ELPAÍS/Valencia* : El Ayuntamiento de Valencia ha paralizado, desde el pasado mes de abril, un total de 30 licencias para rehabilitar y construir en el barrio de El Cabanyal, mientras otorgaba 11 de derribo, según denunciaron ayer los ediles socialistas Vicente González Móstoles y Carmen Alborch. Las licencias de derribo fueron concedidas a la empresa pública Cabanyal 2010, encarga de llevar a cabo la ampliación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar atravesando el barrio, precisó Móstoles.
Para Móstoles, el Ayuntamiento muestra su "sadismo", ya que mientras "los vecinos piden rehabilitar, hacer reformas menores o reparación de fachadas, Barberá quiere derribar".
Móstoles destacó que la orden de conceder licencias de derribo en El Cabanyal se dio en mayo, mediante una circular enviada a todos los servicios municipales integrados en el área de Urbanismo, "ordenando que siguieran tramitando los expedientes en curso, pero paralizasen las concesiones de licencia en el ámbito afectado por el PEPRI".
* El País - 24.09.10
Foto: Valencia, batalla campal en defensa del Cabanyal (archivo) - elpais.com
Barberá para 30 licencias de rehabilitación en El Cabañal
Ourense.- Una sentencia firme impone la cesión del 10% urbanístico a un promotor
LAREGIÓN* : Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia establece la obligatoriedad de cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico a una promotora, Casas Orense y a tres particulares, al considerar, a instancias del Concello, que el suelo que se tramita, un área de planeamiento incorporado (API) en las inmediaciones del Campus (en la confluencia de las calles Otero Pedrayo y Castelao), debe ser considerado suelo urbano no consolidado y, por tanto, obligado a tal cesión.
El Concello considera esta sentencia, que es firme, ejemplarizante, teniendo en cuenta que echa por tierra una resolución judicial anterior, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ourense que, según precisa el gobierno local, había permitido a Casas Orense quedarse con el 100% del aprovechamiento urbanístico apoyándose en un acuerdo de un pleno municipal de 1994. La nueva sentencia indica, sin embargo, que la antigua zona 4 del suelo urbano 25 del viejo Plan de 1986 -que pasó a ser API en el de 2003- 'tenía que ser sometida a un proceso de ejecución integral pues lo existente antes nada tiene que ver con el planeamiento vigente, y por tanto, ha de ser considerado suelo urbano no consolidadado'; obligado, por tanto, a cesión.
Tampoco valió la argumentación de aquel pleno de 1994, que acordó que en tanto no se procediese a la determinación de aprovechamientos tipo, no se aplicarían, porque el PXOM de 2003 fija ya esa cuestión, advirtiendo de que 'cualquiera que fuese la calificación jurídica que ese acuerdo mereciese, su aplicación estaba limitada en el tiempo a un estado de cosas que desaparecieron al ser aprobado el Plan de 2003'.
Esta sentencia lo que estima es la única impugnación planteada por el Concello contra la resolución anterior, que también dictaminó contra la institución municipal que suspendió el proyecto de compensación presentado por Casas Orense para el desarrollo de este área. Sí le interesaba que el tribunal gallego se pronunciase sobre los aprovechamientos por su relevancia y para despejar cualquier duda que pudiese pensar en 'lexitimar unha irregularidade'.
Ahora, según precisa el abogado de la promotora, Antonio Feijóo Miranda, sigue adelante la parte correspondiente a la obligación de tramitar el proyecto de compensación suspendido en una junta de gobierno de 2007, ya con el gobierno bipartito, mediante una providencia de Aurea Soto, responsable de Urbanismo, emplenado como argumento la tramitación de una modificación del propio Plan en esta zona del Campus. La promotora presentó ya un segundo proyecto de compensación (en el año 2008), esta vez contemplando la cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico, plan todavía no resuelto.
El representante legal de la promotora ha comunicado, por cierto, que presentará un incidente de nulidad contra esta resolución (nunca recurso porque es firme) ya que utiliza, dice, argumentaciones del Concello que no fueron invocadas en primera instancia.
LAS CESIONES DE CABEZAS
En cualquier caso, la resolución también devuelve a la actualidad la controvertida gestión de Manuel Cabezas en lo que se refiere la condonación, durante años, de aprovechamientos urbanísticos a decenas de promotores.
Pese a que la Lei do Solo de 1997 ya era taxativa al respecto, optó por perdonarlos hasta que el escándalo fue mayúsculo e incorporó las cesiones en el Plan de Urbanismo de 2003. Sólo después de esa fecha comenzó a exigir ese 10%, pero para entonces las arcas públicas habían dejado de ingresar al menos 1,6 millones de euros desde 1997 por el desarrollo de 15 urbanizaciones, cifra aportada por la oposición municipal de entonces, y perdido 7.000 metros cuadrados, la estimación efectuada por el propio Consello de Contas sólo entre 1999 y 2002.
* La Región - 24.09.10
Foto: Imagen general del Campus.- laregion
Cerca de 1.400 millones de habitantes urbanos vivirán en la marginalidad en 2020
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20MINUTOS* : Unos 1.400 millones de habitantes de zonas urbanas vivirán en 2020 en situación de marginalidad, en asentamientos informales, sin la infraestructura y los servicios esenciales que tanto contribuyen a reducir el riesgo de desastres. Así se refleja en el Informe Mundial sobre Desastres 2010 de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, hecho público este jueves, que este año no ofrece grandes cifras sino que se centra en el entorno urbano, según ha explicado el coordinador general de Cruz Roja Española, Antoni Bruel. El documento alerta de "los niveles inaceptables de riesgo urbano", teniendo en cuenta que por primera vez en la historia la población que habita las ciudades supera a la que vive en entornos rurales y se estima que superará el 69% en 2050.
El informe destaca que 2.570 millones de habitantes urbanos de países con bajos y medianos ingresos son vulnerables a esos grandes niveles de riesgo, que se acrecientan por la rápida urbanización, la precariedad de la gestión urbana local, el crecimiento de la población, la deficiencia de los servicios de salud y la creciente oleada de violencia urbana.
Además, gran parte de esa población urbana está sumamente expuesta a las consecuencias del cambio climático. Bruel ha advertido a los responsables políticos que "o se frena la huida a las ciudades o se hará cada vez más difícil el abordaje de las situaciones de emergencia".
El caso de Haití
Ya las organizaciones que se dedican a la cooperación internacional están intentando que la gente no se mueva de las zonas rurales, pues "la gobernanza en estos entornos es más fácil que en el medio urbano". Este nuevo contexto urbano ha obligado a la puesta en marcha de una nueva generación de modelos en la cooperación internacional, como ya se está viendo en Haití.
En Puerto Príncipe, la capital del país, la dificultad no radica tanto en realojar a las personas afectadas por el terremoto como en averiguar la propiedad de los terrenos en los que ubicar los alojamientos, lo que demora "muchísimo" las intervenciones de apoyo, ha explicado.
El rápido aumento de asentamientos marginales ha propiciado también nuevos programas de cooperación asociados a la prevención de la violencia, como los que lleva a cabo Cruz Roja en América Latina, algo impensable hace años cuando se actuaba preferentemente en el medio rural.
El informe pone de relieve que un año cualquiera más de 50.000 personas pueden morir en un terremoto y otros 100 millones pueden verse damnificados por inundaciones y serán los habitantes vulnerables de las ciudades los más afectados.
Cruz Roja insiste en que un buen gobierno es indispensable para asegurar que los habitantes de las ciudades estén capacitados y participen en el desarrollo de su entorno urbano, en lugar de que se les margine y se les deje expuestos a los desastres, el cambio climático, la violencia y la mala salud. En el informe se asegura que el desalojo forzoso es una amenaza constante para los pobres de zonas urbanas.
Desplazamientos forzados
Así, denuncia que millones de personas se ven desplazadas cada año por desalojos a gran escala impuestos por las autoridades públicas; a veces debido a proyectos de reconversión o embellecimiento o simplemente con el fin de expulsar a grupos que esas autoridades consideran indeseables.
El coordinador de Cruz Roja Española ha valorado las actuaciones que se hacen dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para mantener a las personas en las zonas rurales, donde pueden desarrollarse mejor, comer y tener un futuro. "La gente que se va de zonas rurales a grandes ciudades sin condiciones entra directamente en la vulnerabilidad, desde el primer día", ha subrayado.
* 20 Minutos - EFE - 23.09.10
Foto: Una barriada de infraviviendas en Río de Janeiro.- 20minutos
Dénia desafía a Costas y dará licencias en el litoral de les Rotes afectado por el deslinde
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LEVANTE/Alicante* : Estaba cantado que el gobierno de Dénia (PP e independientes) plantaría batalla a la Dirección General de Costas por el nuevo deslinde marítimo-terrestre, que tiene como tramo más conflictivo el del litoral de les Rotes. Pero la alcaldesa, Ana Kringe, y el portavoz del PP, Vicente Chelet, dejaron claro ayer que no se conforman con presentar alegaciones. Ambos afirmaron que no acatarán la suspensión de licencias de obra para les Rotes que reclama la Dirección General de Costas, organismo que depende del Ministerio de Medio Ambiente.
"No vamos a suspenderlos permisos de obra mayor en este tramo porque no reconocemos la ampliación de la servidumbre de protección", argumento Kringe. Mientras, Chelet subrayó que el ministerio "no tiene ninguna potestad sobre el otorgamiento de licencias".
El gobierno de Dénia rechaza de plano que en 2,3 kilómetros del litoral de les Rotes la servidumbre de protección se amplíe de 20 a cien metros. Correr la línea significa que quedan afectados por esta protección, que implica restricciones urbanísticas, 110.780 metros cuadrados y unas 200 viviendas.
La alcaldesa esgrimió que el actual plan urbanístico transitorio de Dénia fija la línea en 20 metros, ya que el suelo de les Rotes tiene la calificación de urbano. Y abundó en que es así porque la propia Dirección General de Costas, en un escrito de 2005, señaló que la servidumbre de protección debía estar ahí y no a cien metros.
"No entendemos qué ha cambiado ahora para que este organismo mueva la línea", expuso la munícipe.
Sin embargo, la propia Kringe explicó por qué Costas aumenta la servidumbre de protección. Reveló que el argumento del ministerio es que la Ley de Costas es de 1988 y entonces en Dénia estaba en vigor el PGOU de 1972 y el suelo de les Rotes no era urbano. Y la norma es que en terrenos no urbanos la línea de servidumbre se sitúa cien metros tierra adentro.
Con todo, esos argumentos no serán suficientes. El ayuntamiento deberá demostrar que Les Rotes tienen una consolidación urbanística de dos tercios para que Costas rectifique el deslinde.
La postura de rebelarse contra la suspensión de licencias que recomienda Costas sólo la adoptará el gobierno de Dénia en les Rotes. El edil Vicent Chelet explicó que en los otros tramos del deslinde sí que se acata esa medida y, en la servidumbre de protección, sólo se concederán permisos de obra menor.
El deslinde afecta en total a 8,5 kilómetros lineales del litoral sur de Dénia; es el tramo comprendido entre la playa de les Albaranes y el linde con el término municipal de Xàbia, en el cabo de Sant Antoni.
"De la mano" con los vecinos
La alcaldesa llevará hoy los informes desfavorables al deslinde efectuados por los técnicos municipales a comisión informativa. "Supongo que las alegaciones se aprobarán por unanimidad", manifestó. Kringe también subrayó que en el rechazo al deslinde irá "de la mano" con los vecinos de les Rotes.
Otra alegación importante que el ayuntamiento presentará a la nueva delimitación marítimo-terrestre afecta al tramo de les Albaranes. En esta playa, Costas pretende ganar metros de dominio público. Esto significa que la servidumbre de tránsito queda dibujada sobre una urbanización. El gobierno local se opone a que la línea de dominio público se desplace seis metros tierra adentro.
* Levante - 23.09.10
Foto: La torre del Gerro y, abajo, el litoral de les Rotes, en una imagen tomada desde el cabo de Sant Antoni.- levante
´Caso Malaya´: El saqueo a Marbella es de 500 millones
LAOPINIÓN/Málaga* : Marbella cifra el daño que le han causado el «caso Malaya» y sus hermanos menores («Saqueo 1» y «Saqueo 2») en más de 500 millones de euros, pero la cuantía real está lejos de ser la aportada por los servicios jurídicos municipales. Así lo ha dicho hasta la saciedad el portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero, quien habla de «pérdidas incalculables». Y es que hallar el dato exacto es complejo: por un lado, hay que tener en cuenta el dinero que la trama liderada por Juan Antonio Roca desvió supuestamente del Ayuntamiento y, asimismo, debe ser cuantificado el perjuicio sufrido por las permutas de bienes municipales infravalorados a cambio de otros con un precio muy superior al real, beneficiando así a terceros.
Fuentes judiciales aseveran que la cifra real saqueada la establecerá el tribunal en sentencia, una vez que concluya el juicio que empieza el próximo lunes.
El órgano colegiado estaría estudiando además una fórmula jurídica que permita justificar que el líquido desviado acabe en la villa, aunque este análisis pertenece aún al terreno de lo probable.
Pero establecer la suma objeto de saqueo no es la única preocupación del Consistorio. A pesar de las cuantiosas multas que se piden en «Malaya» por parte de la Fiscalía y del propio Ayuntamiento, la mayoría de éstas, al estar ligadas al delito de blanqueo de capitales, irá a parar a Hacienda, es decir, al Estado.
¿Por qué? El problema reside en la Ley de Bienes Decomisados, reformada en 2003, que se fraguó al albur de los grandes golpes dados a los narcotraficantes gallegos a finales del pasado siglo. Muchos tribunales veían con desagrado cómo los narcos pasaban pocos años en la cárcel por el delito contra la salud pública para después disfrutar tranquilamente de sus grandes chalés y de sus coches de lujo. Por ello, la norma, que modificaba una anterior, estableció que las propiedades objeto de blanqueo debían pasar a formar parte del Estado.
«Malaya», al contrario que los casos «Saqueo I y II», está compuesto fundamentalmente por delitos de blanqueo y, por tanto, las multas se las quedará el país, de forma que poco o nada verá el Consistorio. En el primer capítulo de «Saqueo», donde ya hay sentencia, se obligó a los acusados, entre ellos Roca, a pagar al municipio más de 24 millones de euros, que la ciudad cederá a Hacienda y a la Seguridad Social para disminuir su deuda. En esta causa se investigaban delitos de malversación de caudales, cuyas multas sí se embolsaría Marbella.
Perjuicio patrimonial
Así, la Fiscalía pide cuatro millones para el Consistorio por este tipo penal, escasamente presente en «Malaya». El Consistorio sitúa la cifra en 14, la cantidad que puede justificar. Y todo ello se debe al perjuicio patrimonial sufrido por la firma de convenios ilegítimos.
¿Qué se puede hacer? El Consistorio ha pedido una modificación de la norma, de forma que la administración pudiera ser depositaria de las propiedades embargadas y así, a su vez, éstas podrían ser entregadas como garantía de pago por parte del Ayuntamiento para afrontar su abultada deuda. «Eso nos aliviaría mucho», explicó Romero.
De hecho, la misma policía ha tardado años en establecer cifras aproximadas del daño efectuado por la trama «Malaya» al municipio. Así, en total, se habrían blanqueado presuntamente 670 millones de euros (240 de éstos se los atribuye el fiscal a Roca).
En un principio, los bienes intervenidos a los encausados se valoraron en 2.400 millones de euros, pero finalmente la cifra ha decrecido de forma importante: las propiedades del ex asesor de Urbanismo marbellí han sido tasadas por Anticorrupción en 200 millones de euros.
Por tanto, lo esquilmado por los 95 acusados se devolverá a través de las multas y las responsabilidades civiles exigidas por las acusaciones, que suman alrededor de 4.000 millones de euros. Sólo para Roca se piden sanciones económicas que superan los 800 millones. Ello ocurrirá, claro está, siempre que haya una sentencia condenatoria por estos hechos.
Asegurar la responsabilidad
De momento, hay numerosas casas, coches y propiedades de distinto tipo embargadas por la Justicia, de forma que se pueda garantizar así el pago de las futuras responsabilidades. Conocida es la presión que soporta el ex alcalde Julián Muñoz, cuyos emolumentos televisivos están siendo sometidos a un conciso análisis por parte de los magistrados de la Audiencia y del propio juzgado instructor. Incluso, se ha acusado desde algunos platós al ex regidor de cobrar en líquido esas apariciones para evitar el filtro judicial, pero nadie ha podido demostrar tal extremo.
Para asegurar el cobro de las responsabilidades pecuniarias, el tribunal ha autorizado la venta del patrimonio de Juan Antonio Roca. De momento, han sido adjudicados en concurso público siete coches de lujo valorados en casi 400.000 euros, al igual que también se ha dado luz verde a la venta de dos casas que el ex asesor posee en Sevilla, valoradas ambas en 2,3 millones de euros. Un famoso periodista ya ha dado una señal por uno de los dos domicilios.
Otros expertos aluden a que el daño no ha sido únicamente económico, sino que la ciudad ha sufrido un importante perjuicio en cuanto a falta de equipamientos o en la ocupación por parte de viviendas ilegales (unas 18.000), la mayoría de ellas regularizadas gracias a un plan general muy permisivo, de numerosas parcelas. Asimismo, también habría que sumar a este cálculo las escasas inversiones en materia educativa o sanitaria que se efectuaron en el municipio durante los 15 años de gilismo.
* La Opinión de Málaga - 22.09.10
Foto: uno de los símbolos del gilismo, el arco de bienvenida ubicado a la entrada de la ciudad.- laopinion
«Han convertido las ciudades en centros comerciales»
DIARIOVASCO/Entrevista* : El antropólogo Manuel Delgado (Barcelona 1956) pronunció ayer una conferencia en Cristina Enea sobre la «sociedad de la acera», dentro de la Semana de la Movilidad Sostenible. Entre crítico y provocador, lanzó el siguiente mensaje: «Las instituciones han convertido las ciudades en un centro comercial y a los ciudadanos en clientes».
–El peatón tiene cada vez más protagonismo en el Urbanismo...
–Que va... de qué. Se dice que la calle es de todos, pero hoy en día la calle es de los coches, no nos engañemos. Estas retóricas de la peatonalización, la bicicleta y el transporte público se hacen una vez al año, pero el resto del tiempo se ocupan de hacer aparcamientos.
–En Donosti la aceras son cada vez más anchas, las calzadas pierden carriles...
–Pero eso, para qué. Los centros urbanos se han convertido en centros comerciales. Las políticas de peatonalización son básicamente políticas para estimular el consumo, porque están asociadas a la reconversión del centro urbano en un gran centro comercial. Peatonalizan en tanto en cuanto quieren que ese centro urbano se convierta en un centro comercial, y además privatizado. Se hacen espacios para comprar. La calle hoy solo se concibe para consumir o para ir y venir del trabajo. Para cualquier otra cosa es vista siempre con desconfianza. Es una fuente de problemas para las instituciones. Si la gente se junta ya hay un problema y en seguida te dicen ‘circulen’. Las instituciones sólo quieren que pasen cosas en las sedes –escuela, casa, Universidad, la oficina–, pero no en la calle. Las instituciones quisieran ver convertida la calle en un hueco entre edificaciones cuya única función es comunicar las sedes.
–Desde el punto de vista de la movilidad, tanto en Barcelona como en San Sebastián se ha fomentado el uso de la bici, ¿hay un nuevo conflicto peatones-bicicletas, donde antes lo hubo con los coches?
–El peatón siempre sale a perder porque es el más vulnerable. Pero vuelvo a insistir. No sé si usted es consciente de lo que hoy es una ciudad: Es un producto comercial. Tú no puedes vender una ciudad como Barcelona o como Donosti llena de coches. Debes vender una ciudad amable, donde lo que hay es ciudadanos amables. Ese espectáculo de la ciudad con ciclistas se adecua a una ciudad-producto que debe cumplir determinados parámetros. Mientras se invita a pasear y a andar en bici a los ciudadanos en el centro, se abren en canal barrios periféricos y se llenan de grandes tramas de carreteras que destruyen la vida urbana, todo para que la gente llegue pronto y aparque en el centro. Así, la promoción de la bicicleta se hace compatible con la llegada de esos ‘tanques’ que son los 4x4 a los aparcamientos del centro de la ciudad.
–¿Cómo debe ser el transporte público del futuro?
–Yo me conformaría con que fuera eso, público, que fuera realmente un servicio a disposición de los usuarios. Las instituciones ya no consideran a los ciudadanos usuarios del transporte público sino como clientes. Son empresas que buscan el beneficio. El ideal es que el transporte fuera totalmente gratuito. Me escandaliza tener que pagar el Metro y tener en cuenta que una cuarta parte sea para pagar a los vigilantes que controlan a los que no pagan... Si fuera realmente un transporte público debería ser gratuito. Como ve no soy una persona muy moderada.
* Diario Vasco - 22.09.10
