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ELPAÍS* : Los chollos inmobiliarios no existen. Es algo que saben las 40 familias estafadas este verano por el alquiler de apartamentos inexistentes a precios de entre 150 y 750 euros en diferentes zonas turísticas españolas. Por eso, ahora que empieza septiembre, mes álgido en alquileres, sobre todo por parte de estudiantes universitarios que buscan alojamiento para el nuevo curso, no está de más tener en cuenta que no es oro todo lo que reluce. En distintas páginas de Internet circulan mensajes que alertan sobre distintas modalidades de timos en el alquiler de viviendas.
Lo más repetido son mensajes del tipo: "Cuidado con los listados, son una estafa". Y es que, en ocasiones, los anuncios clasificados de los periódicos incluyen publicidad de intermediarias que ofrecen alquileres muy asequibles.
"El piso por el que preguntas no existe y lo que pretenden es venderte un listado de teléfonos. Pagas 400 euros. Te pones a llamar, pero no existen los pisos o están todos alquilados. Vuelves a la inmobiliaria y te dan un listado nuevo. Más de lo mismo", explica un afectado.
Su caso no es el único. De hecho, el pasado mes de julio la Fiscalía, previa denuncia del Ayuntamiento de Barcelona, denunciaba a nueve empresas que cobraban entre 200 y 300 euros como intermediarios por dar listas de falsos propietarios de viviendas, un timo que ha dejado miles de afectados en la Ciudad Condal.
No hace falta llegar a esos extremos para hablar de irregularidades o abusos. A las asociaciones de consumidores van cada año cientos de afectados, tanto propietarios como inquilinos, en busca de asesoramiento jurídico.
La Fundación de Derechos Civiles, con 25 oficinas de gestión de alquileres e información sobre vivienda en España, cuenta que la irregularidad que más se repite por parte de los dueños es "el empleo de fórmulas para incumplir el régimen de prórroga forzosa de cinco años mediante la firma de contratos de temporalidad o la inclusión de cláusulas de necesidad del piso para uso personal", señala Carlos García, su presidente. "Pero, en realidad, el dueño encubre su intención de arrendar la vivienda a otra persona o de venderla. Para evitarlo, el inquilino debe comprobar que en tres meses el dueño ha ocupado la casa; en caso contrario, el inquilino tiene derecho a ser indemnizado y a volver por otros cinco años", señalan en la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
A Jaume Puig, que alquiló un apartamento por 850 euros en Barcelona, le pasó algo parecido. A los 11 meses, el dueño le comunicó que resolvía el contrato porque su hijo se iba a casar. "El propietario no necesitaba la casa para uso propio, ni aparecía reflejado en el contrato ese punto, por lo que el inquilino podrá ver prorrogado su contrato anualmente durante cinco anualidades", señala García.
Rentas ilegales
La OCU se hace eco de otro abuso sufrido por varios de sus socios. "A veces se intenta pactar en el contrato un aumento de la renta superior al IPC desde el primer año de alquiler". La Ley de Arrendamientos Urbanos establece que el incremento anual de la renta durante los cinco primeros años es como máximo el IPC.
Las reclamaciones por este concepto ocupan el 29% del total de las referidas al alquiler que llegan a la Confederación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Madrid (CECU Madrid), dice su portavoz Antonio López. A pesar de ello, "sigue siendo muy bajo el porcentaje de afectados que acude a los juzgados. La mayoría se resuelven a través de las asociaciones", señala Gustavo Samayoa, de la Federación de Usuarios-Consumidores Independientes (FUCI).
Abusivo es también lo que le ocurre a Giovanni Scaloti, estudiante de Erasmus, de 22 años, que alquiló una habitación por 400 euros en un piso en Madrid. Para cerciorarse de que el inquilino es el único que duerme en la habitación, la propietaria entra algunas noches y revisa las habitaciones.
Esta conducta está tipificada en el Código Civil como allanamiento de morada, indican en la Fundación de Derechos Civiles. La dueña asegura que en España es lo habitual. Muy al contrario, el inquilino está en su derecho de cambiar la cerradura, dice la Fundación de Derechos Civiles.
Y es que las cláusulas excesivas están a la orden del día cuando se trata de alquileres ilegales: se obliga al inquilino a realizar dos limpiezas anuales con un coste de 600 euros; se alquila sin que la casa cumpla los requisitos mínimos de habitabilidad; o se utiliza la fianza para limpiar la casa para su puesta en alquiler de nuevo. "La fianza casi nunca se devuelve porque el dueño siempre encuentra algún deterioro para justificar la no devolución", según CECU.
Acosos inmobiliarios
Todas las asociaciones de consumidores tienen constancia de casos de mobbing inmobiliario, una práctica que consiste en asediar a arrendatarios, generalmente de avanzada edad, para que abandonen la vivienda de renta antigua y destinarla a fines especulativos. A este tipo de personas se les denomina despectivamente como "asustaviejas".
Es lo que le ha pasado a uno de los socios de la Federación de Consumidores en Acción de Andalucía (Facua), un hombre de 70 años inquilino de una vivienda en un edificio en la calle de Goles, en Sevilla, y que sufre acoso inmobiliario desde el año 1995.
En este caso, los propietarios, tras varias solicitudes de declaración de ruina, que han sido denegadas, se han visto obligados a comenzar las obras de conservación para evitar la expropiación de la finca. "Los inquilinos están a la espera de volver a sus casas una vez finalicen las obras", señala la organización.
Pero hay otras formas de mobbing inmobiliario, como engañara los arrendatarios para facilitar la resolución del contrato. "A veces se comunica verbalmente al inquilino que no hace falta que pague mes a mes, sino que puede acumular varias rentas para abonarlas de golpe", dicen en la OCU.
El problema surge porque no queda constancia de dicho pacto, por lo que el inquilino incurre de forma involuntaria en el incumplimiento de pago de la renta. El arbitraje ha entrado de lleno en el sector de los alquileres como una vía rápida para resolver los conflictos entre propietario e inquilino.
El problema se plantea con alguna asociación arbitral cuyo funcionamiento sólo beneficia al propietario, señalan en la OCU, que, defendiendo a uno de sus socios, acusa a "la Corte de Arbitraje Económico de Derecho y Equidad, la cual sólo prevé someter a arbitraje las infracciones del contrato que afectan al propietario, sin que exista la misma reciprocidad para el inquilino, quien lo acepta pensando que es un sistema ecuánime".
Pero no sólo padecen abusos los inquilinos. Muchas otras veces son los arrendatarios los que atentan contra los derechos de los dueños de los pisos. Juan Santillana, propietario de una vivienda de 80 metros en el centro de Logroño, ha acudido a la Fundación de Derechos Civiles para informarse de las posibles acciones legales que puede llevar a cabo contra un matrimonio que lleva tres meses sin pagar la renta.
Están en proceso de divorcio, por lo que uno quiere resolver el contrato y el otro no. A Juan no le queda más remedio que emprender acciones legales (desahucio judicial). Otras veces ocurre que el inquilino no paga los suministros "cuando existe un pacto previo para que los abone". Es lo que le está pasando a Eva Ayala, propietaria de una estudio en el distrito de Salamanca (Madrid), que alquiló a una pareja que lleva ocho meses sin pagar el recibo de la luz.
También es habitual que el inquilino deje la fianza como pago de la última mensualidad de alquiler; que se sustituya el mobiliario por otro de inferior calidad o en mal estado; así como el subarriendo del piso sin consentimiento del propietario. Y ojo con los morosos profesionales, que los hay.
* ELPAIS.com - SANDRA LÓPEZ LETÓN/ PROPIEDADES - Madrid - 07/09/2007
Foto: Se alquila - J.Aima (elmundo.es)
El lado más oscuro del alquiler
Andalucía: Vivienda por ley
SUR/Editorial* : El anteproyecto con el que la Junta de Andalucía pretende garantizar por ley el acceso a la vivienda a todos aquellos ciudadanos con ingresos inferiores a 3.000 euros ha provocado reacciones dispares que evidencian no sólo los recelos y dificultades que plantea legislar sobre un derecho constitucional cuyos límites ha venido definiendo el libre mercado. También constituye un reflejo de la proliferación de iniciativas con que las distintas administraciones están tratando de afrontar una problemática generalizada, que acostumbra a integrar de forma tan inevitable como a veces perniciosa la agenda preelectoral.
Esas mismas instituciones no pueden obviar su propia responsabilidad en la perpetuación de una dinámica social que ha llevado a equiparar el derecho a disponer de una vivienda digna con el acceso a la compra de la misma, acentuando la convicción de que atesorar una escritura de propiedad siempre resulta una opción más aconsejable para los proyectos personales y las economías domésticas que cualquier otra eventual alternativa. Una cultura colectiva tan arraigada que ha terminado por propiciar comportamientos incongruentes, como los de aquellos jóvenes encadenados a una hipoteca cuando su horizonte profesional y vital se encuentra aún vagamente definido.
La controversia suscitada entre el presidente andaluz, Manuel Chaves, y el ministro de Economía, Pedro Solbes, reticente a promover 'grandes leyes que den reconocimiento a derechos para toda la vida', refleja los impedimentos para explorar soluciones no sólo consensuadas, sino que se demuestren realmente efectivas. Al proyectarse al terreno legislativo, la propuesta de la Junta busca imbricarse en la tradición constitucional que consagra el derecho de los ciudadanos a gozar de una vivienda 'digna y adecuada', comprometiendo a los responsables institucionales en la promoción de 'las condiciones necesarias' y 'las normas pertinentes' que lo permitan. Pero la literalidad del artículo 47 de la Carta Magna está llamada a garantizar el acceso a un techo, no imperativamente la propiedad del mismo; y la obligación del Estado de asegurar la igualdad de los ciudadanos en el disfrute de las previsiones legales no puede traducirse en un amparo generalizado -y por ello imposible- a la posesión inmobiliaria, ni tampoco redundar en iniciativas cuyos bienintencionados propósitos comporten el riesgo de nuevos desequilibrios o situaciones injustas.
Resulta discutible que una renta de 3.000 euros -el salario medio en Andalucía ronda los 1.400- no facilite la adquisición o el alquiler de un piso incluso a sus precios actuales y con la continuada subida de las hipotecas. De igual manera que el impacto del coste de comprar o arrendar un piso protegido tampoco es equiparable entre los sueldos mínimos y los más elevados, aunque unos y otros puedan beneficiarse de una medida que, como otras propuestas, despiertan comprensibles incógnitas sobre su posible encaje en las cuentas públicas. El hecho de que la iniciativa se haya formalizado en período preelectoral obliga más si cabe a un debate reposado y riguroso sobre su futuro desarrollo y aplicación.
* Diario Sur - 06.09.2007
El Consell ordena derribar 34 viviendas que el ayuntamiento quería legalizar en Catral
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LEVANTE-EMV* : La conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda procederá al derribo de 34 viviendas construidas ilegalmente en suelo rústico no urbanizable de Catral, tanto en la huerta tradicional como en el Parque Natural de El Hondo, rechazando de esta manera la propuesta del equipo de Gobierno del PP de Catral que apuesta por regularizar las más de 1.300 casas ilegales mediante el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, actualmente en fase de redacción, aunque el anterior equipo de Gobierno presentó un concierto previo a la Generalitat.
Estos han sido los primeros expedientes urbanísticos que han concluido definitivamente tras ser estudiadas las alegaciones presentadas por los propietarios de los inmuebles afectados, según se explicó ayer desde la conselleria, que no precisó las fechas de los derribos ni en que situación se encuentra este último trámite para recuperar la legalidad urbanística.
La conselleria continúa tramitando actualmente otros 81 expedientes a otras tantas viviendas construidas sin ningún tipo de licencia ni autorización en suelo no urbanizable de la huerta, los cuáles podrían concluir con ordenes de demolición siempre y cuando se rechacen las alegaciones de sus propietarios.
La postura del Gobierno valenciano deja fuera de juego al Ayuntamiento de Catral, que pretende que no sea derribada ni una sola vivienda construida ilegalmente en suelo no urbanizable y proceder a su regularización en el próximo PGOU. Críticas socialistas Por otro lado, el presidente del grupo socialista en la Diputación de Alicante, Antonio Amorós, instó ayer a la Generalitat a detener las obras de las viviendas ilegales de Catral, ya que, según criticó, su actuación en el municipio asumiendo en octubre las competencias urbanísticas «no ha servido para paralizarlas, sino que todo se ha mantenido como estaba» .
En un comunicado, Amorós calificó de «irresponsable» esta actuación del Consell y criticó que actualmente continúen las obras «con la connivencia del PP» , tanto autonómico como local, ya que este partido gobierna en el municipio desde las pasadas elecciones. Instó a la Generalitat a «tomar cartas en el asunto» para evitar que su actuación «se manifieste como un verdadero golpe de estado contra el poder local» . «No queremos pensar que el Consell mira con ojos más benévolos al actual equipo de Gobierno por ser del mismo color político» , sostuvo Amorós, quien añadió que, de ser así, «la desvergüenza no tendría límites y el aprovechamiento de las instituciones con carácter de partido tampoco» .
* Levante-EMV - E. D. G., Catral - 06 de septiembre de 2007
Foto: FUERA DE ORDENACIÓN. Viviendas construidas en zona de huerta /levante-emv.com
Roca atacó un pilar básico del Estado de Derecho con los pagos al juez Urquía
EFE* : Los presuntos pagos del ex asesor de Urbanismo en el Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca al juez Francisco Javier de Urquía constituyen un ataque a un "pilar básico del Estado de Derecho", según el informe policial en relación a la supuesta implicación del magistrado en un delito de cohecho. En el informe de la Udyco Costa del Sol, la Policía afirma que la investigación pone de manifiesto "el despliegue delictivo de la estructura criminal de Roca" y subraya que en esta ocasión "se da una vuelta de tuerca más y se detecta una clara penetración de la organización en un órgano jurisdiccional".
A juicio policial, los "presuntos pagos a una autoridad judicial a cambio de resoluciones favorables" supone una "cuestión de enorme trascendencia pues ataca a un pilar básico y esencial del Estado de Derecho, que en esta ocasión sirve, previo pago, a los intereses espúreos" del ex asesor urbanístico y presunto cerebro de la trama de corrupción municipal.
En el documento, elaborado por la Sección de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la Udyco Costa del Sol, se recogen algunas de las doce escuchas telefónicas cotejadas ayer en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y se analiza el contrato de compraventa de la vivienda de De Urquía hallado en Maras Asesores.
El informe refleja además que la Policía propuso al juez instructor del Caso Malaya, Miguel Ángel Torres, la detención del entonces titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella "al acreditarse la existencia de indicios razonables de comisión delictiva, vinculados al cohecho y prevaricación".
Torres sin embargo remitió dicho informe al TSJA, que abrió un procedimiento judicial en el que imputa a De Urquía los citados delitos y a Roca los de cohecho y malversación. El magistrado, suspendido cautelarmente de sus funciones tras la apertura de dicha causa, comparecerá mañana por segunda vez en la sede del TSJA en Granada ante el juez instructor del procedimiento, Miguel Pasquau.
El magistrado del alto tribunal andaluz ha citado además a declarar como imputado a Arnaud Fabrice Albouhair, mientras que el viernes deberán comparecer ante el juez Juan Antonio Roca y Fernando Blázquez, éste en calidad de testigo.
La segunda declaración del juez servirá además para que mañana especialistas del Cuerpo Nacional de Policía lleven a cabo una prueba de reconocimiento para determinar si la voz de una tercera persona que aparece en una conversación telefónica grabada en la investigación mantenida entre Roca y otro interlocutor se corresponde con la del juez.
El magistrado Francisco Javier de Urquía fue suspendido de forma cautelar como titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella el pasado mes de julio por el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) tras ser investigado por supuestos delitos de prevaricación y cohecho.
De Urquía prestó declaración en el TSJA el pasado 7 de julio, mientras que Roca, presunto cerebro de la trama de corrupción municipal investigada en el Caso Malaya, compareció ante el magistrado Pasquau el 12 de julio, para lo que fue trasladado desde la prisión de Albolote (Granada) donde permanece en prisión preventiva por esta causa.
* Málaga Hoy - 05/09/2007
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es
Comienza la urbanización de la isla de Valdecañas
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A pesar de los recursos interpuestos en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, la Junta y la Confederación Hidrográfica del Tajo han permitido el comienzo de las obras de la urbanización de lujo Marina Isla de Valdecañas. Ecologistas en Acción* denuncia que para ello se ha desecado el río Tajo en cinco kilómetros, entre las provincias de Toledo y Cáceres. La asociación ecologista califica de irracional esta actuación, especialmente cuando va dirigida a favorecer la ejecución de un proyecto meramente especulativo.
Ecologistas en Acción ya se ha dirigido a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT en adelante) para obtener información sobre aspectos concretos, tales como cuáles son las autorizaciones e informes que se han emitido o están en trámite de emisión por parte de la CHT relacionados con la urbanización en Valdecañas y, además, si se ha permitido el desembalse de Valdecañas o la reducción de caudales desde el embalse de Azután para facilitar el desarrollo de las obras. El beneplácito de la Confederación Hidrográfica del Tajo deja en papel mojado los compromisos de caudales mínimos del tajo tanto en Castilla – La Mancha como en Extremadura y priva a esta actuación de las más mínimas garantías ambientales.
No podemos olvidar que este proyecto urbanístico, aunque se ubica en el Embalse de Valdecañas, en el Tajo Extremeño, afecta directamente a especies y espacios naturales tanto de Castilla – La Mancha como de Extremadura, pues uno de los efectos más notables del inicio de las obras consiste en la práctica desecación del cauce por debajo de las poblaciones toledanas de El Puente del Arzobispo y Valdeverdeja (un tramo de unos 5 kms del Tajo entre Toledo y Cáceres).
En todo caso parece injustificable que la CHT pudiera haber autorizado ya el uso del dominio público hidráulico en el vaso del embalse para el inicio de las obras y la concesión de aguas provisional sin que se haya dilucidado el fondo de la cuestión. Esto es, si hay disponibilidad de agua para el abastecimiento de los chalets, el campo de golf, el hotel, los centros comerciales, etc,. y si se va a autorizar el plan de uso nuevo para el embalse y la construcción de un puente de acceso a la isla sin que se hayan obtenido todas y cada una de las autorizaciones y declaraciones de impacto preceptivas para todas y cada una de las infraestructuras asociadas al complejo. En todo caso, parece así avanzarse en una dinámica de hechos consumados que pudiera conducir finalmente a la cesión de la CHT ante este aberrante proyecto.
Por otra parte, el descenso de las aguas ha perjudicado ya la nidificación de especies de aves declaradas “en peligro de extinción”, como la Cigüeña Negra. Debe considerarse que el período reproductor de las varias parejas de esta especie en la zona aún no ha concluido para la presente campaña de cría y que tanto en éste como en otros embalses de la zona (Navalcán, Rosarito, Azután), deben mantenerse unas mínimas condiciones ambientales (también en lo relativo a los caudales mínimos de los ríos) para garantizar la supervivencia de las nidadas y polladas volanderas que crían en este entorno, las cuales suelen utilizar estas masas de agua y sus inmediaciones durante la primavera y el verano, es decir, durante la nidificación y sus primeros meses de vida, y muy significativamente, durante la concentración postnupcial de juveniles venidos incluso desde otras zonas del centro peninsular.
El área afectada, también es zona de cría (tanto en Extremadura como en Castilla – La Mancha) de especies igualmente declaradas en peligro de extinción como el Águila Perdicera, o de otras grandes y medianas rapaces como el Halcón Peregrino, el Buitre Leonado (con una importante colonia de cría en Toledo) o el Alimoche, no declaradas “en peligro de extinción” pero de igual modo estrictamente protegidas en cumplimiento de las leyes de Conservación de la Naturaleza de ambas comunidades autónomas, especialmente en lo que respecta a sus áreas y períodos reproductores.
Por otra parte, el conjunto del completo afectará muy negativamente la invernada de gran cantidad de aves acuáticas, esteparias y un dormidero de grullas que hasta el invierno pasado descansaban en la inmediatez más absoluta de la Isla y Embalse de Valdecañas.
Además, todo el tramo desecado forma parte de la Red Natura 2000, pues se trata de zonas declaradas como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) tanto en Castilla – La Mancha como en Extremadura. En la parte que corresponde a Toledo habría que añadir que todo el cauce del Tajo entre el Puente del Arzobispo y el límite provincial con Cáceres, está declarado Área Crítica del Plan de Recuperación de la Cigüeña Negra, siendo esta una de las zonas más afectadas cuando aún no ha concluido el período reproductor de la especie.
Resulta irracional e indignante, que un proyecto que a todas luces contraviene la totalidad de la normativa ambiental europea, nacional y regional al respecto de la conservación de estos espacios y especies, (Directiva de Aves, Directiva de Hábitats, Convenio de Ramsar, Convenio de Berna, Leyes de Conservación de la Naturaleza y Planes de Recuperación de especies de Extremadura y Castilla – La Mancha, etc.) haya sido declarado “De Interés Regional” por la Junta de Extremadura. Especialmente cuando lo que se favorece es el urbanismo especulador que tanto daño ha causado en zonas de la costa mediterránea y del interior del Estado. Este proyecto resulta totalmente contrario a la filosofía y all articulado de la Ley de Suelo que recientemente ha entrado en vigor. Por estas razones, el proyecto se ha denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
* Ecologistas en Acción - Campo Arañuelo 8 de agosto
Foto: embalse Valdecañas, obras - ecologistasenaccion.org
