ELPAÍS/Mallorca* : El ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo, del PP, que cumple una condena de cuatro años de cárcel por corrupción urbanística, se enfrenta a un nuevo juicio, el tercero de las más de 70 causas que componen el llamado caso Andratx. La Fiscalía Anticorrupción pide para él más de ocho años de cárcel, y una pena de cinco años de prisión para su presunto socio, el promotor inmobiliario Manuel Zapata. Ambos están acusados de construir viviendas de lujo en un ámbito rústico protegido de la isla Mallorca.
En 2005, Hidalgo era edil, responsable de Urbanismo y a la vez empresario inmobiliario en su municipio. Aquel año concedió en sólo 14 días una licencia express a Zapata para que éste levantara 24 apartamentos en una parcela de 7.000 metros de suelo rústico protegido en Cala Llamp. Los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach afirman que el empresario sabía que la licencia no era factible y que Zapata le compensó por ella.
Cala Llamp fue un espectacular anfiteatro marino de acantilados y pinares, que se ha convertido en el escenario del urbanismo salvaje. Decenas de residencias han sido incrustadas en parcelas 'inventadas' -excavadas en peñas inclinadas- con pendientes en "áreas de protección de riesgo" por desprendimiento, como en este caso. Los 12 apartamentos construidos allí por Manuel Zapata (la mitad del proyecto, de 1,3 millones de euros, no se desarrolló) tienen 80 metros cuadrados, dos habitaciones y se venden por más de 300.000 euros. La piscina posterior está dispuesta y una de las viviendas está habitada.
Según la acusación, Hidalgo obtuvo 369.000 euros en la operación, a través de la venta de unas acciones de la empresa promotora que había adquirido por 1.023 euros. La acusación cree que aquella fue una compra ficticia, una dádiva, "porque no se pagó precio alguno". Hidalgo y Zapata no escrituraron la propiedad del solar ni anotaron sus operaciones mercantiles y, además, intentaron destruir documentos, según los fiscales.
Hidalgo fue detenido en otoño de 2006, al estallar el escándalo de corrupción y urbanismo salvaje conocido como caso Andratx. Con él fueron arrestados el funcionario y socio suyo Jaime Gibert (que acabaría colaborando con la justicia y convirtiéndose en confidente protegido) y el que era director general de Ordenación del Territorio del Gobierno balear y ex jefe de Urbanismo de Andratx, Jaume Massot, que cumple dos condenas de más de ocho años de prisión. El empresario Manuel Zapata fue detenido durante dos días, en 2007, cuando los investigadores tiraron del hilo de las tramas de Hidalgo.
En este juicio, Hidalgo está acusado de cohecho, prevaricación, delito contra la ordenación del territorio, negociaciones prohibidas a funcionarios e infidelidad en la custodia de documentos. Zapata está acusado de cohecho, negociaciones prohibidas y delito urbanístico, además de estar obligado a derribar la obra ilegal. Ambos afrontan posibles multas e indemnizaciones de centenares de miles de euros por los supuestos sobornos y beneficios que lograron. Jaime Gibert se enfrenta a una pena multa de cinco meses y el retorno de una dádiva de 60.000 euros.
La primera sentencia sobre este asunto de Cala Llamp fue emitida en 2009 por un juez de lo contencioso, que sentenció que la obra era ilegal, por licencia nula, y ordenó la demolición de los edificios y la "restauración de la ilegalidad infringida". Ahora se producirá un juicio penal por la trama supuestamente corrupta y el pelotazo denunciados por el letrado Agustí Cerveró por el Grupo de Ornitología Balear (GOB). Tres vecinos (dos residentes extranjeros y un abogado español) intentaron frenar la denuncia en el Ayuntamiento, pero sus acciones fueron ignoradas por Hidalgo.
Ex guardia civil, 'bisagra' y fichado por Matas
Eugenio Hidaldo dejó el uniforme de la Guardia Civil y se convirtió en hombre de negocios y político de Andratx. Montó un partido local bisagra y pactó con el PP -y una vez con el PSOE- con la condición de poder controlar la mina de oro, el Urbanismo. Se hizo promotor inmobiliario y tenía socios 'ocultos'. El lider del PP, en 2006, Jaume Matas lo fichó para el PP y lo designó candidato pese a sus causas judiciales. Ha sido condenado a cuatro años de cárcel por construir uno de sus chalés en terreno protegido, sentencia confirmada por el Supremo aunque el alto tribunal anuló otra condena a siete años de inhabilitación por dar licencia ilegal a un restaurante de su hermano. Por llamar xenófoba y nazi a una edil fue condenado a multa por injurias leves. Tiene dos causas más del caso Andratx: una por la obra en un falso urbano con el promotor Zapata donde le pedirán 2,3 años por vender su patrimonio sin permiso del juez instructor.
* ELPAIS.com - 23.02.10
Foto: Viviendas de lujo de Cala Llamp, construidas en una zona rústica protegida.- EL PAÍS
Anticorrupción pide ocho años de prisión para el ex alcalde de Andratx
La crisis deja a un tercio de los solicitantes sin ayuda al alquiler
ELPAÍS/Barcelona* : Rafael Ribó, síndic de Greuges, entregó ayer su informe anual al Parlament con una seria advertencia a las instituciones: los recortes presupuestarios motivados por la crisis no deben repercutir en los servicios sociales, una pauta que se repitió en 2009, según la memoria. Uno de los ámbitos más afectados son las ayudas al alquiler, en especial las destinadas a personas con ingresos reducidos.
Según el síndic, de las 32.419 solicitudes que recibió la Generalitat, 9.482, el 29,2%, no recibieron ayudas pese a que cumplían todos los requisitos. ¿El motivo? "Faltaba presupuesto", sentenció Ribó, que agregó: "Las restricciones presupuestarias están afectando a servicios y prestaciones en ámbitos especialmente sensibles".
La Generalitat dedicó en 2009 58,7 millones de euros al programa de ayudas al alquiler, el 51,5% más que en 2008, según los datos de la Secretaría de Vivienda. El de urbanismo y vivienda fue el apartado que más quejas generó a la oficina del Síndic de Greuges, con 1.068 reclamaciones. Las ayudas para al alquiler de jóvenes también tuvieron problemas, por retraso en el pago de los subsidios.
El Síndic de Greuges resalta en su informe anual los recortes que han sufrido algunos servicios sociales por el bajón económico, algo que disgusta a Ribó: "El impacto de la crisis ha obligado a cerrar el grifo del dinero público, pero eso no debe afectar al núcleo duro de las medidas contra la exclusión social y en pro de la igualdad de oportunidades", valoró.
Ribó focalizó su queja en casos concretos: la falta de docentes en la educación, que también; la disminución de ayudas para discapacitados, donde se han eliminado partidas para ayudar con tratamientos de rehabilitación del lenguaje, fisioterapia y psicomotricidad, y la debilidad de los subsidios para las familias que acogen menores en riesgo de exclusión social, siete veces menos cuantiosos que los destinados a centros de acogida. El informe incide, además, en el retraso en la aplicación de la Ley de Dependencia.
El Síndic estudió el año pasado 24.690 casos, el 5,4% más que en 2008, entre reclamaciones, consultas y expedientes de oficio. De todo, Ribó destacó una queja que lo dejó "escandalizado": el caso de una aspirante a maestra que no pudo presentarse a unas oposiciones por estar de parto el día del examen. Perdió la plaza porque la Generalitat le denegó la posibilidad de posponer la prueba.
* ELPAIS.com - 23.02.10
Foto: Alquiler - cincodias.com
Puerto de Granadilla y todo lo deshonesto que le rodea
SANBORONDÓN/Canarias* : Tras un largo periodo de tiempo en el que lo he evitado para no detraer su atención, vuelvo a remitirles un nuevo escrito por correo certificado, pues la situación en estas Islas Canarias, sobre todo en Tenerife, es globalmente insostenible. Les reitero mis anteriores solicitudes de amparo a esa Comisión Europea, ya que el Gobierno de España, no se si por pactos políticos que no proceden en temas tan graves y de tanta trascendencia, no está dando las respuestas urgentes necesarias, en evitación de que el Gobierno de Canarias, muy presionado por el sector empresarial, nos termine metiendo en un callejón sin salida, y no sólo por la deleznable corrupción que aflora día a día y que tanto nos preocupa, sino también por los ataques gravísimos y sin sentido al Medio Ambiente y a la Biodiversidad.
Se cuantifican en varias decenas, tal vez centenas, los escritos denunciatorios que les he dirigido, bien a título personal o en representación de la Plataforma de Defensa del Puerto de Santa Cruz, que actualmente presido. Y como yo, me consta que también lo han hecho un significativo número de Colectivos Sociales y Ecologistas, amén de la Comunidad Científica del Archipiélago. El Gobierno de Canarias, utilizando claramente al partido político que lo sostiene, Coalición Canaria, y con el apoyo del Partido Popular, está tratando de sacar adelante, mediante una proposición de ley para esquivar obstáculos, un nuevo Catálogo de Especies Protegidas para Canarias, del que ustedes ya deben estar informados por otras denuncias que con seguridad les han llegado.
Es de conocimiento general y hasta incluso admitido por algunos de los propios gobernantes, que la finalidad real de este nuevo catálogo, que deja sin protección a muchas especies sin argumentos científicos que lo avalen, es retomar las obras del puerto de Granadilla, ahora paralizadas por la suspensión cautelar ordenada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de la descatalogación irregular que hicieron de los Sebadales que ocupaba ese indeseado puerto, o sea, bordear a la Justicia con leyes a la medida. Y para ello, como no podía ser de otra manera, a la Cymodocea nodosa, popularmente conocida como Seba, la pasan a un rango de protección inferior. Y lo hacen, a pesar de los informes desfavorables de las dos Universidades Canarias, o de la UICN-Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza o del Centro Superior de Investigaciones Científicas-CSIC o de la Organización Internacional OCEANA o desoyendo lo que dice la Organización de Naciones Unidas-ONU, sobre las Praderas Marinas y la importantísima función que desarrollan.
Tenerife es una pequeña isla que vive básicamente del turismo, no soporta dos puertos industriales a menos de 60 kilómetros, dos aeropuertos, autopistas norte y sur, cierre del anillo insular, por cierto extremadamente impactante, vía exterior, vía cornisa, vía litoral, trenes norte y sur y un sin fin de obras más, todas las que se les ocurran a estos irresponsables gobernantes, presionados a tope por un sector empresarial que sólo se mueve por su propio interés. A todas esas obras, muchas de ellas aún pendientes de ejecución, hay que sumarle otras dañinas actuaciones en Parques Rurales, en Espacios Naturales Protegidos o en Lugares de Interés Comunitario, muchas de las cuales les tenemos denunciadas, como en Costa de Acentejo, en el Litoral de San Juan de la Rambla o en El Riquel, con reciente petición admitida a trámite por el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo.
Tampoco se paran ante actuaciones peligrosísimas, que nos reportan catástrofes con hasta pérdida de vidas humanas. Por esta Isla de Tenerife, para los gobernantes es muy normal taponar barrancos, estrechar sus cauces o construir en laderas de montañas, aún siendo estas las principales causas de los destrozos que están ocasionando los cada vez más frecuentes temporales. En estos últimos días lo hemos pasado realmente mal por aquí. Pues bien, aún así hay Planes Generales de Ordenación, como el de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, a punto de aprobarse definitivamente, que contemplan significativos crecimientos urbanísticos en esos peligrosos entornos. Ni siquiera les valen gravísimas experiencias anteriores para actuar con la congruencia necesaria, y es que el 31 de marzo de 2002 fallecieron ocho personas en una riada que azotó la Ciudad. No quiero ni pensar que pueda subyacer también corrupción tras estos desatinos.
Y termino, regresando de nuevo al puerto de Granadilla y al intento del Gobierno de Canarias, utilizando a su propio grupo Parlamentario, de sacar adelante esa proposición de Ley que dejaría desamparadas a bastantes Especies Animales y Vegetales, con ese claro fin al que ya aludí, bordear la Justicia para construir esa infraestructura. El Lugar de Interés Comunitario-LIC Núm. ES7020116, Sebadales del Sur de Tenerife, hoy, por su importancia, declarado Zona de Especial Conservación-ZEC, se vería decisivamente afectado si ese puerto industrial se hiciese. Locuras aparte sobre la soberbia del Gobierno de Canarias, de querer hacer realidad, como sea, un puerto innecesario y altamente devastador, que técnicamente no serviría para nada, tengan muy presente, y no les quepa la menor duda, que si ese puerto finalmente se hiciera, no sólo acabaría con los Sebadales que ocupase, sino con toda esa Zona de Especial Conservación. Sin duda, más tarde o más temprano, los negativos efectos que generaría el puerto industrial se encargarían de ello, como les sucede a todos los puertos de este tipo y como le sucedió al de Santa Cruz con los Sebadales de su entorno, hace ya muchos años. Que las aguas colindantes sufren una importante y creciente pérdida de calidad, es un hecho incuestionable, máxime las que se encuentran en el derrotero del tiempo dominante en donde se ubica la ZEC y son vitales para la pervivencia y reproducción de la Cymodocea nodosa. Construir un puerto allí, no es la fórmula más adecuada para dotar al mayor y mejor conservado Ecosistema de Tenerife de especial conservación, sino todo lo contrario, de especial destrucción.
Rogándoles de nuevo que intervengan, quedo a su disposición y les saludo atentamente,
* Plataforma de Defensa del Puerto de Santa Cruz
* Revista San Borondón - Opinión - 23.02.10
El ladrillo burla la ley en la Safor
LEVANTE/Valencia* : La comarca de la Safor no ha escapado al mal de las viviendas ilegales. En casi todos los términos municipales han proliferado edificaciones fuera de ordenación, y en los casos más graves la continuidad de esa infracción ha ocupado ya áreas enteras, a modo de urbanizaciones anárquicas que ahora piden todos los servicios. Sólo en los últimos años, y en parte a raíz de las detenciones por corrupción urbanística, los alcaldes se han puesto las pilas, pero pese a todo son escasísimas las órdenes de demolición que se acaban ejecutando.
Ante los ojos de los alcaldes, a la vista de todos y sin que la Generalitat haya puesto nunca los medios necesarios para atajar el problema. Así se han construido en los últimos años en la comarca de la Safor miles de casas fuera de ordenación, un eufemismo que equivale a decir sin licencia, burlando las leyes.
El desbarajuste urbanístico, que en muchos casos ha desembocado en problemas a la hora de ordenar el territorio y extender cascos urbanos e infraestructuras, ha afectado a casi todos los municipios, si bien en algunos casos los alcaldes, especialmente en los últimos años, se han visto obligados a actuar con contundencia y, además de abrir los procedimientos sancionadores, han remitido el expediente a la Fiscalía. Es el caso de Oliva, en donde, a partir de un acuerdo de pleno de septiembre de 2003, las construcciones ilegales en suelo protegido acaban en el juzgado.
Son pocos los que han librado de la anarquía urbanística, pero la incidencia ha sido muy diferente según la actitud de los alcaldes. Almiserà, Barx, la Font d'en Carròs, Simat de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, Villalonga y Xeraco han visto cómo aparecían viviendas como champiñones repartidas por todo el término, en algunos casos en suelo clasificado como de especial protección.
En los casos más graves, como Barx, la Font, Simat y Villalonga, incluso se han llegado a formar urbanizaciones anárquicas, sin los más elementales servicios y sin que, salvo casos muy extremos, la vulneración de la ley haya acabado con el derribo de lo construido.
Más aún, los ayuntamientos han participado en las operaciones posteriores para tratar de legalizar las viviendas y equipararlas a las que sí cumplen la ley, facilitando la tramitación de infraestructuras que corren a cargo de los propietarios, especialmente el suministro eléctrico o de agua. En Villalonga el consistorio sigue muy interesado en concluir el proyecto para llevar luz a la zona de la Llacuna, en donde, entre este término municipal y el vecino de la Vall de Gallinera, se han levantado cerca de cuatrocientas viviendas.
Hacer la "vista gorda" ha sido la actitud más habitual entre los alcaldes, que, a lo sumo, se veían "obligados" a abrir expedientes de infracción urbanística y cerrarlos con simples sanciones económicas. Al ser preguntados por su actuación, los alcaldes siempre aseguran que "cumplen la ley" y que denuncian a los infractores, pero la realidad es que, en muchos casos, reconocen que lo complicado es fijar el momento a partir del cual, además de la sanción administrativa, se remite el expediente a la fiscalía para que actúe por un delito contra la ordenación del territorio. "Si mi vecino lo ha hecho, por qué no lo puedo hacer yo", es la pregunta ante la que la mayoría de las autoridades locales agachan la cabeza.
Los informes sobre infracciones solicitados por la Fiscalía de Medio Ambiente y los escándalos que han acabado en la detención de alcaldes, concejales y técnicos municipales por corrupción urbanística han supuesto una seria llamada de atención. El miedo de los responsables políticos a terminar como el alcalde de Montroy cambió su proceder y la vista gorda empieza a flaquear. Varios municipios, entre ellos los citados de la Font, Villalonga o Simat, han anunciado o tienen procedimientos abiertos para aprobar planes especiales de ordenación o clasificar como suelo urbano las zonas ya casi del todo construidas. A pesar de eso, de los anuncios de fin de la anarquía y de la política de mano dura que en su día anunció el conseller de Urbanismo, Esteban González Pons, las obras ilegales no se han detenido.
* Levante-EMV - 23.02.10
Foto: El ladrillo burla la ley en la Safor - levante-EMV.com
La Fiscalía imputa al ex alcalde de Atarfe otro delito de prevaricación
GRANADAHOY* : La Fiscalía Provincial ha interpuesto una denuncia contra Víctor Sánchez, ex alcalde socialista de Atarfe, y contra el director económico administrativo de la empresa municipal de suelo, Miguel Mesa, por las presuntas irregularidades en la venta de una finca. Sánchez abandonó la alcaldía el pasado 16 de diciembre, después de ser condenado a tres años de cárcel por un delito medioambiental.
En su decreto, dado a conocer por el PP, la Fiscalía considera que los hechos denunciados, "sin perjuicio de una posterior investigación", revisten el carácter de un delito de prevaricación por omisión de trámites esenciales de procedimiento y pueden constituir un delito de malversación de caudales públicos.
Según el decreto del fiscal, que ha actuado a raíz de una denuncia del PP, el Ayuntamiento llevó a cabo unas enajenaciones de terrenos mediante adjudicación directa, "infringiendo el procedimiento establecido por la legislación urbanística y patrimonial aplicable", entre los que se encuentran la finca que ha originado esta denuncia.
El propio Ayuntamiento enajenó terrenos públicos a través de la empresa pública de suelo Proyecto Atarfe a José Miguel Mesa, director gerente, y a su esposa por un valor de 22.163,52, que posteriormente también fueron arrendados por estos a una promotora por 60.101,21 euros. El fiscal afirmaque no consta cuál fue el destino dado finalmente a las cantidades recibidas por la Sociedad Proyecto Atarfe, por lo que concluye en que se vendió suelo "sin ninguna condición o afección a destino determinado y sin la pertinente subasta".
El PSOE replicó diciendo que es "falso y torticero" afirmar que Mesa era gerente de la empresa cuando ocurrieron los hechos, puesto que fue nombrado un año después de los mismos. Y por tanto, razona, también es falso que Proyecto Atarfe vendiera finca alguna al acusado cuando ostentaba ese cargo. "Ocultan intencionadamente esos datos", resalta la nota socialista, que añade que la "única y malsana intención" de los denunciantes "es la de confundir a la Fiscalía Provincial".
* Granada Hoy - 23.02.10
Foto: Atarfe (Granada) - foro-ciudad.com
La tragedia de Madeira saca a la luz los excesos urbanísticos en la isla
ELPAÍS/Portugal* : La catástrofe que provocaron en la isla portuguesa de Madeira las lluvias torrenciales del sábado pasado no fue sólo una fatalidad de un zarpazo climático. El desastre tiene que ver también con una mala planificación urbanística, que no respeta el lecho de las riberas, canalizadas y estranguladas por la construcción inmobiliaria.
La mano del hombre, señala un creciente coro de voces críticas, es responsable en buena parte de la avalancha de agua, piedras y barro que ha dejado de momento 42 muertos, 70 heridos, un número indeterminado de desaparecidos y 250 personas desalojadas. El debate sobre eventuales responsabilidades políticas está en la calle y en los medios de comunicación, mientras todo Portugal se moviliza para reparar los daños sufridos por la región autónoma enclavada en el Atlántico.
Hay que reconstruir Funchal (capital de Madeira) y repensar la ciudad, reclaman varios especialistas en urbanismo. "Los lechos de las riberas fueron reducidos a un tercio de su condición natural. Se construyeron edificios, casas y calles sobre el lecho y ahora vemos el resultado. Ante este estrangulamiento, cuando se produce una crecida salvaje el agua tiene que salir por algún lado", señala Hélder Spínola, dirigente nacional de la organización ecologista Quercus, que advierte desde hace tiempo de los peligros de una deficiente ordenación del territorio.
Sandra y Policarpo Capelo poco pudieron hacer cuando a las nueve de la mañana del sábado vieron alarmados cómo subía el nivel del agua junto a su casa, en el barrio de São Roque, de Funchal. Cogieron en brazos a su hija, Mónica, de dos años, y dieron un salto al piso de arriba. El agua seguía subiendo. Se encaramaron a la azotea, pero la amenaza continuaba. "Saltamos la tapia y fuimos a la casa de un vecino. En este momento, la riada irrumpió en nuestro piso y se llevó todo. Los árboles caídos protegieron en parte la casa e impidieron el derrumbe". Sandra, que trabaja como empleada doméstica, cuenta la historia en el cuartel de Nazareth, donde ha sido realojadas 120 personas, mujeres, hombres y niños, que se han quedado sin casa. "Hoy fui a ver mi casa. Quería ver. Está en ruinas y el techo está a punto de derrumbarse".
Los distintos testimonios recogidos en la guarnición de Nazareth dan cuenta de la rapidez con la que se produjo la riada, que pilló por sorpresa a muchos moradores. Vítor Camacho, desempleado y vecino del barrio de São António, estaba en la cama cuando escuchó los gritos de su hija de tres años, el sábado de buena mañana. "Tuvimos que salir por una ventana. La casa estaba inundada". El torrente que pasa cerca de la vivienda de Vítor "se había convertido en una cascada. Nos han aconsejado no ir a la casa porque amenaza ruina". ¿Y ahora? "Hablamos con el concejal de Recursos Humanos y nos ha dado una buena noticia. Tendremos una casa del Ayuntamiento".
La Baixa de Funchal, equivalente a la zona más céntrica de la ciudad, está literalmente patas arriba. Las excavadoras trabajan en el desescombro del torrente João Gomes, uno de los tres que cruzan la ciudad y que el sábado sembraron el terror entre los habitantes. Una manguera gigante conectada a varias bombas de extracción escupe desde hace 24 horas agua a la torrentera, que es sacada de los sótanos del centro comercial Anadia, donde se teme puede quedar algún cuerpo atrapado.
Un camión-grúa remolca uno a uno los vehículos que quedaron atrapados por la avalancha de barro en el estacionamiento del edificio de la compañía eléctrica de Madeira. Los coches asoman en un estado lamentable. La luz y el agua corriente han vuelto a funcionar en muchas partes de la ciudad.
El Gobierno ha decretado tres días de luto nacional y el presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, ha ofrecido apoyo para la reconstrucción de Madeira a través de los fondos de solidaridad de la UE.
* ELPAIS.com - 23.02.10
Foto: El aspecto de una de las calles de Funchal tras el fuerte temporal.- REUTERS
Cartagena: Tirando al monte... Sacro
JUAN MIGUEL MARGALEF* : No deja de ser una paradoja que en esta Cartagena nuestra que ha acabado por comprender que la arqueología no es tan mala para el negocio como algunos creyeron en otro tiempo, se planteen conflictos como el de los edificios del Monte Sacro. En una ciudad tan llena de solares como de riquezas arqueológicas y donde hay tantísimo sitio para construir ¿cómo es posible que sea necesario improvisar una parcela en la ladera más abrupta de una de las colinas que configuran la Cartagena antigua para construir encima mismo de la muralla de Possi o de Carlos II? ¿Tenemos falta de suelo construible acaso? ¿Carece la empresa constructora de otros solares donde poder construir? ¿Es tan atractivo el emplazamiento de las torres del Monte Sacro que está garantizada la venta de esos apartamentos? ¿Carece el ayuntamiento de Cartagena de alternativas a esa parcela para permutarla? ¿Por qué es tan necesario construir en esa parcela donde precisamente se conserva un vestigio de la Muralla de Carlos II o de Possi?
Esas son las respuestas que debería dar a los cartageneros el concejal de Urbanismo y el Ayuntamiento al que representa, que dice luchar por la conservación del patrimonio histórico.
La decisión de crear esa parcela fue un error lamentable de una corporación anterior, pero en la mano de la corporación actual ha estado y sigue estando la posibilidad de enmendar el error.
Se tuvo la ocasión de enmendarlo cuando se incumplieron las clausulas del convenio por el que se modificó el Pepri del Monte Sacro y se cedió la parcela; se tuvo la ocasión cuando se elaboró el Plan Especial del Conjunto Histórico de Cartagena que, además, se pretendía que fuera de 'protección y reforma' del Monte Sacro. La protección ya vemos en qué ha consistido: en el arrasamiento del barrio; y la reforma -ahora se ve- consistió en aumentar hasta cinco plantas la edificabilidad de las parcelas que rodean la colina; entre ellas la de la parcela de las torres que ahora se quiere construir. Y se tuvo la ocasión de rectificar, en fin, cuando se concedió la licencia de esta obra.
Todavía se está a tiempo de enmendar el error, porque las obras no han empezado y las soluciones que apuntamos son todavía posibles.
Lamento desmentir al concejal de Urbanismo cuando dice que nadie alegó contra el planeamiento del Monte Sacro antes de ahora. Debo informarle (como deberían haber hecho quizás sus técnicos y asesores) que en las alegaciones al Plan Especial del Conjunto Histórico de Cartagena presentadas por ADEPA en el año 2004, en el punto 23.5, página 20 (véase página web de ADEPA) había una alegación al plan del Monte Sacro que se ilustraba precisamente con la parte del plano en el que aparecen las torres de la muralla de Possi.
Concretamente la alegación decía: "Denunciamos que en el caso del Peri del Monte Sacro se aprovecha el Pepri para modificar el trazado urbano y para ampliar las alturas edificatorias en perjuicio de una de las referencias topográficas de la ciudad, la colina del mismo nombre, que se rodea con edificios de cinco y seis alturas. El boulevard que se propone frente a la Caridad, que no estaba en el Peri del Monte Sacro, es además demasiado contundente".
También señalábamos en esa alegación que si bien la retórica del PEOPCH es la que conviene a un conjunto histórico que se quisiera proteger, la normativa y las medidas urbanísticas de protección adoptadas son del todo inadecuadas a ese fin. Por lo general las observaciones valorativas y descriptivas son las idóneas pero quedan vacías al no traducirse en medidas de protección.
El caso de las torres de la muralla de Possi es el mejor ejemplo de la falta de criterios en materia de urbanismo histórico de la que adolece quienes gobiernan nuestro Ayuntamiento y de cómo se utiliza el patrimonio histórico para ir contra él. Ya ha pasado antes (Convento de las Siervas y Farmacia de Marina) y seguirá pasando si no se toman las medidas necesarias.
forociudadano.org
* JUAN MIGUEL MARGALEF. Miembro del Foro Ciudadano de la Región de Murcia
a href="http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2010/02/20/tirando-monte-sacro/231037.html">* La Opinión de Murcia - Opinión - 20.02.10
