La trama corrupta balear tuvo su apogeo con el presidente Matas al frente y sus relaciones ilegales con diferentes empresas afines. El sistema seguido por el Govern era el habitual en estos casos con cobros en negro, facturas falsas endosadas a empresarios ligados al partido y compensación de la deuda impagada con contratos públicos.
"INFOLIBRE* : La trama conocida como Gürtel balear por sus similitudes operativas con la de Francisco Correa y cuyo propietario ya ha reconocido que ayudó al PP balear a financiar ilegalmente su campaña de 2003 recibió entre ese año y 2008 más de 32,4 millones en contratos de administraciones gobernadas por ese partido.
Así consta en la documentación remitida al juez del caso por Hacienda que constata cómo, aunque la investigación ha comenzado en Baleares, son la Comunidad de Madrid, la Generalitat valenciana, la Junta de Castilla y León y el Govern balear los que mayores ingresos proporcionaron a las cuatro sociedades del sector de la publicidad que conformaban el entramado nucleado en torno a la mercantil Over Marketing.
El listado incluye 18 pagos de distintas organizaciones del PP –desde el grupo parlamentario en el Congreso al de Castilla y León– que, entre 2003 y 2008, suman un millón de euros. Según el sumario, solo la campaña del PP balear en 2003 reportó al grupo Over 200.000 euros, parte de ellos pagados en negro o mediante facturas falsas endosadas a terceros. El partido solo declaró 20.000.
Su dueño, el publicista, Daniel Mercado, no solo ha reconocido ya que el grupo se benefició de contratos amañados, con mención expresa a Madrid, sino que sugiere que “es posible” que sus empresas cooperasen también en la financiación ilegal de campañas en otras comunidades autónomas. Cobros en negro, facturas falsas endosadas a empresarios afines al partido y “compensación” de la deuda impagada con contratos públicos era el sistema seguido, al menos en Baleares según lo investigado. El fraccionamiento de contratos para ocultar las adjudicaciones a dedo y las convocatorias selectivas para que solo optasen a la licitación sociedades de la trama dibujan un modus operandi casi idéntico al de sus rivales de la genuina red Gürtel.
Investigada como pieza separada del caso Palma Arena por el juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach, la envergadura y extensión de las operaciones investigadas es tal que no cabe descartar que el caso salte a Madrid. De momento, el juez ya tiene en su poder todas las operaciones comerciales declaradas por Over Marketing y sus tres empresas satélite: Traci Comunicación, Abanico de Comunicación y Link América.
Y es ese documento, el llamado Modelo 347, el que desvela el ingente volumen de adjudicaciones públicas con que se hizo el grupo. Por ejemplo, el Gobierno de Madrid repartió entre las cuatro sociedades 11,15 millones de euros entre 2003 y 2008, aunque no fue la única administración de la comunidad que contrató con reiteración a Over Marketing y sus satélites: los ayuntamientos de Alcalá de Henares y Móstoles encabezan el listado de municipios gobernados por el PP que acudieron a los servicios de Daniel Mercado y su equipo. Por lo que respecta a la Junta de Castilla y León, los pagos ascendieron a 5,5 millones. De la Generalitat valenciana salieron 4,02 millones. Y otros 1,5 millones salieron del Govern balear. El resto de los fondos públicos obtenidos por la trama de Over Marketing procede, básicamente, de ayuntamientos y diputaciones.
López Viejo vuelve a escena
En su segunda declaración como imputado, prestada el 27 de octubre de 2012, Daniel Mercado aludió expresamente a manejos contractuales en Madrid y Castilla y León. Y fue ahí cuando afloró un nombre ya célebre en el caso Gürtel, el del exconsejero y exdiputado madrileño Alberto López Viejo, que fue director de la campaña de Esperanza Aguirre en las segundas elecciones autonómicas de 2003, las convocadas tras el tamayazo. "Todo lo que no era concurso, que era competencia de cada Consejería, tenía que pasar por las manos de Alberto López Viejo", declaró Mercado.
"Era López Viejo –prosiguió– el que asignada cada negociado sin publicidad [fórmula en la que se adjudica un contrato por selección entre las empresas previamente invitadas] y le decía al órgano contratante que lo amañara como creyera conveniente". Mercado, y ahí remató en lo concerniente a la Comunidad de Madrid, "nunca acudió a Esperanza Aguirre [presidenta regional hasta septiembre de 2012] a exponer la situación porque le constaba que Alberto era una persona muy valorada y querida por Esperanza".
Tras estallar el caso Gürtel, el grupo parlamentario de IU en la Asamblea de Madrid exigió al Gobierno de Esperanza Aguirre explicaciones sobre contratos millonarios adjudicados al grupo Over. En la convicción de que Daniel Mercado pertenecía a la misma trama que Francisco Correa, IU pidió a Anticorrupción que investigase. La solicitud no llegó a ningún sitio, pese a que IU aseguró tener constancia de que no había un solo rastro indicativo de que se hubiera realizado de verdad una de las campañas publicitarias adjudicadas al miniholding de Mercado. Ahora, la investigación apunta a que Correa y Mercado no solo no eran cómplices sino enemigos. Según Mercado, en 2008 Correa le amenazó en su "integridad física" si seguía intentando trabajar para comunidades gobernadas por el PP.
Entre los documentos incautados durante los registros policiales en la sede de las empresas de Mercado, figura un folio con notas mecanografiadas que arranca así: "CAM Asesoramiento del 2004 y el 2005. Ver a Nacho. Instrumentación ¡!! Madrid.org¿'? Veamos el tema dle concurso del Canal...".
Un pelotazo en la época de Zaplana
El mayor contrato no provino, sin embargo, de ninguna comunidad autónoma sino del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En diciembre de 2003, en la recta final de la legislatura y con el valenciano Eduardo Zaplana como ministro, el Instituto Nacional de la Seguridad Social adjudicó a Over Marketing una campaña sobre la revalorización de las pensiones por nada menos que 7,2 millones de euros. Por razones desconocidas, la empresa solo cobró –o así lo declaró– 5,3 millones.
* InfoLibre - ALICIA GUTIÉRREZ - 24.4.13
Foto: Campaña balear Matas (Archivo) - EFE
La ‘Gürtel balear’ logró 32 millones de administraciones gobernadas por el PP
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25.4.13
por UrbanismoPatasArriba
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Tema: NOTICIAS Baleares
La Fiscalía se querella contra la exalcaldesa de Villaverde del Río por dar una licencia ilegal para 77 VPO
Estamos como siempre, con alcaldes y concejales que se saltan la normativa urbanística, muchas veces con la complicidad de las autoridades autonómicas que miran para otro lado sin paralizar urgentemente las ilegalidades, y con una justicia que es demasiado lenta y, cuando hace algo positivo, ya está perpetrado el delito, con la complejidad de la vuelta atrás.
"EUROPAPRESS* : La Fiscalía de Sevilla ha presentado una querella contra la exalcaldesa de Villaverde del Río, Evangelina Maestra Cabrera (PSOE), por conceder una licencia de obras para construir 82 viviendas --77 de ellas de protección oficial-- y garajes en la localidad en contra de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y pese a los informes desfavorables emitidos por el secretario y el arquitecto municipales.
En la querella elevada al Juzgado decano de Lora del Río, consultada por Europa Press, el Ministerio Público considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio por prevaricación, pues considera que la licencia de obras otorgada por la exalcaldesa "es claramente contraria" a la normativa de planeamiento vigente.
El fiscal responsable de la sección de Medio Ambiente y Urbanismo, Javier Rufino, relata que fue después de recibir un escrito procedente del Ayuntamiento de Villaverde cuando la Fiscalía incoó diligencias de investigación por las posibles irregularidades en la concesión de una licencia de obras para 77 viviendas de VPO, cinco viviendas unifamiliares y garajes.
Así, señala que el promotor de las obras, inicialmente, solicitó licencia de obras para movimiento de tierras, lo que fue concedido, y a continuación pidió licencia para edificar 30 viviendas unifamiliares, que obtuvieron informes técnico y jurídico favorables bajo determinadas condiciones, por lo que finalmente se concedió la licencia de obras por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento el 26 de octubre de 2007, un trámite que no merece reproche penal.
Sin embargo, y sin haber ejecutado aquellas viviendas, la promotora solicitó el 15 de enero de 2009 licencia de obras para construir en el mismo lugar "no las 30 viviendas antes autorizadas, sino 77 viviendas en edificación plurifamiliar y otras cinco viviendas unifamiliares, con un proyecto totalmente diferente a lo autorizado hasta esa fecha".
Esta solicitud, según indica el fiscal, contó con el informe desfavorable por parte del secretario y arquitecto municipales, quienes advirtieron a la entonces alcaldesa de que el aumento de edificabilidad solicitado en ese momento por la promotora requería de la modificación de las normas subsidiarias de planeamiento en vigor en el municipio.
LA QUERELLADA, "CONSCIENTE DE LA MANIFIESTA INJUSTICIA" DE DAR LA LICENCIA
Asimismo, tanto el secretario como el arquitecto del Ayuntamiento informaron a la querellada de que, si bien el proyecto nuevo se adecuaba al estudio de detalle presentado y al proyecto de reparcelación, era necesaria la previa aprobación de la modificación puntual de la norma de planeamiento y de su adaptación a la ley andaluza.
"No obstante la claridad del informe técnico y jurídico advirtiendo de la imposibilidad de conceder la licencia", la exalcaldesa, "consciente de la manifiesta injusticia de otorgar la licencia y tomando en consideración expresamente en su resolución el dictamen técnico y jurídico con las objeciones que le indicaban los funcionarios cualificados", dejó sin efecto la licencia anterior de 26 de octubre de 2007 y concedió la licencia de obras para construir las 82 viviendas y los garajes.
El fiscal asevera que la exprimer edil justificó su decisión "por la urgente necesidad de viviendas de VPO y la situación económica de la localidad y el sector de la construcción (...) y el compromiso asumido por el promotor para el desarrollo de la unidad donde se ubica la parcela", una afirmación "carente de respaldo legal o reglamentario".
INCUMPLIMIENTO "LLAMATIVO" DE LA LEY ANDALUZA
La licencia de obras para las viviendas, que finalmente no se ejecutaron, afectaba a suelo urbano no consolidado "al no haber cumplido los deberes" de urbanización y cesión que imponían las normas subsidiarias, que preveían una capacidad total máxima en esa zona de 50 viviendas, de modo que la decisión de la querellada "incumplía llamativamente" la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y las propias normas subsidiarias.El pleno del Ayuntamiento, en sesión de 12 de julio de 2012, tomó la iniciativa para la revisión de oficio de la licencia ilegal descrita y la restauración del suelo a un estado compatible con la legalidad.
* La Información - EP - 22.4.13
Foto: Villaverde del Río (Sevilla) - tkrom
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25.4.13
por UrbanismoPatasArriba
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