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LAVOZ/Lugo* : El alcalde de Ribadeo, el nacionalista Fernando Suárez, ha sancionado a cinco constructores con multas que suman casi un millón de euros por el exceso de edificabilidad. Además, les obliga a reponer la legalidad, lo que supone demoler la parte de las edificaciones que no se ajusta a la licencia concedida en su día.
Los arquitectos y aparejadores que dirigieron las obras tampoco se libran de la sanción y son multados, cada uno, con 6.001 euros. Concluido el período de alegaciones, la resolución se ha hecho firme y la vía administrativa se da por finalizada.
El período de pago voluntario -que depende de la fecha de notificación- concluye en torno al 8 de septiembre. De abonarse las cantidades que les imponen, los constructores obtendrían un descuento del 30%, pero, según desveló ayer el departamento de Intervención del Concello de Ribadeo, por ahora nadie ha pagado.
La decisión supone un paso más en un enrevesado proceso cuyos orígenes se remontan a varios años atrás. Casi todos los edificios están habitados, pero sus ocupantes carecen de licencia de primera ocupación. Ante las quejas de unos 140 afectados que querían regularizar su situación, la corporación municipal intentó buscar una solución. El asunto fue objeto de enfrentamientos políticos entre los diferentes partidos en este y el pasado mandato, hasta que se buscó la solución de legalizar solo la parte correctamente edificada, para evitar así mayores perjuicios a los dueños de pisos legales y que pudiesen obtener la licencia de primera ocupación. Pero como condición previa a esto se puso la de resolver antes los expedientes sancionadores a los constructores. Fernando Suárez propuso las multas, por valor de casi un millón de euros. La medida fue acogida con disparidad de opiniones.
La sanción de mayor cuantía ha sido impuesta a Construcciones G. Cao, por valor de 400.601 euros. El arquitecto es sancionado con 6.001 euros y el expediente abierto al aparejador queda pendiente de resolución, a la espera de que se concluya otro ya iniciado. La segunda multa, por su cuantía, recae en Construcciones Coto: 387.128 euros. Le siguen Pulpeiro con 87.360; Julio y Anselmo, con 52.000, y Herederos de Manuel Rodríguez Martínez, con 37.440. En todos los casos los aparejadores y arquitectos son multados con 6.001 euros.
Los cálculos
Para calcular la multa, el procedimiento seguido por el técnico municipal fue el de tomar los metros cuadrados construidos por encima de la licencia, multiplicarlos por el valor de mercado del suelo construido y restarle los costes de edificación. Las irregularidades cometidas en los cinco inmuebles son dispares, desde la edificación de una planta de más hasta el aprovechamiento del bajo cubierta para vivienda, entre otras.
Aunque algún promotor planteó que el expediente había caducado, a juicio del arquitecto municipal ninguno ha prescrito, ya que no han transcurrido seis años desde la conclusión de las obras.
* La Voz de Galicia - J. Alonso Quelle - 15.08.2008
Foto: Obras en uno de los edificios afectados, con una planta de más - lavozdegalicia.es
Ribadeo multa a cinco empresas con un millón por exceso de edificación
Prisión incondicional para el principal acusado de la trama de corrupción en Baleares
PÚBLICO* : El juez Antonio Rotger ha dictado prisión provisional sin fianza para el principal implicado de la presunta trama de malversación de fondos públicos en el Consorcio de Turismo Jove, el ex jefe de Mantenimiento, Juan Francisco Gosálbez, y prisión con fianza para el ex gerente, Damià Amengual.
El ex director general de Juventud en la pasada legislatura, Juan Francisco Gálvez, ha quedado en libertad sin fianza pero con cargos de malversación de fondos y falsificación documental, tras haber prestado declaración durante unas tres horas y después de un registro de dos horas en su domicilio, ha confirmado su abogado, Bartomeu Vidal.
La cuarta persona detenida e imputada, la ex pareja sentimental de Gosálbez, María Auxiliadora Pérez, ha quedado en libertad con cargos y ha sido la primera en salir de los juzgados, en torno a la 1.00 horas de la madrugada.
Cohecho y prevaricación
Según fuentes de la Fiscalía, el imputado que se enfrenta a mayor número de cargos es Gosálbez, a quien se le acusa de malversación de fondos públicos, cohecho, falsificación documental y prevaricación, y que ha ingresado esta misma noche en prisión.
El abogado Bartomeu Vidal ha anunciado la decisión del juez de conceder libertad sin fianza para uno de sus defendidos, el ex director general de Juventud, Juan Francisco Gálvez, de quien ha dicho que "ha mantenido en todo momento su absoluta inocencia respecto de todas las acusaciones".
"El acuerdo por parte del juzgado y el hecho de que el Ministerio Público no haya solicitado ninguna medida concreta en la situación personal del señor Gálvez implica que en su actuación en relación a los hechos que se están estudiando y de los que tenemos un conocimiento escaso, es prácticamente ninguna", ha afirmado Vidal.
Libertad provisional
En el caso del ex gerente del organismo público, Damiàn Amengual, quien comparte abogado con Gálvez, el juez ha dictado libertad provisional con fianza de 12.000 euros, que ha sido depositada y ha quedado en libertad.
"Hemos de estudiar las actuaciones y situarnos en el procedimiento", ha indicado el abogado Vidal.
Esta tarde han prestado declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Palma, Antoni Rotger, los cuatro detenidos e imputados en la supuesta trama de malversación de fondos públicos en el Consorcio de Turismo Joven durante la pasada legislatura.
El primero en comparecer ha sido el ex jefe de Mantenimiento y Servicios del ente autonómico, Juan Francisco Gosálbez, quien ha llegado alrededor de las 10.30 horas y ha sido interrogado por espacio de 40 minutos, pero se ha negado a declarar.
Posteriormente ha comparecido el ex gerente del Consorcio, Damià Amengual, quien sí ha declarado.
Por la tarde ha acudido a declarar el ex director general de Juventud, Juan Francisco Gálvez y ha comparecido también María Auxiliadora Pérez, ex pareja sentimental Gosálbez.
La abogada de Pérez, Francisca Pol, ha señalado que su defendida ha ratificado hoy ante el juez la declaración efectuada ya ante la Fiscalía en la Jefatura Provincial de Policía.
"Mi defendida ha actuado siempre de buena fe y no se ha beneficiado de ningún dinero de las comisiones que obtuvo su pareja sentimental", ha dicho Pol sobre Pérez, quien ha reconocido haber firmado varios documentos "sin saber lo que firmaba".
El secretario general del PP balear, Guillem Estarellas, ha anunciado esta tarde la expulsión del partido para Juan Francisco Gosálbez por la petición del fiscal de prisión, y la suspensión cautelar de militancia para el ex gerente del Consorcio y ex concejal del PP de Algaida, Damià Amengual, de quien todavía se desconocía que la Fiscalía pediría también prisión, aunque con fianza.
* Público - EFE - Madrid / Palma - 15/08/2008
Foto: El ex gerente del Consorcio de Turismo Joven del Govern balear Damiá Amengual (detrás) y el ex jefe de Instalaciones y Mantenimiento Juan Francisco Gosálbez. - EFE
El alcalde de Chiclana es multado con 4.499 euros por hacer obras ilegales
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DIARIODECÁDIZ* : La Gerencia Municipal de Urbanismo de Chiclana ha resuelto sancionar con una multa de 4.499 euros a la empresa del alcalde, Ernesto Marín (PP), por la ejecución, sin la licencia correspondiente, de unas obras de adecuación en la nave a la que se trasladó a final de 2007 tras producirse la venta de la antigua fábrica.
Dicha sanción la dio a conocer ayer el delegado municipal de Urbanismo, José Pedro Butrón (IU), en el transcurso de una rueda de prensa en la que destacó que "este hecho deja claro que aquí nadie puede saltarse las cosas a la torera, ni la empresa del alcalde ni una concejala del equipo de gobierno", en alusión a su ya ex compañera de gobierno y grupo municipal, Nadine Fernández.
Asimismo, José Pedro Butrón aclaró que "el retraso que ha sufrido la resolución se debe a que ni yo como instructor del documento y vicepresidente de la Gerencia ni el alcalde por razones obvias podíamos firmarlo y, por tanto, hemos tenido que esperar a que hubiera un alcalde en funciones".
Dicha rúbrica, de la que el edil de IU no tenía constancia ayer, la ejecutó el miércoles el concejal popular y alcalde en funciones, Nicolás Aragón, que destacó que, "tal y como era nuestra intención y la del alcalde, hemos dado la oficialidad obligada a un expediente que ha sido tratado de la forma más escrupulosa", descartando, desde su condición de presidente del PP en Chiclana, "cualquier medida política contra Ernesto Marín".
Por su parte, Ernesto Marín encajó con "normalidad" la sanción dictaminada por Urbanismo, apuntando la posibilidad de plantear en las próximas semanas un recurso de reposición contra la misma. Marín, que también fue denunciado por el PSOE por la autoría de un presunto enganche ilegal de electricidad y por tener actividad en la nueva nave sin contra con licencia para ello, extremo este último que desestimó Urbanismo tras dos inspecciones, destacó que "hice lo que hice porque no teníamos otra opción, ya que la antigua fábrica se estaba agrietando por unas obras que se estaban ejecutando al lado y o nos íbamos o nos enfrentábamos a una situación con consecuencias más graves".
* Diario de Cádiz - A. Ruiz · J.M. Reina - 15.08.2008
Foto: Chiclana (Cádiz), ayuntamiento - pueblos-espana.org
La economía española sufre una "resaca inmobiliaria", según 'The New York Times'
ELPAÍS* : España probablemente sufrirá "lo más duro del parón económico" internacional, según el diario The New York Times, que considera que la economía española está "de resaca inmobiliaria", tras haber abusado de ese sector.
En su artículo titulado 'Una resaca inmobiliaria para la economía española', el diario neoyorquino asegura que "en menos de un año el país ha pasado de un ágil crecimiento a un aguda penuria" debido al derrumbe del mercado inmobiliario, el aumento de los precios de la energía y la crisis financiera internacional.
"No sólo han apostado todo a lo inmobiliario, sino que además su dilema se ha visto exacerbado por la vorágine financiera internacional que sólo parece ganar velocidad", asegura el diario neoyorkino para completar un negro panorama que glosa con las cifras publicadas en los últimos días sobre inflación, el peor en los últimos 16 años o las predicciones de desempleo.
El diario se pregunta si la economía española podrá dejar el modelo de crecimiento basado en el sector inmobiliario y ser capaz de, en los próximos dieciocho meses, ponerse a producir bienes y servicios que se puedan vender al resto del mundo.
"Probablemente no, y por eso es por lo que España parece que va a sentir los más duro del parón económico actual", apunta el rotativo, que recuerda que los datos más recientes de inflación la sitúan en el 5,3% anual, la más alta en quince años. Los españoles están pagando, en su opinión, "no sólo sus propios excesos, sino el alcance mundial de los estragos producidos por la crisis del sector hipotecario estadounidense".
* ELPAIS.com - EFE - 14/08/2008
Foto: Casa, caida índices - cotizalia.com
¿Tendrá el medio ambiente que pagar el pato por la crisis?
SOITU* : Una de las medidas que el presidente Zapatero propone para frenar la crisis económica es la agilización en la tramitación de las declaraciones de impacto ambiental de obras públicas, de la que muchos proyectos dependen para seguir adelante. Esta propuesta ha sido presentada por la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en el Consejo de Ministros extraordinario celebrado en Moncloa, tras el cual ha anunciado que el objetivo de esta medida es reducir a seis meses el trámite del estudio de impacto ambiental, cuando la duración media actual es de unos 25 meses.
Todo ello para acelerar las inversiones e infraestructuras y liberalizar la economía, aunque esto pueda suponer, en opinión de los ecologistas, un peligro para nuestro entorno natural.
El estudio de impacto ambiental mide si un proyecto es o no compatible con la conservación del medio ambiente, y en base a su resultado, se concluye si es o no viable su construcción. A pesar de que la ministra Espinosa ha manifestado que esta medida "no supondrá menos garantías medioambientales y se seguirá exigiendo las mismas condiciones que hasta el momento", las reacciones a esta propuesta del Gobierno no se han hecho esperar por parte de las organizaciones ecologistas y del Partido Popular.
En la entrevista que mantuvo la ministra con la agencia EFE, explicaba que "la mejora de la eficiencia de la tramitación ambiental tendrá una repercusión económica 'tremenda', ya que afecta a prácticamente todas las infraestructuras del país e inversiones industriales importantes" y añade, "pensemos que podemos estar hablando de tener colgados en la red 2.000 ó 3.000 proyectos, pero a lo mejor uno de ellos es un tramo del AVE o de un gasoducto". Para Espinosa, "el objetivo principal es acelerar la tramitación lo máximo posible para no frenar las inversiones, ya que hoy en día conllevan mucho tiempo", y ha detallado que se "establecerán plazos a los promotores de las infraestructuras u obras para la presentación de la documentación y una tramitación vía electrónica de la mayor parte del procedimiento.
No obstante, no todos parecen estar contentos con esta medida del Gobierno:
"La evaluación de impacto ambiental va a perder sentido y credibilidad"
- Theo Oberhuber, coordinador de Ecologistas en Acción:
"El estudio de impacto ambiental es el único sistema que permite analizar y garantizar que los proyectos no vayan a tener unos impactos ambientales elevados. Agilizar este proceso equivale a convertirlo en un mero trámite que hay que hacer lo más rápido posible. No es una decisión política que se pueda hacer en un día. El estudio necesita un tiempo y una valoración basada en criterios técnicos, no políticos. La sensación que da la ministra es que quiere agilizar los trámites lo más rápido posible para dar salida a muchas obras que posiblemente están paradas por tener una evaluación de impacto negativa".
"Los proyectos se tienen que someter a un procedimiento para ver si son o no viables. Si el proceso se tramita con prisas pondrá en duda el sentido y la credibilidad de las declaraciones de impacto ambiental. Hacerlo más rápido quiere decir que se haga con menos control, con menos cuidado, lo que puede implicar que salgan declaraciones positivas en proyectos que tengan unos impactos ambientales importantes. Consideramos que es algo inadmisible y muy grave por parte del Gobierno. Estas medidas no tienen ningún sentido de cara a la crisis. Nuestro país está a la cabeza de Europa en número de autopistas y autovías por habitante y se están construyendo carreteras que son innecesarias. Con esta medida, se están saltando estos criterios de necesidad para poner en marcha proyectos que muchas veces no son necesarios y cuyos impactos ambientales pueden ser muy importantes".
"El medio ambiente se convierte en una víctima más de la crisis"
- Juan López de Uralde, director general de Greenpeace:
"Esta decisión está demostrando que la política medio ambiental se interpreta como un obstáculo al crecimiento económico. Los estudios de impacto ambiental son un trámite fundamental para salvaguardar los valores naturales presentes en nuestro territorio. Rechazamos la forma en que se está haciendo todo: estamos en agosto, cuando más gente está de vacaciones, así se evita que no haya muchas discusiones. Ni es el momento, ni es la forma para una propuesta de este calibre. Está claro que el objetivo de esta medida es reducir los criterios ambientales de los proyectos, con lo que desde Greenpeace somos muy críticos con esta acción. Esta propuesta convierte al medio ambiente en una víctima más de la crisis económica. De esta manera se va a forzar cualquier decisión por encima de cualquier espacio natural. Y encima la ministra no esconde ni el propósito. Es una auténtica traición del Gobierno a su programa electoral".
"Cuando paga el medio ambiente, también paga nuestra economía"
-Carlos Floriano, diputado del Partido Popular:
"Nos parece una medida que no va a ayudar a la situación económica de nuestro país, y va a poner en cuestión todo lo que es la normativa de protección de medio ambiente que debe ir acompañando a cualquier obra pública. No entiendo hasta qué punto la relajación de las medidas establecidas para las declaraciones de impacto ambiental pueden ayudar a solventar una crisis tan grave como la que tiene nuestro país. Ahora resulta que los responsables del parón económico son los requisitos que se exigen para las declaraciones de impacto ambiental de las obras públicas. Considero que esta medida es una manifestación más de un gobierno despistado, absolutamente desorientado, que está intentado sacar a nuestro país de una crisis muy profunda a base de ocurrencias y no de una política global que es la que se requiere en estos momentos".
"A Zapatero ya se le puede quitar la chapa de la lucha contra el cambio climático, uno de sus grandes objetivos de su programa electoral. El tema medioambiental sólo lo trata como marketing. Tenemos que tener claro que cuando paga el medio ambiente, también paga nuestra economía. Nuestro medio ambiente es una etiqueta para el resto del mundo, como país turístico que es España. El poner en cuestión el valor de nuestro patrimonio cultural repercute negativamente en nuestra economía. Con todo, nos parece muy desacertado lo que está haciendo este Gobierno".
Y a ti, ¿qué te parece esta medida anticrisis de Zapatero?
* SOITU.es - ALMUDENA MARTÍN - 14.08.2008
