LAPROVINCIA/Lanzarote* : La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado al exalcalde de Teguise y actual diputado regional de CC, Juan Pedro Hernández, a 1.500 euros de multa y a la inhabilitación para el cargo de alcalde y concejal durante un periodo de 25 meses y quince días por un delito continuado contra la ordenación del territorio, en la modalidad de prevaricación urbanística por dar la licencia de obras para dos viviendas en contra de los informes municipales.
Hernández, que fue alcalde entre los años 1991 y 2007 y posteriormente entre el 2009 y 2011, concedió la primera de las licencias en septiembre de 1999 para la construcción de una segunda casa en una vivienda afectada por el Bien de Interés Cultural de la Fundación César Manrique en Tahíche, mientras que la otra licencia fue para la construcción de una vivienda unifamiliar en el pueblo de Muñique.
Según el TSJC el acusado en su condición de alcalde de Teguise otorgó las dos licencias que le habían sido solicitadas a pesar de haber sido informado desfavorablemente dicho otorgamiento por los técnicos municipales, "quienes, además, solicitaban en su informe un estudio técnico jurídico para saber si se podían conceder las licencias, sin que por parte del acusado se requirieran aquellos informes jurídicos previos del Servicio Jurídico del Ayuntamiento o del Secretario de la Corporación".
El TSJC tampoco exculpa a Hernández de este delito a pesar de que las Normas Subsidiarias de Teguise obtuvieran la aprobación definitiva del Gobierno de Canarias en el año 2001, y que con tal aprobación quedaran calificados como urbanos los suelos donde se llevaron a efecto las edificaciones para las que el acusado había otorgado las licencias de obra, "porque, en cualquier caso, cuando se otorgaron las licencias tales Normas de planeamiento eran un mero proyecto, sin capacidad alguna para clasificar suelo urbano, y, por tanto, la actuación desarrollada por el acusado se efectuó contraviniendo la normativa urbanística vigente". El Tribunal insiste en que el alcalde era conocedor de la ilegalidad de su conducta.
* La Provincia - D. RIVERO - 9.11.12
Foto: Teguise, costa (Lanzarote) - lavozdelanzarote.com
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FARODEVIGO* : Los ayuntamientos carecen de medios y fondos suficientes para regular y controlar por sí solos el urbanismo dentro de su término municipal. Es un hecho asumido desde hace tiempo por los concellos y la propia Xunta, que en los últimos años ha respondido con cierta permisividad ante los reiterados incumplimientos de los ejecutivos locales. Pero la disciplina municipal del vai facendo se ha acabado. Al menos en los ayuntamientos gallegos que han dejado en manos de la Xunta la lucha contra el feísmo y el desorden urbanístico. Desde la puesta en marcha en 2008 de la Axencia Galega de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, un total de 57 municipios gallegos -el mayor, el de Ponteareas, con poco más de 22.000 habitantes- se adhirieron a la entidad para que sea el Gobierno autonómico el que tramite las multas y dicte las órdenes de derribo sobre cientos de edificaciones ilegales levantadas en su territorio durante las últimas décadas.
Los hay sin planeamiento urbanístico, con normas subsidiarias, pero también con PXOM; bajo alcaldías del PSdeG, PP y BNG; de menos de mil habitantes y de poco más de 20.000. Pero todos tiene dos puntos en común: sus escasos recursos para impulsar inspecciones urbanísticas y las dificultades para restaurar la legalidad en su concello por tratarse de una administración cercana a los posibles infractores.
Con esta cesión de competencias en materia sancionadora a la Xunta (17 concellos de la provincia de A Coruña, 8 de Lugo, 21 de Ourense y 11 de Pontevedra), los ayuntamientos se olvidan del complejo y farragoso papeleo que acarrea la tramitación de las sanciones y que en la mayoría de los casos les resulta imposible de abordar por la falta de personal técnico. A cambio de esta gestión en materia de urbanismo, los ayuntamientos ceden a las arcas autonómicas el 50% de la recaudación de las multas tramitadas por la APLU, que van desde los 300 euros por la ejecución de una obra sin licencia hasta el millón de euros que prevé la Lei do Solo por las infracciones muy graves o reiteradas. A lo largo de este año, tan solo dos concellos cedieron su competencias en materia de gestión urbanística a la APLU: Fene (A Coruña) y Nogueira de Ramuín (Ourense).
En los más de cuatro años de funcionamiento de la Axencia Galega de Protección da Legalidad Urbanística derribó más de 200 obras ilegales. En sus primeros cinco meses de operatividad, la entidad dependiente de la Consellería de Medio Ambiente tumbó cinco edificaciones. En 2009, la cifra de demoliciones se elevó a 37, al año siguiente a 38 y 2011 sumó 72 demoliciones, un 94% más que en 2010, cuando fueron 38. Por provincias, 28 de los derribos fueron en A Coruña, otros 23 en Pontevedra, 12 más en Lugo y 9 en Ourense.
En cuanto a los expedientes de reposición incoados, el número total ascendió el pasado año a 237, de los que 83 fueron en Pontevedra, 56 en concellos coruñeses, 55 en Lugo y 43 en Ourense. Las multas por no cumplir las resoluciones dictadas por los técnicos de la APLU superaron las 400. A lo largo de este año, las excavadoras tumbaron en la comunidad otras 57 obras levantadas de manera irregular.
* Faro de Vigo - R. PRIETO - 11.11.12
Foto: Vivienda sin licencia derribada en San Cibrao (Ourense). // Iñaki Osorio
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