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ELPAÍS/Cádiz* : El Ayuntamiento de Chiclana inició ayer la legalización de unas 15.000 viviendas construidas al margen del planeamiento urbanístico. Los terrenos deberán ser, una vez urbanizados, incluidos en el PGOU con la consideración de suelo urbano no consolidado. A diferencia de modelos anteriores, la ordenanza aprobada ayer por el pleno concede a los propietarios la posibilidad de realizar pagos fraccionados de las cargas urbanísticas.
A partir de la aprobación provisional, y durante 60 días, el texto queda abierto al periodo de alegaciones. A pesar de que el actual equipo de gobierno, de mayoría socialista, ha acordado los detalles de la ordenanza con las asociaciones locales de vecinos, algunos de los propietarios expresaron ayer en el Ayuntamiento su oposición a la medida, al considerar excesivos los precios establecidos para la normalización de sus viviendas ilegales.
"A partir de ahora, y por primera vez, los vecinos podrán tener un documento jurídico en el que apoyarse", explicó ayer a la salida del pleno la concejal de Urbanismo, Cándida Verdier (PSOE).
Por su parte, el Consejero de Gobernación, Luis Pizarro, declaró en Cádiz que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía recoge la posibilidad de regularizar, en algunos casos, viviendas ilegales, y advirtió que "lo que no sea posible legalizar, también tiene una respuesta administrativa, que es la demolición".
El gobierno local confía en poder iniciar en otoño los trabajos de urbanización de los terrenos y de normalización administrativa de las construcciones.
* ELPAIS.com - F. J. R. - Cádiz - 31/07/2009
Foto: Chiclana (Cádiz), zona ilegales - diariodecadiz.es
Chiclana inicia la legalización de 15.000 casas irregulares
Imputado el alcalde de Alpicat por irregularidades urbanísticas
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ELPAÍS/Lleida* : El alcalde de Alpicat, Pau Cabré (CiU), y 10 miembros más del Consistorio leridano, entre técnicos, asesores y funcionarios, han sido imputados por el Juzgado de Instrucción nº1 de Lleida como presuntos autores de varios delitos urbanísticos. A petición de la fiscalía, el alcalde y su anterior secretario municipal fueron llamados ayer a declarar ante el Juzgado de Lleida, ya que tras una investigación iniciada a principios de año por la Guardia Civil a raíz de una denuncia se concluyó que hay indicios de delito.
A Cabré y a los otros 10 imputados se les acusa en concreto de un delito contra la ordenación del territorio por haber dado licencia para la construcción de una empresa en suelo rústico no urbanizable. También se les atribuye un delito de prevaricación por otorgar licencias y alienar terrenos de forma irregular. Por último, se les acusa de un delito de tráfico de influencias por haber favorecido en la concesión de una terraza a una vecina relacionada con su partido.
Pau Cabré ha negado ante el juez los delitos que se le imputan. Explica que todo se debe a una denuncia realizada por la oposición socialista porque sólo falta un año y medio para las elecciones municipales. "Es lamentable que por una acusación falsa tenga que verme involucrado en este lamentable asunto. Es una caza de brujas", ha asegurado.
Pese a que el alcalde confía en que la causa se acabará archivando, explica que ha encargado una auditoría externa al despacho Cuatrecasas para que determine si ha habido alguna irregularidad.
* ELPAIS.com - D. T. - Lleida - 31/07/2009
Foto: Alpicat (Lleida) - bisbatlleida.org
El TSJC confirma la ilegalidad 76 chalés en el sur de Tenerife
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EUROPAPRESS* : La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) ha informado en un comunicado que "ha recibido recientemente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en la cual se desestima el recurso de apelación interpuesto por la entidad mercantil Tenarona, S.L. y el Ayuntamiento de Vilaflor contra una decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº3 de Santa Cruz de Tenerife, que estimaba que la licencia urbanística de obras municipal para la ejecución de 76 chales pareados en el camino Real en la Escalona contravenía la normativa".
El asunto se remonta al año 2006 cuando ATAN tuvo conocimiento de la ejecución de una serie de edificaciones generando un importante impacto paisajístico en un entorno "eminentemente rural" de la zona baja del municipio de Vilaflor, constatando que la licencia concedida vulneraba la normativa urbanística.
Para ATAN, lo asombroso de esta ilegalidad es que todos los informes emitidos por los servicios técnicos y jurídicos municipales eran "desfavorables" al otorgamiento de la licencia, a pesar de lo cual el alcalde "sin ningún tipo de justificación que desvirtuara lo argumentado por sus técnicos concedió la licencia".
"La consecuencia es que ahora procede la ejecución de la sentencia y deberá procederse a restituir la legalidad y la realidad física alterada", explica la asociación que adelanta que ejercerá acciones contra el alcalde de Vilaflor, entre otra medidas, mediante la solicitud de responsabilidad patrimonial personal del primer edil, tal y como prevé el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias, --como ya apunta el propio magistrado en la sentencia de fecha 20 de mayo de 2008 ahora ratificada por el TSJC-- y ello porque "no se puede consentir que por una acción de irresponsabilidad de este cargo público el coste económico de esta situación recaiga sobre los vecinos de Vilaflor".
* Europa Press - SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Jul. 2009
Foto: Vilaflor (Tenerife) - costa-adeje.es
Vigo legaliza los primeros 180 pisos con orden de derribo y abre la vía a 1.800
LAVOZDEGALICIA* : Apenas diez segundos bastaron ayer a la gerencia de Urbanismo de Vigo para conceder licencia a un inmueble y acabar con una década de ansiedad de 180 vecinos por las sucesivas sentencias de derribo de sus viviendas. El edificio en cuestión está situado en la calle Jacinto Benavente y acoge un gran centro comercial de juguetes.
La sentencia de demolición fue dictada hace una década y ratificada en el 2003 por el Tribunal Supremo, que anulaba la licencia. Desde entonces los vecinos vivían en vilo, pendientes de una posible solución, que ha llegado de la mano del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal al que se ha adaptado.
Pese a que en su día la licencia del Concello preveía la construcción de un edificio de siete alturas, en la práctica fueron superadas. También se había sobrepasado la edificabilidad, a la que se añadieron unos 14.000 metros cuadrados más de los previstos.
Con esta legalización el Concello de Vigo se libra de una indemnización que podría rondar los cincuenta millones de euros. Además, abre la vía a la legalización de otras 1.800 viviendas.
El abogado defensor de los vecinos, José Luis Barros Ferreira, confirma que después de tres años de trámites y de presión constante, el edificio ya es «legal e inderribable». Achaca todo lo sucedido a un error en la suma del coeficiente de uso residencial, mal calculado por el arquitecto y lamenta que el equipo jurídico municipal no lo defendiera en su día como debiera, lo que ha afectado a la calidad de vida de los vecinos.
Reacciones
Ayer el alcalde, Abel Caballero, achacó lo sucedido con el edificio de Jacinto Benavente y otros que se encuentran en la misma situación a «la deficiencia de los gobiernos de aquel año» y a un plan defectuoso. Curiosamente el Plan General de Urbanismo de 1993, que dio lugar a las sentencias de demolición, fue aprobado por un alcalde de su mismo partido socialista.
Sobre la posibilidad de legalizar el resto de inmuebles con sentencia de derribo, Caballero informó que los técnicos de la gerencia dirán qué edificios son legalizables y cuales no, a medida que vayan solicitando la licencia, aunque se negó a decir cuántos lo habían hecho hasta la fecha.
De la colina de Castrelos dijo, «no es subsanable porque lo decidió una sentencia» y de la Finca do Conde añadió que tiene una enorme construcción con un informe en contra de los técnicos de la gerencia «y además, se decía que el local comercial iba bajo suelo», matizó.
«El problema del edificio de Jacinto Benavente no era un problema de pelotazo, sino de tramitación; hay otros que fueron pelotazos, se dieron licencias sin informe técnico, ni aval y a lo mejor resulta que no son legalizables», concluyó.
Precisamente en este sentido se pronunció el portavoz del grupo municipal del PP, José Manuel Figueroa, quien tras congratularse de que se haya subsanado un error del Plan General de 1993 para acabar con la incertidumbre de los ciudadanos, advirtió que será un primer paso insuficiente si no se trata al resto de edificios de igual modo.
En realidad, su temor se refiere de forma implícita al hecho de que el alcalde solo solucione los problemas surgidos en la época de los gobiernos socialistas y deje sin resolver algún caso registrado durante la época del gobierno municipal del PP, como el de Finca do Conde.
Figueroa espera que no provoque la misma inseguridad el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal, aprobado hace un año.
Más optimista se mostró la portavoz del BNG en el Concello vigués, María Méndez, para quien la licencia concedida al inmueble de Jacinto Benavente abre una nueva vía para legalizar el resto de edificios con sentencias de derribo.
Como parte del gobierno municipal se felicitó por esta primera solución, aunque sea el caso más fácil de todos, ya que, dijo, la ejecución de la sentencia sería inasumible para las arcas municipales.
* La Voz de Galicia - María Jesús Fuente - 31.07.09
Foto: El edificio de la calle Jacinto Benavente ya no será demolido - XOÁN CARLOS GIL, lavozdegalicia.es
El urbanismo ´masivo´ daña imagen de la Comunitat
LEVANTE/Valencia* : Ecologistas en Acción ha advertido hoy de que la "urbanización masiva" de la costa valenciana está afectando negativamente al turismo, ya que se ha "degradado" el paisaje y se ha generado una "panorámica pobre y monótona" que resulta "poco atractiva". Así lo indica en un su informe "Banderas Negras 2009.
La crisis una oportunidad para la costa" que alerta sobre el "precario estado de conservación" en el que se encuentra el litoral de la Comunitat Valenciana, su principal recurso turístico, debido a una "nefasta gestión".
El estudio, que sitúa a esta autonomía como la tercera con mayor degradación ambiental de su costa, señala que "más de un tercio" de las playas valencianas presenta diversos problemas como "la erosión, modificación de la geometría con espigones artificiales de arena, construcción de aparcamientos y vertidos de aguas residuales".
Entre los factores que más ha afectado al medio marino y litoral durante los últimos años, se encuentra la construcción y ampliación de puertos deportivos y comerciales.
Según el informe, la gestión de los puertos valencianos es "totalmente incoherente" y, a pesar de que tiene una media de 10 puertos por cada 100 kilómetros -mayor que la media del resto del litoral español-, "se sigue planteando su ampliación o la construcción de otros nuevos, sin fomentar el alquiler de amarres".
Otro de los problemas sobre los que advierte el estudio son los vertidos contaminantes, ya que, según indica, "al menos" doce depuradoras de la Comunitat no desarrollan su actividad de "manera eficiente" e incumplen la legislación al respecto.
Respecto a la gestión urbanística, señala que la provincia de Alicante es la que más terreno ha "entregado" a la construcción en los dos primeros kilómetros de costa, ya que las edificaciones o infraestructuras ocupan el 52 por ciento de esa franja.
En la de Valencia ocupan el 33 por ciento, mientras que en la de Castellón, donde se han proyectado "millones de metros cuadrados" de planes urbanísticos, la superficie artificial "supone ya el 21 por ciento de la primera línea de playa".
Por otra parte, el informe de Ecologistas en Acción alerta que el calentamiento global puede tener "graves consecuencias" en el litoral del norte de Valencia y el sur de Alicante, "considerado ya de alto riesgo" por la Unión Europea, porque "sus condiciones geográficas lo hacen proclive a grandes trombas de agua en muy poco tiempo y por la masificación urbanística que sufre".
Según indica el estudio, "dada la vulnerabilidad de la costa, el aumento del nivel del mar va a producir que la superficie de playa seca se vea menguada".
Si a una "urbanización masiva" que permanece estática frente a los "dinámicos" cambios costeros "le sumamos el factor cambio climático", el "peligro" que corren las viviendas "se hace evidente".
El informe otorga 34 banderas negras a la costa valenciana y 40 puntos negros a lugares con pequeños o puntuales impactos que agravan la situación.
Al respecto, destaca la situación de Oropesa del Mar, municipio castellonense donde "se está produciendo un desarrollismo que recuerda la parte más salvaje y poco sostenible del crecimiento turístico de los años 60", que "parecía ya superada", pero que en la Comunitat Valenciana "sigue vigente".
En la provincia de Valencia, subraya la situación del parque natural de La Albufera, que pese a contar con el "máximo nivel" de protección, está "sometido ininterrumpidamente a vertidos ilegales de residuos, aguas fecales y pluviales procedentes de municipios próximos".
Asimismo, advierte de la "degradación" que va a sufrir el litoral sur de la ciudad de la Alicante debido a la ampliación del puerto comercial, que provocará, entre otros perjuicios, la "desaparición" de la plata de San Gabriel.
* Levante-EMV - EFE - 28.07.09
Foto: Cullera, 600.000m2 para 5.000 viviendas en torres 35 pisos- EFE
Imputan a los ediles de Alcalà de Xivert por delito urbanístico
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LEVANTE/Castelló* : La corporación al completo de Alcalà de Xivert –siete concejales del PP, cuatro del PSPV y dos independientes– deberá explicar ante el juez su voto a favor de un proyecto urbanístico en la zona de Capicorb que, según la investigación desarrollada por la Fiscalía, presenta claros indicios de presunta prevaricación.
El decreto del Fiscal Jefe, Javier Carceller, está fechado el pasado 22 de julio e incluye en la lista de imputados a la arquitecta municipal y a la técnica de urbanismo.
La denuncia fue presentada el pasado mes de enero por dos particulares, Oscar Martí y Juan Barceló, y amenaza con sentar en el banquillo a toda una corporación al completo si, como espera la Fiscalía, los juzgados de Vinaròs abren la investigación penal para aclarar el trasfondo del desarrollo urbanístico que pretende hacer el Ayuntamiento de Alcalà en una zona, el entorno de la desembocadura del río de les Coves, incluida en el Catálogo de Zonas Húmedas y que contempla importantes restos patrimoniales.
Al respecto, el escrito del fiscal deja patente que el polémico sector, denominado P-23, «estaría afectando a bienes de interés cultural y humedales protegidos», como son la ermita de Sant Antoni –del siglo XVIII–, el almacén de Capicorb, el yacimiento de Almedixer y la torre de Capicorb.
La clave de todo el proceso aparece el 26 de noviembre de 2008, día en el que la arquitecto municipal y la técnica de urbanismo redactan unas bases particulares para la selección y adjudicación del programa de actuación integrada de la unidad de ejecución P-23. Estas bases, según consta en el escrito de la Fiscalía, suponían en la práctica calificar el suelo donde se pretendía desarrollar el PAI como urbanizable pormenorizado, una figura «que no se corresponde con la calificación de «suelo urbano» que marca el PGOU del año 1998.
Repercusión jurídica
Por tal motivo, el fiscal subraya que, al no aparecer cambios del Plan General referidas a este sector posteriores a 1998, «resulta que de facto se ha llevado a cabo una modificación en la calificación del suelo sin realizar una modificación del PGOU de la localidad». A su juicio, «el hecho tiene una repercusión jurídica importante, por cuanto si el suelo es urbano» –aspecto este que también critica el fiscal en otro apartado del decreto remitido al juzgado– «bastaría para edificar la solicitud de una licencia de obras, por lo que no sería necesario la aprobación de bases de programación».
Po otro lado, si se considerase que el suelo no es urbano, debería haberse notificado este cambio en una modificación de PGOU que no existe, «pudiendo constituir estos hechos un delito de prevaricación, por cuanto se están adoptando resoluciones administrativas con el beneplácito de los técnicos municipales, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido».
Por tal motivo, el fiscal propone «formular denuncia contra los técnicos municipales del Ayuntamiento de Alcalà de Xivert que redactan las bases particulares» del sector P-23, así como contra los miembros del ayuntamiento –los 13 concejales– que aprobaron este desarrollo urbanístico en la sesión plenaria del 4 de diciembre de 2008.
* Levante-EMV - EMILIO REGALADO - 30.07.09
Foto: Alcala de Xivert (Castelló) - ca.wikiloc.com
´Lanzarote, una Isla estrellada´
* You Tube - AmazonasFilms - 28 de julio de 2009
*´Lanzarote, una Isla estrellada´- La Opinión de Tenerife
Por primera en España, se realiza un estreno de estas características. Amazonas Films, como uno de los primeros partners oficiales de YouTube, inicia la entrega una serie de filmes de larga duración, acordes con los más avanzados medios tecnológicos actuales.
Con tecnología HD (Alta Definición), ya está disponible en el portal de Amazonas Films (youtube.com/amazonasfilms) una película de unos 50 minutos que relata la increíble gesta de los hermanos Medina Cáceres. Una historia relacionada con la destrucción de las costas de Lanzarote, isla del archipiélago canario que actualmente se estrella contra su propio desarrollo urbanístico.
Junto al Premio Nobel José Saramago, intervienen otros intelectuales y ciudadanos, conscientes de la necesidad de frenar a toda costa la especulación urbanística. La película es una reflexión sobre el modelo actual de turismo y desarrollo. No sólo se ha puesto de relieve su aspecto más conocido en la actualidad, el de la corrupción empresarial y política, sino los elementos que inciden de manera perturbadora sobre la ecología humana y natural.
El núcleo del film es una antigua casa de salineros. Situada hasta hace pocos años en una playa, a la orilla del mar, se encuentra ahora a muchos metros de la orilla, cercada por un gran complejo turístico que ha devastado esa parte de la costa, antes llamada Berrugo, entre Playa Blanca y Papagayo, en el municipio de Yaiza.
Como si fuera la aldea de Asterix, la Casa de Berrugo ha resistido durante años los embates desarrollistas que han pretendido hacerla desaparecer. Su dueños son los hermanos Medina Cáceres, nacidos en esta vivienda que era propiedad de sus padres desde 1905. A pesar de la avanzada edad de estos hermanos, su resistencia a abandonar su casa se ha hecho legendaria dentro y fuera de Lanzarote. Incluso el Real Madrid tomó como lema la consigna que ellos escribieron por fuera de su casa.
Esta lucha de largos años, es descrita por sus protagonistas y comentada por quienes viven de cerca el salvajismo arquitectónico en la isla que hasta hace pocos años fue la gran reserva del turismo ecológico en Canarias. La Isla de César Manrique. Hoy, la Isla Estrellada.
* La Opinión de Tenerife - 30.07.09
Vecinos muestran su rechazo al PGOU marbellí por falta de participación
LAOPINIÓN/Málaga* : La convocatoria de una mesa de participación ciudadana sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) realizada por IU reunió el pasado viernes a una veintena de colectivos vecinales, sociales y profesionales. Según el portavoz municipal de la coalición de izquierdas, Enrique Monterroso, "todos coincidieron en que el PP ha elaborado el texto sin contar con los vecinos y no se resuelve el déficit de equipamientos y espacios públicos perdidos por los ciudadanos tras más de una década de gobierno del GIL".
La ausencia de una participación ciudadana efectiva se debe, según Monterroso, "tanto a la negativa de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, a convocar la mesa de participación, como al hecho de que no se haya contestado ninguna de las más de 15.000 alegaciones presentadas al PGOU en los dos procesos de exposición pública".
En cuanto a la oposición al PGOU en su conjunto, las críticas ciudadanas se referían a que "los vecinos no se verán resarcidos de las pérdidas patrimoniales de los atropellos urbanísticos" y a "las dificultades que existirán para gestionar el Plan, lo que motivará que las escasas compensaciones contempladas difícilmente puedan hacerse realidad", según trasladó en un comunicado el edil de IU.
Otro de los aspectos que más preocupación suscitó entre los asistentes fue la proliferación de grandes superficies comerciales, hasta cinco se contemplan en el texto que avala el PP, lo que, como denunció, "acabará por hundir a los pequeños y medianos comerciantes".
Monterroso se comprometió a llevar al pleno extraordinario del próximo miércoles, donde se prevé aprobar provisionalmente el PGOU, "este sentir ciudadano para garantizar que los vecinos y profesionales de Marbella y San Pedro Alcántara sean tenidos en cuenta".
* La Opinión de Málaga - EUROPA PRESS - 27.07.09
Foto: Marbella, Ayuntamiento - UrbanismoPatasArriba
Denuncia vecinal al Síndic por el retraso de la reurbanización de Natzaret
ELPAÍS/Valencia* : La Asociación de Vecinos del barrio de Natzaret, en Valencia, envió una queja, el pasado 25 de junio, al Síndic de Greuges en la que denunciaron a la Consejería de Infraestructuras por los 16 años de retraso en la ejecución de la última fase de reurbanización del barrio. Según los vecinos, a la consejería "le interesa más el circuito de fórmula 1 que el proyecto", afirmaron en un comunicado.
En el escrito enviado al Síndic, cuya finalidad es que éste inste a la Administración autonómica "a actuar con urgencia y con plazos concretos para redactar el proyecto", los vecinos se quejan de los 16 años de retraso que lleva la reurbanización del barrio, desde que en 1993 la Generalitat impulsara el Plan de Actuaciones Urbanísticas del Marítimo (PAUM). Según alegan, "decenas de propietarios han sido expropiados con el objetivo de urbanizar sus calles pero la obra sigue sin ejecutarse".
Según la Consejería de Infraestructuras, que respondió el tres de junio al Síndic por una queja puesta hace año y medio por los vecinos y también en relación con la reurbanización del barrio, lo que se está planteando ahora es "un nuevo proyecto ante los nuevos requerimientos del Ayuntamiento".
Para los vecinos de Natzaret, "la falta de diligencia para tramitar y ejecutar el proyecto" ha originado la aparición de solares con suciedad y abandono que degradan el entorno, "lo opuesto al fin que se perseguía". Asimismo, también denunciaron que mientras que el PAUM de 1993 ya ha sido ejecutado en todos los barrios previstos queda pendiente el de Natzaret, lo que consideraron una "discriminación" para dicha zona de la ciudad.
* ELPAIS.com- 29.07.09
Foto: Valencia, barrio Nazaret - denuncia-social.com
Los vecinos del Camp Nou se rebelan contra el pelotazo del Barça
ELCONFIDENCIAL* : En pie de guerra. Así es como están los vecinos del barrio de Les Corts de Barcelona, con el proyecto de remodelación del Miniestadi del FC Barcelona, que supondrá un cambio de cara monumental de la zona. Y apuntan como principal responsable a su convecino Jordi Hereu, actual alcalde de la ciudad. De muchacho del barrio ha pasado a ser algo así como el enemigo público número uno. Hereu apareció ayer públicamente junto al líder de Convergència i Unió (CiU), Xavier Trias, y al de Esquerra Republicana de Catalunya(ERC), Jordi Portabella, para dar cuenta del acuerdo entre las principales fuerzas políticas. Gran coalición política frente a la oposición ciudadana, que ni ha sido consultada ni se ha tenido en cuenta durante una década de rumores.
Las intensas reuniones de los tres partidos mayoritarios del consistorio precedieron ayer a otra reunión de Hereu con el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, para sellar el tema. El colofón es significativo: el teniente de alcalde de Urbanismo, Ramon García-Bragado, convocó a las 7.30 de la tarde a la Asociación de Vecinos para comunicarle lo que había. O, en otras palabras, lo que se va a hacer, quieran o no quieran. Dos escenografías medáticas ante una reunión casi clandestina, lo que ha enconado aún más, si cabe, los ánimos de las entidades del barrio.
El Miniestadi es el segundo campo de fútbol del FC Barcelona. Está ubicado frente al Camp Nou y tiene capacidad para 15.276 espectadores. El terreno donde se asienta, de 130.000 metros cuadrados, acoge otros equipamientos del club, pero el presidente de la entidad, Joan Laporta, se ha propuesto desprenderse de él a corto plazo. La intención es construir allí 1.625 pisos, de los que el 40% serían de protección oficial. 31.700 metros cuadrados estarían destinados a zonas verdes, alrededor de 15.000 metros cuadrados para hoteles y unos 12.000 metros cuadrados a equipamientos como una escuela, un instituto, una guardería, un ambulatorio, una residencia d ancianos y centro de día, un pabellón con piscina y un centro cívico con auditorio para La Maternitat. El club, no obstante, sólo tendría derecho a obtener beneficio económico del 50% de los pisos construidos. Lo suficiente para obtener unos ingresos de entre 250 y 260 millones de euros.
En la reunión que ayer mantuvieron representantes del consistorio con los vecinos, expusieron su acuerdo de intenciones, que apenas arrojaba diferencias con lo que ya se sabía. Sólo que el Barça se llevará a la localidad de Montcada i Reixac, al otro extremo de Barcelona, 7 hectáreas para equipamientos deportivos. La concejala del distrito, Montserrat Sánchez, y el vicepresidente del FC Barcelona, Joan Franquesa, intentaron convencer a los vecinos dela bondad del proyecto. Pero ni por ésas. La previsión es proyectar 78.000 metros cuadrados de techo libre edificado de pisos y otros 52.000 de vivienda protegida, además de 4.000 metros cuadrados para usos comerciales. “Montserrat Sánchez insistió en que el Barça ha cedido unos terrenos para el barrio y Franquesa en que el club está incolucrado con el barrio. Pero si ha habido esa cesión es porque saca beneficios. Sólo podemos decir que el FC Barcelona es un vecino desagradecido y que lleva unos equipamientos a Montcada que deberían quedar en el barrio”, dice una fuente presente en la reunión.
“El Barça nos ocultó la verdad”
Ante lo que consideran un pelotazo, los vecinos se han puesto en pie de guerra. “Mantuvimos 3 o 4 reuniones con el Barça hace tiempo, pero no nos dijo la verdad. Iba a la suya y sólo nos informó que pensaba remodelar el Camp Nou. Pero no nos dijo nunca de dónde iba a sacar el dinero. Ahora ya lo sabemos: del pelotazo que piensa dar”, señala a El Confidencial Alfonso Huéscar, portavoz de la Coordinadora de Vecinos y Entidades de Les Corts. La remodelación del Camp Nou será llevada a cabo por el arquitecto Norman Foster, que se inspiró en Gaudí para acometer el proyecto: quiere hacer una estructura de cables de acero con paneles exteriores de policarbonato coloreado con los pigmentos del club y de la bandera catalana y con estructuras de vidrio. Todo ello le dará una apariencia de gran mosaico de luz y color. Un gran diseño de uno de los mejores arquitectos del planeta para uno de los clubs más importantes del mundo.
Pero para ello, hace falta dinero. Y con el pelotazo del Miniestadi, el club puede permitirse el cambio de look del viejo estadio sin agobios económicos, porque la previsión de gasto se sitúa alrededor de los 250 millones. El Barça lleva casi una década planteándose la remodelación de la zona, pero tan sólo dos años urgiendo un proyecto que presentó a bombo y platillo en el verano del 2007, cuando escogió a Foster como el constructor de sus sueños. Ahora parece ser que la remodelación entra en su recta final, con la aquiescencia de los partidos políticos con representación municipal que, en su mayoría, apoyan el plan. Todos, curiosamente, menos Iniciativa per Catalunya (ICV), que gobierna en coalición con el PSC pero que no quiere ni oir hablar del proyecto tal y como está planteado.
Dispuestos a todo
Los vecinos tampoco. “No queremos pisos en este espacio. La ley dice que una zona deportiva, si se desmantela, ha de destinarse a equipamientos deportivos. Y no transigiremos. En vez de pisos, podrían hacer más equipamientos: residencias de ancianos, guarderías, un centro de atención primaria, piscinas, parques infantiles y jardines para disfrute de todos los barceloneses”, afirma Huéscar. El líder vecinal subraya que “4.000 personas confían en nosotros y no las podemos defraudar”. Por ello, las asociaciones de vecinos han pedido a sus abogados que diseñen una estrategia. “Nos han dado esperanzas, porque lo que se pretende hacer es ilegal”. Y están dispustos a lo que haga falta: “Actuaremos con todas las armas a nuestro alcance. Si hace falta realizar manifestaciones y cortar calles, lo haremos, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados”.
Hace unos días, Hereu abordó el tema con la oposición, para tratar de llegar a un acuerdo. Xavier Trias (CiU) no se opuso radicalmente, aunqu eantes quiso hablar con los vecinos. “No sé para qué. Nos vino a decir lo que ya dice el Ayuntamiento. Lo malo es que nosotros nos hemos enterado de los detalles por la prensa, porque nadie se ha dignado a decirnos nada”. Trias afirmó ayer que su apoyo al proyecto “es un acto de responsabilidad; desde la oposición hemos hecho un esfuerzo para llegar a un acuerdo”. Y destacó lo que, a su juicio, logró CiU: la cesión gratuita del FC Barcelona de la totalidad del suelo al Ayuntamiento, destinar parte de los locales a uso de las entidades del barrio, incremneto de equipamiento para el distrito, desafectación de varias viviendas que iban a ser derribadas, un Plan de Movilidad y un Plan de Actuación en coordinación con la Agencia para el Abordaje Integral del Trabajo Sexual en Barcelona. Es decir, que se pondrá coto a la prostituciòn callejera insalada en las inmediaciones del Camp Nou. “Todas nuestars propuestas se aceptaron. Es una satisfacción para nosotros y, por tanto, podemos decir que hacemos un paso adelante en la reordenación de una zona que no acaba de funcionar”. Pero no perdió comba para tirar dardos hacia el alcalde por no haber podido sumar el apoyo de los vecinos. “Ahora sería el momento para que se sumasen”, zanjó.
Lo que más duele a los vecinos, sin embargo, es la postura del Ayuntamiento. “Jordi Hereu se ha reunido varias veces con Joan Laporta para hablar del tema. Y se ha reunido con los otros partidos. Pero a nosotros no nos ha convocado ni una sola vez, a pesar de que le hemos pedido varias reuniones. De habernos convocado desde el principio, estoy seguro de que hubiéramos llegado a un acuerdo”.
Alfonso Huéscar añade que “estábamos muy orgullosos de que alguien del barrio ocupase la alcaldía, pues Hereu fue gerente del distrito y concejal antes que alcalde. Pero con su actual actitud considero que nos ha traicionado. Le está dando todas las prebendas al Barça. Estoy de acuerdo con que el club es muy poderoso, pero los vecinos no somos carne de cañón. Hereu está ahí porque le hemos votado y ahora se está cerrando las puertas de Les Corts. Yo personalmente, que tengo muy buena relación con él y que le conozco desde que era jovencito, me siento engañado y frustrado por su actitud”.
Por si fuera poco, los vecinos consideran que el Ayuntamiento ha actuado siempre con alevosía y premeditación en todo lo concerniente a la remodelación del Miniestadi. El año pasado, movió el tema en el mes de julio, “cuando sabe que mucha gente está de vacaciones y no pueden protestar”. Este año ocurre lo mismo. “Pero esperábamos esta reacción y muchos nos hemos quedado preveyendo esto”, advierte Huéscar. Ahora, las críticas se aplían a los restantes partidos que participan del proyecto. “Han actuado de manera desvergonzada y muy poco social. Se juntan entre ellos para fastidiar a los vecinos. Y digo fastidiar porque es la palabra correcta. Sólo se preocupan de la ‘pela’. Pero los señores políticos no han de olvidar que viven de lo que les pagamos todos y que deben defender los intereses de los ciudadanos. Con el proyecto de remodelación quieren destrozar el barrio de Les Corts y no estamos de acuerdo”, critica Huéscar.
* El Confidencial - Antonio Fernández.- 29/07/2009
Foto: Barcelona, miniestadi barça - lavanguardia.es
Banderas Negras 2009: la crisis como oportunidad
Ecologistas en Acción* ha presentado hoy el informe de Banderas Negras 2009. La crisis una oportunidad para la Costa, donde han sido otorgadas 311 Banderas Negras a lugares con una degradación ambiental alta y con grandes amenazas sobre sus ecosistemas y socio-economía, así como 392 Puntos Negros a lugares con pequeños o puntuales impactos que agravan la situación.
Ecologistas en Acción denuncia que la crisis esta siendo aprovechada por unos pocos que siguen enarbolando el modelo de crecimiento que precisamente la generó, como son las grandes empresas de infraestructuras y energías. Empresas que siguen reincidiendo en un modelo del pasado y que están amparadas por los fondos públicos invertidos por las diferentes administraciones. Para Ecologistas en Acción la crisis es una oportunidad para mostrar la necesidad de un cambio de modelo profundo en la sociedad y en su economía, como única posibilidad para garantizar el futuro de los pueblos costeros y de la biodiversidad marina.
El sector urbanístico, principal motor de desnaturalización de la costa, ha sufrido una desaceleración, pero las numerosas Banderas Negras concedidas este año por proyectos urbanísticos en toda la costa, demuestran que, a pesar de ello, los procesos de desnaturalización siguen muy por encima de la capacidad de carga del territorio costero. Se ha producido una alarmante aceleración del proceso de mediterranización que está sufriendo la costa norte peninsular con, por ejemplo, alrededor de 19.000 nuevos amarres en Galicia, con más de 4.000 nuevas viviendas que se prevén en los planes de ordenación urbana de Asturias y los cerca de 2.500 nuevos amarres que se prevén en el plan de Puertos de Cantabria. Por otra parte, las CCAA que ya están saturadas de estas infraestructuras continúan con las mismas políticas, buenos ejemplos de ello son, el Plan de Puertos de Cataluña, que prevé la instalación de 7.500 nuevos amarres, o los once campos de Golf previstos en Baleares.
Ante la flagrante degradación costera, las administraciones públicas, central, autonómica y local, lejos de generar un modelo sostenible, se han empecinado en aplicar la receta de más construcción como modo de generar empleo de mala calidad y gran temporalidad que, además, destruye el patrimonio natural, contribuyendo de manera muy importante a la progresiva destrucción del turismo.
En el análisis por Comunidades Autónomas, se ve un ascenso generalizado de banderas y puntos negros concedidos. Andalucía 51 banderas negras y 63 puntos negros, Asturias 21 y 13, Baleares 24 y 47, Canarias 29 y 32, Cantabria 27 y 6, Cataluña 23 y 20, Ceuta 6 y 4, Euskadi 7 y 7, Galicia 55 y 102, Melilla 2 y 4, el País Valenciano 34 y 40 y, la Región de Murcia 32 y 36.
Otro ejemplo, son los 230 millones de euros invertidos en todo el litoral por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, del Ministerio de Medio Ambiente. La mayoría de esta inversión se ha realizado en paseos marítimos y regeneraciones de playas. Obras que van contra su propio Plan Nacional de adaptación al Cambio Climático y, que nos sumirá en un callejón sin salida. Las infraestructuras más peligrosas para el mantenimiento de un perfil costero sano son los macropuertos industriales y de pasajeros. La política de inversión de fondos públicos en obra pública e infraestructuras ha acelerado la aprobación de estos proyectos, aunque algunos todavía no se han puesto en marcha debido a los procesos judiciales, la oposición de la Unión Europea y de la propia UNESCO, en el caso de Ibiza, existiendo incluso dudas sobre la rentabilidad económica de los mismos.
Ante esta extrema situación, Ecologistas en Acción solicita a las administraciones competentes y a la propia sociedad, un cambio de modelo, social y económico. Modelo que debe basarse en el estudio de la capacidad de carga del territorio y sus ecosistemas y, con programas de restauración ambiental y reconversión de sectores altamente depredadores como el turismo y la construcción. Además, Ecologistas en Acción, solicita que se comience de forma urgente a gestionar el mar para proteger actividades en peligro como la pesca tradicional.
* Ecologistas en Acción - 28.07.09
Foto: mapa banderas negras - E.A.
Ataque masivo a la Vega de Granada
CIUDADANOSPORGRANADA* : Las noticias que leemos los últimos días sobre la Vega de Granada no pueden ser más preocupantes. El ataque es multifrontal y totalmente directo, afecta a los terrenos alrededor del Campus de la Salud, parque en la Vega Sur, la ubicación del Ferial, los terrenos de la actual Estación de Renfe (no olvidemos que también eran Vega) y el cierre del anillo. La Vega de Granada, ese regalo de la naturaleza, soporta una presión de tal magnitud que, no puede entenderse cuando estamos finalizando la primera década del siglo XXI.
El urbanismo salvaje sobre nuestra Vega en los 50-70 del siglo pasado va a quedar muy pequeño con respecto al que se pretende que ocurra en la era de las leyes de ordenación, planes de aglomeración, consejos consultivos, fiscalías, tribunales independientes de justicia, planes generales de ordenación urbana, planes de desarrollo sostenible…. Vayamos por partes.
El recinto ferial. Parecía un proyecto muerto, pero el traslado de la Feria al otro lado de la circunvalación, vuelve a resucitar. Se podrían dar muchos argumentos en contra, pero uno es suficiente, La feria dura una semana. ¿Cómo se pretende proporcionar los mejores terrenos de la ciudad para un acontecimiento que es de carácter festivo y dura una semana? ¿A quién se le ocurre usar la Vega para algo que ocupa el 1.9% del tiempo anual? La irracionalidad de la propuesta es total. Que la Feria se quede donde está y la Vega siga siendo Vega. No nos aporta nada el cambio, y es una peligrosa propuesta en la que se vislumbra cierto acercamiento de la Junta y el Ayuntamiento en dicho tema.
El Campus de la Salud. Todos estamos a favor de tener más empresas innovadoras en nuestra tierra. Pero, ¿no hay otros terrenos para dicha ampliación y de la Universidad de Granada?, ¿por qué no se usan los terrenos del Córdoba 10? No pasa nada que no estén conectados los centros, las nuevas tecnologías permiten no “moverse” tanto. ¿Pasará con los terrenos nuevos como con los anteriormente recalificados que se han utilizado para viviendas y ahora nos dicen que falta espacio para centros? No nos engañen, todo es para construir y construir sin lógica alguna. No podemos confiar en los mismos que planificaron (Ayuntamiento y Junta) y se equivocaron; sí, tenemos claro que se volverán a equivocar en la planificación. No les podemos dar una segunda oportunidad para que dentro de unos años nos digan que les sigue faltando terreno. Además, en la zona, el colapso de tráfico ya es total y, el metro, solucionará bien poco. ¿Quién podrá llegar a dicha parte de la ciudad cuando el Hospital, los centros universitarios y de de investigación y el Nevada estén abiertos? Si se contempla una ampliación más, el caos de movilidad será absoluto.
Sobre el cierre del anillo. Aunque en este punto no hay consenso, mi opinión es que el único trazado viable sería el que contempla un largo túnel, ya que un túnel impacta menos y protege el medio físico más que cualquiera de las otras propuestas. Obviamente, el único criterio de la Junta de Andalucía en este tema, es el de siempre, la solución más barata que, obviamente, es la más perjudicial con Granada. Un trazado kilométrico en superficie que devora el paisaje y que esperaría como agua de lluvia la edificación a un lado y otro de la carretera.
Finalmente, sobre el parque del Milenio en Renfe y el parque en la Vega. No podemos perder la oportunidad de diseñar un parque verde (no de bancos, asfalto y algún árbol suelto) en la zona de la actual estación. Se va a redefinir después de décadas una de las mayores zonas de Granada y, además, en el centro de la ciudad. Es la gran ocasión para que disfrutemos de un pulmón verde que tanto necesitamos y que nuestro Gobierno central, Junta y Ayuntamiento no quieren ver. Lo del parque en la Vega es una propuesta de la Junta que tiene la oposición de la ciudadanía. En su defensa, el señor Pezzi (el concejal 17 del PP, ya que cada vez que habla o escribe le proporciona muchos votos a dicho partido, con el regocijo de Torres Hurtado y Sebastián Pérez) argumenta que la Vega Sur está desordenada, que hay aparcamientos y edificaciones ilegales. Y uno se pregunta, ¿por qué no controló la Junta de Andalucía ese desorden? Pues sencillo, porque ese desorden era la excusa para plantear el nuevo “orden”, el parque en medio de la Vega. Lo que no han vigilado y controlado les ha servido de argumento para su “plan de asalto”. No veían el desorden, como tampoco veían que el Parque Nevada (tan cerca) ocupaba más sitio de la cuenta. Tiene razón la Junta de Andalucía cuando le dice al alcalde que no le compete la reordenación y gestión del área metropolitana, pero ¿qué ha hecho a quien le compete? Nada, dictar planes vacíos como el Potaug que no sirven para nada, dejando, en cambio, que caiga toda la Vega de los pueblos de alrededor de Granada. Recomiendo un paseo por cualquier de los pueblos cercanos a nuestra ciudad para ver la monstruosa evolución de los mismos, ¿dónde estaba la institución reguladora? La verdad es que si dicha institución es incapaz de poner de acuerdo (¡y lleva más de 10 años!) a unos 600 taxis para poder ir al aeropuerto o al Kinépolis, no podemos esperar que sea capaz de reordenar sosteniblemente nuestra área metropolitana.
Lo peor de toda esta historia es que la Junta de Andalucía, azote de nuestra ciudad y provincia, ha encontrado en este caso a un aliado, el Ayuntamiento de Granada. De la Junta de Andalucía, lo podemos esperar, es lo normal con nuestra ciudad; pero que nuestro Ayuntamiento, en vez de pasar a la historia erigiéndose en el defensor de lo que queda de Vega en su término municipal, se haya puesto de acuerdo con la institución hispalense para un ataque final y masivo a uno de nuestros tesoros es inconcebible. Si no luchamos, la Vega de Granada será un recuerdo en los libros de historia y para todos aquellos granadinos que sean coleccionistas de fotos antiguas.
José Ramón Jiménez Cuesta
Ciudadanos por Granada
* La Opinión de Granada - Ciudadanos por Granada - 26.07.09
Escándalo: Laporta quiere un ' tripelotazo'
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DEFENSACENTRAL/Barcelona* : A cada día que pasa, Joan Laporta se parece más a su homólogo Jesús Gil. Y no en simpatía precisamente (ya le gustaría al presidente del Barça), sino en su habilidad para realizar pelotazos urbanísticos encubiertos. De hecho, el presidente del equipo culé pretende cerrar en las próximas semanas la recalificación de varios terrenos situados en Baix Llobregat, Barcelona y Vallés Occidental.
Vaya personaje esté hecho este Laporta. Hace semanas contábamos aquí que el actual presidente y su equipo de trabajo se consideraban a ellos mismo la mejor Directiva de la historia. Serán los mejores, pero en actuar de espaldas a la opinión pública y de sus socios. El club, que acumula una deuda de 438 millones de euros (más el desembolso por Ibrahimovic) ha decidido deshacerse de esta a las malas, con corruptelas que ni el escándalo de Marbella con Julián Muñoz e Isabel Pantoja. Laporta, a diferencia del ex alcalde de la ciudad de la Costa del Sol, no tiene bigote, y tampoco un pelo de tonto. Pero su problema es que cree que los demás sí lo son. Y esta vez le han pillado con el carrito de los helados.
UN TRI - ESCÁNDALO DE OPERACIÓN
Según desvelaba La Vanguardia hace unos días, el máximo mandatario culé está planificando lo que algunos han llamado el tri – pelotazo, es decir, una serie de operaciones urbanísticas que se traducirían en la venta de una serie de terrenos situados en las localidades de Baix Llobregat, Barcelona y Vallés Occidental. Con esta operación esperan solventar una deuda fruto de una pésima gestión que ha colocado al equipo blaugrana al borde de la quiebra.
LAPORTA, UN CERO A LA IZQUIERDA
Y luego resulta que la política imperialista viene de Madrid. Que los que hacen gastos desmesurados son los del club de Concha Espina. En fin, lo que alguien tendrá que explicarle a este presidente es que una buena gestión se cimienta en la categoría de los dirigentes. Y la de Laporta, sinceramente, no está ni por los suelos. Está bajo tierra, como la situación financiera del Barça. Y como sus socios no reaccionen pronto, a este equipo no le va a quedar otra solución que recurrir siempre al pelotazo y, si señores, a convertirse en Sociedad Anónima Deportiva. Y si no, tiempo al tiempo.
* Defensa Central - I.L - 25.07.09
Foto: Viladecans (Barcelona), terrenos barça - media.e-noticies.com
Marbella: Cinco años en el limbo
MÁLAGAHOY* : El próximo miércoles el Pleno del Ayuntamiento de Marbella decidirá la aprobación provisional de su nuevo PGOU. Tal vez sea uno de los documentos urbanísticos sobre los que más ojos hay puestos actualmente en todo el panorama nacional. No en vano, Marbella ha sido noticia durante demasiados años por los desmanes urbanísticos cometidos por anteriores corporaciones y por los intentos a la vuelta a la legalidad que se están dando desde 2006.
Pero claro, 18.000 viviendas fuera de ordenación (tal y como avanzó la entonces consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, en la presentación del Plan General de Ordenación Urbana hace tres años) tienen difícil acomodo.
Ahora que el plan está a punto de ser aprobado provisionalmente, no está de más hacer un pequeño resumen de los acontecimientos que han dado lugar al texto en sí.
El plan general urbanístico comenzó a redactarse en 2004, en virtud de un acuerdo suscrito entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella, en aquel momento en el que Marisol Yagüe era alcaldesa de la localidad. El equipo dirigido por el arquitecto Manuel González Fustegueras (ligado a la redacción de múltiples planes urbanísticos por designación de la Junta, y que de hecho, fue concejal de Urbanismo en Jerez de la Frontera por el PSOE) se puso a trabajar de inmediato, y en 2005, se celebraron las primeras reuniones sectoriales con los diferentes colectivos sociales. Había que poner orden en muchos puntos.
El primer punto de inflexión que tuvo el devenir de este documento tuvo lugar en noviembre de 2005. Concepción Gutiérrez acudió a Marbella acompañada por el ya ex presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, para hacer pública una decisión inédita (la primera de muchas): la retirada de competencias urbanísticas a la ciudad. El Gobierno andaluz asume en solitario la redacción de este PGOU, que si todo avanza según lo establecido, se llevará a pleno el próximo miércoles. Mientras, se sucedían las idas y venidas de los concejales y responsables de la corporación gilista a los tribunales por el desaforado urbanismo practicado en la era GIL, las demandas por licencias ilegales se amontonan en los juzgados (aún quedan unas 200 que deberán ser dirimidas).
El 29 de marzo de 2006 la situación cambia radicalmente: la operación Malaya significa la detención de todos los miembros del equipo de gobierno y la posterior disolución del Consistorio. Con la llegada de la Comisión Gestora a la ciudad (en la que estaban presentes PSOE, PP, IU y PA), se empiezan a tomar las primeras decisiones que significan la recuperación de la normalidad urbanística: precinto de edificaciones ilegales, creación de la Oficina de Planeamiento de la Junta en la ciudad y la primera solicitud de aplazamiento de ejecución de sentencias hasta la aprobación definitiva del Plan General.
Las elecciones de mayo de 2007 dieron la victoria al Partido Popular. Se produjo entonces la devolución de competencias urbanísticas al Consistorio, y también, el 17 de julio de ese mismo año, la aprobación inicial del PGOU. Tal y como ha recalcado la regidora, Ángeles Muñoz, en más de una ocasión, "no es el plan que queremos para Marbella, pero entendíamos que había que asumirlo para devolver la legalidad en un documento de planeamiento. Era lo más sensato: aprobar sin modificar una coma". El proceso de exposición pública y las reuniones con colectivos se dilataron durante dos meses. Se presentaron más de 8.500 alegaciones en esta fase. La mayor parte de ellas tenía como objeto el sistema de compensación, por el cual es la propiedad la que había de pagar por las irregularidades cometidas.
Reuniones con afectados, con promotores, recepción de informes sectoriales… Y trabajo conjunto entre los técnicos municipales y equipo redactor. Un año después de aquella aprobación provisional, se produce la aprobación en pleno de los cambios introducidos por ambos en el documento. De nuevo se abre el período de alegaciones y, de nuevo, más de 8.000 solicitudes de modificación del documento. Surge la polémica por la modificación de las lindes del término municipal, debido a un acuerdo suscrito entre los regidores de Marbella y Benahavís, por el cual 14.000 metros cuadrados (que, según el PGOU de Benahavís son urbanizables y que por el de Marbella son zona verde) pasan a ser de la localidad vecina. El Consejo Consultivo emitió un dictamen por el cual se determina que será la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Gobernación, la que tenga que decidir al respecto.
A finales de junio de este mismo año, el Ayuntamiento recibe de manos del equipo redactor el texto para su aprobación provisional. En los tres textos hay una tónica común: más de 1.000 viviendas no ocupadas se quedan fuera de ordenación. Pero hay tres promociones, que suman otro medio millar de casas, que tampoco tienen acomodo, y estas sí están habitadas. Se trata del Banana Beach (sobre el que además pesa una sentencia de demolición), Río Real y La Víbora. Muñoz tiene la firme intención de regularizar estas tres promociones, tal y como anunció el pasado día 16. La Junta, a través del consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, lo advirtió claramente: "El pulso [de la regularización de viviendas] no es con la Junta, sino con los tribunales". Para el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio es "un profundo error plantear la legalización con carácter general con el criterio de que vive gente", algo que entiende es "jurídicamente imposible". "Siempre hemos dicho que no se trataba de legalizar lo ilegal, de un simple cambio de etiqueta, sino de definir un modelo coherente y razonable", explicó el consejero.
Muñoz parece que reculará. Ambos se reunieron el jueves para acercar posturas sobre el PGOU, cuya segunda aprobación provisional se lleva el miércoles a un Pleno extraordinario. Espadas afirmó que parece que la alcaldesa "reconsidera su postura, pero vamos a esperar a conocer los cambios y luego nos pronunciaremos". No en vano, la regidora adelantó que "no quería introducir elementos de inseguridad o de cuestionamiento de la legalidad urbanística".
De momento, hoy está convocada la comisión informativa del Pleno extraordinario de la aprobación del PGOU.
* Málaga Hoy - Bárbara Rodríguez -27.07.09
Foto: Marbella, plaza ayuntamiento - pgb.es
El Palacio de la SGAE: La historia de un amaño multimillonario
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ELMUNDO/Madrid* : El ex alcalde popular de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, ocultó presuntamente información al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para conseguir la apropiación del Palacio del Infante don Luis, propiedad de Enrique Rúspoli, que luego cedería gratuitamente a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), según una serie de documentos inéditos a los que ha tenido acceso EL MUNDO.
El partido Alternativa por Boadilla, representado por Ángel Galindo, solicitó el pasado martes ante el Tribunal Supremo, tras disponer de documentos desconocidos hasta la fecha, una demanda de revisión del auto del TSJM que había anulado la sentencia que suspendía la venta del Palacio del Infante don Luis al Ayuntamiento de Boadilla.
Según los nuevos documentos, el ex alcalde de Boadilla e imputado por el caso Gürtel, Arturo González Panero, ordenó a su letrado consistorial ocultar varias informaciones al TSJM, que permitieron finalmente la adquisición del Palacio por parte del Ayuntamiento y su posterior cesión a la SGAE.
Sin embargo, la aparición de estos documentos, a escasos días de concluir el plazo para solicitar la revisión del auto que permitió finalmente la cesión del Palacio al Ayuntamiento, podrían provocar la devolución del Palacio al propio Enrique Rúspoli, al haberse producido una presunta estafa procesal por parte de Rúspoli y de González Panero, según varias fuentes jurídicas consultadas.
Los hechos se remontan a noviembre de 1998, cuando el Ayuntamiento de Boadilla firmó un convenio urbanístico con Enrique Rúspoli, duque de Sueca, para la adquisición del Palacio del Infante don Luis. Según el acuerdo, el Consistorio de la localidad madrileña se comprometió a la cesión de 338 viviendas en una exclusiva zona de Boadilla, valoradas actualmente en más de 40 millones de euros, y al pago en efectivo de 1,2 millones de euros. Un pelotazo inmobiliario para un duque de Sueca que se desentendía, de esta forma, de un edificio cuya conservación había quedado en el olvido, a pesar de estar bajo el amparo de la Ley de Patrimonio Histórico Nacional.
Sin embargo, la empresa Fincas de Boadilla S.A., con fuertes intereses inmobiliarios en la zona, presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid demandando la anulación de dicho acuerdo por un "defecto de forma". La Sala dictó sentencia el 18 de octubre de 2002, haciendo añicos el acuerdo entre el Ayuntamiento y Enrique Rúspoli.
Este dictamen suponía la devolución del Palacio a Rúspoli y, por ende, la pérdida del dinero y de las viviendas pactadas con el Ayuntamiento de Boadilla. Éste, ante la amenaza de perder tan suculento botín por una sentencia que parecía irrevocable, declaró ante el TSJM que no había tenido constancia de la resolución judicial hasta el 11 de mayo de 2004, es decir, 20 meses después de que se hiciese pública.
La Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 241 establece que un sujeto puede solicitar la nulidad de una sentencia en un plazo de 20 días desde que tiene conocimiento de ella. El 20 de mayo de 2004, nueve días después de, teóricamente, haber conocido la sentencia, Rúspoli solicitó la nulidad de la resolución judicial.
Alegó haber sufrido una situación de "indefensión" al no haber conocido ni recibido por parte del Ayuntamiento toda la información referente al recurso hasta el 11 de mayo de 2004. Por esta razón, según él, se había visto incapacitado a presentar alegaciones contra la resolución que anuló el convenio de adquisición que había sellado con el Ayuntamiento.
Presunta estafa procesal
Una versión completamente errónea si nos atenemos a los documentos a los que ha podido acceder EL MUNDO y que evidencian que Rúspoli había conocido la resolución judicial al menos 20 meses antes, en mayo de 2003.
El TSJM, antes de aceptar la petición de nulidad de Enrique Rúspoli, abrió una investigación para determinar si realmente éste no había tenido constancia de la resolución judicial hasta 20 meses después. Pidió un informe a Juan Ortega, letrado consistorial de Boadilla, que redactó un escrito en el que rechazaba la solicitud de nulidad de Rúspoli. Reconocía que éste había tenido "cabal conocimiento de la sentencia" antes del 11 de mayo de 2004.
"No es admisible el incidente, dado que la inactividad del Sr. Rúspoli Morenés, su no personación en autos, a pesar de conocer el contenido de la sentencia y el ofrecimiento que hace a la Corporación a la que represento, deben ser asumidas con el efecto de considerar que la indefensión no existe", explicó el letrado consistorial en su borrador de informe. Efectivamente, el Ayuntamiento de Boadilla comunicó en mayo de 2003 la resolución judicial a Pedro Ramón y Cajal, representante legal de Enrique Rúspoli.
En un fax con fecha del 20 de mayo de 2003, el abogado de Rúspoli agradecía al secretario de la Corporación de Boadilla que les hubiese adelantado la resolución judicial por la que el convenio entre ambas partes quedaba anulado. Además, otros documentos demuestran que Enrique Rúspoli mantuvo reuniones con el secretario del Consistorio meses antes de la fecha en la que había declarado haber conocido la sentencia. Por tanto, la solicitud de nulidad que realizó el 20 de mayo de 2004 se produjo fuera de plazo.
El borrador de alegaciones que ponía de relieve que Rúspoli había mentido al TSJM pasó a manos del alcalde de Boadilla, que decidió hacer caso omiso a sus indicaciones. En cambio, ordenó al letrado consistorial, a través de una nota interna, que ocultase las alegaciones anteriormente citadas, escondiendo así informaciones de gran importancia de cara a la decisión del TSJM.
Paradójicamente, le pidió al abogado del Consistorio que resaltase en el informe final dirigido al TSJM "la actitud de colaboración que el Ayuntamiento de Boadilla ha tenido, tiene y tendrá con la Administración de Justicia". Y todo ello, presuntamente, tras haber ocultado de manera deliberada las alegaciones que el letrado consistorial hizo contra la petición de nulidad de Enrique Rúspoli, así como los documentos que evidenciaban que Rúspoli había tenido acceso a la sentencia 20 meses antes.
Ángel Galindo, líder de Alternativa por Boadilla, califica de "presunto fraude procesal" la actuación de González Panero y Rúspoli, un delito que puede acarrear hasta 6 años de prisión, según el artículo 250 del Código Penal. Galindo también exige la "expulsión inmediata" de González Panero del Ayuntamiento de Boadilla, así como de las filas del Partido Popular, del que sólo fue suspendido de militancia, tras ser imputado por los delitos de asociación ilícita, cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude fiscal y prevaricación.
* El Mundo- Javier G.Negre | Madrid - 27.07.09
Foto: El Palacio de Boadilla del Monte - elmundo.es
Una constructora que pagó comisiones a Correa sacó siete millones en billetes de 500
ELPAÍS* : Hacienda destapa un posible fraude al investigar el 'caso Gürtel' en Castilla y León. El consejero que adjudicó una obra sospechosa es ahora presidente de las Cortes. El caso Gürtel, una red corrupta vinculada a Administraciones controladas por el PP que ya tiene más de 100 imputados, continúa su imparable expansión. Cinco meses después de las primeras detenciones, los investigadores siguen descubriendo nuevas irregularidades y operaciones sospechosas.
En el informe de la Agencia Tributaria, definitivo para que el Tribunal Supremo haya decidido asumir el caso por la posible implicación de Luis Bárcenas, tesorero del PP, y el diputado Jesús Merino, se detalla cómo la investigación de los tentáculos de la red de Francisco Correa en Castilla y León ha destapado unas sospechosas operaciones de casi siete millones de euros en billetes de 500 que se están investigando.
La deriva de Gürtel en Castilla y León ya apareció en el primer auto del juez Baltasar Garzón que implicaba a Bárcenas. Los investigadores encontraron entre la documentación del contable de Correa un fax de la Consejería de Fomento de Castilla y León, dirigida entonces por José Manuel Fernández Santiago (conocido entre sus íntimos como Toti), ahora presidente de las Cortes, con la concesión definitiva de la variante de Olleros de Alba, por 2,45 millones de euros, en noviembre de 2002, a TECONSA, una empresa relacionada con la trama y que tenía entre sus directivos a José Ramón Blanco Balín, uno de los imputados en el caso Gürtel.
Garzón detallaba, basándose en los informes de los investigadores, que la red de Correa había anotado junto al fax 73.650= 12.255. 73.650 euros es exactamente el 3% de los 2,45 millones de euros de la adjudicación, y 12.255 la traducción de 73.650 euros a millones de pesetas. Esto es, que TECONSA habría pagado una comisión del 3% a Correa para que utilizase sus contactos políticos para influir en la adjudicación, un dinero que éste repartió después entre algunas personas aún sin identificar, y que aparecen con las siglas T.O; G; L y J. El 3% es el porcentaje del que siempre se ha hablado como el más habitual para comisiones de adjudicaciones. Más tarde, los investigadores encontraron otra documentación que apunta en el mismo sentido [ver gráfico]: un folio cuadriculado manuscrito con el encabezado "recibido en sobre 17-1-2003- Junta Castilla y León" sobre otro reparto similar de 96.100 euros.
Todo esto hizo que los investigadores se pusieran en contacto con la Agencia Tributaria, que realizó un informe demoledor sobre TECONSA, una constructora de origen leonés. Según se puede leer en ese documento [ver gráfico reproducción de la izquierda], "la información recibida en relación con las operaciones de movimiento de efectivo realizadas por TECONSA en los ejercicios 2004 a 2007 se refiere al manejo por parte del obligado tributario de billetes de 500 euros por un importe total de 5,5 millones en 2004, 242.000 en 2005, 893 en 2006 y 202.000 en 2007".
En casi todas las operaciones, TECONSA aparece como ordenante y beneficiario de las entregas de dinero. En 2004, en un mes, la empresa hizo nueve operaciones, una de ellas de 2,4 millones de euros, todas en billetes de 500. "No parece razonable el manejo en efectivo de cantidades tan elevadas, existiendo hoy día alternativas mucho más seguras para efectuar pagos. Llama la atención la secuencia temporal de las operaciones, todas en un mes. De ser empleados los fondos dispuestos en efectivo en la gestión corriente de TECONSA, como indicaron don José Luis Martínez Parra (administrador y autorizado en cuentas de la sociedad) y don Pedro Durán Sanz (trabajador de TECONSA), parecería más lógico que fueran retirados de una forma más continua a lo largo del ejercicio, y no concentrados en un solo mes", escribe la Agencia Tributaria en su informe.
Este mismo organismo ya había destapado en ese mismo informe que Constructora Hispánica, otra empresa relacionada con la red de Correa -aparecen pagos de esta constructora en la contabilidad B de 1,6 millones de euros que también habrían ido a parar en parte a Bárcenas, según la fiscalía- había realizado pagos superiores al millón de euros en billetes de 500 a empresas pantalla que emitían facturas falsas. Constructora Hispánica consiguió adjudicaciones de tramos del AVE por valor de 99,1 millones de euros durante el mandato de Francisco Álvarez-Cascos (mayo de 2000 a marzo de 2004) al frente del Ministerio de Fomento.
La polémica por la variante de Olleros de Alba, el nexo principal entre el caso Gürtel, radicado fundamentalmente en Madrid y la Comunidad Valenciana, y Castilla y León, ha llegado incluso a las Cortes. La oposición del PSOE, dirigida por Óscar López en esta comunidad, exigió explicaciones y el actual consejero, Antonio Silván, insistió en que el expediente de adjudicación es "impecable". TECONSA y FCC empataron a puntos, pero la primera ofreció un preció más barato, aunque al final, según denunció la oposición socialista, la obra costó 4,2 millones, frente a los 2,8 que había ofrecido inicialmente TECONSA.
A pesar de esta aparente tranquilidad, en el PP, según varios dirigentes consultados, existe un gran temor de que el escándalo se extienda judicialmente a Castilla y León, ya que serían tres de las seis comunidades gobernadas por el partido que lidera Mariano Rajoy las afectadas por Gürtel, un caso que no para de dar disgustos al PP.
De hecho, los populares están preocupados porque se ha trasladado en el partido que Bárcenas, cuando fue interrogado el pasado miércoles en el Tribunal Supremo por su posible implicación en la concesión de la variante de Olleros, contestó al juez y a los fiscales que debían investigar a los responsables de esa adjudicación para identificar esas iniciales. Bárcenas no llegó al extremo de señalar nombres de compañeros suyos de partido, pero dejó caer dónde había que mirar, según las mismas fuentes. Sí fue tajante con Luis Delso, presidente de Isolux, al asociarle al apunte de "Luis, el cabrón".
El actual presidente de las Cortes, José Manuel Fernández Santiago, máximo responsable de esa adjudicación, contestó ayer a algunas preguntas de EL PAÍS. Él insiste en que el expediente "es impecable". "Se concedió la obra a la empresa más barata. Toda la operación es de lo más correcta que se pueda imaginar. Estoy muy tranquilo", insiste.
Fernández Santiago asegura que él no tiene ningún tipo de relación con la trama de Gürtel. Admite que conoce de hace muchos años a Gerardo Galeote, uno de los principales implicados, pero nada más. "No conozco de nada a Correa, no le he visto en mi vida. No tengo la menor idea de a qué se refieren esas iniciales, pero en cualquier caso la presunción de inocencia en un Estado de derecho debe llevar a que a nadie le acusen de algo tan grave sólo porque su inicial pueda coincidir con la que hay en un papel que ha aparecido", sentencia.
* ELPAIS.com - CARLOS E. CUÉ - Madrid - 27/07/2009
Foto: Valladolid, cortes castilla y leon - wikipedia.org
Las urbes gallegas ganan metros verdes en el extrarradio, pero olvidan el centro
LAVOZDEGALICIA* : Resulta paradójico que una de las comunidades autónomas más verdes de España tenga los núcleos urbanos más grises, pero así es. Las siete urbes más pobladas de Galicia (las cuatro capitales de provincia, Vigo, Santiago y Ferrol) han ganado un millón y medio de metros cuadrados de espacios verdes desde el 2003, pasando de 10 a 11,5 millones, pero solo gracias a extensas áreas de extrarradio, como Bens en A Coruña o el Carlomagno en Santiago, por lo que las cifras son engañosas.
Los cascos urbanos, ensanches y barrios céntricos mantienen su vieja estructura de hormigón y polución, con exiguos espacios al aire libre en los que se hacinan los vecinos los fines de semana. La ratio que mide los metros cuadrados de verde por habitante ha subido en esos seis años de 7 metros cuadrados a los 12,6 actuales, pero en el centro de las urbes sigue en muchos casos por debajo de 2, cuando la recomendación mínima de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es entre 10 y 15.
Andrés Precedo, catedrático de Xeografía Humana en la Universidade de Santiago y experto en urbanismo, explica que «las ciudades han mejorado sus zonas verdes con grandes áreas poco accesibles, como ocurre en Vigo con Castrelos o en Santiago. El Monte do Gozo no cumple la misión de un jardín de barrio o de centro, que es lo que buscan mayores y familias con niños, los principales usuarios de estos servicios».
Por tanto, las zonas verdes están cada vez más lejos de los vecinos, mientras las carencias siguen al lado de sus casas. «La ocupación del suelo edificado es tan densa en estas ciudades -prosigue Precedo- que hay una carencia enorme de zonas arboladas en las calles. El aprovechamiento máximo del suelo con fines especulativos imposibilita plantar árboles, y ahí es donde nos diferenciamos de otras urbes de España. La deuda pendiente está en el centro, en los barrios. En Barcelona se ha experimentado el vaciado de manzanas, con éxito en muchos casos, y podría intentarse».
Pero incluso con parques de extrarradio, ciudades como Vigo, Ferrol u Ourense no llegan a la recomendación mínima de la OMS. Ni siquiera a la media nacional, que es de 9,91, según un estudio de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos. Su presidente, Félix Moral, sostiene que «el verde en Galicia es algo natural y, por tanto, sus ciudades deberían tener más árboles». Llegar al nivel de Washington, con 72 metros por habitante, parece una utopía.
* La Voz de Galicia - Alfonso Andrade - 26.07.09
Foto: El monte de San Pedro contribuyó a elevar los metros cuadrados de verde por habitante en A Coruña - DIEGO VILLAR, lavozdegalicia.es
Salamanca: Suspenso en urbanismo
NORTECASTILLA* : La mención en negativo a Salamanca es ya todo un clásico de las reuniones anuales del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco. Desde hace tiempo, el máximo organismo dedicado a la preservación patrimonial del planeta viene mandando a septiembre a las autoridades locales por culpa de enquistados proyectos y de diferencias de criterios en la gestión.
El último encuentro en Sevilla no ha sido una excepción, la Unesco valora los esfuerzos llevados a cabo, pero sigue sin dar el aprobado en el tratamiento a la ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad desde 1988.
En el último examen en Sevilla, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ha suscrito el informe efectuado por una misión propia de expertos que visitó la ciudad el pasado mes de febrero. Un análisis en el que se ha querido destacar «el estado satisfactorio en general de Salamanca, especialmente comparado con la primera misión en el 2002», así como «los esfuerzos de conservación por las autoridades locales y regionales».
Esfuerzo insuficiente
Sin embargo, ahí finalizan las buenas palabras, porque la Unesco comienza a enumerar desde ese punto las asignaturas pendientes que impiden que Salamanca apruebe el curso.
Como esa materia que tienen todas las carreras que llena las aulas de alumnos que han apurado hasta la última convocatoria, el proyecto de Las Adoratrices sigue atragantándose. Y eso que La Unesco reconoce que este curso se ha estudiado más y considera «bien recibidos los esfuerzos realizados por los arquitectos para reducir el volumen y la altura del edificio proyectado». Sin embargo, no es suficiente y a pesar de todo entiende que el edificio que Caja Duero planea construir ya desde hace años «tendría un impacto negativo en la integridad» del conjunto monumental y, sin dudar de su utilidad, recomienda buscar otro emplazamiento.
El aparcamiento de Los Bandos es una de las asignaturas que el Ayuntamiento creía poder convalidar por entender que forma parte de otro plan de estudios. Es decir, al no encontrarse la plaza en la zona formalmente declarada Patrimonio, el Consistorio nunca entendió que debía superar el examen de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, el Comité entiende que sí, no en vano se encuentra justo en el límite del área protegida.
Por eso, el Ayuntamiento obtiene un nuevo suspenso al considerar los expertos que el proyecto «debe ser abandonado, dado el potencial impacto negativo en la integridad del patrimonio de la ciudad al incrementarse el tráfico de automóviles», insistiendo además en que -hipotéticos restos de Santo Tomé al margen-, la plaza está en una zona «arqueológicamente sensible» al formar parte del trazado de la Vía de la Plata.
Dos suspensos rotundos que se ven además reforzados por lo que podría considerarse otro suspenso más general, al recordar la Unesco que la ciudad carece todavía de un plan que preserve «su importante riqueza, su integridad y autenticidad, para evitar posibles alteraciones futuras en su fábrica histórica, incluyendo el fachadismo».
Restaurar edificios
Aunque el organismo se da por enterado de los trabajos que están efectuando en este sentido la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento, con dos años de retraso sobre lo previsto, exige un mayor esfuerzo en garantizar la restauración de edificios de la zona histórica, respetando la configuración original de las casas solariegas salmantinas, labor que debería ir más allá de la mera conservación de su fachada, algo que no ha ocurrido últimamente en la Casa de María la Brava, en la Casa de los Niños de Coro o en la Casa de los Churriguera, entre otros casos, donde se ha procedido a un vaciado total de los inmuebles.
Y es que si algo mueve a la severidad a la Unesco al juzgar la gestión municipal es la falta de rigor en las actuaciones en los límites de la zona declarada, un caso es el polémico derribo del Gran Hotel, a escasos metros de la Plaza Mayor.
Por eso, si el Ayuntamiento quiere aprobar este examen de septiembre debe afrontar ciertos deberes del Comité del Patrimonio Mundial, que pasan por la posibilidad de ampliar la zona protegida hasta abarcar todo el antiguo recinto de la muralla medieval e incluso proteger una parte de la margen izquierda del Tormes, para garantizar la preservación de las vistas de la ciudad monumental.
No hay que olvidar que la declaración de Ciudad Patrimonio incluía un área principal y siete bienes periféricos (San Marcos, Sancti Spiritus, San Juan de Barbalos, San Cristóbal, Colegio de los Irlandeses, Convento de las Claras y Casa Convento de Santa Teresa), que exigían medidas de protección integral de los propios monumentos y de sus entornos que, según ha denunciado reiteradamente la Unesco, han sido totalmente olvidadas convirtiendo una antigua trama histórica «en fragmentos».
No hay duda, al Ayuntamiento sólo le queda hincar los codos.
* Norte Castilla - FRANCISCO GÓMEZ - 27.07.09
Foto: Parte de la fachada derribada en abril del 2007 de este emblemático establecimiento, próximo a la Plaza Mayor./ J. TRUCO , nortecastilla.es
La costa es ya un cementerio de hormigón
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ELPAÍS/Reportaje* : Un enorme cementerio de hormigón. En eso se ha convertido el litoral español tras una década de boom inmobiliario. Ayuntamientos y promotoras inundaron el Mediterráneo de proyectos urbanísticos que pasearon por los salones y escaparates inmobiliarios de todo el país. Complejos que crecían a base de chalet y adosado y que cambiaron el rostro de los principales destinos vacacionales españoles. Hoy se justifican en la avidez de los inversores nacionales y extranjeros, del turismo residencial y del crecimiento demográfico, pero aun así sobran miles de viviendas. ¿Acaso esa demanda era ficticia? ¿Se pensó en las necesidades de los ciudadanos y del territorio?
A finales de 2008, en España había 997.652 casas por vender, de las cuales dos terceras partes estaban ya terminadas. Según un informe del Ministerio de Vivienda, las provincias del Mediterráneo concentran el 47,2% de todo ese stock, casi medio millón de viviendas. Y en un contexto de crisis, pintan bastos para que sean absorbidas por un mercado que años atrás sí era una esponja. "La segunda residencia es la que más está notando las caídas en las ventas. Es lógico, los ciudadanos es de lo que prescinden primero ante las dificultades", explica Pedro Pérez, presidente del G-14, el lobby de las grandes inmobiliarias.
España podría tardar una media de unos 2,2 años en absorber todas las viviendas que aguardan un comprador. Eso si cada año se venden entre 350.000 y 400.000 casas, una cifra que ahora se antoja optimista. Ésa es la estimación que realiza el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra, José García Montalvo. "En algunas zonas, sobre todo en las que hay una mayor dispersión y en la costa, se tardará más, alrededor de tres años", apunta.
Pocos se aventuran a pronosticar cómo evolucionará el mercado. Si se vendiera al ritmo de 2007, cuando el ladrillo empezó a languidecer, no habría demasiadas complicaciones: se tardarían 1,3 años en despachar todos los pisos de la costa (véase el gráfico). En el otro extremo, en caso de mantenerse la tendencia de compraventas de pisos de obra nueva que indica el Instituto Nacional de Estadística en el último semestre, se tardaría 4,8 años en dar salida a ese stock.
No obstante, algunos observadores ven ya un repunte en las ventas. El vicerrector de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos, por ejemplo, asegura que mayo y junio han sido "sorprendentes" en transacciones gracias a la bajada de los precios y de los tipos de interés, que han abaratado la vivienda, en algunas zonas entre el 40% y el 50%. Así que si se toma como referencia un escenario intermedio, pasarán cerca de tres años y medio hasta que se vendan todos los pisos de la costa.
Hoy por hoy, el paisaje es si cabe más lúgubre que cuando lo adornan las grúas. Hay obras paradas en multitud de localidades del litoral de Cataluña, Baleares, la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. En lo que debían ser nuevos desarrollos han quedado centenares de esqueletos de proyectos de viviendas. Y como resultado, también barrios medio vacíos, a los que sus detractores tachan de "zonas fantasma".
En los últimos nueve años se han construido unos cuatro millones de casas en el litoral español, según el informe Destrucción a toda costa 2009 de Greenpeace. La organización cita decenas de obras que invaden zonas protegidas o de alto valor ecológico, construcciones ilegales y desarrollos alrededor de los cuales ha habido casos de corrupción que han terminado en los tribunales. Marbella, en este último extremo, o el hotel construido en El Algarrobico, por ubicarse en el parque natural del Cabo de Gata, son dos de los símbolos de los años de desenfreno.
Pero para la responsable de costas de Greenpeace, Pilar Marcos, el hotel de El Algarrobico es la punta del iceberg de un proceso de construcción que no tuvo en cuenta las necesidades de la población. "En España hay suelo recalificado y comprometido para 20 millones de viviendas. Se construyó sin sentido. Los promotores preveían que se necesitaban 300.000 viviendas anuales y, en cambio, construyeron el triple", denuncia Marcos. Y añade que mientras en la Unión Europea se levantaron cada año entre ocho y diez casas por cada 1.000 habitantes, en España construían entre 20 y 30.
El sector defiende que se proyectó de acuerdo a las necesidades que existían. "Durante años hubo una demanda pujante que hizo que nos pusiéramos a construir mucho. Una promoción no se hace de un día al otro, tarda unos 24 meses. Así que mucho de lo que vemos hoy se inició cuando la demanda seguía creciendo", sostiene Pedro Pérez.
La población en estas comunidades se incrementó. Una razón es la llegada de turistas que decidieron quedarse a vivir en un país con una buena calidad de vida. Pero la principal es la llegada de inmigrantes. El director del Observatorio de la Urbanización de la Universidad Autónoma de Barcelona, Francesc Muñoz, mantiene que las casas que se promovieron no estaban pensadas para ellos. "Se hizo un producto exclusivo lejos del centro de las localidades. Y entonces llegaba población muy joven sin recursos que procedía de países en desarrollo y que debía quedarse con pisos antiguos del centro. Las casas que ahora están a medio ocupar son el reflejo de que se levantó mucha casa, pero sin pensar en el mercado, sólo en el producto inmobiliario", explica.
Aun así, los inmigrantes, junto a los jóvenes, facilitaron que muchos ciudadanos pudieran vender su piso antiguo del centro para trasladarse a una casa con jardín de las afueras. Ese proceso, unido al del turista que decidía quedarse, animó a los inversores. "Adquirían casas sobre todo en la Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia. Había pequeños inversores que adquirían un piso y grandes que se hacían con un paquete de viviendas que revendían aprovechando que la vivienda subía rápidamente. Todo eso se vino abajo en 2007. Muchos dejaron de comprar y otros tantos renunciaron a las arras que habían dado porque no podían asumir el precio o porque no veían comprador", explica el economista y ex secretario catalán de Vivienda Ricard Fernández.
Pedro Pérez admite excesos, pero recuerda que sin "la cooperación entusiasta" de los ayuntamientos no se hubiera construido todo lo que hoy se critica. Muchos consistorios basaron su gasto en los créditos y los ingresos por licencias de obras. Y pusieron su empeño en grandes urbanizaciones que hoy están desangeladas. Como El Francaset, en el municipio costero de Roda de Barà (Tarragona). La localidad, de 6.000 habitantes, proyectó una zona residencial de unas mil viviendas en las que debían residir entre 4.000 y 5.000 vecinos. La crisis la ha paralizado.
La alcaldesa de Roda de Barà, Mayte Huerta, explica que las obras siguen, pero muy lentamente. "Los edificios que arrancaron se terminarán, algunos aún están a medias. Pero hay muchos sin empezar, y eso ha dejado solares vacíos llenos de hierbas", lamenta Huerta. Algún promotor, agrega la alcaldesa, trata de que sus viviendas se califiquen como protegidas, mientras que hay bloques que aún no han sido del todo ocupados. En la urbanización abundan las calles urbanizadas, con asfalto, aceras y farolas. Pero sin casas.
El municipio ahora no sólo debe dar servicios a los 6.000 habitantes que ya residían en él y a los veraneantes. También a la nueva urbanización, pese a estar medio vacía. Y ahora el Ayuntamiento no se lo puede permitir, puesto que sus arcas están en números rojos, lastradas sobre todo por la caída en los ingresos de las licencias de obras.
"En 2006 percibíamos 1,7 millones por las licencias de obras. Y en lo que llevamos de año sólo hemos recaudado entre 10.000 y 20.000 euros", asegura Huerta. Por ello, el equipo de gobierno presentó al pleno, sin éxito, un plan de saneamiento que preveía despedir a unos 30 empleados municipales que debían pasar a empresas externas.
El fervor urbanístico ha deslavazado municipios y ha hecho añicos el mito de la ciudad mediterránea y compacta. "Se pensó que lo sostenible eran los chalets y adosados porque parecía que afectaba menos al paisaje. Pero las urbanizaciones necesitan infraestructuras de transporte, comunicación o saneamiento que se han ido comiendo el litoral", explica el profesor de Florida Universitaria, Carlos Gómez.
Francesc Muñoz apunta que, por ejemplo, en el litoral catalán -el menos castigado por los planes de protección y porque ya vivió su boom en la década de 1980-, entre el 80% y el 90% de lo construido en los últimos años han sido casas unifamiliares. Así que mecas del turismo que a veces han sido denostadas como Lloret de Mar, Benidorm o Fuengirola han demostrado llevar con más justicia la etiqueta de la sostenibilidad. En verano hierven con miles de visitantes, pero éstos están concentrados y consumen menos recursos.
¿Debe servir la recesión para frenar todos los desarrollos? Muñoz opina que depende del caso. "Hay zonas donde sí se debe parar. Pero hay otras donde se debe urbanizar para arreglar desaguisados. Núcleos urbanos con urbanizaciones separadas entre sí donde deben coserse todas las piezas", apunta. Aun así, la crisis sí deja alguna que otra lección. "Muy mal lo haríamos y necesitaríamos un castigo futuro si no sabemos extraer experiencias de esta crisis para el futuro", remacha Pedro Pérez.
Proyectos atascados
Las localidades costeras no son las únicas que están pagando la crisis inmobiliaria. Las grandes ciudades también la están acusando. Algunos inmuebles quedan varados porque las empresas que los promovían están en concurso de acreedores. En otros casos, porque se requerían inversiones millonarias. Y a todo ello se añade una creciente superficie vacía de edificios de oficinas. Según la consultora CB Richard Ellis, en Madrid hay sin ocupar un 9,29% de todo el espacio destinado a oficinas. Traducido en metros cuadrados, hay 1,07 millones de metros cuadrados vacíos, y en los próximos dos años se incorporarán 290.000 metros más.
En Barcelona, donde el parque de oficinas es la mitad que el de Madrid, ocurre lo mismo. La tasa de desocupación es del 8,39% y hay 434.000 metros cuadrados disponibles. E igualmente, se prevén nuevos proyectos que sumarán 182.000 metros cuadrados más.
Eso si salen adelante todos. Las inmobiliarias están retrasando también las obras de los inmuebles corporativos porque temen que no vayan a ser ocupados. Pero además, hay proyectos emblemáticos de la ciudad que también han quedado en punto muerto por las dificultades del sector.
Está parado, por ejemplo, el centro comercial que la inmobiliaria Metrovacesa promueve en la antigua plaza de toros de Las Arenas, firmada por Richard Rogers, y que debería haberse terminado a principios de este año. Y también lleva retraso la City Metropolitana de Jean Nouvel. Otros desarrollos que preveía la ciudad, como La Sagrera, La Marina o Sant Andreu, también van al ralentí.
* ELPAIS.com - LLUÍS PELLICER 27/07/2009
Foto: La segunda residencia es la que más está notando la caída de ventas. En la foto, la cala de Moragues, Andratx (Baleares).- TOLO RAMÓN, elpais.com
El Tribunal Supremo detiene el expolio del Cabanyal
DIAGONAL/Valencia* : El ritmo de las demoliciones en el Cabanyal se ha vuelto frenético. No importa que alguno de estos edificios esté protegido como patrimonio cultural o incluido en zona de Barrio de Interés Cultural (BIC). No queda tiempo. El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación contra la sentencia de 2004 que da la razón a la plataforma Salvem el Cabanyal y que califica como expolio las obras para llevar la avenida de Blasco Ibáñez, atravesando el barrio, hasta el mar.
Maribel Doménech, portavoz de esta plataforma ciudadana, valoró la reunión con Vicepresidencia del Gobierno como muy positiva: “Les hemos instado, al igual que al Ministerio de Cultura, a que tramiten con carácter de urgencia el informe de expolio para detener los derribos.
Tenían conocimiento de lo que lleva pasando en este barrio desde hace 11 años y han tenido en cuenta todos los informes”. Los informes a los que se refiere Doménech fueron elaborados por los arquitectos de la Inspección de la Conselleria de Cultura Valenciana, por el Sindic de Greuges (Defensor del Pueblo), por la Facultad de Derecho y por otros departamentos de la Universidad de Valencia.
Cabanyal 2010 es el nombre de la sociedad creada para la ejecución del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal. Una sociedad que el Consejo de Europa declaró ilegal al estar participada por capital privado en un 46%.
Aunque ahora el capital es público, los vínculos con las constructoras y otras empresas especializadas en la especulación inmobiliaria persisten. La mitad de los inmuebles adquiridos por Cabanyal 2010 están siendo demolidos, mientras la otra mitad la están alquilando a minorías desfavorecidas, con graves problemas de adaptación, a precios muy bajos, con el objeto de que causen problemas de convivencia y coaccionen a otros vecinos para que vendan sus casas.
Una táctica más propia de la especulación “asustaviejas” que de un plan de rehabilitación. “Es un barrio con mucha gente mayor, como pasa en todos los barrios históricos”, comenta Doménech para DIAGONAL. “Están produciendo una fractura social entre aquellos afectados a los que están echando del barrio para poder especular y otros que piensan que saldrán beneficiados por la revalorización de sus viviendas”. La sociedad ha adquirido 209 de las más de 400 viviendas protegidas. “No necesitan declaración de ruina para demoler porque son ellos mismos los que desprotegen las viviendas que compran. Pueden acabar con más de la mitad del patrimonio del barrio”, apuntan desde Salvem el Cabanyal.
Un centro histórico único
La destrucción del tejido social del barrio era el primer objetivo de los especuladores: una gran avenida que partiera en dos el Cabanyal al tiempo que los derribos lo sembraban de escombreras, degradando la zona para forzar a los vecinos a vender.
El Cabanyal fue, hasta 1897, un municipio independiente llamado Poble Nou de la Mar. Posee un centro histórico único en Europa, con un entramado urbano respetuoso con el entorno, la tradición y el arte. Pero la idea de conquistar una playa para Valencia no es nueva. Ya se intentó trazar una avenida que cruzara el Cabanyal hasta el mar en 1953. En plena dictadura franquista bastaron 2.500 firmas de los vecinos para detener un proyecto ideado, casualmente, por el tío de la actual alcaldesa, Rita Barberá. “Desde entonces a nadie se le había ocurrido algo tan irresponsablemente acultural”, sentencia Maribel Doménech.
* Diagonal - Rafa Calleja - 21.07.09
Foto: Valencia, barrio Cabanyal - publico.es
