DIARIODEMALLORCA* : Más de 5,4 millones de euros. Si mañana el juez ratifica la petición de la Fiscalía Anticorrupción de imponer una caución de 3 millones de euros a Jaume Matas, esa será la suma de las principales fianzas a políticos de Balears imputados por delitos de corrupción. A día de hoy, el global ya supera los 2,4 millones de euros. De no haberlos abonado en los respectivos juzgados, hoy tendríamos a una docena de políticos entre barrotes, a la espera de los pertinentes juicios. Otros han sido ya condenados, y cumplen sus penas por haber desviado fondos públicos a sus bolsillos particulares.
La cifra da una idea del volumen de casos que azotan a las islas, donde todavía está por analizar si el fenómeno de la corrupción está inserido en el ADN de la clase política autóctona, o si aflora gracias al ingente trabajo –tras un cambio de actitud hace sólo unos años– de la Justicia local.
Ninguna otra Comunidad Autónoma ha batido el récord: El ex president del Govern, dos ex presidentes del Parlamento, cinco ex consellers, el presidente del Consell de Ibiza, varios ex consellers del Consell de Mallorca, varios diputados, directores generales y concejales están acusados de prevaricar, malversar caudales públicos, cobrar sobornos, falsear documentos públicos y otros delitos asociados a prácticas corruptas.
Por su notoriedad, sin duda encabezan el ranking Jaume Matas y Maria Antònia Munar. Ostentaron el poder en la pasada legislatura, y con pocos días de diferencia han tenido que sentarse delante de un juez para dar cuenta de sus presuntos enriquecimientos ilícitos, amén de la financiación irregular del PP y UM, sus respectivos partidos. Su futuro judicial es incierto, de momento sobre la segund
· Colabora, pero sigue imputado. El ex conseller de Medio Ambiente de UM colaboró con la Fiscalía Anticorrupción para esclarecer el caso Maquillaje, y apuntó hacia su anterior jefe Miquel Nadal, con el que tuvo un careo. Con todo, el juez le mantiene la imputación a pesa la mayor fianza penal de las impuestas hasta ahora: 350.000 euros, pero mañana puede quedar a años luz de la de Matas.
En el segundo escalafón están cinco ex consellers del Govern, tanto de UM como del PP. Otra consellera del actual Ejecutivo, Joana Barceló (PSOE), ha declarado recientemente por una querella interpuesta por un particular en Menorca, al igual que su compañero socialista Marc Pons, presidente del Consell de Menorca, también imputado por el mismo caso.
En las imágenes que acompañan este artículo se muestran los principales políticos baleares encausados hasta el momento por delitos de corrupción. El caso Palma Arena es el que acarrea un mayor número de imputados. Aparte de Matas y el resto de cargos más conocidos, también fueron arrestados y prestaron declaración el ex director insular de Deportes del Consell, Antoni Palerm, acusado de facturar empresas suyas para las obras del velódromo, y el encargado de la construcción, Jorge Moisés, ambos del PP. El jefe de prensa del partido y ex director general de Comunicación, Joan Martorell, también está imputado en una pieza separada por la supuesta financiación irregular del PP.
En la operación Peaje, que trata de dirimir si hubo desvío de caudales públicos de la carretera Palma-Manacor, la Fiscalía Anticorrupción también se ha querellado contra el ex conseller insular de Obras Públicas, Antoni Pascual (UM), que podría finalmente ser imputado, si bien no ha sido citado a declarar por ahora.
Uno de los principales imputados por la operación Maquillaje, que investiga si UM regó con subvenciones desde el Consell de Mallorca a una red de empresas afines, es Alfredo Conde, ex director de la emisora radiofónica Ona Mallorca y presunto testaferro del ex diputado de UM Bartomeu Vicens.
La comisionada para la reforma de la Playa de Palma, Margarita Nájera (PSOE), sigue estando imputada por la presunta venta a bajo precio de un solar a su ex marido por parte del ex recaudador municipal de Calvià, al que ella como alcaldesa subió el sueldo. Esta causa se ha archivado y reabierto en varias ocasiones, y ahora el fiscal estudia el sobreseimiento.
JAUME MATAS
¿Se enriqueció con fondos públicos?. Al ex presidente del Govern del PP se le investiga por el presunto desvío de más de 50 millones de euros públicos durante la construcción del velódromo Palma Arena, por presunto enriquecimiento ilícito y financiación irregular del PP.
MARIA A. MUNAR
¿Se enriqueció con fondos públicos?. La ex presidenta del Parlamento y de UM está acusada de seis delitos, entre ellos malversación, delito electoral y cohecho. Está imputada en el caso Can Domenge y en libertad bajo fianza de 350.000 euros por la caso Maquillaje.
MIQUEL NADAL
Poliimputado. El ex conseller de Turismo de UM, en libertad bajo fianza de 100.000 euros, sufragó presuntamente su campaña electoral en Palma con fondos del Consell de Mallorca. También está encausado en la operación Voltor y en el caso Can Domenge.
FRANCESC BUILS
Sin pasaporte. El también ex conseller de Turismo de UM tuvo que abonar recientemente 100.000 euros para eludir la prisión provisional, y está sin pasaporte a la espera de juicio. Se le acusa de haber amañado concursos públicos previo cobro de 30.000 euros como mínimo.
MIQUEL À. GRIMALT
Colabora, pero sigue imputado. El ex conseller de Medio Ambiente de UM colaboró con la Fiscalía Anticorrupción para esclarecer el caso Maquillaje, y apuntó hacia su anterior jefe Miquel Nadal, con el que tuvo un careo. Con todo, el juez le mantiene la imputación.
JOSÉ JUAN CARDONA
Entramado. Al ex conseller de Comercio e Industria del PP se le investiga por haber dirigido un presunto entramado de corrupción en el consorcio CDEIB. Como diputado autonómico, tiene condición de aforado, por lo que instruye su causa el Tribunal Superior.
JAUME FONT
Plan Territorial. Fue conseller de Medio Ambiente del PP y ahora es el portavoz de ese partido en el Consell de Mallorca. Lleva meses imputado y sin novedades por el caso Plan Territorial, que investiga supuestos pelotazos urbanísticos en connivencia entre políticos y empresarios.
MAXIMILIANO MORALES
Son Oms. Como presidente del Parlamento, fue la segunda autoridad de Balears de 1999 a 2003, y uno de los principales barones de UM. Está acusado de haber cobrado comisiones a cambio de lograr que se recalificara el actual polígono de Son Oms, en Palma.
BARTOMEU VICENS
Condenado. Al igual que Nadal, el ex conseller insular de Ordenación del Territorio de UM está imputado en varios casos –Son Oms, Can Domenge y Plan Territorial–. Está condenado a cuatro años y medio de cárcel por malversación, a la espera de lo que diga el Supremo.
DAMIÀ NICOLAU
Condenado. El ex secretario general de UM y ex alto cargo del actual Govern también ha sido condenado a dos años y tres meses por el mismo delito que Vicens –malversar 12.000 euros públicos–, y está ahora pendiente de que el Tribunal Supremo confirme o revoque el fallo.
J. RODRIGO DE SANTOS
Condenado. Fue el máximo responsable del Urbanismo de Palma, y teniente de alcalde del PP. Está en la cárcel después de que se le condenara a dos años por malversar más de 53.000 euros públicos en prostíbulos y a 13 años y medio por abuso sexual de menores.
EUGENIO HIDALGO
Condenado. El ex alcalde de Andratx del PP cumple condena en prisión después de que el Supremo ratificara el pasado diciembre la pena de 4 años de privación de libertad por un chalé en suelo protegido. Pero aún le quedan por afrontar varias decenas más de juicios.
JAUME MASSOT
Condenado. La máxima autoridad urbanística de Balears con el Govern del PP está encarcelado desde el pasado 28 de diciembre, cuando el Supremo ratificó la condena dictada por la Audiencia de Palma de tres años y medio contra él, por delito de prevaricación y urbanístico.
LLUC TOMÀS
Condenado. En septiembre de 2008, el ex alcalde de Llucmajor del PP fue condenado a 3 años de cárcel y 8 de inhabilitación por consentir el desvío de un millón de euros del Ayuntamiento a su edil Joaquín Rabasco. El Supremo revisa ahora el fallo, pero el fiscal ha pedido incluso mayor pena.
JOAQUÍN RABASCO
Condenado. El ex concejal de la Agrupación Social Independiente (ASI) de Llucmajor está condenado a 6 años de prisión y 8 de inhabilitación, al igual que su pareja, María del Mar Aldao. Ambos montaron un entramado de empresas para saquear el consistorio de su municipio.
ANTÒNIA ORDINAS
El triste capítulo del Cola-Cao. Durante años fue mujer de confianza de Jaume Matas, que la colocó al frente del consorcio CDEIB. Ha confesado que se apropió de más de 200.000 euros públicos que enterró en una lata de Cola-Cao en su jardín, y de haber recibido comisiones. Está a la espera de juicio.
KURT VIAENE
Comisiones. El ex director general de Promoción industrial del Govern del PP continúa en libertad bajo fianza de 100.000 euros, imputado por el mismo caso que Antònia Ordinas. Se le acusa de cobrar comisiones y de dirigir una trama para el desvío de fondos públicos del CDEIB.
DAMIÀ VIDAL
Bitel II. Con el Govern de Matas, fue el director-gerente de la empresa pública de informática Bitel. La policía le detuvo por una presunta malversación de 700.000 euros públicos. En su defensa, alegó que "no sabía decir que ´no´ al alto tren de vida" que llevaba él y su familia.
MIQUEL À. BONET
Ibatur. Ha podido eludir temporalmente la cárcel gracias a que en su día pagó 85.000 euros de fianza. Estuvo al frente del Instituto balear de Turismo (Ibatur) con el PP y UM, y al parecer se quedó con dinero del ente público mediante facturas falsas a nombre de familiares suyos.
XICO TARRÉS
Ibiza centro. El presidente del Consell de Ibiza y diputado del PSOE está acusado de participar en una trama de financiación irregular de su partido, desvelada antes de las últimas elecciones. Fue precisamente un dirigente socialista, Roque López, quien le implicó mediante unas grabaciones.
MARINA SANS
Caso Funeraria. La ex presidenta de la funeraria municipal de Palma devolvió 6.800 euros que había cargado a la empresa para viajes particulares suyos y de su familia. Sigue como concejala del PP en la oposición en Cort, y está imputada al igual que el ex gerente Óscar Collado.
RAFAEL DURÁN
Palma Arena. Dimitió hace poco como concejal del PP en la oposición en el Ayuntamiento de Palma. Está imputado por el caso Palma Arena, ya que formaba parte del consorcio para la construcción del velódromo que duplicó su coste. Está en libertad bajo fianza de 15.000 euros.
PEDRO ÁLVAREZ
Palma Arena. El conseller del PP en la oposición en el Consell de Mallorca participó durante su etapa como concejal de Cort en la pasada legislatura en la construcción del velódromo, por lo que está ahora imputado.
ANTONI SERRA
Palma Arena. El diputado del PP en el Parlamento balear era miembro, al gual que sus compañeros Durán y Álvarez, del consorcio para la construcción de la pista ciclista cubierta, cuyo elevado desfase se está investigando.
´PEPOTE´ BALLESTER
Palma Arena. José Luís Ballester, más conocido como ´Pepote´, fue mano derecha de Matas, que le nombró su director general de Deportes para que supervisara el día a día de las obras del velódromo, por el que está imputado.
FERNANDO RUBIO
Can Domenge. El portavoz adjunto del PP en el Consell está imputado por la finca que la institución vendió por la mitad de su valor de mercado, y cuya adjudicataria ha confesado que tuvo información privilegiada.
MIQUEL À. FLAQUER
Voltor. Ex presidente de UM y ex conseller de Economía del Consell, está imputado por el caso Can Domenge y por la operación Voltor, que investiga una red de UM para beneficiar a empresas afines. En libertad bajo fianza.
ANTONI OLIVER
Voltor. El ex alto cargo de UM en la conselleria de Turismo ha conseguido eludir la prisión con una fianza de 100.000 euros. El ´pollencí´ está acusado de conceder contratos a empresarios afines al partido.
JOAN SASTRE
Voltor. Al ex director general de Promoción turística se le imputan los delitos de prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos, al igual que sus compañeros de UM Flaquer, Oliver, Álvaro Llompart y Antoni Rebassa.
JUAN F. GÁLVEZ
Turismo Joven. En la pasada legislatura fue el director general de Juventud del PP. Está acusado, junto a Juan Francisco Gosálbez, gerente del consorcio Turismo Joven, del desvío de fondos en el ente público para fines privados.
DAMIÀ AMENGUAL
Turismo Joven. Sobre los papeles era el gerente del consorcio saqueado, aunque en la práctica era Gosálbez quien lo dirigía. Se hizo célebre cuando declaró ante el juez que lo de comer langosta con cargo al Govern era normal.
GONZALO AGUIAR
Carretera de Manacor. Ha sido el director insular de Carreteras, y está imputado por las obras del desdoblamiento de la vía Palma-Manacor, pues la Fiscalía sospecha que se hincharon facturas y hubo pago de comisiones.
* Diario de Mallorca - 28.03.10
Foto: Palma, palau consell insular Mallorca - trivago.com
Baleares: La lista de nunca acabar
Las urbanizaciones de Vélez se rebelan
SUR/Málaga* : Vivir fuera de los cascos urbanos consolidados tiene ventajas, pero también inconvenientes. Uno de ellos, en Vélez-Málaga, es la obligación que tienen los propietarios de constituirse en Entidades Urbanísticas de Conservación para garantizar el mantenimiento de viales, aceras, sistemas de alumbrado y zonas verdes, además del mobiliario urbano.
Esta obligación ha provocado el rechazo de los vecinos afectados por esta figura recogida en el PGOU de 1996, al entender que supone una discriminación para los titulares de viviendas fuera de los cascos urbanos consolidados.
Colectivos como la asociación de vecinos de Chilches han iniciado una recogida masiva de firmas en contra de estas entidades, y están manteniendo contactos con otros colectivos afectados por la medida con el fin de hacer un frente común ante el Consistorio. «Queremos el mismo trato que cualquier otro vecino del centro de Vélez o Torre del Mar. Lo que no puede ser es que el Ayuntamiento nos grave por recibir los mismos servicios que el resto», señala el presidente de la asociación de Chilches, Francisco Malpartida.
La movilización de los 31 sectores afectados en el municipio ha llevado al equipo de gobierno del Ayuntamiento (PSOE, GIPMTM e IU) a paralizar la puesta en marcha de las entidades. Según el edil de Urbanismo, Salvador Marín (IU), porque se han observado grandes diferencias entre la realidad actual y el PGOU.
Así las cosas, el gobierno ha anunciado que habrá reuniones con los vecinos de cada urbanización para ver caso por caso, y que se estudiarán los criterios acordados en su día.
Vivir a un lado de la calle
En Vélez son 31 los sectores que están obligados a constituirse en Entidades Urbanísticas de Conservación, algunos separados del casco urbano por una simple calle o una avenida. En esta situación se encuentran sectores como Vélez-Málaga 7 y 8, conocidos también como nuevo ensanche de Vélez. Los vecinos con viviendas en el lado derecho de la calle no tienen que pagar nada para garantizar el mantenimiento de las infraestructuras, en cambio de los de la margen izquierda sí.
E l presidente de la asociación de vecinos Velis, Fernando Mata, se pregunta en concepto de qué pagan entonces el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el resto de impuestos y tasas municipales.
Según Malpartida, los propietarios de viviendas en los sectores obligados a convertirse en Entidades Urbanísticas de Conservación, ademas de tener que hacer frente a las cuotas de sus comunidades de vecinos tendrán la obligación de afrontar con derramas extraordinarias las cantidades que sean necesarias para reparar cualquier avería.
«Lo que quiere el Ayuntamiento es desentenderse del mantenimiento. Es un chollo, porque por un lado ingresan los impuestos y por otro no atienden los gastos que genera el mantenimiento y conservación de las infraestructuras», señala.
El asunto ha llegado incluso a la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, que en julio admitió a trámite la queja planteada por un grupo de vecinos de Chilches contra el acuerdo del pleno municipal acordando los criterios generales para exigir la creación de estas entidades.
Para el colectivo, el Consistorio no es competente para regular esta figura. Además asegura que lo que hace el Ayuntamiento se eximirse de cumplir las competencias que la Ley Reguladora de Bases Régimen Local le obliga en cuanto a la prestación de los servicios municipales mínimos. «La Oficina del Defensor del Pueblo ha calificado al consistorio como Ayuntamiento entorpecedor porque no contesta los requerimientos que realiza sobre esta cuestión», afirma Malpartida.
Para esta asociación, la LOUA sólo obliga a crear estas entidades urbanísticas de conservación durante el periodo de su transformación a suelo urbano recepcionable por el Ayuntamiento. Asimismo consideran que se vulnera el principio constitucional de igualdad, a la vez que hace caso omiso al artículo 4.1 de la Ley de Demarcación Municipal de Andalucía sobre la obligación de los ayuntamientos de garantizar el mismo nivel de prestación de servicios en todo su territorio.
Según Mata, sólo en Vélez ciudad se ven afectadas zonas como la situada al norte del Polideportivo, la comprendida entre la avenida La Pasionaria y el Camino de Remanente, La Mata y El Limonar, así como las situadas entre el colegio Zona Norte y el arroyo del Cementerio. Por su parte en Torre del Mar, entra la zona nueva de la Azucarera y el ensanche al oeste.
El consistorio veleño, según los criterios aprobados por el pleno, se comprometía a pagar el consumo eléctrico del alumbrado público de estas entidades, a la vez que el mantenimiento de los viales estructurales, sistemas generales y equipamientos públicos, algo que los vecinos consideran insuficiente.
* SUR - 28.03.10
Foto: En la avenida de las Naciones de Vélez sólo los vecinos de la margen izquierda, que es el nuevo ensanche de la ciudad, deben crear las entidades de conservación. :: EVA GUZMÁN, diariosur.es
El juez ve posible prevaricación en el acuerdo de Paterna con Siro
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LEVANTE/Valencia* : La magistrada del juzgado de instrucción nº1 de Paterna ha dictado un auto para que se siga el procedimiento judicial por un supuesto delito de prevaricación en el convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Paterna y la mercantil Galletas Siro, del que serían presuntos responsables el ex concejal, Domingo Rozalén (EU), el arquitecto municipal y el jefe de la sección de Planeamiento Urbanístico, así como el ex gerente de la empresa municipal Sumpa.
La querella que presentó en 2005 el empresario Jorge Cubells, afectado por la reparcelación del sector 9 también era contra el ex alcalde socialista Francisco Borruey, pero al fallecer el pasado año se declara sobreseído el proceso.
La querella concluía que el plan parcial y el proyecto de reparcelación del polígono l'Andana se realizaron "a la medida" de un convenio del consistorio con la mercantil Siro para que ésta pudiera disponer, tras una permuta, de unos terrenos de 20.000 metros cuadrados en el sector para una fábrica, tras cerrar Galletas Río.
El auto, al que ha tenido acceso Levante-EMV, indica que de las actuaciones practicadas se desprende que los "hechos pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación" por los imputados, por lo que da traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral, el sobreseimiento o la práctica, excepcional, de diligencias complementarias.
Según el auto, la reparcelación adjudicó al ayuntamiento una parcela de 20.000 metros cuadrados, mientras que a la empresa del denunciante Cubells, que tenía dos con más de 15.000 metros donde ahora se ubica la fábrica de Siro, se la desplazó a otro lugar. Un último informe pericial, de julio de 2009, constata que la superficie total de esas parcelas era de casi 15.000 metros, por lo que no debieron desplazarla, pues la mínima edificable era de 14.000 metros. Otro perito declaró que al afectado se le sumó una superficie de 13.502 metros de forma manual y "sin ser resultado de ningún cálculo aritmético". Asimismo el querellante aportó como prueba un contrato de 16 de julio de 2003, firmado por Productos Alimenticios La Familia, de la que Siro es la única accionista, con una constructora para hacer una fábrica en los terrenos que meses después se le adjudicaron. Los representantes legales de las sociedades declararon que existía un error en la fecha ya que la correcta era julio de 2004.
Posteriormente a la reparcelación, también recurrida en un contencioso administrativo, el anterior gobierno PSPV-EU aprobó el convenio con Siro, el 18 de mayo de 2005, que establecía la permuta de terrenos para instalar la nueva fábrica en la parcela de 20.000 metros y la aprobación del PAI del sector Río donde se ha localizado la villa romana. Un informe de la secretaria municipal desaconsejó la permuta porque la reparcelación estaba en los tribunales. El PP se abstuvo y UV votó en contra.
* Levante-EMV - 28.03.10
Foto: PAI de la antigua galletas Río donde ha aparecido la Villa Romana. levante-emv
Los técnicos dicen 'no' al urbanismo de Logroño
LARIOJA* : El enfermo tiene cáncer y se le puede tratar con quimioterapia o con morfina». «Nosotros creemos que es necesaria la 'quimio', pero los políticos insisten en la droga». Así de gráfico se expresa Miguel Ángel Prieto, arquitecto que coordinó la comisión de colegios profesionales encargada por el Ayuntamiento para incorporar sus opiniones al avance del Plan General Municipal (PGM) de Logroño, el instrumento urbanístico que planificará la ciudad para los próximos treinta años y que actualmente está en tramitación.
El informe entregado por los técnicos (colegios de Arquitectos, Ingenieros Industriales, Ingenieros Agrónomos, Ingenieros Técnicos Industriales y Agentes de la Propiedad Inmobiliaria) dista, como la noche al día, de la propuesta de avance de José María Ezquiaga, a quien el Ayuntamiento encargó la redacción del nuevo PGM.
Incluidas las viviendas pendientes en los suelos urbanos (casi 12.000), el llamado 'plan puente' -aquel acuerdo político para clasificar suelo urgente para 10.000 viviendas que se ha solapado con la propia revisión-, el propio avance del PGM y la 'ecociudad', programada por su cuenta y riesgo por el Gobierno regional, está programada la construcción de 46.000 viviendas en la capital riojana para los próximos 30 años.
Cifras «irreales» para los colegios profesionales riojanos que, en contra del planteamiento de delimitar todo el suelo urbanizable de Logroño, apuestan por un urbanismo mucho más conservador: «No decimos que no haya que hacer casas nuevas -explica Prieto-, pero las cifras distan mucho de la realidad». «Hemos pasado del 'boom' al colapso de la actividad y ni habrá el flujo inmigrante de años atrás ni la vivienda, al menos en mucho tiempo, volverá a ser el refugio inversionista más rentable, es decir, la iniciativa privada no resolverá el problema y ha llegado el momento de coger el toro por los cuernos».
El informe de los colegios técnicos sugiere incluso -aunque se eliminó la referencia expresa al término en el escrito- la necesidad de que las administraciones se planteen expropiaciones de suelo en manos de promotores privados que no podrán llevar a cabo los milenarios desarrollos de viviendas programados: «La expropiación se entiende bien para carreteras o pantanos, pero la vivienda también es interés público», recuerda Prieto.
El arquitecto tiene claro que la situación de hoy «nada tiene que ver con la de hace dos años»: «Sí hay compradores potenciales de vivienda, pero las entidades de crédito no están dispuestas a financiar a jóvenes con limitados recursos créditos por valor de 40 millones de pesetas», indica. «Esas hipotecas son las famosas 'subprime' que nos han llevado hasta aquí y que, lógicamente, no se van a repetir».
La conclusión de los técnicos es clara: ninguno, o casi ninguno, de los sectores del 'plan puente' o del avance del PGM tienen visos de salir adelante en los próximos años: «¿Para quién serán las viviendas?; ¿quién las podrá comprar?; ¿van a conceder los bancos las hipotecas?», se pregunta Miguel Ángel Prieto.
Cifras contundentes
El discurso de los colegios profesionales se acompaña de cifras: Las 46.000 viviendas programadas permitirían edificar a una media de 1.500 anuales durante los próximos treinta. El año pasado, Logroño visó únicamente 277.
Otro dato importante es la estadística demográfica. El INE prevé para el año 2019 que la población riojana crecerá el 3,01%. Aplicado ese porcentaje a Logroño, supondría un aumento de población de unas 4.500 personas en diez años. En el mismo periodo, se habrían construido en Logroño casi 15.000 viviendas nuevas. Y más cifras. De las 77.000 viviendas que hay censadas hoy en la capital riojana, 16.000 de ellas (el 21%) están vacías.
Desarrollos insostenibles
La realidad es que mientras los técnicos reclaman al Ayuntamiento en el avance del PGM la recuperación de conceptos como el crecimiento sostenido y la renovación urbana, con la rehabilitación y la mejora del equipamiento dotacional de las zonas céntricas y de las nuevas creadas en los últimos años, éste insiste en programar enormes desarrollos residenciales periféricos que responden, al menos ahora mismo, más a intereses económicos que urbanísticos, como reconoce la propia patronal del sector. La 'voz' urbanística del Ayuntamiento es la del PR, mientras el PSOE hace seguidismo en contra de lo que pregonó en la oposición. Un ejemplo es la defensa a ultranza del sector Sur, con 6.000 viviendas aisladas hasta el límite con la autopista. Por su parte, quien ahora está fuera del equipo de gobierno, el PP, tampoco tiene una visión urbanística demasiado diferente. Ahí está el caso de la 'ecociudad', un proyecto del Gobierno regional, que suma otras 3.000 viviendas en un núcleo aislado.
Ambos desarrollos ('ecociudad' y Sur) son citados por los técnicos como «insostenibles» en su informe. «El Ayuntamiento y los partidos -afirma Miguel Ángel Prieto- deben decidir: o apoyan a un sector con intereses particulares o a los colegios profesionales». «Un barrio dormitorio -concluye- no es ciudad; Logroño necesita alma».
LAS CIFRAS
46.000
Son las viviendas nuevas por desarrollar y planificadas en Logroño. 11.784 quedan por hacer en el suelo urbano; 5.805 ya han sido delimitadas por el llamado 'plan puente'; 25.500 están pendientes entre los sectores aún no aprobados (Sur y Ramblasque) y el resto del avance del PGM; mientras que otras 3.000 se añaden al margen del Plan General Municipal con la 'ecociudad'.
16.198
de las viviendas construidas, de las 77.406 que hay en Logroño en los sectores urbanos consolidados, están vacías. En cifras relativas, el 21% de los pisos de la capital están vacíos.
* La Rioja - 28.03.10
Foto: Logroño, PGM - larioja.com
Chile: Políticas urbanas y de vivienda: falta diseño, control público y participación ciudadana
ALFREDO RODRÍGUEZ/Sur* : Las políticas urbanas y de vivienda de los gobiernos de la Concertación tuvieron durante sus 20 largos años una aparente continuidad. Los resultados son algo más que cifras abstractas, se trata de efectos observables en todas las ciudades del país. Son las casas, calles, y barrios; con personas, familias que se trasladan, viven, trabajan…
LA PROMESA.- Al fin de la dictadura, la situación social, económica y política en las ciudades era incierta. El déficit habitacional era muy grande, con muchas familias allegadas; también estaba el temor a las tomas de terrenos.
La opción de la Concertación fue acercar el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) a los pobladores; el ministro Etchegaray visitó cada uno de los campamentos y comités de allegados del país, explicando las dificultades y ofreciendo una respuesta: El subsidio habitacional. Su esfuerzo tuvo éxito. La cantidad de postulantes con cuotas de ahorro se triplicó en poco más de un año, llegando a 1,2 millones de familias, comenzando la producción masiva de casas.
En adelante la preocupación de cada Ministro fue superar cada año el número de viviendas construidas. Desde 1990 a 2006 se construyeron más de 2 millones de unidades. Fueron financiadas bajo diversas modalidades del subsidio habitacional, todas sustentadas en la triada ahorro de las familias, préstamo hipotecario bancario o Serviu, y subsidio otorgado por el Ministerio. Con esta propuesta, en sus distintas variables y que se perfeccionaron a lo largo del tiempo, se logró una respuesta cuantitativa impresionante a las necesidades de vivienda social de los sectores de más bajos ingresos.
EL BALANCE
A 20 años, se puede concluir que lo realizado en términos de unidades construidas, de saneamiento ambiental, dotación de agua potable fue positivo, pero insatisfactorio. Efectivamente hubo una política amplia de construcción de viviendas sociales: los pobres tienen techo. Mi punto es que ese techo, que algunos leen como una reducción del déficit habitacional, nos oculta cuatro resultados que muestran el agotamiento de la política que le dio origen:
1. Los deudores habitacionales son muchos, y no son producto de crisis económicas globales. Entre 2005 y 2006 se condonaron las deudas a 181.538 deudores del Servivio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), y a la fecha se mantienen 204.000 deudores del Programa Especial de Trabajadores (PET). El Informe de la Cámara de Diputados sobre deudas históricas (31/07/2009), señala que las deudas PET se originaron en “la inexistencia de la obligatoriedad de una calificación socioeconómica de los postulantes”; y en “la posibilidad de acreditar los ingresos mediante una declaración jurada sin documentación de respaldo que avalara el monto, la periodicidad y la estabilidad de los beneficiarios en el cumplimiento de sus obligaciones”.
2. Las viviendas sociales construidas hasta el 2006 son de mala calidad en cuanto a tamaño, materiales de construcción, diseño, equipamientos urbanos y ubicación en la ciudad. Nunca se contempló su ampliación de acuerdo con pautas incorporadas al diseño de cada unidad y de la totalidad del conjunto habitacional, lo que ha sido enfrentado por los residentes a través de todo tipo de ampliaciones informales y peligrosas.
3. Los conjuntos se han construido en los terrenos de menor precio, muchas veces aislados y desconectados de los lugares centrales de la ciudad, creándose verdaderos guetos dentro de las ciudades.
4. En Santiago, desde el año 2000, prácticamente no se han construido conjuntos de viviendas sociales, ni al interior de la ciudad, ni en su periferia. Hoy, se los expulsa hacia zonas alejadas de las áreas metropolitanas, como Colina, Talagante o Buin.
NUEVAS RESPUESTAS
En entrevista a El Mercurio (28/05/2006), la ministra Patricia Poblete, dijo que “no queremos que los próximos gobiernos tengan que deshacer lo que nosotros hicimos mal ahora en vivienda, del mismo modo como nosotros estamos recuperando barrios porque antes no se pensó en ellos”. Dicho reconocimiento llevó a que las propuestas del Minvu, desde el 2006 en adelante, incluyera cambios en las políticas futuras y el reparar deficiencias del pasado reciente.
1. En los nuevos conjuntos de vivienda social, el tamaño de las unidades de vivienda ha aumentado de 33 o 36 metros cuadrados, a más de 50. También hay en ellos preocupación por la calidad, y en algunos casos, como en Elemental, la incorporación de diseño arquitectónico y facilidades para el crecimiento de las viviendas.
2. En los antiguos conjuntos de viviendas sociales, en 186 de ellos (unas 500 mil personas), se puso en marcha el Programa Quiero Mi Barrio, una de las iniciativas más innovadoras en la historia del Minvu, consistente en mejorar el espacio público de los conjuntos y estimular en ellos la organización y participación vecinal.
A CONSIDERAR:
Para concluir este somero balance, quiero destacar tres temas que ofrecen algunos criterios para una política urbana que responda a las realidades actuales, diferentes a las de los 90:
* De la vivienda insuficiente al diseño suficiente: La autoconstrucción. La respuesta al déficit habitacional es habitualmente construir más viviendas nuevas. Esto a veces puede ser erróneo: las necesidades de las familias podrían ser satisfechas con la ampliación de sus actuales viviendas; no hay que confundir allegamiento (una dimensión solidaria) con hacinamiento (una dimensión física). Elemental ha recuperado, desde una aproximación de diseño arquitectónico y a la vez empresarial, la autoconstrucción.
Sus proyectos demuestran que la única salida no es una escalada de los montos de los subsidios (hasta 750 UF en algunos casos), sino un buen diseño, la construcción de parte de las viviendas que asegure su crecimiento; y la posterior autoconstrucción de las ampliaciones. Esto puede complementarse con la producción de componentes que los usuarios utilicen en sus ampliaciones y con asistencia técnica.
* Del mercado desregulado a las reglas y control públicos. Tal como lo señala el Informe de la Cámara de Diputados citado, el origen de las deudas PET es que se otorgaron subsidios y préstamos sin ningún control público: Lo que importaba era construir. Pero no eran operaciones entre privados en las cuales el sector público no tuvo injerencia. Un buen control público hubiera permitido reducir los casos riesgosos y el costo político posterior.
* Ciudad y ciudadanía son temas ausentes. Lo que ha estado presente en la agenda pública ha sido el financiamiento de la producción de viviendas. De los resultados se comprueba que el lugar en donde se construyen las viviendas no es un asunto indiferente: El barrio, la articulación de barrios, la ciudad, son muy importantes. El eje de toda política urbana moderna, avanzada, está en la producción del suelo urbano con miras a la equidad social. Esto implica contar con terrenos para viviendas de sectores de bajos ingresos, y la construcción de instrumentos que reduzcan su especulación y la apropiación de plusvalías.
En eso radica, tal vez, el punto más insatisfactorio de las políticas actuales. Y en la falta de participación ciudadana. Los procesos educativos, informativos, deliberativos que puedan impulsar los municipios son importantes para que la población tenga una perspectiva de los problemas urbanos. Pero son sólo procesos informativos: El plebiscito de Vitacura demostró que los procesos de consulta o son vinculantes o no son participativos. También en este sentido, las políticas urbanas han carecido de una visión urbanística, lo que es definido por Jordi Borja como “la posibilidad de poner orden democrático en el territorio”.
* El autor es directivo de SUR, Corporación de Estudios Sociales y Educación.
* El Ciudadano (Chile) - 16.03.10
