LAVERDAD/Murcia* : «Pan para hoy y hambre para mañana». Salvador Rueda, biólogo, psicólogo y director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, eligió ayer este dicho popular para mostrar su opinión acerca del modelo urbanístico de urbanizaciones y resorts que impera en ciertas zonas de la Región.
¿El motivo? El mayor consumo de energía que vivir en una urbanización implica. Rueda propone la idoneidad de la llamada ciudad compacta y, para ello, nada mejor que un ilustrativo ejemplo. El habitante de una urbanización consume cerca de 250 litros de agua por día, mientras que en la ciudad este gasto se reduce a los 100 litros. Un ahorro de 150 litros diarios a la mano de cualquiera.
«Lo que debemos hacer es crear grandes ciudades, no ciudades grandes». Rueda compartió ayer su punto de vista acerca de los elementos idóneos que debe tener la ciudad futura en la jornada inaugural de las IV Jornadas de Urbanismo que se celebrarán en Murcia hasta mañana. De este puesta en común de expertos de muy diversos ámbitos se pretende lograr un paso en el camino adecuado que debe emprender el urbanismo murciano a la hora de asegurar una ciudad saludable, cómoda y sostenible.
Rueda coincidió con el resto de ponentes, entre otras cosas, en las posibilidades que, a este respecto, presenta la capital murciana. «Murcia, como ciudad, tiene aspectos esperanzadores, como su periferia», explicó; «ahora faltan más peatonalizaciones y que lleguen las bicicletas, que llegarán, le pese a quien le pese».
La solución para el problema del cambio climático debe también, según este experto, buscarse en las propias ciudades. «En ellas está la solución porque son las responsables del 75% del consumo».
Anteponer un sistema basado en el consumo de información al actual, en el que prima el consumo excesivo de productos es, tal y como ayer manifestó Rueda, un cambio de conciencia que, antes o después, todos tendremos que interiorizar. «La sostenibilidad está hoy en manos de los ciudadanos y de cómo organicemos las ciudades», sentenció Rueda. Nos jugamos mucho.
* La Verdad - ALICIA NEGRE - 9 mayo 2008
Foto: Murcia, vista huerta - wikipedia.org
«El modelo urbanístico de 'resorts' es pan para hoy y hambre para mañana»
´Hidalgo quería demostrar su poder construyendo sin licencia´
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DIARIODEMALLORCA* : La fiscalía Anticorrupción no deja títere con cabeza. Acusa al ex alcalde Hidalgo de querer demostrar "su fuerza ante el pueblo construyendo una casa sin licencia"; a Jaume Massot de "tutelar" esta trama urbanística en Andratx; a Ignacio Mir de firmar "informes jurídicos que beneficiaran a Hidalgo"; y a Jaume Gibert de "no haber denunciado la obra ilegal que realizaba el ex primer edil".
Joan Carrau fue la voz de la fiscalía anticorrupción que defendió las duras penas de prisión que se solicitan para los acusados del caso Andratx. La mayor parte de su informe lo dedicó a ensalzar la gravedad de los hechos cometidos por el ex primer edil. "Debía dar ejemplo, era el garante de la legalidad urbanística y es él quien comete el delito". Para Carrau, Hidalgo no actuó solo. Lo hizo con la ayuda de Massot, ex director general del Govern del PP, con el abogado Ignacio Mir y con el ex celador de obras Jaime Gibert. Entre todos, según el fiscal, se permitió que el alcalde construyera una casa ilegal frente al Ayuntamiento sin licencia. "Parecía que se estaba riendo de todos". El fiscal mantiene que Hidalgo conocía muy bien el nivel de protección que tenía el solar que compró y era consciente de su limitación urbanística. "Cuando lo compró ya planeó el delito y acudió en ayuda de Massot para cometerlo". Anticorrupción sitúa a Massot en un lugar estratégico desde donde puede dominar toda la cascada de irregularidades. "Se aprovecha de la jerarquía que le da su experiencia para controlar, supervisar y tutelar toda la obra ilegal". Para la acusación, no se trata de un problema de interpretación de la normativa urbanística, como han intentado sostener los acusados. "En ese terreno no se podía construir". Pero a pesar de ello "Hidalgo obtuvo una licencia que le otorgaba un cheque en blanco. Podía construir hasta el infinito si quisiera. Podía construir la madre de todas las naves agrícolas porque la licencia se lo permitía". Carrau culminó su informe pidiendo una sentencia ejemplar, que establezca los límites legales de los excesos de construcción que se han cometido en Andratx.
Por otra parte, Josep de Lluís, abogado del ayuntamiento de Andratx, calificó de "urbanismo de recreo" y apuntó directamente a Massot como "el gurú de todas estas irregularidades".
En cambio, Miquel Borrás, abogado de la acusación en nombre de la regidora Isabel Alemany, mantuvo que los acusados buscaron un "maquillaje" para dar legalidad a todos los excesos que se habían cometido con esta casa.
* Diario de Mallorca - J.F. MESTRE/T.A. PALMA - 09 de mayo de 2008
Foto: Andratx (Mallorca), urbanismo - diariodemallorca.es
'Malaya' impulsa los juzgados especializados en corrupción
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LAOPINIÓN/Málaga* : ´Malaya´ ha sido pionero en muchos aspectos: en primer lugar, porque era el primer golpe que se daba contra una trama de corrupción institucionalizada; y, por otro lado, por la forma de investigar que aplicó la Udyco a las órdenes del juez Torres. Se investigaba patrimonialmente al imputado y si éste no podía explicar sus bienes con sus ingresos, había gato encerrado. El círculo se cerraba.
Pero para ello, el juez Torres hubo de echar mano de expertos en blanqueo de capitales cedidos por Hacienda. Este mismo juez buscó el apoyo de los técnicos en el ´caso Ballena Blanca´, donde cayó una red que presuntamente ´lavaba´ dinero a delincuentes de todo el mundo y cuya ramificación llegó a alcanzar a la petrolera Yukos.
En cualquier caso, ha sido la investigación de la trama de corrupción del Ayuntamiento de Marbella la que ha hecho que muchos se planteen la posibilidad de que se creen juzgados especializados en corrupción económica y urbanística, un fenómeno que algunos expertos criminólogos califican ya de patología social.
El propio Juan Carlos López Caballero, primer fiscal Anticorrupción de Málaga, ha propuesto en innumerables ocasiones un cambio en los modelos de investigación: que se premie con una rebaja penal la delación o la posibilidad de infiltrar agentes en estas organizaciones serían dos buenos métodos para luchar desde dentro contra el monstruo.
Y la especialización no es una locura. Juzgados de este tipo funcionan ya en Francia y Alemania, por lo que ahora que existe un único espacio judicial europeo sería un buen momento para implementar este tipo de iniciativas, al igual que ocurrió cuando la Fiscalía decidió especializar a sus mejores hombres en este tipo de lucha.
López Caballero propone implantar en España un modelo similar al que se aplica en Italia en la lucha contra las mafias, que allí controlan parte de la economía. "Los medios tradicionales de investigación pueden no ser lo suficientemente eficaces, y en este contexto se alude en los convenios internacionales a la posibilidad de acudir a expedientes o procedimientos especiales de investigación, como serían la introducción de agentes infiltrados en este tipo de criminalidad organizada, que yo creo que podría dar unos resultados muy importantes", explicaba el fiscal a este periódico en una reciente entrevista.
Especialización y mejorar la eficacia de la investigación son los dos ases que manejan los expertos en este tipo de lucha policial. Varios abogados consultados, expertos a su vez en la defensa de estos criminales, ven con buenos ojos que la instrucción de estos casos se especialice para ser más eficaz. Y que yerre menos.
* La Opinión de Málaga - JOSÉ ANTONIO SAU - 09.05.2008
Foto: Marbella, registro policial - J.Lanza (SUR)
Hartos de ser los malos del urbanismo
LAVOZDEGALICIA* : Durante dos días, expertos de distintas Administraciones, catedráticos y arquitectos debatieron en Pontevedra la situación del urbanismo en Galicia. La reflexión ha dejado al descubierto el enorme foso que separa los puntos de vista de los concellos y el que mantienen Xunta y Gobierno.
Hartos de ser los malos de la película de los desastres urbanísticos, técnicos y responsables locales no han dudado en pedir cuentas a las otras dos Administraciones, eso sí, sin dejar de reconocer sus propias responsabilidades, especialmente en los noventa.
Ocho leyes, normas y sentencias importantes en los últimos años -cuatro con origen en Santiago y otras cuatro generadas en Madrid- han convertido la adaptación de los planes municipales a las nuevas normativas poco menos que en una misión imposible. Algunos de los datos vertidos en el coloquio pueden ilustrar la situación: solo 23 concellos lograron la adaptación en Galicia, ninguno de ellos de la provincia de Pontevedra. Al sur del Ulla, se cree que este año puede recibir luz verde un ayuntamiento, pero habrá que esperar al 2012 para que la situación comience a enderezarse.
Javier Rivas, arquitecto con amplia experiencia en el Concello de Vigo, calificó de «hipócrita» la actitud de otras Administraciones. Señaló que cada reforma supone «una tutela más» y un elemento de sospecha sobre los municipios a los que se presenta, con frecuencia, como responsables únicos de todos los males. «Trabajamos sobre arenas movedizas», señaló en referencia a la proliferación normativa y su incidencia en los planes. Esto genera inseguridad y obliga a adoptar todo tipo de cautelas y rigores.
Una ruina
Manuel Freijeiro, arquitecto con amplia experiencia en consultoras redactoras de planes, asegura que es difícil bajar de ocho años en la actualidad y que esto supone poco menos que la ruina para este tipo de empresas. Algunas consultoras de arquitectos han dejado de presentarse a los concursos de planeamiento -el de Mos, próximo a Vigo, encendió la alarma- y algunos técnicos han decidido reciclarse para «dedicarse a otra cosa».
Redactar un plan es poco menos que una «carrera de obstáculos», aseguró José Romero, arquitecto municipal con amplia experiencia en Redondela y Baiona. Pero el planeamiento no lo es todo. En materia de gestión, los concellos se enfrentan a cientos de expedientes (al igual que en disciplina urbanística) sin medios humanos ni materiales. Además, los servicios de disciplina se sienten solos muchas veces ante «el sentimiento de impunidad» que existe en cuestiones de urbanismo. Romero lo tiene claro: mientras no haya derribos de importancia y con publicidad habrá poco que hacer, máxime si prosigue la comprensión de los políticos ante los problemas «personales» de los infractores.
Los concellos se quejan además de que, con frecuencia, se les dice que hay exceso de edificación para las previsiones de evolución de la población, pero no se les explica por qué se han pasado en el plan de ordenación. Freijeiro echa de menos un diálogo con los técnicos de la Xunta, antes de que emitan su veredicto sobre un plan, para tratar de adaptarlo a sus exigencias. Javier García, del bufete Garrigues, llamó la atención sobre el hecho de que la Xunta no elabore partes de los planes que finalmente están en sus manos. César Mosquera, tras ocho años al frente de Urbanismo en Pontevedra, es más directo: si los planes son aprobados por la Xunta y las competencias las tiene Santiago, pues que los planes se hagan desde Compostela. Según sus cálculos, las competencias en urbanismo de los concellos no llegan al 10%.
Los arquitectos han terciado en la polémica justificando medidas como la protección de los 500 metros, pero también apuntando que hay que hacer los planes de otra forma. Por una parte, no dar bajo y cuatro plantas en núcleos bien conservados de bajo y uno. Por otra, haciendo planes más preparados para una movilidad sostenible y menos detallistas y encorsetados. El arquitecto García Braña puso un ejemplo: el plan de Barcelona tiene 30 años, pero experimentó 3.000 modificaciones.
* La Voz de Galicia - A. Castroverde - 09.05.2008
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org
11-mayo: ¡Especulatour, viaje por el Madrid que no deseamos!
VIVIENDADIGNA* : El pasado mes de febrero, decenas de “turistas” llenaron dos autobuses que recorrieron cuatro de los puntos más emblemáticos del depredador modelo de desarrollo urbano imperante en Madrid: las cuatro Torres del Real Madrid, el PAU de Las Tablas (Fuencarral), Torrelodones, donde el Gobierno regional proyecta cerrar la M-50 en pleno Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y El Álamo, localidad en la que el equipo de Esperanza Aguirre prevé construir un aeropuerto de uso privado.
Pero, desafortunadamente, quedan muchos más. El próximo domingo 11 de mayo llevaremos a cabo otra aleccionadora excursión por otros exponentes del “sostenible” modelo urbano que promueven las administraciones madrileñas: el PAU de Vallecas, el parque Santander -una zona verde ubicada en pleno centro urbano donde el Gobierno regional ha construido un campo de golf “de interés general”- y Villalba, un municipio de la sierra norte de Madrid afectado por el proyecto de cierre de la M-50.
La excursión partirá a las 9:30 de la mañana desde Atocha el dominog 11 de mayo, frente a la sede del Ministerio de Agricultura y finalizará al mediodía.
En cada una de las paradas, las plataformas y asociaciones ciudadanas en defensa del territorio llevarán a cabo acciones de denuncia del modelo de ordenación urbana imperante.
Para apuntarte, no tienes más que escribir a especulatour@viviendadigna.org o llamar al 607 75 85 86.
¡Te esperamos!
* Plataforma Vivienda Digna - 7 Mayo 2008
Muñoz y cinco ex ediles del GIL evitan 70 juicios a cambio de cárcel
ELPAÍS* : Los concejales que pusieron los cimientos del caos urbanístico de Marbella (Málaga) a la sombra del fallecido alcalde Jesús Gil ven cómo se aclara su futuro judicial. Seis ex ediles del equipo de gobierno municipal del Grupo Independiente Liberal (GIL) de 1995 a 1999, entre ellos el célebre Julián Muñoz, han aceptado el pacto con la Fiscalía de Málaga por el que cumplirán tres años de prisión a cambio de evitar cerca de 70 juicios por conceder licencias de obra ilegales.
Los concejales Muñoz, Marisa Alcalá, Dolores Zurdo, Rafael González, Manuel Calle y Mario Jiménez formaban parte de la corporación que el 6 de agosto de 1998 aprobó, en un pleno nocturno, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que daba luz verde a enormes aumentos de edificabilidad o la construcción de apartamentos en suelos reservados a colegios o centros sanitarios. Aunque el PGOU de 1998 nunca tuvo validez jurídica, el urbanismo gilista se rigió por él hasta la disolución del Ayuntamiento en marzo de 2006 tras la Operación Malaya. Incluso, numerosas licencias anteriores a 1998 se otorgaron sobre ese PGOU ilegal.
En virtud del pacto cerrado ayer entre la Fiscalía y las defensas de los concejales, el ministerio público pedirá una pena máxima de un año de prisión y diez de inhabilitación para cargo público en las 70 causas abiertas por prevaricación urbanística, un delito castigado hasta con dos años de prisión. Al tratarse de delitos conexos, la ley establece que se cumplirá como máximo el triple de la mayor de las penas impuestas, esto es tres años de cárcel. Además, las condenas no se podrán suspender ni sustituir por multa, lo que supone el ingreso efectivo en prisión de los concejales.
Este pacto se limita a los casos de prevaricación urbanística y no afecta a otros delitos que hayan podido cometer los concejales, como prevaricación y cohecho. De no llegar a un acuerdo, estas 70 causas urbanísticas se tratarían en un juicio con vista oral y la Fiscalía podría solicitar hasta dos años de prisión, con lo que aplicando la regla del triple de la pena máxima para los delitos conexos que fija la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los ex concejales se arriesgarían a pasar seis años en prisión, al margen de la incertidumbre de acudir durante años a decenas de juicios.
Según el letrado Ernesto Osuna, que calificó el acuerdo de "muy positivo" para todas las partes, en el cómputo de las penas se deberá descontar el tiempo que los ediles ya han pasado en prisión por sentencias de prevaricación urbanística. En el caso de Julián Muñoz, el ex regidor marbellí lleva cumpliendo pena desde el 30 de septiembre de 2006, cuando el juez ordenó la ejecución de la sentencia de una año de cárcel por el caso Proinsa -la concesión de una licencia para construir 150 viviendas en zona verde-. Por lo tanto, los 19 meses que Muñoz ha pasado en prisión como recluso penado -entró en la cárcel como preventivo por el caso Malaya en julio de 2006- se considerarían ya liquidados. De este modo, dentro de cinco meses Muñoz podría salir en tercer grado al haber cumplido dos tercios de la condena. Osuna calcula que en septiembre se podrá "poner en práctica" el acuerdo.
En junio, el fiscal y los letrados negociarán la situación de los ediles de la corporación 1999-2003, que se niegan a aceptar el paso por la prisión, aunque en muchos casos, las penas serían inferiores a doce meses. El fiscal, de momento, se mantiene firme en su posición de exigir que vayan a la cárcel. Entre estos ex concejales disidentes se encuentran Tomás Reñones, Francisco Javier Lendínez o Alberto García Muñoz.
* ELPAIS.com - FERNANDO J. PÉREZ - Málaga - 09/05/2008
Foto: Marbella - J.ROJAS - ELPAIS.com
El 'caso Andratx' es la economía, estúpido
MATÍAS VALLÉS* : Resulta sugerente la tesis de menospreciar la primera piedra del caso Andratx como "la caseta ilegal que nos hemos construido todos los mallorquines", hasta que examinamos los precios inmobiliarios. Las cuadras con antena parabólica que Eugenio Hidalgo le erigió a su pony no definen a la jungla urbanística, ni a las bagatelas ecologistas en la isla más destruida del Mediterráneo, sino al negocio del siglo. Es la economía, estúpido, según gritaba Bill Clinton en su marcha hacia la Casa Blanca.
Los expertos coinciden al tasar la mansión agrícola de Hidalgo. ¿Una casa de 150 metros sobre una parcela de tres mil metros de la cotizada Andratx, con porches, altillos y un entorno protegido a perpetuidad por los mismos ciudadanos de quienes se mofa el alcalde al construir donde no debiera? "Puedes ponerla en el mercado por 250 millones de pesetas". Esa cifra equivale al sueldo en toda su carrera profesional de cada uno de los altos funcionarios -jueces y fiscales- que devanan estos días la madeja penal. A un trabajador medio le cuesta sesenta años reunir esa suma, si no come. Ni urbanismo, ni ecología, ni espeleología. Pasta gansa al arrimo de un cargo público.
Por tratarse de ustedes, y dado que los inmobiliarios siempre exageran, les dejaremos el gallinero parabólico e hiperbólico en 150 millones. La tesis no varía, porque esa cifra triplica los 50 millones en juego en el proceso del Túnel de Sóller, de magnitud indudable. Y así sucesivamente, hasta llegar a las 68 causas acumuladas en Andratx. Legal o no, la trama era muy rentable. ¿Ecología o economía?
El opíparo negocio no es una consecuencia sobrevenida, sino el origen de la residencia para ponies. El alcalde adquirió la parcela por 30 mil euros, a diez euros el metro cuadrado, ¡en Andratx! Casi da vergüenza reproducirlo sin risas en off. Intente encontrar un solar urbanizable -así ocurrió por voluntad de Hidalgo- en ese municipio por cien veces ese precio, con todos los ajustes por la inflación y la crisis que desee, sin suscitar carcajadas. Por 30 mil euros, en Andratx te venden la superficie suficiente para construir un cuarto de baño, no muy ancho. El fichaje del PP se garantizó una plusvalía estratosférica, en una inversión de riesgo nulo. A condición de que seas el alcalde.
La prisión debe quedar al margen del discurso periodístico pero, ya que existe, analicemos las cantidades que han llevado a ella a sus inquilinos. ¿Qué porcentaje de la población reclusa cumple penas por un aprovechamiento ilícito por encima de los 250 millones de pesetas? Coincidiremos en que más del 99 por ciento de los presos acumularon ganancias por debajo de la suma a debate, en el juicio de "la caseta ilegal que nos hemos construido todos los mallorquines".
La relación entre los delitos juzgados ahora y los condenados previamente certifica dos aprensiones. En primer lugar, demuestra que el caso Andratx es sustancioso económicamente, al margen de que sea sustanciado penalmente. Dado que el precio es el factor que mejor aprecia un mallorquín, se acredita la relevancia de Cas Pony. En segundo lugar, queda claro que la cárcel no se hizo pensando en los ricos, por lo que requiere esfuerzos ímprobos ingresar en ella cuando se computan ingresos medibles en cientos de millones de pesetas. Aceptemos la segunda cláusula -prisión sólo para pobres-, a cambio de que se nos respete la primera. En la Audiencia se ha radiografiado un pelotazo de aúpa.
* Diario de Mallorca - Opinión - 08 de mayo de 2008
