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LAVERDAD* : La Junta Sectorial de Jueces de lo Contencioso-Administrativo acordó por unanimidad en su última reunión, celebrada el pasado día 5, solicitar el nombramiento de un juez de apoyo para el juzgado número 3 debido al aluvión de recursos contra abusos urbanísticos municipales que está recibiendo. Además, aprobó instar al TSJ a que realice «las gestiones oportunas encaminadas a hacer posible que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 entre en funcionamiento con la mayor brevedad, dado el colapso que sufre dicho orden jurisdiccional».
De la misma manera, según se recoge en el acta de la junta, a este órgano se le debería asignar, «como materia exclusiva, la mitad de los asuntos de urbanismo», en tanto que la mitad restante seguiría bajo jurisdicción del juzgado número 3.
El presidente de la asociación Abusos Urbanísticos No (AUN), Enrique Climent, vincula directamente este incremento de recursos contra las decisiones urbanísticas de los ayuntamientos a las dos leyes autonómicas que ha tenido la Comunidad Valenciana, primero la LRAU y después la LUV.
«Con la nueva ley continuamos con la misma situación, pero los ciudadanos están más concienciados en lo que concierne a sus intereses, sus derechos de propiedad y sobre el medio ambiente», opinó ayer en declaraciones a este diario.
El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Alicante, Ricardo Estévez, cree que el juez de refuerzo, cuyo trabajo reclama como mínimo para tres meses, es «una solución meramente coyuntural», aunque reconoce que contribuirá a eliminar el actual colapso, en concreto «105 asuntos pendientes únicamente de dictar sentencia».
Según explica en el informe con que concurrió a la junta, «dado el elevado número de asuntos ordinarios que tramita el juzgado, es previsible que que esa pendencia continúe incrementándose paulatinamente».
Este juzgado ha tramitado un millar de demandas contra decisiones urbanísticas respecto del total de 2.604 asuntos que ha registrado en menos de dos años.
En el último semestre, el módulo de trabajo de este órgano ha superado el 155% de lo estipulado para su jurisdicción.
* La Verdad - 13.11.07 - M. C. S.
Foto: Obras del campo de golf de El Plantío, en Alicante, que han sido objeto de enfrentamientos políticos y recursos judiciales, en una imagen de archivo/ R. MILÁN (La Verdad)
Alicante: El aluvión de abusos urbanísticos obliga a pedir un juez de apoyo
El alcalde de Alhaurín no ha justificado la procedencia de 155.000 euros
LAOPINIÓNMÁLAGA* : La Unidad Contra las Drogas y el Crimen Organizado (Udyco - Costa del Sol) asegura en un informe que el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), y su mujer, María Teresa Santos Reyes, no han podido justificar la procedencia de diversas sumas que en total suponen una cantidad de casi 155.000 euros. El informe, que se encuentra inmerso en la parte sobre la que ya no pesa el sigilo procesal, señala que "Juan Martín Serón viene realizando en cuentas de su titularidad la colocación de efectivo metálico con origen desconocido (más de 50.000 euros), enmascarando ese origen con el resto de movimientos e integrándolo posteriormente en productos financieros, concretamente depósitos a plazo".
Asimismo, apunta que la inexistencia de adeudos en una cuenta del BBVA para el sostenimiento de los gastos normales de la familia -gastos de bolsillo- pone de manifiesto que "éstos pudieran estar siendo sufragados con efectivo metálico presuntamente proveniente de de fuentes de renta de origen desconocido".
Pero no queda ahí la cosa. Los investigadores destacan además que, del mismo modo, en cuentas cuya titularidad atribuyen a María Teresa Santos Reyes, para 2006 y en sólo seis ingresos de origen desconocido, "se acumula un total de efectivo de 33.832 euros, presumiendo que dichos ingresos, y a falta de más información, son realizados por María Teresa como titular de las cuentas que es".
Otro hecho destacable es que los miembros de la Udyco califican la asesoría fiscal Martín y Santos, que regenta la esposa del regidor alhaurino, como mercantil "inactiva". Así, los investigadores afirman que ambos utilizan esta sociedad "como pantalla y a los presuntos fines de ocultación para colocar asimismo efectivo metálico -36.000 y 35. 000 euros-, también de origen desconocido".
A juicio policial, "se abusa del velo societario y se realizan actos mercantiles al objeto de ocultar el origen de las cantidades en efectivo. Se da la circunstancia de que, una vez colocados, se integran en productos financieros bajo la forma de depósitos a plazo".
Según los investigadores, ha quedado indiciariamente acreditado que "la generación de cantidades en efectivo que en diversas ocasiones tenían como destino inicial las cuentas de la mercantil Conextran SL, vinculada al matrimonio Martín-Santos, y especialmente con María Teresa Santos Reyes, esposa del alcalde, Juan Martín Serón".
En este sentido, la policía recuerda que en registro efectuado en el domicilio del matrimonio el pasado mes de enero se hallaron 69.000 euros, "una importante cantidad de efectivo respecto de la cual no se ha podido determinar su procedencia real, a pesar de los justificantes aportados en este procedimiento por María Teresa y que fueron totalmente desacreditados por informe de esta unidad policial".
Justificación. El alcalde popular aseguró en su día que parte de ese dinero pertenece a la asesoría fiscal de su mujer y el resto era para acudir a la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur).
Los fondos de origen oculto, según el estudio de la Udyco, se inyectan después en el circuito financiero a través de su inversión en productos financieros, lo que a juicio de los investigadores vincula a los investigados "con el desarrollo de una operativa sugestiva de encuadrarse dentro de presuntas actividades de blanqueo de capitales de origen ilícito". Hasta ahora, sobre el alcalde de Alhaurín el Grande sólo pesaban las imputaciones por supuestos delitos prevaricación y cohecho.
Conextran, intermediaria de los pagos ilícitos
Las investigaciones policiales apuntan que la constructora Conextran podría haber sido intermediaria de los pagos ilícitos de empresarios al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, a cambio de licencias urbanísticas.
Según un informe de la Udyco, la contabilidad de dicha sociedad la llevaría la esposa del alcalde, a través de su despacho profesional Santos Reyes. La Policía cree que existía un vínculo entre la mercantil y el Consistorio, a través de la asesoría, donde también trabaja la mujer del administrador de Conextran, M. M. M., imputado por cohecho y blanqueo de capitales.
En el informe se mencionan presuntos pagos de 78.000, 85.000 ó 30. 560 euros a nombre del administrador de la constructora.
Por otro lado, la Udyco mantiene que en la contabilidad de la empresa Conextran existían diferencias entre las magnitudes declaradas y las percibidas, por lo que "las situaciones pudieran ser susceptibles de encuadrarse en una efectiva forma de pago de cobro ilícitos presuntamente cometidos" por empresarios.
El fiscal Anticorrupción sostiene que la constructora actuaba presuntamente como sociedad instrumental para canalizar los pagos y que su administrador "se prestó para ocultar el producto económico obtenido, con el fin de encubrir a sus destinatarios finales, que no eran otros que las autoridades del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande".
El administrador dijo que las obras que realizaba eran por concurso público.
* La Opinión de Málaga - J. A. S. / R. R. / A. G. - 13 de noviembre de 2007
Foto: Alhaurín el Grande, ayuntamiento - J.Domínguez, EFE
Salamanca: Los Verdes elevan la trama urbanística hasta Anticorrupción
TRIBUNASALAMANCA* : Los Verdes siguen avivando la llama del enfrentamiento abierto contra el equipo de Gobierno municipal en materia urbanística y otras cuestiones vinculadas a la actualidad, como la subida de impuestos y tasas. En la dinámica de interposición de recursos, el coordinador del colectivo ecologista, Ángel Gamazo, anunció ayer la intención de presentar tres: contra el sistema instaurado de transferencias de aprovechamiento urbanístico, contra el proyecto de construcción del aparcamiento subterráneo de la plaza de Los Bandos y contra la reciente subida de tributos municipales.
Entre las medidas a emprender, una advertencia. “En un plazo muy breve de tiempo se van a revisar todas las licencias concedidas a los edificios afectados por transferencias”. ¿Cuál es la consecuencia? Gamazo advertía que estos edificios pasan a ser “ilegales“, condición que generará “problemas” para sus propietarios al permitir los constructores el acceso a las viviendas sin la correspondiente licencia de primera ocupación –una vez finalizada la construcción–, “infracción continuada y que es objeto de un expediente sancionador”, argumentaba el jurista de Los Verdes, Manuel Serrano, señalando a los constructores (al actuar a sabiendas de esta ilegalidad), al igual que a todas aquellas empresas que prestan servicios.
Para paliar esta consecuencia, Los Verdes han iniciado contactos con los agentes sociales “que han intervenido y que están afectados”, en defensa de los inquilinos y para que los ciudadanos “no vean perjudicado su patrimonio de suelo”. En este sentido, el colectivo ecologista presentará un informe detallado a la fiscalía anticorrupción con la identidad de los constructores que han infringido el sistema de transferencias urbanísticas implantado desde 1984 y ya extinguido.
Mientras, Los Verdes encuentran en la aprobación del proyecto de construcción del aparcamiento de Los Bandos otro motivo para interponer un recurso ante el juzgado de los contencioso-administrativo por considerar ilegal “el cambio de calificación del espacio que ocupaba la plaza. Antes eran zonas verdes y ahora se contempla como un vial, una calle. Hay que decir que el Ayuntamiento tiene potestad para ejecutar algunos cambios, pero éste responde a un capricho del alcalde”, indicaba Gamazo.
El último caso de esta batería de recursos se ciñe al incremento de las tasas e impuestos, que en cuanto entren en vigor el próximo enero activarán la iniciativa del colectivo de presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por considerar que “no son justos”. Entiende Gamazo que los tributos son necesarios en una sociedad democrática pero que “se han producido barbaridades con personas con menos capacidad”.
* Tribuna de Salamanca - 10 de noviembre de 2007
Foto: Salamanca, plaza Los Bandos - salamancablog.com
Enlace relacionado: Plataforma ciudadana "Los Bandos sin aparcamiento"
Califican de farsa las nuevas medidas de protección para el Parque Natural Cabo de Gata
SALVEMOS MOJÁCAR/ Almería* : Según se ha publicado hoy en diversos medios "el nuevo PORN desclasifica la totalidad del paraje de El Algarrobico, donde se levanta el hotel de Azata del Sol, como suelo urbanizable y lo sitúa bajo el grado de protección 'C3' como «núcleo habitado existente o zona transformada». Además, eleva a la categoría de zonas de «regulación» las fincas privadas de la Fabriquilla y Marina de Agua Amarga (Níjar) donde se proyecta la construcción de dos urbanizaciones de 15 y 48 hectáreas.
Las tres eran zonas urbanizables y con el grado de protección que se les concede ahora -mayor- se concede una herramienta al Ayuntamiento de Níjar para que a la hora de elaborar el Plan General de Ordenación Urbanística -PGOU- pueda frenar el desarrollo de estos parajes."
Si esto es así, y le conceden al Algarrobico protección C3, es totalmente falso que le den mayor proteccion al paraje: significa claramente que LE QUITAN PROTECCIÓN, ya que hasta ahora tenía un grado de protección mayor, C2 y actualmente es suelo no urbanizable, una de las principales razones por las que Salvemos Mojácar exige en su recurso la demolición del hotel.
Convertir el paraje en núcleo habitado existente significa ni más ni menos legalizar definitivament el hotel y las construcciones previstas a su alrededor. Lo mismo se aplica a los casos de La Fabriquilla y Maria de Aguamarga.
Decir que "se le da al ayuntamiento de Nijar una herramienta para que pueda frenar el desarrollo de estos parajes" cuando es el ayuntamiento el primero que ha amparado toda la estrategia de recalificación de suelos y era -al menos en la anterior legislatura- uno de los principales interesados en que se urbanizaran, es una farsa intolerable. No puede anunciarse una actuación de protección del territorio cuando realmente se lo está desprotegiendo. Se trata de una confusión informativa gravísima destinada a confundir a la opinión pública.
Las asociaciones ciudadanas consideramos intolerables y gravísimas las tomaduras de pelo de la Consejería de medio ambiente, que ya nos tiene acostumbrados a anuncios de falsas actuaciones que nunca se realizan y a lavados de imagen pública que solo consiguen enmascarar ante la sociedad sus actuaciones en favor del ladrillo.
Exigimos que se aplique la legalidad, llevando a cabo al demolición inmediata del hotel del Algarrobico, y, si realmente quieren proteger el territorio, que se eleve la protección de todos los parajes mencionados como mínimo al grado C1 o al B1 o B2.
Salvemos Mojácar
* Teleprensa - Almería - 12 de Noviembre de 2007
Foto: Algarrobico (Carboneras - Almería), hotel ilegal - teleprensa.net
Ante la crisis, que cada cual aguante su vela
MARÍA LUISA GARCÍA GIL* : Es un buen momento para que se reúnan los arquitectos y es un buen momento para proclamas. Es un buen momento cuando la costa mediterránea, en general, ha perdido su atractivo natural por culpa de la avaricia desorbitada de unos y otros, es un buen momento cuando los edificios dignos y centenarios de los cascos antiguos, por lo menos en Galicia, por falta de protección, han sucumbido a la vorágine constructora destructora que ha permitido duplicar alturas. Es un buen momento para bendecir, apoyar y no criticar la decisión firme de mantener la protección de los 500 metros.
Curiosamente, hace unos días, desde la patronal de la construcción, también se ponía contra las cuerdas a la Dirección General de Urbanismo para forzar el levantamiento de la moratoria de los 500 m, como si esta sabia decisión fuera también la causa de la crisis de la construcción. Las zonas del interior, por cierto, no tienen costa y también han sido objetivo de la bonanza constructiva; por otra parte, uno de los atractivos de Galicia como destino de segunda residencia, en estos últimos años, ha sido su paisaje y su naturaleza aún salvajes, aunque para otros muchos también ha sido la inversión especulativa debido a la diferencia de precios con otras regiones de España.
La crisis de la construcción era un hecho previsible, sencillamente porque las bonanzas económicas son cíclicas y porque un país no puede tan sólo vivir de construir ex novo, porque, evidentemente, esta actividad algún límite tendrá.
Las crisis económicas, a lo largo de la historia, han sido los detonantes del pensamiento que tal vez, gracias a los apretones del cinturón de la penuria, deben de mandar más sangre al cerebro y entonces propician ideas claras, novedosas y paliativas.
Creo que, a lo mejor, ha llegado el momento de hacer introspección y acto de constricción, y a lo mejor ha llegado el momento de que "cada palo aguante su vela" y se haga responsable de sus actos.
Creo que es un buen momento ante una gran crisis para que los especuladores se vayan a sus cuarteles de invierno, para que los constructores de verdad, de profesión, se dediquen al reciclado, es decir, a restaurar lo mal ejecutado, para que los ayuntamientos elaboren planeamiento sensato que intente en lo posible regenerar una vida urbana digna para sus ciudadanos, y para que los arquitectos nos esforcemos en dar a la sociedad esa calidad de vida que viene de la mano de un buen urbanismo y unas construcciones dignas y bien digeridas que en estos últimos años, salvo honrosas excepciones, han brillado por su ausencia.
La costa gallega, toda aquella que no era núcleos urbanos, se ha salvado de momento, gracias a la Ley de Costas y gracias a la moratoria de los 500 m.
Las consecuencias de un urbanismo mal diseñado son demoledoras e irreversibles y el Patrimonio Natural es único e irrecuperable una vez destruido.
* MARÍA LUISA GARCÍA GIL, ARQUITECTA
* El Correo Gallego - la linterna de diógenes - 12.11.2007
