ELPAÍS/Castellón* : La Generalitat Valenciana, a través de la sociedad pública Ciegsa, adjudicó sin concurso público la segunda fase de construcción de un centro de tecnificación deportiva por 8,2 millones de euros. El volumen de la adjudicación no sólo exigía que se convocara un concurso público al que pudieran acceder todas las empresas interesadas, sino que, además, exigía su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, donde tampoco se anunció el proyecto, tal como manda la ley.
La sociedad pública se limitó a pedir a tres empresas que aportaran presupuestos para, finalmente, adjudicar la II fase del centro de tecnificación deportiva de Vila-real a la UTE formada por Lubasa y Ocide. Esta UTE ya se había hecho, meses antes, con la construcción de la primera fase del centro que, por el contrario, sí fue adjudicada por concurso, por un importe de 11,4 millones de euros. La fórmula seguida para la II fase, la del procedimiento negociado sin publicidad, está permitida en los casos en los que las obras o servicios no exceden del millón de euros, cantidad que esta adjudicación sobrepasa con creces. Ocide ha salido en los últimos días a la palestra ya que fue adjudicataria, junto a José Luis Ulibarri, uno de los imputados en la presunta trama de corrupción que investiga el juez Garzón, del Hospital de Llíria.
La desmesura de la adjudicación irregular, dado el importe de la obra, llevó al Síndic de Comptes a incluir el contrato en su informe sobre las cuentas de 2008, en el que tan sólo se recoge una muestra de los contratos y formas de adjudicación, a partir de los datos facilitados por la propia Ciegsa, en el que la "importancia cuantitativa" y la "forma de adjudicación" son los criterios de selección.La adjudicación por procedimiento negociado y sin publicidad del centro de tecnificación deportiva de Vila-real no se limitó a la segunda fase de construcción. Ciegsa contrató también, de esta manera, la asistencia técnica del proyecto, es decir, la redacción de los proyectos básico y de ejecución de las obras de instalaciones, por un importe total de 605.000 euros. Esta adjudicación mereció también la atención del Síndic de Comptes que, en su informe de 2008 sobre las cuentas de la sociedad pública, revisó también el contrato de asistencia.
El informe de la sindicatura incide en las advertencias realizadas en años anteriores y que, sin embargo, continúan siendo desoídas por la administración autonómica. Así, expone cómo, pese a que la Ley de contratos así lo exige, la empresa pública Ciegsa no justifica, "debidamente", el porqué recurre a técnicos no funcionarios para la realización de este tipo de trabajos. El informe sostiene que, en los expedientes revisados, no se justifican "la insuficiencia, la falta de adecuación o la conveniencia de no ampliación de los medios personales y materiales con que cuenta la administración para cubrir las necesidades que trata de satisfacer a través del contrato".
Pero no es ésta la única cuestión que no justifica la sociedad pública sino que, además, el informe incide que, en el caso de los contratos por procedimiento negociado sin publicidad, como el caso de la asistencia técnica del centro de tecnificación deportiva de Vila-real, la previsión hubiera podido evitar este tipo de fórmulas. "Cabe señalar que no se considera justificada la utilización de dicho procedimiento porque el motivo alegado por la Consejería hubiera podido evitarse de realizarse a tiempo las debidas previsiones".
El proyecto de la segunda fase del centro deportivo de Vila-real consiste en la construcción de una residencia para 48 estudiantes de alto rendimiento y 12 monitores. Además, incluye una piscina climatizada de ocho calles. Estas instalaciones han de complementar el pabellón polideportivo cubierto que formaba parte de la primera fase del proyecto que se levanta sobre un suelo recalificado y cedido por el Ayuntamiento de Vil-real a favor de la Generalitat.
La adjudicación del centro de tecnificación es uno de los múltiples reparos que el informe de la Sindicatura de Comptes recoge sobre los contratos de Ciegsa, sociedad presidida por el Consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, que, por lo tanto, es el máximo responsable de la gestión de esta sociedad. La gestión de esta empresa pública no ha sido únicamente fiscalizada por la sindicatura, en lo referente no sólo a las adjudicaciones sino también a los precios que alcanzan las obras y a la selección de persona. La sindicatura, en su último informe, también destaca un problema contable detectado en Ciegsa, la sociedad constituida para construir colegios e institutos y otros centros públicos.
Por su parte, el PSPV, en múltiples ocasiones, ha denunciado en las Cortes la gestión ineficiente, los sobrecostes en las construcciones y la opacidad en la información.
* ELPAIS.com - MARÍA FABRA - Valencia - 01/03/2009
Foto: Obras del centro de tecnificación deportiva de Vila-real- ÀNGEL SÁNCHEZ, elpais.com
El Consell adjudicó sin concurso una obra de 8 millones en Vila-real
El principal empresario imputado por el juez Garzón construye 2.000 viviendas fuera de la ley
PÚBLICO/León* : El Ayuntamiento de Ponferrada, que gobierna el PP con mayoría absoluta, concedió en 2002 de forma irregular parcelas para construir 2.000 viviendas al empresario José Luis Ulibarri, imputado por el caso Gürtel, la presunta trama de corrupción que dirigía Francisco Correa y que operaba en feudos del PP. La concesión ha sido anulada por dos sentencias firmes por falta de publicidad y concurrencia, así como por recalificación improcedente del suelo, pero nunca se han ejecutado.
La empresa de Ulibarri amasó en el proceso opaco de principio a fin 185.000 metros cuadrados edificables, por los que pagó un precio hasta cinco veces por debajo de los que establecía el mercado en aquel momento.
Ponferrada es la base desde la que se expandió el Grupo Begar, el conglomerado que dirige Ulibarri con intereses en la construcción, servicios de limpieza y medios de comunicación. La empresa opera en toda España, pero sobre todo en Castilla y León, Madrid y Valencia y su facturación alcanzó los 614 millones de euros en 2006.
El Ayuntamiento de Ponferrada ha declinado responder a las preguntas de Público. Por su parte, un portavoz de Ulibarri dijo que su grupo empresarial no haría ningún comentario a la prensa hasta que el empresario declare ante el juez Baltasar Garzón, cita prevista en principio para el día 4.
Las casi 2.000 parcelas concedidas directa o indirectamente a Ulibarri de forma irregular en Ponferrada forman parte del proyecto La Rosaleda, en pleno centro de la ciudad. La iniciativa se gestó con el alcalde Ismael Álvarez Rodríguez, que en junio de 2002 se vio obligado a renunciar tras ser condenado por acoso sexual a la concejal Nevenka Fernández. Pero lo heredó su sucesor, Carlos López Riesco, que culminó las adjudicaciones en septiembre de 2002.
El proyecto está trufado de irregularidades desde sus orígenes y así lo han certificado los tribunales. Para diseñarlo, se modificó el Plan General de Ordenación Urbana, pero los cambios fueron anulados de forma firme, por ilegales, por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en 2007. Ya en 2005 había fallado en contra, pero la urbanización siguió construyéndose a todo tren, sin que la sentencia tuviera efectos prácticos.
La reforma del plan general recibió el visto bueno de la Junta de Castilla y León, que el PP también controla con mayoría absoluta, el 26 de julio de 2001. La sentencia del TSJ certifica que se aumentó la densidad para viviendas de forma desproporcionada de 30 a 70 por hectárea, se multiplicó por cuatro el terreno destinado a vivienda y además se suprimió el 10% previsto para equipamientos generales.
La segunda gran irregularidad puesta de manifiesto por otra sentencia distinta fue el pliego de condiciones de reparto de las parcelas establecido por la Sociedad Municipal Ponferrada Gestión Urbanística (Pongesur), una empresa municipal creada en 2000. Las concesiones han sido también anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad en otra sentencia firme del 11 de abril de 2008.
Falta de publicidad
El tribunal considera que no se respetó el principio de publicidad y de concurrencia. "Se anulan [las concesiones] por disconformidad con el ordenamiento jurídico", señala en el auto de 2008, que ratifica otro de 2007. Pero el Ayuntamiento no se ha dado por enterado.
Las polémicas concesiones tuvieron como máximo beneficiario a Ulibarri, aunque en distintos tiempos: en el primer acuerdo, de febrero de 2002, sus empresas aparecen camufladas en un mar de concesiones: se le asignaron 539 parcelas sobre un total de casi 5.000. Pero en otra acta de Pongesur, en septiembre del mismo año, Ulibarri acumula ya directamente 1.604 parcelas y la cifra se eleva hasta 2.016 si se incluyen las adjudicadas a Leocasa, de la que Ulibarri tiene el 50%.
En este momento septiembre de 2002 ya no son 5.000 las parecelas adjudicadas a manos privadas, sino sólo 3.700 porque Pongesur se ha quedado 1.269. Por tanto, Ulibarri amasa al final casi el 60% del total de adjudicaciones privadas.
En el reparto inicial cuando Ulibarri aparece simplemente como uno más se beneficia a empresas que ni siquiera tienen en su objeto social nada relacionado con la construcción, como Pizarras Franvisa o Fernández de la Mata, dedicada a las instalaciones eléctricas. En el acta de septiembre, ambas empresas, así como Cymotsa, desaparecen del listado y sus parcelas pasan a constar directamente ya para Ulibarri.
Para esta operación Ulibarri utilizó a la promotora UFC, la misma que empleó para ganar en 2006 la concesión de Boadilla Park 169 viviendas en el municipio madrileño epicentro del caso Gürtel, en el punto de mira de Baltasar Garzón. El juez investiga si en la operación de Boadilla Ulibarri pagó tres millones de comisión a la trama. UFC era una empresa instrumental: pese al volumen de sus operaciones, en 2006 todavía no tenía empleados dados de alta en la Seguridad Social.
La operación de La Rosaleda supuso un negocio redondo para Ulibarri, que pagó por las parcelas un precio muy por debajo del precio de mercado: desembolsó 12,1 millones de euros para 185.045 metros cuadrados. Apenas 65 euros el metro cuadrado cuando en aquel momento en la localidad y en la provincia la media superaba los 300.
Las condiciones se estipulan en un documento notarial firmado el 27 de septiembre de 2002, tres días después de que el consejo de Administración de Pongesur limpiara las concesiones inciales y otorgara ya a UFC parcelas para 1.604 viviendas. El documento tiene aspectos extraños a las contrataciones de la Administración pública al establecer el monto total a pagar en 28,8 millones de euros y luego desmenuzarlo en tres partes de muy distinta naturaleza.
La primera incluye 3,025 millones, que la parte vendedora "confiesa haber recibido de la parte compradora con anterioridad a este acto". No se especifica ni cómo ni dónde se produjo el pago. Tampoco el momento, cuando la aprobación formal de las adjudicaciones había sido apenas tres días antes.
La segunda parte es el único desembolso real de dinero a la que se comprometía Ulibarri en el momento de la firma: los 12,1 millones de euros que le sirvieron para lograr los 185.045 metros cuadrados edificables. La última parte corresponde a 13,26 millones de euros "en especies" a cuenta de futuras obras de urbanización en La Rosaleda. Sin presupuesto concreto. Ni controles. Ni plazos. Además, se hace constar que obras por valor de 2,99 millones ya se han realizado en el momento de la firma.
Una vez en posesión de los terrenos, las empresas de Ulibarri no sólo han hecho negocio vendiendo sus pisos, sino también con la construcción de edificios en parcelas que ellos mismos vendieron a terceros, como la Torre de la Rosaleda, que con 28 plantas y 100 metros de altura es el edificio más alto de la comunidad.
En junio de 2004, UFC había revendido casi la mitad de las parcelas conseguidas en condiciones tan ventajosas y se reservaba para sí el espacio para construir 800 pisos.
* Público - PERE RUSIÑOL - MADRID - 01/03/2009
Foto: Zona de Ponferrada donde el empresario edificó viviendas gracias a una concesión irregular del Ayuntamiento. ANTONIO SÁNCHEZ, publico.es
La Guardia Civil halla 160.000 euros debajo de un colchón del alcalde de Alcaucín
ELPAÍS/Málaga* : La Guardia Civil ha hallado en el domicilio del alcalde de Alcaucin, detenido el pasado viernes por una supuesta trama de corrupción urbanística, 160.000 euros ocultos debajo de un colchón. De los 13 detenidos por la 'Operación Arcos', 11 continúan arrestados, entre los que se encuentran dos hijas del alcalde y varios empresario.
La última de los detenidas que ha sido puesta en libertad con cargos ha sido la hija de un empresario supuestamente implicado en esta trama. Ésta es la segunda detenida que queda en libertad después de que ayer lo hiciera la secretaria de un responsable del servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga.
Los otros once arrestados el viernes continúan hoy detenidos a la espera de pasar a disposición judicial, lo que se prevé que ocurra mañana, cuando se agota el plazo que marca la ley, entre los que se encuentra el alcalde, José Manuel Martín (PSOE) y dos de sus hijas.
Entre los datos que han transcendido de la "operación Arcos" es que que la Guardia Civil ha encontrado en el domicilio de José Manuel Martín 160.000 euros en efectivo ocultos debajo de un colchón, informa Europa Press. El inmueble fue inspeccionado durante varias horas por los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) y del Seprona de la Guardia Civil. Cuando los agentes descubrieron el dinero, el alcalde manifestó que eran "los ahorros de toda una vida", según publica hoy el diario 'Sur'.
En total, los agentes se incautaron de más de 250.000 euros entre los 11 registros realizados en la operación. Aparte, de la suma hallada en la casa del regidor, los investigadores intervinieron más de 60.000 euros en Cartaya (Huelva), donde fue detenido un promotor por supuesta implicación en la trama.
La investigación ha permitido desarticular una importante trama organizada dedicada a la promoción, construcción y posterior comercialización de urbanizaciones y de viviendas aisladas, principalmente a extranjeros, sobre suelo no urbanizable en la comarca malagueña de la Axarquía, según informaron desde el Ministerio del Interior.
* ELPAIS.com - AGENCIAS - Málaga - 01/03/2009
Foto: Alcaucín - absoluteaxarquia.com
Tenerife: Ya van más de 500 derribos
LAOPINIÓN* : De las 1.497 "ocupaciones inadecuadas" que la Demarcación de Costas de la provincia tinerfeña ha identificado en el dominio público marítimo-terrestre y de la servidumbre de tránsito, ya han sido demolidos 496 en los últimos años, aunque a esta cifra hay que sumar los recientes derribos de Cho Vito.
Los datos facilitados han variado muy poco desde que fueron recogidos en un informe que data de los años 2006 y 2007. Así, en Tenerife se localizaron 696 ocupaciones, de las que 261 han sido demolidas. En La Palma también se derribaron 200, de las 766 que había. En cuanto a las islas de La Gomera (34 ocupaciones) y El Hierro (1), ya no tienen asentamientos "inadecuados" en sus costas.
La Demarcación de Costas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife recuerda que, una vez deslindado el litoral, se está ejecutando un programa de recuperación del dominio público, ya que se ha visto sometido a una "degradación y privatización por una ordenación urbanística deficiente en unos casos y, en otros, por construcciones relacionadas con segundas residencias, sin ninguna tradición histórica y con un déficit de salubridad e higiene". De los núcleos que todavía siguen en pie en el dominio público marítimo-terrestre de la isla de Tenerife destacan los de Finca El Apio (La Laguna), Hotel Médano (en El Médano), en Las Galletas (Arona), en Los Cristianos (Arona), en Santa Lucía (Güímar), en El Caletón (La Matanza de Acentejo) y Roque Bermejo (Santa Cruz de Tenerife), entre otros muchos.
En cuanto a la isla de La Palma, están los asentamientos de Caleta del Palo (Villa de Mazo), Playa de Punta Larga (Fuencaliente) y La Bombilla (Tazacorte), entre muchos más.
Para poder recuperar la parte de costa ocupada es necesario tramitar los denominados expedientes de recuperación posesoria, que requieren de la identificación de los ocupantes y la contestación de alegaciones. Actualmente hay varios de estos expedientes abiertos, entre los que se encuentran los referentes a La Sarnosa (Arico), Bajo Cuesta Las Tablas (Candelaria), Puerto Trigo-El Confital (Granadilla de Abona), Diego Hernández (Adeje), Rojas, Cangrejillo y El Puertito (El Sauzal) y El Prix (Tacoronte).
Los expedientes que afectan a la isla de La Palma son los de Puerto Trigo-Martín Luis-Puerto Paja (Puntallana), Las Maretas (Aeropuerto), Caleta de Palo (Villa de Mazo), La Zamora, El Faro y Punta Larga (Fuencaliente), El Remo (Los Llanos de Aridane), La Bombilla (Tazacorte yLlanos de Aridane) y Los Guirres (en el municipio de Tazacorte).
Hay que recordar que el deslinde de dominio público marítimo-terrestre es la línea que sirve para separar la parte pública de la privada en las costas. Con la aprobación del deslinde se define también la zona de servidumbre de protección, que recae sobre la parte privada del litoral, midiendo de 20 a 100 metros, en función de si los terrenos estaban clasificados como urbanos o no a la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988.
En la provincia tinerfeña ya se ha deslindado el 92,11 por ciento del litoral.
Defender los criterios de la Ley de Costas choca en muchas ocasiones con los intereses particulares, como ocurrió en el caso de Cho Vito, en el municipio de Candelaria. También hay que destacar las concesiones que Costas otorga para "el emplazamiento de servicios públicos bajo el criterio de su especial interés" y cuya vigencia ha finalizado, como es el caso del Hotel El Médano, sobre el que ya se ha abierto un expediente de caducidad, ya que se prevé liberar de construcciones el espacio público.
* LA oPINIÓN DE TENERIFE - SOL RINCÓN BOROBIA - 1.03.09
Foto: Imagen de una pala derribando una casa de Cho Vito. Santiago Ferrero (Reuters)
En Granadilla no hay puerto sino tufo y chanchullo
SANTI PEÑA* : Ante el comienzo de las obras del puerto de Granadilla el viernes 13 de febrero la ciudadanía y las organizaciones políticas y sociales que están en contra de este proyecto han reaccionado de manera rotunda pero serena cosa que, sin lugar a dudas, ha debido dejar descolocados a los que, usurpando las instituciones, han tratado estos años de impulsar el proyecto a toda costa aunque esto supusiera vulnerar las leyes para dejar claro que el primer delincuente en Canarias son las mismas instituciones ya que ni son capaces de respetar la legislación que ellas mismas hacen.
No es de recibo que haya sido el propio Vicepresidente autonómico José Manuel Soria el que haya acusado al PSOE de detener indiscriminadamente a ciudadanos en Canarias relacionados con los casos Góndola y Faycán cuando lo que muchos vemos en estas actuaciones es que por lo menos la separación de poderes del estado ha estado funcionando aunque sea bajo mínimos y que ha habido investigaciones judiciales y policiales que han llevado a estas actuaciones. No es casualidad que Soria haya estado defendiendo de manera vehemente a estos presuntos delincuentes que parecía que cobraban comisiones para financiar al PP en Telde, aunque luego se arrepintiera y se quedaban el dinero para ellos mismos, o que eran favorecidos por el poder a la hora de saltarse la moratoria turística y construir instalaciones de super lujo hotelero en Gran Canaria. El PP es capaz de esto y de mucho más como se ha estado desvelando con la trama de Francisco Correa investigada por el Juez Garzón, hasta factura a su salud le ha pasado estos días, no sólo porque a Francisco Camps le guste vestir muy bien, los 30 mil euros en trajes pagados por El Bigotes son una metáfora del tren de vida en el que se han instalado, sino porque ahora lo que toca es acusar que esté funcionando la separación de poderes y el Estado de Derecho para tratar de apartar a estos miserables de la caja en la que se encuentra el dinero público que debería de ser sagrado y no las encíclicas de la Santa Sede que parece que son las que dictan las formas del PP. En fin, qué íbamos a pensar si no de un partido en el que no se fían entre ellos mismos y son capaces de espiarse con todas sus consecuencias.
Mientras contra este puerto están en marcha las vías penales, la Fiscalía de Medio Ambiente ha llamado a declarar a los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente para investigar la posible falsedad en documento público con la descatalogación de los sebadales de las costas de Granadilla, la Comisión Europea abre un expediente al Reino de España porque desde hace más de un año las instituciones canarias no han sido capaces de designar 174 Zonas de Especial Conservación como LIC, Lugares de Interés Comunitario, incluido el sebadal del Sur de Tenerife y desde las instituciones comunitarias se denuncia el urbanismo salvaje que se ha dado en España pero sobre todo en las islas, Paulino Rivero no sólo no ha destituido al Consejero Domingo Berriel, o éste ha dimitido por dignidad, sino que le ha dado una palmadita en el hombro. Es más, ha atacando a los opositores del puerto no sólo ninguneándolos y llamándolos minoría sino que demostrando que el Presidente, que debería ser de todos los canarios, no tiene ni puta idea de lo que es la democracia y qué significa ejercerla. Mientras ha pasado un año completo en el que la Consejería de Medio Ambiente no ha ejercido su función de designar como LIC 174 lugares de especial conservación de Canarias la obsesión de Berriel ha estado más dirigida, como si su puesto fuera el de Consejero de Fomento, principalmente hacia dos cosas. Por un lado tumbar la ILP de Ben Magec Ecologistas en Acción, respaldada con más de 40 mil firmas, para establecer una verdadera moratoria en el archipiélago con una Ley de Medidas Urgentes que no es más que una carta blanca a los constructores pues si se llega a aprobar hará susceptible de construir en cualquier lugar de nuestro archipiélago y por otro allanar el camino de la Autoridad Portuaria y a los especuladores con la rebaja en la catalogación de la especie Cymodocea nodosa que dificultada las obras del puerto de Granadilla llegando, como parece que ha sido, a la falsedad documental. Mientras estos 174 expedientes de lugares a proteger estaban dormidos en los archivos de esta consejería, uno que ya sabe cómo funciona esta gente se atreve a decir que los altos cargos ni se habían enterado de su existencia o les importaba un bledo, la pasmosa agilidad en resolver las centenares de alegaciones contra la descatalogación del sebadal, pasó poco más de una semana, no deja de ser sorprendente. Entre otras denuncias, por supuesto ahí están los trabajos jurídico de Ben Magec y Pedro Arcila de ATAN, la fiscalía ha admitido a trámite una contra el Consejero Berriel por supuesto tráfico de influencias y prevaricación contra su persona de la que sólo espero que la justicia actúe como debe hacerlo y si algún día se demuestra que esto ha habido delitos que pague con su patrimonio, su libertad y que sea alejado de cualquier cargo público para que se demuestre, de una vez por todas, que los delitos de corrupción no salen gratis en Canarias y que el que la hace debe pagarla.
En las islas la alta delincuencia de guante blanco ha salido siempre gratis: nadie ha ido a parar a la cárcel por la mala expropiación del Parlamento, por los fraudes multimillonarios del Icfem, por el caso Tindaya o por la Montaña de Tebeto a pesar de que son casos escandalosos y que todos ellos van a dejar hipotecadas las cuentas canarias por muchas décadas. Durante años los ciudadanos canarios han sido pasivos y al pelo nos venía el epíteto de aplatanados. Las cosas están cambiando y como si de un espíritu conjunto de Vilaflor se tratara la ciudadanía se está dando cuenta que la mejor manera de solucionar sus cosas no es esperar a que los políticos, que sólo cada cuatro años se acuerda de nosotros para pedirnos el voto, las resuelvan a su manera sino que de manera natural han venido a tomar la democracia debido a la baja calidad de ésta que hay en las instituciones. Y es que esta vez el chanchullo de Domingo Berriel, Paulino Rivero y Pedro Rodríguez Zaragoza han llegado tan lejos que los verdaderos medios antisistema y antisociales como es el grupo de comunicación El Día no les ha quedado otro remedio que hacerse eco de las quejas de los ciudadanos. Atrás quedaron los tiempos en que una manifestación contra el puerto de Granadilla de más de 100 mil personas era ninguneada por la prensa, por los políticos y manejada a su antojo por el propio Presidente del Gobierno Adán Martín Menís con la famosa manipulación de las fotos de la avioneta de Grafcan. Este 14 de marzo el gobierno y la camarilla de indeseables que lo rodean no les va a quedar otro remedio que estar pendientes a la que puede ser la mayor manifestación de la historia de Canarias promovida por la Comunidad Científica de Tenerife para protestar por la rebaja en la catalogación de las praderas de sebadales en el entorno de las Costas de Granadilla. De su parte están los intereses oscuros que esconde y a los que favorecen con sus decisiones impuestas y antidemocráticas, de las nuestras la búsqueda de la verdad y la preocupación por nuestro entorno y nuestro futuro económico y político. Sin la oposición ciudadana las costas de Granadilla estarían destruidas hace década y contarían con un puerto inútil. Con la oposición ciudadana este puerto se va a parar.
* Canarias 24 Horas - Opinión - 22 de febrero de 2009
