidos, construcciones, urbanizaciones o por nuevos cultivos y que sigan cumpliendo su función secular de evacuación de aguas en momentos puntuales, como en el caso de fuertes lluvias.
* Información - E. DE GEA - 25.01.2009
Foto: La Confederación reconoce que el proyecto encuentra trabas en numerosos puntos verdes de la comarca - LOINO, diarioinformacion.com
Condenado el ex alcalde de Ojén por otorgar dos licencias en suelo no urbanizable
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EUROPAPRESS/Málaga* : El ex alcalde del municipio malagueño de Ojén en 1996, Francisco Manuel Vázquez, fue condenado por el Juzgado de lo Penal nº8 de Málaga a penas de multa por la concesión de dos licencias para construcción de viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable. La misma sentencia determina que otros cuatro concejales en aquel momento tuvieron implicación en el caso, por lo que también fueron condenados por delitos urbanísticos.
Las multas que deberán pagar ascienden a los 5.400 euros y serán inhabilitados hasta siete años para ocupar un cargo público de concejal.
En junio de 1996 el alcalde de la localidad de Ojén y los entonces ediles Juan Sánchez, Isabel Sánchez y Juan Pedro Monge concedieron por unanimidad en una comisión de gobierno de junio de 1996 una licencia a una mujer extranjera para construir una vivienda unifamiliar en el paraje de Coto de los Dolores. Este permiso se concedió a pesar de que el informe del arquitecto técnico "no contenía pronunciamiento sobre la procedencia o no de su otorgamiento", ya que debía tramitarse obligatoriamente ante la Comisión Provincial de Urbanismo, "órgano al que nunca fue remitido el expediente".
Por estos hechos, el ex alcalde de la localidad malagueña y el concejal Juan Sánchez fueron condenados por dos delitos contra la ordenación del territorio a 12 meses de multa por valor de 15 euros diarios, lo que supone un desembolso de 5.400 euros. Además, permanecerán inhabilitados durante siete años para el desempeño de cargo público de concejal. Por su parte, los otros tres ediles, Andrés Gómez, Isabel Sánchez y Juan Pedro Monge están condenados sólo por un delito urbanístico, al haber participado en la aprobación de una licencia, por lo que cada uno deberá pagar una multa de 2.700 euros, y serán igualmente inhabilitados durante tres años y medio para el desempeño de cargo público de edil.
El permiso de obra que concedieron se otorgó a pesar de que el propio proyecto técnico presentado con la solicitud advertía de que el suelo era "no urbanizable de protección ambiental", y de que "no se ajustaba a la normativa urbanística aplicable". Además, la sentencia explica que se declara probado que en el propio proyecto técnico constaba que donde se pretendía edificar era suelo no urbanizable común y excedía la altura permitida.
OTRO CASO SIMILAR
Posteriormente, en noviembre de 1998, el todavía alcalde y los entonces ediles Juan Sánchez y Andrés Gómez otorgaron otra licencia en similares circunstancias. En este caso, se trataba de la autorización para construir una casa cortijo en una finca ubicada en una zona denominada Elviria, en el mismo paraje que la licencia de 1996, y que también fue concedido a pesar de que "no se ajustaba a la normativa urbanística aplicable". Esta es la segunda vez que se celebra este juicio. La primera sentencia fue recurrida y la Audiencia declaró la nulidad y volver a celebrar juicio para llamar a los titulares de las licencias de obra y al Ayuntamiento de Ojén.
En este segundo caso, "en el colmo de una tramitación apresurada, directamente se otorgó la licencia sin haber emitido su informe el técnico municipal, quien el día antes a la celebración de la comisión de gobierno, exponía que era necesario aportar determinada documentación para poder emitir el informe", según se desprende de la sentencia.
* Europa Press - 25.01.2009
Foto: Ojén (Málaga) - ojen.com
Benicàssim: Un juzgado anula la 5ª fase de Montornés
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LEVANTE* : Un juzgado de Castelló ha dejado sin efecto el PAI por el que la mercantil Montornés SA pretendía construir unas 130 viviendas en la denominada quinta fase del sector. El juez argumenta que el ayuntamiento aprobó el proyecto sin aplicar la LUV, que ya estaba en vigor cuando se celebró el pleno en junio de 2006. La asociación Voltants del Desert y la Magdalena, colectivo que presentó el recurso, confía en que el actual equipo de gobierno tramite ahora un PAI más sostenible.
La mercantil Montornés SA, del grupo Gimeno, tendrá que frenar su proyecto para construir 129 viviendas en la urbanización Montornés de Benicàssim tras la sentencia que anula el acuerdo plenario que aprobaba de manera definitiva la denominada 5ª fase del sector. El fallo judicial, dictado el pasado 9 de enero por el magistrado del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Castelló, supone un triunfo inicial de la asociación Voltants del Desert i la Magdalena, que fue la que llevó ante el juzgado el visto bueno al sector por el pleno del 12 de junio de 2006.
El principal motivo de nulidad viene marcado por la tramitación del PAI siguiendo la derogada LRAU en lugar de aplicar la Ley Urbanística Valenciana (LUV), en pleno vigor cuando el Ayuntamiento de Benicàssim aprobó de manera definitiva y adjudicó el sector a Montornés SA. Al respecto, cabe recordar que la LUV, publicada en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) el 32 de diciembre de 200, entró en vigo un mes después, esto es, en enero de 2006, por lo que "resulta evidente que la LUV ya había entrado en vigor en la fecha del acuerdo del pleno del ayuntamiento (1,2 de junio de 2006)", recoge la sentencia.
Para el colectivo vecinal que presentó el recurso "estamos ante una oportunidad clara para que el Ayuntamiento de Benicàssim, al tener que tramitar de nuevo el PAI, articulo todos los mecanismos que pueda para modificar lo que estaba previsto y mejorar la protección de una zona que linda con el paraje natural del Desert de les Palmes".
Valoración vecinal
Lo cierto es que la historia de este sector está marcada por un sinfín de sentencias que aún no han acabado. La urbanización Montornés contaba con el suelo calificado como urbano en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1984. El ayuntamiento, en el primer mandato de Francesc Colomer, aprobó en 1994 un nuevo PGOU en el que el suelo de las fases IV i V, pendientes de desarrollar, era clasificado como suelo no urbanizable, lo que llevó a los tribunales a Montornés SA. El TSJ, en abril de 1998, dio la razón a la empresa por lo que, tras un fallido recurso de casación del Ayuntamiento ante el Supremo, finalmente el consistorio tuvo que asumir que el suelo volvía a ser urbano y finalmente, en julio de 2006, el ayuntamiento aprobó el PAI e la V fase de Montornés.
Los vecinos insisten en que "nosotros somos conscientes de que no hay marcha atrás en la calificación del suelo y que ahí se va a poder construir, pero lo que siempre hemos dicho es que una cosa es asumir que es urbanizable y otra que tenemos que desarrollar ese PAI de casi 130 viviendas que presentó la empresa".
En esta línea, comentan que "nosotros entenderíamos que Montornés SA presente un recurso contra esta sentencia del juzgado de lo contencioso, pero no comprenderíamos en absoluto que también lo hiciera el ayuntamiento, que tienen una gran oportunidad para mejorar la protección de la zona".
Al respecto, desde la asociación recuerdan que "los actuales gobernantes, sobre todo Francesc Colomer, Susana Ros y Sebastián Esparducer, siempre han dejado claro que no era el PAI que más les gustaba, por lo que ahora pueden demostrarlo". De hecho, Esparducer votó en contra de la adjudicación del PAI en el pleno de junio de 2006.
* Levante-EMV - Emilio Regalado, Castelló - 25.01.2009
Foto: Benicasim (Castellón), ayuntamiento - panoramio.com
