DIARIODEMALLORCA/Palma* : El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Balears Antoni Capó ha citado, en calidad de imputado y dentro del caso Son Oms, la presunta trama de corrupción en torno a la gestación y explotación de dicho polígono industrial, a Damià Nicolau Ferrà, ex director insular de Ordenación del Territorio en el anterior Consell de Mallorca.
Nicolau comparecerá el próximo martes junto al diputado en el grupo mixto del Parlament Bartomeu Vicens, el empresario Jaime Montis y el contable de Vicens, Tomás Martín.
Damià Nicolau fue secretario general de UM y ex alto cargo de la conselleria de Medio Ambiente del actual Govern. Retirado hoy de la política activa, justificó la necesidad de un informe externo encargado sobre el valor del suelo en 2007, en los prolegómenos de la futura ley del Suelo, y según fuentes del caso podría estar acusado de malversación de caudales públicos por esta acción. Nicolau también asistió –en calidad de suplente de Antoni Pascual– a la sesión de la Comisión Insular de Urbanismo donde se aprobaron las llamadas zonas ´M´, una modificación en el Plan General de Ordenación Urbana de Palma (PGOU) que permitió aumentar la edificabilidad en áreas industriales. Esta reforma inicialmente afectaba a Son Castelló y Can Valero, pero luego se extendió a Son Oms.
Nicolau trabajaba en la conselleria de Territorio a las órdenes de Vicens. Los investigadores del caso Son Oms sospechan que este cambio urbanístico pudo ser impulsado por Vicens para obtener mayor beneficio del polígono de Son Oms que había impulsado.
El juez Capó ha citado para el mismo día, pero en calidad de testigos, a Apolònia Serra, secretaria general técnica de la conselleria de Deportes, una persona próxima a Miquel Nadal y a Vicens y secretaria de la Comisión Insular de Urbanismo cuando se aprobó la reforma del PGOU de Palma; y a dos personas más, una de ellas al parecer vinculada al PSOE de Andratx.
* Diario de Mallorca - F. ARMENDÁRIZ/ M. FERRER - 20-05.09
Foto: Palma, polígono Son Oms - diariodemallorca.es
El magistrado del caso Son Oms imputa a Damià Nicolau y cita a Vicens
155.000 vecinos de los PAU de Madrid viven olvidados por la Administración
20MINUTOS* : Imagina que quieres una barra de pan y tienes que andar media hora hasta la tienda. O que necesitas ir al médico y tu centro de salud está a 20 minutos en coche. O que tu hijo no puede ir al colegio más cercano porque no hay plazas suficientes. O, simplemente, que sales a la calle y no hay ni un alma. Pues los 155.000 vecinos de los PAU de Madrid no tienen que echar mucha imaginación: su día a día es así.
Hace cinco años comenzaron a construirse y habitarse los grandes desarrollos urbanísticos de la periferia de la capital: en el norte, Montecarmelo (30.000 vecinos), Las Tablas (30.000) y Sanchinarro (40.000); y en el sur, los ensanches de Vallecas (25.000) y Carabanchel (30.000).
Los equipamientos que nunca llegan
Desde que se mudaron están esperando equipamientos básicos, pero éstos nunca llegan. "Somos un barrio olvidado por la Administración. Todos los PAU están mal planificados, con una imprevisión que roza el ridículo", se queja Lorenzo Álvarez, presidente de los vecinos de Las Tablas.
"Les corresponde al Ayuntamiento y a la Comunidad resolverlo. Gallardón es algo más receptivo a nuestras peticiones, pero Aguirre ni siquiera se sienta a hablar", protesta Alberto Navazo, de la asociación de Montecarmelo.
La odisea de ir al médico
Ir al médico es una odisea. Los residentes de Montecarmelo y Las Tablas no tienen centro de salud y tienen que ir al de Fuencarral, a casi 10 kilómetros de su casa. "Ir andando es imposible", dice Navazo.
En Carabanchel tampoco hay ambulatorio: "Hay que coger el coche o hacer trasbordos en autobús; y cuando por fin llegas, está saturado", según Juan Fernández, representante de los vecinos.
Quienes tienen niños también echan en falta centros educativos. Todos los PAU tienen su colegio público y varios concertados, "pero están hasta arriba y algunos tienen que llevar a sus hijos fuera del barrio", explica Pedro Romero, de la asociación del PAU de Vallecas. En Secundaria es aún más difícil: ninguno de los desarrollos tiene instituto.
Barrios desiertos
Las amplias avenidas, sumadas a la falta de comercio, convierten estas zonas en barrios desiertos. "Es un urbanismo fantasma, está todo diseñado para el automóvil, no para las personas", según Carlos Sanz, de la asociación de Sanchinarro.
El elevado precio de los locales comerciales impide abrir tiendas tradicionales, lo que obliga a los vecinos a desplazarse hasta las grandes superficies para hacer cualquier compra.
Los que no tienen coche se sienten incomunicados. En Sanchinarro se quejan de que "el metro ligero es lento", en Las Tablas tienen "paradas muy alejadas" y en Carabanchel tienen "mala combinación para llegar al centro".
Sin embargo, pese a las carencias, ningún vecino cambiaría de barrio: "Aquí se vive tranquilo; cuando nos equipen bien, seremos unos privilegiados", dice un joven en Sanchinarro.
Policía y búhos, los únicos logros
En los últimos meses, los robos en garajes y los alunizajes en comercios se han convertido en el principal problema de los PAU. La reivindicación de una comisaría de Policía Nacional ha surtido efecto: la Delegación del Gobierno se ha comprometido a instalar una para Las Tablas y Sanchinarro.
Sin embargo, siguen echando en falta más patrullas por las calles. En transportes también han tenido un avance: el Ayuntamiento anunció el lunes que ampliará diez líneas de autobús nocturno (búhos) para dar servicio a los PAU periféricos.
Luis y Luz, matrimonio de 68 y 56 años, se autodefinen como "los pioneros de Las Tablas". "Cuando inauguramos el barrio, aquí no había nada; ahora, cinco años después, sigue igual. Llevamos todo este tiempo escuchando promesas", dice Luis.
"Estoy hasta las narices de escuchar al consejero Güemes decir que nos van a poner un centro de salud, pero todavía estamos esperando", se queja Luz. "Si te pones malo, es un jaleo, no puedes ir andando y tardas 20 minutos hasta llegar a Fuencarral; puede ser hasta peligroso", añade. "Pero todo tiene su lado bueno: aquí la tranquilidad es una delicia".
Alicia y Joaquín, vecinos de Sanchinarro: "Esto es como un pueblo desierto".
Esta pareja, de 35 y 37 años, cree que "lo peor de vivir en el PAU es que no hay comercio tradicional, para comprar cualquier cosa tienes que ir a los hipermercados. Aquí sólo hay sucursales de bancos y algún bar", lamenta Joaquín.
Sin embargo, no se cambiarían a otra zona: "Sanchinarro es como un pueblo desierto. Lo malo es que no hay tiendas, pero lo bueno es el silencio y la tranquilidad", dice Joaquín, que lleva tres años allí. "Tenemos la suerte de que vivimos cerca del único centro de salud que hay aquí, pero si queremos ir al especialista, hay que coger el coche... Aquí sin coche no haces nada", dice Alicia.
* 20 Minutos - MARIO TOLEDO. 20.05.2009
Foto: Calle semidesierta en uno de los nuevos PAU de Madrid. (Imagen: ANTONIO NAVIA)
La plataforma Salvem el Cabanyal advierte que "seguirá dando batalla"
DIARIOCRÍTICO/Valencia* : La plataforma Salvem el Cabanyal afirmó, en referencia al fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a favor del Ayuntamiento de Valencia y Aumsa en el que desestima los recursos formulados por esta plataforma para paralizar los derribos en el barrio, que pese a los "malos derroteros jurídicos" seguirán "dispuestos a dar batalla" pues sus reivindicaciones siguen "totalmente vivas".
La sección primera de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha estimado los recursos de apelación interpuestos por el Ayuntamiento de Valencia y la empresa pública Aumsa contra una sentencia de 2007 que mantenía paralizados varios derribos en el barrio del Cabanyal-Canyamelar de Valencia. La sala desestima de este modo íntegramente los recursos formulados por Salvem el Cabanyal y Pavimar contra las licencias de derribo de los inmuebles.
Los recursos presentados por los colectivos Salvem el Cabanyal y Pavimar se referían a 12 licencias de derribo concedidas entre 2005 y 2006. De ellas, siete se encuentran en el ámbito de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) y el resto dentro del conjunto histórico. La sentencia, hecha pública este martes, considera que "no existe ningún obstáculo en relación con las licencias de derribo, derivado del proceso sustanciado" contra el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del Cabanyal.
En este sentido, Salvem el Cabanyal explicó, en declaraciones a Europa Press, que su respuesta ante el fallo del TSJCV "seguirá siendo la misma que antes", es decir, que el plan urbanístico del Ayuntamiento es "una barbaridad urbanística" y, al respecto, aseguró que la posición del colectivo será "seguir ayudando y orientando a todos aquellos propietarios que quieran conservar su patrimonio" en este barrio marítimo de Valencia.
Asimismo, desde el colectivo manifestaron que el consistorio valenciano "sólo podrá derribar aquellas casas que ha comprado" y apuntó que, hasta ahora, los inmuebles adquiridos por el Ayuntamiento oscilan entre un 12 y un 15 por ciento, después de 11 años". Por tanto, indicó que tendrán que recurrir a la expropiación.
Sin embargo, recordaron que la primera expropiación se inició en junio de 2007, al mes siguiente los propietarios presentaron alegaciones y, desde entonces, el Ayuntamiento de Valencia no ha contestado, por lo que el colectivo señaló que "suponiendo que se mantenga este ritmo quizá se pueda evitar" el Pepri, pero "todo depende de si el PP sigue gobernando 12 años más", ya que es "el único partido que defiende este proyecto".
Además, Salvem el Cabanyal consideró que "ahora que se pone fin al pelotazo del ladrillo y que hay otras alternativas urbanísticas como la rehabilitación", el Ayuntamiento "podría ponerse a rehabilitar, y no dedicar los fondos a las expropiaciones", que, a su juicio, es un "sinsentido". En esta línea, subrayó que, a pesar de "los fracasos jurídicos y la cosecha de derrotas", la plataforma "está dispuesta a dar batalla".
* Diari Crítico CV /Panorama Actual - 19.05.09
Foto: Valencia, el Cabanyal - levante-emv.com
“Los parlamentarios europeos apoyan a las víctimas del mercado inmobiliario español”
BBCNEWS* : "Se averiguó que en algunas regiones españolas, las autoridades de urbanismo han estado rediseñando terrenos privados para uso urbanístico y sellando solicitudes de planificación presentadas por promotores". “El Parlamento europeo ha pedido a España que reforme las leyes de urbanismo que han permitido a las promotoras inmobiliarias adquirir terrenos privados por debajo de su precio de mercado y ha obligado a los propietarios a dejar sus casas, con algunos de ellos incluso viendo sus casas derribadas. Pero el conflicto pone de manifiesto el alcance del poder de los parlamentarios europeos, informa Stephen Chittenden”.
“Asediado por las quejas, el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo llevó a cabo una investigación sobre las supuestas prácticas sospechosas. En esta investigación se averiguó que en algunas regiones españolas, las autoridades de urbanismo han estado rediseñando terrenos privados para uso urbanístico y sellando solicitudes de planificación presentadas por promotores. Los promotores podían posteriormente exigir a los propietarios que vendieran sus casas por debajo de su precio de mercado. Si se negaban a vender, se arriesgaban a que derribaran sus casas.
El informe del comité apelaba a España a proteger los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea. Pero mientras los eurodiputados pueden utilizar sus poderes de persuasión, no pueden obligar a un gobierno a actuar. La autora del informe, Magrote Auken, eurodiputada del partido ecologista danés, afirma que su único poder real es el de vetar los fondos que España recibe de la Unión Europea. ‘El poder real es el dinero’, dice. ‘Por supuesto también esperamos que más presión por parte de la prensa dañe la reputación española, y así ponga de relieve los casos de las personas’. ‘Pero no tenemos poder formal aparte del dinero’. Y así, en marzo de este año, el Parlamento Europeo votó de manera abrumadora a favor del informe, y amenazó con congelar cientos de millones de euros en fondos si España no actuaba”.
* BBC News - N24h.com - 19.05.09
