Caso Polop: Urbanizaciones El Asesinato, S.A.

ABC/Alicante* : Dos sicarios checos (al parecer, aficionados), sórdidas reuniones en el reservado de un club de alterne para planear el crimen, y un alcalde (entonces concejal de Urbanismo) ingresado en prisión sin fianza como presunto inductor del plan para asesinar a su predecesor. Son los ingredientes de la trama criminal de Polop de la Marina, un pequeño pueblo de 4.000 habitantes a unos kilómetros de Benidorm, sacudido estos días por la posibilidad de que su alcalde pudiera haber ordenado el asesinato de su predecesor.

Polop se ha convertido, muy a su pesar, en el (presunto) ejemplo de hasta dónde se puede llegar por controlar la golosa —cierto que cada vez menos— cartera de Urbanismo en un Ayuntamiento.
Durante dos años, desde que dos sicarios dispararon contra Alejandro Ponsoda en la noche del 19 de octubre de 2007, el pueblo ha permanecido en silencio. El único que lo rompía, de tanto en tanto, era precisamente el último detenido: el sucesor de Ponsoda en la Alcaldía, Juan Cano. Un hombre que se hartó de pedir a la Guardia Civil que «tirase del hilo», hasta que ese hilo los llevó a su casa la madrugada del pasado martes. Se le considera el autor intelectual de la muerte —encargada a unos sicarios— de su predecesor, compañero de partido y, en otra época, principal valedor.
Chalés en suelo rústico
Cano ingresó en la política activa de la mano de Ponsoda en 1995. Era la primera vez que el PP ganaba las elecciones en Polop, y el alcalde le encomendó el área de Urbanismo. En esos años, el pueblo creció basado en el turismo residencial. Aunque para ello hubiera que construir en terreno no urbanizable. «Construías el chalé, pagabas una multa simbólica y te lo legalizaban». La acusación es de uno de los miembros de la Plataforma de Afectados constituida tras la proliferación de viviendas en plena montaña.

Los desmanes urbanísticos, no obstante, no fueron la causa de la caída en desgracia de Cano dentro de su partido, aunque tuvieron buena parte de culpa. Incluso la familia del reconocido escritor Gabriel Miró se dirigió al PP para criticar la política territorial del entonces edil, según recuerda un alto cargo del PP de Alicante. Al final, el PP obligó a Ponsoda a deshacerse de Cano en 2003 tras recibir una denuncia de supuestas extorsiones a empresarios locales. «Oímos rumores, pero una cosa son los rumores y otra los hechos», replica la alcaldesa en funciones María Dolores Zaragoza.
Cuatro años más tarde, sin embargo, el alcalde asesinado no tuvo más remedio que recuperarlo como «número dos». Cano era para entonces el presidente de la junta local del PP, y controló la elaboración de la lista. Ponsoda, sin embargo, no parecía feliz de rehabilitar al hombre por quien dio la cara ante su partido en su día. Los vecinos coinciden en que, después de ganar las últimas elecciones, Ponsoda acentuó su carácter introvertido.
Discusiones «constantes»
Las discusiones entre uno y otro, a decir de aquellos que los conocían bien, «eran constantes». Especialmente, en las reuniones de la junta de gobierno de Polop, que casi siempre terminaban en bronca. «Pocos días antes de que le dispararan, Cano amenazó a Ponsoda con no renovar el contrato de su hija en el Ayuntamiento», recuerda un compañero de partido a quien el alcalde asesinado relató las profundas discrepancias que mantenía con el concejal.
Las principales diferencias entre ambos, precisamente, surgieron a cuenta de la gestión urbanística del municipio. Al parecer, Cano pretendía poner en marcha un plan parcial que contemplaba construir varios miles de viviendas, en la zona junto a la montaña donde años antes se había permitido la construcción de decenas de chalés. Algunos apuntan que la idea era levantar cerca de 5.000 viviendas, lo que hubiera triplicado el censo del municipio. Lo cierto, en cualquier caso, es que hoy no existe ninguna iniciativa similar en marcha en la localidad.
Ansias de poder, afán por controlar libremente el urbanismo municipal o animadversión personal, las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntan a que la situación explotó de la forma menos esperada para la tranquila localidad mediterránea. El 2 de noviembre de 2007 Juan Cano se convertía en alcalde de Polop tras el fallecimiento de Ponsoda, ocho días después de recibir dos disparos a las puertas de su domicilio, en la pedanía polopina de Xirles.
«Mi padre era honrado»
«Nunca nos ha apoyado», cuentan las hijas del alcalde fallecido, Fátima y María. A pesar de que una de ellas trabaja en el Consistorio, y de que en un pueblo como Polop «todo el mundo se conoce», las jóvenes lamentan el vacío que les hizo sentir Cano «desde el primer momento» tras hacerse con la vara de mando. Sobre las discrepancias entre su padre y el presunto autor intelectual de su asesinato a cuenta del urbanismo, advierten enigmáticamente que Ponsoda «era una persona honrada, no le gustaba la corrupción».
los vecinos han roto por fin su silencio para empezar a admitir que Cano «no era como Alejandro»
Tras su detención —la séptima relacionada con el caso—, los vecinos han roto por fin su silencio para empezar a admitir que Cano «no era como Alejandro». Pese a trabajar como director de una sucursal de Caja Mediterráneo (CAM), «no tenía un trato cercano». Las puertas del Ayuntamiento no solían estar abiertas para los habitantes del pueblo.
Por supuesto, hay quien no se acaba de creer que el alcalde pudiera haber llegado al extremo de pagar (se especula con unos 50.000 euros, cuya procedencia se desconoce) por librarse de Ponsoda. «No me cabe en la cabeza; este hombre no necesitaba la política, vivía muy bien como director de la sucursal», explica uno de los más veteranos, amigo del padre de Cano.
Sin embargo, otros confiesan ahora —tras la detención— que «se veía venir», y abundan en el supuesto «perfil oscuro» del detenido. Habitual de los clubs de alterne de la zona (especialmente en la etapa en la que salió del Ayuntamiento, entre 2003 y 2007), según los testimonios de varios empleados de este tipo de locales recopilados por los investigadores, su carácter difícil no le había granjeado precisamente el cariño de sus administrados —al contrario de lo que sucedía con su predecesor—. La supuesta extorsión, nunca denunciada, corona el retrato.
Reuniones en un club
Cano es, no obstante, sólo el primer eslabón de la cadena. La investigación judicial sitúa a otras seis personas en la trama para acabar con la vida de Ponsoda. El primero de ellos, un presunto narcotraficante afincado en la vecina localidad de Finestrat cuando se perpetró el crimen. Raúl Montero, con antecedentes por tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas —por los que se encontraba a la espera de juicio— , fue supuestamente el encargado de conseguir las dos pistolas de pequeño calibre utilizadas por los sicarios.
Raúl había estado en prisión preventiva tras ser sorprendido con un arsenal, pero salió en libertad mientras esperaba a que se celebrase el juicio semanas antes de que se perpetrase el crimen. Incluso acudió al juzgado a firmar dos semanas después de que falleciese Ponsoda. Luego, desapareció.
Al menos, hasta el pasado 5 de noviembre, cuando se convirtió en el primer detenido. La primera evidencia palpable de que la investigación del asesinato de Ponsoda, dos años después, empezaba a dar sus frutos.
Más tarde cayó Salvador Ros, un empresario zapatero que llegó a Polop hace más de una década para abrir una tienda en la conocida plaza de los Chorros. La Guardia Civil sospecha que también participó en las sórdidas reuniones en el club «Mesalina», pese a que no ha trascendido su grado de implicación.
El citado club parece ser el auténtico «centro de operaciones» de la trama: prácticamente todos los detenidos están relacionados de una u otra forma con él: su gerente, un uruguayo llamado Ariel —el tercer detenido—, su copropietario, Pedro, y los dos ciudadanos checos a los que la Guardia Civil atribuye la autoría material del crimen. Todos estuvieron en la reunión para fraguar el crimen, según los investigadores, y algunos incluso trabajaban o habían trabajado en la casa de citas.
El «hilo» llevó finalmente hacia Cano. Días antes de ser detenido, ya se le apuntaba como el objetivo último de los agentes de la UCO. En la trama había «un cargo público», según aseguró el abogado defensor de Ariel. Algunos se atrevieron a ponerle nombre, aunque en Polop todavía se pronunciaba en susurros. Objetivo de todas las miradas, el ahora detenido se defendió con amenazas de querellas a quienes le implicaran «en esta salvajada». Dos días antes de que la Guardia Civil llamase a su puerta, Cano se defendía en una entrevista publicada por ABC: «No conozco a estos señores, y jamás he estado con ellos en un club. Por Dios, la pregunta ofende».
Muchas incógnitas
Con la distancia, se aprecia también lo poco afortunada que resulta ahora la pregunta retórica que lanzó en una de sus últimas comparecencias públicas, cuando ya se encontraba en el punto de mira: «¿Me veis con miedo? ¿Estoy detenido?», espetó a los periodistas. La detención se produjo unos días después, de madrugada —para evitar las cámaras— y en su propio domicilio. Tras registrar el lujoso chalé en el que vivía a las afueras de la localidad (antes lo hacía en «un piso normalito», según los vecinos), fue conducido al Ayuntamiento, de donde salió sin esposar y con un ordenador portátil.
Mientras los periodistas «tomaban» el pueblo, la esposa del detenido regresaba en un vuelo desde Miami, donde había acudido a visitar a su hija. Se cuenta también que el alcalde de Polop tenía previsto realizar el viaje junto a su mujer, pero que la investigación frustró sus planes. Por voluntad propia, según algunas versiones, y porque ya le habían retirado el pasaporte, según otras.
Lo único que tienen claro los vecinos de Polop (tanto los que creen en su inocencia como los más suspicaces) es que la historia del asesinato de Ponsoda —que los ha situado en el mapa a su pesar— no está cerca de terminar. Todo lo contrario, quedan muchos misterios por desvelar, incluida la posible implicación de otro concejal en la conspiración, el motivo último del asesinato, y sobre todo la respuesta a la pregunta más inquietante: ¿de verdad un concejal puede llegar a ordenar que maten a su alcalde?







* ABC - D. Martínes, R.A. Ruíz Coll - 29.11.09
Foto: Polop (Alicante), vivienda Juan Cano - Mario Ayús, laverdad.es

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Murcia: El atracón inmobiliario deja 18.000 viviendas sin vender

LAVERDAD* : La vida de un edificio se mide por el número de felpudos de los pasillos. Al recorrer las plantas del bloque Puerta de Murcia, antes de llegar a la plaza de los Cubos, en la capital, los remates de madera, los embellecedores de las cerraduras y los pomos brillantes de las puertas, casi vírgenes, se sienten solos. No hay pisadas, no hay movimiento; faltan felpudos, falta trasiego, falta vida.

Entrar en este edificio, construido hace dos años en una de las zonas más jugosas de la capital, es entrar en la realidad del sector inmobiliario. Poca luz y un fuerte olor a cerrado son las cartas de presentación del bloque de viviendas. En total son 32 pisos de primera calidad. De las 32 puertas, sólo dos tienen felpudo. Sólo dos tienen vida en su interior. De las 32 viviendas, sólo cuatro están escrituradas. El resto, que se abaratan cada mes en busca de un dueño que no aparece, tendrán que esperar. Todo el mundo tiene una idea de qué ha fallado exactamente ¿Por qué se quedan sin vender casas con una excelente relación calidad-precio a tres o cuatro kilómetros del centro de la capital? Todos los caminos, todas las respuestas, conducen a la crisis económica y su impacto en el sector de la construcción. Un ejemplo claro lo representa este inmueble del norte de la capital, rodeado por otros que incluso se han abandonado a medio hacer.
Es muy probable que, si la situación económica no hubiera afectado de semejante manera al sector, este edificio rebosara vida por sus cuatro costados enladrillados. Pero no. «Había más viviendas apalabradas e incluso muchos habían dado ya la entrada, pero al final se ha echado para atrás el 50% de los que estaban interesados. ¿Por qué? Está claro, muchos contaban con tener un crédito hipotecario que al final no se ha producido. La crisis financiera ha hecho mucho daño», asegura el encargado del mantenimiento del edificio. La opinión de este trabajador no es aislada y cunde en el resto del sector. También apunta a la situación financiera como principal factor responsable Juan Hernández Albarracín, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región. «Está claro que los créditos se han estrangulado de forma considerable y eso ha repercutido en que las dificultades para adquirir una vivienda se hayan multiplicado. La situación ha cambiado».
Asimismo, Hernández Albarracín reconoce que, en estos años, «también ha habido buenas y malas decisiones empresariales. No se puede culpar al sector en su conjunto. Hay casos en los que se han construido urbanizaciones de lujo en el interior de la Región, muy alejadas de la costa, con precios altos y cuando el sector ya había tocado techo. Esas viviendas van a tardar mucho en ser vendidas, si es que algún día se venden, porque hay muchos inmuebles que no se van a vender. Ni mañana, ni el año que viene, hay que ser realistas».
Pero el recorte de la financiación, tanto para promotores como para compradores, y las decisiones empresariales equivocadas pueden no ser los únicos culpables de que las viviendas vacías existentes en la Región de Murcia se cuenten por decenas de miles. Los promotores inmobiliarios calculan que el número de viviendas que actualmente se encuentran en stock -viviendas construídas que aún no se han transmitido- en la Región de Murcia no supera las 18.000 unidades. Pero hablar del número total de viviendas vacías que hay a día de hoy en la Comunidad es adentrarse en un terreno, cuanto menos misterioso, en el que la información por parte de todas las administraciones brilla por su ausencia.
Datos oficiales
Los últimos datos oficiales son de hace la friolera de ocho años, allá por el 2001. Según el INE, el número de inmuebles vacíos era de 85.596 hace ocho años, cuando el parque total de viviendas de la Región ascendía a 592.613. Es decir, que del total de inmuebles, el 14,4% estaban deshabitados por uno u otro motivo. Pero en ocho años han llovido muchos ladrillos. Si hiciéramos la cuenta de la vieja y aplicáramos el mismo porcentaje de viviendas vacías del 2001 al año pasado, cuando el parque ascendía a 778.815 inmuebles, el número de pisos vacíos sobrepasaría las 112.000 unidades. Eso, suponiendo que el porcentaje fuera el mismo, lo que parece altamente improbable a tenor de la caída que han experimentado las ventas y el crecimiento de la construcción en los últimos tres años. De esas 778.815, el 62% (486.151) son viviendas principales, o de primera residencia, y el 38% restante (292.664) son no principales, o de segunda residencia, tal y como reflejan los datos del Ministerio.
Otro dato que debería, al menos, hacer reflexionar a los responsables de turno es el desfase que se ha acumulado en los últimos diez años entre el aumento del porcentaje de residentes en la Región y el de viviendas terminadas. Del año 1998 hasta el 2008, el número de murcianos ha crecido en 311.041, lo que supone un 28% de incremento. Sin embargo, el aumento de viviendas terminadas es superior, ya que ha experimentado una variación del 36,5 % en el mismo periodo de tiempo. Es decir, en la última década, se han terminado 209.882 viviendas. Si la cifra la contrastamos con el número de nuevos residentes faltarían casas para todos. Pero pocas viviendas albergan a una sola persona. En general, cada hogar está compuesto por tres miembros, según se refleja en los cálculos del Ministerio de Vivienda. Si dividimos entre tres esos 311.041 nuevos murcianos, el resultado es el número de hogares formados en estos diez años: 103.680. Unos cien mil menos que el número de viviendas construidas desde el año 2001.
A este panorama se une, en el caso del municipio de Murcia, el hecho de que el parón inmobiliario haya dejado en suspenso 26.000 viviendas proyectadas en la zona norte. En el plan parcial Nueva Condomina sólo se han levantado 250 viviendas sobre las 3.000 previstas. En los seis desarrollos situados al Este aún no se han visto las máquinas. Dos tienen la aprobación definitiva del Ayuntamiento, pero están esperando a que se anime el sector para pedir las licencias de construcción.
Soledad y música alta
Esta pila de datos, sin embargo, tienen fiel reflejo en decenas de edificios vacíos, llenos de persianas bajadas. La Verdad se trasladó a la zona norte de la capital, en el área de Juan Carlos I y Juan de Borbón, para realizar un recorrido visual de las fachadas de reciente -y no tan reciente- construcción. Para que una imagen valiera más que mil palabras y mil datos de diferentes organismos. Haga la prueba.
En uno de estos edificios sin vida de la zona norte, rodeado de otras construcciones en una situación similar, el periodista busca en el suelo un felpudo. Un felpudo que indique que, tras la puerta, hay vida. Y allí está. Al fondo del pasillo de la segunda planta. Justo donde, poco antes, un empleado de una empresa de seguridad colocaba una alarma. La persona que abre la puerta es el propietario. Uno de los pocos del bloque. Dice que recurre a la seguridad privada «porque es una zona que está muy solitaria y en la que hay muy poca gente, y paso mucho tiempo fuera de casa. Prefiero prevenir que curar». Además, le gustaría que hubiera más gente en el edificio «porque, en el caso de que pasara algo grave, no tienes nadie a mano a quien recurrir. Sobre todo, se siente soledad».
Pero vivir prácticamente solo en un edificio de 32 viviendas tiene también sus ventajas. Es probable que una persona timorata nunca quisiera estar sola en un edificio deshabitado, pero hay quien le saca el lado positivo. No todo es pedir sal al vecino y dar los buenos días en el ascensor: «esto tiene una ventaja -asegura el entrevistado-. Y es que, al no haber más habitantes, puedo poner la música al volumen que quiera, porque no molesto a nadie ni nadie me molesta a mí. Pongo la música tan alta como quiero a la horaque quiero». No todo el mundo puede decir lo mismo. El encargado de obra del inmueble, que acompaña a 'La Verdad' durante el recorrido por el bloque de viviendas, lo deja claro: «los pocos vecinos que hay en el edificio me preguntan cuándo vendrá más gente, pero yo no sé qué contestar. 'Ojalá sea pronto' suelo decir, pero no lo veo nada claro». Hasta que no haya más felpudos, no habrá más vida.

¿BUSCA USTED OFICINA?
La 'ciudad de los negocios', al 50%

El edificio JC1, uno de los más representativos de la capital desde el pasado mes de mayo, dispone de 12 plantas para oficinas, de las que ya se ha alquilado el 50%. Es decir, seis plantas. Los locales se alquilan desde 9 euros por metro cuadrado.
Las 'torres gemelas' esperan inquilinos

Las ya conocidas como torres gemelas de Murcia, construidas cerca de las Atalayas y terminadas hace poco menos de medio año, disponen de un buen número de oficinas de las que aproximadamente la mitad están ocupadas. El rascacielos espera compradores e inquilinos.
Bloques abandonados a su suerte

No es difícil encontrar bloques de oficinas que han quedado abandonados en plena construcción por la imposibilidad de acometer la obra. Uno de ellos es el de la imagen, entre Juan Carlos I y Juan de Borbón. Edificios fantasma que ensucian el horizonte.
EL SECTOR:
778.815 es el número total de viviendas en la Región. Hace ocho años, en el 2001, había 592.613.
18.000 viviendas en 'stock' en la actualidad, según los datos de los promotores inmobiliarios.
85.596 inmuebles vacíos en la Región, a fecha del 2001. La cifra podría superar actualmente las 112.000.
POR ZONAS:
Murcia. La capital acapara más de la cuarta parte del total de viviendas terminadas en la Región en los últimos diez años (41.951)
La costa. El 36% de las viviendas terminadas desde 1999 se ha edificado en los municipios costeros, sin contar Lorca ni La Unión.
Municipios sin grúas. Entre nueve municipios (Albudeite, Aledo, Blanca, Campos del Río, Moratalla, Ojós, Ricote, Ulea y Villanueva) sólo representan el 1,13% de los inmuebles construidos en diez años en la Región.
El caso de Ulea. La localidad levantó 55 casas en el 2007, casi el triple que en una década.






* La Verdad - DANIEL VIDAL - 29.11.09
Foto: Sólo una ventana con luz en uno de los edificos recién construidos en la zona norte de Murcia. | GUILLERMO CARRIÓN / AGM

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La Axencia Urbanística acumula ya 216 órdenes de derribo de edificaciones ilegales

FARODEVIGO* : El derribo de dos casas en la isla de Ons ejecutado esta semana por la Consellería de Medio Ambiente se convertirá en una imagen cada vez más habitual en Galicia. La Xunta se ha propuesto extremar el control y la persecución de las construcciones ilegales y adelanta que el año que viene se incrementarán los expedientes de demolición de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (Aplu), un organismo constituido en abril de 2008 para velar por el cumplimiento de la ley y perseguir todo tipo de irregularidades en materia de urbanismo.

La Aplu dispondrá en 2010 de una partida de 600.000 euros para ejecutar demoliciones de construcciones ilegales, lo que significa que la Xunta invertirá un 25% más que en 2009 y cuatro veces más que en 2008 en demoler viviendas, galpones y otro tipo de construcciones al margen de la ley. Desde la Consellería de Medio Ambiente justifican el espectacular incremento en el impulso y consolidación de la actividad de la Aplu, que cerrará 2009 con 216 expedientes de demolición pendientes de ejecución.
Las actas de infracción urbanística y las órdenes de derribo no han dejado de crecer desde la puesta en marcha de la Axencia, que supuso duplicar el personal dedicado en Galicia a vigilancia e inspección. Sólo hasta el mes de octubre, la Aplu había levantado 410 actas de inspección y resuelto 91 expedientes de reposición de la legalidad urbanística, cifras que prácticamente duplican los datos con los que cerró el año 2008.
Pero las estadísticas que más crecen son, sin duda, las referidas a infracciones urbanísticas muy graves sancionadas por ley con la demolición. Y es que a falta todavía de un mes para que termine el año, la Aplu impuso en 2009 un total de 238 multas coercitivas para forzar la ejecución de derribos frente a las 85 del año anterior, y asumió con sus propios medios la demolición de 21 edificaciones frente a las cinco que llevó a cabo en todo 2008.
En estos momentos, una treintena de inspectores y subinspectores se encargan de velar en toda Galicia por el cumplimiento de las normas urbanísticas, así como de prevenir posibles infracciones y asesorar a los concellos, resolviendo sus consultas e incluso elaborando informes ad hoc. Y es que además de la función sancionadora, la Aplu se creó para ayudar a los concellos con su planeamiento, haciéndose cargo hasta la fecha del urbanismo de 42 ayuntamientos.
Todas las infracciones detectadas por los inspectores acaban con la apertura de un expediente pero sólo los casos más graves acaban derivando en una orden de demolición para restablecer la situación previa a la infracción cometida.
Ejecutar el derribo de una casa o cualquier otro tipo de construcción, sin embargo, no es algo sencillo, de ahí la lentitud con la que se resuelven este tipo de expedientes. De hecho, desde Medio Ambiente aseguran que en los últimos meses se han ejecutado demoliciones "que se empezaron a tramitar hace seis o siete años".
Antes de que una orden de demolición sea firme, el afectado suele agotar todas las vías administrativas y judiciales a su alcance en un proceso largo y complejo que, como apunta Medio Ambiente, casi siempre sigue un camino distinto. Además, una vez que la Aplu decide hacerse cargo del derribo debe seguir 16 pasos (expediente de contratación, proyecto de coordinación y seguridad, solicitud ante la autoridad judicial competente...) antes de poder ejecutar la orden.







* Faro de Vigo - M. VÁZQUEZ - 29.11.09
Foto: Ons (Pontevedra) - delmorrazo.com

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Expertos urbanistas piden a los gobiernos intervenir en las periferias y evitar desequilibrios

INFORMACIÓN/Alicante* : Los ponentes que participan en el Encuentro Euromediterráneo de Jóvenes Arquitectos-Urbanistas, que se celebra desde el viernes en Xàbia, hicieron ayer un llamamiento a la Administración Pública para que intervenga en las periferias de las ciudades con el objetivo de evitar "graves desequilibrios sociales".

El director del Máster de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia, Alberto Peñín, explicó la necesidad de "redefinir el concepto de periferia urbana porque la ciudad siempre crece y hemos de estar en continua redefinición". En este sentido, añadió que "las periferias, merced a los espacios de oportunidad como carreteras o puertos, se convierten en espacios más influyentes a pesar de que muchos de los PAI aprobados no entienden la ciudad, su concepto y menos aún la periferia". En el encuentro, organizado por la Fundación Foro Jávea de Vecindad y Casa Mediterráneo, se abordaron también experiencias concretas de intervención periférica para recuperar zonas degradadas, como fue el caso del director del Centro de Estudios Ambientales de Vitoria, Luis Andés Orive, que planteó el proceso de configuración del anillo verde de Vitoria.








* Información - 29.11.09

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Málaga: Un concejal del PP adjudicó a una empresa de su cuñado 15 contratos

LAOPINIÓN* : El concejal del Ayuntamiento de Málaga Manuel Marmolejo ha contratado "directamente" en 15 ocasiones a la empresa de su cuñado durante los últimos tres años, según reconoció ayer mismo el propio edil, que admitió que esta actuación suya vulnera la ley. Como él mismo explicó, "la Ley de Procedimiento Administrativo indica que estaba obligado a abstenerme por mi parte", si bien dijo que "desconocía" dicha incompatibilidad.

Es por ello por lo que anunció que "a partir de este momento" se abstendría de participar en los procedimientos de adjudicación donde participase dicha empresa.

En este sentido, el alcalde, Francisco de la Torre, apoyó a su concejal y aseguró que descarta la posibilidad de destituirle. De la Torre apeló a "la buena fe" del edil y a que "el tema tiene una escasa entidad desde el punto de vista presupuestario y que no hay ningún perjuicio para el Ayuntamiento".

A su juicio, se trata de una cuestión "legal, estética y, si queremos decir, ética", y disculpó el comportamiento del edil haciendo referencia al "desconocimiento" que tenía de la Ley de Procedimiento Administrativo, lo que, no obstante, "no exime de su cumplimiento", tal y como subrayó.

No obstante recordó que aunque la ley es "flexible" y el Ayuntamiento puede hacer contratos con empresas en las que haya una relación familiar cercana "porque es un mundo competitivo", las personas que deciden "deben abstenerse. Es lo que hará Marmolejo en el futuro".

Por su parte, el PSOE denunció la "gravedad" de este "presunto nuevo trato de favor a una empresa de un familiar del PP" que ha recibido en los últimos tres años 85 contratos menores por valor de casi 2 millones de euros, "solamente en contratos adjudicados por los distritos".

Manuel Marmolejo, que es concejal de Polígonos Industriales y del distrito Bailén Miraflores, reconoció que la empresa Greensur Proyectos y Obras, en cuyo accionariado está su cuñado, ha obtenido en los últimos tres años 11 contratos adjudicados en el distrito Bailén Miraflores, que suman 220.000 euros, y "otros cuatro o cinco del área de Polígonos Industriales".

El concejal reconoció que su actuación ha sido contraria a la ley, pero "por desconocimiento", y que una vez que conoce su alcance y para "salvaguardar cualquier atisbo de dudas acerca de la legalidad", se abstendrá "a partir de este momento" de intervenir en las adjudicaciones donde comparezca esa empresa. Por todo ello rechazó la posibilidad de dimitir.

Trato de favor

Fue el propio Marmolejo el que se adelantó a comunicar los hechos de forma obligada al conocer que el PSOE había investigado su relación con la empresa Greensur y tenía previsto denunciarlo en una conferencia de prensa el próximo lunes, día 30.

Marmolejo arguyó que los contratos a Greensur no habían supuesto quebranto al Ayuntamiento o a otras empresas, lo que fue rechazado por el portavoz del PSOE, Rafael Fuentes, que aseguró: "Es evidente que se ha perjudicado a otras empresas que, en pie de igualdad, hubieran podido obtener los contratos".

El portavoz del PSOE consideró que se trata de un caso "muy claro" de presunto trato de favor a otra empresa "de un familiar del PP" .

Fuentes señaló que Greensur se constituyó como empresa en agosto de 2003, "justo un mes después de que Manuel Marmolejo entrara a trabajar al Ayuntamiento como cargo de confianza."

Marmolejo inició su actividad municipal en 1999 al ser nombrado director del área de Comercio. Posteriormente ha sido director del distrito de Bailén Miraflores y Centro. Desde 2007 es concejal de Polígonos Industriales y del distrito Bailén Miraflores.

Fuentes anunció que su grupo va a pedir la relación de contratos adjudicados a Greensur desde 2003 en los distritos y en las áreas municipales "especialmente en el área de Polígonos Industriales, a la vez que pediremos un informe jurídico para ver si hay incompatibilidad legal en la actuación del concejal".








* La Opinión Málaga - JAVIER GARCÍA RECIO - 28.11.09
Foto: Málaga, ayuntamiento - malaga.eu

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El juez impone seis meses de cárcel y siete años de inhabilitación a dos ex alcaldes de Monachil

IDEAL/Granada* : Un Juzgado ha condenado a siete años de inhabilitación a los ex alcaldes de Monachil Francisco Lara y Antonio Trinidad, al que ha impuesto además 6 meses de cárcel, por prevaricación en el cambio de uso de una parcela para construir un edificio que ha ordenado derribar con cargo a los acusados.

En la sentencia, el titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada impone también a Trinidad, al que atribuye un delito de prevaricación urbanística, una multa de 3.600 euros por esta causa, en la que también han sido condenados el ex concejal de Urbanismo Benjamín Rodríguez y el arquitecto municipal en el momento en que ocurrieron los hechos, que fueron denunciados por la comunidad de propietarios de un bloque contiguo.
El ex edil de Urbanismo ha sido condenado, por un delito de prevaricación y otro de prevaricación urbanística, a 20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, a 12 meses de cárcel y a multa de 3.600 euros, y el ex arquitecto municipal a 16 años de inhabilitación, ocho meses de cárcel y multa de 2.400 euros por prevaricación urbanística.
La sentencia declara además la nulidad del estudio de detalle que permitió la construcción del edificio en cuestión -82 apartamentos turísticos en Sierra Nevada-, de la licencia que se otorgó a la constructora y del orden del pleno municipal que acordó concederla.
Los acusados deberán además acometer la demolición del edificio construido en el plazo de seis meses, 'corriendo con todos los gastos que se deriven de forma solidaria e indemnizando solidariamente a quienes pudieran resultar perjudicados'.
Según el fallo, cuando los acusados accedieron al Ayuntamiento ya se había aprobado de forma definitiva, al amparo de las normas subsidiarias, el plan especial por el que se procedió a la urbanización del solar en cuestión, al que se otorgó un uso de equipamiento sociocultural.
Con la ejecución del plan, los propietarios afectados adquirieron el derecho del uso de equipamiento sociocultural del solar, cuya calificación fue confirmada con la revisión de las normas subsidiarias, si bien en 2003, siendo alcalde Francisco Lara, edil de Urbanismo Benjamín Rodríguez y arquitecto municipal el acusado, idearon un plan para construir pisos en la parcela, 'aun a costa de prescindir de todas las normas jurídicas y garantías aplicables'.
Así, encargaron al arquitecto que idease la fórmula legal para modificar la realidad urbanística de la parcela, según la sentencia, que mantiene que en lugar de optar por la tramitación de una modificación puntual de las normas subsidiarias, los acusados se decantaron por un estudio detalle porque la primera opción 'no les garantizaba alcanzar su propósito'.
El arquitecto redactó el estudio detalle 'ignorando deliberadamente todo el proceso urbanizador previo' y los derechos de los propietarios.
El estudio detalle fue aprobado en 2003 en comisión de gobierno, de la que formaban parte Lara y Rodríguez, para que la finca se destinara a la construcción de pisos, a sabiendas de la ilegalidad.
Con posterioridad, tramitaron el expediente de permuta de la finca a particulares, de quienes, tras dos ventas consecutivas, pasó a la promotora interesada en levantar un bloque de apartamentos.
Finalmente, en octubre de 2004, siendo alcalde Trinidad -Rodríguez seguía de concejal de Urbanismo-, la promotora dueña del solar pidió al Ayuntamiento licencia de obras para la construcción de 82 apartamentos turísticos, que le fue concedida con un informe técnico favorable del arquitecto municipal -que seguía siendo el mismo-, 'a sabiendas de la ilegalidad de la situación jurídica creada por el estudio de detalle que él mismo había redactado'.
La licencia concedió una superficie edificable total de 7.189 metros cuadrados, 'muy por encima de los 3.192 metros' de edificabilidad que realizó el arquitecto para hacer la permuta.
Finalmente, la promotora construyó el edificio y puso en venta las viviendas al margen, además, 'de todo uso turístico'.






* Ideal - EFE - 27.11.09
Foto: Monachil (Granada) - participaenandalucia.net

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La Fiscalía pide la imputación de nuevas personas en el 'Caso Pretoria'

ELMUNDO/Barcelona* : La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón la imputación de nuevas personas en el denominado 'caso Pretoria', que vendrían a sumarse a los nueve investigados hasta ahora en relación con una trama de corrupción urbanística que se vendría desarrollando en torno al Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

En una escueta nota hecha pública esta tarde, la Fiscalía General del Estado ha explicado que la petición de imputaciones se realiza en respuesta a la solicitud formulada por Garzón el pasado 10 noviembre "con la finalidad de avanzar en la investigación de los hechos". Las mismas fuentes no precisaron el número de posibles nuevos imputados, si éstos ocupan cargos públicos o los delitos que indiciariamente se les atribuyen.

A mediados de este mes trascendió la noticia de que, a resultas de la investigación realizada por la Guardia Civil, existía la posibilidad de que el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid realizara nuevas imputaciones, y que a tal efecto se había solicitado informe al Ministerio Fiscal, que hoy habría respondido a este requerimiento.
Una decena de imputados más

Ya se dijo entonces que existía una alta probabilidad de que hubiera nuevos imputados en la causa, principalmente empresarios y algunos cargos municipales de ayuntamientos catalanes. Entre los interrogados por la Guardia Civil, que serían en torno a la decena, trascendió el nombre del ex jefe de Planificación Territorial de la Generalitat Genís Carbó.

El pasado miércoles, los hasta ahora cinco encarcelados por orden del juez Garzón en torno a este asunto fueron trasladados desde la prisión madrileña de Soto del Real (Madrid), donde ingresaron el pasado 30 de octubre, hasta la cárcel catalana de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), donde permanecen en prisión preventiva.

Un gran autocar de la Guardia Civil trasladó al ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Bartomeu Muñoz; al ex concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco; a los ex altos cargos en los gobiernos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, además del ex diputado del PSC Luis García, considerado el cerebro de la trama.

Después de que la Audiencia Nacional les denegara la libertad provisional, los abogados de los imputados reclamaron el traslado a prisiones catalanas, para que sus clientes estuvieran más cerca de sus familiares y poder preparar mejor la defensa del caso.

El juez Baltasar Garzón accedió a ello, ya que no necesita su presencia continua en Madrid, aunque sí los podría citar si lo requiere. Un día antes, el juez había rechazado, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, la puesta en libertad de Alavedra y Prenafeta en razón de su avanzada edad, que supera los 70 años.

El Ministerio Público objetó que esta circunstancia no justificaba ahora su excarcelación, por lo que deben permanecer encarcelados en tanto que no se resuelvan los recursos contra el auto de prisión presentados por sus defensas ante la Sala de lo Penal, tribunal superior jerárquicamente al juzgado de Garzón. Se les imputan delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

Tal y como se detalla en el auto dictado por Garzón contra todos los imputados, los ayuntamientos de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneras y Badalona dejaron de ingresar 44,7 millones de euros por cinco operaciones urbanísticas desarrolladas por la presunta trama de corrupción desmantelada por la 'Operación Pretoria'. Para Garzón esto justifica la medida de prisión provisional para el presunto 'cerebro' de la trama, el ex diputado del PSC Luis García, y los otro cuatro imputados sobre los que también pesa esta medida cautelar.

Los nueve imputados hasta el momento formaban un "grupo organizado de personas" dirigido por García, al que Garzón cita como "consejero de facto o en la sombra", que invertía capitales procedentes de paraísos fiscales en la compra de terrenos que eran adjudicados y posteriormente recalificados gracias a una red de "intermediarios y comisionistas" formada por Alavedra, Prenafeta y el propio García. LA TRAMA EN ACTIVO

La actividad de la trama se desarrollaba en torno al Ayuntamiento de Santa Coloma aunque también tenía "ramificaciones en otras localidades de Catalunya, Andorra, Suiza, Gibraltar, Portugal y las islas Madeira y Caimán".

Igualmente, se están investigando posibles irregularidades en otras actuaciones del Ayuntamiento de Santa Coloma y varios proyectos de guarderías, así como toda la desviación de fondos de cohesión europea y pagos por la obtención del contrato de limpieza a Limasa.

En todos los casos, los ayuntamientos afectados aprobaban "un proyecto urbanístico adjudicado a una empresa del entorno de Luis García, quien gracias a sus contactos con el equipo de gobierno en estas localidades y a sus relaciones con empresarios interesados favorecía la tramitación y consumación del negocio, repartiendo en forma ilícita cantidades pagadas por los últimos".

Según el auto de Garzón, los dos ex altos cargos de CiU habrían recibido al menos 637.590 euros por su mediación en las operaciones 'Niesma' y 'Badalona'. Tanto Prenafeta como Alavedra aprovechaban sus contactos en organismos oficiales para favorecer las actividades de Luis Casamitjana y su empresa Espais, que procedía al "lavado (blanqueo)" de dinero y les pagaba comisiones por sus servicios.







* El Mundo - E. P. - 28.11.09
Foto: Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) - flickr.com

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Enésima ofensiva en Chiclana contra las viviendas ilegales

DIARIODECÁDIZ* : Suma y sigue en Chiclana, con otras ocho nuevas detenciones por la presunta comisión de delitos contra la ordenación el territorio. En esta última ocasión, y de nuevo, de la mano de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía de la Jefatura de Cádiz adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, la zona del Pago del Humo es el escenario en el que se ha detectado una promoción de chalés erigidos al margen de la ley con el modus operandi que ya se ha hecho famoso: una declaración de obra nueva a través de un certificado falso de antigüedad.

Según informó ayer la Policía Autonómica, agentes del Cuerpo han culminado esta semana una investigación en la que han sido detenidas ocho personas, entre ellas un promotor, un arquitecto técnico y seis promotores y propietarios, a los que se les acusa de la presunta comisión de delitos contra la ordenación del territorio y falsedad documental.

La investigación se inició a finales de verano a instancias del Juzgado Mixto Número Cuatro de Chiclana, previa denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sobre una finca dividida en nueve parcelas, todas ellas con construcciones en su interior, excepto en una.

La finca está situada en el Camino del Pozo Juncal, en Pago del Humo, a 500 metros de la venta Florentina. Se trata de un suelo clasificado en el actual Plan General vigente en la localidad como no urbanizable no especializado.

Según explicaban ayer desde la Policía Autonómica, los agentes encargados de la investigación comenzaron por cotejar las orto fotografías aéreas de la zona, y de la parcela en cuestión, de la última década. Y bingo: en 2001 la finca objeto de la investigación aparece en la ortografía totalmente vacía. Es a partir de 2004 cuando comienzan las obras de parcelación, primero levantando muros de hormigón, y después con la construcción de ocho edificaciones unifamiliares, tres de tamaño considerable con piscinas, hasta hoy.

Según ha podido determinar la Policía, cuanto comenzaron las obras, "el Ayuntamiento de Chiclana incoó expedientes sancionadores por infracción urbanística. A pesar de todo, los constructores, obviando la legalidad urbanística, terminaron las construcciones".

Gracias a los titulares de las viviendas ilegales, se ha identificado al promotor que habría convencido a los compradores para declarar en conjunto las obras nuevas en Notaría para, posteriormente, llevarlas al Registro de la Propiedad. Este promotor, para vencer posibles reticencias, habría prometido "gratificaciones" a los compradores, consistentes en correr él con los gastos administrativos.

Para obtener la declaración de obra nueva era necesario un documento que certificara una antigüedad de las edificaciones de más de cuatro años (para lograr la prescripción de la responsabilidad administrativo-sancionadora, por infracción urbanística grave), firmado por un técnico habilitado. Irrumpía así en escena un arquitecto técnico local ya imputado al menos tres veces más por lo mismo.







* Diario de Cádiz - R.Romero - 28.11.09
Foto: Antes y después, a la izquierda parcela baldía en 2001; derecha, con las casas ya construidas. - diariodecadiz.es.jpg

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Galicia: El paraíso del ladrillo

LAOPINIÓN* : Galicia también tiene sus 'Gürtel'. Son más de un centenar de cargos públicos que están siendo investigados por la Fiscalía Superior. De las 86 causas abiertas contra alcaldes, concejales y diputados provinciales en Galicia, la mayoría son por delitos urbanísticos: 17 directamente relacionados con delitos contra la ordenación del territorio y otras 27 por prevaricación. Otras siete causas afectan a cargos públicos imputados por delitos contra el medio ambiente y otras siete, por malversación de fondos públicos.

El efecto Marbella se extiende a Galicia. El boom urbanístico de los últimos años sitúa a Galicia entre las comunidades más afectadas por la marbellización de su territorio. Decenas de ayuntamientos gallegos están bajo sospecha y, con ellos, más de un centenar de alcaldes, concejales y diputados provinciales. De las 86 investigaciones que tiene en marcha la Fiscalía Superior de Galicia contra políticos en la comunidad, la gran mayoría están relacionadas con delitos urbanísticos.

Oleiros, Gondomar, Nigrán, Castro de Rei, Cospeito, Barreiros, Foz... En ayuntamientos de todos los colores políticos, alcaldes y ediles se han visto salpicados por algún escándalo de corrupción. Hasta 86 causas tiene abiertas la Justicia contra cargos públicos en Galicia. Según explicaron ayer fuentes de la Fiscalía gallega, 17 de estas investigaciones están directamente relacionadas con delitos contra la ordenación del territorio. Pero además otras 27 pesquisas se refieren a delitos de prevaricación que podrían derivar en delitos contra la normativa urbanística. Las siguientes investigaciones más frecuentes que afectan a cargos públicos gallegos son siete por delitos contra el medio ambiente y otras siete por malversación de fondos públicos. Las restantes se refieren a patrimonio histórico, cohecho, delito electoral o cohecho.

Según explicaron desde la Fiscalía gallega, la tipificación de los dos grupos de investigaciones más números abiertas a políticos en Galicia -prevaricación y y delitos contra la ordenación del territorio- podría ir evolucionando en función de las averiguaciones, ya que algunas de las investigaciones todavía están en una fase preliminar.

Balance

Malaya, Gürtel, Palma Arena o Pretoria. Son las tramas urbanísticas más recientes que sacaron a la palestra a alcaldes, ediles, funcionarios, empresarios e incluso presidentes autonómicos. En Galicia, haberlas hailas.

Una de las últimas operaciones contra cargos públicos en la comunidad fue la practicada en el ayuntamiento lucense de Castro de Rei, de apenas 5.800 habitantes. Fue hace un mes cuando la Policía Nacional arrestó al alcalde, el socialista José Díaz Valiño, y a tres concejales -dos del PSdeG y uno de Terra Galega-. La de Castro de Rei es una de las 86 causas abiertas por la Fiscalía gallega a cargos públicos, la mayoría del PP (46) y PSdeG (30). El Bloque está implicado en otros ocho expedientes, Terra Galega en uno y los independientes en otro.

Los datos de la memoria de la Fiscalía del año pasado revelan un descenso de las denuncias de urbanismo en un 31%. La crisis del sector de la construcción, según apuntó el fiscal superior, Carlos Varela, en la presentación de la memoria de 2008 es la principal causa de este descenso en los delitos urbanísticos. Pero además, en 2007 tuvo especial incidencia en el repunte de las denuncias urbanísticas la celebración de las elecciones municipales. Y es que cada vez que se aproxima una cita con las urnas, tal y como reflejan los balances de la Fiscalía, las diligencias en materia de urbanismo se disparan.






* La Opinión A Coruña - R. PRIETO - 28.11.09
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org

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El plan Guadalmedina sigue fuera de cauce

SUR/Málaga* : El veredicto ha llegado y, al contrario de lo que todos esperaban, no es el final, sino el principio de un camino con un destino todavía incierto hasta solventar el principal escollo pendiente en la transformación de Málaga, una vez que la 'cicatriz' de las antiguas vías de la zona oeste ya se encuentra en su fase final de 'curación'. El dictamen del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) sobre la futura integración urbana del cauce del río Guadalmedina a su paso por Málaga -al que ha tenido acceso SUR- plantea nuevas incógnitas que habrá que resolver antes de que se pueda actuar en algún sentido para unir las dos orillas del Centro.

La primera, que marca cualquier posibilidad, es tener claro cuál es la capacidad real de desagüe del cauce, que se ha alterado en los últimos años, por lo que será necesario un nuevo estudio sobre el terreno antes de lanzar un veredicto.
Entre los elementos que el informe -al que el Ayuntamiento, la Junta y el Gobierno han otorgado la última palabra sobre las posibilidades reales de poner en valor este espacio- identifica como posibles obstáculos a la capacidad de evacuación del agua se encuentran las propias obras del encauzamiento, acometido a principios de los 90; la presencia de puentes y la reforma de la desembocadura. Por ello, la entidad dependiente de Fomento reclama un examen exhaustivo que refleje la situación real.
Datos anticuados
La Agencia Andaluza del Agua, entidad dependiente del Gobierno andaluz, encargó al Cedex un estudio para conocer la capacidad del río. Según consta en el documento, los trabajos han recopilado los informes existentes, relativos tanto a la presa de El Limonero como al propio cauce, y bajo el referente de un modelo físico (una réplica a escala del curso bajo) que se llevó a cabo entre los años 1989 a 1992. Son previos, por tanto, a las obras del encauzamiento que existe actualmente. Esta infraestructura, cita el documento, tiene una capacidad teórica para dar salida a unos 600 metros cúbicos por segundo. De ellos, 400 metros cúbicos serían procedentes de la presa de laminación, y otros 200 generados aguas abajo, en los afluentes.
El Cedex llama la atención por la falta de datos actualizados, especialmente tras la reforma: «Hay incertidumbre sobre la capacidad real y efectiva del encauzamiento actual del río a su paso por la ciudad», cita textualmente, y desglosa las causas: «Algunos de los puentes que se contemplaron en los estudios estaban definidos sólo a nivel de proyecto y no hay constancia de si se han construido exactamente de acuerdo a este», argumenta. A su vez, alerta sobre la posibilidad de que algunas actuaciones recientes afecten a la capacidad de evacuación de las avenidas y, especialmente, llama la atención sobre las modificaciones que se han llevado a cabo en la desembocadura, «afectando de manera importante a su capacidad de encauzamiento».
Menos lluvias
Por ello, el Cedex recomienda «estimar nuevamente la capacidad hidráulica teniendo en cuenta la actuación realmente construida y las variaciones registradas en el cauce y en la desembocadura». Para ello, propone el empleo de las técnicas de modelación numérica que han evolucionado mucho desde los anteriores estudios, hace veinte años, sin necesidad de recurrir a un modelo físico mucho más costoso.
Además, se tendrán en cuenta los cambios que hayan tenido lugar en la ocupación del suelo aguas arriba y abajo de la presa de El Limonero; la evolución de las precipitaciones las dos últimas décadas y «las previsiones relativas al régimen pluviométrico en el escenario actual de cambio climático».
En una fase posterior se llevarán a cabo los estudios de la capacidad de desagüe del cauce conforme a las distintas alternativas que se puedan plantear para la integración urbana del río Guadalmedina a su paso por la capital. Las fuentes consultadas expusieron que este nuevo documento podría estar concluido en verano del próximo año.
En conclusión, el documento considera que las actuaciones, ya sean de corte duro -un posible embovedado para utilizar el espacio como viario y para el montaje de infraestructuras de comunicaciones- o blando, con usos ciudadanos en el cauce pero sin alterarlo, dependerán, de una parte, de la capacidad de crear un recorrido alternativo para el agua con capacidad suficiente para una eventual avenida; y de otra, de la probabilidad de que haya riesgo de inundaciones que no se puedan gestionar sólo con la presa de El Limonero.
SUR consultó ayer sobre estos aspectos a Juan Paniagua, director general de la Agencia Andaluza del Agua, la entidad que solicitó el informe a este organismo. A su juicio, es un primer estudio que servirá como base para profundizar en el conocimiento de las posibilidades reales. «A partir de aquí le hemos encargado al Cedex que nos diga cuál es la situación actual, cuál es el caudal real del río, tanto de la presa como de los afluentes, porque la meteorología y las circunstancias han cambiado en los últimos veinte años», comentó.
Estudio de alternativas
El máximo responsable de aguas de Andalucía mostró su compromiso con la búsqueda de alternativas «para que el río no sea un obstáculo urbano y se pueda incorporar a la ciudad», y para ello indicó que los presupuestos de la Junta destinarán 300.000 euros para impulsar este análisis. «Vamos a acelerar al máximo el informe técnico, para posteriormente hacer una valoración conjunta con el Ayuntamiento y ver cuál sería la mejor opción de entre las posibles. Se estudiará el presupuesto y pediremos la implicación tanto del Ayuntamiento como del Gobierno central para poner en uso el Guadalmedina».








* SUR - 27.11.09 - IGNACIO LILLO
Foto: Málaga, rio Guadalmedina - sur.es

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El fiscal descarta delitos penales en Ribalta pero halla ´irregularidades´ que analizará el TSJ

LEVANTE/Castelló* : La resolución de la Fiscalía que archiva las diligencias penales por el paso del trolebús por el parque Ribalta considera que no hay suficientes indicios de delito pero advierte que éstos sí se producirían en el caso de que no se cumplieran las actuaciones arqueológicas previas al inicio de las obras.

A pesar de no abrir la vía penal, la fiscal advierte que sí se han detectado "irregularidades de índole formal" que están siendo examinadas por el Tribunal Superior de Justicia debido a un recurso contencioso-administrativo interpuesto por el grupo municipal socialista.
Además, la Fiscalía subraya que el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) constató que la conselleria sí ha realizado catas arqueológicas en el "paseo de carros" del parque, pero aún no ha cumplido la exigencia de excavar en "la zona de La Farola donde se encuentran la vieja muralla carlista y el refugio de la Guerra Civil".
A este respecto, la resolución del fiscal establece que antes de iniciar cualquier obra en el parque será "procedente" que ya esté "realizado" el plan de acción conjunta del ayuntamiento y la Conselleria de Cultura para cumplir las condiciones de mejora del parque exigidas por Patrimonio, entre las cuales destacan la reforestación, la peatonalización de viales adyacentes, las excavaciones arqueológicas de La Farola y el estudio y reducción del tráfico circundante.
La Fiscalía da por hecho que las obras de Ribalta aún no han comenzado, dado que la Conselleria de Infraestructuras le informó de que los trabajos en el paseo central del parque Ribalta "no se han iniciado" y el inicio de ejecución "está previsto para finales de noviembre de este año".
A pesar de las afirmaciones de la Fiscalía, no pasa desapercibido que la conselleria comenzó las obras el pasado 26 de abril tal como anunció públicamente el propio Consell y como evidencian las imágenes fotográficas. De hecho, Infraestructuras forzó la máquina para iniciar la obra antes del 30 de abril porque de lo contrario habría expirado el permiso de la Dirección General de Patrimonio para actuar en el parque.
De un modo u otro, el fiscal destaca que resulta "lógico y procedente" que dicho plan "estuviera realizado cuanto menos al darse el inicio de las obras y careciendo de finalidad que se realizara en un momento posterior".
Sin embargo, la resolución considera que la obra podría ejecutarse incluso en zona verde al ser "considerada de interés general". Asimismo, recuerda que los cinco informes desfavorables de organismos consultivos (Consell Valencià de Cultura, la Academia de Bellas Artes de San Carlos, la Universitat de València, la Universitat Politécnica y la Universitat Jaume I de Castelló) no son de "carácter vinculante".
El decreto también "comparte la inquietud" por el hecho de que el proyecto fuera licitado y adjudicado antes del preceptivo informe de Cultura, aunque matiza que se trata de una cuestión que "en todo caso puede tener transcendencia en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa". A fecha de hoy, el fiscal no descarta que el proyecto del trolebús en Ribalta sea irregular, pero aún así entiende que tales hechos no implican un delito penal.







* Levante-EMV - NACHO MARTÍN - 27.11.09
Foto: Castelló, parque Ribalta - levante-emv.com

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Tres ex concejales de Firgas, acusados de prevaricar

CANARIASAHORA/Gran Canaria* : Fiscalía pide 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público para los ex ediles y 12 años de inhabilitación para el ex alcalde, que no asistió al juicio por problemas de salud. Los ex concejales del Ayuntamiento de Firgas (Gran Canaria) Alfonso Marrero Marrero, José Manuel Marrero Navarro y Asunción Nuez Arencibia, entonces del Centro Canario (CCN), acusados de un presunto delito continuado de prevaricación urbanística cometido en el año 1994, alegaron este miércoles que eran "prácticamente unos mandados" y hacían lo que el ex alcalde Francisco Ponce Gil les "decía".

Así lo manifestaron los tres ex ediles durante el juicio celebrado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, al que no pudo asistir el ex regidor, de 77 años de edad y también imputado por el mismo supuesto delito en la causa, por problemas de salud.

La Fiscalía solicita en su escrito de conclusiones provisionales imponer a Ponce la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de doce años y para los entonces concejales Asunción Nuez Arencibia, José Manuel Marrero Navarro y Alfonso Marrero Marrero solicita inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez años por otorgar sendas licencias urbanísticas a viviendas unifamiliares, a pesar de los informes técnicos y jurídicos desfavorables. Sin embargo, la defensa pide la libre absolución para sus clientes.

El que fuera primer edil Francisco Ponce fue condenado por sentencia de 10 de enero de 2002 a la pena de 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público como autor de un delito de prevaricación.

Normas anuladas del Plan de Ordenación del municipio

Según el escrito del Ministerio Público, en virtud del acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias de 14 de diciembre de 1990 fueron definitivamente aprobadas las normas subsidiarias del planeamiento municipal de Firgas, contra las cuales presentaron recursos de reposición en vía administrativa entre otros el Ayuntamiento de Firgas, ya entonces presidido por el alcalde Francisco Ponce, recursos que fueron parcialmente estimados mediante otro acuerdo de la comisión de 5 de julio de 1991.

Interpuesto recurso contencioso administrativo contra ambos actos y siendo parte el Consistorio, que se personó en el trámite de conclusiones alegando su inadmisibilidad, la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de 28 de julio de 1993 anuló ambos acuerdos por ser contrarios al ordenamiento jurídico.

Además, mediante auto de 16 de mayo de 1994 la misma sala ordenó ejecutar provisionalmente dicha sentencia, pese a la oposición del Ayuntamiento para impedir el desarrollo urbanístico conforme a las normas anuladas, al estimar que causaría a la entidad local demandada y a los particulares afectados mayores perjuicios que los derivados de la suspensión de la aplicabilidad de las normas anuladas.

El 18 de julio de 1994 el director general de Urbanismo del Gobierno de Canarias remitió escrito dirigido al entonces alcalde de Firgas requiriéndole para que la corporación se abstuviera de conceder licencias de obras en suelos clasificados como urbanos en las normas anuladas, limitándose a concederlas exclusivamente a los delimitados en 1974 y según el procedimiento legal, cumpliendo, entre otros, el informe preceptivo de dicho centro directivo en todos los proyectos para los que se solicitase licencia municipal de obras y debiendo acompañar el promotor, entre otros el visto bueno del técnico municipal.

Sin embargo, el día 2 de diciembre de 1994 se reunió en sesión ordinaria la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Firgas, a la que asistió Ponce y los entonces tenientes de alcalde Alfonso Marrero, José Manuel Marrero y Asunción Nuez, además del ex secretario municipal sin facultad de participar en la toma de decisiones.

Informes desfavorables

En dicha sesión se decidió otorgar sendas licencias urbanísticas para la construcción de viviendas unifamiliares, a pesar de los informes desfavorables del secretario del Ayuntamiento y de la oficina técnica municipal evacuados respectivamente en los expedientes urbanísticos municipales tramitados con carácter previo al otorgamiento de las licencias solicitadas.

La acusación pública insiste en que en ambos casos el fundamento de los informes desfavorables del secretario y del técnico municipal fue que habiendo quedado anuladas las normas subsidiarias del planeamiento de Firgas por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el suelo donde se solicitaba autorización para construir tenía la consideración de suelo rústico.

Por ello, los dos empleados municipales alertaron de que el Ayuntamiento no podía otorgar la licencia sin la previa autorización de la obra por la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias.

''Yo ignoraba lo que firmaba''

En cambio, el entonces concejal Alfonso Marrero argumentó este miércoles durante el juicio que "no tenía conocimiento de que las normas subsidiarias hubieran sido anuladas por el TSJC" y "firmaba todo lo que el alcalde decía".

Además, admitió que "ignoraba lo que firmaba". "Sinceramente nosotros no teníamos ni idea de cuestiones de medioambiente y no teníamos conocimiento de nada sino que hacíamos y votábamos lo que el alcalde decía", alegó Marrero, que dijo no recordar su presencia en la comisión de gobierno que aprobó la concesión de dos licencias urbanísticas porque "hace 15 años que ocurrió".

"Votábamos inconscientemente. Yo no sabía lo que firmaba porque tenía una tonga de expedientes en la mesa. A mí me ponían los expedientes delante y yo firmaba y eso era lo que se hacía en aquella época", aseveró, al tiempo que dijo no recordar que fue presidente de la comisión informativa de Urbanismo. "Nosotros éramos prácticamente unos mandaos, unos ignorantes y prácticamente no nos enterábamos de nada", reconoció.

''Había informes que no se leían''

Por su parte, el ex concejal José Manuel Marrero, indicó que "había informes que no se leían" y puede que "igual los de las licencias otorgadas fueran de las que no se leyeron en la comisión de gobierno". "No fuimos informados de la sentencia de las normas subsidiarias y yo no lo conocía", reiteró.

"Por el volumen de trabajo no se leían todos los expedientes, sino que se votaba lo que decía el alcalde", destacó Marrero.

En los mismos términos se expresó Asunción Nuez Arencibia, que también dijo que no conocía la sentencia del TSJC que anulaba las normas subsidiarias ni recuerda que votara a favor de las licencias urbanísticas concedidas por el Consistorio. "No me acuerdo de eso, yo no llevaba obras y no estaba pendiente de eso. Se leían algunos de los informes pero no todos", sentenció.








* Canarias Ahora - E.P. - 27.11.09
Foto: Firgas (Gran Canaria) - infoNorte

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Oleiros: El plan general ya acumula treinta recursos judiciales

LAOPINIÓn/A Coruña* : Los contenciosos los presentan particulares, empresas, una fundación, una promotora, un colegio y una organizadora de bodas. El pasado mes de junio se presentaban los primeros recursos y a día de ayer la cifra alcanza la treinta. Todas estas impugnaciones, que aún pueden seguir sumando, se han efectuado contra el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Oleiros, aprobado parcialmente el pasado mes de abril.

La mayor parte de los recursos judiciales han sido presentados por vecinos particulares. De hecho existen más recurrentes que recursos pues en muchos casos un sólo recurso ha sido presentado por varias personas.

Una de estas impugnaciones, en concreto, la firman quince vecinos. Mediante la unión de afectados que están en las mismas circunstancias logran que la causa judicial no les resulte tan costosa, al repartirse entre varios los gastos de representación de abogado y procurador.

Entre los que se consideran afectados por las disposiciones del PXOM oleirense también figuran empresas, una fundación, un colegio y hasta una entidad que organiza bodas.

El último recurso presentado hasta ahora contra el plan de Oleiros corresponde a una promotora, Aparanda Promociones. También han impugnado el nuevo planeamiento responsables de la Quinta Canaima, la hermosa villa con un caserón de diseño vanguardista del siglo XX que está a muy pocos metros de la Casa Consistorial.

Esta finca hace años que se alquila para realizar fundamentalmente bodas (tiene capacidad para 250 invitados), aunque también acoge otro tipo de eventos como congresos. Esta finca singular tiene unos 6.000 metros cuadrados y se gestiona mediante una sociedad anónima.

Hijas de Cristo Rey, la entidad religiosa que gestiona un centro educativo en O Carballo, también ha impugnado el Plan Xeral de Ordenación Municipal.

Otra entidad que ha recurrido el planeamiento urbano de Oleiros es la Fundación Juana de Vega, que tiene su sede en un edificio en A Carballeira en Nós y en cuyo patronato figuran entre otros los hermanos Vicente y José María Arias, del Banco Pastor, así como el ex rector de la Universidade de Santiago de Compostela, Ramón Villares; y el empresario Juan Fernández Arévalo.

Esta entidad ya presentó varias alegaciones cuando el PXOM estaba en exposición pública. En este caso y en la mayoría de los que recurren el planeamiento el desacuerdo se produce por la clasificación urbanística del suelo.

El Tribunal Superior de Xustiza Galicia publica desde el pasado mes de agosto en el Diario Oficial de Galicia la presentación de cada uno de los recursos con el fin de que sirvan para emplazar a las personas que tengan derecho o interés legítimo en estos procesos judiciales y puedan comparecer así de forma legal en el plazo de noventa días.

En la fase de exposición pública el PXOM registró un total de 1.278 alegaciones.







* La Opinión A Coruña - MARTA VILLAR - 26.11.09
Foto: Oleiros (A Coruña), ayuntamiento - vecinosdeoleiros.es

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Un Cabanyal vivito y coleando

ELPAÍS/Valencia* : El Cabanyal está vivito y coleando pese a los planes de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá de partirlo por la mitad. El colectivo Salvem el Cabanyal presentó ayer en la antigua fábrica de hielo del barrio los contenidos y actividades de la 11ª edición de Portes Obertes, que arranca este sábado y se prolongará durante un mes.

Maneres de viure es el lema de esta edición, que mostrará por primera vez los planos de la Lonja de Pescadores, que cumple 100 años, y de muchas de las casas del barrio. También se mostrará parte del archivo Gonsálvez-Romaní, los arquitectos que levantaron gran parte de este barrio de pescadores en la primera mitad del siglo XX y ofrecerá la visión de varios jóvenes arquitectos sobre cómo rehabilitar el barrio sin destruirlo.

Maribel Domènech, portavoz de Salvem, subrayó que en El Cabanyal hay toda una forma de vida y una arquitectura que vale la pena salvar. El colectivo, que lleva 11 años defendiendo el barrio ante la amenaza de la piqueta, se mostró ayer esperanzado con el informe que debe hacer el Ministerio de Cultura. Esperan que este documento, todavía en proceso de elaboración, dictamine que los derribos de casas son un expolio del patrimonio y que el plan de prolongar Blasco Ibáñez a través del barrio quede en papel mojado.

En este sentido, Salvem lamentó ayer que este año se hayan derribado 96 edificios entre la zona de San Pedro y la calle de la Barraca, inmuebles adquiridos por el Ayuntamiento y que han sido tirados abajo a pesar de que no existe ningún proyecto constructivo en ejecución. "Ha sido una demostración de poder. Estos derribos han ocasionado pérdidas incalculables", agregó Domènech.

En la fábrica de hielo del Marítimo ya se han instalado cuatro grandes pantallas donde se proyectarán imágenes de los interiores de las casas -en toda la zona hay más de 1.600- o la planimetría de la Lonja de Pescadores, también afectada por el plan. En otro rincón se exhibirá material audiovisual sobre la trayectoria de Salvem y se venderá un catálogo sobre Cases del Cabanyal, con instantáneas de 14 fotógrafos.








* ELPAIS.com - C. VÁZQUEZ - Valencia - 27/11/2009
Foto: Los organizadores presentan esta edición con la maqueta de la avenida Blasco Ibáñez prolongada a costa de El Cabanyal.- SANTIAGO CARREGUÍ, elpais.com

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Badajoz, el cubo y lo legal como catastrófico

LACRÓNICADEBADAJOZ* : Varios cientos de personas se manifestaron en la tarde de ayer en Badajoz contra el derribo del cubo, el edificio de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación enclavado en la alcazaba de la ciudad. Al final del acto se leyó un manifiesto en el que se defendió el edificio porque ha venido a contribuir a la rehabilitación del casco antiguo...

...porque su derribo supondría desandar el camino iniciado en orden a la revitalización del centro de la ciudad; porque no implicaría, en sentido estricto, cumplir la sentencia del Tribunal Supremo, que ordena reponer la alcazaba en el estado en que se encontraba con anterioridad a la construcción del cubo; y porque acometer la demolición supondría incurrir en un gasto elevado. Son argumentos cercanos al sentido común que cualquier ciudadano suscribiría sin reparos.

Sin embargo, el objetivo de la concentración de ayer en Badajoz no ha sido solo la defensa del cubo, sino el intencionado olvido de que a esta situación se ha llegado porque años atrás hubo políticos que, a la vista está, actuaron sin atenerse a las normas: el director general de Patrimonio Francisco Pérez Urban; el consejero de Cultura Francisco Muñoz Ramírez y la concejala de urbanismo Cristina Herrera. Y en este aspecto, la concentración de ayer ha sido una gran oportunidad perdida para exigir responsabilidades por el trabajo mal hecho. Un trabajo que le puede costar a la ciudad o a la Administración regional --a los ciudadanos, en definitiva--, como mínimo 13 millones de euros, y que para los autores del manifiesto no merece más que el comentario de que "pueden haberse cometido errores en el proceso". ¿Errores? ¿Es a lo que se dedica el Supremo, a juzgar errores?

La manifestación de ayer tuvo una tercera intención: presionar --"exigencia" ha sido el concepto empleado-- a Amigos de Badajoz, a los que exactamente se les ha tachado de insensatos, de irreflexivos, y de actuar con empecinamiento y soberbia. Esa, como mínimo, desconsideración hacia quienes están respaldados nada menos que por el Supremo es especialmente grave, porque en este asunto, pese a quien pese y con independencia de que habría que invertir el tiempo y los esfuerzos que fueran necesarios para evitar el derribo del cubo, la asociación Amigos de Badajoz encarna al Estado de Derecho del que seguramente todos los manifestantes se consideran devotos, sin caer en la cuenta de que intentar desacreditar a Amigos de Badajoz es intentar desacreditar al Supremo. Lo legal no puede ser en ningún caso catastrófico en una sociedad democrática, en contra de lo que se dijo ayer en Badajoz.

La manifestación significa que queda mucho por hacer en orden a arreglar este hondo conflicto; en orden a defender la legalidad; en orden a asumir responsabilidades; en orden a defender el patrimonio. También el patrimonio social, el desarrollo del casco antiguo, el desarrollo de la Universidad. Que es lo que importa. Pero falta el método. Y las actitudes. La presión, la descalificación, ponen en peligro todo lo que es necesario preservar y mantener. No se hará con pancartas ni con manifestaciones. Sobran los manifiestos (¿acaso hoy el cubo está más a salvo que ayer?) y falta capacidad y generosidad para sentarse a una mesa y acordar cómo hacer para que Badajoz, --no la alcazaba, sino la ciudad en su conjunto--, salga de todo esto con el menor daño posible.








* La Crónica de Badajoz - Editorial - 27.11.09
Foto: Badajoz, el Cubo - elperiodicoextremadura.com

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Málaga: Teconsa obvió la obligación de informar que subcontrataba

ELPAÍS* : No habrá comisión de investigación en el Ayuntamiento de Málaga sobre el caso Teconsa, el pago de certificaciones de obra a la constructora por un importe seis veces superior a lo realmente ejecutado, que sí ha dado pie a la apertura de diligencias penales en un juzgado por presunta falsedad en documento mercantil y estafa.

El PP alegó ayer la existencia de este procedimiento y la inconveniencia de abrir "investigaciones paralelas" para votar contra la propuesta del PSOE, respaldada por IU.

Ello pese a que en el mismo debate plenario se evidenciaron nuevas irregularidades. Por ejemplo, el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, reconoció que Teconsa no cumplió con la obligación legal de comunicar al Ayuntamiento que subcontrataba parte de los trabajos que le habían sido contratados. La normativa contempla que la administración adjudicadora debe no sólo conocer, sino autorizar las subcontratas. Según Díaz Guirado, el consistorio ha abierto un expediente sancionador a la compañía que está en suspensión de pagos.
Dudas no resueltas

Además, el portavoz del PSOE, Rafael Fuentes, acusó al equipo de gobierno de "manipular" el expediente, porque el que fue entregado el pasado lunes a la oposición no estaba foliado, y el que se aportó ayer sí. Fuentes dijo que es "preciso que los malagueños sepan como se ha empleado su dinero" y que la investigación municipal para depurar responsabilidades políticas no tiene nada que ver con la del juzgado. Señaló que el equipo de gobierno que preside Francisco de la Torre "tiene mucho que tapar" y se quejó del tiempo que ha tardado, más de un mes, en facilitar el acceso al expediente a la oposición.

El portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes, consideró que "hay muchas dudas no resueltas" que el equipo de Gobierno tiene que aclarar. Según la denuncia de una de las subcontratas, el Ayuntamiento pagó a Teconsa 444.927 euros por certificaciones de las obras de construcción de la carretera Azucarera-Intelhorce cuando los trabajos realizados apenas costaron 86.385 euros. Además, la constructoras, implicada en la trama del caso Gürtel, no abonó ni un solo euro a las subcontratas entre abril y agosto. El Ayuntamiento resolvió el contrato con Teconsa a finales de octubre porque las obras estaban paradas desde agosto y se incautó de la fianza de 188.000 euros. Las obras de la carretera Azucarera-Intelhorce están presupuestadas en 4,3 millones de euros.








* ELPAIS.com - D. N. - Málaga - 27/11/2009
Foto: Málaga, obras entrada Azucarera - malagahoy.es

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Elche: El Consell rechaza una recalificación de más de 200.000 m2 en La Marina

INFORMACIÓN/Alicante* : Un informe de la Dirección General de Gestión del Medio Natural ha sido el que ha considerado "no aceptable" la recalificación de unos 200.000 metros cuadrados de suelo no urbanizable en urbanizable a la entrada al casco urbano de la pedanía de La Marina, que aprobó el Ayuntamiento de Elche en un pleno, en enero de 2002, con el único voto en contra de la concejal de Compromís, Ángeles Candela, entonces en la oposición y en la actualidad formando parte del equipo de gobierno con el PSOE.

El plan permitía a la empresa Perfect Investment la construcción de viviendas unifamiliares en parcelas de 250 metros cuadrados, en lo que hasta ese momento era suelo rústico.
Mientras un informe técnico municipal, adjuntado al plan de recalificación, señalaba que en La Marina, "de los once sectores delimitados, siete de ellos han iniciado la programación, encontrándose en diferentes fases de la misma"; la Generalitat ha puesto en evidencia que, en realidad, "existen seis sectores de suelo urbanizable por desarrollar, por lo que se entiende que esta reclasificación no obedece a una necesidad urgente e inaplazable o a un interés general que justifique la necesidad real de esta reclasificación".
Además, en la Declaración de Impacto Ambiental se considera que "el emplazamiento no se considera apto para el uso residencial", por el impacto paisajístico que introduce en el parque natural de Las Salinas, así como que la existencia de viviendas en esa zona, "construidas al margen de la legalidad, no justifica el desarrollo de este sector".
El informe negativo de la Conselleria de Medio Ambiente se ha producido casi ocho años después de su aprobación por parte del Ayuntamiento, un 28 de enero de 2002. La recalificación de suelo en esta zona de la costa, bajo el proyecto denominado "Esmeralda", fue objeto de polémica al ser cuestionado por la concejal de EU entonces, hoy de Compromís. Ángeles Candela no ocultaba ayer su asombro porque la Generalitat hay visto impacto, que la edil entiende que lo hay, en este sector y no lo haya considerado con el MR-9, construido junto a Las Salinas, en el perímetro de protección.
El tiempo transcurrido "no debería ser normal, porque esa dilación en el tiempo mantiene unas expectativas, y, en urbanismo, las expectativas deben ser las menos posibles. No debería ser normal, aunque estamos acostumbrados a que la Administración autonómica dilate los plazos". Candela entiende que "si en este caso hay impacto ambiental, estando alejado del parque de Las Salinas, cómo no va a haberlo en el sector MR-9, que está en Las Salinas".
La concejal de Compromís recordó que en 2002 el PSOE, con Diego Maciá gobernando con mayoría absoluta, planteó una recalificación de suelo en La Marina, "cuando no se había aprobado ningún sector de suelo urbanizable. No había justificación, porque había suelo, y nos parecía un proyecto a medida, un ejemplo de urbanismo a la carta".








* Información - M. SABUCO - 26.11.09
Foto: La zona en la que se requería recalificar suelo está en la entrada al casco urbano de La Marina desde Elche - DIEGO FOTÓGRAFOS, diarioinformacion.com

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Cesta de la insostenibilidad para el Presidente de Castilla-La Mancha

Ecologistas en Acción* ha entregado al Presidente de la Junta de Comunidades, D. José María Barreda, la “Cesta de la Insostenibilidad” un conjunto de regalos seleccionados a lo largo y ancho de Castilla-La Mancha y que son reflejo de las actuaciones que están deteriorando el medio ambiente y que deben ser objeto de reconsideración.

Con este regalo Ecologistas en Acción quiere llamar la atención sobre la insostenible situación del medio ambiente de Castilla-La Mancha y reclamar al Presidente de la JCCM que reflexione sobre ella y dé un giro de 180º en su política ambiental.

Ecologistas en Acción mantiene su oferta de diálogo y participación con la Junta y a recobrar, siempre que se planteen contenidos concretos, la relación con la Presidencia y la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, hoy día muy deteriorada por la falta de interés del Gobierno Regional.

La “Cesta de la Insostenibilidad lote de productos Castilla-La Mancha gran selección situación ambiental” contiene los siguientes regalos.

1.- Un kit de ladrillos de varias calidades, para continuar con el desarrollo urbanístico ejemplar que ha dejado plasmado nuestro Gobierno regional.

2.- Tubos de riego, para continuar con la política insostenible de regadíos, que sólo consumen entre el 80 y el 90 % del agua de la región.

3.- Una muestra de asfalto de los miles de kilómetros de autovías que el Gobierno regional promueve contribuyendo a la fragmentación del territorio y con un impacto ambiental muy negativo sobre el patrimonio natural y en el cambio climático.

4.- Una bolsa del mejor aire contaminado de la región para contribuir al loable objetivo de aumentar en 5.000.000 de tn las emisiones de gases de efecto invernadero que prevé la Estrategia regional de desarrollo energético.

5.- Selección de áridos de las mejores graveras extractivas fluviales de la región (riberas del Henares, del Tajo y del Jarama).

6.- Un envase retornable y retornado de agua del Tajo que el Señor Barreda contribuyó a enviar para salvar las Tablas de Daimiel.

7.- Un cartucho para que pueda cazar intensivamente en cualquier finca vallada ilegalmente y poder seguir manteniendo la irresponsable política cinegética en Castilla-La Mancha

8.-Una garrafa de selectos productos procedentes de incineradoras y cementeras: dioxinas, furanos, mercurios, pcbs, etc.

9.- Pilas y bombillas para garantizar la apuesta del gobierno regional por el ahorro y la eficiencia energética

10.- Una botella de aguas residuales sin depurar procedente de cualquier pueblo de la región.

11.- Una caja de cerillas, para que el fuego del campo militar de chinchilla y otros no dejen de arder.

12.- Un kit de golf para dos personas, para disfrutar de cualquiera de las decenas de campos de golf aprobados por el Gobierno regional

13.- Un fabuloso kit de aviones patrocinados por CCM para los aeropuertos de Ciudad Real y Albacete.

14.- Un avión militar de la OTAN, procedente de la base aérea de Albacete para que los pilotos militares puedan realizar sus prácticas.

15.- Un fabuloso manual para que aprenda lo que son los transgénicos.

16.- Un tríptico informativo sobre el cementerio nuclear que se planea ubicar en la provincia de Guadalajara.

17.- Una bolsa de basura para que sea gestionada convenientemente en cualquiera de las eficientes plantas de tratamiento de la región.

18.- Unas gafas graduadas para que el Sr. Barreda vea la verdadera situación ambiental de Castilla-La Mancha.









* Ecologistas en Acción de Castilla - La Mancha - 24.11.09

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Urbanismo no ejecuta cinco fallos de demolición en Ifara

LAOPINIÓN/Tenerife* : La Gerencia de Urbanismo deshoja la margarita con respecto a cinco sentencias firmes que apuntan a derribos en mayor o menor grado en otros tantos inmuebles situados en Ifara y Residencial Anaga. La lentitud en ejecutar estos fallos contrasta con la rapidez con la que se llevó a cabo el verano de 2007 el derribo de la conocida como casa roja en Residencial Anaga. Así lo denunció ayer la Plataforma vecinal creada para oponerse a la aprobación del actual Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz.

El abogado de esta Plataforma, Felipe Campos, señala que, curiosamente, en dos de los casos los propietarios de las viviendas son familiares de los redactores del planeamiento, "lo que viene a demostrar que efectivamente, aquí se utiliza el Plan General para intentar legalizar lo que hasta ayer era ilegal".

Llamativo resulta el caso de uno de los chalets sobre el que en el año 2005 el Juzgado número 2 de lo contencioso-administrativo emitió una sentencia por medio de la cual ordenaba que se anulara la inactividad administrativa de la Gerencia de Urbanismo para actuar con el fin de "restablecer la legalidad" en este inmueble.

Legalidad. Por ello, se instaba a Urbanismo para que procediese lo antes posible a comprobar "la legalidad urbanística" de la edificación construida en la parcela número 19 de Centro Residencial Anaga, "sin prejuzgar su resultado". El recurso había sido presentado por la Adminstradora Patrimonial Radazul SL contra Urbanismo, al considerar que no estaba cumpliendo con su obligación de restablecer el orden jurídico "perturbado" por esta construcción. Los demandantes pedían que se hiciera cumplir la obligación del propietario de demoler el volumen realizado fuera de ordenación, "imponiéndose la sanción que corresponda por la infracción urbanística, suspendiéndose mientras tanto, la eficacia de la licencia de obra y paralización inmediata de las actuaciones".

En su momento los recurrentes habían presentado una denuncia de infracción urbanística contra la propiedad de la parcela por determinados incumplimientos de la normativa aplicable y solicitaron la protección de la legalidad y el restablecimiento del orden jurídico perturbado.

Según se considera probado ahora por esta sentencia la Gerencia de Urbanismo reconoció en diversos informes que había ilegalidades pero ignoró la denuncia. También se probó que pese a que las obras eran ilegales, "la Administración permanece inactiva y hace dejación de sus potestades de protección de la legalidad urbanística que son de ejercicio inexcusable e irrenunciables". Por ello, el Juzgado obligaba al Ayuntamiento a actuar de inmediato para aplicar la normativa en la edificación de las parcelas de esta ladera.

Dos años para derribar 5 metros

Caso paradigmático de lo que ocurre en Residencial Anaga es la sentencia firme del Tribunal Supremo (TS) que obliga al derribo de cinco metros del edificio La Ninfa. Dos años después de dictarse, se ha hecho lo posible e imposible para no darle cumplimiento. Y ha sido así hasta tal punto que, en la actualidad, el Juzgado de Instrucción número 3 ha imputado al anterior concejal de Urbanismo, Manuel Parejo y al de Obras, Norberto Plasencia por incumplir el sentido de aquella sentencia. En concreto, mientras el fallo del TS era claro al apuntar el derribo de cinco metros de este edificio por invadir el aparcamiento, finalmente el Ayuntamiento hizo una interpretación muy particular del fallo y procedió a cederle unos metros más al edificio o, lo que es lo mismo, a falsear la parcela sobre la que se levanta, en palabras de la Plataforma encabezada por Felipe Campos. El TS rechazó el recurso de casación interpuesto en su momento por Urbanismo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que ordenaba esta demolición y que databa de diez años antes. Aunque el fallo es contundente también en un momento dado la Sala admite que no se les escapa "la posible dificultad técnica" de la demolición y por ello pide al Ayuntamiento que través de su servicio técnico presente al Tribunal un proyecto de demolición, con especificaciones sobre la forma de realizarla y alcance y efectos que desde el punto de vista de la estructura del edificio pudiera tener. "Para una vez examinado se acuerde lo procedente en cuanto a la mencionada ejecución". Durante años se produjo un baile de cifras sobre los metros que estaban afectados y que oscilaban desde los diez hasta los dos, pasando por cinco que fue la cifra que finalmente dio por válida el TS tras realizar un peritaje. El Supremo descartó que se le había causado indefensión a Urbanismo y además condenó a este organismo al pago de tres mil euros.







* La Opinión Tenerife - NOÉ RAMÓN - 26.11.09
Foto: Edificio La Ninfa en Ifara sobre el que hay una sentencia firme del Tribunal Supremo sin ejecutar para demoler parte de su estructura. José luis gonzález, laopinion.es

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El TSJ anula por segunda vez el PAI Mestrets por cargar a los vecinos con7 obras de interés general

LEVANTE/Castelló* : Una segunda sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) anula el programa urbanístico de Mestrets por cargar injusta e ilegalmente a los vecinos con las cargas con el coste de obtener suelo para construir 4.500 viviendas protegidas, el Centre de Convencions de Santiago Calatrava, la Universidad Internacional Valenciana (VIU), la Ciudad Deportiva de Castelló (unión del polideportivo Chencho con el Sindical), la ronda oeste de circunvalación y el encauzamiento de los barrancos del Sol y de Els Canters.

Así lo confirmaron ayer fuentes del TSJ un año después de que el propio tribunal valenciano anulara la modificación número 6 del Plan General de Ordenación Urbana de Castelló que contempla el PAI Mestrets, con el cual el ayuntamiento y el Consell prevén desalojar de sus viviendas a 40 familias del Camí dels Mestrets. Pese a ello, el ayuntamiento y el Consell mantienen su intención de recurrir al Supremo y acogerse al derecho de ejecutar el PAI mientras el alto tribunal emite la sentencia definitiva.
Por lo pronto, los magistrados ratifican la primera sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo y la hacen extensible al PAI al considerar se pretendía financiar a costa de los propietarios afectados los terrenos de siete proyectos "que sirven y redundan en beneficio de todo el término municipal de Castelló, por tanto de interés general de la ciudad". En suma, la inversión de los proyectos afectados superaría los 100 millones de euros.
El fallo judicial también da la razón a los vecinos respecto a las cargas de los barrancos del Sol y Els Canters y concluye que el ayuntamiento y el Consell no pueden obligar a los vecinos a pagar dos encauzamientos que se valoran en más de 4,6 millones de euros.
Además, el tribunal advierte que no consta la autorización preceptiva para encauzar los barrancos y que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) denegó el permiso porque el vertido de los dos barrancos al encauzamiento del río Seco supondría un riesgo desbordamiento ante la falta de capacidad y "se considera incompatible el proyecto presentado con el encauzamiento del río Seco". A este respecto, la nueva sentencia subraya que debió "considerarse determinante la existencia del informe desfavorable del Organismo competente para haber dejado de aprobar definitivamente la modificación ahora impugnada", y por lo tanto el PAI Mestrets que depende de ella.
El fallo judicial emitido el pasado 6 de noviembre -tras seis años de movilizaciones vecinales- no hace más que ampliar y ratificar los argumentos de la sentencia de octubre de 2008, que ya advertía que el plan grava injustamente a los vecinos.







* Levante-EMV - NACHO MARTÍN - 26.11.09
Foto: Los vecinos de Mestrets han protagonizado protestas durante los últimos seis años en cada pleno del ayuntamiento. vicent gamir, levante-emv.com

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