MALLORCADIARIO* : La Asociación de Vecinos la Gruta 300 de El Molinar, que ha presentado alegaciones a la construcción de más de 600 viviendas en este barrio, en Son Bordoy, insiste en que el Ayuntamiento de Palma debe parar esta "aberración" urbanística, que es un "despropósito social y atenta contra la armonía territorial" del barrio.
En sus alegaciones, los vecinos piden la "retirada inmediata del proyecto", e informan que han solicitado una reunión del Consell de Barri para tratar con las autoridades municipales este asunto.
Esta asociación exige que el Ayuntamiento "informe verazmente" a los vecinos de todo proceso de ejecución del proyecto, así como de la propia postura de Cort respecto al mismo.
Esta asociación entiende que, dado el "enorme" impacto ambiental, social, territorial y paisajístico "sin sentido" que tiene Son Bordoy, los vecinos de El Molinar deben expresar su opinión en el Consell de Barri.
Prácticamente, se recuerda en el comunicado emitido este domingo, todas las asociaciones vecinales están en contra de este "macroproyecto" urbanístico.
Por último, La Gruta 300 quiere recordar que ha sido la única asociación vecinal que ha acudido a todas las reuniones sociales y políticas que, sobre este tema, se han tratado en los diferentes foros.
"El Ayuntamiento debe responder a las demandas de los vecinos y no dejarse llevar por intereses electoralistas; si así lo hace, la alcaldesa, Aina Calvo, volverá a incumplir lo que no se cansa de decir: que "la ciudad es de los palmesanos", señala la asociación.
* Mallorca Diario - 10.01.10
Foto: Palma de Mallorca - wikimedia.org
Palma: Los vecinos insisten a Cort que pare la "aberración" de Son Bordoy
El feísmo también salpica al Camino de Santiago
LAVOZDEGALICIA* : Tendrían que limpiar un poco el río. Es una pena que los plásticos estén por el cauce, enrollados en los matorrales». Una pareja de peregrinos de Ourense hicieron ese comentario el jueves. Fue por la mañana después de haber seguido la ruta, en paralelo al río, desde Samos hasta la villa lucense de Sarria. Pero no fue el único tramo en el que hallaron los envoltorios de las alpacas de hierba seca surcando los campos y las riberas.
Tampoco fue el único lugar en el que se toparon con construcciones que alcanzan las cuatro alturas, como en Triacastela, u otras desnudas que muestran al caminante el ladrillo desgastado por el paso del tiempo, como en Ayán, un pueblo ubicado a pocos kilómetros del monasterio benedictino de Samos. Es que el feísmo galaico es un fenómeno que parece haberse enquistado también a lo largo de la ruta jacobea.
Un recorrido por la vía francesa entre O Cebreiro y Santiago es suficiente para comprobar cómo los monumentos históricos y los paisajes que han contribuido a convertir la ruta en uno de los grandes atractivos turísticos de la comunidad van intercalándose con construcciones tradicionales ampliadas con ladrillo, extrañas figuras de cemento, grafitis propios de un entorno urbano como el metro de Nueva York, somieres que hacen las veces de cierre de finca, bañeras con dotes de abrevadero o flechas amarillas impresas sobre bloques. Todos ellos son algunos de los puntos negros que se extienden por la ruta a su paso por Galicia.
Incluso hay tramos donde los peregrinos avanzan en paralelo a polígonos industriales. Ocurre en el parque de A Gándara, en Melide. También en O Pino, donde pese a que la obra está ahora paralizada, los caminantes pueden tocar el vallado que marca los lindes del polígono y observar de cerca el desmonte.
Ante este escenario hay arquitectos como el coruñés Alberto Unsain que urgen la puesta en marcha de un plan integral de protección del Camino semejante al que ahora han establecido para el litoral. «El Camino es el bien inmaterial más importante que tiene Galicia y no tiene que estar a la espera de que cada concello lo proteja», explica.
La Xunta trabaja en ello, pero los pasos son lentos. Porque, como apunta el también arquitecto Carlos Quintáns, la heterogénea arquitectura que bordea la vía «es un problema de educación». Por eso es importante, a su juicio, realizar una actuación integral que ejemplifique que pueden hacerse reformas por poco dinero.
Actualmente el decreto específico para la ruta francesa que desarrolla la Lei de Protección dos Camiños de Santiago de 1996 establece una distancia de diferentes grados de protección que van desde los tres a los treinta metros. Dichas marcas se extienden hasta los 300, cuando se trata de asuntos relacionados con el paisaje.
La estructura de protección parroquial que establece la ley actual parece no ser bastante. Uno de los miembros de la Comisión de Patrimonio do Camiño de Santiago de la Xunta, Antón Pombo, explica que están trabajando en una nueva delimitación de la ruta y en la recuperación de trazos históricos de las vías jacobeas. «Os lindes novos están feitos, agora hai que revisalos e aprobalos. Logo farase un plan de protección para cada un dos camiños, pero son moitos quilómetros e leva tempo», apunta. La intención, en principio, es tener listo el de la vía francesa este año.
* La Voz de Galicia - 11.01.10
Foto: Vitor Mejuto, lavozdegalicia.es
Un PAI de Callosa urbanizará una parte de suelo protegido
ELPAÍS/Alicante* : Eran antiguos bancales ganados a la montaña y recuperados nuevamente por la vegetación sobre cuyo suelo está proyectado un PAI que levantaría 112 viviendas unifamiliares. Ecologistas en Acción alegó el sábado contra la pretensión de la empresa Els Pinets de la Font, SL, de construir un PAI en el sector conocido como número 13 Pinets del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Callosa d'En Sarrià.
Esta zona, de 86.694 metros cuadrados y alejada del casco urbano, era suelo no urbanizable hasta la redacción del actual PGOU, aprobado en 2007 y que cambió la consideración del terreno a urbanizable, según recuerda Carlos Arribas, portavoz de la organización ecologista en Alicante.
El colectivo conservacionista, entre los distintos argumentos que esgrime en su oposición al programa urbanístico, subraya la alta calidad paisajística de esta zona ocupada en su mayor parte por pinar adulto y del ámbito que lo rodea. Deja claro, en este sentido, que el sector contiene suelos afectados en parte por dos figuras de protección ambiental: un segmento se incluye dentro del Lugar de Importancia Comunitaria "Aitana, Serrella i Puig Campana" y parte de la zona norte también está recogida en la Zona de Especial Protección para las Aves "Les Muntanyes de la Marina" (ZEPA). Esta última figura fue declarada por acuerdo del Consell el pasado día 5 de junio de 2009.
Ecologistas en Acción denuncia, por otro lado, que entre la documentación presentada en la alternativa técnica de la opuesta de PAI "no existe el preceptivo Estudio de Integración Paisajística" que exige la normativa urbanística valenciana.
El colectivo ecologista califica el desarrollo urbanístico de esta zona de La Marina Baixa como "insostenible medioambientalmente" y recuerda que el propio Ayuntamiento de Callosa d'En Sarrià admitió en acuerdo plenario de 29 de julio de 2004 que el desarrollo urbanístico de este sector sería "ambientalmente muy agresivo". Por ello, en su última alegación, los ecologistas solicitan al Consistorio, del PP, que "inicie el proceso de reclasificación de ese sector a suelo no urbanizable de especial protección atendiendo a sus valores ambientales, paisajísticos y forestales mediante una modificación puntual del PGOU" de la localidad.
* ELPAIS.com - 11.01.10
Foto: Callosa (Alicante), ayuntamiento - comunitatvalenciana.com
Santa Cruz: El Plan tiene el doble de casas fuera de ordenación que Marbella
LAOPINIÓN/Tenerife* : La controversia surgida en torno a la figura urbanística de fuera de ordenación parece surgir de que se trata de uno de los términos menos estudiados de esta disciplina. Así al menos lo señala el catedrático de Construcción Arquitectónica en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Carmelo Padrón, quien indica que nos encontramos ante una figura con mil y una caras.
Por ello, el que también ejerció como viceconsejero de Medio Ambiente en el último ejecutivo regional presidido por Jerónimo Saavedra y como director de Urbanismo en el Ayuntamiento de la capital grancanaria cree que se hace imprescindible que los planes generales delimiten al máximo y caso por caso las consecuencias que tiene su aplicación en cada una de las viviendas.
Y es que fuera de ordenación abarca un número muy amplio de situaciones. Desde los inmuebles que van a ser expropiados para la construcción de una obra pública hasta la que se queda incluida en esta figura al incumplir alguna norma urbanística por nimia que sea. No obstante, Padrón no duda en que efectivamente sea como sea siempre se causa un daño "objetivo" al propietario que ve afectado su derecho a la propiedad y que muchas veces se plasma en que las propias entidades financieras se niegan a conceder hipotecas.
Préstamos. "Efectivamente, se produce una pérdida de valor patrimonial y se crea una evidente inseguridad jurídica por mucho que se asegure lo contrario", indica el catedrático. Lo ocurrido en Santa Cruz, donde no han trascendido casos de negativas de bancos a conceder préstamos, tal vez no se puede volver a repetir. Padrón considera que a partir de estos momentos lo más seguro es que a las entidades financieras no les van a pasar desaparecidos estos datos. Incluso, Padrón estima que la propia administración debe indemnizar a los propietarios, cuyas propiedades quedan bajo esta catalogación. En Las Palmas de Gran Canaria se optó por aplicar la figura de la edificación agotada, por ejemplo, en uno de los edificios de mayor altura de la capital.
Padrón considera que lo ocurrido en Santa Cruz podrá reproducirse a partir de ahora en otros muchos puntos del país, ya que ahora los ciudadanos empezarán a preocuparse por la situación de sus viviendas en el planeamiento, lo que hasta ahora no había ocurrido, seguramente porque nadie sospechaba que de un día para otro su vivienda quedase bajo esta catalogación.
Y es que el problema de fuera de ordenación se repite ya en prácticamente todos los puntos de la geografía nacional. El debate ha sido especialmente intenso en Marbella, donde el nuevo Plan General de Ordenación (PGO), a punto de ser aprobado de forma inmediata, se tuvo que enfrentar a una bolsa de 18.000 viviendas fuera de ordenación. La mitad de las que se presuponen en Santa Cruz.
El esfuerzo de los redactores del planeamiento ha hecho que se haya dado solución a más del 90 por ciento de los casos. Se trataba de edificios construidos sobre zonas verdes, lo que había dado lugar a la imputación de varios y sucesivos alcaldes y concejales de Urbanismo. Estas viviendas ocupaban casi dos millones de metros cuadrados que se corresponden con las licencias ilegales que se dieron en aquel momento. La solución adoptada fue la cesión del suelo por parte de los promotores que se beneficiaron en su día de la situación de ilegalidad que campó por sus anchas en el Ayuntamiento. Alrededor de 250 empresarios se avinieron a negociar la legalización de cada una de las promociones.
El problema ha tenido también su enjundia en Bilbao, donde se han dado varios supuestos. El último y quizás más llamativo fue el de decenas de viviendas de cinco barrios que quedaron fuera de ordenación por la construcción de un gran puente. En ese caso los vecinos tampoco sabían nada de lo ocurrido hasta que se enteraron casi por casualidad y a partir de aquí hicieron valer sus derechos.
Pero poco que ver con lo ocurrido en Santa Cruz de Tenerife. De hecho, en la capital vasca se conocían las protestas llevadas a cabo aquí y sus motivos. Así lo indica el director del Planeamiento de Bilbao, Mauro Valdivieso, quien informa que en esta ciudad manejan cuatro supuestos de fuera de ordenación. Uno de ellos es precisamente por edificios que superan la altura permitida en el planeamiento. Dentro de los que se detectan en esta ciudad, no es el más grave. Aquí se ha optado también por permitir el máximo de obras y flexibilizar hasta el límite de lo imposible la legislación con el fin de afectar lo menos posible a los vecinos. Luego existe la figura de las edificaciones fuera de ordenación "expresa", quizás la más radical en cuanto se incluyen en esta categoría las edificaciones que van a ser demolidas para la construcción de obras públicas.
No es raro que sea la que más problemas ha traído. En este caso es cuando el supuesto de fuera de ordenación se aplica con más rigor. Sin embargo, la cifra de edificios afectados apenas alcanza la decena que son los que tendrán que ser demolidos para construir un puente que unirá Bilbao y Deusto.
Valdivieso indica que en la capital vasca han intentado que la legislación urbanística sea lo más tolerante posible con los afectados por esta carga. Ocurrió también con los vecinos de otro barrio que tenían dificultades para acceder a sus viviendas situadas en plena ladera. En este caso, se ha apostado por la reubicación de los ciudadanos en lugares situados en el entorno con el fin de evitar el desarraigo social.
La circunstancia más parecida a lo que ocurre en Tenerife es la fuera de ordenación diferida pero no se sabe tampoco a ciencia cierta cuantas edificaciones se incluyen en la misma. En el caso de Bilbao son una serie de edificios con una planta más de la permitida en los sucesivos planeamiento y que además fueron construidos con licencia. Tal cual como ocurre en SantaCruz.
Sin embargo, en la Gerencia de Urbanismo de Bilbao se subraya que hasta ahora no han tenido problemas con sus ocupantes ya que han optado, al igual que ocurrió en la capital tinerfeña gracias a la presión popular, por permitir al máximo las obras que se pueden ejecutar. El horizonte en el que se plantea que podrá tener alguna consecuencia será al final de la vida útil del inmueble.
En Bilbao han presentado problemas también determinadas unidades de ejecución situadas en áreas que anteriormente ocupaban las industrias y donde se han localizados núcleos urbanos sin orden alguno.
Pero el problema de fuera de ordenación se ha localizado también en Córdoba por edificios construidos en suelo rústico. O por ejemplo en la localidad madrileña de Alcobendas donde el Ayuntamiento se ha visto en la obligación de emitir una ordenanza específica para regular esta figura desgajada incluso de su propio Plan General. En este caso se estipula que los edificios fuera de ordenación serán todos aquellos erigidos antes la aprobación del vigente Plan General que resultan disconformes con el mismo en cuanto a las condiciones de edificación o el uso al que está destinados. En la ordenanza se distingue entre las instalaciones, construcciones y edificaciones totalmente incompatibles con la nueva ordenación o las parcialmente incompatibles. En todos estos casos se vuelven a poner sobre la mesa las mismas limitaciones para la ejecución de obras en todas sus variantes como ha ocurrido en otros puntos del territorio nacional.
Lo que parece claro es que la figura de fuera de ordenación esconde en su interior numerosas caras y recovecos lo que ha dado lugar a que los afectados e inclusos estudiosos se enzarcen en mil y unas discusiones para determinar su alcance real y consecuencias.
También parece meridianamente claro que Santa Cruz se ha convertido, casi sin quererlo en pionera a la hora de plantear los problemas que pueden tener los ciudadanos afectados por esta catalogación. Hasta ahora prácticamente nadie había reparado en la magnitud del problema que los propios redactores del planeamiento de Santa Cruz han llegado a calificar de "intenso".
Los miembros de la Plataforma surgida en Tenerife y cuyo movimiento parece haber trascendido ya los límites de la isla indican que se afecta tanto a los derechos sobre la propiedad futura como sobre la actual. No creen que sea necesario esperar treinta años para que los propietarios vean como sus viviendas se devalúan y reducen a escala liliputiense.
La ley garantiza el máximo de información
Desde junio del año 2008, fecha de la última Ley de Suelo promulgada en España, cada vecino tiene el derecho a intervenir de modo efectivo en la elaboración del correspondiente Plan General de Ordenación (PGO) de su ciudad, así como en la evaluación ambiental de sus impactos. Podrá hacerlo no sólo a través del hasta ahora método habitual de las alegaciones, sino también a través de observaciones, propuestas, reclamaciones y quejas a las que se obliga al Ayuntamiento a dar respuesta de forma "razonada". Es más, en la legislación se apunta que en caso de detectar incumplimientos urbanísticos o medioambientales, cada ciudadano contará con garantías procesales y podrá ejercer ante un tribunal de lo contencioso-administrativo una acción pública y no solamente una acción particular. En virtud de todo ello, especialistas en derecho urbanístico consideran que la última ley del ejecutivo central supone un paso de gigante en la ordenación de las ciudades y territorios al reconocer por primera vez a los ciudadanos derechos que hasta ahora se hallaban indefinidos o dispersos en otras normas legales. Esta nueva legislación que es un texto refundido o definitivo que vio la luz en los meses del pasado verano garantiza el máximo de participación ciudadana en todo el proceso de elaboración de los planes generales y a la hora de ofrecer toda la información posible a los vecinos que así lo demanden. No parece claro si el PGO de Santa Cruz incluye estos extremos, por ejemplo se sabe que en el caso de Gijón, donde también se tramita su planeamiento ,no se hizo.
* La Opinión Tenerife - 11.01.10
Foto: Vecinos protestando contra el Plan General de Santa Cruz a las puertas del Ayuntamiento. Jonay Rodríguez, laopinión.es
Cercle Obert exige un debate con afectados y expertos por El Cabanyal
DIARIOCRÍTICO/Valencia* : La entidad cívica y cultura Cercle Obert de Benicalap exigió que se desarrolle "urgentemente" un "gran debate ciudadano", en el que participen afectados y expertos, con el objetivo de acabar con la "corrupción" y la "desinformación institucional" que existe sobre el tema del barrio valenciano de El Cabanyal, según informó el colectivo.
Según Cercle Obert, de este debate debe salir "un gran compromiso que haga habitable, equilibrada y digna la convivencia y el desarrollo en El Cabanyal y en el resto de barrios periféricos y degradados de Valencia". Asimismo, gracias a él se conocerán "las verdaderas razones que tiene el Ayuntamiento y la Generalitat para atentar contra el patrimonio cultural valenciano y el derecho a vivir dignamente", comentó.
En opinión del colectivo, los vecinos de El Cabanyal, "que han luchado por conservar su casa y el patrimonio cultural de todos los valencianos, son víctimas de un gran atropello, de un abuso intolerable e inadmisible y merecen respeto". Por ello, consideró que "es el momento del diálogo y del consenso", así como que "es necesario y urgente iniciar un gran debate abierto a todo el mundo".
"Los problemas de la degradación urbana y humana no se solucionan construyendo pisos de lujo en el popular barrio de El Cabanyal", aseveró la entidad ciudadana, quien incidió en que esto es "una falacia insostenible, un argumento irracional y medieval".
Para la asociación Cercle Obert, "sin una reflexión, donde expertos cualificados participen, así como los propios afectados, no habrá solución a los grandes problemas que generan las ciudades modernas como es Valencia". "Ahora es el Cabanyal y mañana será Benicalap, un barrio que sufre enormes carencias, ignoradas por todas las instituciones valencianas", lamentó, y se preguntó "dónde va a llevar la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a las legiones de marginados y pobres de El Cabanyal cuando lo destroce".
Así, el colectivo hizo hincapié en que "ha llegado la hora de exigir un gran debate y de consensuar compromisos institucionales que acaben con la especulación y con las numerosas carencias y desequilibrios que sufre Valencia" puesto que, tal y como recalcó, "no se solucionan los problemas sociales y urbanísticos ignorándolos o potenciando acontecimientos innecesarios y frívolos cada cierto tiempo".
Cercle Obert, quien destacó que nadie "debe situarse por encima de la ley y de los tratados internacionales sobre Patrimonio Cultural", señaló que "los innumerables incumplimientos y reiterados olvidos del PP valenciano son la mejor prueba que demuestra la enorme falta de respeto y la ausencia de voluntad a la hora de crear una ciudad habitable y digna para todos".
* Diario Crítico Valencia - 10.01,10
Foto: Valencia, vista del Cabanyal - levante-emv.com
El Supremo dice que Urbanismo debe pagar IVA cuando vende suelo
ELDÍA/Córdoba* : El Tribunal Supremo ha puesto punto y final a un viejo pleito del Ayuntamiento que consideraba que la Gerencia de Urbanismo no estaba sujeta a una liquidación del Impuesto de Valor Añadido cuando realiza operaciones de compraventa de terrenos. El alto tribunal ha rechazado de plano las pretensiones del Consistorio confirmando una sentencia del Tribunal Económico Administrativo Central en el que, básicamente, se desmontan los argumentos municipales, confirmando las liquidaciones realizadas hasta el momento del impuesto.
La base del pleito se fundamenta en si las operaciones realizadas por parte de la Gerencia de Urbanismo, un organismo autónomo municipal, deben estar sujetas al cobro y liquidación de IVA por considerarse como una actividad empresarial o si las funciones públicas ejercidas en el desarrollo de la actividad tienen una contraprestación tributaria, un elemento que sí supondría la exención de las operaciones tal y como se establece en la legislación sobre esta materia, vigente desde 1985 y reformada en 1993.
El Supremo establece que la Gerencia de Urbanismo actúa sometida al Derecho Administrativo pero también al Privado, con la misma posición que tendría un ciudadano en un negocio de estas características, aunque con una serie de limitaciones y privilegios por su condición de parte de la Administración. El alto tribunal entiende que en las operaciones basadas en una contraprestación no se encuentran dentro de la actividad administrativa "aunque tales enajenaciones tengan lugar en el ámbito del desarrollo urbanístico porque la operación, en sí misma, no contiene ningún elemento del ejercicio de las funciones públicas y la simple afirmación de que las transmisiones se realizan por parte de un ente público no es suficiente para afirmar la no sujeción (al pago del IVA)". El tribunal continúa: "Son operaciones sometidas al Derecho Privado, y sin elemento alguno de publicidad por más que, como hemos dicho, se inserten en un proceso de desarrollo urbanístico más o menos amplio".
El Supremo entiende, además, que el Consistorio no ha sido capaz de argumentar de forma fehaciente las conclusiones obtenidas por el juzgador del caso, la sección sexta de la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, independientemente de que las operaciones las lleve a cabo una entidad pública. Del mismo modo, condena en costas al Ayuntamiento, con un tope de 3.000 euros del dinero a entregar por perder el caso.
* El Día de Córdoba - 10.01.10
Foto: Córdoba, ayuntamiento - wikanda.cordobapedia.es
Las zonas verdes de Parla-Este, sepultadas bajo cemento
ALEXIA CASTRO/Madrid* : Uno de los más evidentes signos de abandono del barrio de Parla-Este era, hasta ahora, la ausencia de vegetación en gran parte de las zonas verdes destinadas a ajardinamientos. Un hecho de por sí remarcable, porque en cualquier desarrollo urbanístico la vegetación de las zonas comunes se va plantando paulatinamente según se van encontrando disponibles los márgenes de las vías de comunicación y los espacios comunes. Así, a los pocos años ya existe una cobertura vegetal consistente y enraizada. Nada de eso sucedió en Parla-Este. Hace casi dos años se habían plantado los primeros árboles de porte notable en algunos alcorques de ciertas zonas del barrio y, a fecha de hoy, aproximadamente la mitad de esos árboles ya han muerto. El resto de las futuras zonas verdes permanecía como un erial donde los perros abonaban el terreno a sus anchas. Desde hace ya muchos años ha evolucionado el concepto de zonas verdes en ámbitos urbanos hacia diseños de parques y jardines con especies xerófilas, autóctonas y arbustivas que aportan frondosidad, consistencia y diversidad botánica en vez de las pobres, delicadas y carísimas praderas de césped y árboles exóticos. Cuando al comienzo de estas obras empezaron a surgir las primeras voces de alarma y sorpresa era difícil creer en semejante barbaridad. Todos los grandes parterres de las avenidas estaban siendo enterrados en toneladas de cemento, que posteriormente sería forrado de césped artificial, dejando dos ridículos agujeros en cada parterre para plantar costosísimas y frágiles palmeras. Da la impresión de que el Ayuntamiento de Parla entiende que ajardinar significa sepultar bajo toneladas de cemento todo vestigio de naturaleza. Y así poco a poco se fueron cementando la totalidad de las posibles zonas verdes de las calles de Parla-Este, con un colosal despilfarro económico en cemento en vez de plantas.
* ELPAIS.com - Yo Periodista - 28.12.09
Foto: Parla (Madrid), cemento - elpais.com
La Murcia árabe hace agua
ELPAÍS* : Las fuertes lluvias de las últimas semanas han dañado los restos arqueológicos árabes del siglo XIII hallados en el murciano jardín de San Esteban. El aparcamiento que había proyectado en el solar, no se construirá, pero muchos murcianos temen ahora que las piedras que recuerdan el pasado musulmán de Murcia se diluyan como el azúcar en el agua si, como apuntan las previsiones meteorológicas sigue lloviendo en los próximos días.
La gigantesca movilización social y política que obligó al presidente regional Ramón Luis Valcárcel (PP) a parar el proyecto de construcción de un aparcamiento en el solar de San Esteban podría no haber valido para nada. Una plataforma ciudadana para proteger los restos clama ahora "que el Gobierno murciano declare el yacimiento bien de interés cultural y que el Ministerio de Cultura ayude a su musealización con el llamado 1% cultural".
En el último mes, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) han caído sobre la ciudad de Murcia 120 litros por metro cuadrado y, según diversos expertos arqueólogos consultados "la parte superficial, la corona de los muros, se ha dañado por acumulación de agua y la acción de la lluvia". Según estas mismas fuentes la zona dañada es el 20% del yacimiento, la parte que esta más a la vista. El resto, suelos y demás elementos que quedan enterrados -y que todavía están sin excavar- se ha salvado, "de momento". Sin embargo, advierten de que si no se actúa sobre la parte afectada por el agua, no sobrevivirá al invierno.
La razón, continúan los arqueólogos, es que no se han tomado medidas serias y sólo se han instalado algunos plásticos y una bomba de agua. Ayer, los plásticos prácticamente no aguantaban sobre las piedras y quedaban a merced del fuerte viento que azotaba la ciudad.
Un mes después del auto judicial que frenaba el desmantelamiento de los restos y exigía la protección del yacimiento, la plataforma de defensa, que ya suma 19.000 miembros en Facebook, denuncia que "los restos llevan más de dos meses a merced de los elementos y ahora no hay ni rastro de los arqueólogos".
Mientras llueven también las acusaciones de lentitud administrativa, el Consistorio murciano y la Consejería de Cultura han presentado "por la vía de urgencia" un proyecto para dejar los restos protegidos bajo tierra y con tela geotextil. Una idea que algunos arqueólogos dicen que no es válida porque, según sus palabras, "tapar el yacimiento no sirve de nada si lo que se quiere es continuar excavando".
En todo caso, el Ayuntamiento deja claro que, a pesar de la vía de urgencia, "no podrá adjudicar el proyecto de cubrir los restos a ninguna empresa antes de 15 días porque hay que ser respetuosos con la normativa legal", según ha confirmado la concejal de Cultura Fátima Barnuevo. "No hay que confundir a los ciudadanos diciéndoles que nuestra voluntad es enterrar los restos porque no es así", ha declarado también la edil murciana. Según el Consistorio, el proyecto de tapar los restos "es una medida de carácter temporal mientras los expertos deciden el proyecto definitivo"
La oposición en el Ayuntamiento (PSOE e IU) denuncia que han pasado 30 días desde que se emitió la orden de paralización del aparcamiento y de protección el yacimiento y "todavía no se ha hecho nada". La concejal socialista María José Alarcón sugiere que no hacer caso al requerimiento judicial de protección de los restos "puede ser constitutivo de un delito".
Por su parte, la concejal de IU, Esther Herguedas, asegura que "la decisión de parar el parking se hizo con urgencia, pero luego, el resto de los pasos, se están dando excesivamente despacio, casi como esperando que el tiempo destruya el yacimiento".
* ELPAIS.com - 9.01.10
Foto: magen de las excavaciones arqueológicas de la Murcia árabe, inundadas por las lluvias.- MARCIAL GUILLÉN, elpais.com
Santa Cruz: ´No al PGO, no a la corrupción´
LAOPINIÓN/Tenerife* : Miles de personas muestran su indignación por las calles de la capital tinerfeña en una manifestación contra el Plan General de Ordenación en el que se pidió insistentemente la dimisión del alcalde, Miguel Zerolo, y se clamó contra todos los concejales que dieron el sí al marco urbanístico. Los convocantes denunciaron que el Ayuntamiento ordenó retirar la tarima donde se iban a leer los comunicados y ordenó a Urbaser no dejar rastro de las pancartas y consignas contra el PGO.
Miles de personas indignadas, unas 3.500 según los primeros datos de la Policía Local y alrededor de 10.000 según las estimaciones de los convocantes, desfilaron este mediodía por las calles de Santa Cruz de Tenerife mostrando su frontal rechazo a la aprobación del Plan General de Ordenación del municipio, en una nueva demostración de que la oposición a este marco que regula el urbanismo de la capital va en alza y parece imparable. "No al PGO, no a la corrupción" rezaba la pancarta de cabecera de la movilización, aunque se escucharon muchos más lemas entre la salida, en la plaza de La Candelaria, y la llegada, en frente mismo de la sede del consistorio tinerfeño, vinculadas sobre todo al hecho de que el PGO ha desatado todos los temores por las miles de viviendas -aún sin cuantificar- que han quedado fuera de ordenación. La desconfianza, según la mayoría de ciudadanos que se echaron a la calle, ya venía avalada por la decena de casos de supuesta corrupción que tienen paralizado Santa Cruz de Tenerife.
"Manos arriba, esto es un atraco", "Arriba, abajo, el plan pa'l carajo", "Caciques y ladrones gobiernan Santa Cruz" o el clásico "El pueblo, unido, jamás será vencido" fueron algunos de los gritos predilectos de una marcha llena de pancartas, algunas con las caras de los concejales que votaron a favor del Plan -incluidos los tres ediles socialistas que se ausentaron del pleno, Gloria Rivero, Ramiro Cuende y Florentino Guzmán-, y la palabra "Vendido". El centro de las reivindicaciones fue, sin lugar a dudas, el alcalde de la ciudad desde hace 15 años, Miguel Zerolo, al que llamaron "golfo" y "canalla", entre otras lindezas: "Zerolo, canalla, el pueblo no se calla", "Zerolo, dimite, el pueblo no te admite", "Zerolo, mamón, edifica en tu salón"...
La Coordinadora de Pueblos y Barrios de Asamblea por Tenerife organizó una convocatoria sin precedentes a la que se adhirieron múltiples organizaciones, entre ellas los partidos PSC, Ciudadanos de Santa Cruz, Sí se puede-Alternativa por Tenerife e Izquierda Unida. La organización social calificó la manifestación de "nuevo éxito rotundo" y llamó a los vecinos a informarse y a participar de las próximas convocatorias, porque "esto no se va a quedar aquí hasta que tumbemos estre robo a mano armada". El acto transcurrió sin el menor incidente por parte de los miles de manifestantes, entre los que había personas de todos los estratos sociales y de todas las preferencias políticas, incluidos asiduos seguidores de las formaciones con representación en el Ayuntamiento, quienes mostraron su hartazgo por "las maniobras especulativas" de los concejales. Sí hubo algunos hechos que incrementaron la indignación de los presentes: el que la Policía Local retirara una tarima que se había instalado frente a la puerta del consistorio para leer los comunicados y el que operarios de la empresa de limpieza Urbaser cerraran la concentración recogiendo con gran prestancia absolutamente todo papel que tuviera consignas en contra del PGO.
Un vehículo del Centro de la Cultura Popular Canaria (CCPC) encabezaba la marcha proclamando consignas de todo tipo y tono. Y es que Radio San Borondón, emisora adscrita al CCPC, lleva más de una semana con una programación especial dedicada íntegrante a la lucha contra el PGO, mañana, tarde y noche. La representación del PSC fue, por otro lado, muy amplia: estaban, a parte de los concejales que han acaparado la oposición al PGO (Marián Franquet y José Ángel Martín) o los cargos que más han participado en esta campaña de oposición (sobre todo Pedro Anatael Meneses y José Manuel Corrales), Santiago Pérez, Sandra Rodríguez, Francisco Hernández Spínola o Antonio Martinón, entre otros. Tam bién se dejaron ver los representantes de Ciudadanos de Santa Cruz Guillermo Guigou y Ángel Isidro Guimerá, concejales que votaron en contra.
Integrantes de Asamblea por Tenerife leyeron un comunicado final frente a la entrada principal del consistorio, encaramados sobre un vehículo, en el que calificaron de "despojo" y "atraco al pueblo" el nuevo Plan de Ordenación aprobado. "En todo este asunto del PGO, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y su banda de atracadores urbanos han estado y siguen estando entre la espada y la pared. Entre la espada del pueblo y la pared de sus intereses inmobiliarios y caciquiles. Todo lo demás es cuento, todo lo demás es mentira, torpe e indemostrable embuste", reza el comunicado, que añade entre otras cosas: "Miles de hombres y mujeres han sido defraudados en sus intereses más legítimos a quienes ese patético payaso no puede ya seguir engañando. Nosotros, nuestra protesta y nuestra lucha, ¡nosotros somos la bomba!", en referencia al aviso de bomba que suspendió el primer pleno en el que se tenía previsto aprobar el PGO.
La preocupación era palpable entre los vecinos asistentes, algunos con lemas verdaderamente originales, como "PGO: Pelotazo General de Ordenación". La mayoría admitieron que sus propiedades estaban afectadas por la figura de fuera de ordenación y que se enteraron gracias a la Coordinadora de Pueblos y Barrios de Asamblea por Tenerife o a través de las diferentes asociaciones de vecinos. Muchos votantes de partidos como CC y PP manifestaron sentirse "traicionados" y "humillados" por el grupo de gobierno. Para ellos, y para la mayoría, ha llegado el momento del final de Miguel Zerolo como alcalde de la ciudad.
* La Opinión Tenerife - 9.01.10
Foto: Imagen de la manifestación que ha recorrido hoy las calles de la capital tinerfeña, convocada por Asamblea por Tenerife en contra del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad. CRISTÓBAL GARCÍA (EFE)
El cabecilla de la trama de Llíber dijo que compró un coche al ex alcalde
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LASPROVINCIAS/Alicante* : El promotor M. M., acusado de ser uno de los supuestos cabecillas de la trama corrupta de Llíber, reconoció ante la Guardia Civil que pagó tanto al ex alcalde, José Mas (PP) como al ex aparejador municipal, Amador Signes, para obtener los informes favorables y las licencias de obra que le permitieron alzar varios chalés fuera de ordenación.
En la declaración que prestó el promotor cuando fue detenido, a la que ha tenido acceso este periódico, también admite haberle regalado a Mas un Mercedes diesel de color blanco que compró de segunda mano en Alemania por 8.000 marcos (poco más de 4.000 euros).
Según su testimonio, el entonces alcalde de Llíber le confesó en un viaje que hicieron juntos a la Conselleria que toda su vida había tenido mucha ilusión en tener este coche. Un mes después, su deseo era realidad de mano de la red corrupta. La entrega del coche, según la declaración del acusado, se efectuó en Benidorm y se puso a nombre de la esposa del político.
A día de hoy el automóvil está depositado en dependencias del Ayuntamiento de Calp puesto que de las diligencias practicadas por la investigación se desprende que fue un regalo de la red corrupta. Asimismo, según se recoge en el sumario, la Dirección General de Tráfico detectó varias irregularidades en su matriculación en España, como la supuesta falsedad de la factura aportada.
Entre los regalos a sus colaboradores, el promotor señaló a la Benemérita que la casa que uno de los hijos del ex alcalde tiene en suelo urbanizable de la partida Costereta fue costeado por varios de los constructores ahora detenidos por vender 300 chalés ilegales. El propio M. M. afirmó haber aportado 20.000 euros para pagar el suelo y las ventanas de la casa.
Declaración
El promotor, que salió de prisión tras pagar una fianza de 100.000 euros, testificó que tanto Mas como el entonces concejal de Urbanismo (ya fallecido) y el técnico que con sus informes posibilitó toda la estafa, cobraban por sus favores.
Así, él mismo admitió haber pagado al alcalde 10.000 euros a cambio del permiso para instalar un tendido eléctrico y 3.000 euros por cada licencia de obra que le otorgaban.
Por su parte, el técnico municipal, siempre según el testimonio del promotor, exigía que se le encargaran los proyectos de las casas a construir en Llíber.
«Había que hacerlo con Amador, si no, no hacía el informe favorable» relató a la Guardia Civil. Asimismo, indicó que por cada proyecto Amador Signes cobraba al principio (años 1999 y 2000) entre 200.000 y 300.000 pesetas pero al final ya pedía a los promotores hasta 25.000 euros.
M. M. admitió en su declaración ante la Guardia Civil haberle pagado al aparejador imputado en 15 ocasiones un total de 100.000 euros. En su interrogación, el constructor apuntó que el técnico contaba con el beneplácito de la secretaria municipal.
* Las Provincias - 9.01.10
Foto: Zona del término municipal de Llíber con diversas construcciones. :: A. MCCLURE, las provincias.es
El plan del litoral impide edificar en 4.200 hectáreas de suelo urbanizable
LAVOZDEGALICIA* : La Xunta abre una fase de contacto con los 84 concellos afectados para concretar las restricciones en cada uno. El levantamiento progresivo del veto que desde mayo del 2007 impide construir en 3.000 hectáreas de suelo urbanizable situadas a menos de 500 metros del mar no debilitará ese blindaje en la parte más frágil del territorio.
El plan de ordenación del litoral, con el que el Gobierno de Feijoo reemplazará la prohibición cautelar que aprobó el bipartito y concretará el ámbito de protección a lo largo de los 2.500 kilómetros de la costa gallega, prevé ampliar las restricciones en el suelo urbanizable hasta las 4.200 hectáreas, el 2% de las 212.164 que conforman el ámbito de gestión de la nueva planificación en un total de 84 concellos afectados. Más allá de ese suelo urbanizable, que es donde la prohibición de construir tendrá realmente incidencia, las restricciones abarcarán 45.746 hectáreas de fachada litoral y 20.135 de cuencas fluviales, una superficie inferior a las 86.663 hectáreas que están protegidas de forma transitoria por la norma de los 500 metros.
Feijoo esbozó ayer las líneas maestras del documento previo a la aprobación inicial, que tras pasar por el Consello de la Xunta será remitido ahora a los 84 concellos, con los que Medio Ambiente abrirá contactos para recabar sus aportaciones. En esta fase, la regulación que divide la costa en siete franjas para su protección tendrá que madurar hasta definir con precisión las restricciones en cada concello. Para ese trazo fino, los técnicos analizarán con cada ayuntamiento sus previsión de crecimiento y capacidad de gestión del suelo, con lo que el veto de partida en 4.200 hectáreas de suelo urbanizable podría ampliarse en el documento final.
A falta del reglamento que debe dibujar el escenario final en cada concello, Feijoo convirtió la presentación del avance en una declaración de sus intenciones de preservar la protección de la costa con un «marco normativo estable». El presidente esgrimió la cifra gruesa, pensando quizá en las reservas de PSdeG y BNG ante un hipotético retorno al «todo vale», para reivindicar la dimensión de un trabajo que ha ocupado a un pelotón de técnicos desde julio. Subrayó que, frente a las 86.663 hectáreas bajo el paraguas de la ley de los 500 metros, el plan litoral actuará sobre 212.164, de las que fija prohibiciones sobre 66.000. «Unha cousa é ordenar e outra prohibir», defendió.
Los últimos del arco atlántico
Feijoo, que compareció ante la prensa junto al conselleiro Agustín Hernández, hizo autocrítica ante una ordenación que arrastra más de cinco años de demora. Tras recordar que Galicia es la excepción del arco atlántico europeo en la regulación de la costa, proclamó la «vontade de permanencia» y de buscar el consenso político en torno a un plan «necesario e inaprazable».
* La Voz de Galicia - 9.01.10
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Los okupas del ladrillo feroz
IGNACIO ESCOLAR* : Ocupación, según la Real Academia Española, quinta acepción: "Modo natural y originario de adquirir la propiedad de ciertas cosas que carecen de dueño". Okupación no aparece en el diccionario de la RAE, que siempre se toma su tiempo para según qué palabras y hay veces que innova y es peor, como con las horrorosas cederrón o güisqui. Ocupación militar, según la Academia: "Permanencia en un territorio de ejércitos de otro estado que, sin anexionarse aquel, interviene en su vida pública y la dirige". Mezclando las tres definiciones, propongo una acepción más, tan necesaria estos últimos años.
La ocupación ladrillera, la acción de aquellos que se apropian de las cosas que sí tienen dueño, interviniendo o dirigiendo la vida pública por medio de armas mucho más efectivas que las militares (los maletines) para anexionarse el Estado de derecho por el arco del triunfo. Son los okupas del ladrillo feroz.
Un ejemplo basado en hechos tan reales que están a la espera de juicio: supongamos que uno de estos individuos es el arquitecto responsable de redactar el plan urbanístico de una localidad. Supongamos que ese consultor es el técnico que al final pinta la línea entre lo urbanizable y lo que no lo es, entre lo que vale un potosí y lo que no vale nada. Supongamos que ese mismo señor descubre que un importante banco busca una enorme parcela en las afueras de Madrid para construir una gran ciudad financiera donde centralizar todas sus sedes y empleados. Supongamos que aprovecha la coincidencia y ofrece su regla y su cartabón, y con ellos decide dónde caerá el gordo de una enorme zona urbanizable de más de un millón de metros cuadrados a sólo 14 kilómetros de la Puerta del Sol de Madrid en uno de los municipios más caros de España: la mayor recalificación que vieron los tiempos. Supongamos que, antes de enseñar sus planes, hace correr por el municipio -él, personalmente- que justo esos terrenos seguirán siendo rústicos, que en ellos se levantará un cementerio y se plantarán arbolitos para que respiremos mejor. Supongamos que, mientras tanto, varios testaferros metidos en el ajo van comprando todas las parcelas que pueden a los dueños actuales, que venden a la décima parte del precio porque piensan que sus fincas sólo servirán para criar pinos... o malvas. ¿Ven ya dónde está la bolita?
Pues la bola en cuestión, el pelotazo más bien, presuntamente sucedió en 1997 en Boadilla del Monte , esa ciudad madrileña famosa por ser hoy el epicentro del escándalo Gürtel. El banco se llama Santander y el okupa de postín que protagonizó la operación es el arquitecto Leopoldo Arnáiz, un consultor muy cercano al Partido Popular que ha trazado los planes urbanísticos de gran parte de los ayuntamientos que hoy están siendo investigados dentro de la trama corrupta de Francisco Correa. Los antiguos dueños de aquellas parcelas, que se sienten estafados, llevaron el escándalo hasta los juzgados. El juicio ya se ha suspendido tres veces. La última, el pasado mes de julio , porque no se presentaron algunos de los testigos de la defensa (entre ellos, el ex alcalde de la localidad imputado por la Gürtel, Arturo González Panero, al que Correa apodaba 'el albondiguilla'). La Fiscalía exoneró al Santander, pero pide para Arnáiz tres años de cárcel y 180 millones de euros de multa. La defensa del arquitecto argumenta que los delitos han prescrito.
La nueva sede del Santander es limítrofe con Alcorcón, un municipio donde Arnáiz también tiene pendiente un segundo juicio por otra supuesta corruptela ladrillera. Allí pinto el plan urbanístico de la operación Alcorcón norte, una zona con 34.000 viviendas donde posiblemente iban a vivir gran parte de los trabajadores del Santander, recién llegados al barrio. El entonces concejal de la oposición y ahora alcalde de la ciudad, Enrique Cascallana, consiguió parar esa recalificación, que también ha acabado en los tribunales. Arnáiz comparte imputación en ese escándalo con los constructores Francisco Bravo y Francisco Vázquez; los mismos que, de forma tan altruista, ampararon a Tamayo y Sáenz cuando entregaron el gobierno de la Comunidad de Madrid a Esperanza Aguirre porque descubrieron, de repente, que su partido, el PSOE, era socialista.
Leopoldo Arnáiz es sobrino de Rafael Arnáiz, un reciente santo que canonizó el año pasado Benedicto XVI. Al igual que su tío, también hace milagros: el de los 'planes' y los peces. "Como planificador, cuando trazo una línea estoy afectando a un propietario", decía hace unos años en una entrevista publicada en ABC : "La cuestión es tener claro por qué pinto esa línea, hasta dónde... Lo que no puedo es tener miedo a actuar porque éste o aquél se enriquecen. La ciudad tiene que crecer y alguien tiene que decir cómo", explicaba Arnáiz. Como diría Lobezno , es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Su empresa emplea a cerca de 200 arquitectos -la mayoría de ellos como colaboradores autónomos sin contrato laboral- y en los últimos meses está intentando entrar en los mercados de Europa del este para intentar paliar así la falta de trabajo en España tras el crash inmobiliario.
El polémico arquitecto también es el dueño del Patio Maravillas, un antiguo colegio en el número 8 de la calle Acuerdo de Madrid que fue okupado en el verano de 2007 hasta que la policía lo desalojó, el pasado 5 de enero. El edificio estaba abandonado desde el año 2000; Leopoldo Arnáiz no ha tenido prisa por sacarle rendimiento a su inversión. Según el plan urbanístico, la finca está calificada como "dotacional privada", por lo que en teoría sólo puede acoger instalaciones que den un servicio al barrio, como un colegio o una residencia de ancianos, pero ni viviendas ni oficinas. Salvo que alguien, algún colega de profesión de Arnáiz, lo recalifique pintando una de esas líneas tan rentables. Hoy por ti, mañana por mí, que hay trazos que valen más que la firma de Picasso. "La comunidad participara en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos", reza la Constitución en el artículo 47 , ése que promete el derecho a una vivienda digna.
Qué hermosas palabras si algún día se cumpliesen.
* Estrella Digital - Opinión - 8.01.10
El juez aprecia una red de corrupción para enriquecerse con el urbanismo en Castro
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ELCORREO/Cantabria* : La Justicia está encontrando abundantes indicios de irregularidades en el desmesurado crecimiento que ha experimentado Castro Urdiales en los últimos años. Con motivo del auto con el que da por cerrada la instrucción de varios presuntos delitos en las unidades de ejecución del área de Santa Catalina, el titular del Juzgado de Instrucción nº2 de la localidad ha detallado el alcance de sus numerosas investigaciones al respecto.
En su escrito, advierte «evidencias sólidas» de que existe una «trama de corrupción» en la gestión del urbanismo promovida desde el Ayuntamiento. Pero sus conclusiones van más allá. Sostiene que esta red -en la que involucra a políticos, funcionarios y constructores- estaría encabezada por «personas de perfil bajo incorporadas a la vida política municipal con el único ánimo de enriquecerse de manera ilícita».
La consecuencia de estas actuaciones, que el instructor considera se han prolongado por espacio de años, es la «despatrimonialización» de Castro. El proceso ha seguido hasta completar un «auténtico desastre urbanístico». Según argumenta, se ha aplicado un «modelo centrado y basado únicamente en la mera construcción de viviendas, lo que significa la ausencia de una preocupación por cubrir las necesidades de la población». Y, en ese sentido, se habría cedido a las constructoras suelo correspondiente a equipamientos públicos, espacios libres e infraestructuras básicas. Materias en las que la localidad presenta «graves deficiencias».
Falta de control
El instructor avala sus afirmaciones con pruebas. En virtud de ellas, se ha producido una «anulación sistemática, consciente y voluntaria de los controles de legalidad urbanística». En su opinión, esta materia se ha gestionado a nivel local «a criterio y voluntad de los responsables municipales».
También se ampara en la fiscalización del Ayuntamiento que practicó el Tribunal de Cuentas de Cantabria. El juez subraya que este informe ya advertía de un «contexto generalizado, manifiesto y prolongado de graves ilegalidades en la actuación urbanística municipal».
Sus investigaciones le han permitido desentrañar la forma en que operaban los autores de estas irregularidades y apunta a que el principal instrumento utilizado es el propio planeamiento urbanístico municipal. O, mejor dicho, de sus diversas modificaciones, que no han sido aprobadas por las instituciones competentes, lo que implica su nulidad y de todas las decisiones que sobre dicho documento se han adoptado.
«Hacían caso omiso de los informes vinculantes de la Comisión Regional de Urbanismo, bien prescindiendo de solicitar los que eran preceptivos porque sabían que serían desfavorables, o bien decidiendo que algunas actuaciones fuesen informadas sólo por personas de confianza o ajenas a la Administración Pública buscando así informes 'a la carta'», detalla el juez. Es más, afirma que los políticos incluso habrían «prescindido» de los funcionarios «molestos» por criticar que se actuase en contra de la legalidad.
Blanqueo de capitales
El auto también confirma la investigación que ya desveló EL CORREO sobre un presunto delito de blanqueo de capitales entre políticos, funcionarios y constructores. Así, subraya los desfases patrimoniales detectados en más de 130 personas investigadas. Curiosamente, remarca que los nombres más cercanos al Ayuntamiento apenas poseen un patrimonio «relevante», aunque sí se detecta un incremento importante «en familiares y allegados».
Sus pesquisas le permiten incluso cifrar en 9 millones de euros el «enriquecimiento patrimonial ilícito» que se habría producido con el urbanismo en Castro. Una estimación que, se apresura a señalar, es «muy prudente», ya que la cantidad «real» podría multiplicarse «por dos o por tres si se atiende a un más que seguro alto nivel de vida». La tela de araña tejida en torno al Ayuntamiento se caracterizaría por todo tipo de conexiones. «Existe una relación con personas o sociedades relacionadas con algunos concejales o sus familiares», concluye el instructor.
* El Correo Digital - 8.01.10
Foto: Castro Urdiales (Cantabria) - flickr
El juez del 'caso Gürtel' imputa a una concejal de Pozuelo
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ELPAÍS/Madrid* : El juez que investiga el caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, ha imputado a un nuevo cargo político en la Comunidad. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha citado a declarar el próximo martes a la concejal de Presidencia y Mujer de Pozuelo, Yolanda Estrada (PP), en calidad de imputada.
Estrada era la persona que hacía de enlace entre la trama corrupta que dirigía Francisco Correa y el Ayuntamiento de Pozuelo, según un auto del juez Baltasar Garzón. El documento señala: "Una vez que Jesús Sepúlveda ganó las elecciones en Pozuelo [en 2003], el grupo empresarial investigado empezó a hacer eventos para este municipio y les compró el proyecto de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC). La persona con la que contactaban en el Ayuntamiento de Pozuelo era Yolanda Estrada, concejal de Obras".
Con esta decisión judicial se elevan a 12 los altos cargos del PP imputados en la Comunidad de Madrid en el caso Gürtel, la trama de corrupción en administraciones gobernadas por ese partido.
La edil imputada ayer entró en el Consistorio de Pozuelo de la mano de Jesús Sepúlveda en 2003, quien la puso al frente de la Concejalía de Obras hasta el verano de 2008, cuando pasó a ocuparse de la Secretaría de la Junta de Gobierno municipal. Hasta entonces colaboró estrechamente con Gonzalo Aguado, ex concejal de Urbanismo y actual regidor en sustitución de Sepúlveda. "Es la mano derecha del alcalde", reconocen fuentes municipales.
Tras conocerse la destitución de Sepúlveda como alcalde por su presunta implicación en el Gürtel (recibió 442.000 euros de la trama y un todoterreno), Estrada pasó a ocupar la Concejalía de Presidencia. Un portavoz municipal negó que el alcalde fuera a destituir "de forma inminente" a la edil.
* ELPAIS.com - 8.01.10
Foto: Pozuelo (Madrid), ayuntamiento - elpais.com
Ciudadanos cómplices
ROMÁN OROZCO/Andalucía* : Amin Maalouf escribe en su último libro que "el mundo padece un desajuste en varios ámbitos al mismo tiempo: desajuste intelectual, desajuste financiero, desajuste climático, desajuste geopolítico, desajuste ético". En El desajuste del mundo, el escritor libanés reflexiona sobre todo tipo de discordancias. De algunas se habla mucho estos días: la financiera, la climática, la geopolítica e incluso la intelectual. Pero se habla menos de los desajustes éticos.
Dos noticias recientes, aparentemente contradictorias, me han hecho reflexionar sobre las palabras de Maalouf.
Primera: los dirigentes del Partido de Almería (PAL), con el apoyo de buena parte de los vecinos de El Ejido, presentarán de nuevo a su encarcelado alcalde, Juan Enciso (ex PP), acusado de malversación, blanqueo, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental, como candidato a las próximas elecciones municipales.
Segunda: el Gobierno andaluz ha aprobado dos leyes para dotar a los ayuntamientos de más competencias y mejor financiación. O sea, más poder y más dinero.
Los problemas de los municipios andaluces son en algunos casos dramáticos. El más grave es el de Jerez. Su alcaldesa, Pilar Sánchez, lo resumía aquí: o se pone en marcha un expediente de regulación de empleo (ERE) o hay "un despido masivo de trabajadores".
¿Cómo se ha llegado a esa situación? En el caso de Jerez, entre otras cosas, por una plantilla inflada por razones políticas y electorales. De los 2.700 empleados, unos 2.000 (el 75%) consiguieron su puesto de trabajo sin concurso de mérito alguno. Fueron contratados a dedo. Igual que en muchos otros municipios.
El profesor de Ciencia Política en la Universidad de Gotemburgo (Suecia), Víctor Lapuente, recordaba en este periódico que, mientras en las ciudades menos corruptas de Europa hay sólo dos o tres personas cuyo sueldo depende del éxito electoral de un partido, en España ese número sobrepasa el centenar. En esos casos, empleadores y empleados protagonizan el "desajuste ético" que preocupa a Maalouf.
También se producen desajustes éticos cuando, por ejemplo, 16 alcaldes de la Axarquía malagueña piden que se legalicen 10.000 viviendas construidas irregularmente en zona rural, autorizadas por ellos a sabiendas de que cometían una ilegalidad. Esos ediles piden también que no se les aplique el Código Penal por el presunto delito cometido.
Por fortuna, el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia ejemplar que confirma las penas impuestas a los responsables del escándalo urbanístico y corrupto de Andratx (Mallorca). El TS ordena que "ante la inoperancia de la disciplina administrativa, se acuda al derecho penal". El alcalde mallorquín alegaba que construir en terreno agrícola podría merecer una sanción administrativa, pero no una penal.
Imagino que miles de malagueños que levantaron sus viviendas violando la ley apoyan a sus alcaldes y estarían dispuestos a votarlos de nuevo. Como lo estarán los miles de andaluces que durante años han encontrado empleo en la construcción a la sombra de la burbuja inmobiliaria, inflada con licencias de obras ilegales por las que muchos alcaldes recibían sustanciosos sobornos.
Unos y otros, políticos, propietarios, constructores, trabajadores, se mueven en un clarísimo "desajuste ético". Por ese desajuste, el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), en libertad bajo fianza, obtuvo en 2007, cuatro meses después de ser detenido, 5.545 votos más que en las elecciones municipales de 2003.
El desajuste ético, pues, no solo implica a políticos y empresarios. También salpica a los ciudadanos que apoyan comportamientos corruptos y se convierten en sus cómplices políticos. Por ello, nos preguntamos con Maalouf "si nuestra especie no ha llegado al umbral de incompetencia ética".
* ELPAIS.com - Opinión - 7.01.10
La Generalitat valenciana desafía al Gobierno y autoriza los derribos en El Cabanyal
ELPAÍS : El Gobierno valenciano ha aprobado esta mañana un decreto ley urgente para sortear la suspensión de derribos ordenada el pasado lunes por el Ministerio de Cultura para evitar que se parta en dos el barrio marinero de El Cabanyal de Valencia. La norma deroga expresamente el decreto 57/1993 de la Generalitat que declaró Bien de Interés Cultural (BIC) el conjunto histórico del barrio marítimo de la ciudad de Valencia, que perderá más de un centenar de edificios protegidos si entran las excavadoras.
El Gobierno valenciano ha aprobado esta mañana un decreto ley urgente para sortear la suspensión de derribos ordenada el pasado lunes por el Ministerio de Cultura para evitar que se parta en dos el barrio marinero de El Cabanyal de Valencia. La norma deroga expresamente el decreto 57/1993 de la Generalitat que declaró Bien de Interés Cultural (BIC) el conjunto histórico del barrio marítimo de la ciudad de Valencia, que perderá más de un centenar de edificios protegidos si entran las excavadoras.
El consejero de Medio Ambiente y Urbanismo, Juan Cotino, ha situado el dictamen del Ministerio de Cultura en el mismo nivel que la política de Franco hacia los valencianos o la abolición de los Fueros por parte de Felipe V. "No vamos a tolerar la intromisión del Gobierno central en nuestras competencias", ha añadido Cotino. El consejero apuntó a la intervención de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, de estar detrás de la "maniobra".
La norma aprobada por vía de urgencia por el Consell "autoriza la ejecución" del plan especial de El Cabanyal, que prevé el derribo de 450 edificios, muchos de ellos construidos a finales del siglo XIX con influencias modernistas y en la zona declarada BIC. Y establece que, dado que la declaración de BIC fue realizada por la Generalitat en 1993 (cuando los socialistas gobernaban la Comunidad Valenciana) corresponde al mismo Ejecutivo decidir qué elementos lo determinan y se protegen.
Según la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, la protección del patrimonio de El Cabanyal no variará "sustancialmente" porque, en su opinión, se compatibilizó con el plan del Ayuntamiento aprobado en 2001. Sin embargo, la destrucción que prevé el plan de una parte importante del entramado urbano de El Cabanyal con la prolongación de una gran avenida es precisamente uno de los aspectos clave del debate social y judicial de la última década. El Tribunal Superior de Justicia valenciano, y después el Supremo, aceptaron el derribo de viviendas en el BIC porque consideraron que implicaba una mejora para el barrio y las expectativas de rehabilitación que proclamaba el plan. El Supremo, no obstante, reabrió el caso el año pasado al confirmar una sentencia pendiente que exigía del Ministerio de Cultura un dictamen específico sobre la posibilidad de que los derribos supusieran un expolio al patrimonio histórico, sobre el que tiene competencias el Estado.
Ese dictamen es el que dio a conocer Cultura el lunes, cuando ordenó paralizar el plan porque supone un expolio, según los informes recabados por el ministerio. Según la Generalitat, el decreto-ley aprobado hoy "prevalece" sobre la orden ministerial, lo que obliga al Gobierno, en su caso, a recurrirlo ante los tribunales.
Horas antes, el líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, consideraba "valiente, responsable y sensata" la decisión de la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, de frenar los derribos. Y ha acusado al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, de "degradar voluntariamente" el barrio para hacer caer los precios de la vivienda y facilitar de ese modo su destrucción.
Alarte ha defendido que la paralización del plan de El Cabanyal debe ir acompañado de un fuerte impulso de rehabilitación. Y ha comparado la prolongación de Blasco Ibáñez con los intentos que en su día se hicieron para convertir el viejo cauce del Turia, que hoy es un jardín, en una carretera. "Es la misma derecha" que quería aquello, ha afirmado. "Los votos de los ciudadanos no son una carta blanca para hacer cualquier cosa", ha seguido, como habrían demostrado hechos históricos acaecidos en el siglo XX.
El líder socialista ha afirmado que la concepción del urbanismo que está detrás del plan para partir en dos el barrio, "es la misma que nos ha llevado a un 22% de paro". "Estamos en otro tiempo. Barberá y Camps son el pasado. Y el Cabanyal es el último ejemplo de ese tiempo". Alarte ha calificado de "inadmisible totalmente" la decisión del Consell, ya adelantada a primera hora, de desproteger El Cabanyal para poder continuar los derribos.
* ELPAIS:com - 7.01.10
Foto: Valencia, barrio del Cabanyal - S.CARREGUÍ, elpais.com
El Gorg de Badalona sigue desierto 5 años después del desalojo masivo
ELPERIÓDICO/Barcelona* : Después de cinco años de la gran expropiación que vació una superficie de 134.000 metros cuadrados, los terrenos destinados a ampliar el puerto de Badalona y construir un canal marítimo y 2.000 pisos solo han servido para mantener dividido al barrio del Gorg. Ninguna inmobiliaria construye en la zona y ni el ayuntamiento ni la empresa pública Marina de Badalona, gestora del puerto y encargada del proyecto de urbanización, han aclarado el futuro urbanístico del lugar.
Solo la empresa Sacyr Vallehermoso ha levantado parte del esqueleto de un edificio de viviendas que hace ya varios meses que está abandonado.
Los terrenos, que están situados entre el puerto y el Pavelló Olímpic, fueron expropiados hace un lustro para acometer un proyecto que hoy parece poco realista. El ayuntamiento se comprometió a impulsar la construcción de un canal que se adentraría en la ciudad y a través del cual embarcaciones como los yates podrían llegar hasta las viviendas levantadas en la nueva urbanización. Pero para ello debía financiar el coste de elevar las vías del tren, una obra compleja y costosa que el gobierno municipal no puede asumir.
TIERRA DE NADIE / Los vecinos denuncian ahora que los terrenos son un vertedero de basura, que el alumbrado público es insuficiente y que el poco tránsito de personas favorece los robos a coches y comercios. Hace dos meses, un triple robo en los bares de la zona alarmó a los vecinos. Una de las víctimas, Gemma Aragón, que perdió unos 600 euros en el atraco a su bar, asegura que el lugar está abandonado y que el temor entre los vecinos aumenta. «Ahora abro mi local más tarde y también lo cierro más temprano. Tengo muy pocos clientes y casi no se ve a gente por la calle. Trabajamos con miedo», asegura.
Pocas semanas después, el asalto a un domicilio por parte de un grupo de hombres armados y disfrazados de pintores y albañiles aumentó la alarma social. Fuentes de la policía local reconocen que ha habido un aumento de los hurtos y robos, pero no solo en esta zona sino también «en toda la ciudad y, en general, en el país, por la crisis económica».
Los vecinos aseguran además que son frecuentes los robos y daños a vehículos. «Hay vándalos que queman los coches aparcados en las calles y la gente arroja la basura en la zona en vez de llevarla a los contenedores», explica Pablo, uno de los últimos vecinos expropiados que ahora vive en un piso cerca del puerto.
La asociación de vecinos del barrio ha denunciado en varias ocasiones el aumento de la basura y de las ratas en las proximidades del solar cuyas obras se encuentran paralizadas. Los terrenos se han convertido en un nuevo punto donde algunos vecinos arrojan deshechos, muebles y colchones.
Poco después de ocupar la alcaldía de Badalona, el socialista Jordi Serra anunció su intención de reconsiderar el proyecto urbanístico de la zona. Desde ese momento la incertidumbre pesa sobre el futuro del barrio, que desconoce si se construirá un canal marítimo o una rambla como había sugerido el alcalde.
La indefinición del proyecto y la crisis inmobiliaria hacen que los vecinos no esperen una solución ni a corto ni a medio plazo. Creen que la salida definitiva a la actual situación de abandono solo llegará cuando se construyan los pisos previstos y comience a aumentar de nuevo la población del barrio.
PUBLICIDAD DE PISOS / En los terrenos afectados todavía se anuncian pisos de gran nivel con lujosas instalaciones al lado de un canal de navegación cuya construcción no está asegurada. Una de las promociones privadas, Port Vila Layetana, ha desplegado carteles para dar a conocer futuros bloques de pisos que dispondrán de «dos piscinas elevadas».
* El Periódico - 7.01.10
Foto: Solares expropiados y con obras paradas en el barrio litoral del Gorg de Badalona, ayer, donde deben hacerse un canal de navegación y 2.000 pisos. - GUILLERMO MOLINER, elperiodico.com
Los vecinos rechazan por «sangrante» el plan del Palacio de Valsaín
ELNORTE/Segovia* : A los vecinos no les gusta la renovación del entorno del Palacio de Valsaín que planea el municipio del Real Sitio de San Ildefonso. La asociación rechaza el convenio firmado el pasado 29 de diciembre por el que se acordó un gasto en la rehabilitación de 3,5 millones de euros, sufragado entre el Ministerio de Vivienda, la Junta de Castilla y León y el Consistorio.
En un comunicado, la asociación de vecinos del Palacio de Valsaín señala que «resulta evidente que el Ayuntamiento cuenta con todos los apoyos institucionales y por lo tanto económicos para sacar adelante su proyecto de convertir las ruinas del palacio de Valsaín en un hotel de lujo, a costa de expulsar de sus viviendas a los actuales habitantes y propietarios de los restos del palacio y de los edificios existentes en su entorno y a costa de vulnerar abiertamente los principios legales por los que se deben regir las actuaciones urbanísticas».
«A los vecinos afectados por esta operación especulativa -continúa la nota- nos resulta verdaderamente sangrante comprobar cómo las Administraciones públicas, que están por ley obligadas a velar por los intereses generales, sólo se acuerden de nosotros y de las penosas condiciones en las que vivimos y en las que se encuentran las ruinas de un monumento nacional, para echarnos de nuestras casas y financiar una operación urbanística a beneficio exclusivo de los intereses particulares de unos inversores privados» para añadir que «no deja de asombrarnos que Administraciones siempre peleadas no tengan ningún problema en ponerse de acuerdo e invertir, mejor dicho, malgastar el dinero de los contribuyentes en operaciones de contenido altamente especulativo».
La asociación de vecinos explica que lleva «luchando desde el año 2001, en que se aprobó el primer documento de Avance del Plan Especial de Palacio de Valsaín por el Ayuntamiento , para que se respeten los legítimos derechos de quienes venimos sufriendo desde décadas una situación de completo abandono». Para los vecinos «las carencias no se resuelven con el Plan Especial por cuanto, con la falacia de que el proyectado hotel de lujo constituye un 'equipamiento' turístico, libera a los promotores de la operación de las obligaciones legales establecidas de cesiones obligatorias de suelo y de aprovechamientos urbanísticos a favor del Ayuntamiento para ejecución de equipamientos sociales y la construcción de viviendas de protección pública».
Vulneraciones de la legalidad
«Es por esta y otras graves vulneraciones de la legalidad urbanística» que la asociación haya presentado numerosas alegaciones «sin que en ningún momento se hayan tomado en consideración nuestros argumentos». La operación se encuentra en el juzgado y no se ha esperado «a que se dicte una sentencia que establezca la legalidad o nulidad del Plan Especial», afirman al tiempo que califican el asunto de «cacicada del alcalde de La Granja que desde el primer momento ha sido contestada por los vecinos, por cuanto de la misma no se deriva ningún beneficio para ellos, ninguna solución a los problemas realmente existentes; sino todo lo contrario: la expulsión de nuestros hogares y la privatización de espacios actualmente de uso público».
* El Norte de Castilla - 6.01.10
Foto: Ruinas del Palacio de Valsaín. :: EFE
La Fiscalía se querella contra el Ayuntamiento de Mataró por construir en un edificio protegido
ELPAÍS/Barcelona* : La Fiscalía de Barcelona se ha querellado contra el Ayuntamiento de Mataró por autorizar la construcción de un centro comercial en los terrenos de la antigua fábrica de Can Fàbregas, declarada Bien Cultural de Interés Local y que está siendo trasladada, pieza a pieza, a otro solar.
La querella, que ahora el juez debe decidir si admite a trámite, acusa al alcalde de Mataró, Joan Antoni Baron (PSC), y a la abogada del servicio de Urbanismo del consistorio de dos supuestos delitos sobre la ordenación del territorio y sobre el patrimonio histórico, han informado fuentes judiciales.
El fiscal ha pedido tomar como medidas cautelares la paralización del almacenamiento de la fábrica, que está siendo desmontada pieza a pieza y guardada en los terrenos de Valldeix.
Por su parte, el consistorio afirma en un comunicado que los acuerdos del traslado de Can Fábregas para construir en su lugar un centro de El Corte Inglés se tomaron "siguiendo la legalidad vigente y que el Ayuntaiento defenderá esta línea argumental ante las interpretaciones realizadas por el fiscal en su escrito".
El consistorio recuerda que la construcción del centro comercial se aprobó teniendo en cuenta el interés general para la localidad y la creación de más puestos de trabajo y atractivo comercial en Mataró.
* ELPAIS.com -5.01.10
Foto: Mataró, desmontaje Can Fábregas - mataro.org
