Carreño: El ocaso anunciado de Perlora

LNE/Asturias* : El ocaso de Perlora comenzó años atrás, cuando los vecinos y los trabajadores pelearon por que la Ciudad de Vacaciones no desapareciera como tal, pero de nada sirvió su lucha ni su oposición al derribo de la residencia, en diciembre de 2005. Ahora la historia se repite -está por ver si la lucha sirve para algo- después de años de trámites, concursos y adjudicaciones, que han llevado a que sea una sociedad -con participación regional- la que decida el futuro de Perlora.

Las intenciones de las adjudicatarias de eliminar la práctica totalidad de las villas tradicionales (son 273 y se habla de que la demolición afectaría a más de 260) que pueblan el complejo turístico ha chocado con el rechazo de los vecinos y buena parte de los grupos políticos.

Desde Carreño se afanan en recordar que las villas son la génesis de la residencia y desde el Ayuntamiento los partidos ya han recordado que su derribo supone saltarse las bases del concurso de explotación que las empresas ganaron hace año y medio con una oferta en la que se respetaba la fisonomía y composición del complejo. De momento, el documento que ha presentado la sociedad para tramitar el plan especial de reforma del área de Perlora ha sido frenado por la Comisión de Urbanismo de Carreño.

Con todo, las empresas no cuentan para avalar su propuesta de derribo con la excusa del mal estado de los chalés. Las villas que estaban en mal estado fueron restauradas en 2004 por integrantes del taller de empleo que operaba dentro del complejo vacacional. No están cuantificadas, e incluso muchas quedaron por arreglar, pero aún hoy se pueden encontrar multitud de construcciones del lugar en cuya entrada se encuentra una placa que aclara que los edificios fueron restaurados por la escuela taller de Perlora. En esta operación intervino la Consejería de Educación y Ciencia, con la colaboración del fondo social europeo, en el año 2004. Incluso en el 2007, con la residencia ya clausurada por el Principado, la escuela seguía realizando labores de mantenimiento y restauración.

Ese último año, desde la dirección del centro se señaló que en su última etapa se llevaba a cabo el mantenimiento de algunos chalés, e incluso la edificación íntegra de uno de ellos, incluidos sus cimientos, como práctica profesional de los alumnos. Se indicaba, además, que aún quedaban muchas viviendas pendientes de rehabilitar dentro de las instalaciones pero que debían renovarse antes de que entrase en funcionamiento la explotación privada del complejo vacacional.

El caso es que la intención de la empresa privada va en otra dirección, y sus planes pasan por dejar apenas unas cuantas villas en pie, dentro de una misma manzana, a la entrada de la residencia, «como memoria viva de los tipos edificatorios y de ocupación del espacio más característicos de la ciudad», señalan en su documento. El resto desaparecerán, dejando lugar a «edificios prefabricados en lo constructivo aunque no en el diseño, de manera que con pequeñas obras de cimentación y servicios puedan ser depositados en su ubicación y puestos en uso».

Los nostálgicos de Perlora, aquellos que en 2005 siguieron con pena y lágrimas el derribo de la residencia, temen que la historia se repita.






* La Nueva España - Braulio FERNÁNDEZ - 3.05.09
Foto: lne.es

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España roza los 3.000 vertederos ilegales

PÚBLICO* : La imagen de una bañera abandonada, de sillas rotas o simplemente de bolsas de basura tiradas a la salida de muchos municipios españoles sigue siendo algo común. De hecho, el número de basureros sin licencia asciende ya a 2.987, según consta en la memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, referida a 2008 y hecha pública ayer. Esta cifra supone un aumento del 24% respecto al año anterior, según la Fiscalía, que ha constatado que en 2008 aparecieron 176 vertederos ilegales nuevos.


Además de la contaminación asociada a estos focos de basura, existe un importante riesgo de incendio en los vertederos situados en zonas forestales. Concretamente, el año pasado se contabilizaron 379 basureros sin autorización en zonas forestales que la Fiscalía especializada considera "fundamental" que se eliminen. Este tipo de vertederos en el entorno de bosques se incrementó en un 18% en 2008. No obstante, la Fiscalía apunta que se han reducido los fuegos forestales iniciados en vertederos ilegales en un 29% respecto a 2007, lo que equivale a 67 incendios menos.

Otro foco de riesgo para el inicio de fuegos son las áreas recreativas, como ya ocurrió en el Parque Natural de la Cuenca Alta del Tajo (Guadalajara) en 2005. En 2008 había 3.468 áreas de ocio en las que se permite el uso de fuego en zona forestal, frente a las 2.464 de 2007. Ante el riesgo importante de incendio, se eliminaron 117 áreas recreativas el año pasado y en 374 se ha prohibido el uso del fuego en épocas de mayor riesgo.

Por otro lado, el año pasado se detuvo o imputó a 445 personas por causar 392 incendios, de los 11.612 fuegos registrados en toda España. En cuando a la causa, en el 74,4% de los casos con detenidos fue una negligencia o imprudencia, mientras que en el 14,7% se debió a pirómanos, el 12,6% a regeneración de pastos, el 11,5% a venganzas familiares o vecinales y el 3,1% a la acción de personas con sus facultades mentales perturbadas.

Medio centenar de condenas

El año pasado se emitieron 525 condenas en medio ambiente, un 22,47% más que en 2007. De estas sentencias, 32 lo fueron en medio ambiente, 301 fueron relativas a la ordenación del territorio y urbanismo, siete a Patrimonio Histórico, 84 a flora y fauna, 90 a incendios forestales y 11 a malos tratos a animales domésticos.

Entre los casos analizados, la Fiscalía de Algeciras emitió un informe sobre los vertidos de buques en tránsito advirtiendo que las denuncias son frecuentemente archivadas por la dificultad de determinar el autor y por la falta de responsabilidad de las autoridades de Gibraltar, que permiten el paso de buques con deficiencias de seguridad o que incumplen la normativa contra la contaminación. También critica los trasvases rutinarios de combustible a los buques desde gasolineras flotantes sin respetar la legislación comunitaria.

Varón, español, normal e incendiario

La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han elaborado el primer estudio que se realiza en España para conocer el perfil psicosocial del incendiario forestal.

Los resultados muestran que se trata de un varón español, sin antecedentes policiales por incendio forestal ni por otros delitos, ocupado laboralmente en tareas de poca cualificación, principalmente agrícolas. Ha tenido por lo general una infancia y una crianza normales, aunque a nivel educativo sólo ha superado estudios elementales (cuando no es analfabeto).

Habita principalmente en entornos rurales y está adecuadamente socializado (tiene amigos y disfruta pasando con ellos su tiempo de ocio). Su domicilio, e incluso su lugar de trabajo, están situados en la misma localidad del incendio, o en localidades próximas; actúa en solitario, sin que existan cómplices ni coautores, y no pertenece a ningún grupo relacionado con el crimen organizado.






* PÚblico - MARÍA GARCÍA DE LA FUENTE - Madrid - 30/04/2009
Foto: Vertedero en el municipio de Tobarra (Albacete). - Público

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Entre todos la mataron y ella sola se murió: esta casa es una ruina

J.L.BÁRCENAS* : Está el campo de batalla inmobiliario lleno de cuerpos sin vida, tal y como sucede tras un enfrentamiento largo y duro como el que se lleva librando desde hace dos años. Los que van sobreviviendo, lo hacen a costa de vender su alma al diablo como única posibilidad de resistir a la debacle total en la que se encuentra el mercado. Mientras hay vida hay esperanza y a ese razonamiento se aferran. Es curioso escuchar a la gente, incluso a profesionales de las entidades financieras, haciendo, a estas alturas, la siguiente pregunta: ¿Dónde está todo el dinero obtenido anteriormente por los promotores?

¿Qué necesidad tienen, en estos momentos, de pedir ayuda a las entidades financieras, habiendo ganado tanto dinero en los últimos años del boom inmobiliario? Quien hace este tipo de cuestiones denota un desconocimiento total del fenómeno tan extraordinario que ha sido esta súper burbuja inmobiliaria.



Los promotores de este país, por norma general – habrá excepciones como siempre ocurre – fueron grandes fortunas desbocadas hace poco tiempo y son grandes ruinas económicas, empresariales, profesionales y, en algunos casos, personales en la actualidad.



Salvo unos pocos que hayan sabido guardar lo ganado en el momento preciso en que se avecinaba la “tormenta perfecta”, el resto de participantes en el sector se han visto engullidos por el epicentro de este ciclón que ha devorado, de forma salvaje y dramática, cualquier posibilidad de supervivencia de las empresas promotoras si no es recurriendo a ayuda ajena.



No le falta razón a la gente a la hora de culpar a los promotores por haber sido los autores materiales de esta escabechina. Pero, como sucede en todo juicio, sobre todo cuando ya ha pasado un tiempo prudencial como para juzgar más detenidamente un hecho ocurrido, hay que dar la oportunidad de defensa al juzgado y escuchar su testimonio.



No pretendo hacer de abogado del diablo ni exculpar a quien no lo merezca pero sí me gustaría poder aclarar que en este festival han intervenido multitud de actores que han obtenido grandes beneficios del trabajo desarrollado por los promotores y que son tan responsables como ellos del estropicio creado en el mercado inmobiliario. No están todos los que son pero sí son todos los que están.



" Ayuntamientos. Son los que han proporcionado el arma del delito. Suelo para todos. Liberación indiscriminada de suelos a precios que justificaban, por lo menos parcialmente, las subidas de precios finales de las viviendas. Todo esto suponía 2 fuentes de financiación para los Ayuntamientos: directamente por la venta de los suelos e indirectamente por las tasas, impuestos y gravámenes municipales ligadas a cualquier actuación urbanística. Así ha crecido el número de nóminas a pagar cada mes en los Ayuntamientos. Con pólvora del rey…



" Bancos y Cajas de ahorro. Son los que han proporcionado la munición con la que cargar el arma del delito. Tampoco les ha ido mal en esos años de desmadre promotor. Beneficios record apoyados en una cada vez mayor presencia en el sector inmobiliario. Eso sí, tan pronto como explotaron en USA las subprime, tocaron retirada y han motivado que el mercado no haya purgado de manera ordenada a todos esos promotores que deberían haber desaparecido víctimas de sus propios errores. Han protegido a malas empresas con malos proyectos empresariales y han dejado morir de inanición a buenas empresas con proyectos solventes en un futuro no muy lejano. Para acabar de rizar el rizo, el Gobierno les ha sacudido, directamente, unos cuantos miles de millones de euros y unos cuantos más indirectamente. Todavía queda el desfile de ayudas estatales para reorganizar el podrido sistema de las Cajas de Ahorro.



" Compradores particulares. Ellos son parte del cuerpo del delito. Muchos de ellos realizaron malas elecciones económicas. Se encontraron con liquidez ilimitada en un entorno que les empujaba a cogerla y gastarla sin tener la oportunidad de pensar en lo que se avecinaba. Hay un atenuante a esta actitud: no conozco a nadie a quien le hayan obligado a comprar un piso, fuera cual fuere el precio del mismo. En cualquier caso hay que dejar claro que ellos son los grandes damnificados por todo este lío. Aquí habría que hacer mención especial a los “inversores” con una función puramente especuladora que, pervirtiendo el funcionamiento de un mercado tan relevante como éste, aparecieron, como los paracaidistas, en medio del mercado.



" Promotores. Dependiendo de qué tipo de promotor se trate, pueden ser arma homicida, cuerpo del delito, carroñeros que viven de las miserias ajenas… Aquí habría que hacer parada y fonda pero no hay tiempo. El caso es que tienen subprime en los suelos igual que muchos compradores particulares tienen subprime en sus propias viviendas.



" Hacienda Pública en general: Estado + Comunidades Autónomas + Ayuntamientos. Herederos o beneficiarios del difunto que no se encargaron de cuidarle en vida. Se han dedicado a ingresar fondos con cargo a todo este festival – IVA, AJD, ITP, plusvalías municipales, tasas y licencias de obras y de primera ocupación, impuesto sociedades, etc…- mirando para otro lado, sin cumplir con una de sus principales funciones públicas: el controlar y velar por el buen funcionamiento de los mercados (aquí conviene incluir al Banco de España).



Respecto a la posible falta de escrúpulos mostrada por parte de los promotores por vender tan caras determinadas viviendas, hay que hacer una reflexión básica:



" Quien haya vendido malos productos al precio que el mercado marcaba para los buenos productos, claramente ha cometido estafa meritoria de ser penada de la forma más dura que la Ley lo permita. Está claro que aquí no se han vendido piruletas. Lo que se vende es, en muchos casos, parte fundamental de la vida de quien lo compra. No ha habido control alguno por parte de las Administraciones para poner coto a todas las salvajadas urbanísticas que se han producido a lo largo y ancho del territorio nacional. Los compradores particulares se han visto indefensos ante la gran cantidad de timos que han tenido que sufrir.



" Quien haya vendido lo que anunciaba que vendía – sin engañar a nadie - al precio que marcaba el propio mercado, no ha hecho más que formar parte de un mercado libre. Eso sí, no exento de riesgo. Hicieron caja con las unidades vendidas pero todo lo construido y no vendido les lastra como un saco lleno de piedras que les lleva al fondo del mar.







* Cotizalia - Opinión - 29/04/2009

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La falta de medios impide la presentación de querellas

ELPAÍS/Valencia* : La denuncia viene de lejos y se repite año a año. La falta de medios en las fiscalías de la Comunidad Valenciana condiciona el trabajo del ministerio público, y una nueva prueba de que la situación no mejora a pesar de las continuadas promesas de la Generalitat emerge ahora de la memoria anual de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo que dirige Antonio Vercher.

El repaso a la actividad de 2008 deja constancia de que la ausencia de medios suficientes aqueja a numerosas fiscalías españolas, entre ellas la de Castellón, cuyo comentario destaca Vercher: "Al disponer de una única fotocopiadora y aún siendo la querella el medio más idóneo para ejercitar la acción penal, en la sección [de Castellón] no se interponen querellas, sino denuncias, para no tener que acompañar las oportunas copias".

Una sola fotocopiadora para todo el material que genera el trabajo de 25 fiscales en Castellón. No hay más, por lo que los dos fiscales que se encargan de los delitos de medio ambiente y urbanismo evitan las querellas porque implica entregar fotocopias de las actuaciones a todas las partes, mientras que con la denuncia basta una dirigida al juzgado. El fiscal jefe de Castellón, Javier Carceller, ya lo avisó en mayo de 2008, cuando calificó la situación de "insostenible" y de "caótica". Y el pasado jueves, se quejó de nuevo la fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert, que tildó de "mísera" la situación tras el recorte del servicio de taxis para los fiscales.

La Fiscalía de Castellón también destaca en su informe a Vercher "lo difícil" que resulta compaginar "el despacho ordinario del juzgado y las numerosas visitas asignadas todos los meses" con la especialización en delitos medioambientales. Implica un "sobreesfuerzo que en ocasiones, más de las deseadas, llega a la desesperación" cuando los asuntos son complejos. Una circunstancia que abunda en el déficit de medios materiales y de personal.

A ello se suma que las relaciones "problemáticas" de las fiscalías de urbanismo y medio ambiente con las administraciones autonómicas, como apunta la memoria. El caso valenciano no es una excepción. La Fiscalía de Valencia detecta "una cierta frialdad oficial, por el recelo con el que se han recibido algunos de los oficios que se les ha enviado recabando información de determinados expedientes". También es revelador el resultado de la petición de información a los ayuntamientos de la provincia de Valencia sobre los expedientes sancionadores incoados por construcciones en suelo no urbanizable. De los 264 oficios enviados el año pasado, en enero la Fiscalía sólo había recibido 98 respuestas. En 40 casos contestaron que no había expedientes sancionadores, por lo que la Fiscalía de Valencia concluye: "O bien nos encontramos ante la idílica situación de absoluto respeto a la normativa urbanística, o como nos tememos, sencillamente los ayuntamientos hacen absoluta dejación de sus funciones". De los 58 municipios que sí han abierto expedientes, sólo 15 lo hacen de forma regular y dos (Llíria y Chiva) transmiten regularmente información a la Fiscalía.

La memoria apunta que las fiscalías valencianas incoaron 721 diligencias de investigación relacionadas con el medio ambiente, ordenación del territorio, flora y fauna, patrimonio histórico, incendios forestales y maltrato a animales. Además, registraron 279 procedimientos judiciales. Hubo 19 sentencias condenatorias y 8 absoluciones, y 16 detenidos por 14 incendios.






* ELPAIS.com - S. V. - Valencia - 02/05/2009

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Elogio y defensa de los chiringuitos

JOSÉ ANTONIO MARTÍN PALLÍN* : Desde el Cabo de Rosas hasta la frontera con Portugal, nuestro país dispone de más de mil kilómetros de costa y playa y muy pocos espacios naturales. Nuestra oferta turística es la naturaleza y el clima. Representa una partida muy importante de muestro producto interior bruto. Mientras se mantenga la estructura económica de nuestros consumidores de espacios de ocio y descanso todavía podemos competir en el mercado de las vacaciones en situación ventajosa.

Cuando ya casi todo el espacio disponible estaba cubierto de cemento se reaccionó con una Ley de Costas de 1988 que pretende proteger espacios y elementos naturales frente a las perjudiciales consecuencias derivadas de obras e instalaciones. Nada que objetar.

¿Pero queda algo que proteger? Poco o nada. La realidad es descorazonadora y ha servido para alentar a los infractores. Teníamos un patrimonio que hemos malversado con el aplauso unánime y la entrega entusiástica de los complacientes siervos de los depredadores.

En todo caso, ¿existe voluntad de realizar ineludibles, legales y exigibles demoliciones? Parece que no. Cientos de miles de plazas hoteleras y segundas residencias tienen una sentencia firme de derribo sin que nadie tome la más mínima iniciativa para que se cumplan. Habrá que indemnizar a los terceros de buena fe si es que se demuestra su virginal inocencia. La legalidad se ha convertido así en un vacío patético que simboliza la impotencia de las reglas ante la desvergüenza de los poderosos e impunes.

Pero quedan los chiringuitos como hispánico muestrario de nuestras costumbres de ocio y gustos culinarios. En ellos se podía reposar con una caña o un tinto de verano, jugar al dominó y al mus y ofrecer manjares exclusivos de la vera del mar, además de nuestra universal paella regada con sangría y limón.

Espero que los custodios de las normas sean algo más que unos mecánicos lectores y sepan que la ley sin la razón es el súmmum de la injusticia. No hace falta ser ingeniero o arquitecto para saber que los chiringuitos ocupan unos metros cuadrados de playa. Es necesario reflexionar antes de tomar decisiones al pie de la letra.

Salvando los escasos recintos naturales subsistentes, el resto de las playas mediterráneas españolas, son un pequeño microcosmos. Los chiringuitos están situados en la última línea de playa lindando casi siempre con paseos marítimos desde los que se accede a sus recintos, en los que familias enteras sueltan a sus niños con una cierta tranquilidad salvándolos de los ciclistas alocados y de los residuos digestivos de perros mimados por sus dueños.

Creo que no hace falta ser un experto en ecosistemas para comprobar que en invierno sobra playa y que en verano esas lindes sufren altísimas temperaturas que las hacen inhabitables. Hasta que se instalaron las pasarelas, pisar la arena en pleno mes de julio o agosto producía quemaduras de una cierta intensidad en las plantas de los pies. Todos hemos proferido más de una blasfemia al entrar en contacto con ese espacio al parecer tan agredido por los chiringuitos.

El único espacio habitable es, pues, su sombra acogedora que te ofrece la posibilidad de aislarte o integrarte, según tus gustos y días, con gente que quiere compartir la buena mesa y la fresca bebida, y con la posibilidad, si te apetece, de abrirte paso hasta el mar saltando por encima de los que racionalmente han buscado la proximidad del agua como único espacio vivible.

Los chiringuitos deben cumplir determinadas normas de distancias, alineamientos y saneamientos que la mayoría de sus dueños son los primeros en cuidar con esmero. Generan 50.000 puestos de trabajo directo, más los refuerzos veraniegos y los suministros inducidos. Y entretanto, las arcas de los Ayuntamientos se benefician de los impuestos, los ciudadanos disfrutamos de sus espacios y los bañistas no se ven privados del mar.

Hay mucha tarea por delante, no nos obcequemos con los chiringuitos, dejémosles en paz, siempre que sean un espacio de encuentro placentero que no perjudiquen los intereses generales y las zonas de uso colectivo. Lo lamentable es que su subsistencia, en este raro y trasnochado país, se haya convertido en una opción ideológica de derechas o izquierdas.

Resulta demoledor para el sentido de la justicia contemplar la implacable y eficaz demolición de poblados marineros que llevan más de un siglo en sus asentamientos y el derribo de los chiringuitos, mientras miles de construcciones con sentencia firme de derribo permanecen incólumes.

Si los chiringuitos autorizados no obstaculizan el uso colectivo de la playa, contribuyen a los ingresos por turismo, constituyen espacios de ocio y de descanso y crean puestos de trabajo, ¿qué grave delito han cometido? El problema es real y preocupa a los habitantes de las costas mediterráneas. Pero como Madrid, donde están instalados los medios de comunicación de difusión nacional, no tiene chiringuitos playeros, el debate no existe para esos medios. Ahora bien, si quieren conocer sus dimensiones políticas, sociales y económicas, lean los antaño llamados periódicos de provincias.



* José Antonio Martín Pallín es magistrado emérito del Tribunal Supremo.






* ELPAIS.com - Opinión - 26/04/2009

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“Hemos tumbado dos planes urbanísticos”

DIAGONAL/Entrevista* : En septiembre de 2005, el presidente de la asociación vecinal de Llanes fue desalojado de un pleno en el Ayuntamiento. El motivo, vestir una camiseta en la que se leía “La Talá ilegal”, en alusión al Plan Parcial Urbanístico que el Consistorio aprobó en esa sesión. Tres años después, con el proyecto anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, el Gobierno de Llanes (PSOE) solicitó en la Audiencia Provincial dos años y cinco meses de prisión por un delito de atentado, una petición que ha sido desestimada. Goñi lleva toda una vida luchando contra la especulación urbanística en el oriente asturiano.

Finalmente, en un juicio celebrado el 16 de marzo, el tribunal desestimó la petición del Ayuntamiento de Llanes y todo ha quedado en dos faltas contra el presidente de AVALL y de la Asociación de Colectivos Asturianos (ACA), por las que le piden 1.000 y 180 euros, respectivamente. Hasta ese día, Domingo (Txomin) Goñi protagonizó una huelga de hambre de 15 jornadas junto a los juzgados de Oviedo para protestar por la persecución del Consistorio.

DIAGONAL: No irá a la cárcel, pero según la Justicia es culpable de perturbación del orden público y de lesiones a un agente local. ¿Satisfecho con la sentencia?

TXOMIN GOÑI: En un principio sí, y los colectivos que han estado apoyándome también. Estamos contentos porque había una petición inicial por parte de la acusación particular de dos años y cinco meses de cárcel y por parte de la Fiscalía de ocho meses. Que la Fiscalía haya retirado esa petición, y la sentencia quede en unas faltas, es una pequeña victoria.

D.: Durante la huelga de hambre aseguraba que de salir una sentencia condenatoria recurriría. ¿Mantiene esa intención?

T.G.: Sí, porque hay vías para recurrir y para que no siente precedentes. Lo estoy afrontando no sólo por mi pellejo, sino pensando en lo que va a poder seguir ocurriendo en adelante. Porque las cosas se van a agravar y por eso vamos a seguir peleando para que esto quede en nada: absolución. ¿Que la Audiencia Provincial no hace caso? Recurriremos al Constitucional.

D.: El Plan Parcial de urbanización de La Talá fue anulado en su momento por el Tribunal Supremo de Justicia de Asturias (TSJA)...

T.G.: Fue anulado junto con otras actuaciones urbanísticas del PGOU de Llanes, porque habían sido rescatados de una anulación anterior. El tribunal dijo: “No, ya lo habíamos anulado antes, así que hagan el favor de hacer las cosas mejor”. Pero como han recurrido, la actuación sigue vigente. Ahora el plan parcial de La Talá está a punto de pasar a la fase final: estamos en la fase de pruebas y pueden faltar pocos meses para que el TSJA dicte que es ilegal.

D.: El proyecto fue ilegalizado meses después del pleno del que fue expulsado. ¿Han continuado las obras?

T.G.: Sí, han urbanizado prados: calles, aceras, farolas… también los desagües y las tomas de luz. Y han construido dos casas, que también las tenemos en contencioso. Ya hemos advertido al Ayuntamiento de que por cada casa que se haga vamos a poner un contencioso.

D.: ¿Qué prevén que suceda con los terrenos de La Talá?

T.G.: En su momento hicimos una propuesta para que se convirtiera en un parque, que respetaría un poco las características naturales de la zona. En la última asamblea de AVALL hemos tomado la decisión de trasladar esta idea al nuevo propietario, Cajastur. Esta entidad debería vigilar para que no vuelva a ocurrir lo sucedido con el desarrollo urbanístico. Llevamos mucho tiempo diciendo a las entidades que financian este tipo de obras que si no hay garantías jurídicas suficientes cómo es que se dan los préstamos. Ya lo advertimos hace dos años y no contestan, callan. En Europa están hasta las narices de decirles que así no se puede hacer. D.: Dice que se agravarán las cosas.

¿Su caso deriva de un conflicto personal o de AVALL con el Ayuntamiento o se trata de una estrategia de criminalización de la protesta?

T.G.: Ambas cuestiones van juntas. AVALL lleva 20 años poniendo los puntos sobre las íes al Ayuntamiento de Llanes. Ya hemos tumbado dos planes urbanísticos, la Justicia nos ha dado la razón dos veces. El Ayuntamiento está cabreado con AVALL, y tiene ganas de castigarnos. Pero también hay otros colectivos que están en pie de guerra. Si consiguen dar un golpe y amedrentar a la gente van a tener más facilidad para llevar a cabo sus planes. Con mi caso ha habido una respuesta importante, y estoy convencido de que si no hubiera sido así la Fiscalía no habría rebajado su petición de ocho meses de cárcel. Necesitan frenar cualquier respuesta que no esté domesticada.

D.: Habla de frenar las respuestas no domesticadas. ¿Qué líneas de acción siguen en AVALL?

T.G.: Vamos evolucionando. Empezamos haciendo denuncias, muy tímidamente, ante la Fiscalía. Desde hace cinco años nos lanzamos, a través de la justicia gratuita, a los procedimientos contenciosos administrativos contra las ilegalidades urbanísticas, especulativas y las burradas medioambientales. Pero nos hemos dado cuenta de que eso, aunque puede ser eficaz, es muy lento, y hemos comenzado con los procedimientos penales. En Llanes hemos empezado contra la contaminación de unos acuíferos por parte de una granja de cerdos ilegal.

D.: Llanes es tal vez el mejor exponente en Asturias de la especulación urbanística y de la marbellización de la costa. ¿Cuáles son las causas?

T.G.: Una, las vías de comunicación que avanzaron rápidamente por la zona. Pero todo coincidió con la llegada de unos testaferros o señores ligados a ministros del PSOE, que empezaron a veranear en Llanes. Así como suena. Los primeros movimientos especulativos que se hicieron estaban ligados al aparato del PSOE. Y el Ayuntamiento no sólo no tuvo ningún escrúpulo en aceptar ese dinero fácil y barato del ladrillo, sino que consideró que no importaba destruir el entorno para financiarse.

D.: Entre los culpables, ¿hay nombres?

T.G.: Sí, hay nombres y apellidos. Antonio Trevín, actual delegado del Gobierno, introdujo este modelo de desarrollismo. Otro es la corporación actual del Ayuntamiento encabezada por Dolores Álvarez. ¿Y por qué son culpables? Porque ya han visto el resultado y no paran. Ahora van a hacer un nuevo plan urbanístico que, han dicho, llevarán a cabo con la participación de los ciudadanos. ¿Y lo primero que piden es dos años y medio de cárcel para una de las personas que más está impulsando otro modelo de desarrollo en Llanes? Nos vuelven a engañar, porque no se están planteando ninguna alternativa.

D.: Desde hace décadas Asturias vende el eslogan ‘Paraíso Natural’, pero en los últimos años se ha apostado por una ‘reindustrialización’ de la economía: superpuerto, centrales de ciclo combinado… En otros sitios se han manifestado más por menos.

T.G.: Asturias es una autonomía supuestamente de izquierda. Y eso, aunque no lo parezca, hace mucho a la hora de frenar la protesta. Si hacemos un repaso y vemos qué autonomías han tenido más pujanza en la lucha contra la masificación urbanística son aquellas gobernadas por el PP donde, de una manera más ‘natural’, organizaciones de izquierda se lanzan más a la calle. Aquí eso no ha ocurrido.

EL ORIENTE ASTURIANO, UNA ZONA SIEMPRE AMENAZADA POR EL NEGOCIO DEL LADRILLO
P.M. (REDACCIÓN ASTURIES)
El juicio al presidente de AVALL ha visibilizado la lucha contra la especulación en una de las zonas de Asturias más castigadas por el negocio del ladrillo. Fundada en 1990, AVALL nace con el fin de evitar las Normas Subsidiarias del PGOU del Ayuntamiento de Llanes, con Antonio Trevín, actual delegado del Gobierno, al frente de la corporación. Desde entonces, ha impulsado diversas iniciativas para frenar, en la calle y en los juzgados, algunos de los proyectos más lesivos hacia el medio ambiente del oriente asturiano. Los terrenos de La Talá, unos acantilados próximos a Llanes, fueron adquiridos en 1992 por 300 millones de ptas. por unos inversores madrileños. En 1996, el empresario astur-mexicano Juan Antonio Pérez Simón los compró por 500 y en 2003 el Ayuntamiento aprobó un nuevo PGOU en el que integraba de nuevo el Plan Parcial de la Talá. Tres años después Pérez Simón vendió los terrenos al Grupo NOZAR, que pagó 36 millones de euros con la intención de construir 512 viviendas y un gran centro comercial. La operación dio un último paso en 2008, después de que la Justicia asturiana anulase en 2007, una vez más, el plan urbanístico de Llanes. NOZAR, amenazada por la quiebra, se ‘deshace’ de La Talá, al comprarla Cajastur por 47,56 millones de euros. El PGOU sigue aplicándose porque el Ayuntamiento y el Gobierno asturiano han recurrido la sentencia ante el Supremo. Pero la lucha contra la especulación urbanística no se limita a La Talá. AVALL ve con preocupación nuevos proyectos, en Llanes y en otros concejos cercanos: las 150 viviendas del pueblo de Barro, ya denunciadas; otras 12 en la playa de Toró; el proyecto de campo de golf, hotel y 200 viviendas unifamiliares en Ribadedeva, etc. “También nos preocupa”, dice Goñi, “que están entrando en el interior”. El último ejemplo, un proyecto de campo de golf y hoteles en el concejo de Parres.






* Diagonal - Pedro Menéndez / Redacción Asturies - Del 16 al 29 de abril de 2009
Foto: Llanes (Asturias), Vista de La Talá - AVALL (El País)

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La Fiscalía de Urbanismo critica que la Administración le pone trabas

ELPAÍS* : Los agentes forestales del Gobierno de Aragón "sabotean" a las investigaciones de la fiscalía de Medio Ambiente; la Generalitat catalana mantiene "tensión" con la fiscalía de Tarragona y el Consejo de Seguridad Nuclear "ha puesto dificultades" a su investigación sobre la fuga radiactiva de Ascó. No son los únicos casos, pero sí los más llamativos, que revela la memoria anual de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, que coordina Antonio Vercher, y que destaca que las condenas por delito ecológico crecieran en 2008 un 22%.

La Junta andaluza no denuncia extracciones ilegales de agua junto a Doñana, pese a que se le ha requerido, y la Junta de Castilla y León replica "vuelva usted mañana" cuando el fiscal le pide informes. De los 264 ayuntamientos de Valencia a los que pidió datos de construcciones en suelo rústico, sólo 98 contestaron y 40 dijeron que no había infracciones, lo que indica "una absoluta dejación de funciones".





* ELPAIS.com - R. MÉNDEZ - Madrid - 01/05/2009

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Cae el Algarrobico del Cantábrico

PÚBLICO/Cantabria* : "Con todas las ventajas que siempre ha soñado: un gran bosque enteramente suyo, una ría para usted, una playa junto a su hogar. Un privilegio que Cenavi pone a su alcance". Esta era la promesa con la que, en 1991, esa constructora anunciaba la venta de 144 chalés adosados en un lugar de ensueño en Arnuero (Cantabria). La urbanización idílica pronto se convirtió, sin embargo, en paradigma del desaguisado urbanístico en esta comunidad.

Hace ya 15 años, un juez emitió la primera orden de derribo al considerar ilegal la construcción. Sin embargo, hubo que esperar hasta ayer para que las excavadoras llegaran y derruyeran 42 chalés a medio construir. Curiosamente, las máquinas eran de Cenavi. El Encinar, como se conoce a esta urbanización de Arnuero, es sólo la punta del iceberg de las irregularidades urbanísticas que han salpicado de cemento Cantabria durante casi dos décadas. Durante este tiempo, los tribunales han anulado planes generales de ordenación urbana en una decena de municipios y dictado una veintena de sentencias, aún pendientes de ejecución, que ordenan demoler cerca de un millar de viviendas con unas 4.000 personas afectadas, dos polideportivos, tres naves industriales e incluso una depuradora, obra del último Gobierno de José María Aznar.

Estas son las cifras que reflejan el alcance de la problemática urbanística en Cantabria. Cada una de las promociones pendientes de derribo tiene sus peculiaridades, pero la mayoría comparten un nexo: se construyeron bajo el amparo de sus ayuntamientos, que modificaban los planes urbanísticos a su antojo, y a la postre, acababan en los tribunales a raíz de las denuncias de la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA).

La primera urbanización en caer, aunque sea parcialmente, ha sido la de Arnuero. Algunos de sus vecinos, arremolinados ayer en torno a las excavadoras con pancartas pidiendo justicia, firmaron las escrituras de compra en 1992. A los dos años, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria emitía la primera orden de demolición ratificada por el Supremo en 2000, al estimar que las casas se habían construido sobre un encinar sin condiciones legales para urbanizarlo, merced a un Plan de Ordenación Urbana "ilegal" avalado por el Gobierno cántabro y las licencias municipales.

Derribo en el Alto del Cuco

A este escándalo le han seguido otros en Argoños, Comillas, Suances, San Vicente de la Barquera, Castro Urdiales, Ramales o Piélagos. Este ayuntamiento ha sido el último en recibir un varapalo judicial por avalar con un plan parcial la erosión de una montaña para construir 398 casas. En marzo, el juez ordenó su derribo.

Por su parte, los más de 4.000 afectados que integran la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) llevan años de protestas. Exigen al Gobierno cántabro que haga "borrón y cuenta nueva", es decir, que legalice todas las urbanizaciones o, en su defecto, indemnice a los propietarios de las viviendas que haya que tirar. Ayer mismo, mientras las excavadoras derribaban los 42 chalés en El Encinar, uno de los vecinos que habita uno de los otros 102 pendientes de tirar, Emilio Bocanegra, lamentaba que la respuesta del Gobierno cántabro fuera "derribar y derribar".

ARCA rechaza que la administración pueda dar ahora cobertura legal al millar de casas sobre las que pesa una orden de demolición. Está a favor de las indemnizaciones a los afectados y también de compensaciones urbanísticas, como la entrega de otras viviendas. Pero apela a que para acabar con el clima de impunidad que ha habido en Cantabria con las construcciones irregulares hay que cumplir ya las sentencias.

Su última acción se ha centrado en Argoños, el municipio que acumula más sentencias de demolición diez contra otras tantas urbanizaciones, con más de 150 casas implicadas. ARCA ha recurrido allí el nuevo plan de ordenación urbana aprobado por el Ayuntamiento con la complicidad del Gobierno cántabro. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) dio en marzo un plazo de 15 días a su alcalde, Juan José Barretabueña, para que inicie el derribo de cinco viviendas, y ordenó a la Fiscalía que investigue si ha cometido delitos de malversación o prevaricación. Según el juez, la oposición del alcalde al derribo era "evidente".

Otro reto para este grupo ecologista es parar la modificación de la Ley del Suelo impulsada por el Ejecutivo regional, que permitiría construir viviendas unifamiliares en suelo rústico. Los ecologistas no rechazan ese desarrollo, sino que quede en manos de los consistorios: "Con lo que aquí ha llovido, la planificación debería estar bien definida por un plan riguroso y no quedar en manos de los alcaldes". Los ecologistas tampoco están conformes con que los ayuntamientos puedan tener potestad para convertir antiguas cabañas de ganado en casas.

La otra cara de la especulación urbanística en Cantabria se vivió ayer en Ajo. Mientras las excavadoras derribaban parte de El Encinar, otra tiraba la humilde casa-bar donde Domingo Herrero, Mingo, vivía desde hace 30 años. Decidió ampliarla en 2002 tras recibir la autorización del entonces consejero de Urbanismo y hoy presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, y del Ayuntamiento. El caso acabó en los tribunales por iniciativa de un ex edil del partido de Revilla, y Mingo, en la calle. "No sé qué será de mi vida", se lamentaba. Sus amigos le han dejado una caravana.

Ejemplos de sentencias sin cumplir

Minería
Una explotación ilegal
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ordenó en febrero la clausura de la actividad minera desarrollada por Minero Siderúrgica de Ponferrada en El Feixolín (León). Además, la sentencia obligó a restituir el daño ambiental causado y a abrir procedimientos sancionadores. La mina lleva funcionando desde hace 15 años, y a día de hoy no se ha cumplido la sentencia.

Campo de golf
Terminado pero sin licencia
La Junta de Castilla-La Mancha publicó en enero la resolución que declaró inviable ambientalmente
el campo de golf de Torrenueva (Ciudad Real), ya construido. No cabe recurso y el campo de golf deberá desaparecer para “restaurar la totalidad de los terrenos afectados”, un total de 48,39 hectáreas.

Hotel Algarrobico
A la espera de sentencia
El hotel El Algarrobico se levanta a medio construir por la promotora Azata del Sol en la costa almeriense. La Fiscalía de Almería investiga si algún responsable de la Junta de Andalucía cometió un delito al modificar los planos que impedían la construcción en la zona. El Ministerio de Medio Ambiente considera que finalmente el hotel se derribará, pero espera a la sentencia judicial que determine si la promotora tiene derecho a indemnización o no.







* Público - GUILLERMO MALAINA - BILBAO - 30/04/2009
Foto: Las excavadoras derriban varios chalés de la urbanización El Encinar, en Arnuero (Cantabria). - HUMBERTO BILBAO, publico.es

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Almuñécar: Un juzgado imputa a Benavides un delito de prevaricación

LAOPINIÓN/Granada* : El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides (Convergencia Andaluza), suma una nueva causa judicial a su lista de acusaciones. Ahora ha sido la magistrada sustituta del juzgado sexitano de Primera Instancia e Instrucción nº2 la que observa indicios de un presunto delito de prevaricación por parte del regidor, el ex concejal de Urbanismo, Emilio González Pavesio, y el administrativo del Ayuntamiento Francisco Onofre.

Los hechos investigados se remontan al año 2005, cuando el gobierno local de Almuñécar dictó, en una junta extraordinaria, un expediente de disciplina urbanística que obligaba al cierre del camping Carambolo y el centro de Educación Ambiental Karanda, de los que es representante legal el concejal de IU en el Ayuntamiento, Fermín Tejero.

El auto judicial (que responde a la querella presentada por Tejero en 2006) considera, no obstante, que la resolución administrativa en contra de la empresa Karanda S. L. se dictó "a sabiendas de su injusticia, según se desprende de las diligencias practicadas".

Los argumentos aducidos en la resolución judicial se basan en un informe del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y en una sentencia del juzgado contencioso-administrativo número 3 de Granada que anulaba "por indefensión" los efectos del expediente disciplinario con efectos retroactivos. "Puede considerarse ´a prima facie´ que existen indicios de la perpetración de un posible delito de prevaricación por parte de los imputados", recoge la resolución.

Según Tejero, la actuación del grupo político de Benavides se produjo "como represalia por denunciar el urbanismo salvaje del Ayuntamiento", pues IU rechazó el planeamiento urbanístico proyectado por el Ayuntamiento y se opuso a que los terrenos donde se ubica el camping y el centro ambiental fuesen declarados de máxima edificabilidad. Es más, el querellante asegura que tras esta confrontación política, el equipo de gobierno envió hasta cuatro inspecciones en un mismo día y ordenó, tres días más tarde, el precinto de las instalaciones "sin causa justificada".

"Los únicos delitos de Karanda S. L. son instalar dos cabañas de madera legalizadas y autorizadas por la Delegación de Turismo desde 1995. Realmente, lo único que ha hecho la empresa es que yo formo parte de ella", declaró Tejero, quien alega que las inspecciones no se produjeron de forma arbitraria, pues "el resto de campings de Almuñécar no se investigó, a pesar de que muchos de ellos no tienen ni licencia".

Junto a esto, el edil de IU añadió que en la sentencia que anulaba el expediente disciplinario se obligaba al Ayuntamiento a concretar qué anomalías sufría el camping y las aulas ambientales para que pudieran ser subsanadas por la empresa gestora, sin que a día de hoy se haya pronunciado el gobierno local al respecto. "El equipo de gobierno no nos ha contestado a nada, toda la tramitación es una chapuza, los expedientes están perdidos, no tienen índices, se quitan los papeles que no interesan y no hemos conocido las actas", denunció Tejero, quien confirma que contra esta práctica se han presentado hasta seis denuncias ante el Contencioso-administrativo.

Asimismo, el concejal de IU señala que en enero de 2008 el Ayuntamiento volvió a cerrar las instalaciones motivando, en esta ocasión, un "falso" cambio de actividad de la empresa, contra lo que se interpuso un recurso de reposición que han tardado un año en contestar.

El alcalde no responde. Benavides no quiso, por su parte, hacer declaraciones al respecto y prefirió que sea la justicia la que determine la existencia o no del delito de prevaricación.

Sí se pronunció el coordinador provincial de IU, Manuel Morales, quien mostró su satisfacción ante la resolución judicial. "Esperamos que este caso prospere junto a las otras muchas causas que están abiertas", apostilló.

Supuesta falsificación. En este sentido, Tejero recordó que también acudió a la vía penal contra el Ayuntamiento de Almuñécar por un supuesto delito de falsificación de firma, que se encuentra en proceso de investigación, como consecuencia de "la presión administrativa y el acoso por parte del gobierno local". Según acusa el querellante, el equipo de gobierno usó su firma de forma fraudulenta para formular una denuncia contra un vecino.







* La Opinión de Granada - NOELIA M. ESTEBANÉ - 30.04.09
Foto: Almuñécar (Granada), vista aérea - J.Rojas (El País)

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Urbanismo abusivo e indiferencia pública

FERNANDO MANERO* : A penas una lacónica nota de prensa ha dado cuenta del informe recientemente aprobado por el Parlamento Europeo sobre «el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho comunitario». La referencia ha sido fugaz y, como suele suceder con las noticias incómodas o que no se consideran sustanciales, pronto anulada por la vorágine informativa que obliga a mirar en otras direcciones.

Y, sin embargo, el tema reviste una enorme importancia por razones que no conviene descuidar: es, de un lado, la primera vez que un país de la Unión Europea es descalificado con tanta contundencia sobre la forma de ordenar, mediante el urbanismo, su propio territorio; y supone, de otro, un aldabonazo en la conciencia de los poderes públicos y de la ciudadanía en general, destinatarios de las críticas alusivas a un modelo de crecimiento urbano que lesiona principios y derechos que tienen precisamente en la calidad de vida asociada a la calidad de territorio su punto de referencia fundamental.
No es una denuncia que haya surgido por vez primera. Ya en dos ocasiones anteriores (2005 y 2007) el mismo órgano criticó severamente los abusos de esta naturaleza cometidos en nuestro país con argumentos de los que también se haría eco a finales del 2006 el Relator Especial de Naciones Unidas «sobre Vivienda Adecuada». Destacó datos sorprendentes, al señalar que «la compra de una vivienda residencial sobre plano y su posterior venta antes de la firma de la escritura de propiedad puede generar, en algunos casos, plusvalías de más del 846% en menos de un año», o que «el 26% de los ingresos de los ayuntamientos procede de la especulación urbanística, la cual aporta a las autoridades locales más ingresos que el Gobierno central». «España - concluía el Relator de la ONU - debería reflexionar sobre sus políticas económicas y sociales, de modo que las políticas y leyes que emanen de esta reflexión adopten un enfoque de la vivienda y el suelo basado en los derechos humanos». Este informe pasó desapercibido e ignoro si alguna referencia mereció en los órganos de comunicación social.
Pero la realidad es tozuda y, por más que se intente enmascarar o eludir, acaba aflorando con mensajes aún más aleccionadores, que dicen bien poco de la capacidad de reacción de aquéllos a quienes se dirigen cuando persisten en la misma actitud de indiferencia denunciada. El Parlamento europeo, con observaciones y conclusiones muy duras, aprobadas por la mayoría, ha vuelto a llamar la atención sobre un problema que ha puesto a España en el punto de mira de quienes se preocupan por la defensa de un entorno saludable, sostenible y respetuoso con sus valores ambientales. Incluso llega a hablar de que «en España se ha generado una forma endémica de corrupción», advirtiendo del riesgo de congelación de los fondos comunitarios hasta que no se ponga fin a este tipo de actuaciones. No obstante, los eurodiputados españoles se han mostrado disconformes con el acuerdo de la Eurocámara, mientras el Gobierno lo ha ninguneado. El voto negativo de los pertenecientes al Partido Popular tuvo su correlato en la abstención de los socialistas. Un tema incómodo para ambos, en la medida en que ponía de relieve las vergüenzas domésticas a la par que sacaba a relucir responsabilidades implícitas en las que de forma directa se han visto envueltos representantes de todas las formaciones.
¿Qué está pasando en España cuando se trata de algo tan relevante como la calidad de su patrimonio territorial?. Cabe pensar que la batalla por la defensa de los valores ambientales y de la calidad del territorio está seriamente amenazada. A nadie con responsabilidad en el ámbito de la decisión pública parece importarle gran cosa el tema. Un pacto de silencio domina la escena sobre el particular. El principio del 'todo vale' se ha impuesto como principio al amparo de una justicia que en la mayoría de los casos actúa tarde y con sorprendente tibieza.
Tanto en momentos de expansión económica como de crisis la sensibilidad ambiental brilla por su ausencia. Los desastres cometidos por la urbanización abusiva de que ha sido objeto durante los últimos diez años todo el espacio susceptible de ofrecer pingües beneficios a quienes pudieran beneficiarse de ello no van a la zaga de las tolerancia concedida a cuantos en un contexto recesivo puedan encontrar en el pillaje de los valores ambientales el pretexto para justificar demagógicamente que ante todo priman el empleo y la riqueza que con ello se genera. Invocan un argumento que, en verdad, no resiste la mínima crítica: el empleo logrado siempre es precario y fugaz y, por lo que respecta a la riqueza, sólo su magnitud es perceptible en quienes a la postre engrosan sus patrimonios sin escrúpulo alguno. Tal es la lógica que ha regido para la mayoría de los ciudadanos el crecimiento urbanístico en España ante la permisividad de quienes tenían el deber de controlarlo. Algún día habrá que inventariar los casos de corrupción que en nuestro país se han fraguado en torno a la construcción inmobiliaria. Mucho me temo que no se haga, pues, si se hace, el escándalo superaría las previsiones más pesimistas. Hay que ser beligerante con este tema porque creo que, más allá de la corrupción que pueda emponzoñar la imagen de los implicados en las malas prácticas urbanísticas, en el fondo acaba minando los cimientos morales de la sociedad, adultera su jerarquía de valores, enaltece la primacía del desaprensivo y supone una perversión de la democracia cuando se respaldan electoralmente comportamientos delictivos, que lo entienden como una demostración de su impunidad ante la ley.



* FERNANDO MANERO - CATEDRÁTICO DE GEOGRAFÍA DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID






* El Norte de Castilla - Opinión - 30.04.09

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Valencia: El TSJ estima que el consistorio gestiona mal el suelo y le obliga a reponer 1,5 millones para VPP

LEVANTE* : Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ-CV) obliga al ayuntamiento a retornar al patrimonio municipal del suelo un millón y medio de euros que el consistorio sacó de éste para financiar varias expropiaciones, al entender que se hizo un mal uso del dinero porque no se destinó a la construcción de viviendas protegidas, tal como establece la ley.

El patrimonio municipal del suelo es una caja presupuestaria aparte cuyo objetivo es fomentar la vivienda protegida y que se retroalimenta de ésta, ya que los beneficios que genera deben ir a engrosar dicho patrimonio. Tan sólo se agota si no existe demanda de VPP, situación que actualmente parece impensable.
Para el TSJ-CV, el dinero del patrimonio municipal del suelo que el consistorio destinó a expropiaciones "no cumplió la función retroalimentadora que le es propia", sino que se convirtió "en bienes de dominio y uso público (...) en beneficio de los agentes urbanizadores que, por imperativo legal, debieron ceder de forma obligatoria y gratuita, los terrenos precisos" que requería el ayuntamiento.
El equipo de gobierno local ya ha anunciado, por su parte, que "creará una partida presupuestaria no vinculada al patrimonio municipal del suelo" por la misma cantidad para sufragar "los fines sociales e inversiones concretas que señala la sentencia",. De esta forma, aseguró el primer teniente de alcalde, Alfonso Grau, "se resuelve jurídicamente" el asunto.
Un acuerdo de hace tres años
La resolución judicial hace referencia a un acuerdo de la Junta de Gobierno del 3 de noviembre de 2006 en el que se decidió retirar 1.566.209 euros del patrimonio municipal del suelo y emplearlos en expropiaciones para obtener suelo escolar, vía pública, zonas deportivas y, sobre todo, espacios verdes. El edil socialista Juan Ferrer presentó un recurso contencioso-administrativo contra esta decisión que fue rechazado en primera instancia, aunque ahora ha sido estimado por el TSJ.
Para el concejal, la sentencia considera, "como nosotros, que el ayuntamiento debe destinar el 5% de su presupuesto al Patrimonio Municipal del Suelo, y a vivienda protegida los ingresos que obtenga de la venta de inmuebles". Por ello, exigió a Barbera que "cumpla la legalidad" y "no enmascare los agujeros generados por su gestión".







* Levante-emv.com - M. Vázquez - 29.04.09
Foto: Valencia, ayuntamiento - wikimedia.org

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Más de una decena de sentencias condenatorias ordenan demoliciones en parajes de Sevilla en 2009

SIGLOXXI* : El número de sentencias condenatorias que ordenan demoliciones en lo que va de año 2009 en distintos parajes de Sevilla, entre los que destaca "Las Minas" de la localidad de Castilblanco de los Arroyos, supera ya la cifra de diez resoluciones en este sentido, aunque no todos los condenados llevan a cabo tales demoliciones.

Según los datos recabados por Europa Press de las sentencias procedentes de los juzgados de lo Penal de Sevilla desde los últimos días del año 2008, en estos cuatro meses de 2009 se han dictado once sentencias por delitos contra la ordenación del territorio que llevan aparejada penas de entre seis meses y un año de prisión, además de la orden de demoler lo construido de manera ilegal.

La tónica habitual en los últimos años de la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía de Sevilla es precisamente instar a los jueces de lo Penal a que ejecuten las sentencias condenatorias que ordenan la demolición de viviendas ilegales en suelo rústico por delito urbanístico.

No obstante, en lo que va de 2009 también hay algunas resoluciones que absuelven a los acusados y otras, en concreto dos sentencias, que a pesar de que se condena a alguna pena de prisión no se ordena la demolición.

La Fiscalía, del mismo modo, solicita a los juzgados penales que ordenen en cada caso a los ayuntamientos de las localidades afectadas que colaboren con la Junta, poniendo a su disposición técnicos y policías locales para ayudar a los agentes que la Administración autonómica disponga para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la orden judicial.

Entre los casos más recientes se encuentra la sentencia del Penal 9 que condenó a una pena de un año de prisión a una mujer de 63 años por construir de forma ilegal una vivienda y una segunda edificación que iba a ser usada como tienda-bar en el paraje "Las Minas" de la localidad de Castilblanco de los Arroyos, en Sevilla. En este caso, el juez decretó además la demolición de lo construido y la realización de las obras que sean necesarias para reponer la parcela afectada a su estado original.

Por su parte, la Audiencia Provincial de Sevilla confirmó otra condena de seis meses de prisión impuesta por un juzgado de lo Penal a un matrimonio por el delito contra la ordenación del territorio que los acusados cometieron al edificar una vivienda sin autorización en el paraje "Las Minas". La sentencia también acordó la demolición de la casa a costa de los condenados.

Entre las absoluciones, destaca la del alcalde de Lora de Estepa, Salvador Guerrero (PSOE), y el concejal del PP J.M. Díaz de un delito contra la ordenación del territorio por el que la Fiscalía pedía un año de cárcel al apreciar delito en la concesión de una licencia para la construcción de naves. El juez no apreció en este caso conductas delictivas.







* Siglo XXI - E.P. - 29,04,09
Foto: Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), urbanización Las Minas - diariodesevilla.es

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Burgos: El TSJ anula por segunda vez el proyecto de actuación del sector urbanístico S-7

DIARIODEBURGOS* : La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha anulado por segunda vez el proyecto de actuación del sector urbanístico S-7 (Fuentecillas norte) al considerar que vulnera la legislación urbanística vigente. En la sentencia, que estima el recurso de apelación presentado por 10 propietarios de terreno, se anula el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 29 de diciembre de 2006 por el que aprobó definitivamente ese proyecto de actuación.

La resolución judicial obliga a retrotraer el procedimiento administrativo al momento inmediatamente posterior al acuerdo de aprobación inicial para que se tramite el expediente conforme a la Ley de Urbanismo de Castilla y León y se eliminen todos los defectos detectados.
Así, los magistrados ponen de manifiesto que, al tratarse de un sector desarrollado a través del sistema de concurrencia, el proyecto de actuación debe incluir el urbanizador propuesto, así como la adjudicación del concurso para la selección del urbanizador, extremos que no han sido recogidos en el proyecto de actuación impugnado y que son «causa suficiente para anularlo y retrotraer actuaciones».
Otra de las irregularidades detectadas se refiere a que en ese proyecto aprobado definitivamente no consta la identificación registral y catastral de las fincas incluidas en la unidad con fecha posterior a la aprobación inicial. Tampoco figuran la relación de propietarios.
Además, la Sala señala que en esos terrenos existen unos inmuebles que no han sido tenidos en cuenta en el proyecto «y, que según parece, no van a ser respetados». «Los proyectos de actuación deben contener los documentos de información que reflejen adecuadamente las características relevantes de la unidad de actuación y entre ellas indica precisamente las construcciones e instalaciones existentes», indican, tras recordar que por la pericial aportada se acredita que existen construcciones en las parcelas sobre las que no figura información en el proyecto de actuación que refleje de forma adecuada las características de esas edificaciones. Igualmente, el tribunal recuerda que no se han determinado, tal y como establece la Ley, los criterios para determinar las compensaciones y las indemnizaciones que proceden por esas construcciones.
Por último, la sentencia destaca que el proyecto obvia la cuestión relativa a la retribución del urbanizador, pese a que la legislación lo exige.







* Diario de Burgos - B.D. / Burgos - 29.04.09
Foto: Imagen de archivo del sector S-7 (d.), junto a Fuentecillas. - Luis López Araico, diariodeburgos.es

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El TSJ anula la resolución del Consell que declaró urbano el paraje del Pinaret

INFORMACIÓN/Alicante* : En la misma línea que en las aparecidas la semana pasada, otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana vuelve a anular las decisiones de la Generalitat en materia urbanística avalando la actuación llevada a cabo por el Ayuntamiento de Dénia y su gerencia de Urbanismo entre 2003 y hasta la moción de censura de julio de 2007...
... cuando en plena tramitación para elaborar el nuevo Plan General asumió el Partido Popular la alcaldía de la mano de todo lo imprescindible para llevar adelante la operación: los partidos independientes Centre Unificat, Gent de Dénia y Partido Social Demócrata, y el cooperador necesario Juan Collado, tránsfuga socialista.

El fallo judicial declara ilegal la resolución por la que la entonces la Conselleria de Territorio declaró urbano en 2007 el paraje del Pinaret de Jesús Pobre, justo cuando el ayuntamiento tramitaba ya su protección.
La sentencia resuelve uno de los supuestos escándalos urbanísticos que en el anterior mandato utilizó la oposición (PP, GD y Els Verds) contra el gobierno PSPV-Bloc. Y el año pasado, nada más tomar el poder, el actual pentapartito adoptó entre sus primeras medidas constituir una comisión de investigación sobre las supuestas corrupciones del Pinaret. La comisión ni siquiera se ha reunido jamás, y ya no hace falta: el TSJ acaba de avalar las decisiones adoptadas entonces por el ejecutivo municipal. Unas iniciativas emprendidas en aras de proteger el paraje y con el objeto de resolver la problemática suscitada a raíz de que, debido a un error del Plan General Transitorio -entonces ya vigente-, el ayuntamiento había otorgado en 2006 una licencia de obra a la empresa Noka Prada para que llevara a cabo la construcción de una urbanización de 29 adosados en el emblemático paraje del Pinaret, en Jesús Pobre.
Advertido el error, originado en una incongruencia del Plan General -en la ordenación estructural figuraba el Pinaret como suelo forestal protegido, y en cambio en la ordenación pormenorizada parte del paraje constaba como urbano-, el ayuntamiento gobernado por PSPV y Bloc acordó, espoleado por las protestas vecinales e incluso una manifestación que se celebró en Jesús Pobre, iniciar la revocación de la licencia, así como la tramitación para que los terrenos se protegieran definitivamente. Ya en el pasado mes de octubre, una primera sentencia del TSJ dictaminó que la licencia se revocó de manera legal y que, además, la empresa Noka Prada no tiene derecho alguno a indemnización por ello.

La oposición llama "cínico"
al pentapartito

En los últimos 10 días, PSPV y Bloc han recibido el aval judicial a sus proyectos del T-1, del Camí dels Lladres y del Pinaret. Según la ex alcaldesa, Paqui Viciano, "se les están cayendo los motivos esgrimidos para la moción de censura" mientras Pau Reig, del Bloc, denunció la "postura cínica e hipócrita" del pentapartito. Viciano y Reig coincidieron también en acusar al Consell de ceder ante las "presiones" de las promotoras en lugar de "defender el interés general, que es lo que hacía el anterior gobierno de PSPV y Bloc".






* Información - SERGI GARCÍA - 29.04.09
Foto: Vecinos de Dénia y Jesús Pobre se manifestaron en el Pinaret para exigir la protección - ernest weber, diarioinformacion.com

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Urbanismo detecta 33 obras ilegales en la inspección por satélite

HUELVAINFORMACIÓN* : Todavía a expensas de finalizar las inspecciones, la campaña de control de obras con tecnología espacial contratada por el Ayuntamiento ha detectado ya 33 irregularidades urbanísticas en el término municipal de Huelva, infracciones que hasta la fecha se han saldado con la apertura de 11 expedientes sancionadores y otros 22 que está previsto que se incoen proximamente.

Las ilegalidades localizadas vía satélite se concentran mayormente en la franja Norte de la capital, supuestos de construcción de viviendas aisladas en terrenos rústicos; algunas ampliaciones de casas antiguas; cuadras y perreras no autorizadas; y, entre otros casos, obras de conservación y mejora sin licencia en los núcleos urbanos de La Alquería y La Ribera.

Se trata de los resultados provisionales de la revisión que se viene haciendo desde el Consistorio en los últimos cuatro años con la tecnología más avanzada. Con un presupuesto de 30.000 euros, la Gerencia Municipal de Urbanismo perpetuó los trabajos que se iniciaron años antes con fondos europeos, adjudicando en 2007 a la empresa Decasat el contrato de consultoría y asistencia técnica para la actualización de su cartografía con una serie de fotografías tomadas por el satélite Quickbird.

Según informaron desde la Gerencia, esta encomienda tiene por objeto la detección de posibles infracciones urbanísticas "no advertidas con los recursos usuales, siendo la base del trabajo dos imágenes de satélite separadas en el tiempo, datadas en diciembre de 2005 y mayo de 2007. La campaña de inspección se desarrolla en una fase previa de oficina (con tareas de planificación, definición de sectores de trabajo o emplazamiento, comprobación de la existencia de expedientes urbanísticos y/o disciplinarios, identificación del responsable o propietario…) y una segunda criba de trabajo de campo.

El área de referencia que se está analizando abarca 75 kilómetros cuadrados, esto es, el término municipal a excepción de dos vastas zonas en las que se descarta la construcción: la ría y las balsas de fosfoyesos.

El perímetro en estudio se ha dividido en cinco sectores: (1) terrenos rústicos en el entorno de Peguerillas y el centro penitenciario. (2) Suelo rústico entre la carretera de Gibraleón y el Polígono Fortíz. (3) Fincas rústicas del entorno del Parque Huelva Empresarial y el Polígono Tartessos. (4) El casco urbano y los polígonos industriales limítrofes (La Paz, la Esperanza, Polirrosa, Romeralejo, Miraval y Naviluz, entre otros).

No se han iniciado aún las tareas de inspección en el último sector, (5) que comprende la franja delimitada por la Avenida Francisco Montenegro hasta la Punta del Sebo, así el Paraje Natural Marismas del Odiel y la playa del Espigón.

Según el informe provisional de la Gerencia, entre febrero y marzo de 2008 se inició el trabajo de campo, basándose el modo de operar en la planificación realizada. Se empezó por el Polígono de Peguerillas, La Ribera, La Alquería y Carretera del Cementerio. En diciembre se retomó la identificación de los cambios constructivos detectados por las imágenes del satélite (diciembre 2005 - mayo 2007). "Durante la ejecución del trabajo de campo -explican- se detectan in situ situaciones urbanísticas inadecuadas, que no son advertidas por las imágenes fechadas entre diciembre de 2005 y mayo de 2007, ya que la ejecución de las mismas pertenecen al periodo 2004 - 2005 y anteriores. Dado el desconocimiento y la dificultad de localización en la base de datos de Disciplina, se opta por realizar una base de datos de todas las construcciones en terrenos clasificados como suelo no urbanizable, para facilitar futuras actuaciones de control y recuperar, en su caso, los expedientes disciplinarios ya incoados".

Respecto a la situación de las tareas de inspección, hasta el momento, se han realizado un centenar de visitas, que han dado lugar a la elaboración de 70 fichas de identificación. De estas, en Suelo No Urbanizable, con el 75% de visitas realizadas, han generado la apertura de 11 expedientes sancionadores y otros 22 pendientes de abrirlos. En cuanto a Suelo Urbano, tras visitar el 50% de cambios detectados por el satélite, se han abierto 16 expedientes que sin embargo, corresponden a situaciones normalizadas, aunque en tramitación (esto es, falta algún certificado, ha caducado la licencia, … pero el departamento de Disciplina urbanística tenía constancia de esa actuación).







* Huelva Información - Inma Gallego/ Huelva - 27.04.09
Foto: Huelva, imagen satélite - huelvainformacion.es

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Un aparejador del Ayuntamiento de Yaiza declara que había personas que llegaban a la oficina de Urbanismo “con la licencia en la mano”

CANARIAS7/Lanzarote* : El aparejador del Ayuntamiento de Yaiza, en excedencia, Pablo Carrasco Cabrera, declaró el pasado viernes en calidad de imputado en el Juzgado nº2 de Arrecife por el caso de la concesión de licencias a hoteles en Playa Blanca. Durante los dos últimos días de la semana declararon varios testigos e imputados.

Carrasco está en situación de excedencia desde hace tres años y trabajó en la oficina técnica del área municipal de Urbanismo entre 1988 y 2006. Durante su declaración señaló que hubo ocasiones excepcionales en que los proyectos llegaban al departamento después de que la licencia estuviera ya concedida. Aseguró que comentaba esa circunstancia con su compañero Alfredo Morales, esto es, “que había llegado una persona con la licencia en la mano” antes de haber informado sobre el proyecto.

El aparejador señaló que había un volumen de trabajo muy grande en esa época (1998) y que se tardaba al menos dos semanas en realizar un informe para la licencia de un hotel. Sin embargo, el viernes 29 de mayo de 1998 se solicitaron seis licencias de hoteles que se concedieron el lunes 1 de junio, tras conseguir los informes técnicos y el decreto de alcaldía.

Carrasco aseguró que cuando un proyecto no cumplía la normativa informaba negativamente y se lo decía de modo expreso al alcalde y que este, José Francisco Reyes, en ocasiones acudía a la oficina técnica a preguntar cómo iban los proyectos.

Detalló a preguntas de la juez el procedimiento para la concesión de una licencia y señaló que en ocasiones llegaba el informe del secretario y en otras no. También dijo que al principio hacía las advertencias de la falta de informe del Plan Insular de Ordenación (PIO) pero luego no, porque había mucho “lío”, especificando que se refería a lo que leía por la prensa, que se aprobaba un decreto y después se dejaba sin efecto.

Papagayo Arena

Con respecto a la agrupación de las parcelas para construir el hotel Papagayo Arena, el aparejador señaló que no informó de dicha agrupación y de la licencia de vuelo del establecimiento, ya que las parcelas las agrupó el Ayuntamiento. Hay que recordar que al agrupar las parcelas, el consistorio sumó al suelo urbano un pasillo verde, que ahora ocupa el edificio del recinto hotelero.

En relación a otro de los imputados en el procedimiento, el letrado Felipe Fernández Camero, ex secretario del Ayuntamiento de Arrecife y defensor de Yaiza en los pleitos por estas licencias, señaló que sabe que asesoraba a la corporación, pero que tuvo poco contacto con él y que alguna vez, muy pocas, le hizo alguna consulta.

Morales

El otro aparejador del Ayuntamiento de Yaiza, Alfredo Morales, también declaró, como testigo, el día anterior a la declaración de Carrasco y otros imputados. Señaló que no recordaba haber realizado seis informes técnicos en un fin de semana para conceder otras tantas licencias a hoteles.

También declaró que las ordenanzas del plan parcial donde se asienta el hotel Princesa Yaiza establecían claramente menor altura de la construida y con respecto al PIO dijo que no hacía referencia a este documento en sus informes porque sólo contrastaba los proyectos con las ordenanzas del plan parcial, aunque posteriormente la mayoría de los informe de la oficina del PIO fueron negativos.







* Canarias 7 - ACN Press - 28.04.09
Foto: Yaiza (Lanzarote) - dis.ulpgc.es

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"Hay un enorme pastel urbanístico para gente muy golosa y hambrienta"

MÁLAGAHOY/Entrevista a Rafael Yus* : Se conoce la Axarquía como la palma de su mano. La vigila y la mima difundiendo sus valores naturales y paisajísticos. Después de 15 años como presidente del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía, su labor ha tomado protagonismo porque una de tantas denuncias urbanísticas que han interpuesto en la comarca desembocó en el caso Arcos.

Sin embargo, ha colaborado con muchos ayuntamientos e instituciones en la elaboración de las Agendas 21. También consiguió el Premio Provincial de Medio Ambiente por su decisiva aportación tras las inundaciones de Rincón de la Victoria de 2004.

-¿Cómo llegó a la Axarquía?

-Llegué por razones laborales. Conseguí una beca predoctoral en el Centro Experimental La Mayora de Algarrobo y allí estuve dos años hasta que ingresé en el Departamento de Zoología de la Universidad de Granada, donde di clases otros dos años. Posteriormente ingresé en el cuerpo de profesores de Enseñanza Media y al poco tiempo fui nombrado Catedrático de Ciencias Naturales. Como tal he pasado por Torrox, Nerja y finalmente Vélez-Málaga, donde resido desde hace treinta años. El hecho de que su paisaje nos cautivara (a mi esposa y a mí) fueron concluyentes para quedarnos en este lugar, a pesar de que teníamos otras opciones a nuestro alcance.

-Y desde entonces, no existe una duna, una planta o un animal que se escape a su control.

-Lo hemos intentado, pero la Axarquía tiene infinidad de rincones y cada año descubrimos cosas nuevas. A lo largo de estos años hemos escrito más de veinte libros, verdaderos tratados sobre el medio natural de todos los ambientes de la comarca, que constituyen por sí solos el único inventario realizado sobre los elementos naturales de esta comarca. Pero lamentablemente nuestro control no es suficiente.

-¿Ha cambiado mucho la comarca desde que decidió instalarse?

-Sí que ha cambiado, y esto lo podemos demostrar con las típicas fotografías del "antes y ahora". El cambio ha sido vertiginoso en los últimos diez años, sobre todo en las partes más sensibles del paisaje de la Axarquía, no solo el litoral, que ya empezaba a estar degradado con las torres tipo Benidorm, sino en el campo, que se ha ido llenando de casas o mansiones, además con estilos arquitectónicos que desentonan con la arquitectura popular. La consecuencia es la banalización del paisaje y la degradación de un activo que ya es muy difícil ponerlo en valor para la auténtica actividad turística.

-Y las mansiones y casas en el campo empezaron a hacerse evidentes a la vista de todos. Hace años, usted ya lo advirtió.

-Es que es algo muy evidente. Mucha gente comenta que las casas crecen como hongos, a veces en un tiempo récord. Nuestra asociación, que inicialmente se dedicaba a hacer excursiones de estudio de la naturaleza, pronto se percató que algunos enclaves o hitos paisajísticos eran ocupados por casas, destruyendo el paisaje o eliminando el derecho a disfrutar del mismo, cuando no destruyendo vegetación o animales. Esto nos motivó a empezar a denunciar públicamente lo que calificábamos como desastre, inicialmente a la Junta de Andalucía, y finalmente a la Fiscalía de Medio Ambiente, ante la inoperancia de la administración.

-Han llegado a presentar más de 500 denuncias en toda la comarca.

-Si tenemos en cuenta que en la Axarquía hay unas 22.000 viviendas en suelo no urbanizable, de las cuales más de la mitad se construyeron en tan solo diez años y de éstas especialmente en los años 2006-2007, ya podemos darnos cuenta de que nuestras denuncias sólo rozan la realidad. Nosotros no solemos denunciar viviendas aisladas, nos centramos en procesos urbanizadores encubiertos en suelo no urbanizable, es decir en construir casas en una serie de parcelas de un mismo propietario que las vende una a una de una forma sistemática, como si fueran casas de aperos, con lo cual hace una urbanización sin plan parcial, y por tanto saltándose la obligación de urbanizar y dar al ayuntamiento el porcentaje de suelo estipulado por la Ley del Suelo. Un negocio redondo, con mucha ganancia, pero a costa de un daño irreversible.

-¿Considera una victoria que la Fiscalía haya abierto el caso Arcos contra la corrupción urbanística en Alcaucín?

-No lo calificaría como una victoria, porque nuestra intención nunca ha sido meter gente en la cárcel, ha sido más bien una triste consecuencia de nuestro tesón. Nuestro esfuerzo, aun sabiendo que tenía pocos frutos, ha ido dirigido siempre a que la población y los gobernantes, tomaran conciencia de esta especie de cáncer de la Axarquía. Somos de esta comarca y queremos lo mejor para ella y sus habitantes, pero ciertamente nuestras propuestas no dan un dinero de forma tan rápida y fácil como el negocio inmobiliario. El caso Arcos, que igualmente podría haberse producido en otros municipios de la comarca de haberse contado con suficiente información, ha tenido en cambio la virtud de que los alcaldes se enteren de que las leyes están para respetarlas y hacerlas respetar, y que el poder tiene sus límites.

-Sus denuncias por irregularidades urbanísticas se extienden por todos los pueblos.

-Prácticamente todos, aunque unos mucho más que otros. Por ejemplo, municipios como Alfarnate, Salares, Benamocarra, Totalán y El Borge tienen un ritmo más pausado. En cambio, en municipios como Alcaucín, La Viñuela, Cómpeta, Sayalonga, Torrox, Frigiliana, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Archez, Arenas, Moclinejo, Comares, Riogordo y Periana el ritmo ha sido trepidante en los últimos años. Los fundadores del proceso fueron Alcaucín, Cómpeta, Sayalonga, Torrox, Frigiliana y La Viñuela. Los demás, como Periana, Arenas y Canillas de Aceituno intentaron imitarles porque a fin de cuentas no les pasaba nada y se decían "¿si éste puede por qué yo no?"

-Así, algunos alcaldes lo consideran su azote porque nada pasa desapercibido a sus ojos

-Somos una modesta asociación que lo único que hace es protestar públicamente por el incumplimiento de leyes que son de todos. Algunos alcaldes nos consideran garbanzos en sus zapatos, otros son más comprensivos pero nos siguen viendo algo extremistas. El asunto es que en estos temas no hay término medio: o cumples o no cumples la ley.

-¿Puede entender, de alguna forma, que los alcaldes se quejen de recibir el mismo tratamiento que los políticos de Marbella o Estepona?

-Es evidente que no hay dos casos exactamente iguales. Algunas veces solo son delitos de ordenación del territorio, otras veces incluyen problemas de corrupción. Pero es raro que un político que se arriesga a cometer un delito de este tipo no pida algo a cambio (sea para su beneficio o para el ayuntamiento o para ambos), y aquí viene la corrupción. Por este motivo, los criminólogos tienen establecido un modelo básico de corrupción urbanística que se puede decir que, salvo matices locales, es el mismo en todos los lugares. Lógicamente pueden variar las cantidades porque no es lo mismo un negocio en la Costa del Sol que en la Axarquía, el suelo allí es mucho más caro, y por tanto hay que pagar más por delinquir.

-El proceso urbanizador en la Axarquía comienza hace décadas, y ahora empieza a intervenirse. Usted ha señalado la inoperancia de la Junta de Andalucía.

-Cuando ponemos una denuncia administrativa, a veces tarda un año en contestarnos y es porque se pone un marcha un pesado mecanismo burocrático que empieza por pedir información al ayuntamiento en cuestión, dándole un plazo de un mes, que frecuentemente se alarga, luego tiene que enviar inspectores, que son pocos y por tanto tampoco pueden aligerar el proceso, y así sucesivamente. Si encuentran que es una falta, inician un proceso judicial pero por el contencioso administrativo, que puede emplear de dos a tres años en resolverse. Luego están las presiones de los políticos que reclaman vista gorda porque son del mismo partido, a veces chantajeando con cambiar de partido, o amenazar con la pérdida de votos por el exceso de celo. La justicia es algo más rápida pero su falta de recursos también la enlentece, pero al menos es teóricamente neutral y no se ve colapsada por las influencias políticas.

-Las construcciones en suelo rural, ¿son un problema endémico de la Axarquía?

-No lo creo. Este problema se reproduce donde se juntan tres factores: hay minifundios, la agricultura ha perdido competitividad y el lugar tiene un alto interés turístico (por su clima, paisaje, etc.). Esta situación se da en muchos lugares, por ejemplo en Mijas, Estepona, Veger o Chiclana. Ciertamente hay un cuarto factor: la relajación de las autoridades ante los hechos. Los ayuntamientos tienen competencia urbanística y esto supone hay un enorme pastel urbanístico para gente muy golosa y hambrienta. La rentabilidad del negocio inmobiliario es enorme.

-¿Cree que el POT de la Axarquía es un buen instrumento para regular la situación?

-El POT de la Axarquía es un documento válido, posiblemente el único documento que yo conozca que defienda tan bien el paisaje, porque sus redactores se percataron de la importancia de este activo. Nosotros colaboramos en su redacción, junto con otros sectores, políticos y empresariales, por lo que es un documento consensuado. Los alcaldes se quejan de que este instrumento frena el desarrollo de los pueblos, pero es que el POT no puede ir en contra de la Ley del Suelo (LOUA) que es de rango superior, y si esta ley dice que no se puede construir en suelo no urbanizable, pues hay que cumplirlo.

-¿Qué tiene de especial la naturaleza de esta comarca del levante malagueño?

-El paisaje de la Axarquía es un cromo, una instantánea que te muestra el modo de vida de miles de agricultores, el resultado de una titánica labor de roturación en laderas escarpadas. Es una comarca muy humanizada, por lo que apenas hay lugares donde se ha permitido desarrollarse la naturaleza a su aire. Tan sólo los más agrestes y rocosos nos muestran una naturaleza de tipo mediterráneo cuya máxima expresión la tenemos en el Parque Natural de Tejeda y Almijara, donde se congregan las especies más singulares tanto de flora (el tejo) como de fauna (la cabra montesa). Pero la zona agrícola también es rica en fauna, siendo el elemento más destacado el camaleón, que encuentra en esta comarca la zona donde más ampliamente se ha desarrollado en todo el continente europeo.

-Y sus habitantes lo desconocen… Y los estudiantes, ¿se interesan?

-Las especies más corrientes son conocidas por todos los habitantes. Lo que se desconocen son los endemismos vegetales y animales, que lógicamente solo son reconocidos por los expertos. A través de artículos de divulgación hemos intentado que haya más gente que los conozca. A los estudiantes les interesa más la naturaleza viva, la que se ve en el medio natural, que la que está petrificada en los libros de textos. Están abiertos a conocer curiosidades.

-¿Cómo son vuestras relaciones con las instituciones?

-Nuestra actitud siempre es y será de colaboración, de ayuda desinteresada, como asociación sin ánimo de lucro que somos. Así lo hemos demostrado en la Diputación Provincial, los Ayuntamientos, la Mancomunidad, el CEDER, las escuelas, etc. Pero si observamos faltas graves, las denunciamos sin más. No hay paños calientes para nadie, mantenemos nuestra independencia y nuestra no alineación con ningún partido político.

-¿Existe hoy en día más concienciación con el medio ambiente o sólo es de boquilla?

-En la era de la información es lógico que la gente esté más enterada de la existencia de problemas ambientales. La concienciación es otra cosa, requiere un replanteamiento de valores y esto no sucede en personas que no reflexionan sobre lo que hacen, sobre lo que están contribuyendo con su actividad diaria, o bien son extremadamente antropocéntricas. El dato más palpable es la falta de movilización ciudadana ante los atentados más graves contra el medio ambiente. Fenómenos mediáticos y gregarios como la marea blanca de voluntarios frente al chapapote del Prestige no nos deben engañar.







* Málaga Hoy - 26.04.2009
Foto: Axarquía (Málaga), diseminados - laopiniondemalaga.es

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Anticorrupción se queja de su precariedad ante el "espectacular" incremento de trabajo

ELPAÍS* : La Fiscalía Anticorrupción experimentó en 2008 un incremento "espectacular", del cien por cien, en el número de diligencias de investigación incoadas respecto al año anterior, según la memoria de esta fiscalía especial que dirige Antonio Salinas. Durante 2008 se interpusieron 15 nuevas querellas o denuncias y ampliaciones de otras anteriores.

El fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, menciona la "precariedad de medios ofimáticos" y de que no dispone de los medios informáticos apropiados para el tratamiento de la información y documentación acorde con las necesidades de la Fiscalía especial.

En la actualidad, Anticorrupción interviene en un total de 246 procedimientos penales, entre los que destacan la Operación Gürtel contra la trama corrupta vinculada al PP, además de casos como el del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra; la Operación Ballena Blanca, sobre corrupción en Marbella; las presuntas estafas filatélicas de Afinsa y Fórum o Gescartera. La Fiscalía investiga también una treintena de convenios celebrados por el Ayuntamiento de Marbella.

A lo largo de 2008, la Fiscalía Anticorrupción estudió 268 denuncias de particulares, de colectivos u organismos, además de 1.724 comunicaciones. La plantilla de la Fiscalía especial es de 92 personas, de las que 29 son fiscales y el resto personal colaborador de unidades de apoyo de la Agencia Tributaria, la Intervención General del Estado, policía y Guardia Civil.

Memoria 2008

- Diligencias informativas de la Fiscalía Anticorrupción. En trámite. Dieciséis en 2008; seis en 2007.

Concluidas. Once en 2008; una en 2007.

- Diligencias de investigación.

En trámite. Veintiséis en 2008; nueve en 2007.

Concluidas: Doce en 2008; ocho en 2007.






* ELPAIS.com - J. M. L. - Madrid - 28/04/2009

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El juez atribuye al ex alcalde de Lanjarón delitos urbanísticos

LAOPINIÓN/Granada* : El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Órgiva considera que existen "motivos suficientes" para atribuir a varios miembros del anterior equipo de gobierno de Lanjarón, entre ellos al que fuera alcalde José Rubio (PP), su participación en un presunto delito de prevaricación de funcionario público, otro de usurpación de funciones públicas o intrusismo y contra la ordenación del territorio por permitir la construcción de una vivienda en un lugar de especial protección donde sólo había autorización para levantar una nave agrícola.

En el auto de procedimiento abreviado por el que se da traslado a las partes para la solicitud de juicio oral, se incluye también como imputados a Belén Rodríguez Iglesias, la persona que promueve la obra y a su vez esposa del arquitecto municipal que contrató el entonces alcalde, y al secretario municipal: este último por no presentar "objeción alguna ni poner reparo" cuando se concedió la licencia de primera ocupación sin el informe técnico y jurídico preceptivo.

El asunto se remonta a junio de 2006 cuando la mujer del arquitecto solicita una licencia de obras para construir una nave-almacén y una alberca de 50.000 litros para riego de unos terrenos clasificados como suelo no urbanizable de especial protección al ser Paisaje Agrario Singular. La solicitud se traslada a la junta de gobierno local que procede a aprobarlo al contar con informe favorable el proyecto de nave de aperos. Sin embargo, en su lugar se construyó una casa de hormigón que en nada se ajusta al proyecto, violando las normas subsidiarias que prohíben la construcción de viviendas a menos de dos kilómetros del casco urbano.

Una vez finalizadas las obras, el 29 de mayo de 2007 la propietaria solicita la licencia de primera ocupación que la comisión de gobierno presidida por José Rubio y los ediles Francisco Gutiérrez Castro y Juan José Romero Chaves, en presencia del secretario municipal, Antonio Gijón Aguado, votó favorablemente dos días después pese a la "inexistencia de informe técnico y jurídico preceptivo" y "a sabiendas de que tal decisión carecía de amparo legal alguno".
Intrusismo de Rubio. Según se refleja en el citado auto, al que ha tenido acceso este diario, el entonces alcalde era "plenamente consciente de la inexistencia del informe técnico" pues obvió pedírselo al otro arquitecto municipal que no es el marido de la promotora de la vivienda y que ya en febrero de 2008 inspeccionó la obra determinando que en modo alguno se ajustaba al proyecto.

Conscientes de la inexistencia de dicho informe, el secretario se dirigió verbalmente a los integrantes de la comisión para decirles que "esto es lo que hay, ustedes deciden". El entonces alcalde aseguró que "él personalmente había subido a ver la finca y todo estaba correcto", lo que es interpretado por el juez instructor como una presunta usurpación de funciones puesto que "se arroga un rol que en modo alguno le correspondía y por el que carece de la más mínima cualificación profesional". "Además falta manifiestamente a la verdad ya que las obras realizadas no se ajustaban al proyecto ni siquiera en su apariencia externa", precisa dicho escrito. La inexistencia de actividad agrícola fue igualmente comprobada por los agentes del Seprona de la Guardia Civil.

Según el instructor, había una voluntad del entonces equipo de gobierno de favorecer a la promotora de la edificación y a su esposo dada la "muy buena relación personal" con el alcalde, quien incluso reconoció que la contratación de este último como arquitecto municipal obedecía a la intención de contar con una segunda opinión cuando los criterios del perito no fueran compartidos por la comisión de gobierno. "Todo ello con la premura y urgencia motivada por un inminente cambio de equipo de gobierno ya que días antes el partido de la oposición, el PSOE, había ganado las elecciones municipales por mayoría absoluta".






* La Opinión de Granada - ÁLVARO CALLEJA - 27.04.09
Foto: Lanjarón (Granada) - ideal.es

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