ELPAÍS/Reportaje* : Decenas de Ayuntamientos, en los juzgados por supuestas tramas ligadas al urbanismo y la basura.
-Intermediario: ¿Qué pisos quieres?
-Ripoll: "Dos de distinto ascensor, D. y E".
Este breve pasaje de una de una conversación, recogida en el sumario del caso Brugal, entre el empresario Rafael Gregori y el presidente de la Diputación de Alicante y líder provincial del PP, José Joaquín Ripoll, es, quizás, el máximo exponente del grado de supuesta corrupción que ha incubado en las instituciones locales y provinciales valencianas en este mandato. Los jueces han destapado un sinfín de supuestas tramas corruptas integradas por cargos públicos y empresarios, cuyo nexo eran el urbanismo y las contratas, básicamente la basura. Los delitos más comunes son cohecho y tráfico de influencias. El poder que algunos protagonistas de las tramas se arrogaban era absoluto. En otro pasaje de las escuchas del caso Brugal, el promotor Enrique Ortiz se jactaba ante uno de sus empleados de ser "la única mano negra" en Alicante. La síntesis de estos escándalos, con entramados rayanos en la novela negra, es más de 30 Ayuntamientos en los juzgados, con la guinda de la Diputación de Alicante, y centenares de imputados, acusados o implicados, entre ellos unos 50 cargos públicos.
La primera trama que saltó a la palestra fue la supuestamente pergeñada por el exalcalde de Polop Juan Cano, del PP, presunto cerebro de un complot, urdido en un club de alterne, para asesinar a Alejandro Ponsoda, su antecesor en el cargo, en octubre de 2007. Tras dos años de pesquisas fueron arrestadas y encarceladas siete personas, incluido Cano, por su implicación en el crimen. La investigación mantuvo que el móvil del asesinato fue el urbanismo. Los agentes también aportaron al juzgado una serie de datos sobre una supuesta trama urbanística, igualmente liderada por Cano. Los acusados están en libertad con fianza y la trama urbanística, que el juez desglosó en una pieza separada, se reduce a una permuta de suelo, propiedad de Cano, con una promotora.
Al caso Polop le sucedió la trama de los 300 chalés ilegales en la huerta del municipio de Llíber. La investigación sostiene que el Ayuntamiento, entonces gobernado por José Más, del PP, concedía licencias ilegales a cambio de suculentas sumas, más de 2,5 millones de euros.
El urbanismo planea como primer móvil de otro escándalo que ha puesto en jaque a los dos alcaldes del PP en Alicante, el exregidor Luis Díaz Alperi y sucesora, Sonia Castedo. Ambos, junto a otras 19 personas, están acusados por el fiscal Anticorrupción de Alicante de supuesto trato de favor al promotor local Enrique Ortiz en la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. Esta causa, aún bajo secreto del sumario, es una de las piezas más destacadas del sumario del caso Brugal. El escándalo surgió en la recta final del trámite del PGOU, que el Gobierno local del PP comenzó hace 11 años. El documento sancionado por el Consistorio está a la espera del visto bueno del Consell.
Las contratas de las basuras han puesto bajo sospecha la gestión de Ripoll en la Diputación de Alicante. El juez sostiene que el dirigente popular entregó la contrata de la planta de la basura del plan Zonal de La Vega Baja a una UTE integrada por Ortiz y Cespa a cambio de dos pisos o su equivalente en metálico, un millón de euros.
Otro Ayuntamiento sacudido por el caso Brugal ha sido el de Orihuela. La investigación mantiene que el Consistorio, presidido por Mónica Lorente, del PP, amañó la contrata de la basura para beneficiar al industrial Ángel Fenoll, hegemónico en este sector en La Vega Baja. Por estos hechos fueron arrestados y están imputados tres ediles del PP.
En la provincia de Valencia, el mayor escándalo trascendió en el verano de 2010. Emarsa, sociedad que gestionaba desde hacía décadas la depuradora de Pinedo, inicia un proceso de disolución dejando tras de sí un agujero económico que, según los socialistas, asciende a 16 millones. El escándalo ha alcanzado también a otros municipios como Zarra, Montroi y Olocau.
De capital público y con un consejo de administración formado por alcaldes y concejales del área metropolitana de Valencia, la gestión de Emarsa está bajo sospecha desde el verano de 2010 en que comenzó su proceso de disolución. Los socialistas, que son minoría en el consejo, pusieron al descubierto una gestión plagada de irregularidades, despilfarro y presuntas estafas. Directivos que cobraban más que el presidente del Gobierno español, empresas que se embolsaron hasta 15 millones de euros por trabajos que la oposición sospecha que no se realizaron, contratos blindados a una empresa de lodos, y pagos a una empresa de azafatas, al frente de la cual estaba la mujer de uno de los directivos. Y en el capítulo de implicaciones políticas destaca la vinculación de varios directivos de Emarsa con el PP, partido al que pertenece el expresidente de Emarsa y alcalde de Manises, Enrique Crespo.
El Ayuntamiento de Valencia también ha tenido su particular escándalo, el de Los Jardines de Monforte. El caso se ha saldado con la imputación por presunta prevaricación del concejal delegado de Urbanismo de la capital, Jorge Bellver. El edil desoyó la orden de la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat y autorizó un aparcamiento sin el informe del organismo autonómico. Las empresas que ganaron el concurso del aparcamiento fueron Secopsa y Enrique Ortiz. Bellver ha sido ascendido en la lista municipal e incluido por primera vez en la candidatura autonómica del partido.
LISTADO DE LOS ESCÁNDALOS MUNICIPALES DE MAYOR ENVERGADURA
- Caso Polop. Fue la primera trama, con tintes de novela negra, que saltó a la palestra. La policía arrestó a siete personas, entre ellas el exalcalde Juan Cano, del PP, como inductor del asesinato de su predecesor, Alejandro Ponsoda. El móvil, según la investigación, fue el urbanismo. El juzgado abrió una pieza separada para investigar la trama urbanística.
- PGOU de Alicante. El sumario del caso Brugal incluye una pieza separada que investiga un supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante al promotor Enrique Ortiz en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El fiscal acusa al promotor y los dos alcaldes del PP, el exregidor Luis Díaz Alperi y su sucesora, Sonia Castedo, de cohecho y tráfico de influencias. El nuevo PGOU está pendiente de la aprobación del Consell.
- Planta de basura de La Vega Baja. Es la pieza principal del caso Brugal e investiga un supuesto soborno al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, por parte de los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll por la contrata de la planta de basura de La Vega Baja.
- Contrata de basura de Orihuela. Tercera pata de caso Brugal. Indaga el supuesto amaño de la contrata de la basura del municipio de Orihuela para adjudicarla al empresario Ángel Fenoll. Por estos hechos fueron arrestados y están imputados tres ediles del PP.
- Caso Emarsa. Escándalo que afecta a la firma Emarsa, encargada de la gestión de la depuradora de Pinedo (Valencia). El juzgado investiga trabajos no realizados por 15 millones de euros.
- Jardines de Monforte. El juez ha imputado al concejal del PP de Valencia Jorge Bellver por autorizar un aparcamiento en los Jardines de Monforte sin permiso de Patrimonio. La obra fue adjudicada a Ortiz. El edil opta a la reelección y ha sido incluido en la lista autonómica del PP.
- Instituciones afectadas e implicados.
Las supuestas tramas corruptas afectan a unos 30 Ayuntamientos, con la guinda de la Diputación de Alicante. Hay centenares de imputados, acusados o implicados, entre ellos unos 50 cargos públicos.
* El País - 30.04.11
Foto: Alicante, registro policial en Diputación - diarioinformacion.com
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LNE/Asturias* : El urbanismo llanisco volvió ayer, una vez más, al Tribunal Supremo. Fue un mero trámite, dado que el asunto de debate, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ya está definitivamente anulado desde hace tres meses; así que las consecuencias de esta nueva sentencia, que se conocerá dentro de unos meses, no pasarán de ser otro aviso para el futuro. El Supremo votó ayer sobre el recurso presentado por el Gobierno del Principado y el Ayuntamiento de Llanes contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que, el 30 de mayo de 2008, anuló el PGOU tras un recurso de la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL). Fue la misma sala del Supremo que ya se pronunció, en sentencia firme, el pasado mes de enero sobre otro recurso presentado por Andecha Astur. El Supremo, entonces, ratificó la anulación del planeamiento, decidida hace cuatro años por el TSJA, lo que dejó al concejo en una situación única en España: sin planeamiento municipal por la anulación en los tribunales de justicia de los tres últimos planeamientos y la derogación del anterior por el Principado.
Esta situación obliga a aplicar leyes generales, estatales y regionales en el concejo, hasta que se redacte un nuevo planeamiento. Y deja al Ayuntamiento prácticamente sin competencias urbanísticas: será la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA) la que tenga en sus manos la mayor parte de las decisiones en esta materia.
El recurso de Avall contra el PGOU llanisco fue aún más allá que el de Andecha Astur, dado que además de la aprobación definitiva del planeamiento el colectivo vecinal recurrió la aprobación del texto definitivo. El TSJA ya dio la razón a Avall en 2008 y anuló explícitamente el PGOU, así como todos los planes parciales y todos los crecimientos en los núcleos que se transformaron de rurales a urbanos, como Barru o Poo, e incluso los crecimientos de los núcleos que ya eran urbanos, pero que los hicieron crecer sin justificar debidamente.
El TSJA, en un severo varapalo al Ayuntamiento y al Principado, criticó entonces con dureza que se hubieran incorporado al planeamiento planes parciales ya anulados junto al plan urbanístico anterior (el de 1992) una vez finalizado el período de información pública, lo que impidió a los ciudadanos emitir opiniones sobre los mismos. Entre las actuaciones urbanísticas que se incorporaron ilegalmente al PGOU están las de La Talá, La Huertona y el polígono industrial de Posada.
Pero los recursos de Avall y Andecha Astur no son los únicos: ha habido también varias anulaciones parciales. Así, un particular recurrió la recalificación de suelos aprobada por el Ayuntamiento -y bendecida por el Principado- en la localidad de Buelna. También en este caso los jueces dieron la razón al recurrente y anularon la ampliación del núcleo rural de Buelna, al no haber justificado debidamente el equipo redactor la recalificación de terrenos. También anularon los tribunales de justicia la ampliación del núcleo urbano de Niembru, lo que ha provocado la orden de derribo de un chalé en construcción, así como el plan parcial de La Talá, una de las «perlas» del modelo urbanístico elegido hace dos décadas por las autoridades locales, con el que se pretendían levantar unas 500 viviendas en el extremo occidental de la villa de Llanes.
La delicada situación urbanística del municipio llevó al Principado a anunciar unas normas provisionales para el concejo, que iban a ser redactadas en tres meses, para presentarlas justo antes de las elecciones del 22 de mayo. La propuesta fue cuestionada por todos los expertos en la materia consultados por este periódico, al considerar inaplicable la normativa elegida por el Principado en el caso de Llanes. Finalmente, el ejecutivo regional dio marcha atrás y anunció que en el concejo se aplicarán las normas estatales y regionales vigentes.
* LNE - 28.04.11
Foto: Llanes (Asturias), vista general - elcomercio
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FARODEVIGO* : El gobierno de Gondomar confía en la justicia y tiene muy claro que la investigación de la Fiscalía de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del área de Vigo sobre el veto a la secretaria municipal y a la técnica de administración general de Urbanismo en relación a asuntos urbanísticos quedará en nada. De hecho, la oficina de Urbanismo del Ayuntamiento ha concedido ya una treintena de licencias al margen de ambas funcionarias, aunque ello pueda suponer, como denunció el BNG ante el fiscal, un presunto delito de prevaricación. Tanto el alcalde, el popular Martín Urgal, como el concejal de Urbanismo, Alfonso De Lis, aseguran que todos los permisos otorgados "se ajustan perfectamente a la legalidad" e incluso anuncian que se tramitarán otros veinte pendientes "en caso de que también cumplan con la normativa urbanística en vigor, las normas subsidiarias recuperadas".
Urgal reiteró ayer que no tiene "ningún miedo a la Fiscalía", que ha requerido al Ayuntamiento el expediente correspondiente a la primera licencia concedida sin la supervisión de la secretaria y la técnica de Urbanismo. "No estoy haciendo ninguna barbaridad, sino todo lo contrario. Las licencias tienen informes favorables del arquitecto municipal y del abogado privado contratado por el Ayuntamiento" para suplir las tareas de las mencionadas funcionarias, desde que fueron apartadas de los expedientes urbanísticos el pasado febrero.
Para el regidor, la concesión de licencias en estas circunstancias es un acto de valentía. "A veces hay que echarle valor a la vida por el bien común. Para mí sería mucho más fácil dejarlo estar y no conceder permisos, pero es que con cada licencia colocamos a dos o tres albañiles y damos de comer a sus familias", recalcó Urgal.
La sombra de Carlos Silva
Cuando se le pregunta sobre el precedente del exalcalde popular Carlos Silva, inhabilitado por prevaricación, también por la concesión de licencias con el Plan Xeral anulado, Urgal recuerda que "Silva fue juzgado inicialmente por 300 permisos y finalmente condenado por solo uno". Tampoco teme que las licencias sean anuladas en el futuro, porque en el proceso de Silva solo fue suprimida una de ellas, precisamente la que lo inhabilitó.
El concejal de Urbanismo se expresa en similares términos. Alfonso De Lis manifiesta su deseo de que la Fiscalía aclare el asunto e incluso ha ordenado a su departamento que remita toda la documentación requerida para asegurarse de que "recibe todo el expediente". El edil también se declara sereno. "Ojalá todos mis problemas fueran este", subraya. Su objetivo, insiste, es dinamizar la economía gondomareña y la concesión de licencias supone "que al menos dos constructoras no echen a la calle a sus trabajadores y que varios negocios inicien su actividad".
* Faro de Vigo - 30.04.11
Foto: Gondomar (Pontevedra) - aedru.org
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SUR/Marbella* : El juicio del 'caso Malaya' pesa como una losa en la Audiencia de Málaga. Su celebración ha requerido un notable esfuerzo con un importante despliegue de medios materiales y sobre todo humanos, que está prolongándose en el tiempo, lo que está provocando que otras necesidades estén desatendidas. El presidente de la Audiencia Provincial de Málaga, Francisco Arroyo Fiestas, aprovechó ayer la presentación de la memoria de este tribunal, para criticar la duración de la vista oral, cuyo ritmo llegó a calificar de «insostenible desde el punto de vista organizativo».
Arroyo recordó que las previsiones eran que el macrojuicio sobre la trama de corrupción en Marbella que terminara a finales de este año, sin embargo la vista todavía no ha llegado a su ecuador. No obstante se mostró confiado en que se pueda acelerar en los próximos meses, aunque reconoció que su ritmo no depende de él sino que lo marca el tribunal, los abogados y el fiscal.
En ese sentido, el presidente de la Audiencia dijo que la única manera de avanzar más rápido es «acelerar los interrogatorios y concentrarse en las pruebas que sean importantes, desechando las que ya son innecesarias, además de una mayor coordinación entre la Fiscalía Anticorrupción y los abogados».
Para que la Sección Primera de la Audiencia pudiera celebrar 'Malaya' fue necesario desplazar magistrados de otras secciones y de la provincia. Arroyo aseguró que esta medida estaba prevista para un plazo «razonable» de un año y «tenemos desatendidas otras necesidades con el fin de que 'Malaya' funcione a pleno rendimiento».
Pese a estas desatenciones que está provocando la envergadura de 'Malaya', Arroyo Fiestas asegura que las medidas «se mantendrán», pero lo deseable sería que el procedimiento «se activara un poco más de lo que está».
Tras recordar que además de 'Malaya', la Audiencia de Málaga ha celebrado en paralelo otros macroprocesos, como el 'caso Minutas', y 'Ballena Blanca', además de estar preparada ya para otros como el del 'caso Troya' (en septiembre) y 'Nilo' (en noviembre), alabó el «esfuerzo realizado por magistrados, secretarios, fiscales y funcionarios» que han intervenido en ellos.
«Muchos no creían que esto pudiera ver la luz y sin embargo el esfuerzo, la ilusión, el optimismo y un alto grado de organización lo han hecho posible», destacó.
Edificios dignos
Francisco Arroyo se refirió ayer a los juzgados de la Costa del Sol, especialmente Marbella, para los que reclamó edificios judiciales «dignos y representativos de las funciones que realizan». Se refirió a la crisis y a que en esta coyuntura económica la industria que «más prospera es la turística», por lo que subrayó la necesidad de «atender en condiciones a los ciudadanos extranjeros que nos visitan». A su juicio, los juzgados de Marbella, a pesar de «la profesionalidad de las personas que trabajan en ellos», no reúnen las condiciones para dar la imagen de un país de la Unión Europea.
«Cuando llega un extranjero que no conoce esos profesionales y ve ese edificio, sinceramente, su nivel de confianza en los tribunales españoles se queda bajo cero», aseguró Arroyo, quien dijo que esta es la impresión que le han traslado los representantes del cuerpo consular de Málaga. «Ellos son los primeros que me han hecho ver cuál es la imagen que tienen la Justicia para los ciudadanos extranjeros. Cuando llegan allí se sienten inseguros y asombrados con un edificio con estanterías desvencijadas, paredes sucias y papeles por los suelos, más propio del Tercer Mundo, que de un país de la Unión Europea».
Para el presidente de la Audiencia es necesario que el Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía abandonen posturas partidistas y «aúnen posturas» para construir una edificación judicial «digna». En ese sentido, destacó el compromiso de la nueva delegada del Gobierno andaluz, Remedios Martel, para poner en marcha un proyecto de edificio judicial.
* Sur - 29.04.11
Foto: Marbella, sumario caso Malaya - malagahoy.es
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ELPAÍS* : Más de 300 manifestantes salieron ayer a la calle en el barrio valenciano de Campanar para criticar la última recalificación de suelo escolar decidida por el Gobierno local. El Ayuntamiento, presidido por Rita Barberá, aprobó en febrero pasado ceder una parcela de 13.000 m2 a la Universidad Católica y las asociaciones de madres y padres (AMPA) pusieron el grito en el cielo. Ayer se movilizaron y avisan de más concentraciones antes de elecciones."En el colegio de mis hijos, el CEIP Giner de los Ríos, ya hay tres barracones", explicaba ayer una de las madres de la AMPA. "En cada uno hay 25 niños y están apelotonados" continuó, "por no hablar de los baños, que se inundan cada dos por tres, o del servicio de comedor, que no da para todos". De hecho, el centro decidió que los niños con los padres empleados tendrían preferencia sobre los demás en el comedor: "Así están las cosas".
Un puñado de pancartas mostraba el sentir de la reunión. "Ensenyament públic i de qualitat; No als barracons, escola ja; No a la requalificació" o "Per l'escola en valencià" eran los lemas de algunas. Los manifestantes recibieron el apoyo del concejal socialista Juan Soto y del escritor Alfons Cervera, vecino del barrio. Se juntaron en la vieja plaza de la Iglesia, donde Campanar apenas rebasa las dos alturas, se comieron la mona de Pascua y salieron al ritmo de la música de una pequeña orquesta.
Esta protesta abunda en las críticas vertidas por la comunidad educativa desde el principio de la legislatura. En Valencia y los pueblos de la provincia faltan escuelas públicas. En Campanar, los tres colegios públicos del distrito no dan abasto, lo mismo que ocurre en Russafa, Malilla o Patraix. En los pueblos pasa lo mismo. En Montserrat, el Ayuntamiento prometió un nuevo centro para el año que viene y a estas alturas ni siquiera están licitadas las obras. En Náquera sucede otro tanto.
Un representante de la Plataforma per l'Ensenyament, convocante de la marcha de ayer, comentó que van a tratar de coordinarse "con otros barrios de cara al próximo acto. La semana que viene", señaló, "hablaremos con todos los agentes educativos posibles para lanzar nuestra próxima acción, en 15 o 20 días". Justo antes de las elecciones del 22 de mayo.
* El País - 29.04.11
Foto: Valencia, ayuntamiento - wikimedia.org
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CLARÍN* : Lo asegura un estudio realizado por la Fundación Ambiente y Naturaleza, la UBA y el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Faltan leyes y las que existen no se aplican. El cambio climático ya está afectando a la población y a los ecosistemas, con el retroceso de los glaciares, la reemergencia de enfermedades como el dengue o la mayor frecuencia de inundaciones, pero la Argentina sigue sin estar bien preparada para enfrentarlo o para al menos minimizar el impacto que se sufrirá. Lo afirma un informe de la organización Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que contó con apoyo para su elaboración de instituciones académicas: el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, las facultades de Derecho, de Arquitectura y Urbanismo, y la Maestría de Gestión Ambiental Metropolitana, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. En el informe, que puede leerse en Internet ( www.farn.org.ar ) se advierte el estado de situación de los principales problemas ambientales relacionados con el cambio climático. “Lo que tenemos es un diagnóstico de la situación, pero no queremos quedarnos en la queja, sino que presentamos propuestas concretas para movilizar estos problemas que nos afectan a todos y a las futuras generaciones de argentinos”, dijo a Clarín María Eugenia Di Paola, directora ejecutiva de la FARN y especialista en derecho ambiental.
En el trabajo, se subraya que si bien el Congreso sancionó las leyes como las de preservación de los glaciares y sus áreas cercanas y la ley de bosques, aún no se están implementando en todo el territorio nacional.
En el caso de los glaciares, que en su mayoría están en retroceso según múltiples estudios científicos, hubo demoras en la reglamentación de la norma que fue sancionada en setiembre del año pasado. Recién en marzo, el Gobierno dispuso que el Conicet inicie el relevamiento de las zonas de glaciares y periglaciares. “Pero aún no definió las zonas prioritarias donde hay actividades humanas que pueden estar afectando a los glaciares, como la minería, ni tampoco empezó con las auditorías”, comentó Di Paola. Desde Greenpeace Argentina y más de 40 organizaciones ambientalistas se alertó el martes pasado que la empresa multinacional Barrick Gold y el gobierno de San Juan han presentado amparos judiciales para que no se aplique la ley de glaciares en esa provincia.
“Se oponen a la ley para que no los auditen y no se evalúe si están dañando a los glaciares cercanos. La misma empresa ya afectó glaciares del lado chileno y fue multada”, recordó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace Argentina.
En cuanto a la ley de bosques, el informe de FARN advierte que aún continúan los desmontes ilegales. La Secretaría de Ambiente de la Nación acordó días atrás con las provincias la distribución de los fondos para controlar mejor los desmontes y compensar a los titulares de bosques nativos que realicen tareas de conservación. Sin embargo, “los fondos asignados para poner en marcha la ley de bosques son menores a la cantidad que fijó la norma”, resaltó Diego Moreno, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina. “El cumplimiento de la ley de bosques es crucial porque reducirá la deforestación, que es una de las fuentes de emisión de gases de invernadero, que conducen al cambio climático”, agregó.
Hay otros obstáculos en el cumplimiento de normas. Leyes como la de residuos industriales, la de gestión de aguas, la de residuos domiciliares y la de quema de pastizales no han sido reglamentadas, según se indica en el informe de FARN. Faltan también crear más áreas protegidas para preservar la diversidad de especies y ecosistemas y fortalecer las existentes.
Con respecto a la energía –que se usa en viviendas, industrias, y transporte, entre otros rubros– aún no se vislumbra un cambio que abandone la dependencia de la quema de combustible fósil (carbón, petróleo y gas natural). “Sabemos que el Gobierno elaboró un plan energético que llega hasta el 2030 e incluye decisiones sobre la controvertida energía nuclear, pero lo mantiene oculto. No brinda acceso a la información ni da participación a la ciudadanía en el plan”, sostuvo Di Paola. El informe revela también que falta una mayor planificación de la gestión de los ríos y sus cuencas, y que para enfrentar el colapso de la merluza en el mar argentino, se necesita planificación y transparencia del Gobierno y del sector privado.
* Nuestro Mar - Clarín - 23.04.11
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SUR/Málaga* : No era funcionario, ni concejal, ni alcalde, solo un empleado contratado. Sin embargo controlaba de manera «absoluta» desde su despacho en la empresa municipal Planeamiento 2000 el urbanismo de Marbella. Este fue el punto de partida para investigar al presunto cerebro del 'caso Malaya', Juan Antonio Roca, el hilo del que tirar que proporcionó el juez Miguel Ángel Torres a los reponsables policiales durante una reunión a la que les convocó un sábado por la mañana en su despacho del juzgado. Así lo explicó ayer ante el tribunal que juzga el caso uno de los inspectores de la Udyco que participaron en las pesquisas que destaparon la trama de corrupción urbanística. El policía intentó despejar las dudas que la abogada defensora de Roca sembró al preguntarle insistentemente sobre el momento preciso en que comenzó la investigación policial. Rocío Amigo trató de poner de manifiesto que las pesquisas pudieron no ajustarse a la legalidad y que incluso la policía ya investigaba a Roca antes de que se lo ordenara el juez instructor. «La 'notitia criminis' llega por parte del juzgado y por la declaración que el jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, Jorge González, hizo ante el juez», aseguró el inspector con contundencia ante las insinuaciones de la letrada.
El testigo relató de forma detallada el inicio de la investigación del 'caso Malaya': «El juez Miguel Ángel Torres nos citó a una reunión en su despacho, por lo especial de la investigación. Era sábado. Nos pidió especial sigilo por la complejidad del asunto y nos dio en mano el mandamiento de investigación en el que iba adjunta la declaración de Jorge González, en la que éste hablaba del poder de Roca en el Ayuntamiento». El mando policial agregó que Miguel Ángel Torres les puso al tanto de que había sido el redactor del Plan General de Ordenación Urbana de Marbella, que finalmente no fue validado, que había muchos concejales imputados en delitos urbanísticos y que el sentido de sus votos en las comisiones de gobierno dependía de lo que se indicara desde la oficina de planeamiento que dirigía Roca, al que se le adjudicaba ya en aquel entonces un importante patrimonio.
Sospechas de cohecho
Rocío Amigo cuestionó al policía por qué se investigó por cohecho a Juan Antonio Roca cuando, según dijo, de la declaración de Jorge González se desprendían solo imputaciones por delitos contra la ordenación del territorio (urbanístico), prevaricación y tráfico de influencias. El testigo respondió que los investigadores llegaron a esa conclusión a partir de una serie de elementos.
«Roca no ocupaba cargo electo, ni era funcionario y controlaba el urbanismo de Marbella de forma absoluta y exhaustiva como si fuera el alcalde. Además tenía procedimientos judiciales abiertos, de hecho estaba en libertad bajo fianza por un delito grave como la malversación de caudales públicos ('caso Saqueo I')», dijo el policía. Añadió que «el juez nos informó de las imputaciones contra los concejales y de que algunos de éstos habían dicho que votaban lo que decía Roca, por lo que éste estaba usurpando la voluntad popular, lo cual es una cuestión de extrema gravedad, al menos para nosotros, no sé si para usted», apostilló el policía.
El resto de las preguntas de la abogada del principal imputado al agente se centraron deslegitimar las intervenciones telefónicas y los registros practicados durante la operación policial. El inspector en todo momento subrayó las «dificultades» para investigar a Roca, que disponía de un servicio de contra vigilancia como, a su juicio, se demostró más tarde con un informe, conocido como 'dossier Bernard', hallado durante el registro del trastero de su casa en el que figuraban datos privados de periodistas, promotores, abogados, como José María del Nido, así como de Julián Muñoz y otros ediles que se aliaron con él antes de la moción de censura de 2003.
* SUR - 27.04.11
Foto: Marbella, Roca en el juicio Malaya - malagahoy
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LAVOZDIGITAL* : «La Fiscalía entiende que la construcción de un bloque de pisos en Benaocaz puede tener significación penal y traslada nuestra denuncia al juzgado de Ubrique». Así lo da a conocer Ecologistas en Acción después de que la fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Cádiz les haya notificado que la denuncia que remitieron el pasado mes de octubre por la construcción de un bloque de 24 viviendas en la ladera del Parral de la localidad serrana «ha sido remitida al Juzgado de Ubrique para la incoación de las oportunas diligencias previas tendentes al esclarecimiento de los hechos denunciados». La organización proteccionista denunció ante la Fiscalía al exalcalde José Rafael Reyes Pérez (PSOE) por haber dado licencia de obras para la construcción de un bloque con altura y edificabilidad muy superior a lo permitido por las normas urbanísticas. La licencia fue otorgada por el entonces alcalde a pesar de los informes técnicos contrarios del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de la Diputación que advertían que el proyecto incumplía las normas urbanísticas
Para los ecologistas el hecho «más grave» es que esta parcela era de propiedad municipal y estaba destina a la construcción de vivienda protegida. Razones que aseguran que no evitaron que Reyes la vendiera a Procicu S. L, para la construcción de viviendas de renta libre. Estas razones llevaron a la organización proteccionista a presentar la denuncia por considerar que se trataba de una resolución «injusta y, además, contraria a la legislación vigente».
A pesar de pedir responsabilidades a Reyes, Ecologistas en Acción entiende que puede haber también responsabilidades penales por parte de otros políticos que «a sabiendas de que se estaba construyendo este bloque ilegal, no actuaron». La organización recuerda que en enero de 2008 presentaron sendas denuncias -cuando el bloque estaba todavía en construcción- ante el director del parque natural -Miguel Ángel Maneiro-, la delegada de la Consejería de Obras Públicas -por entonces Silvia López, actual delegada de Medio Ambiente-, y el entonces presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema, Antonio Perales. «Ninguno de estos responsables públicos hizo nada, permitiendo la terminación de las obras», critican.
Satisfacción
La organización proteccionista, que muestra su satisfacción por la actuación de la Fiscalía, entiende que los responsables públicos mencionados pudieran haber incurrido sendos delitos de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público, prevaricación urbanística, prevaricación, delito contra la ordenación del territorio y fraude especial cometido por autoridad abusando de su cargo.
El alcalde popular Juan María Mangana (PP) dictó un Decreto suspendiendo los efectos de la licencia de obras, anulación que fue ratificada por sentencia de 6 de octubre de 2009 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jerez de la Frontera número 1. No obstante recuerdan que «el edificio sigue en pie y el Ayuntamiento de Benaocaz, otra vez presidido por un alcalde socialista -Manuel Cabrera-, no ha emprendido acción alguna para restaurar la legalidad urbanística, reponer el terreno a su estado anterior y reclamar la titularidad pública de estos terrenos por haber sido la venta manifiestamente ilegal».
* La Voz Digital - 29.04.11
Foto: El edificio de la ladera Parral, que ha generado la denuncia de Ecologistas en Acción. :: LA VOZ
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LEVANTE/Castelló* : Los vecinos promotores de la denuncia por las presuntas construcciones irregulares en el Monte Zamora, de la Vall d´Uixó, han mostrado a Levante de Castelló su intención de «ampliar en breve plazo de tiempo la querella interpuesta en su día para que «abarque también al personal administrativo del área de urbanismo» del consistorio vallero. Los demandantes expusieron y justificaron esta decisión, puesto que «de las declaraciones que se han sucedido en los últimos días en los juzgados, nuestros abogados entienden que se ha apuntado cuestiones que atañen a los administrativos de la casa (ayuntamiento), especialmente por los temas relativos a los expedientes a las viviendas que se construyeron en un área no autorizada».
Primeras declaraciones. Cabe recordar que recientemente por los juzgados de Nules han pasado a prestar declaración ante el juez instructor diversos políticos valleros. Comparecieron como imputados tras una querella presentada por dos vecinas de la Vall d´Uixó, con propiedades sin construcción en la zona denominada Monte Zamora. Éstas consideran irregulares las «viviendas que se han construido en una zona urbana no programada».
Por ello, el juzgado número 4 de Nules llamó a declarar como imputados a los ex alcaldes Vicent Aparici y Josep Tur (PP y PSPV), así como a la actual alcaldesa Isabel Bonig.
También pasaron por los juzgados los exconcejales de urbanismo Alfonso López, Enrique Segarra, Olimpia Aznar, al igual que el actual, Óscar Clavell. También pasó el concejal popular José Villalba y una técnica municipal. Tras las declaraciones de todos ellos, ahora las denunciantes piensan bajar un escalón en su querella e «incluir al personal de la concejalía que pudiera haber tramitado los expedientes sobre aquellas construcciones».
Por otra parte, hasta el 13 de mayo está en exposición pública la modificación número 23 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la Vall, que propone la regularización de las 25 viviendas construidas en dicho Monte Zamora, modificación en la que no están de acuerdo las denunciantes, que también son propietarias, y que están estudiando alegar pues consideran que hay un «agravio comparativo» entre las personas que han construido y las que «no lo hemos hecho, cumpliendo la Ley». Además, las denunciantes consideran que «siempre que se ha intentado normalizar la zona nunca se ha tenido en cuenta el desarrollo completo de toda el Área 5».
La semana pasada, el juzgado número 4 de Nules dio por finalizada la ronda de declaraciones de los alcaldes, concejales y ex ediles valleros. Y lo hizo poco después de oir el testimonio de la actual alcaldesa, Isabel Bonig. Todos ellos afectados por una presunta prevaricación urbanística en el Monte Zamora.
El juez citó a declarar el pasado mes de enero a Bonig y a sus antecesores Josep Tur y Vicent Aparici, por un supuesto delito al permitir unas obras que se tendrían que haber paralizado. La actual alcaldesa, que no quiso aclarar el sentido de sus declaraciones ante el juez, si que dejó claro su «total tranquilidad»..
* Levante - 26.04.11
Foto: La Vall d'Uixó (Castellón) - uv.es
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ELPAÍS* : La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional, Esperanza Aguirre, reconoció ayer que en las listas electorales de su partido en la región hay imputados. Sin embargo, la presidenta le restó importancia. "En mis listas hay gente que está imputada pero por tonterías, no por acusaciones", señaló en una entrevista en Antena 3. "No presumí de no tener imputados", quiso puntualizar Aguirre en la misma entrevista. Pero el pasado 15 de abril, el mismo día en que Aguirre pedía disculpas a los ciudadanos por la vinculación del PP con el Gürtel en algunos municipios, alardeó de su rapidez en apartar a los responsables. "El PP no se ha andado con componendas", recalcó. "Eso nos distingue del Partido Socialista, que tiene dirigentes condenados e imputados". La presidenta trata en los días previos a la campaña de sacudir el efecto negativo del caso Gürtel en Madrid recordando su determinación para echar a los corruptos. Pero la dirigente popular solo actúa cuando el asunto llega a los medios. En 2005 tuvo conocimiento a través de una publicación de la revista Interviú de los vínculos de su viceconsejero, Alberto López Viejo, en los negocios de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel.
Fuentes de la Comunidad de Madrid aseguran que la presidenta se limitó a preguntar al exdiputado popular sobre los negocios y este le aseguró que no había nada irregular. López Viejo repitió en la lista popular y fue designado consejero de Deportes hasta que estalló el Gürtel. El sumario del caso ha revelado que López Viejo cambió el nombre de las empresas a las que les adjudicaba contratos de forma irregular a raíz de aquello. Aguirre también fue informada sobre supuestas irregularidades en Boadilla, epicentro de la trama. Un concejal independiente del municipio remitió una carta advirtiendo de operaciones irregulares; varios funcionarios de Boadilla también remitieron otra misivia alertando de actuaciones irregulares en el Ayuntamiento. Pero Aguirre hizo oídos sordos y confirmó en 2007 a Arturo González Panero como alcalde. Ahora la presidenta incluye a 13 imputados en sus listas. Son los siguientes:
1. Íñigo Henríquez de Luna. Imputado por el caso Bécara, una ramificación del Guateque, el caso de concesión irregular de licencias en el Ayuntamiento de Madrid. Henríquez de Luna es concejal en Madrid y ocupa un puesto destacado en la lista de Aguirre a la Asamblea regional. El juez del caso Guateque lo imputó tras recibir una denuncia de los propietarios de uno de los pisos del edificio donde el concejal autorizó la instalación de una tienda de decoración Bécara. El concejal del PP alegó que se trataba de una venganza de la familia por haberles cerrado un despacho profesional.
2. Ignacio García de Vinuesa, alcalde de Alcobendas (110.080 habitantes). Imputado por un delito de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociación prohibida a los funcionarios. El juez que instruye el caso observó indicios de delito tras una denuncia presentada por el PSOE, que alertaba de una operación de la Empresa Municipal de Vivienda de Alcobendas, por la que recompró dos fincas valoradas en 12 millones de euros por el doble de su valor.
3 y 4. Juan Ignacio Fernández Rubio, candidato del PP en Las Rozas (88.000 habitantes) y viceconsejero de Empleo de Madrid. Hasta hace un par de años fue alcalde de Guadarrama (15.000 vecinos), donde fue imputado por haber convertido un antiguo molino de piedra situado en terreno protegido en un restaurante de lujo, en el que tenía intereses. Por el mismo asunto también está imputado Miguel Rodríguez Bonilla, que repite en las listas del Ayuntamiento de Guadarrama. Era la mano derecha de Fernández Rubio cuando autorizaron el restaurante, donde también tenía intereses.
5. Raúl Pérez Vaquero. Candidato del PP en Coslada (91.218 habitantes). Imputado por prevaricación y malversación de caudales públicos, ha evitado la cárcel tras pagar una fianza de 22.000 euros. Está procesado por no ejecutar una sentencia contra el jefe de policía de Coslada, Ginés Jiménez, que protagonizó el caso Bloque, de supuesta corrupción policial en el municipio.
6 y 7. Miriam Rabaneda. La candidata del PP y exalcaldesa de Pinto (42.445 habitantes) está imputada por un delito de prevaricación. Durante el breve periodo en el que estuvo al frente del Ayuntamiento -entre las elecciones de mayo de 2007 y el 22 de diciembre de 2008, cuando se produjo una moción de censura-, ella y su hermana Tamara Rabaneda, exconcejal de Hacienda, que también está en la lista, autorizaron varios pagos que luego fueron reprobados por dudosa legalidad por los técnicos municipales.
8. Luis Partida. El alcalde de Villanueva de la Cañada (17.271 habitantes), que repetirá como candidato a la alcaldía, está imputado por el caso Porto, que acabó con la carrera política del anterior director de Urbanismo, Enrique Porto. Partida está acusado de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios, por el desbloqueo del sector de Los Pocillos de su municipio, donde Porto tenía terrenos que luego revendió con notables plusvalías.
9, 10 y 11. Clara Torres Ruiz. Sobre la alcaldesa de Torres de la Alameda (7.896 habitantes) pesa una imputación por malversación de fondos públicos, al haber aprobado en el pleno subidas de sueldo a los trabajadores municipales supuestamente irregulares, ya que no existía partida presupuestaria ni consignación económica. Varios meses después, la decisión contó con un informe negativo de la Intervención Municipal. También están imputados los concejales del PP Ramón Polo y Manuel Tello, que también repiten en la lista.
12. Pilar Algovia Aparicio. El Juzgado de Instrucción número 3 de Aranjuez citó a la alcaldesa de Colmenar de Oreja (8.397 habitantes) y al arquitecto municipal el pasado 18 de abril como imputados con letrado. La regidora está acusada por un delito urbanístico denunciado por Ecologistas en Acción, que supuso otorgar licencia para la construcción de una vivienda en zona verde.
13. Ana María Pinos. Alcaldesa de Belmonte del Tajo (1.488 habitantes), está imputada por los delitos de falsedad documental y contra la ordenación del territorio por instalar una caseta de construcción en una zona protegida.
* El País - 28.04.11
Foto: Madrid, presentacion Gurtel en Presidencia Comunidad (archivo) - publico.es
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ELPAÍS/Valencia* : Agentes de la policía nacional de Paterna han detenido a 39 personas -34 hombres y cinco mujeres- acusadas de participar en una estafa hipotecaria en esta localidad valenciana. El valor de lo defraudado asciende a más de cinco millones de euros. Los principales encausados, seis hombres, captaban a personas de pocos recursos para constituir hipotecas con documentación falsificada. Uno de los detenidos había sido el director de la sucursal bancaria implicada. Las investigaciones comenzaron en enero, a raíz de una operación policial anterior sobre préstamos hipotecarios en la que fueron detenidas 22 personas. Como consecuencia de dicha operación, los agentes averiguaron que un exdirector de una sucursal bancaria de Quart de Poblet podría estar implicado en la tramitación de hipotecas, presuntamente falsas, constituidas entre febrero de 2008 y mayo de 2009.
Los cabecillas de la trama captaban a personas de clase social media-baja con nulo poder adquisitivo a los que pagaban entre 100 y 3.000 euros, y confeccionaban documentación falsa a su nombre (nóminas, declaraciones de IRPF...) para obtener hipotecas de forma fraudulenta. La trama pagaba las primeras cuotas para enmascarar la estafa como una hipoteca impagada más, producto de la crisis. En unos casos las viviendas procedían de obras nuevas, cuyos promotores también estaban implicados.
* El País - 27.04.11
Foto: Paterna (Valencia) - uv.es
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20MINUTOS* : Oviedo y Elche son, al menos en opinión de sus vecinos, las ciudades más limpias de España, mientras que Badajoz y Jerez de la Frontera son las más sucias, según un estudio de la OCU que vuelve a establecer una diferencia clara entre el norte peninsular, más concienciado con la limpieza viaria, y el sur. Estas son algunas de las conclusiones del cuarto estudio -el primero data de 1995- que la Organización de Consumidores y Usuarios ha realizado sobre la gestión de residuos y la limpieza viaria en 62 ciudades españolas, entre las que están todas las capitales de provincia y otras muy pobladas, y para el que se ha pedido opinión a una muestra representativa de 6.728 ciudadanos. El informe confirma una evolución positiva en limpieza viaria, aunque mejorable, y apunta que los excrementos de perro en las calles y la basura generada por el botellón de los jóvenes provocan las quejas más frecuentes de los ciudadanos.
Se advierte también una "clara" mejoría en la gestión de los residuos, "en parte -considera OCU- porque los vecinos colaboran de forma activa", y se insiste en que a un mayor presupuesto municipal para la limpieza viaria y la gestión de las basuras no tiene por qué corresponder un mayor grado de satisfacción de los vecinos.
Es el caso de Madrid, donde el grado de satisfacción por ambos servicios municipales no alcanza en ningún caso el 50 %. Y un dato curioso de la capital: en 2009 ningún madrileño fue multado por no recoger de la calle los excrementos de su perro, según la OCU. Lo mismo ocurrió en Valencia, a pesar de que ambas ciudades disponen de ordenanzas que castigan esa falta de civismo. Elche y La Coruña, por el contrario, fueron las que más sancionaron por ello.
Desde 1995 hasta 2011 la satisfacción global de los españoles en cuanto a la limpieza de sus ciudades pasó de 53 puntos a 58, de un total de 100, una mejora "claramente insuficiente" para la OCU, que llama la atención sobre el hecho de que hasta 16 hayan visto empeorar sus resultados. Entre ellas, Sevilla, Palma de Mallorca, Badajoz y Santa Cruz de Tenerife.
Oviedo obtiene una puntuación de 85 puntos, frente a los 30 de Badajoz, una nota muy similar a la obtenida por Jerez, Sevilla, Jaén, Alcalá de Henares, Teruel y Málaga. Se presume de limpieza en Elche, Bilbao, Pamplona, Getxo y San Sebastián. La capital del Principado de Asturias gasta en limpieza viaria 49,6 euros al año por vecino, dispone de una papelera por cada 51, un empleado de la limpieza por cada 1.120 y un medio mecánico por cada 2.575 habitantes.
Madrid gasta 122,9 euros al año por vecino y Barcelona 97,3, pese a lo cual sus habitantes no se encuentran entre los más satisfechos por la limpieza de calles y plazas. El presupuesto medio del total nacional se sitúa en 52,51 euros. OCU insiste en que "la satisfacción con la limpieza viaria no está relacionada con el mayor o menor presupuesto que anualmente se dedica a este tipo de labores". Lo más eficaz, opina el 84,3 % de los ciudadanos encuestados, es concienciar a la gente.
La gestión municipal de los residuos es valorada en el estudio de la OCU con 57 puntos sobre 100, frente a los 45 de 1995, mejoría que a juicio de la organización "ha venido de la mano de la implantación de la recogida selectiva de residuos".
Más del 80 % recicla
Más del 80% de los encuestados confesó que siempre o casi siempre separa en casa el papel, el vidrio y los envases. El porcentaje baja al 70 % con las pilas, al 64 % con los medicamentos, al 46 % con los restos de aceites domésticos y al 35 % en el caso de los de pintura.
Oviedo encabeza también el ránking de ciudades cuyos vecinos valoran la gestión de los residuos, seguida por Pamplona, Bilbao, Elche, Logroño y Getxo, y Badajoz, el de las menos valoradas, entre las que figuran también Jaén, Las Palmas, Sevilla, Jerez, Santa Cruz de Tenerife y Huelva.
Entre las carencias que observa el informe, la más llamativa es "la casi inexistente implantación de la recogida selectiva de la materia orgánica". Tan sólo se realiza en las capitales catalanas, en Pamplona, Burgos, Valladolid, Vitoria y Bilbao, si bien en la capital vizcaína todavía se está experimentando con ello.
El 47 % de los encuestados consideró cara o muy cara la tasa que los ayuntamientos cobran por la recogida de basuras, que se sitúa en una media anual de 78,9 euros. En Gerona se cobra la más alta: 142,35. Madrid, que impuso esta tasa hace dos años y cobra una media de 102 euros por vivienda, y Palma de Mallorca, con 119,02, son las dos ciudades con unos vecinos más críticos con este impuesto.
* 20 Minutos - EFE - 28.04.11
Foto: Basuras - 20minutos
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ELMUNDO/Reportaje* : ¿Qué es la corrupción? El juez Miguel Ángel Torres, que destapó el mayor caso de corrupción en España, el 'caso Malaya', lo describió en una conferencia en abril de 2009 así: "La corrupción consiste simplemente en subvenir el orden público a favor de las necesidades privadas (...) Nadie está ajeno a la corrupción, políticos responsables de las fuerzas de seguridad del Estado, jueves, fiscales, famosos en general (...) La corrupción supone sin más la deslegitimación del sistema democrático. Es uno de los mayores cáncer de la democracia y puede dar lugar a la aparición de líderes populistas y a mayor corrupción. Una de las mejores formas de combatirla es con más democracia y más transparencia". Lo deja muy claro. Y es que si hay algo que haya marcado la política en España en los últimos años esa ha sido la temida corrupción. Las investigaciones judiciales, relacionadas en su mayoría con operaciones urbanísticas, arrojan la sorprendente cifra de más de 800 imputados entre políticos, de todos los partidos, funcionarios o empresarios.
Las elecciones municipales y autonómicas que se celebran el próximo 22 de mayo vienen acompañadas, por tanto, de una lacra difícil de extinguir. En los últimos cinco años hasta la Fiscalía General del Estado han llegado 730 causas de las que 131 pertenecen a casos de cohecho, 6 de malversación, 48 de prevaricación, 32 de tráfico de influencias y 31 de blanqueo de capitales, según el Informe sobre Democracia en España 2010 de la Fundación Alternativas.
Pero ¿cuánto dinero ha viajado en el maletín de la corrupción? Tres mil millones de euros. Una cifra más que considerable que representa sólo el valor de los bienes intervenidos durante estas operaciones. Detrás del cohecho, la malversación o el blanqueo, la cuenta se hace infinita. Y los que parecen que más tajada sacan son los propios representantes políticos de los españoles.
Según el Informe Global 2008 sobre la corrupción en España realizado por la Agencia de Transparencia Internacional (TI), los partidos políticos son señalados como la institución más corrupta en todas las partes del mundo. Ocho de cada 10 personas consideran a las formaciones como corruptas o extremadamente corruptas. Lo que hace que España se sitúe en el puesto número 30 de 178 países en cuanto a corrupción en el año 2010.
"Dado que los altos niveles de corrupción ponen en riesgo los medios de subsistencia de muchísimas personas, los compromisos de los gobiernos con la lucha contra la corrupción, con la transparencia y con la rendición de cuentas deben manifestarse a través de sus actos", asegura Huguette Labelle, presidenta de TI.
Todo ello tal vez explique los sorprendentes resultados de tres de los barómetros del CIS de 2009. La corrupción se colocó aquel año entre los problemas considerados como más importantes por los españoles, junto con los problemas económicos y el paro. Algo que no ocurría desde marzo de 1996.
Es decir, durante 13 años la corrupción nunca había sido incluida como problema por más del 3% de los encuestados. Sin embargo, casos como 'Gürtel', 'Palma Arena', 'Malaya' o 'Pretoria' han hecho que para más de un 10% de los españoles la corrupción sea el problema más importante de nuestra sociedad.
El fin del 'boom' inmobiliario, el urbanismo excesivo, y la falta de controles de los Ayuntamientos, provoca que junto a la autonomía de los gobiernos locales sea imposible controlar la corrupción.
La mayoría de los implicados se encuentran en las filas del PP, con más del 50%, y del PSOE, un 35%, aunque también los hay de otros partidos como CiU, CC, UM o el PAR.
Pero, ¿cómo está ahora la corrupción en España? ¿Qué casos están siendo juzgados y cuáles investigados? ¿Quiénes están implicados? ¿Cómo afecta la corrupción en unas elecciones? Las provincias de Madrid, Málaga, Sevilla, Baleares y Valencia son las que más pesquisas policiales concentran. Además, medio centenar de Ayuntamiento están siendo investigados por este tipo de delitos, pero ¿cuáles son?
Andalucía
La comunidad con más imputados, pese al tirón del caso Gürtel, sigue siendo Andalucía, ya que la investigación que destapó la trama de corrupción del Ayuntamiento de Marbella -'Caso Malaya'- y que, por primera vez en la democracia española, supuso la disolución de un Ayuntamiento, se saldó con un total de 103 procesados.
Pero, además del caso de corrupción más famoso y con más famosos involucrados, Andalucía tiene abiertas otras operaciones que elevan a más de 200 el número de imputados en la comunidad y que afectan a al menos siete ayuntamientos por delitos como malversación de fondos o blanqueo de capitales. Se trata de casos como el de los consistorios de Alhaurín el Grande, Estepona, Alcaucín y Almogía y los ayuntamientos de Zurgena y El Ejido en Almería.
A estos hay que sumar el escándalo de los ERE por el que, según ex altos cargos de la Junta de Andalucía (PSOE) existía un 'fondo de reptiles' mediante el cual falsos prejubilados, su mayoría vinculados directamente o través de familiares con cargos del PSOE, recibieron dinero de este fondo para recibir prejubilaciones muchas de ellas falsas.
Gürtel
Sin duda, el caso que más expectación ha causado en estos últimos años es el conocido como caso 'Gürtel', liderado presuntamente por el empresario Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, 'El bigotes', y que suma un total de 64 imputados.
De momento, la trama ha costado el cargo a Ricardo Costa, ex secretario general del PP en la Comunidad Valenciana y mano derecha de Francisco Camps, aunque finalmente va en las listas del PP valenciano; ha puesto en duda la transparencia del presidente valenciano y ha provocado un terremoto en el PP de Madrid.
El senador del PP, Luis Bárcenas, también renunció al puesto de tesorero del partido tras ser imputado por el Tribunal Supremo junto con el diputado nacional Rafael Merino. Otros de los caídos han sido tres diputados del PP de la Asamblea de Madrid, Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, y tres alcaldes de algunos de los municipios afectados -Boadilla del Monte, Majadahonda, Pozuelo, Arganda del Rey y Las Rozas-.
Sin embargo, en Madrid siguen abiertas otras operaciones como el caso 'Guateque', que destapó una red ilegal de cobro de comisiones en Ayuntamiento de la capital a funcionarios a cambio de acelerar los trámites de las licencias municipales y que cuenta con un centenar de imputados.
Baleares
Las islas Baleares también se han convertido en protagonistas de la corrupción con numerosos casos que presuntamente afectan a una veintena de políticos, como el ex presidente Jaume Matas (PP) o la presidenta del Parlamento Autonómico, María Antonia Munar (UM). En total hay 70 imputados.
La imputación de Matas está relacionada con el conocido como caso 'Palma Arena' que investiga la construcción de un velódromo, mientras que Munar está involucrada en el caso 'Domenge'. Las islas tienen abiertos, por otro lado, otros procesos como el de 'Son Oms', relacionado con la recalificación y urbanización de un polígono industrial de Palma, o el caso' Scala', sobre la presunta trama para beneficiar a empresas y que habría supuesto la malversación de unos cinco millones de euros.
Comunidad valenciana
Aparte del caso 'Gürtel' que ha llenado páginas y páginas de periódicos, en la Comunidad Valenciana, otro de los casos más llamativos es el del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra (PP), imputado por diversos delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas y fraude fiscal. En Valencia están también condenados a prisión los alcaldes de Benitatxell (Alicante) (Independiente), Zarra (Valencia) (PSPV-PSOE) y Bigastro (Alicante) (PSOE).
Además, hay que sumar el conocido como 'caso Brugal' en Alicante cuyas investigaciones se remontan a mayo de 2007, cuando se detuvo al empresario oriolano Ángel Fenoll y a otras cinco personas, por una supuesta trama de sobornos en la adjudicación de los servicios de recogida de basuras en Orihuela.
Los nuevos actores de la trama son el presidente de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll; varios concejales del Ayuntamiento de Orihuela; y el empresario alicantino, Enrique Ortíz.
Canarias
Otro de los principales focos de corrupción durante los últimos meses se ha situado en Canarias, donde los imputados llegan a los dos centenares por operaciones que afectan a diversos municipios. Los más destacados en el Archipiélago implican a políticos, funcionarios, empresarios y ejecutivos.
Uno de los más polémicos es conocido como la 'trama eólica', pero también han salido a la luz procesos como el caso 'Faycán', que afecta al municipio de Telde (PP), o los relacionados con las localidades de Santa Brígida (PP), Yaiza (PNL), Arona (CC), Mogán (PP), Arrecife (PIL y PSOE), La Oliva o Santa Cruz de Tenerife por la compraventa de la playa de Las Teresitas.
Murcia
Murcia tiene también varias investigaciones abiertas por casos de corrupción urbanística en las que están implicadas alrededor de 40 personas. El mayor proceso abierto en la comunidad es el relativo a la localidad de Totana, que destapó una trama de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales para la construcción.
Otras localidades murcianas también están siendo investigadas como Torre Pacheco, Fuente Álamo, San Javier, Los Alcázares, Librilla o Águilas.
Cataluña
La última trama de corrupción desarticulada corresponde a Cataluña, en particular el denominado caso 'Pretoria' en el municipio de Santa Coloma de Gramenet, que se ha saldado con la detención de nueve personas entre los que se encuentran el alcalde, Bartomeu Muñoz (PSC). En este caso están implicados miembros del PSC y dos ex altos cargos de CiU en la época de Jordi Pujol: Maciá Alavedra y Lluís Prenafeta.
A este hay que sumarle la investigación abierta en torno a la gestión del Palau de la Música, en el que el ex presidente del patronato de la Fundación Orfeó-Catalá Palau de la Música, Félix Millet, confesó haber desviado para su beneficio personal al menos 20 millones de euros.
El 'caso Pretoria' también ha desatado innumerables críticas. La trama de corrupción urbanística salpica diversos ayuntamientos de la provincia de Barcelona y ex altos cargos del gobierno de CiU en Cataluña.
Galicia
El municipio lucense de Castro Rei también se ha visto afectado por la corrupción. Aquí fueron detenidos el alcalde del municipio, Juan José Díaz Valiño (PSdeG), y tres concejales, investigados por supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación.
En la Comunidad gallega también han sido detenidos diversos cargos públicos del Ayuntamiento de Gondomar por corrupción urbanística. Además, el fiscal ha solicitado dos años de inhabilitación para el alcalde de Portas, Roberto Vázquez, (PP) por un supuesto trato de favor a sus empresas desde el Ayuntamiento.
Aragón
El principal caso de corrupción en Aragón es el del municipio zaragozano de La Muela, cuya alcaldesa (PAR) fue acusada de dirigir durante años una trama de corrupción urbanística. El caso afectó a varios concejales y funcionarios que, junto a la alcaldesa, llegaron a pasar varios meses en prisión.
Cantabria
El caso más destacados afecta a las localidad de Castro Urdiales. En él existen varias causas abiertas en las que están implicados representantes de la actual y la pasada corporación municipal como el alcalde Fernando Muguruza (PRC) y su antecesor, el actual concejal de Obras, Rufino Díaz Helguera (PSOE).
* El Mundo - 26.04.11
Foto: C.Valenciana, Camps y Fabra, imputados por corrupción
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ELPAÍS/A Coruña* : Familiares directos de alcaldes del PP que gobernaban en la Costa da Morte durante los años posteriores al vertido del Prestige supieron ver antes que nadie las oportunidades del ladrillo en un paraje idílico que los medios de comunicación habían expuesto al mundo. Al tiempo que sus parientes amparaban desde las alcaldías un despegue urbanístico sin precedentes en la zona, fundaron promotoras inmobiliarias para edificar urbanizaciones a pie de playa, con las que seducir a veraneantes foráneos. Seis sentencias firmes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaban de declarar ilegales otras tantas promociones inmobiliarias en Fisterra, máximo exponente de la fiebre urbanística en la Costa da Morte donde las edificaciones se incrementaron un 444% después de 2002. Cuatro de las urbanizaciones ilegalizadas que deberían ser derribadas si la Xunta solicitase la ejecución de la sentencia y prosiguiese el pleito iniciado por el bipartito -algo que según anunció ayer el Gobierno gallego no va a hacer- pertenecen a sociedades participadas por sobrinos del entonces regidor de Muxía y ahora portavoz municipal y candidato popular, Alberto Blanco, como Miguel Pose y Manuel Muiño Pose. De esa empresa era socio también cuando se levantaron los edificios, Daniel Domínguez, hijo del por entonces alcalde de Cee, Antonio Domínguez.
Lo que los jueces acaban de determinar es que las fincas donde el regidor del PP de Fisterra, de entonces y de ahora, José Manuel Traba, permitió levantar 168 pisos, carecían de servicios básicos cuando se aprobaron las licencias y que, por tanto, debían haber sido calificadas como suelo urbano no consolidado, y por tanto vedadas a las grúas.
En lugar de seguir esa instrucción, Traba y su Gobierno decidieron primero conceder las licencias y después hacer caso omiso en 2006 cuando el Ayuntamiento fue requerido por la anterior Xunta para que frenase las obras. El bipartito acudió a los tribunales y los jueces le han dado la razón, cinco años después. Cuatro de las seis promociones ilegalizadas pertenecen al entramado de inmobiliarias que integraban los familiares de los exalcaldes populares de Muxía y Cee. Dos corresponden a Campoalsa, SL, una firma constituida en 2005 y que salió de fusionar la constructora de Ramón Campos Trillo -un promotor de la Costa da Morte bien relacionado con el PP que mantiene distintas sociedades con familiares de cargos populares- con la firma Poalsa Inmobiliaria, creada en 2004 por dos sobrinos del entonces alcalde de Muxía y en la que también tenía participaciones el hijo del exregidor de Cee. Esta última firma es la propietaria de otras dos urbanizaciones ilegalizadas.
Todas las construcciones que declara ilegales el Tribunal Superior se ubican en la recta da Anchoa, en los bordes de la carretera general de entrada al pueblo, a pocos metros de la playa. Los tribunales todavía deben pronunciarse sobre otros dos centenares de pisos que el Gobierno de Fisterra autorizó en ese mismo emplazamiento y que también fueron impugnados por la Xunta de Emilio Pérez Touriño. Un tercio de ellos pertenecen a estas dos inmobiliaras vinculadas al PP.
El crecimiento desaforado del ladrillo llevó al regidor de Fisterra a admitir en 2006 que en el pueblo no quedaba un solo metro urbanizable por vender. Traba entonaba entonces el discurso de que las normas subsidiarias -anteriores a 1997, fecha de la modificación de la ley del suelo- se habían quedado obsoletas para responder a la espectacular demanda de suelo que registraba el municipio. Entretanto seguía dando permisos para edificar. Cuando recibió la notificación de la Xunta para que revisase de oficio todas las licencias con la amenaza de que, si no lo hacía, acabarían en los tribunales, el regidor despejó el problema con el argumento de que los técnicos del Gobierno gallego habían realizado mal las mediciones.
Ayer el alcalde, en declaraciones a Radio Nordés de la Cadena SER, redujo el problema a la tardanza en ejecutar el saneamiento que precisan las nuevas promociones. Obvió que seis sentencias certifican que los edificios son ilegales.
La Xunta evita demoler los edificios
Al igual que sucedió en Barreiros, el Gobierno de Feijóo ha decidido amparar las ilegalidades urbanísticas que promotoras vinculadas al PP cometieron estos últimos años en Fisterra. La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas que preside Agustín Hernández admitió ayer a este periódico que las distintas sentencias certifican que las licencias para levantar 168 pisos en Fisterra "están mal otorgadas porque no se ha acreditado la suficiencia de servicios". El mismo portavoz oficial de la consellería asegura que el tribunal "no ordena demoler". "Por tanto, la consellería no instará la demolición si el Ayuntamiento acredita que se han solventado los problemas que llevaron a la anulación de esas licencias".
Lo que anuncia el Gobierno gallego es que no va a pedir la ejecución de la sentencia que conllevaría el derribo de las urbanizaciones ilegales. Los seis fallos de los jueces certifican claramente que el suelo sobre el que se asentaron los edificios tenía la clasificación de urbano no consolidado, que nunca se debió construir ahí y que la adaptación de los servicios a posteriorio "es irrelevante" de cara a legalizar las obras.
La decisión del Ayuntamiento de Fisterra que ahora refrenda el Gobierno gallego permitirá a las promotoras implicadas ahorrarse el dinero equivalente al 10% de la edificabilidad (seis bloques con 168 viviendas) que tienen la obligación de ceder para uso público al Ayuntamiento. Pese a que el Ejecutivo de Feijoó ha decidido mirar para otro lado y desiste de seguir hasta el final en el pleito iniciado por el bipartito (con el consiguiente gasto para la Administración) hasta instar el derribo de los inmuebles, la situación de ilegalidad de los edificios no cambia puesto que cualquier regularización debería pasar por aprobar una nueva licencia.
También, el alcalde de Fisterra, José Manuel Traba, aseguró ayer que no contempla la demolición de las urbanizaciones ilegales. El regidor también pasa por alto los fallos del Tribunal Superior de Xustiza que le acusan de dar licencias ilegales y rebajó el problema a unas deficiencias de saneamiento "subsanables".
Traba no aclaró ayer si la construcción de las infraestructuras básicas como el saneamiento que debieron asumir las constructoras serán pagadas por fondos públicos o si exigirá a las inmobiliarias el dinero para sufragar las obras.
* El País - 27.04.11
Foto: Fisterra (A Coruña), concejal_Obras detenido (archivo) - elpais
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ELPAÍS/Valencia* : Amnistía Internacional considera la situación del barrio de El Cabanyal, en Valencia, uno de los ejemplos de violación de derechos en su último informe sobre España, presentado ayer. En el barrio marinero, señaló Rubén Martínez Dalmau, miembro de la organización y profesor de Derecho Constitucional, se ha producido "una degradación urbana provocada por las Administraciones, seguida de derribos y de desalojos forzosos". Y para llevar a cabo algunos de esos desalojos, siguió, hubo una serie de cargas policiales caracterizadas por la "brutalidad". El informe de Amnistía Internacional, titulado Derechos a la intemperie. Obstáculos para hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales en España, describe la situación que desde hace años vive el barrio, cuyo conjunto urbano se encuentra amenazado por la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez que pretende el Ayuntamiento de Valencia. "Varias asociaciones de vecinos y la Plataforma Salvem el Cabanyal han denunciado el deterioro provocado en su entorno, reivindicando el carácter cultural e histórico de dicho barrio y el derecho a la vivienda en su integridad, lo que en su opinión debiera implicar su conservación y rehabilitación, no su destrucción", señala Amnistía.
"Los vecinos del barrio han intentado sin éxito que las autoridades locales y autonómicas tengan en cuenta los derechos que les asisten en la defensa del barrio. La reanudación de los derribos y la carga policial contra quienes se oponían a estos se produjeron en circunstancias en las que incluso existían actuaciones judiciales en curso", recuerda el informe.
Marià Ferrer, vecino del barrio y afectado por la prolongación de Blasco Ibáñez, participó en el acto, celebrado en la sede valenciana de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), para contar su propio caso. El tipo de arquitectura de pocas alturas de El Cabanyal y las relaciones sociales que dicha trama urbana contribuyó a suscitar, afirmó, representan lo contrario al estilo de vida derivado de la burbuja inmobiliaria que ha estallado con la crisis. Ferrer responsabilizó a las Administraciones local y autonómica de la "degradación de la convivencia" que ha padecido el barrio, y que habría seguido un esquema clásico "que figura en cualquier libro de geografía urbana". La venta de drogas, citó como ejemplo, se producía hace años en una esquina del barrio, mientras que hoy alcanza la calle del Progreso y ronda la de José Benlliure, en el corazón de El Cabanyal.
El informe recoge otros casos concretos que Amnistía considera violación de derechos sociales, económicos y culturales: los desalojos en la Cañada Real de Madrid; las 270.000 ejecuciones hipotecarias que se han iniciado desde que empezó la crisis, la falta de cobertura sanitaria de ciertos colectivos...
Martínez Dalmau destacó que, pese a que esa clase de derechos sociales y económicos (como el de la vivienda digna) se encuentran recogidos en la Constitución, a diferencia de los derechos fundamentales, no resultan directamente exigibles ante los tribunales. Ello a pesar, agregó, de que su aplicación también podría ser directa a través de los tratados internacionales firmados por España, que así lo establecen.
* El País - 28.04.11
Foto: Valencia, contraste barrio del Cabanyal - EFE
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DIARIOVASCO* : «¿Qué es un 'swap'?», preguntó el juez. La respuesta de la entidad financiera figura en el informe pericial que presentó durante la vista: «En la línea con las mejores prácticas de valoración de este tipo de instrumentos -indicó-, para poder estimar los pagos futuros asociados al comportamiento del activo subyacente, se asume como hipótesis de su evolución un proceso estocástico browniano geométrico compuesto por un factor determinista y otro aleatorio». ¿Han entendido algo? El cliente que había pleiteado contra la entidad financiera por haberle colocado un 'swap', tampoco; y la Administración de Justicia, otro tanto. Los tribunales del País Vasco han dado ya la razón, al menos, a medio centenar de particulares y de pequeñas empresas que habían demandado a varios bancos y cajas de ahorro por haberles vendido ese producto financiero como si fuera un 'seguro' que se incorporaba a la hipoteca de un piso o a una línea de descuento de una empresa, en teoría para cubrirse contra subidas de los tipos de interés; en realidad, no les aclararon que la situación era distinta si bajaban.
A la postre, se trataba de una operación de alto riesgo, conocida también como 'click', permuta financiera, etc., con la cual no sólo no se protegieron, sino que han acabado pagando más dinero, aparte del préstamo. Y sin poder hacer nada, ya que los costes de cancelación eran onerosos.
En el conjunto de España, las anulaciones judiciales de los 'swap' -con la obligación de devolver el dinero cobrado además del crédito-, ya se cuentan por varios cientos (unas doscientas sentencias aparecen en la web de afectados 'www.asuapedefin.com). Fue la Audiencia de Álava la primera que confirmó en Euskadi una condena de este tipo en 2009, a raíz de una demanda civil presentada por la asociación Ausbanc. Pero ya son varios los juzgados vascos de Primera Instancia y también la Audiencia de Vizcaya los que han puesto en el punto de mira esos productos, difíciles de explicar en los juicios incluso para las entidades que los habían vendido. Traducido a un lenguaje sencillo, los litigios consisten en que, bien un particular que quería contratar o renovar una hipoteca de interés variable, bien una pequeña empresa que tenía un préstamo, crédito o línea de descuento en análogas condiciones, fueron animados a apostar, sin tener conciencia de ello, a que el euribor subiría por encima de un nivel, y hasta un determinando punto, en cuyo caso el banco se comprometía a pagarles una suma.
Con esa contrapartida, los clientes creían haberse asegurado una cobertura para la hipoteca o el préstamo frente a los aumentos del precio del dinero, pero muchos no caían en la cuenta de que si los tipos bajaban por debajo de cierto límite, entonces serían ellos los que deberían abonar una suma adicional, además del importe de la operación crediticia. Y ese montante añadido se calcularía a través de unas fórmulas ininteligibles para un profano. Estas ofertas aparecieron en la mayoría de bancos y cajas de ahorro -pero no en las cajas vascas- desde mediados de la pasada década, tanto antes como después de la crisis de las hipotecas 'subprime' en 2007. En algunos casos, sobre todo a partir de 2008, solían ser la única posibilidad de obtener un préstamo o de renovarlo, y se planteaban a los clientes cuando la tendencia del precio del dinero ya no era a subir, como había ocurrido en 2006, sino a bajar. Los perjuicios no tardaron en aparecer cuando el Euribor viró a la baja y los afectados descubrieron las consecuencias de lo que habían firmado.
Derivados financieros
Los 'swaps' -se calcula que se han formalizado tres millones de en España- son derivados financieros y se llaman así porque equivalen a cruzar una apuesta sobre algo: a que el tipo de interés subirá o bajará, a que una moneda se depreciará o no, a que un crédito será fallido a no... Esa fórmula ha permitido a inversores profesionales y a empresas de gran tamaño alcanzar cierto de grado de cobertura en sus operaciones. En ocasiones esos productos se revenden en los mercados secundarios en paquetes complejos, opacos y desregulados, una práctica a la que se achaca el descarrilamiento financiero internacional de 2008. Warren Buffet, el inversor más rico del mundo, aseguró que no quería saber nada de esas operaciones porque no las entendía.
«Pero en el País Vasco se han vendido 'swaps' incluso a alguna persona que no sabe leer ni escribir», asegura un abogado bilbaíno que representa legalmente a ciudadanos que se consideran engañados por los bancos y que afirman haber sufrido perjuicios a causa de ello. Marisa Gracia, delegada de Ausbanc en el País Vasco, asegura tener «unas 300 demandas sólo en esta comunidad autónoma», a las que habría que añadir los casos que llevan otros bufetes. El perfil de los demandantes de Ausbanc no es, precisamente, el del cliente que asume un alto riesgo, una circunstancia que las entidades financieras han estado siempre obligadas a verificar, aunque ahora lo hacen en virtud de una regulación europea recogida en la legislación española. Esos clientes damnificados son parejas corrientes con la hipoteca de un piso, pequeños empresarios, un ganadero, un fabricante de quesos, un zapatero... Y no faltan profesionales versados en cuestiones legales, como abogados y hasta un miembro de la carrera judicial.
Actualmente, los jueces están dando la razón a la mayor parte de los ciudadanos que han presentado demandas contra los 'swaps' y que han pedido la anulación de esos contratos. Ahora bien, para ganar el caso hay que demostrar que se ha producido el 'vicio de consentimiento' recogido en el Código Civil; es decir, hay que dejar claro que a alguien le han vendido una cosa sin que supiera que se trataba de otra; y, además, sin haber tenido la posibilidad de enterarse, ya sea porque no le han informado de todo, ya porque le han hablado de manera equívoca o incomprensible ('el proceso estocástico browniano geométrico', por ejemplo).
No obstante, una sentencia de la Sala Primera de la Audiencia de Álava y que anula un 'swap', va un poco más allá y aprecia la existencia de dolo en un procedimiento; eso significa que, según el tribunal, ha existido un engaño urdido por la entidad financiera. «En definitiva -reza la resolución-, el ofrecimiento de un producto con una finalidad diferente a la real, ocultando las consecuencias negativas que supone para el cliente suscribirlo, y el ofrecimiento de una ampliación del crédito para vencer su natural prudencia, son constitutivas de la maquinación o insidia de las que habla el artículo 1.269 del Código Civil, porque nunca hubiera contratado sin la insistencia del banco, sin el convencimiento de que era una especie de seguro, y sin la oferta de ampliar el crédito que previamente ya disponía».
En principio, las resoluciones sobre los 'swaps' sólo se pueden recurrir al Tribunal Supremo (TS) si la reclamación excede los 250.000 euros. No obstante, el TS ha admitido un recurso contra una sentencia de la Audiencia de Asturias, en el que se considera como la cuantía en juego todo el préstamo.
* Diario Vasco - 26.04.11
Foto: Muchos damnificados son parejas que contrataron una hipoteca para pagar el piso - diariovasco
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ELPAÍS* : Nada de lo que ocurría en Marbella (Málaga) escapaba al entorno del ex asesor de Urbanismo y máximo imputado del caso Malaya, Juan Antonio Roca. Dos de los agentes que participaron en la investigación del caso relataron ayer al tribunal que el juez instructor, Miguel Ángel Torres, les pidió el máximo sigilo y que, aún así, a los dos días de comenzar la investigación sus agentes fueron detectados. Los dos policías declararon como testigos en el segundo bloque del juicio, centrado en examinar los delitos de blanqueo de capitales. Un comisario, responsable de la sección de blanqueo de capitales de Málaga durante la investigación, relató que el entonces jefe de la Policía Local, Rafael del Pozo, "consultó las matrículas" de algunos de los vehículos que estaban realizando labores de vigilancia y después de saber que eran policías les preguntó si estaban investigando algo. "Me parece que se le contestó que estábamos en una investigación de tráfico de drogas", mantuvo.
"Me hicieron retirar el dispositivo", continuó uno de los dos investigadores que llevaron el peso del caso. "A partir de entonces tocó guardar cautela y más cautela", añadió. Ese cuidado arrancó en la propia comisaría provincial, donde sólo seis agentes tenían una visión global del asunto. "Nunca hablábamos de los investigados por sus nombres, cuando íbamos a citas concretas cambiábamos de vehículos". Tampoco acudían a "fuentes locales" de investigación, como al Registro de la Propiedad, y se limitaron a hacer consultas de información en Internet.
Las defensas pidieron al tribunal que este investigador declarara en solitario y no junto al otro inspector que también ha participado activamente en la investigación, como había solicitado el fiscal Anticorrupción.
Solo pudo hablar el primero, que respondió durante dos horas a las preguntas del Ministerio Público. El agente habló de la forma en la que se hicieron las intervenciones telefónicas, los registros y la custodia de la documentación, aspectos en los que las defensas ven fallos.
El policía insistió en que tenía una "comunicación directa y diaria" con el instructor y habló del reparto de tareas con los agentes de Madrid. "Ellos se encargaban del blanqueo, nosotros de los cohechos (...) Era una separación más policial que real", dijo. También aseguró que en la contabilidad hallada en la sede de la sociedad Maras Asesores, clave para determinar la red de cohechos, se podía apreciar que "para el señor Roca el Ayuntamiento era una empresa más".
* El País - 26.04.11
Foto: Marbella, policía gerencia urbanismo - sur
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20MINUTOS* : El 'ladrillo' acumula más de la mitad de los créditos morosos del sector financiero, por delante del comercio, con el 12,5% del total, o la industria, con el 12,3%. Así lo asegura un informe sobre morosidad financiera de Detectys (una de las mayores corporaciones de detectives privados de Europa) a partir de informes de deudas superiores a los 6.000 euros en el primer trimestre de 2011. Concretamente, el 45,4% de estos créditos dudosos se corresponden con el sector de la construcción, mientras que otro 5,7% está depositado en actividades inmobiliarios. Estos datos contrastan con los de otros sectores como el de los profesionales (4,7%), la hostelería (4,4%) o la información y las comunicaciones (2,1%). El informe señala también que el 65,5% de la morosidad se corresponde con particulares, mientras que las empresas y los autónomos son responsables del 34,5% del total de estos créditos.
Otra de las conclusiones que arroja el estudio es que más del 25% de la morosidad familiar corresponde a extranjeros, aunque sólo el 0,65% de los deudores está fuera de España. En el apartado de los medios de vida, el 39,9% de los morosos está en paro, mientas que el 26,7% trabaja por cuenta ajena y el 7,5% son pesionistas jubilados. Sólo un 1,1% son funcionarios.
Sólo el 13,6% son insolventes
En cuanto a las empresas morosas, un 63,7% sigue activa y un 32,8% está inactiva, mientras que el 2% se encuentra en concurso de acreedores, un 0,8% no es solvente y el 0,7% está en liquidación.
Por otro lado, el informe señala que en el 13,6% de los casos, el deudor es insolvente y en el 26,4% existen posibilidades de solvencia. Por su parte, el 58,5% no tiene problemas, está libre de cargas o tiene ingresos susceptibles de embargo.
Ahora bien, en casi el 40% de los casos el domicilio en el que la entidad trata de contactar con el cliente es incorrecto, lo que hace inútiles sus esfuerzos en la etapa de cobro amistoso y el 7% de ellos permanecen ilocalizables después de la investigación.
* 20 Minutos - EP. - 25.04.11
Foto: Bloques en construcción - diariomallorca
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LAOPINIÓN/Málaga* : El fiscal Superior de Andalucía, Jesús García Calderón, ha solicitado este martes para la Fiscalía de Málaga más medios personales, en concreto personal auxiliar; y materiales, sobre todo técnicos; aunque ha incidido en las necesidades "urgentes" de los fiscales Anticorrupción, que en su opinión realizan una labor "admirable y muy rigurosa". García Calderón, que ha acudido a una inspección ordinaria de la Fiscalía malagueña, ha indicado que las tareas de los fiscales Anticorrupción están "avaladas por el trabajo desarrollado durante años, junto a funcionarios policiales, de Hacienda o de Inspección urbanística", aunque ha apuntado que "necesitan contar con medios suficientes a nivel telemático, espacios y personal técnico cualificado". "Sólo su capacidad de trabajo y su esfuerzo están permitiendo que sostengamos las peticiones en los juicios orales, porque creo que necesitan urgentemente un apoyo que vamos a pedir a distintos organismos", ha indicado el fiscal andaluz, entre los que ha citado la Junta de Andalucía, "en lo que respecta a las necesidades personales y materiales".
Ha manifestado que "no sería descabellado una unidad policial propia, adscrita a Policía Judicial" y ha afirmado que "podemos instar el que puedan contar con apoyo de la Agencia Tributaria". En este sentido, ha explicado que el modelo de la Fiscalía Anticorrupción cuenta con adscripciones permanentes "y podríamos buscar una solución parecida, sobre todo personas que conozcan la contratación pública y la cuestión fiscal".
García Calderón ha recordado que la Fiscalía Anticorrupción "es también contra el crimen organizado", materia en la que ha dicho "habría mucho trabajo que desarrollar". Además, ha asegurado que se vincula a otros servicios de la Fiscalía, como el de la Cooperación Jurídica Internacional, que, en su opinión es también "completamente deficitario" en cuanto a medios materiales y personales.
Ha asegurado que "no es cierto" que las grandes operaciones en la Costa del Sol ya hayan pasado, sino que "se pueden estar gestando". Cuestionado por la sentencia del caso 'Ballena Blanca', ha dicho no compartir las críticas a la Fiscalía y a la instrucción y ha indicado que la labor del fiscal Anticorrupción fue "suficientemente rigurosa" y "existían elementos sobrados para permitir la validez de las escuchas", confiando en que "prospere" el recurso anunciado y "pueda modificarse el criterio de la Audiencia Provincial".
MÁLAGA
García Calderón ha calificado la Fiscalía malagueña en general de "muy compleja" y con una carga de trabajo "verdaderamente notable", por lo que ha señalado que "el problema fundamental es la falta de personal auxiliar". "Sería muy urgente contar con un apoyo de funcionarios al servicio del ministerio público", ha indicado el fiscal superior.
Ha reconocido que esta carencia "la hemos puesto de manifiesto hasta la saciedad, pero lo hemos podido constatar in situ sobre todo con la puesta en marcha de servicios como el de ejecutorias". Así, ha indicado que los funcionarios "soportan una carga de trabajo muy elevada y necesitan contar con apoyo técnico que no tienen", ya que "las aplicaciones informáticas no están actualizadas en el caso de Andalucía, lo que perjudica el trabajo cotidiano de los fiscales".
ANDALUCÍA
A escala regional, ha reiterado que las cuantificaciones "han sido absolutamente respetuosas con la situación de escasez presupuestaria y en absoluto es una petición desmedida, descabellada o que no tenga en cuenta las condiciones actuales", recordando que siendo consejera de Justicia Evangelina Naranjo "hicimos una petición de 50 funcionarios en Andalucía", de los que "quizás se han creado seis plazas por la puesta en marcha de la sección de Fuengirola (Málaga)".
"No estamos hablando de cantidades en absoluto inasumibles, sino muy reales y que tienen en cuenta la situación que padecemos", ha insistido García Calderón, quien ha apuntado que en todas las secretarías "puede hacer falta un número no muy elevado de funcionarios", por lo que "como mucho" serían necesarias unas 50 personas a nivel regional, necesidades "que nos parecen razonables y atendibles".
El fiscal Superior de Andalucía ha manifestado que la Fiscalía cuenta con algunos refuerzos de funcionarios, lo que, a su entender, "demuestra la necesidad de la creación de estas plazas" y, aunque ha señalado que "se ha avanzado mucho", ha indicado que "desgraciadamente tenemos que seguir indicando que nuestras necesidades personales y materiales son numerosas".
* La Opinión Málaga - EP. - 26.04.11
Foto: Málaga, ciudad justicia - dimalaga
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