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EFE/Fuerteventura* : "La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha remitido al Juzgado Decano de Puerto del Rosario una denuncia por un presunto delito continuado de prevaricación urbanística cometido, a su entender, por miembros del Ayuntamiento de esa capital en 2002. Miembros de diversas comisiones municipales de gobierno y varios técnicos del Ayuntamiento de Puerto del Rosario son, según anuncia en un comunicado el portavoz de la Fiscalía, los acusados en dicho presunto delito.
Éste se habría cometido, de acuerdo al escrito, cuando aquellos, "en el año 2002, informaron favorablemente y/o resolvieron la concesión de 17 licencias para la construcción de viviendas en suelo rústico de edificación dispersa, sin que a juicio de esta Fiscalía se cumplieran todos los requisitos previstos para ello en el Plan Insular de Ordenación de la isla de Fuerteventura".
La Fiscalía precisa que su denuncia, que se remitió al Juzgado Decano de Puerto del Rosario el pasado 18 de julio, está "derivada de la tramitación de las Diligencias de Investigación número 11/2006, incoadas en fecha 25 de enero de 2006".
* El Día - 20 DE JULIO DE 2007
Foto: Puerto Rosario (Fuerteventura) /bbc.co.uk
La fiscalía denuncia una presunta prevaricación en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario
Denuncian la 'sobredotación' del Plan de Infraestructuras del Transporte
EFE* : "Organizaciones ecologistas, sindicatos y partidos pidieron hoy al Gobierno una 'reorientación' de las inversiones dedicadas a infraestructuras y denunciaron que con el PEIT España será el país de Europa con más kilómetros de autovía y el tercero del mundo, solo superado por Estados Unidos y China. Para frenar esta 'sobredotación' de infraestructuras, Greenpeace, Ecologistas en Acción y WWW/Adena, el sindicato CCOO, el grupo parlamentario de IU-ICV y el diputado de Los Verdes, Francisco Garrido -adscrito al Grupo Socialista- registraron hoy en el Congreso una proposición de Ley de Movilidad sostenible.
Entre las medidas previstas en esta iniciativa figura una modificación del actual Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte (PEIT) 2008-2020, que prevé la construcción de 6.000 nuevos kilómetros de autovías.
Así lo manifestó Joaquín Nieto, responsable de Medio Ambiente de CCOO, en una comparecencia ante los medios para presentar esta propuesta colectiva, que se enmarca en una serie de iniciativas legales dirigidas a frenar el cambio climático.
Denunció que, en estos momentos, nuestro país es el segundo de Europa, por detrás de Luxemburgo, con más kilómetros de autovía por habitante y el segundo también en kilómetros totales, sólo superado por Alemania, a la vez que recordó que el sector del transporte es el que registra el mayor incremento de emisiones de CO2.
Para contrarrestar esta situación, han elaborado la proposición de Ley que pretende medidas concretas y eficaces para hacer frente a los 'graves' problemas ambientales, sanitarios y económicos relacionados con la movilidad.
El diputado de IU-ICV Joan Herrera pidió al Gobierno una mayor voluntad para luchar contra el cambio climático de manera efectiva y aseguró que esta ley pretende pasar de 'la física del hormigón a la química de la movilidad', con compromisos concretos y con una reorientación de las políticas de movilidad.
A su juicio, el PEIT supone que 'continuamos en el viejo paradigma de la inversión en el cemento y la falta de prioridad a la gestión de la movilidad'.
Explicó que la proposición prevé un cambio de nombre del Ministerio de Fomento para pasar a denominarse de Transporte y Movilidad y que la inversión correspondiente a infraestructuras no supere el 50 por ciento de su presupuesto total y el resto de dedique a gestión de la movilidad.
Herrera lamentó que el Gobierno se haya 'apalancado' en los últimos datos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y haya 'renunciado a la ambición' de cumplir con los compromisos del Protocolo de Kioto, y le instó a establecer medidas concretas 'aunque se te tiren a la yugular'.
Mar Asunción, de WWW/Adena, insistió en la necesidad de reducir las emisiones del transporte, que suponen una cuarta parte de las emisiones totales de España, y señaló que además este sector consume casi el 40 por ciento de la energía total del país.
La iniciativa, que según sus promotores podría aprobarse esta Legislatura si hubiese voluntad política, contempla planes sectoriales de transporte, planes autonómicos y urbanos de movilidad sostenible o planes de transporte de empresas.
* Terra Actualidad - 17-07-2007
Foto: atasco M30 (Madrid) /abc.es
500 euros por 27 metros cuadrados
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V.Pí/Ll.Pellicer.- El País* : "Cuanto más pequeños, más caros. Se cumplen las leyes del mercado. Los minipisos de alquiler continúan saliendo más caros que la vivienda más espaciosa. La nueva ministra de Vivienda, Carme Chacón, tiene ocho meses por delante, lo que queda de legislatura, para aportar soluciones a uno de los problemas que más preocupa a los españoles. 500 euros al mes (gastos aparte) por unos 27 metros cuadrados en el barrio madrileño de Lavapiés. Es una buhardilla oscura e incómoda: "Muchas mañanas me levanto y me pego unos golpes... ya tengo callo". Christian Coll, de 25 años, tiene que andar agachado en la mitad de su piso, ya que el desnivel del techo le impide caminar erguido los cinco pasos que hay entre pared y pared. "Es un chollo; para lo que hay por ahí, no está mal", sonríe este zaragozano. Pagar el piso se le lleva "prácticamente medio sueldo".
Christian trabaja de asistente de fotografía y ha grabado un cortometraje. Sus ingresos son irregulares. Gracias a su hermano pudo alquilar el piso: no tenía los 6.000 euros de aval y el mes de fianza que le pedían por adelantado.
Según el Ministerio de Vivienda, en España hay casi 1.800.000 de hogares en alquiler (el 40% se concentra en las provincias de Madrid y Barcelona), y el 6,3%, es decir, más de 110.000, tiene menos de 45 metros cuadrados. "Ante la gran demanda, queremos aumentar el número de viviendas pequeñas para que bajen los precios", explica el director general de Arquitectura y Políticas de Vivienda, Rafael Pacheco.
Desde su creación hace dos años, la Sociedad Pública de Alquiler ha intervenido en 80.000 alquileres, construyendo viviendas protegidas para alquilar y concediendo ayudas a los inquilinos o a los propietarios. "Más de la mitad del presupuesto del Plan de Vivienda [6.822 millones de euros] se ha destinado a ayudas", explica Pacheco, que asegura que estas ayudas son mayores cuanto más pequeños sean los pisos.
"Sólo nos podemos permitir este cuchitril. La precariedad de la vivienda es tan habitual que parece que nos quejamos por vicio". Samuel, madrileño de 28 años, vive con su novia Micaela, de 24, también madrileña, en un bajo de unos 35 metros cuadrados útiles situado en el barrio del Lucero, a más de media hora en metro del centro. Pagan unos 500 euros al mes, incluyendo agua y luz. Entre los dos -él es agente comercial, y ella, ilustradora "cuando sale trabajo"- no llegan a 1.800 euros mensuales. Por eso viven rodeados de paredes desconchadas por la humedad, puertas que no cierran y un retrete "día sí, día no" atascado.
Otro de los colectivos que más sufre los desorbitados precios de la vivienda es el de los inmigrantes. Abdul vive con dos -"a veces, tres"- compatriotas senegaleses en el barrio de Lavapiés. El sótano en el que habitan no tiene más de 25 metros: un baño diminuto, una sala que usan como dormitorio y otra habitación. Se ven obligados a compartir cama. Pagan 600 euros al mes.
"No tenemos papeles", lamenta Abdul con los ojos aún entrecerrados: es mediodía y se acaba de despertar. ¿Qué otras condiciones tuvieron que cumplir para alquilar el habitáculo? Un aval de 1.800 euros que Abdul no logra explicar, ni en francés ni en español, cómo consiguió.Madrid y Barcelona superan el precio medio de la vivienda en alquiler en España, que fue de 7,20 euros mensuales por metro cuadrado en 2006, según el Ministerio de Vivienda. Madrid (11,38 euros) es la comunidad más cara. Como es lógico, la media de la capital es superior, y más aún si se trata de un piso pequeño: el metro cuadrado de un cubículo de 20 metros cuadrados se paga a más de 25 euros, bastante más del doble de lo que cuesta en una vivienda media.
Cataluña no llega a los topes madrileños, pero la media de esta comunidad (7,41 euros por metro cuadrado) es una de las más altas de España. Como Madrid, Barcelona se lleva la palma. El precio medio de un piso en la ciudad es de 966 euros, y el metro cuadrado sale a 13,13 euros, de acuerdo con la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona. La regla de los minipisos también se cumple: cuanto más pequeño, más caro. El metro cuadrado sobrepasa los 23 euros.
Algunas de las dudas que se plantearon cuando en 2005 la ex ministra María Antonia Trujillo propuso habitáculos de 30 metros para situaciones transitorias continúan sin respuesta. ¿Es eso una vivienda digna? Hibai Arbide, bilbaíno de 27 años, y Cristina Fernández, tarraconense de 26, así lo creen con resignación.
Hartos de compartir vivienda con más gente, se plantearon buscar un piso de alquiler en Barcelona. Su presupuesto: 500 euros mensuales. Él, abogado, gana entre 500 y 900 euros al mes, y ella, investigadora universitaria, cobra 850 euros de una beca de la Generalitat. "Fuimos a ver pisos pequeños que no tenían ni cocina, alguno sin ventanas y con el baño en el balcón", afirma Hibai. Al final hallaron una vivienda de 28 metros cuadrados en el barrio de la Barceloneta por el que pagan 530 euros.
Hibai y Cristina se las han ingeniado para aprovechar el espacio después de cambiar varias veces los muebles de sitio y, además, tienen el mar a un tiro de piedra. Pero saben que cuando se planteen tener hijos, necesitarán un piso más grande.
* ELPAIS.com - Madrid / Barcelona - 22/7/2007
Foto: Christian Coll en su minipiso - BERNARDO PÉREZ/ELPAIS.com
La mitad de los municipios de Málaga tiene denuncias por irregularidades urbanísticas
R.Rivera/LaOpiniónMálaga* : "Prácticamente la mitad de los municipios de la provincia de Málaga tiene abiertas distintas causas por supuestas irregularidades urbanísticas. La Fiscalía de Medio Ambiente ha cuadruplicado en el último año las diligencias de investigación por delitos contra la ordenación del territorio y contra el patrimonio hasta contabilizar un total de 332, debido al incremento de las denuncias presentadas por colectivos y partidos contra ayuntamientos, según consta en su memoria. Las localidades costeras concentran el mayor volumen de procesos, especialmente en el litoral occidental, desde Torremolinos a Manilva.
Corrupción. El fiscal delegado de Medio Ambiente, Francisco Montijano, señaló que las causas urbanísticas destacan más en Málaga que en otras provincias andaluzas, porque en muchos casos están relacionadas con casos de corrupción. Aunque el litoral despunta, con ciudades como Marbella donde se están tramitando medio centenar de casos urbanísticos, han crecido los procedimientos en municipios del interior de la comarca de la Axarquía y la Serranía de Ronda, donde proliferan las denuncias de autoconstrucciones en suelo no urbanizable, manifestó el fiscal. Así, destacan varias denuncias en Villanueva del Trabuco, Archidona, Istán o Tolox. En este último municipio se paralizaron 2.000 viviendas supuestamente ilegales. El año pasado, se denunciaron a veinte alcaldes de la provincia, entre los que figuran Benalmádena, Alhaurín de la Torre o Ronda.
Según la Fiscalía, el aumento de las denuncias por el incumplimiento de la normativa territorial se debe a que el urbanismo se ha convertido en el mayor aporte financiero para los municipios. Por esta razón, se ha intensificado la lucha contra los modelos urbanísticos contrarios al desarrollo sostenible y las organizaciones ecologistas y organismos oficiales, como el Seprona, han incrementado sus denuncias. El año pasado se presentaron 66 contra ayuntamientos, de las que siete correspondieron a Marbella, diez a Manilva y cinco a Ronda.
Delitos. Dos tercios de las diligencias iniciadas por la Fiscalía de Medio Ambiente se refieren a delitos contra la ordenación del territorio. El pasado año se presentaron 243 denuncias por esta materia, mientras que los casos contra la naturaleza fueron 29 y los asuntos por desobediencia a órdenes de paralización de obras, doce.
De las denuncias que se interponen, sólo se archiva el veinte por ciento, según apuntó Montijano, fundamentalmente porque contienen informaciones erróneas o carecen de indicios de delito.
Urbanismo en Marbella. Los delitos de prevaricación urbanística se acumulan en los juzgados de Marbella. Actualmente hay entre cuarenta y cincuenta casos, en los que están implicados el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y antiguos concejales del GIL, entre otros. Estos asuntos están en fase de instrucción y a la espera de nuevas diligencias. Asimismo, existen otros seis pendientes de una calificación fiscal.
* La Opinión de Málaga - 22 JULIO 2007
Foto: Precintos. Marbella copa la mayor cifra de denuncias por supuestas irregularidades urbanísticas. EFE
Cómo construir una casa y cometer dos delitos
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P.Espinosa/El País* : "En las oficinas de la Policía Autonómica en Cádiz se guarda, casi como una reliquia, el primer atestado sobre viviendas ilegales que este cuerpo de seguridad detectó con el método de falsificación de certificado de obra nueva. Fue en octubre de 2003. Desde entonces, los agentes han comprobado que bajo esa fórmula se han tratado de legalizar muchas más casas en la provincia gaditana. De hecho, más de la mitad de los 240 delitos por casas irregulares descubiertos por la Policía Autonómica en los últimos cuatro años utilizaron estos documentos falsificados. Aquel primer caso acaba de recibir sentencia. Los promotores y el arquitecto han sido condenados. Es el primer fallo judicial en este sentido que dicta la Audiencia Provincial de Cádiz.
En diciembre de 2002, Antonio R.G. compró una parcela en El Marquesado (Puerto Real). La finca estaba en suelo rústico y en ella sólo existía una caseta de labranza. En 2003 la compra de esos terrenos se documentó en escritura pública par José Emilio A.G.. En esa operación aparecía un certificado de obra que habían solicitado ambos promotores y que firmaba el arquitecto Antonio F.V. El profesional constataba la existencia de una vivienda de 194 metros cuadrados y databa su antigüedad en 1998, más de cuatro años antes, tiempo suficiente para que el delito urbanístico por construir en suelos no permitidos hubiera prescrito, por lo que la casa era legalizable. De hecho, los dos promotores dividieron la finca y construyeron dos chalés, que llegaron a vender. La Policía Autonómica se hizo cargo del caso y pudo averiguar que el sostén legal al que se agarraban los originarios propietarios, el certificado de obra, estaba falsificado. La Audiencia Provincial notificó esta semana la sentencia que condena a promotores y al arquitecto por un delito contra la ordenación del territorio, estafa y falsedad documental.
Para la Policía Autonómica este fallo judicial es algo más. Es el resultado de aquel primer caso detectado hace ahora más de cuatro años, pero también la constatación de que el esfuerzo investigador realizado desde entonces comienza a dar sus frutos. "Te llena de satisfacción ver que lo que has instruido lo has hecho bien", explica orgulloso el inspector Álvaro de Ory, jefe del grupo operativo del área de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Policía Autonómica en Cádiz. En el grupo trabajan siete agentes apoyados por otros seis. Funcionan como policías judiciales. En su labor ha desarrollado los métodos de investigación y han mejorado los medios, con un potente equipo informático para el rastreo de las casas ilegales.
Su trabajo ha permitido desde 2003 detectar 240 delitos relacionados con el urbanismo e imputar a 330 personas. Según De Ory, más de la mitad de los casos utilizan ya el método de falsificación de certificado de obra para tratar de legalizar lo construido irregularmente. También se usa lo que se conoce como proindivisos, consistentes en dividir parcelas unitarias, o reconstrucciones, levantar nuevas edificaciones con la excusa de una rehabilitación.
En estas operaciones es necesaria la participación de arquitectos técnicos o aparejadores, que sellen esos certificados falsos. Los investigadores calculan que pueden llegar a cobrar 6.000 euros por cada uno. El colegio profesional que los ampara ya ha tomado medidas. Los certificados de obra nueva requieren ahora de más pruebas documentales, como fotografías aéreas que antes no se demandaban. "Hay muchas viviendas ilegales pero el 99% de los arquitectos cumple la ley. Los otros son garbanzos negros", defiende el presidente del colegio, José Arcos. Una circunstancia que corrobora la Policía Autonómica que ha visto repetirse los nombres de unos pocos arquitectos técnicos en multitud de casos descubiertos además en diferentes municipios.
La primera sentencia ha condenado a los promotores a seis meses de prisión por el delito contra la ordenación del territorio. Por falsedad documental deberán pagar tres meses de multa con cuota diaria de seis euros, lo mismo que el arquitecto. Una condena que la Fiscalía reconoce como leve pero que cambiará. En los nuevos casos de certificados falsos de obra el Ministerio Público ya está reclamando hasta dos años de cárcel.
* ELPAIS.com - Cádiz - 22/07/2007
Foto: Puerto Real (Cádiz) - nodo50.org
