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LAPROVINCIA/Gran Canaria* : La desclasificación de parte del sumario correspondiente a la operación Góndola, una presunta trama de corrupción en torno al Ayuntamiento de Mogán, no significa que la investigación haya finalizado. De hecho, en la actualidad se mantienen abiertos varios frentes considerados de vital importancia para poder probar la presunta comisión de un delito de cohecho en lo que respecta a los principales imputados, fundamentalmente el alcalde Francisco González.
De esta forma, la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de Canarias indaga en los posibles intereses de González en diversos convenios urbanísticos relacionados con elPlan General de Ordenación Urbana, en los que presuntamente podría haberse aprovechado de su condición de alcalde para sacar algún tipo de beneficio. En este sentido, los agentes adscritos a la investigación destacan en un informe una conversación telefónica entre el alcalde de Mogán y una persona llamada Fernando, en la que dialogan acerca de lo que parece una inversión inmobiliaria del alcalde: "Lo importante es que puedas sacar dos viviendas por piso", le dice el interlocutor a González, "porque en Arguineguín no se venden viviendas grandes y además te van a sacar ahora el lote siete de Arguineguín". En un informe policial referente a esta conversación, la Brigada de Información asegura que "la conversación está centrada en el posible negocio, su rendimiento y la posible competencia de otras viviendas que supuestamente el alcalde está construyendo".
La policía llama también la atención de una conversación telefónica entre el alcalde y Marcelino Martín, el hombre fuerte del urbanismo en el municipio de Mogán y con el que se seguía contando a la hora de tomar decisiones a pesar de que ya se había jubilado. En esta conversación, González y Martín hablan de una promoción inmobiliaria de una sociedad denominada Inversiones Salobre S.L., que busca un cambio de edificabilidad para el PlanGeneral. Cuando Martín le comenta al alcalde que han solicitado un aumento de edificabilidad, González le dice que le dé "el máximo", puesto que "van a hacer dúplex adosados". Francisco González también aclara a Martín que "esto es de un diputado del Partido Popular que me está llamando a ver", y que puede estar "sujeto a convenio".
Según la Policía Nacional, la figura del convenio urbanístico está siendo utilizada "bajo sospecha de posibles irregularidades" por el Ayuntamiento de Mogán.
* La Provincia - PEDRO GUERRA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 30 de marzo de 2008
Foto: Mogán (Gran Canaria), puerto - wikipedia.org
La policía investiga intereses particulares del alcalde de Mogán en el Plan General
Se oponen a la construcción de 2.600 viviendas y un campo de golf en Dolores
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EFE/Alicante* : La asociación Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) ha expresado hoy su rechazo a la construcción de una urbanización de 2.600 viviendas y un campo de golf en Dolores (Alicante) por el impacto "negativo" que puede generar sobre el parque natural de El Hondo y el humedal "Els Carrissars" de Elche.
En un comunicado, el portavoz de la asociación, Miguel Ángel Pavón, ha criticado la aprobación del citado proyecto por parte de la Comisión Territorial de Urbanismo dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Pavón ha subrayado que la citada Comisión ha clasificado como suelo urbanizable "más de 1,6 millones de metros cuadrados de huerta tradicional con un elevado riesgo de inundación".
Asimismo, ha afirmado que estos terrenos están "muy alejados" del casco urbano del municipio por lo que se favorece un crecimiento urbanístico "disperso".
Estos terrenos deberían de haber formado parte de la zona periférica de protección de El Hondo, que se ampliaron en 2003 en la zona húmeda de Els Carrissars de Elche.
Por todo ello, el portavoz del colectivo ha considerado que la Generalitat "ha vuelto a primar los planes urbanísticos especulativos sobre la protección del entorno de los humedales".
Además, Pavón ha subrayado que el parque natural de El Hondo "sufrirá la presión urbanística" con la ejecución de este proyecto, así como el "deterioro paisajístico", una "mayor presión humana" y la "pérdida de hábitat de la avifauna".
* Información - EFE - 30 de marzo de 2008
Foto: Dolores (Alicante) - wikipedia.org
Unas 12.000 personas piden en Girona la suspensión de la línea de muy alta tensión
ELPERIÓDICO* : Unas 12.000 personas, según la organización, han participado esta mañana en Girona en una manifestación contra la construcción de la línea eléctrica de muy alta tensión que debe conectar España con Francia. Organizada por la Plataforma No a la MAT y la Asociación de Municipios (AMMAT), los participantes exigen, nuevamente, la suspensión de una infraestructura que, a su juicio, "no está justificada".
La manifestación, encabezada por una decena de tractores, ha contado con el apoyo de multitud de entidades y asociaciones, de sindicatos como USTEC, Unió de Pagesos o JARC, así como de los ayuntamientos afectados por el trazado, entre otros.
Tomar nota
Los convocantes pretenden así que el mediador europeo por la interconexión eléctrica, Mario Monti, que visitará Girona el próximo martes, tome nota de la protesta y de sus razones para suspender esta línea.
El pasado 1 de marzo, entre 13.000 y 15.000 personas se congregaron en Perpinyà (Francia) para mostrar su rechazo al proyecto de línea de alta tensión.
En su cumbre del pasado 10 de enero en París, los Gobiernos de Francia y España se comprometieron a cerrar, antes del 30 de junio de este año el trazado y los plazos del proyecto.
* El Periódico - EFE - 30/3/2008
Foto: Varios manifestantes recorren las calles de Girona/ EFE
'Malaya', un entramado de dos años
SUR/Marbella* : Para algunos han sido dos años eternos. Años de grilletes, de registros, de flashes de fotógrafos, de idas y venidas a los juzgados, de hastío y soledad entre los barrotes de una celda. Pero el tiempo pasa y la vida sigue. De los más de cien detenidos ya no queda nadie en prisión. Porque Juan Antonio Roca, considerado factótum del Ayuntamiento de Marbella y presunto cerebro de la trama 'malaya', parece tener los días contados entre rejas.
La decisión del juez Óscar Pérez de otorgarle el beneficio de la duda al fijarle una fianza de un millón de euros ha supuesto el punto y final al castigo de la prisión provisional que el juez Torres infligió a algunos de los 'malayos'. Sólo queda en prisión un enflaquecido Julián Muñoz, que continúa encarcelado por otras condenas, mientras que el huido Carlos Fernández no parece tener intenciones de rendir cuentas con la Justicia.
Para muchos, el 'caso Malaya' atraviesa un bache. Con todos los procesados disfrutando de la libertad y desdiciéndose ante el juez, cientos de millones de euros en propiedades y en cuentas bancarias bloqueados pero no devueltos a las víctimas del saqueo y tres fugitivos en paradero desconocido, algunos se preguntan si el caso se ha desinflado en su tramo final, caracterizado por la rebaja de las fianzas y las puestas en libertad.
No obstante, los últimos acontecimientos también se pueden encuadrar en el devenir lógico de una instrucción. A Roca, el último de los 'malayos', se le cumplieron ayer los dos años de prisión preventiva, que pueden ser prorrogados por circunstancias excepcionales. El juez Óscar Pérez no lo entendió así, pese a reconocer el elevado riesgo de fuga y a la negativa del fiscal a conceder una fianza al ex asesor de Urbanismo.
Piezas separadas
A la recta final de la instrucción han llegado 83 procesados de los más de cien detenidos con que se saldó con la 'operación Malaya'. En el auto de procesamiento, el juez Miguel Ángel Torres levantó la imputación a seis personas e hizo piezas separadas para el resto. Julián Muñoz y compañía forman uno de esos grupos que han sido desgajados del tronco del 'caso Malaya', que hunde sus raíces en un periodo de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella que, lentamente, empieza a superarse.
Los procesados han ido pasando durante las últimas semanas por los juzgados para prestar declaración indagatoria ante el juez Pérez. En la mayoría de los casos, han rectificado las cuasi confesiones que hicieron a su antecesor, el magistrado Miguel Ángel Torres, cuando el sumario estaba secreto, nadie sabía hasta donde habían podido llegar los investigadores y la cárcel de Alhaurín de la Torre era un horizonte cercano. El 'Donde dije digo, digo Diego' explica bien a las claras lo profundas que eran las ramificaciones de la red de podredumbre moral tejida al abrigo del Ayuntamiento de Marbella.
En su segundo aniversario, la alargada sombra del 'caso Malaya' se ha extendido a todas las instituciones. Aparte de Roca, del anterior Ayuntamiento están procesados 19 ex concejales, entre ellos Marisol Yagüe, que pasó de alcaldesa a presidiaria, y la ex teniente de alcalde Isabel García Marcos, acusada de haberse mudado al lado oscuro tras haber sido, durante años, azote del gilismo en Marbella. Ambas compartieron módulo durante meses en la prisión de Alhaurín de la Torre. También fueron detenidos ocho funcionarios, incluidos el ex secretario municipal y el anterior jefe de la Policía Local de Marbella.
El embrollo 'malayo', como lo denominaron los investigadores, también pasó factura a un retirado Pedro Román, apartado de la vida municipal pero no del mundo empresarial generado en torno a ésta, que fue detenido en mayo de 2007 en el aeropuerto de Málaga cuando regresaba con su hija en un vuelo procedente de la ciudad suiza de Zúrich.
La primera fase, la de los concejales, supuso abrir la caja de los truenos y destapar el escándalo. El encarcelamiento de la alcaldesa y de varios concejales desembocó en la disolución del Consistorio marbellí y, por extensión, la formación de una gestora para afrontar la crisis y allanar el camino en la transición hacia las urnas. Ahora, la ciudad no pasa por su mejor momento -15 años de latrocinio no pueden salir gratis-, pero seguramente los vecinos pueden tener la sensación de que han dejado de tomarles el pelo.
Pero si 'Malaya I' fue sonora, la segunda tanda no fue menos escandalosa. El hallazgo de la 'caja B' de Roca colocó en el punto de mira a los acusados de untar a los políticos para saltarse la legalidad vigente en beneficio propio.En total, hay 29 destacados empresarios de la construcción procesados, entre ellos algunos tan conocidos como Rafael Gómez, alias 'Sandokán', José Ávila Rojas, Tomás Olivo, Carlos Sánchez o parte de la cúpula de Aifos.
Hasta el mundo del folclore y la farándula tuvieron su momento estelar. Las detenciones de Julián Muñoz y Maite Zaldívar, esta última por presuntamente recibir dinero del ex alcalde a través de cuentas en paraísos fiscales -después de haberse separado- no vino más que a echar sal donde ya había pimienta de sobra.
Durante meses se estuvo especulando sobre quién sería la siguiente. Todos los focos se centraban sobre una Isabel Pantoja acosada por la prensa, hasta el punto de que fotógrafos y cámaras hicieron guardia durante semanas en la puerta de su chalé 'Mi Gitana', en la urbanización 'La Pera' de Marbella, esperando la llegada de los agentes.
Fue al anochecer del 2 de mayo. Las cámaras captaron su imagen en el asiento de atrás de un coche camuflado de la policía. Semblante serio y gafas de sol para ocultar los ojos irritados por el disgusto. Tras ser interrogada sobre sus cuentas por el incisivo juez Torres, consiguió eludir la prisión al pagar una fianza de 90.000 euros.
Parejas mediáticas
Pantoja fue la más mediática de las parejas que se vieron arrastradas por sus compañeros al pozo del 'caso Malaya'. Pero hubo alguna más. La mujer de Roca, María Rosa Jimeno, y su hija tuvieron que comparecer ante el juez para dar explicaciones sobre su envidiable suerte en los juegos de azar, por las veces que les había tocado la lotería.
La trama de corrupción acabó salpicando a todas las instituciones. Varios policías locales, un importante número de abogados -muchos de ellos encarcelados durante meses-, un secretario judicial y hasta un juez, Francisco Javier de Urquía, al que se acusa de supuestamente recibir dinero de Roca.
Por contradictorio que parezca, la imputación de Urquía fue un momento crítico para la instrucción, ya que se rompió el principio de igualdad que habían pregonado el juez Torres, el fiscal y la propia policía para justificar que todo el mundo entrara en el juzgado con los grilletes puestos.
El segundo revés al caso se produjo con la renuncia de los dos inspectores que habían dirigido la investigación, que pidieron el relevo por falta de apoyo, entre otros aspectos, ante la metodología de trabajo que se había instaurado durante las pesquisas.
El nudo de la función llega a su fin. El juez Pérez aseguró en el auto de fianza para Roca que a la instrucción le quedan unos meses. Luego llegará el macrojuicio, que se celebrará aproximadamente en un año en la Ciudad de la Justicia. Ese será el desenlace. Pero todo hace presagiar que, sobre 'malaya', han corrido, corren y correrán auténticos ríos de tinta...
* Sur - HÉCTOR BARBOTTA / JUAN CANO - 30 marzo 2008
Foto: Marbella, imputados Muñoz, Roca, Yagüe y Reñones - 20minutos.es
El Gobierno vasco expropiará las viviendas protegidas que lleven más de tres meses vacías
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ELCORREO* : El Gobierno vasco ha dado un paso más en su lucha por que las Viviendas de Protección Oficial (VPO) cumplan la función para la que fueron concebidas y evitar así posibles fraudes de sus inquilinos. El último decreto publicado por el Ejecutivo en materia de vivienda protegida -para dar desarrollo normativo a la Ley vasca del Suelo- dedica uno de sus apartados a garantizar que estos pisos sean la vivienda habitual de sus propietarios.
Si el Departamento de Vivienda detecta que no es así, podría expropiar la vivienda y considerará que los propietarios no hacen uso permanente del piso si éste permanece deshabitado durante más de tres meses. Se estrecha el margen, ya que la anterior normativa sobre expropiación determinaba que el plazo que podía permanecer sin uso una casa, sin causa justificada, era de un año. Según establece el nuevo decreto de Lakua, las VPO deberán ser destinadas a «domicilio habitual y permanente», es decir, para satisfacer «de manera directa e inmediata las necesidades de vivienda de sus ocupantes».
Del mismo modo, advierte de que «se presumirá que una determinada vivienda ha dejado de ser domicilio habitual cuando permanezca desocupada durante más de tres meses de manera continuada, salvo causa justificada que permita acreditar que dicha vivienda sigue constituyendo tal domicilio habitual y permanente»
Inspección del fraude
Esta exigencia también será aplicable a los nuevos inquilinos en el caso de que el piso se traspase. El contrato de compraventa deberá incluir de manera obligatoria una cláusula que comprometa a los nuevos propietarios a cumplir esta norma. En el último año, la consejería de Javier Madrazo ha volcado gran parte de sus esfuerzos en el control del uso que los propietarios de VPO hacen de sus pisos. Así, a mediados de 2007 se puso en marcha el Servicio de Inspección para realizar revisiones periódicas del parque de vivienda protegida.
El último informe que el Departamento de Vivienda ha hecho público respecto a los resultados de esos controles advirtió de que el 9% de los pisos inspeccionados en promociones de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa presentaba «irregularidades constatadas». Cada tipo de fraude tiene su castigo -el más grave la expropiación- y el pasado año el Ejecutivo autónomo recurrió a esta sanción ocho veces. En Álava expropió cinco pisos, en Guipúzcoa dos y en Vizcaya, uno.
Además de recortar el plazo durante el que las viviendas pueden estar vacías, el decreto incluye la creación del Registro de Vivienda de Protección Pública, diseñado para recoger todos los datos de los pisos protegidos existentes en Euskadi. Este instrumento pretende actuar «como elemento fiscalizador básico del cumplimiento de la legalidad vigente en materia de acceso y uso del parque de vivienda protegida», detalla el documento.
* El Correo Digital - 30.03.08
Foto: Vitoria, viviendas en construcción - P.J.Phanse (El País)
Galicia: La evaluación ambiental pasará por analizar el impacto sobre el paisaje
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ELCORREOGALLEGO* : Todos los proyectos que se pongan en marcha en Galicia que deban someterse a una declaración de impacto ambiental (DIA) tendrán también que contar a partir de ahora con un estudio de impacto de integración paisajística. Así lo establece la futura ley de protección del paisaje de Galicia, que ayer recibió el visto bueno del Consello de la Xunta, aunque todavía tendrá que pasar la tramitación parlamentaria antes de su aprobación definitiva.
En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno gallego, el jefe del Ejecutivo autonómico, Emilio Pérez Touriño, explicó que el objetivo de esta ley es "reconocer jurídicamente el paisaje" y promover políticas para su gestión y su conservación, a través de un "valioso instrumento legal", que deberá servir de marco de referencia para todas las legislaciones.
De esta forma, Galicia se convierte en la tercera autonomía española, después de Cataluña y la Comunidad Valenciana, en proteger por ley su paisaje, en cumplimiento del convenio europeo sobre esta materia.
La nueva normativa también afectará a los planes generales de ordenación municipal (PXOM), ya que las directrices del paisaje que se elaborarán serán "vinculantes" para cualquier planificación sectorial y urbanística y se integrarán en la evaluación ambiental estratégica que tienen que pasar estos proyectos.
El objetivo es preservar las áreas de interés paisajístico, al evaluar los efectos que cualquier proyecto con impacto ambiental puede tener sobre el paisaje.
Para lograr todos sus fines, la futura ley contará con instrumentos legales, como los catálogos del paisaje, donde se delimitarán las grandes áreas paisajísticas, se hará inventario de sus valores y se identificarán las que necesiten medidas especiales de protección, así como zonas de especial interés paisajístico.
También habrá directrices del paisaje que determinarán cuál es la calidad adecuada para cada paisaje y las acciones específicas para alcanzarla. Incluirán indicadores de calidad, normas y recomendaciones para la definición de los planes urbanísticos y sectoriales.
Otro de los instrumentos para la protección del paisaje serán los planes de acción para mantener, mejorar, regenerar o recuperar áreas protegidas.
El CES advierte sobre el aumento de la presión fiscal
El anteproyecto de ley de protección del paisaje de Galicia se viene a sumar a "la constelación de normas vigentes que inciden directa o indirectamente sobre la materia paisajística". Así lo destaca el Consello Económico e Social de Galicia (CES) en el dictamen emitido sobre esta futura norma.
Para este órgano consultivo, que preside Pablo Egerique, en el anteproyecto de ley, aprobado ayer por el Consello de la Xunta, se echa en falta que no aparezca estudiada "la influencia que van a ejercer unas normas sobre otras en su aplicación concreta". Además, incide en que la irrupción de la nueva legislación "aumenta la fragmentación normativa e introduce inseguridad jurídica y costes innecesarios en la gestión, incrementando indirectamente la presión fiscal sobre los ciudadanos".
Otra de las consideraciones generales realizadas desde el Consello Económico e Social en torno al análisis de este proyecto legislativo es que la ley debería contemplar algún "mecanismo coercitivo, que introduzca elementos específicos de protección del paisaje dentro de la normativa sobre disciplina ambiental existente". En cualquier caso, el CES evalúa "positivamente los fines y objetivos que persigue" el borrador de la futura ley.
Visión positiva
Por su parte, el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, a preguntas de los periodistas, destacó ayer que el Consello Económico e Social hizo una "consideración en general positiva" del proyecto y restó importancia a que el órgano reclamase más medidas coercitivas para proteger el paisaje. En este sentido, Touriño explicó que la futura ley "no es coercitiva, pero sí de obligatorio cumplimiento".
Además, recordó que "quien toma las decisiones políticas" es el Parlamento autonómico y la Xunta de Galicia y no el CES, tras lo cual calificó como "salto histórico" la puesta en marcha de una ley que crea instrumentos para proteger, reconocer y amparar el paisaje .
LOS DATOS
Observatorio
La Consellería de Medio Ambiente promoverá que las áreas de Especial Interese Paisaxístico se incorporen a la Rede de Espacios Protexidos de Galicia, y se creará un Observatorio Galego da Paisaxe, como órgano de apoyo y asesoramiento a la Xunta y de coordinación con administraciones o sectores de la sociedad.
Convenio Europeo
La nueva norma tiene sus principios inspiradores en el Convenio Europeo da Paisaxe, aprobado en Florencia en 2000 a propuesta del Consejo de Europa. Esta carta entiende el paisaje como un "elemento esencial para el bienestar individual y social, cuya protección, gestión y planeamiento comporta derechos y obligaciones para todos".
Aportaciones de otros organismos
El Consello Galego de Medio Ambiente, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y la Comisión Galega de Cooperación Local realizaron aportaciones al texto.
* El Correo Gallego - SANTIAGO - 28.03.2008
Foto: Una aldea rodeada por las montañas de O Courel en la provincia lucense/ elcorreogallego.es
Salvem el Cabanyal. Punto y seguido
FERNANDO FLORES GIMÉNEZ* : Qué debe hacer Salvem el Cabanyal tras la sentencia del Tribunal Supremo que de entrada permite a la alcaldesa de Valencia ejecutar su plan de prolongar la Avenida de Blasco Ibáñez sobre lo mejor del barrio? Algunas personas ciertamente relevantes (Alfonso Grau, F.P. Puche) se han apresurado a dictar al unísono -esto no es una sorpresa-, su veredicto.
A la vista de la gravedad de sus pecados, Salvem pedirá perdón por los daños causados y desaparecerá sin más, quedando tan sólo en el recuerdo como el minúsculo colectivo de la izquierda radical apoyado por los socialistas (esto dato es muy importante, víctimas sorpresivas del bipartidismo), que retrasó la regeneración del Cabanyal y, más aún, provocó su profundo deterioro, y todo por puros intereses económicos particulares. Resulta curioso observar el valor que pueden llegar a tener algunas personas.
Probablemente sea ocioso recordar a quienes piensan que el Cabanyal son esas casas con gitanos que hay junto a la dársena de la Copa América lo que ha pasado y pasa en el barrio; quizás no valga la pena señalarles la contradicción que supone atribuir la degradación de un barrio a cuatro gatos insumisos frente a un gobierno municipal con repetidas mayorías absolutas. Aunque todo esto no se sostiene, se repite, y es así como lo absurdo se abre paso desplazando al sentido común. Como en tantas otras cosas.
Salvem el Cabanyal es un grupo de ciudadanos, unos afectados directamente por la prolongación de Blasco Ibáñez y otros no, que está honestamente convencido de que ese plan municipal, además de no perseguir interés general alguno, es un atentado contra el patrimonio histórico y contra el derecho de las personas a vivir en un entorno especial, si se quiere distinto, pero protegido por la ley. Por eso no se siente identificado cuando se le acusa de perseguir intereses económicos, o cuando se le hace responsable de la suciedad del barrio, de la ausencia de servicios sociales, del deterioro de las casas. Quien afirma eso no tiene ni idea, o tiene mala fe; o ambas cosas.
Por todo eso, tras la sentencia del Supremo, Salvem va a seguir trabajando para lo que fue creada, para ser la voz de algunos ciudadanos que, en realidad, no son tan pocos. Eso significa, en primer lugar, seguir ofreciendo buena información a los vecinos que estén interesados en recibirla, y contrastar los criterios de todos para saber cómo actuar. Así ha funcionado y seguirá haciéndolo.
En segundo lugar, y por coherencia con lo primero, significa leer la sentencia del Supremo (se está escribiendo, el Tribunal sólo adelantó el fallo), valorar su alcance, decidir qué hacer y explicar todo ello a los afectados que quieran escuchar. Entre los detractores de la plataforma ciudadana, hay quien se ha mostrado sorprendido porque Salvem el Cabanyal se haya apresurado a acatar la sentencia, ya que a su entender, haciéndolo, ha cortado de raíz cualquier intento de insumisión por parte de otros colectivos e instituciones. Sorprende la sorpresa. Dejando a un lado el hecho de que Salvem siempre ha actuado con arreglo a la ley, se ignora en la Plataforma qué colectivos e instituciones están actualmente en disposición de acometer actos de desobediencia civil, a salvo, claro está, algunos gobiernos autonómicos del Partido Popular respecto de la obligatoria Educación para la Ciudadanía.
En tercer lugar, y muy importante en este momento, Salvem el Cabanyal seguirá apoyando a los requeridos de expropiación urgente por el Ayuntamiento con propuestas económicas ridículas por sus casas. Este fue el primer mensaje que se quiso dar a los vecinos tras conocer el fallo. No debiera olvidarse -e increíblemente este gobierno municipal de misa dominical lo hace- que muchos de los que han recibido (y van a recibir) la carta de expropiación de la alcaldesa son personas mayores con pocos recursos.
Por último, quizá valga la pena recordar que la Plataforma tiene en contencioso ante la Unión Europea a la empresa Cabanyal 2010, responsable de la ejecución del Plan, por constitución ilegal. Quizá convenga que alguien siga denunciando, aunque al parecer a pocos cause escándalo, que esa empresa alquila en el barrio casas sin agua y sin luz a personas desahuciadas. Quizá no esté de más que alguien siga alertando a la fiscalía de menores sobre el desamparo y las condiciones de insalubridad que sufren algunos niños en el Cabanyal. Quedan cosas por hacer.
No se le oculta a Salvem el Cabanyal que la sentencia del Tribunal Supremo compromete aún más la integridad del Bien de Interés Cultural teóricamente protegido, que somete a más presión a los vecinos, que da un respiro a la alcaldesa (por cierto, la misma alcaldesa que contra el interés del barrio recurrió -y perdió- la decisión del Supremo de adelantar el fallo, ese adelanto que hoy la hace tan feliz). Pero tampoco se le escapa a los vecinos que la vía judicial no bendice el proyecto del Ayuntamiento sino que, como mucho, admite que ese proyecto queda libre en manos del gobierno municipal, convirtiéndolo así en un acto de exclusiva responsabilidad política. Acto político que, en democracia, puede ser discutido y contestado: que sea legal no significa que sea bueno.
Como es notorio, a día de hoy el Cabanyal sigue en pie. Frente a esta impertinente realidad el gobierno municipal aprieta el acelerador propagandista, espera que los vecinos se echen a un lado y concluye orgulloso que «en diez años podremos culminar el proyecto». Quizá esto acabe siendo así, pero quizá no. A estas alturas nadie duda de que a algunos les gustaría que todos fuéramos asiduos creyentes de Canal Nou. Pero el mundo es redondo. Y se mueve.
* Miembro de Salvem el Cabanyal.
* Levante-EMV - Opinión - 29 de marzo de 2008
