ELPAÍS/Alicante* : La población de Parcent vivió ayer un día histórico. Casi cuatro años después de que los vecinos se manifestaran por primera vez contra tres programas de actuación integrada (PAI) que suponían la construcción de 1.800 viviendas, el Ayuntamiento recibió la decisión de la Generalitat de desestimarlos.
La Consejería de Medio Ambiente se apoya en un informe negativo de sus propios técnicos, que rechazan los PAI porque ocuparían terreno forestal valioso y afectarían a especies protegidas, y otro de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la insuficiente reserva hídrica.
Con esta decisión, la consejería entierra (a falta de un plazo de alegaciones de 15 días) tres de los PAI más polémicos del urbanismo desaforado de la última década. Tres proyectos aprobados por el anterior gobierno local del PP que inauguraron la llamada doctrina Parcent al lograr en noviembre de 2006 que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en una decisión sin precedentes, los paralizara cautelarmente porque pretendían ordenar 1,4 millones de metros cuadrados y quintuplicar la población al margen de un plan general urbano.
Los PAI continuaron luego su tramitación -el TSJ levantó la suspensión porque aún no había aprobación definitiva-, pero la doctrina Parcent se convirtió en la bandera de los críticos con los crecimientos desmedidos y desordenados que propició la ya derogada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU). Los vecinos de Parcent llevaron su denuncia al Parlamento Europeo, donde consiguieron que el presidente del Comité de Peticiones enviara una carta al Consell quejándose de tanta pasión por el hormigón. Al mismo tiempo, el nuevo gobierno local, de Coalició Democràtica, intentaba recuperar los expedientes para revisarlos. La consejería rechazó su solicitud y continuó una tramitación envuelta en la polémica hasta emitir, el pasado 29 de septiembre, los informes desfavorables.
"Los PAI se van definitivamente a la basura", señaló ayer exultante la presidenta de Veïns de Parcent, Beatriz Riera. "Ha sido una lucha desigual en la que David se enfrentaba a Goliat, pero aquí se ha vencido a Goliat y este pueblo ha podido plantarle cara a intereses especulativos muy poderosos que sólo iban a beneficiar a unos pocos", añadió. Durante los últimos cuatro años, Veïns de Parcent ha aglutinado con numerosas manifestaciones la oposición a los PAI de El Replà, La Solana y El Cantalar, impulsados por las promotoras Terres de l'Horta, SL -del Grupo Ballester-, Arenal Parcent, SL, e Inmobiliaria Costa Villas, que ayer no se pronunciaron sobre los informes negativos.
Ante el dictamen, el gobierno de Parcent se mostró prudente. "Como una Administración neutral, nos hemos limitado a comunicar a las promotoras aquellas deficiencias que nos indicaban los técnicos de la consejería, aunque está claro que algunas eran insubsanables", señaló el portavoz y concejal de Urbanismo Joan Carles Poquet. No obstante, Poquet mostró su confianza en que ahora se abra una nueva página en el urbanismo de Parcent y que también se dé carpetazo a la querella que interpuso contra los concejales la empresa Terres de l'Horta, que los acusa de obstaculizar la tramitación de los PAI.
El dictamen de la consejería provocó ayer euforia entre los habitantes de Parcent. "Sólo nosotros sabemos todos los kilómetros que hemos andado en manifestaciones para que llegara este día y librar a nuestros hijos de una barbaridad como esa" señalaba Joan N. También había quien exhortaba a la contención: "Nos estamos enfrentando a gente muy poderosa, que ha llevado a los tribunales a todo un Ayuntamiento y además no me fío de la consejería", señaló otra vecina.
Con nocturnidad y sin plan general
La Consejería de Medio Ambiente ha dado carpetazo provisional (hay un plazo de alegaciones) a tres planes aprobados casi con nocturnidad. A sólo dos días de la entrada en vigor de la Ley Urbanística Valenciana (LUV), que sustituyó a la denostada LRAU, el Ayuntamiento de Parcent, en manos del PP, dio vía libre a toda prisa a los proyectos con una manifestación de vecinos a las puertas. Además, como destacó después el Tribunal Superior de Justicia en una resolución sobre los PAI, el consistorio los aprobó al amparo de unas normas urbanísticas subsidiarias obsoletas. Parcent no tenía en aquellas fechas un plan general, el instrumento que el tribunal consideraba el adecuado para "ponderar" las necesidades del municipio "y su sostenible desarrollo".
La consejería ha mantenido abiertos los expedientes durante casi cuatro años. Según Medio Ambiente, se ha seguido la tramitación habitual" y hay dos informes "de gran importancia" desfavorables. Uno de ellos es el de la CHJ sobre la falta de agua. La consejería ha rechazado en muchos casos los informes negativos del organismo y se ha acogido a los de entidades municipales que eran favorables. En este caso, sin embargo, no existe ese otro dictamen. Una asociación vecinal de Parcent cercana al PP acusa al consistorio de renunciar a posibles recursos para hacer inviables los PAI, lo que éste rechaza.
La consejería ha aprobado otros PAI con miles de viviendas a pesar de que debían subsanar deficiencias en un plazo determinado. En el caso de Parcent, tras años de tormenta urbanística, no lo ha hecho. Han bastado los informes negativos "de gran importancia".
* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ / SARA VELERT - Dénia / Valencia - 08/10/2009
Foto: Parcent - aestas.es
Parcent gana el pulso contra tres planes urbanísticos de 1.800 casas
El urbanismo salvaje lastrará la salida de la crisis de la Comunitat Valenciana
20MINUTOS* : “Con la ocupación y alicatado de la costa han ganado unos pocos en poco tiempo, pero la hipoteca que han dejado está comprometiendo la salida de la crisis económica, que además es una crisis ambiental y territorial”. Este demoledor análisis de Rafael Mata, catedrático y presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE), es una de las líneas básicas de un seminario sobre gestión costera que se desarrolla estos días en la Universitat de València.
El coordinador y profesor titular de la Universitat, Joaquín Farinós, asegura que los daños causados por la gota fría en forma de inundaciones debieron ser previstos cuando se construyó mucho y rápido en el litoral y las riberas de los ríos. “Que cada palo aguante su vela: a todos nos gusta vivir en un unifamiliar con piscina, pero si está en zona inundable no podemos pretender que todos tengamos que pagar los daños”, añade.
Sin diques naturales
El “urbanismo depredador” ha eliminado humedales y dunas, “unos servicios en forma de regulación que retienen el agua y la van soltando poco a poco”, explica Juan Barragán, catedrático de la Universidad de Cádiz. Este fenómeno hace mucho más devastadores los efectos de la gota fría, habitual el otoño en la Comunitat Valenciana.
Otro efecto inmediato de la construcción desaforada en el litoral es la desaparición de playas, como está sucediendo en la comarca de La Safor. Los expertos lanzan la idea de “recuperar espacios naturales”, es decir, retroceder unos kilómetros, ante la alternativa de construir espigones y trasvasar arena desde el fondo del mar, que es “muy caro”.
190.900 viviendas en nueve años
La ocupación urbanística a gran escala que ha experimentado la costa mediterránea tiene como claro ejemplo el caso valenciano. Entre los años 2000 y 2008, según los datos del Ministerio de Fomento, se han levantado 190.900 edificios residenciales en las tres provincias de la Comunitat. El gran boom se produjo en los años 2005 y 2006, con un ritmo anual superior a las 25.000 viviendas, con un ligero descenso en 2007, cuando se empezaron a registrar menos inicios de obras, y el gran bacatazo inmobiliario de 2008. Los primeros meses del presente año se mueven en niveles desconocidos, con entre 200 y 300 viviendas construidas al mes, según consta en la estadística oficial.
* 20Minutos - J. L. OBRADOR. 06.10.2009
Foto: Ampliar fotoLa playa de Bellreguard (Valencia) es una de las más afectadas por los temporales en la Comunitat Valenciana. (Imagen: 20MINUTOS.ES)
Las operaciones urbanísticas de la trama 'Gürtel
ELMUNDO* : El Informe inicial de la Sección de Blanqueo de Capitales de la Brigada de Investigación de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF Central, incluida en el sumario del caso Gürtel, al que tuvo acceso Europa Press tras el levantamiento parcial del secreto, señala algunas de las principales tramas urbanísticas en las que se vio implicada la trama, que presuntamente encabeza Francisco Correa.
Boadilla del Monte
> En 2006, Correa logró que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte adjudicara a UFC, S.A., del empresario José Luis Ulibarri, unos terrenos pese a que la oferta de la constructora era la más baja y no aportaba ninguna ventaja frente a sus competidoras en el concurso público.
Según el informe, Correa recibió una cantidad de dinero sin determinar de la empresa, que no pagó a ninguno de los responsables municipales que hicieron posible la adjudicación. Según las grabaciones que recoge el sumario, Correa habría admitido en una conversación que vendió un barco al empresario y que en la parcela de Boadilla, el empresario le dio "unas pesetas".
Además, sobre esta transacción podría existir una grabación en vídeo donde el alcalde de Boadilla, Arturo González Panero; Francisco Correa, Tomás Martín Morales y Alfonso Bosch Tejedor se reparten una gran cantidad de dinero, supuestamente como pago por concesiones y adjudicaciones. Todos menos Correa figuran en la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda (EMSV) de la localidad.
Gracias a ese vídeo, Correa habría conseguido que Tomás Martín Morales, un hombre de su confianza, fuera nombrado director general del Ayuntamiento de Boadilla y consejero delegado de la EMSV.
> En 2005, la sociedad UFC S.A. compra un terreno al Ayuntamiento de Boadilla por 35 millones de euros, actuando como apoderado González Panero. La empresa construyó la promoción de viviendas Boadilla Park, con 139 viviendas de alto standing, tres plazas de garaje y trastero incluidas para cada vivienda.
Según la información de la promotora, los precios de las viviendas oscila entre 472.302 y 739.566 euros más IVA. Tomando como referencia únicamente el precio más bajo, la venta habría sido de 65,65 millones de euros.
Majadahonda
En 2006, Correa habría realizado una operación urbanística dudosa en el Monte El Pinar de Majadahonda, donde construyó 16 viviendas de lujo con precios desde 482.000 euros a través de la promotora Twain Jones S.L., cuyo administrador es Jacobo Gordon Levenfeld y que fue constituida por Real State Equity Portfolio S.L., otra de las empresas de Correa administrada por el mismo testaferro.
En las grabaciones aportadas, Correa asegura que las viviendas son suyas y que tiene intención de quedarse con una si sobran. Las de dos dormitorios valen 120 millones de euros y, según el líder del Gürtel, todas salvo dos estaban ya vendidas.
> Por otra parte, el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega Alonso tendría una propiedad en la Isla Tortuga de la Marina de Sotogrande, en Cádiz, resultado de una presunta contraprestación (la policía reconoce que habría que comprobar los datos) de la trama Correa. La propiedad fue adquirida por la empresa Sundryce Advice, cuyo administrador es Luis de Miguel pero que está vinculada a Correa.
Según los documentos del sumario, de Miguel habría hecho negocios con Ortega, al que "colocó" diez millones de pesetas en una promoción de viviendas en Majadahonda a través de Desarrollos Inmobiliarios Fuente Marcela S.L.
Arganda del Rey
A través del entonces teniente de alcalde de Arganda Benjamín Martín Vasco, quien amenazó con hablar si no le daban su dinero, Correa consiguió la adjudicación de varios proyectos urbanísticos en la localidad a la empresa Martinsa, por lo que recibe comisiones. Dado que Martinsa realizó varias operaciones en el municipio, la Policía no pudo determinar la promoción o negocio exacto motivador del pago del dinero que se menciona en la denuncia.
La Nucía (Alicante)
En 2006, Correa consiguió, a través de Castaño Corporate S.A., la adquisición de unos terrenos no urbanizables en La Nucía, en Alicante, comprados a un particular por 456.240 euros. Su objetivo era que el Ayuntamiento recalificara este suelo a urbanizable posteriormente mediante un Programa de Actuación Urbanizadora (PAI), procedimiento para el que sólo existían obstáculos medioambientales.
Según el informe, el Grupo Begar, de Ulibarri, adquiriría los terrenos a un precio barato, con el fin de venderlos por más del doble tras la recalificación. Correa estaba encargado de desbloquear el tema medioambiental mediante un contacto con un "cargo público valenciano", en concreto, "el hijo de puta de Esteban Pons, nombrado Conselleiro de Obras Públicas", según las conversaciones grabadas.
Así, en una de las citas Correa explica que el empresario "pone la pasta, vamos al 50%, y de mi 50% reparto con Ramón Blanco, Álvaro (Pérez 'El Bigotes'), Pablo Crespo y el alcalde de La Nucía (Bernabé Blanco)". En total, la operación es de 8.000 millones de pesetas, y los implicados en la trama ganaron unos 12.000 millones. Según la policía, es necesario comprobar si finalmente se cerró la compra-venta de los terrenos y si se logró la recalificación.
Marbella
En 2003, Luis de Miguel, testaferro de Correa, compró cinco fincas en Marbella (Málaga) en representación de la empresa Inversiones Kintamani S.L por 324.546 euros. Las fincas pertenecían al conjunto urbanístico 'El Embrujo Playa', propiedad de Construcciones Salamanca S.L., cuyo administrador era Emilio Rodríguez Bugallo, el suegro de Correa e imputado en el 'caso Malaya', quien habría recibido de su yerno 500.000 euros para pagar la fianza por esta trama y eludir la prisión.
Para saldar su cuenta, Rodríguez Bugallo le vende a Correa varios inmuebles de El Embrujo Playa, logrando además así deshacerse de patrimonio que le podría ser intervenido.
Esta operación se repitió en 2007 con siete fincas y una vivienda por 387.000 euros, así como de otras cuatro por valor de 385.650 euros. En ambos casos, el comprador es José Ramón Blanco Balín, otro hombre de confianza de Correa, aunque en la primera promoción lo hace en representación de Inversiones Kintamani. La segunda de las operaciones se pagó mediante dos cheques a nombre de Construcciones Salamanca.
En 2008, Pablo Crespo, compró cuatro fincas más de Construcciones Salamanca en el mismo conjunto urbanístico marbellí en representación de Cresva S.L. por 387.000 euros.
Según el informe, el valor catastral de las cinco fincas y los 16 aparcamientos adquiridos, muy por debajo del real, superaría los 554.000 euros. Sin embargo, una oferta de venta de un apartamento en dicha urbanización encontrada en Internet apuntaba que el precio de 125 metros cuadrados construidos y trastero era de 1,3 millones de euros. En total, la trama adquirió todos los inmuebles por 1,48 millones por estas operaciones.
* El Mundo - E.P. - 7.10.09
Foto: Boadilla del Monte, ayuntamiento - cope.es
Seis incorporaciones españolas a la lista de monumentos en peligro
ELPAÍS* : El proyecto actual de ampliación del AVE que atraviesa Barcelona supone una amenaza física para la Sagrada Familia de Gaudí. Y la presión urbanística amenaza estéticamente los paisajes históricos de Ávila, Sevilla, Toledo y Numancia. Además, una nueva autopista puede arruinar la belleza del Camino de Santiago. Son los puntos calientes españoles que figuran en la lista anual elaborada por el Fondo Mundial de Monumentos (WMF por sus siglas en inglés), en la que se alerta de los peligros que sufre el patrimonio cultural de cada país y que fue presentada ayer en Nueva York.
Este año España tiene el dudoso honor de figurar en el tercer puesto de la lista, después de Estados Unidos y Perú, por el número de lugares amenazados. Y, aunque en muchos de los 93 lugares pertenecientes a 47 países incluidos este año la advertencia se centra en casos concretos de deterioro físico, como le ocurre al Convento-Museo de Cochabamba en Bolivia o a las construcciones de Frank Lloyd Wright, Taliesin y Taliesin West en Estados Unidos. En España, la principal amenaza es el desarrollo urbanístico. "En el caso de Sevilla hay un proyecto para construir un rascacielos -una sucursal bancaria-, que estropeará el horizonte sevillano". La polémica que ha generado la propuesta ha llegado incluso al International Council of Monuments and Sites (el brazo técnico de la Unesco). "Ellos son quienes nos propusieron incluirlo en nuestra lista. Al hacerlo lo que intentamos es contribuir al diálogo para que el proyecto se replantee".
"Ocurrió lo mismo hace dos años en San Petersburgo, un rascacielos amenazaba las extraordinarias vistas de la ciudad aunque en aquel caso, fue la crisis y no nosotros lo que acabó frenando el proyecto", explicó a este diario Norma Barbacci, directora de programas para Latinoamérica, España y Portugal del World Monuments Fund. Respecto a Ávila, el fondo subraya que "la necesidad para cuidar e integrar planificación urbana y preservación arquitectónica nunca ha sido más crítica". En ese sentido, Barbacci explica que en la mayoría de los paises el reto principal está en manos de gobiernos regionales y locales. "Las inmobiliarias quieren construir todo lo que pueden, es inherente a ellas. Pero los que tienen que tener conciencia y sentido común son los gobiernos regionales y locales, que han de buscar un balance entre desarrollo económico y patrimonio artístico y cultural. A veces hay conflictos de jurisdicciones y en otros casos es incluso necesario reforzar las leyes o aprender a interpretarlas. En Ávila todo lo que se ha construido cerca de la muralla cumple con la legislación, pero está claro que se ha urbanizado sin medida y el resultado es que sus vistas han sufrido mucho". En Numancia y Toledo, dos proyectos residenciales amenazan el paisaje de ambas áreas y en el Camino de Santiago, una nueva autopista que ya ha empezado a construirse "y que ya ha destruido cinco kilómetros del Camino cerca de Santo Domingo de la Calzada causará daños físicos, ecológicos y estéticos irreparables", señala el WMF.
Respecto a la línea de AVE que bordeará la Sagrada Familia, el fondo solicita que se realicen análisis más rigurosos del impacto físico que tendrá sobre la histórica construcción y que se propongan rutas alternativas más alejadas del edificio. Negligencia, guerras, vandalismo o desastres naturales son los motivos que llevan a un lugar o monumento a entrar en la lista de una institución que también ofrece asesoramiento técnico e incluso ayuda económica para enmendar los daños señalados.
* ELPAIS.com- BARBARA CELIS - Nueva York - 07/10/2009
Foto: Una turista fotografía la Sagrada Familia desde un autobús en Barcelona.- CARLES RIBAS, elpais.com
