EFE/Marbella* : El juez del caso Malaya ha impuesto un millón de euros de fianza al ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca. Según el auto del juez, el riesgo de fuga Roca es "elevado", pero justifica imponer la garantía para su puesta en libertad en que no ha huido durante años a pesar de estar implicado en otras causas judiciales.
En el auto, el instructor del caso argumenta que "es razonable pensar que dispone de fondos en territorios considerados como paraísos fiscales, sin que tal vez nunca pueda llegar a conocerse con exactitud su alcance al ser territorios que dificultan la cooperación (como la Isla de Man)".
El juez considera, sin embargo, que Roca, de cuya detención se cumplen el sábado dos años, "posee en España una muy elevada fortuna, a través de diversas sociedades que en la actualidad están siendo controladas judicialmente", está casado y tiene dos hijos y siempre ha residido en España.
Cuantía elevada
El magistrado afirma que el pronóstico de riesgo de fuga sugerido por las circunstancias es sin duda "elevado", pero destaca que en otro procedimiento judicial seguido ante la Audiencia Nacional Roca cumplió durante casi cuatro años con las obligaciones impuestas para quedar en libertad.
El auto fija la "cuantía elevada" por su acreditada relación con otras personas que pueden ayudarle a pagarla y ordena la comparecencia diaria del procesado en los juzgados. El millón de euros para la puesta en libertad del ex asesor urbanístico constituye la fianza de mayor importe económico impuesta por el juez a los procesados del caso Malaya.
El cerebro de la trama
El exasesor urbanístico, al que el juez considera como el presunto cerebro de la trama de corrupción, ingresó el 31 de marzo de 2006 en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre (Málaga), donde permaneció hasta el 6 de octubre del mismo año, fecha en la que fue trasladado a la cárcel de Albolote (Granada).
Roca es el único procesado que se encuentra en prisión provisional por el caso Malaya, ya que el exalcalde de Marbella Julián Muñoz permanece en la cárcel, donde cumple condena por causas urbanísticas tras ser detenido por el mismo proceso.
El magistrado imputa a Roca los delitos de blanqueo de capitales, contra la hacienda Pública, cohecho, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos y subastas públicas, malversación de caudales y contra la flora y fauna, entre otros.
* El Periódico - EFE - 28/3/2008
Foto: Marbella, Ayuntamiento - UrbanismoPatasArriba
El juez impone a Roca una fianza de un millón de euros pese al "elevado" riesgo de fuga
Castro Urdiales: El anterior equipo de gobierno, acusado de prevaricación
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EFE/Cantabria* : La Fiscalía se ha querellado por un presunto delito de prevaricación en la adjudicación de una obra pública contra los ocho concejales del PRC, el PP e IU que formaban el equipo de Gobierno de Castro Urdiales en 2006, según ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).
La querella se dirige contra el actual alcalde del municipio, Fernando Muguruza, quien entonces presidía la corporación como concejal del PRC, aunque desde 2007 está expulsado del partido; el primer teniente de alcalde, José Miguel Rodríguez (PP), y el concejal de Obras en aquellas fechas, Salvador Hierro (IU).
También han sido imputados los ediles Jaime Díaz Muro y Juan Molinero Arroyabe, ambos regionalistas; Concepción Carranza, del PP y Santiago Vélez, de IU.
Esta actuación de la Fiscalía parte de una denuncia presentada por cinco concejales entonces en la oposición contra el equipo de Gobierno por un presunto delito de prevaricación relacionado con la contratación de las obras del túnel del Mioño.
De estas diligencias se deriva la actuación realizada ayer en la Gerencia de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Castro Urdiales por la Policía Judicial de la Guardia Civil, que se llevó varios expedientes por orden del Juzgado de Instrucción número 2 del municipio.
Los agentes de la Policía Judicial obtuvieron la información a través de un requerimiento judicial expreso, ante la negativa inicial a facilitársela de las personas que encontraban en las dependencias, explica el TSJC.
Durante la instrucción, se han detectado nuevos hechos que podrían ser constitutivos de delitos contra la Administración Pública, por lo que se ha acordado la apertura de diligencias previas y ya se ha recabado la documentación necesaria, que está siendo estudiada, añade el Tribunal Superior.
La querella de la Fiscalía, presentada el 27 de septiembre de 2006, se dirigió inicialmente contra los concejales Jaime Díez Muro, del PRC, y Salvador Hierro, de IU, por haber adjudicado "a dedo" a la empresa del hermano del edil regionalista la obra de reparación del túnel de Mioño.
La imputación se ha ampliado después a los demás miembros del equipo de Gobierno, como consecuencia de las diligencias practicadas.
Los ocho imputados han sido citados para declarar ante el juez en las próximas semanas.
Ratificar la denuncia
También deberán declarar los concejales que presentaron la denuncia, para ratificarla, entre los que figuran uno de los actuales miembros del equipo de Gobierno, Rufino Díaz Helguera, quien entonces formaba parte de la oposición como edil no adscrito.
La Fiscalía de Cantabria pidió en septiembre de 2006 al Juzgado de Castro Urdiales que investigara a los concejales Salvador Hierro y Jaime Díez Muro, los dos primeros imputados, por la adjudicación de esa obra.
El Ministerio Público determinó entonces que los trabajos, valorados en 58.765 euros, se adjudicaron a la empresa IZETA Ingenieros directamente, sin que existiera expediente, proyecto o contrato presentado por la empresa.
La Fiscalía comprobó que el apoderado de IZETA, Juan Ignacio Díez Muro, realizó personalmente todas las gestiones con el Ayuntamiento y que su hermano Jaime, el edil del PRC, no se abstuvo cuando la Junta de Gobierno aprobó la adjudicación del contrato.
Todas las negociaciones se llevaron personalmente entre el gerente de IZETA y el concejal de Obras.
El juez que instruye el caso ya ha tomado declaración en calidad de testigo al interventor del Ayuntamiento, que formuló en su día un informe de reparo contra el pago de esos trabajos, en el que se ponían de manifiesto "las irregularidades cometidas", según explicaba la Fiscalía en su denuncia inicial, de septiembre de 2006.
* El Diario Montañés - EFE - 28.03.08
Foto: Túnel de Mioño, cuyas obras de reparación han motivado una querella de la Fiscalía de Cantabria contra el alcalde y los siete concejales que formaban el equipo de gobierno municipal en 2006./EFE
La juez anula la licencia de la subestación de Patraix y los vecinos pedirán su derribo
LEVANTE/Valencia* : El juzgado de lo contencioso-administrativo nº2 de Valencia ha declarado nula y sin efectos la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Valencia a Iberdrola para la construcción de la subestación de Patraix, que suscitó un fuerte movimiento ciudadano de rechazo y que permanece clausurada desde la explosión sufrida en mayo de 2007, en plena campaña electoral.
La Comisión Pro-Traslado avanzó ayer que exigirá la demolición inmediata de esta instalación eléctrica en cuanto la sentencia (ante la que cabe recurso de apelación) sea firme. En cualquier caso, está previsto y pendiente su traslado a una parcela próxima al cementerio y la V-30.
El recurso fue presentado por más de 150 vecinos de Patraix. La titular del juzgado da la razón a los afectados al cuestionar la idoneidad de la ubicación y la decisión del gobierno municipal de la alcaldesa Rita Barberá de conceder la licencia, por encima incluso de que estuviera amparada por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La magistrada es tajante al afirmar que "Debió de prevalecer por tanto, el principio de precaución y no concederse la licencia de obras impugnada, en primer lugar en tanto no se concediera la licencia de funcionamiento de la actividad de transporte y de transformación de energía y en segundo lugar, no concederse en tanto que su ubicación rodeada de zona residencial y a pesar de la determinación del uso de la parcela, dispuesta en 1988 , no era adecuado por los riesgos o peligros potenciales de la instalación que certeros o no, respecto de las ondas electromagnéticas, en el estado actual de la ciencia y certeros por la fuerza de los hechos, en el caso del peligro de explosión, pudieran afectar a la población y considerar una nueva ubicación para la subestación como finalmente ha resuelto la administración municipal".
La sentencia indica que la ubicación de la subestación es "totalmente inapropiada" porque aunque la parcela, "en el momento de la clasificación -del suelo--, se encontraba alejada y no rodeada de suelo residencial", ahora "se ha consolidado un suelo urbano muy poblado". La subestación está situada en las calles Vicente Parra y la Avenida Gaspar Aguilar y se encuentra rodeada de edificios y viviendas unifamiliares.
Fuentes de Iberdrola confirmaron que la compañía recurrirá esta sentencia y recordaron que disponen de otros cinco dictámenes judiciales favorables. Además, hicieron especial hincapié en resaltar que la instalación ha contado siempre con todos los permisos de las distintas administraciones.
El juzgado de instrucción número 2 también cuestiona al ayuntamiento, no obstante, por la darla licencia de obras antes de que se resolviese sobre la de actividad, al entender que se valoró la ubicación en un núcleo de población.
* Levante-EMV - S.G., Valencia - 28 de marzo de 2008
Foto: a explosión del 15-M. El humo envuelve el edificio el día de la explosión. A su alrededor, edificios y casas bajas/ levante-emv
Madrid: 'Okupación' en el 'caso Malaya'
ELPAÍS* : "Somos unos 40. Vamos a transformar este edificio en un centro social para el barrio y, de momento, vamos a quedarnos a dormir aquí". A gritos y desde un balcón de la primera planta -pues mantienen la puerta bloqueada en previsión de que la policía venga a desalojarlos- explicaban ayer los okupas de Atocha, 49, la nueva situación del edificio hasta ayer deshabitado.
"Todavía no hemos decidido si queremos hablar con los medios, tenemos que debatirlo en asamblea. Además, contamos con nuestros propios medios de comunicación alternativos", señalaban, mientras apuntaban en un papel las diferentes webs que utilizan.
Mientras, desde el interior del inmueble -de tres alturas y áticos, con al menos 10 apartamentos y dos patios interiores- comenzaban a salir nubes de polvo, pues los okupas habían comenzado a barrer y limpiar la casa que, según las fotos mostradas por ellos mismos, se encuentra en un estado deplorable tras años de abandono.
De los balcones cuelgan tres pancartas, en las que los jóvenes abogan por la "expropiación popular de las casas abandonadas" como solución al problema de la vivienda y señalan al que, efectivamente, es el propietario del edificio, Pedro Román Zurdo, ex teniente de alcalde de Marbella durante el mandato de Jesús Gil, imputado en el caso Malaya y el caso Atlético y encarcelado por delitos de fraude, blanqueo de capitales y cohecho. Su hija, María Pilar Román Martín, detenida también durante la Operación Malaya, figura como administradora de la empresa Atocha, 49. El propio Román Zurdo compró en 2003 el palacio de Tepa, en la cercana calle de San Sebastián, que también fue intervenido y que hoy está siendo transformado en hotel.
Buena parte de los jóvenes que desde ayer ocupan el edificio pertenece al colectivo La Alarma, que ya ocupó en 2006 otro edificio en la calle de Sebastián Herrera, en Embajadores y en Mesón de Paredes, de los que fueron desalojados. Según explicaban ayer, cuentan con varios proyectos para Atocha, 49, entre ellos asambleas vecinales, talleres educativos y zonas de ocio, y esperan poder abrirlo al público en los próximos días.
En el edificio ocupado desde ayer estaba situado uno de los despachos de los abogados laboralistas que en 1977 fueron asesinados por miembros de la ultraderecha en la misma calle, concretamente en el número 55. También en Atocha, 49, murió, en 1984 y en la indigencia, Antonio Calvache, uno de los primeros directores de cine de España y fotógrafo del Madrid de los años veinte.
* ELPAIS.com - ÍÑIGO GARCÍA - Madrid - 28/03/2008
Foto: Edificio de la calle Atocha tomada por 'okupas'- LUIS SEVILLANO, elpais.com
El Bicing logra 130.000 abonados en su primer año de funcionamiento en Barcelona
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ELPERIÓDICO* : El Bicing, el servicio municipal de alquiler de bicicletas puesto en marcha por el Ayuntamiento de Barcelona, ha logrado en su primer año de funcionamiento cerca de 130.000 usuarios, que desde marzo del 2007 han utilizado este medio de transporte en seis millones de ocasiones.
Estos son algunos datos del primer balance anual del Bicing, presentados por el concejal de Movilidad, Francesc Narváez, que ha explicado que el servicio cuenta ya con 286 estaciones en funcionamiento, repartidas por todos los distritos de la ciudad, y con más de 4.000 bicicletas, con las que se hacen unos 30.000 viajes en días laborables y 20.000 en festivos, con incrementos progresivos a medida que se ha ido asentando el servicio.
400 paradas y 6.000 bicis más en agosto
El edil ha recalcado además que se mantiene el compromiso del alcalde, Jordi Hereu, de que la ciudad disponga el próximo agosto de 400 estaciones instaladas (en estos momentos se están habilitando ya 52 y otras 90 más están en estudio), con 6.000 bicicletas.
El perfil del usuario del Bicing es el de un hombre (51%) o una mujer (49%), de profesión liberal, con una edad comprendida entre los 21 y los 40 años (48%), que reside principalmente en los distritos de Eixample (26,36%), Sant Martí (12,68%), y que utilizan estas bicis una media de 20 minutos por trayecto.
Éxito "apabullante"
Narváez, que ha calificado de "apabullante" el éxito del servicio (con 3.000 altas diarias), ha asegurado que "nadie se hubiera imaginado hace un año" el resultado del Bicing, "que ha convertido a Barcelona en un referente en materia de movilidad" que está siendo copiado por muchas ciudades "grandes y pequeñas".
El 20% del coste del Bicing (unos 10 millones de euros) lo cubre lo que pagan los usuarios (24 euros al año), mientras que el resto procede de lo recaudado por las áreas verdes y azules.
* El Periódico - EFE - 27/3/2008
Foto: Barcelona, bicing - V.Gimenez (El País)
El Puerto de Vigo cubrirá con cemento 270.000 metros cuadrados de la ría
ELPAÍS* : La Autoridad Portuaria de Vigo ha presentado el proyecto de planificación para los próximos siete años, que pasa por la ejecución de 271.707 metros de relleno sobre la ría, repartidos en seis zonas distintas del litoral de la ciudad. La propuesta recupera una actuación especialmente conflictiva: la ampliación de la terminal de Areal, en pleno centro urbano, que fue paralizada hace seis años por la oposición que generó entre partidos y colectivos sociales.
El presidente del puerto vigués, Jesús Paz, ha presentado el resultado de la asistencia técnica contratada para afrontar el desarrollo portuario entre 2008 y 2015, que incluye el polémico relleno del Areal, ahora rediseñado. Pese a ser de dimensiones menores a las que intentó impulsar el puerto cuando estaba regido por el PP, sus 80.000 metros cuadrados de ocupación de la ría han puesto alerta de nuevo a sus detractores. El acuerdo entre el PSOE y los nacionalistas del BNG en el Ayuntamiento de Vigo incluye de hecho una referencia en la que los socios del gobierno municipal expresan su oposición a esta ampliación.
Paz, también del PSOE, advirtió en la presentación del proyecto que esa referencia del pacto de gobierno también le afecta, como militante socialista. No obstante, consideró "importantísima" la ampliación del Areal. Además de ese relleno, la propuesta portuaria prevé otros 81.341 metros cuadrados de ocupación de la ría en Bouzas, 22.353 en Beiramar, 36.000 en la estación de trasatlánticos, 21.194 en Chapela ?que se pondrán a disposición de Pescanova- y 30.881 en Duchess. El proyecto de recuperación de espacios para la ciudad, adjudicado por concurso a Jeane Novuel cuando el ahora alcalde, Abel Caballero, presidía la Autoridad Portuaria, pasa a ser "una referencia" que "se intentará encajar".
* ELPAIS.com - PABLO LÓPEZ - Vigo - 27/03/2008
Foto: Vigo, vista aérea - farodevigo.es
La Comisión de Peticiones vigila de cerca el desarrollo valenciano
LEVANTE* : Las prácticas urbanísticas autóctonas ya son viejas conocidas en el Parlamento Europeo. En 2006 el Comité de Peticiones instó al Parlamento Europeo a "no cesar de vigilar el urbanismo valenciano" tras las denuncias recibidas (15.000 según la institución, una cifra que siempre han negado las autoridades valencianas).
En 2005, el pleno del Parlamento aprobó el durísimo Informe Fourtou en el que se denunciaban los abusos en la aplicación de las leyes urbanísticas y el desastroso impacto de los PAI en el litoral y en el abastecimiento de agua.
Expedientes de infracción
La Comisión Europea ya tiene abierto, además, dos procedimientos de infracción contra la Ley Urbanística Valenciana y contra la creación de empresas mixtas urbanísticas entre la Generalitat y un selecto grupo de promotores privados porque, supuestamente, no respectan las directivas de contratos ni la libre competencia, entre otras muchas denuncias.
La nueva revisión de las cinco actuaciones urbanísticas en la Comisión de Peticiones puede tener, como hasta ahora, efectos morales sobre la ya maltrecha reputación urbanística valenciana en el resto de Europa pero también puede derivar en una nueva investigación de la Comisión Europea. Por lo pronto, la secretaría del Comité de Peticiones (una especie de defensor del pueblo parlamentario donde se tratan las quejas que presentan los ciudadanos europeos) ha comunicado a los seis denunciantes que sus "peticiones" (las quejas o denuncias, según la jerga europea) "se han incluido en el proyecto del orden del día de la reunión de la Comisión de Peticiones del 2 de abril".
* Levante-EMV - L. B. B., Valencia - 25 de marzo de 2008
Foto: Parlamento europeo, Strasbourg - Cédric Puisney, wikipedia.org
Una juez ordena el primer derribo de una casa ilegal en Medina Azahara
ELPAÍS/Córdoba* : Los propietarios de los chalés ilegales del entorno protegido de Medina Azahara han sido absueltos por los jueces cordobeses de manera sistemática desde hace años. Pero está racha se truncó este lunes 24 de marzo, cuando la magistrada Inmaculada Nevado, titular del Juzgado de lo Penal 4, condenó a dos parcelistas a 18 meses de prisión para cada uno y a demoler lo que edificaron en la urbanización ilegal de Las Pitas.
Se trata de la primera orden de derribo que se dicta en el entorno del yacimiento, donde existen 240 chalés clandestinos situados dentro de una zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en julio de 2003.
La construcción, de una planta y que está sin rematar, fue paralizada a finales de 2006 tras una inspección de la Policía Autonómica, pero en la sentencia se asegura que previamente un agente advirtió verbalmente a los propietarios de que su conducta era ilícita. El caso se trasladó junto a cinco más a la Fiscalía, que solicitó una pena para los acusados de dos años de prisión y la demolición de lo construido.
Hasta ahora, dos de los seis propietarios denunciados por la Policía Autonómica en 2006 habían sido absueltos por el Juzgado de lo Penal 3 de Córdoba. Sin embargo, otra magistrada ha decidido ahora condenar a estos parcelistas, que además deberán pagar una multa de 2780 euros.
La principal diferencia radica en que en el último caso la edificación se levantó íntegramente después de julio de 2003, es decir, después de que la urbanización fuera incluida dentro de la zona de protección del BIC. "El invocado principio de intervención mínima
[que algunos jueces han aplicado para absolver a otros parcelistas] debe reservarse para obras menores, como las de ampliación o adaptación de lo ya existente, (...) pero debe rechazarse de plano en casos como el enjuiciado, en que se ha construido una vivienda de nueva planta", señala en su resolución Inmaculada Nevado.
Pero al comparar las distintas sentencias se aprecian también diferencias en los razonamientos que usa cada juez. Los argumentos utilizados en las resoluciones absolutorias van encaminados a señalar que los chalés se habían levantado antes de julio de 2003 y que las administraciones eran responsables de la situación creada por su "consentimiento" hacía estas ilegalidades. Además, se afirmaba que, si existió un impacto visual en la zona, éste se produjo antes de que la zona se declarara BIC y no cuando se realizaron las obras que se estaban juzgando.
Sin embargo, Inmaculada Nevado utiliza gran parte de la sentencia para señalar que los acusados eran conscientes de que estaban cometiendo una ilegalidad: "Se sabía perfectamente que la construcción que promovieron era ilegal, pese a lo cual decidieron seguir adelante con la construcción". Según la magistrada, lo conocían por la difusión en los medios que ha tenido el caso de Medina Azahara, porque uno de los acusados es un "profesional de la construcción" y porque esa misma persona, que trabaja como albañil, participó "en la formación de la asociación de vecinos" de la urbanización.
El pleno de magistrados de la Audiencia de Córdoba trató de unificar los criterios sobre este tipo de casos el 10 de marzo. Los jueces acordaron que para que las demoliciones de casas ilegales puedan ordenarse debe constar "patentemente" que la obra esté "completamente fuera de ordenación y no sean legalizables o subsanables". Además, se estableció que la mera existencia de construcciones previas no supone "por sí mismas exoneración de responsabilidad penal", con lo que habría que estudiar cada caso.
* ELPAIS.com - MANUEL PLANELLES - Córdoba - 27/03/2008
Foto: Córdoba, zona viviendas ilegales - abc.es
