ELPAÍS/Madrid* : El mayor constructor de vivienda social en España, el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), ha tenido que frenar su actividad abruptamente. Las deudas del organismo dependiente de la Comunidad de Madrid y el brutal descenso de la financiación del Gobierno regional (tres millones de euros en 2010, frente a 26 en 2009 y 57 en 2008) contribuyeron a que el Ivima entregase en 2009 menos de la mitad de pisos nuevos que hace dos años y que rebaje su presupuesto un 15% en 2010.
Hace 25 años que el Ivima se encarga de construir inmuebles en la Comunidad de Madrid para alquilar y vender los pisos a un precio más bajo que el del mercado a familias con pocos recursos. Actualmente gestiona 23.000 viviendas, con un precio de alquiler medio de 250 euros al mes, que baja hasta los 41 euros en casos de inquilinos a los que se concede un descuento excepcional por dos años en caso de insolvencia. Su función principal es levantar edificios para recibir ciudadanos con carencias económicas. Ahí es donde flaquea hoy su actividad.
En 2009 el instituto de vivienda entregó 712 pisos nuevos. Respecto a los dos años previos, la disminución de su actividad es significativa: en 2008 otorgó 2.034 viviendas para estrenar y en 2007, 2.300.
Detrás de la caída de la construcción del Ivima, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, se encuentra la debilidad de sus finanzas. El último informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, de diciembre de 2008, establecía que este organismo tenía un patrimonio de 3.235 millones de euros y una deuda de 2.367 millones.
La relación entre el agujero económico y el frenazo de la actividad del Ivima está en la diana de la oposición en la Asamblea de Madrid. El Partido Socialista de Madrid (PSM) vincula directamente una cosa y la otra. "Este año tendrán que gastarse la mitad del presupuesto en pagar deudas y apenas harán obra nueva, para la que tienen solo dos millones de euros", afirma el portavoz socialista de Vivienda, Antonio Fernández Gordillo, que subraya la desproporción actual entre la oferta y la disponibilidad de vivienda protegida: "Solo en la Oficina de Vivienda ha habido, desde 2005, 220.000 peticiones de pisos por parte de menores de 35 años. La demanda es brutal porque el empleo ha caído, la gente tiene menos recursos y el precio de mercado de la vivienda en Madrid todavía es altísimo".
La deuda, de acuerdo con la Cámara de Cuentas, proviene de lo que el Ivima tiene que pagar a bancos y acreedores (1.779 millones de euros) y a promotoras inmobiliarias por el arrendamiento de construcciones que hicieron para el instituto en el pasado (588 millones de euros). El Ivima relativiza estas cifras. Su director, José Antonio Martínez Páramo, asegura que no deben más que 500 millones en créditos bancarios. "El resto no es deuda", dice.
Argumenta que los otros 1.200 millones que incluye la Cámara de Cuentas como deudas a acreedores a corto y largo plazo (constructoras que hacen obras para el Ivima, por ejemplo) son "una inversión de promociones en marcha". En cuanto a los 588 millones de arrendamiento de inmuebles a constructoras, Martínez Páramo reduce la cifra a 450 millones y tampoco considera que forme parte de la deuda. La situación del Ivima, según su director, es "manejable". "Tenemos un patrimonio de 3.500 millones de euros", aduce.
Cuentas e interpretaciones: lo que el responsable de Ivima ve como una inversión (lo que se debe a acreedores), es una deuda para el vocal de UGT en el Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, Julio Rodríguez. "Lo que hay que pagarle a los acreedores es una deuda contante y sonante como la de créditos bancarios", juzga. "El endeudamiento es significativo, y el problema es que afecte a la creación de vivienda social. El Ivima viene menguando su actividad, movido por la política social regresiva de [la presidenta de la Comunidad de Madrid] Esperanza Aguirre", opina Rodríguez.
Por su parte, el Gobierno regional ha cerrado el grifo al Ivima. En 2010 lo ha financiado con tres millones de euros, un bajón del 95% con respecto al 2008, cuando la inversión fue de 57 millones. Martínez Páramo razona que la financiación ha bajado por el compromiso del Ivima de no costar dinero a los madrileños. "Queremos financiarnos con fondos propios, no ser una carga en tiempos de crisis", asegura.
El director excusa a la Comunidad. Afirma que su intención era ganar dinero vendiendo más casas a inquilinos que lleven más de siete años de alquiler. Pero en 2009 se encontró con un problema serio: a causa de la crisis, hubo un 80% de peticiones de compra menos. El dinero no corrió hacia las arcas del instituto. Así que vuelta al cauce. "En 2011 volveremos a pedir una subvención fuerte a la Comunidad", anuncia Martínez Páramo. Falta por ver si el cauce lleva agua.
* El País - 26.08.10
Foto: Madrid, sede del ivima - casaspisosyapartamentos.blogspot.com
El Ivima debe 2.367 millones de euros, según la Cámara de Cuentas
Un disparate llamado Hotel Algarrobico
,+hotel+mar08+-+F.Bonilla,+publico.es.jpg)
ELCONFIDENCIAL* : A cinco kilómetros del destino la vía se estrecha. Vértigo por la altura y vértigo por lo que empiezo a adivinar: un mastodonte de 22 plantas de altura. El hotel Algarrobico a la vista. Este disparate urbanístico, ubicado en zona protegida, preside una presunta playa virgen de Carboneras (Almería). El Algarrobico como emblema y como síntoma. Preguntemos a los nativos. “Ni lo tiran, ni lo terminan”. Lola tiene 36 años. Nació en el pueblo. Vive en Madrid. Miguel, su marido, de la misma edad, no se explica cómo dejaron construir a la promotora Azata Sol este establecimiento turístico comiéndose la montaña. “Es salvaje, una vergüenza para todos”, insiste Lola.
“Lo increíble es que si tenía todos los permisos no sería ilegal”.
En esta playa almeriense, situada en el parque natural Cabo de Gata-Níjar, la reserva natural marítimo-terrestre más antigua de Andalucía, piensan que ya que el daño es irreparable lo mejor sería que dejaran la estructura tal y como está. Que no derribaran el edificio, que contempla 411 habitaciones y se empezó a construir en mayo de 2003. ¿Qué harían con el escombro? La montaña, aseguran, saldría aún más perjudicada.
El impacto ecológico en lo que muchos consideran el peor ejemplo de destrucción costera en España, sería de mucho más calibre. Es lo que opina Antonio, de 42 años. Su madre nació aquí al lado. Frecuenta la playa desde chico. Su mujer retira la toalla de la arena y su hija, de cinco años, está muy preguntona.
“Mira, sería peor el remedio que la enfermedad. El cemento está enganchado a la montaña. Y esto no se puede demoler con dinamita y ya está. No”. La luna llena que ilumina la playa a las 21.45 horas motiva a Antonio para echar la culpa a políticos y ecologistas. “Aquí construyeron el hotel más de cuatro años y no vi a nadie de Greenpeace. Y no digamos nada de [la ex ministra Cristina] Narbona. Fue la que puso la primera piedra con el alcalde”. La Junta de Andalucía también autorizó la construcción. Ahora recula con la boca pequeña, aunque los ecologistas denuncian que el Gobierno andaluz apuesta en los juzgados por continuar con el hotel.
El socialista Cristóbal Fernández, primer edil de Carboneras, se acaba de topar con la prohibición del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para urbanizar el Algarrobico. Una de las claves de la historia es la propiedad de los terrenos del hotel. Parte de ellos eran públicos y pasaron a manos de Azata del Sol, que prometió 300 puestos de trabajo. La promotora ha levantado otro desmán urbanístico a menos de un kilómetro: Tortugas I, unos bloques de apartamentos escalonados en dirección al centro de Carboneras. Fernández pretendía impulsar el Tortugas II. Lo tendrá difícil.
Botellas y bolsas de plástico
El Algarrobico (por cierto aún reserva de la Biosfera por la UNESCO) ya no es un lugar idílico. Sucia, llena de botellas y bolsas de plástico, la playa ha perdido un 25% de arena y, desde principios de los ochenta, se ha estrechado 12 metros. Todo empeoró con la construcción en 1996 del puerto pesquero de Carboneras. “La playa de Mojácar se ha hecho con la arena de aquí”, lamenta Antonio.
Francisco José Ruiz, de Almería capital, viene de pescar doncellas y brecas. Sugiere que el hotel se termine e inaugure. “Ya que está, que lo dejen”, apunta. El ecologista Mario Sanz opina justo al revés. “Claro que deberían derribar el hotel, pero no creo que lleguen a hacerlo. El que esté a medio terminar permitirá una zona urbana donde no lo había y así dejas paso para construir más cosas. Tiene que ser un aviso a navegantes para que no lo hagan en otro sitio”. ¿Por qué no avisaron antes de la construcción del Algarrobico? “Yo mismo llamé a Seprona, siempre se ha estado encima”, se excusa Sanz.
El mastodonte de 22 plantas queda ya atrás. Aún no me explico cómo este soberbio paraje natural del Levante mediterráneo se ha convertido en un perfecto monumento al disparate de la irresponsabilidad humana.
* El Confidencial - @Agustín Rivera - 26/08/2010
Foto: Hotel Algarrobico (Carboneras - Almería), hotel mar08 - F.Bonilla, publico.es
Gijón.- Los vecinos se resisten al plan del Muro pese a los últimos toques de atención de Urbanismo
LNE* : La Concejalía de Urbanismo ha amonestado a todas aquellas comunidades del paseo marítimo que no acaban de tomar medidas ante los problemas de conservación que presentan sus edificios. Pero no todos los propietarios han respondido al ultimátum municipal adheriéndose, como esperaba el Ayuntamiento, al plan especial que subvenciona la rehabilitación de la fachada de El Muro. Muchos vecinos se niegan a entrar por el aro. Consideran que la intervención programada por el Ayuntamiento no siempre mejora la estética de los edificios y, en algunos casos, incluso interfiere en las vistas de sus viviendas.
También les preocupa la repercusión que la limpieza de las nuevas fachadas -donde cobra protagonismo el revestimiento de vidrio- pudiera tener sobre los gastos de comunidad. Por eso, ante la amenaza de multa, se decantan por reparar daños en lugar de una rehabilitación como la que pauta el plan de El Muro.
El Ayuntamiento apercibió, entre los meses de abril y junio, a una decena de comunidades de las avenidas de Rufo García Rendueles y Castilla, así como de las calles de Menéndez Pelayo y Emilio Tuya. Sus edificios llevan años con bandejas de seguridad por riesgo de desprendimientos. Las discrepancias vecinales van aplazando una solución que los servicios técnicos municipales empiezan a considerar urgente. El plazo para subsanar esta situación ya ha expirado, en algunos casos, y los propietarios siguen sin llegar a un acuerdo.
Los vecinos del número 6 de Rufo García Rendueles discutían el asunto esta misma semana. Ya han votado en tres ocasiones sobre la conveniencia o no de acogerse al plan especial de El Muro y ninguna de esas votaciones se ha traducido en una decisión definitiva. Aunque «se impone el no», recalcan los más críticos, frente a quienes opinan que es mejor reformar a fondo el edificio que «andar con parches».
El apercibimiento de la Concejalía de Urbanismo no ha tenido ningún efecto persuasivo. En la reunión de comunidad celebrada esta semana, la tensión vecinal obligó a posponer una vez más la toma de decisiones, pese a ser una de los puntos fuertes del orden del día. Uno de los asistentes dejó sobre la mesa una propuesta intermedia: la de acometer las reparaciones exigidas por el Ayuntamiento de forma inminente -vierteaguas, desprendimiento de gressite y cargaderos de ventanas- para estudiar una posible rehabilitación con detenimiento.
Según el responsable del Urbanismo gijonés, Pedro Sanjurjo, los edificios expedientados afean una de las zonas más visibles y emblemáticas de la ciudad. El concejal socialista no ve justificación a que las comunidades afectadas mantengan los inmuebles en mal estado cuando existe un plan de ayudas específico para lavarle la cara a la fachada marítima de San Lorenzo. Pero hay quienes piensan que esas subvenciones no compensan.
* La Nueva España - 26.08.10
Foto: Fachada de uno de los edificios del paseo marítimo expedientados por el Ayuntamiento.- lne.es
Madrid.- Una plaga de chinches y garrapatas prolifera por los Juzgados de Plaza de Castilla
20MINUTOS* : Un funcionario y un juez y un forense han necesitado tratamiento médico u hospitalización por picaduras de insectos. Los funcionarios del Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid han presentaron escrito al subdirector general de Infraestructuras de la Comunidad en el que denuncian las "pésimas condiciones de salubridad e higiene" en las que se encuentra el Juzgado de Guardia de Diligencias de Madrid, concretamente por la presencia de garrapatas y otras parásitos, ha señalado este miércoles CC OO.
De hecho, según explicó, un funcionario se encuentra hospitalizado por una picadura de ácaros, mientras que el médico forense Alejandro López Iranzo ha sufrido picaduras de garrapatas, por lo que ha necesitado tratamiento médico. Además, el magistrado Marcelino Sexmero, del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, también sufrió la picadura de un chinche durante la realización de una reciente guardia de diligencias.
El sindicato ha recordado que anteriormente ha denunciado la aparición de ratas en dependencias judiciales en esta sede, concretamente en el Juzgado de Instrucción número 2. Por otro lado, se quejan de que este mismo Juzgado se encuentra con parte del techo dañado como consecuencia de humedades.
"Consideramos destacable y denunciable la lamentable situación de dejadez y suciedad en la que se encuentran las zonas ajardinadas que rodean a estos Juzgados, tanto las situadas en la calle Bravo Murillo como la zona situada en la calle Capitán Haya", ha agregado CC OO, que considera que esta "degradación medioambiental puede ser uno de los motivos por los que comienzan a aparecer los insectos y ratas".
En este sentido, el sector de la Administración de Justicia del sindicato ha exigido a la Comunidad que gestione "de forma urgente" la limpieza general, desratización y desinsectación de estas dos zonas, incluyendo un mantenimiento habitual y cotidiano de las mismas, así como de todos los Juzgados y dependencias de este edificio.
Ante estas informaciones, que desde la Consejería de Justicia afirmaron desconocer hasta ahora, la Comunidad de Madrid emprenderá una "urgente" desratización, desinfección y desinsectación de las dependencias judiciales de Plaza de Castilla.
Además, desde el departamento que dirige Francisco Granados han explicado a Europa Press que cada año una empresa realiza estas labores de fumigación y de colocación de trampas y que, por tanto, analizarán qué ha fallado para que hayan detectado estos recientes casos de picaduras de insectos.
CC OO cree que estas medidas son necesarias para que todos los empleados y demás personal usuario de las dependencias judiciales de Plaza de Castilla realicen sus cometidos de manera segura para su salud y con la higiene adecuada.
"De ninguna manera los trabajadores y usuarios de este edificio podemos consentir ni pagar las consecuencias del lamentable estado general en el que se encuentra el mismo. Hasta tanto se ejecuten las medidas solicitadas debería ser necesario a juicio de este sindicato se produzca el cierre temporal de las dependencias del Juzgado de Guardia de Diligencias y su ubicación en lugar diferente al habitual", argumentan.
* "0 Minutos - 25.08.10
Foto: Madrid, juzgados - EFE
León.- Ecologistas en Acción exige los permisos o paralizar las obras
DIARIODELEÓN* : Ecologistas en Acción remitió ayer un escrito al alcalde y al concejal de Urbanismo exigiendo la «paralización de las obras en el entorno de la estación de Feve y demás actos que modifiquen el suelo en este sector; el inicio de un procedimiento de restauración de la legalidad que obligue a Feve a reconstruir el edificio demolido y la apertura de un expediente sancionador» a la ferroviaria.
Este colectivo considera que el derrumbe del bar el Hullero «se ha ejecutado presumiblemente sin licencia urbanística y a sabiendas de que el proyecto no ha sido aprobado por el Pleno». Recuerdan que la construcción del tren-tram supone «un despilfarro intolerable en tiempos de crisis» y -”explican-” penaliza la llegada de los trenes regionales y turísticos hasta el centro de León. No descartan acudir a la vía judicial si Feve no presenta la documentación requerida.
* Diario de León - 25.08.10
Foto: León, ayuntamiento - leon-virtual.es
El desorden urbanístico en Galicia
ALFONSO VILLAGÓMEZ* : En ningún sector del ordenamiento se ha manifestado tanto, y con tan graves consecuencias, las variaciones legislativas como en el urbanismo. Llevamos mas de veinte años tejiendo y destejiendo la legislación del suelo. Galicia es un mal ejemplo de este penelopismo normativo sobre una materia que es crucial para nuestra comunidad autónoma como es la ordenación del territorio. Una materia que reclama más que ninguna la estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica. En efecto, una ley tras otra del Parlamento de Galicia han provocado la irritación en los ciudadanos, el desconcierto en los profesionales y un sobresfuerzo añadido para los tribunales de justicia. A una regulación que inicialmente solo incidía sobre aspectos organizativos de la competencia autonómica, le siguieron nuevas disposiciones legales que abordaban ya la actuación, los medios de intervención y definición de las distintas categorías del suelo por parte la por parte de las administraciones publicas de Galicia.
Y, así, en el primer día del año 2003, entraba en vigor la ley de Ordenación Urbanística de Galicia (LOUGA), que pretendía sentar las bases para un urbanismo moderno a partir de un nuevo planeamiento municipal ajustado a la realidad territorial, costera y rural del país. Sin embargo, las ambiciosas novedades normativa que se contenían en el articulado de esta ley quedaron en gran parte amortiguadas por las eclécticas y comprensivas disposiciones adicionales y transitorias incorporadas en la misma . Los límites edificatorios que se establecen en el articulado de la Louga para los suelos rústicos y de protección especial, parecían evaporarse en función de criterios utilitaristas contrarios al espíritu de la misma ley; y similar suerte corrieron las serias advertencias impuestas a los municipios para que procedieran a la adaptación de los instrumentos del planeamiento en sus respectivos ámbitos territoriales.
Pero lo peor estaba todavía por llegar. El 90% de los municipios de Galicia no han adaptado sus planes generales de ordenación, y, una vez más, por medio de nuevas modificaciones legislativas, se trastocaron aquellos aspectos mas conflictivos referidos a los límites para la construcción en los municipios del litoral o las medidas de disciplina para las construcciones carentes de la preceptiva licencia, sin que el legislador autonómico se inmutara. El resultado de este desorden no podía ser así otro que un semillero de pleitos para nuestra muy estresada Justicia.
* El Correo Gallego - Opinión - 22.08.10
