+-+laverdad.es.jpg)
EuropaPress* : "Enrique Múgica, titular del Defensor del Pueblo, destacó ayer el «alto número» de quejas recibidas de ciudadanos de la Comunidad Valenciana en contra de la «proliferación exagerada de actuaciones urbanizadoras» en sus municipios. El informe del Defensor explica que las actuaciones objeto de reclamación suponen «duplicar e incluso triplicar» el número de habitantes de algunos municipios, crecimiento que «a todas luces parece incompatible con un desarrollo sostenible». Asimismo, pone como ejemplo el «alto número» de peticiones que se registraron en la consejería competente para reclasificar casi 200 millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable. Esta situación lleva al Defensor del Pueblo a reclamar a las administraciones públicas que adopten las medidas necesarias para garantizar un control «real y efectivo», de los procesos urbanizadores.
El mismo indicó que el crecimiento de las ciudades debe ser racional y equilibrado, para que las generaciones futuras puedan contar con espacios urbanos «saludables y aptos para la convivencia».
Por otra parte, criticó la «poca ambición» administrativa en aplicar algunas de las normas vigentes para proteger el litoral, y cita entre éstas las restricciones para construir cerca del mar.
Estas declaraciones tuvieron lugar ayer en la entrega de la memoria correspondiente al año 2006 a los presidentes del Congreso, Manuel Marín, y el Senado, Javier Rojo. Este informe será objeto de debate ante la Comisión Mixta Congreso y Senado del Defensor del Pueblo.
Puso de manifiesto la descoordinación entre los ayuntamientos y los servicios periféricos de Costas tanto en el control de los establecimientos de temporada como de actividades molestas en las playas o en zonas aledañas.
Múgica indicó: «Entre los problemas específicos que se han detectado en las zonas costeras, el informe apunta los derivados de la contaminación acústica y los retrasos en el saneamiento de las aguas residuales».
Un total 89.518 ciudadanos presentaron 31.443 quejas, entre individuales y colectivas, de las que 2.772 vinieron de la Comunidad Valenciana. Estas cifras suponen un 65 por ciento más de quejas que en el 2005.
Múgica también puso de manifiesto la situación «alarmante» que registran muchos órganos judiciales por la tardanza a la hora de resolver sus procedimientos. En concreto, en el año 2006, se recibieron numerosas quejas por demoras respecto al Juzgado de Instrucción número 2 de Puerto del Rosario, de Las Palmas, y de San Vicente de Raspeig, en Alicante, cuyo personal tuvo que ser reforzado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), «aunque sigue arrastrando graves retrasos», según Múgica.
Por otra parte, el Defensor del Pueblo criticó que el reparto de correo es «deficitario» por falta de personal y estima que hay una falta de 5.000 puestos de trabajo. El informe publicado ayer destaca como uno de los asuntos pendientes el reparto de once millones de envíos, de los que 1,2 millones pertenecen a Valencia.
* La Verdad - 30 de mayo de 2007
Foto: Alicante golf y chalés (recreación) /laverdad.es
El urbanismo monopoliza las quejas al Defensor del Pueblo en la Comunidad Valenciana
Urbanismo y vivienda, principales preocupaciones de los andaluces
CanalSur* : "El Defensor del Pueblo Andaluz contabilizó en 2006 un total de 5.510 quejas, un 5% más que el año anterior, y el urbanismo, la vivienda y las obras públicas aglutinaron el mayor número de reclamaciones, seguidas del personal del sector público, educación, medio ambiente y salud. Los datos vienen incluidos en el Informe Anual de 2006, que el titular de la institución, José Chamizo, presentó hoy a la presidenta del Parlamento de Andalucía, Mar Moreno, en el que se pone de manifiesto que la principales preocupaciones de los andaluces a la hora de pedir la intervención del Defensor del Pueblo fueron los asuntos relacionados con el apartado vivienda (409 quejas), urbanismo (260) y las obras públicas (59), que en conjunto aportan 728 reclamaciones.
Los motivos están esencialmente centrados en la planificación territorial, la "presión" urbanística y la demanda de viviendas "dignas y a precio asequible", explicó en rueda de prensa José Chamizo, quien advirtió de que el nivel de construcción y la "especulación están impidiendo un planeamiento urbanístico público", aunque también llamó la atención sobre la inquietud de organizaciones y ciudadanos por el impacto en los espacios protegidos.
Criticó que los planes de ordenación urbana no estén publicados en internet para el acceso de los ciudadanos y alertó de que las quejas ponen en evidencia la percepción del "peligro" de que la presión urbanística del litoral se está trasladando el interior.
"Se necesita una planificación territorial y urbanística consensuada, política y socialmente, más viviendas de protección pública y que las que salen al mercado a precio libre sean asequibles para las clase media", advirtió.
El informe recoge, además, 690 quejas sobre el personal del sector público; 609 en educación; 480 en medio ambiente; 430 en salud; 342 en prisiones y otras 321 relacionadas con los menores.
Chamizo destacó igualmente las 245 reclamaciones relacionadas con los inmigrantes, fundamentalmente vinculadas a los visados o permisos de residencias, si bien en este capítulo alertó sobre los casos de malos tratos por parte de las policías locales, un asunto que está siendo investigado por la Delegación del Gobierno en Andalucía.
Las de salud se centran en la falta de acomodo de los enfermos mentales y toxicómanos con problemas de conducta en el sistema público, así como en la atención temprana dirigida a los niños con discapacidad, en la que "no se acaba de aplicar" un modelo de intervención, mientras en Educación uno de los grandes problemas, junto a la escolarización en la provincia de Sevilla, es el fracaso escolar, un asunto sobre el que Chamizo exigió medidas e "imaginación" a la administración andaluza y los profesionales.
En cuanto a las reclamaciones sobre las cárceles, relacionadas con los traslados, indultos o malos tratos a los presos, el Defensor lamentó que a algunas de estas situaciones se sumen problemas en la asistencia sanitaria en los centros penitenciarios.
El balance de gestión refleja, asimismo, que el Defensor del Pueblo Andaluz inicio en 2006 unas 259 quejas de oficio, sobre todo en materia de trabajo (accidentes laborales), menores (situaciones de riesgo) y asuntos relativos a la vivienda y el urbanismo.
Del total de quejas recibidas, el 32,58 por ciento fueron presentadas por internet en la Oficina del Defensor, que atendió el pasado año 6.810 consultas.
* CanalSur - 31/05/2007
Foto: Marbella viviendas Banana Beach /UrbPatasArriba
Los casos de corrupción urbanística no han desgastado en Murcia
+-+ecologistasenaccion.org.jpg)
A.LÓPEZ.- La Verdad* : "Los resultados electorales del pasado domingo no han dejado indiferente a nadie. La Verdad se ha puesto en contacto con diferentes asociaciones y plataformas regionales para pedir una valoración de la decisión que los murcianos han tomado en las elecciones del domingo. El catedrático de Filosofía y presidente de Foro Ciudadano, Antonio Campillo, explicó que «los resultados fueron más o menos los que se esperaban, según los pronósticos de las encuestas publicadas». Manifestó que lo que se ha dejado ver en estos resultados es que «todas las denuncias vertidas sobre PP y PSOE, no ha supuesto un desgaste para el primero de ellos y ni los ciudadanos las han tenido en cuenta». A los populares, apuntó Antonio Campillo, «les ha valido su discurso de que Murcia va bien y que la economía crece. No les ha hecho ningún daño las críticas sobre corrupción urbanística que les habían salpicado durante los últimos cuatro años».
«Ahora con lo que nos encontramos -matizó Campillo- es con un problema de tolerancia por parte de los ciudadanos, lo que nos obligará a un mayor esfuerzo. Al parecer los ciudadanos toleran todos los casos de corrupción urbanística que han saltado a la palestra en la última legislatura».
Asimismo, apuntó que casos como el de la Zerrichera, «al parecer han pasado desadvertidos por los murcianos», a lo que agregó que «en la próxima legislatura habrá que ver cómo quedan los casos de corrupción y si siguen sin importar a los ciudadanos de esta Región».
A partir de ahora, explicó, «nos encontramos con la paradoja de que altos cargos se encuentran en proceso de imputación por estos casos y además están respaldados por los ciudadanos en las urnas».
Por su parte, la coordinadora de la plataforma la Región de Murcia no se vende no quiso hacer ningún tipo de declaración a este respecto. Su portavoz, Héctor Quijada, explicó a La Verdad que hasta que no estudien con total detenimiento los resultados del pasado domingo no se pronunciaran al respecto ya que les gustaría medir muy bien sus palabras.
Cambio de política
El presidente de la Asociación Naturalista del Sureste (ANSE), Pedro García, también realizó ayer declaraciones en relación a los resultados electorales y explicó que quiere ver en esta nueva victoria de Valcárcel «como un giro hacia políticas de protección del medio ambiente»
García explicó que los ciudadanos de Murcia han respaldado a una formación política que «está en contra de nuestros ideales», pero además «supone una oportunidad para que el gobierno cumpla muchas de las promesas que hizo hace cuatro años y que ha incumplido reiteradamente». Dijo que tal vez sea el momento de pedir, entre otras muchas cosas, la protección del Mar Menor y la regeneración de la bahía de Portmán y seguiremos reuniéndonos con Válcarcel para tratar estos temas».
El portavoz ecologista apuntó que la asociación a la que representa «seguirá trabajando en la misma línea para sensibilizar a los ciudadanos de que hay que cuidar el medio ambiente. Nuestro papel con esta sociedad debe continuar como en los últimos años, luchando por lo que verdaderamente merece».
* La Verdad - 29 de mayo de 2007
Foto: La Zerrichera (Murcia) /ecologistasenaccion.org
Muchas veces, peor
FERNANDO DELGADO.- Levante* : "Si en el municipio grancanario de Mogán los votantes premiaron el domingo un escándalo urbanístico y otro de compra de votos, en el malagueño Alhaurín el Grande las comisiones ilegales no le han quitado la alcaldía a su regidor. Los mallorquines de Andratx no ignoran el gran protagonismo que la corrupción urbanística ha tenido allí, pero sus protagonistas han ganado votos, lo cual demuestra el innegable atractivo de la corrupción. Para construir urbanizaciones ilegales, el alcalde abulense de Navas del Marqués permitió la tala de 35.000 pinos de gran valor; pues bien, sus habitantes se lo han recompensado incrementándole el número de concejales. Y seguramente en agradecimiento a que el nombre de Castellón resonara en todo el país por los prodigios de un hombre que, entre otras cosas, aumentó grandemente su patrimonio en cinco años, y encima Hacienda le devolvió lo que ni a usted ni a mí, por no hablar de los negocios de su número dos, el partido al que pertenece ha aumentado su número de votos. Y en Alicante ha pasado otro tanto, y lo mismo en sus localidades de Orihuela y Torrevieja.
Según esta tendencia, se entiende bien que el actual president de la Generalitat Valenciana, que como máximo responsable de su partido ha apoyado incondicionalmente a los protagonistas de esos escándalos, haya incrementado sus votos. Son muchos más los ejemplos. Pero esta obviedad que señalo, ese voto a la corrupción, suponía uno que no habría dejado de llamar la atención a muchos ciudadanos y, sin embargo, con ser llamativa esa realidad, no es lo peor; lo peor es que no cunde el asombro: la corrupción no pierde las elecciones y llega a parecer cosa normal y hasta motivo de alarde. De modo que no sé si Gaspar Llamazares, que ha venido clamando por un acuerdo de todos contra la corrupción, habrá pensado en retirarse de la política o si algunos que tomaron la denuncia de la corrupción como arma electoral habrán decidido ya promover a sus corruptos a las primeras posiciones de sus partidos para ganar elecciones.
Me acordé la noche del domingo de las tres clases de ingratos que establecía Ramón y Cajal: «Los que callan el favor, los que lo cobran y los que lo vengan». No seré yo quien entre en calificaciones, pero si el futuro que nos prometen algunos de los ganadores de las elecciones del domingo va a seguir esos derroteros morales, no cabe la menor duda de que ésta es una sociedad enferma y que además la salud de su ética importa un pepino. Eso, que para algunos significa que maldita falta hace la decencia, puede suponer para otros la necesidad de buscarse con urgencia otro modelo de sociedad. Aunque también es verdad que no todos los que llegan a esa conclusión están dispuestos a molestarse. Ahora bien, el domingo, además de acordarme de Ramón y Cajal, quise olvidarme de lo que decía Pío Baroja del hombre -«Un milímetro por encima del mono, cuando no un centímetro por debajo del cerdo»- y preferí acordarme de Cervantes: «Cada uno es como Dios lo ha hecho y, muchas veces, peor.»
* Levante-EMV - 29 de mayo de 2007
Resultados encuesta: ¿Cuál va a ser tu posición frente al Ladrillo en las próximas elecciones?
Ver nueva encuesta: "Tras las elecciones, ¿qué pasará con el ladrillazo?"
Resultados encuesta mes de Mayo: ¿Cuál va a ser tu posición frente al Ladrillo en las próximas elecciones?
Los porcentajes lo dicen todo: Un 30% iba a abstenerse en las elecciones, mientras un 22% votaría en blanco. Más de la mitad de los encuestados.
¿Castigo electoral frente al ladrillazo?
Los arquitectos insisten en que la corrupción urbanística acabará "pasando factura en las urnas"
Bottup* : "El presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, Carlos Hernández Pezzi, advirtió hoy de que la corrupción urbanística "se acabará pagando en las urnas" y atribuyó al hecho de que los procesos judiciales de los casos más recientes estén todavía en ciernes el que no se haya notado en estas elecciones municipales y autonómicas. Hernández Pezzi hizo un llamamiento a las nuevas corporaciones para que "entablen una lucha radical contra el desarrollismo que ha imperado en los últimos años". Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de que se produzca un cambio cultural y de voluntad política, ya que "sólo con la ley del suelo no se podrá acabar con la corrupción".
"El freno a la corrupción es inexorable, pese a lo que ha salido en las urnas, porque la sociedad lo demanda", prosiguió el representante de los arquitectos, quien concluyó que "el modelo basado en las irregularidades se acabará".
La realidad, por otro camino
Pese a las esperanzas de los arquitectos, la realidad que ha arrojado el sufragio popular dista mucho de parecerse en algo al horizonte que dibuja Hernandez Pezzi. O al menos eso ocurre si nos centramos en el Partido Popular.
En la gran mayoría de los municipios populares acusados de corrupción urbanística aguantan los candidatos de este partido, con casos tan sorprendentes como el de Carlos Fabra, que, lejos de verse afectado por sus problemas con la justicia, resiste en Castellón. El presidente de la Diputación castellonense ha llegado a declarar tras conocer los resultados que éstos son "el verdadero juicio popular, que me absuelve de todos los cargos con 'Cum Laude'". Además en otros municipios como Andratx, Alhaurín el Grande, Las Navas del Marqués o Mogán, el partido comandado por Mariano Rajoy ha sido el más votado.
Más se acercan los pronósticos de Hernández Pezzi si los miramos con cristal socialista. El PSOE ha pagado en las urnas las denuncias de corrupción de Seseña, Ciempozuelos o Níjar, aunque no les ha afectado en otros municipios como Los Alcázares o Carboneras. El caso más curioso ha sido el de Marbella que, una vez disuelto el corrupto GIL, ve como los ciudadanos han elegido por abrumadora mayoría a la candidata del PP, Ángeles Muñoz.
* Bottup - 28 de mayo de 2007
Acción de gracias ladrillera
Viñeta de FORGES - 20070529 /ELPAIS.com
Corrupción sin escándalo
TEODORO LEÓN GROSS* : "La noche electoral del 27-M el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, detenido hace cinco meses en Marbella y en libertad bajo fianza, celebró una rotunda victoria electoral tras haber ampliado su mayoría absoluta. Ocurrió lo mismo en Alicante, en Andratx, en Castellón, en Vall d'Alba, en Las Navas del Marqués, en decenas de topónimos asociados a la venalidad. Las sospechas de corrupción no han devuelto a casa a sus rostros más conspicuos; de hecho, incluso les ha premiado. Probablemente se habían sobrevalorado las expectativas de regeneración a través de las urnas. Pero la hipótesis del voto higiénico está lejos de confirmarse. En un artículo sobre la repercusión electoral de los escándalos políticos publicado en la Revista Española de Ciencia Política, el profesor Jiménez Sánchez, un acreditado experto en la materia, concluía que «los escándalos tienen cierta influencia sobre el voto, pero su impacto no suele ser pronunciado y, en muchas ocasiones, no da lugar a la derrota del candidato o el partido afectado».
Su escrutinio se extendía a Estados Unidos, Francia, Japón, México o Grecia, además de España. El efecto del escándalo en el voto requiere, según esa tesis, seis factores: conocimiento del votante; evaluación negativa de la acción; atribución de responsabilidad al candidato o partido; atribución de relevancia al caso; visualización de una alternativa para votar a otro partido; y consistencia del paquete de factores previos. Esto no es fácil en ningún lugar. Desde luego no en España, donde los triunfadores a pesar de las sombras de corrupción parecen beneficiarse de dos cromosomas políticos muy característicos del código genético nacional: una cultura democrática de escasa musculatura ética y una flexibilidad muy limitada del electorado para reorientar su voto.
La indisposición al voto alternativo obedece a preferencias fuertemente partidarias, claro está, pero también a la convicción de que un cierto grado de corrupción forma parte del sistema. Un votante en la Costa del Sol puede fijarse en localidades colindantes del PP y del PSOE sin observar sustanciales diferencias. No hay una caracterización ideológica del urbanismo. Y la condena social se atenúa al considerar que el urbanismo nutre la mitad de la deficiente financiación municipal. En un ciclo expansivo, supone un incremento de las inversiones y del bienestar, por lo que pocos parecen dispuestos a renunciar a ello, convencidos de que hacerlo sólo trasladaría los beneficios a las localidades vecinas.
Ante esa indulgencia social, los partidos parecen haber renunciado a asumir ellos la tarea de limpieza. Como sostiene José María Maravall en El control de los políticos, el electorado «recompensa a los malos agentes que tengan un partido disciplinado», porque la disciplina interna, la fortaleza de la organización, es un valor central en el aprecio del electorado, y viceversa. Esto parece confirmarse con los casos de alcaldes expulsados por el PSOE en Ciempozuelos o Catral, localidades donde los socialistas han perdido, siendo además despojados de votos por los nuevos partidos creados por esos ex militantes. Por el contrario, el PP ha logrado mantener todas sus plazas bajo sospecha mediante una estrategia defensiva. Quedaba patente en la respuesta de Zaplana al reciente escándalo de la mano derecha de Fabra en Vall d'Alba: lejos de mostrar preocupación y comprometerse a investigar, elogió a una «excelente persona» y gran «hombre de partido» descartando sin más cualquier polémica. Francisco Martínez ha conservado, en las urnas del 27-M, más de dos tercios del voto. Queda claro que el electorado premia la consistencia de la organización antes que otros valores.
Puede haber corrupción, pero no hay escándalo. El escándalo requiere que haya indignación social ante la violación de la confianza otorgada, y es exactamente lo que parece faltar a juzgar por los resultados electorales. No hay que descartar, además, un cierto efecto bumerán por el tratamiento de determinados episodios. El caso de Marbella, de hecho, ha proyectado una imagen tan histriónica, tan llena de excesos al borde permanente de la astracanada, que más que servir de acicate a la conciencia colectiva, quizá ha terminado por narcotizar el sentido crítico. La forma de visibilidad mediática es un factor esencial en la naturaleza del escándalo, como sostiene John B. Thompson. La Operación Malaya parece alejarse de una respuesta ética porque el homo videns -que según Sartori ha reemplazado al homo sapiens frente al televisor- pierde la inteligencia moral, contempla todo esto como un espectáculo antes que como un tumor en la cultura democrática.
* Teodoro León Gross es profesor titular de Ciencia de la Comunicación de la Universidad de Málaga.
* La Verdad - 29 de mayo de 2007
El urbanismo salvaje en la costa de la Marina
S.CASTILLO.- El País* /Alicante : "La nítida victoria del PP en las municipales en Alicante presenta una significativa sombra que abarca todo el tramo del litoral de la Marina. En esta área los populares han perdido, salvo en Benidorm, su hegemónica mayoría absoluta y, de prosperar los pactos, los gobiernos locales pasarán a manos de la izquierda. El urbanismo salvaje, punta de lanza de la denuncia del colectivo Abusos Urbanístico No -entidad constituida en 2004 en Benissa-, subyace como la clave de esta pérdida de poder de los populares. Mientras, en La Vega Baja, también afectada por el caos urbanístico, el PP ha salido indemne.
Casi todos los pronósticos han fallado en La Marina Baixa y las principales ciudades han cambiado de signo político, con la excepción de Benidorm. Contra todo pronóstico el candidato del PP, Manuel Pérez Fenoll, ha superado en 1.359 votos y un concejal al PSPV, haciendo frente a la situación de enfrentamiento interno y a la etiqueta de no haber realizado nada y haber heredado el cargo gracias al fallecimiento del anterior primer edil Vicente Pérez Devesa. Pérez Fenoll además ha vencido con una lista hecha a su medida, con Gema Amor como única licencia al zaplanismo. De nada ha servido el despliegue de ministros y altos cargos que han visitado durante la campaña la ciudad de la mano de la secretaria de estado de Cooperación, Leire Pajín, o los fichajes de referentes sociales en calidad de independientes en la lista socialista. El candidato socialista, Agustín Navarro, ha manifestado que no repetirá como candidato y que quiere dejar la portavocía del grupo dentro de unos meses. El PSPV celebrará una asamblea en las próximas semanas en las que probablemente se pidan explicaciones a la secretaria general, Maite Iraola, de lo sucedido. La desolación de los socialistas era ayer total, después de confirmar la pérdida de Finestrat por 18 votos, bastión socialista de una comarca donde el PP lleva dos décadas de hegemonía. También en Callosa d'en Sarrià y en Tàrbena ganó el PP con mayoría absoluta. En Bolulla se produjo un hecho insólito, ya que con 118 votos PP y 118 votos PSOE, mañana se celebrará previsiblemente en la Junta Electoral el sorteo en el que se decidirá quién gobernará. También tendrán problemas los socialistas en Orxeta, donde ha irrumpido con fuerza el Bloc que le ha quitado la mayoría absoluta y tiene la llave de gobierno. Su condición es la retirada del PGOU, un documento que ha marcado estas elecciones.
Por el contrario, los socialistas conquistaron el bastión popular de Castell de Guadalest, donde votó el 100% de los 164 electores. Eso permitirá a la ex diputada Trini Amorós ser alcaldesa al obtener cuatro concejales y el PP uno. También ganaron en L'Alfàs del Pi, pero aquí tiene la llave el partido Ciudadanos Europeos, liderado por la que fue número 2 del PP en 2003 y hasta hace poco primer teniente de alcalde, Isabel Davó. El enfrentamiento de Davó con el líder del PP permitirá al PSOE gobernar sin problemas. En Altea y La Vila Joiosa el PP ha perdido sendas mayorías absolutas contra todo pronóstico. En La Vila las elecciones también han estado marcadas por el PGOU en redacción. La llave la tiene Pedro Lloret, de Iniciativa Independiente, que con dos concejales ha puesto como condición para negociar asumir él la alcaldía. Las malas relaciones del Bloc con Esquerra Unida dificultarían el funcionamiento del cuatripartito. Lloret podría acceder a apoyar al PP sin ser alcalde si éste le otorgara las principales competencias municipales, como Urbanismo y Hacienda, opción más factible.
No le ha ido mejor al PP en el tramo norte del litoral de La Marina. En Calp y Benissa, municipios salpicados por escándalos urbanísticos, los populares han perdido la mayoría y los Ayuntamientos pasarán a manos de la izquierda.
Mientras, en Xàbia y Dénia, la apuesta de los gobierno locales de izquierda durante este mandato por un urbanismo más racional y participativo ha tenido su refrendo en las urnas con el apoyo mayoritario de los ciudadanos. Así, la socialista Francisca Viciano, seguirá al frente de la alcaldía de Dénia y tampoco tendrá problemas para ser reelegido regidor Eduardo Monfort, del Bloc-Centristes, en Xàbia.
Sin embargo, en otra comarca también afectada por un caótico desarrollo urbanístico como La Vega Baja, el PP no ha perdido poder, sino que lo ha incrementado. El PSPV ha caído en las localidades como Albatera, Benejúzar, Catral y Benijófar. No obstante, en esta comarca el PP ha exprimido el mensaje del agua y del trasvase del Ebro para apuntalar su victoria.
En la comarca de L'Alacantí el mapa municipal apenas registra cambios significativos respecto a 2003, con la excepción de Xixona. Aquí, los populares han perdido la mayoría absoluta en beneficio del PSPV. El urbanismo, y en concreto dos macrourbanizaciones proyectadas en suelo rústico, han marcado el veredicto de las urnas. Los socialistas mantienen el gobierno en Sant Joan d'Alacant y el PP hace lo propio en Sant Vicent del Raspeig y El Campello.
* ELPAIS.com - Benidorm / Alicante - 29/05/2007
Foto: Benidorm /losgenoveses
Finalizó la larga acampada de la Asamblea Contra la Precariedad y Por la Vivienda Digna
MadridDigital* : "La Asamblea Contra la Precariedad y Por la Vivienda Digna desmontó ayer su campamento de Ciudad Universitaria, aclarando que la acampada “no fue el principio del movimiento por la vivienda digna” por lo que “ahora irnos no es el final de nada”. “Esta acampada se planteó como un paso más en la lucha por la vivienda digna. Esta vez, pensamos, en vez de una manifestación masiva de un par de horas deberíamos intentar una acción continuada de dos semanas, una acampada con un principio y un fin que coincidieran con las elecciones, que tanto hablan de vivienda y que tan pocas soluciones han aportado”, indica la Asamblea en un documento.
Recuerdan que también tenían unos objetivos concretos que cumplir: “intervenir en la campaña electoral, realizar acciones por el centro de Madrid, organizar charlas-debates donde discutir alternativas y, sobre todo, seguir construyendo el movimiento por la vivienda digna desde abajo entre todos y todas”.
“Creemos que, efectivamente, todos los objetivos los hemos cumplido y aquí estamos, mas fuertes que antes de la acampada y con muchas ganas de seguir trabajando. Igual que no fue el principio del movimiento por la vivienda digna cuando acampamos, ahora irnos no es el final de nada”, destacó la Asamblea.
Entre las tareas emprendidas durante estos días, enumeran que “nos hemos valido de este espacio para conocernos entre nosotros y para que mucha otra gente nos conozca. Se han intervenido en su campaña electoral denunciando la política ladrillera y que cualquier solución para el problema de la vivienda pasa por asumirla como derecho para todos y todas. Se han realizado acciones como la realizada frente al Monumento de la Constitución,donde denunciamos que los derechos sólo son derechos si se hacen efectivos. Se han organizado charlas sobre los programas de los partidos políticos sobre la vivienda, sobre desobediencia civil, la operación campamento, la precariedad laboral o el concepto de vivienda digna”.
“Tan bien se ha desarrollado esta acampada, a pesar del acoso policial primero y del climático después, que hay gente que están planteando quedarse con el espacio para continuar manteniéndolo como punto de encuentro, información y resistencia. Continuar, en ese sentido, con la idea que habíamos empezado mas allá de donde desde esta asamblea habíamos pensado”, añaden.
Finalmente, la Asamblea recuerda que “ahora comienza el Salón Inmobiliario, donde los políticos, las inmobiliarias y las constructoras hacen ostentación pública y vergonzante de hasta qué punto han convertido en su negocio particular un derecho fundamental como es la vivienda”. Y advierte que “también existen otras acciones, otros proyectos, con los que seguir construyendo VdeVivienda. Y en eso estamos... en eso seguimos”.
* MadridDigital - 29/05/2007
Foto: acampada Vivienda digna /madriddigital
Los PAI más polémicos dan la mayoría absoluta a los gobiernos que los promueven
Levante-EMV* /Comunitat Valenciana : "Los PAI han ganado en las urnas. Salvo contadas excepciones los partidos que han aprobado o impulsado megaurbanizaciones la pasada legislatura han encontrado en los programas de actuación integrada un talismán. A la vista de los resultados electorales municipales quien tiene un PAI tiene un tesoro. Y un caladero de votos. El tsunami urbanístico y la amenaza de que el territorio acabe cimentado más que un revulsivo ha sido un acicate para afianzar gobiernos. Los PAI son riqueza y progreso, han pensado los votantes, así que bienvenida la mayoría absoluta para que se apruebe el PAI en paz. Eso sí, «sostenible», advierten los propietarios de terrenos satisfechos con las reparcelaciones y a la espera de hacer el negocio redondo.
En Cabanes y Orpesa, el Parque Temático de Mundo Ilusión que ocupará una superficie aproximada de doce millones de metros cuadrados pero que aún ha sido aprobado definitivamente, ha permitido mantener la mayoría absoluta al PP en Cabanes (seis ediles) y en Orpesa (donde el PP sube de cinco a 7 regidores). En Moncofa, donde se han reclasificado 2 millones de metros cuadrados y se aspira a reclasificar otros 3 millones más para alcanzar una población de más de 100.000, cuando ahora apenas supera los 5.000 habitantes, el socialista José Vicente Isacha ha aumentado su mayoría absoluta al pasar de 6 a 8 concejales. Moncofa estuvo la pasada semana en el punto de mira ya que el conseller Esteban González Pons amenazó con retirar las competencias urbanísticas al ayuntamiento socialista por presuntas irregularidades que se podrían haber cometido.
La provincia de Valencia no le ha ido a la zaga en refrendo masivo de proyectos envueltos en la polémica. En Cullera y Riba-roja, el PP ha arrasado gracias, en parte, a la baza electoral del «progreso urbanístico». En Riba-roja, el alcalde Francisco Tarazona tildaba a la izquierda de «cavernícola» y pregonaba como mensaje electoral que «votar al PP es votar a Porxinos» (en referencia a la Ciudad Deportiva del Valencia CF (2.800 viviendas) a la que sumarán otros cuatro planes urbanísticos en el mismo valle que podrían alcanzar las 9.000 nuevas casas. El resultado: Tarazona ha aumentado de 9 a 10 concejales.
En Cullera, Ernesto Sanjuan, también ha consolidado a la formación popular (ha pasado de 10 a 15 ediles. Hasta ahora gobernaba en minoría) por lo que podrá desarrollar el proyecto del Manhattan del Xúquer , donde se prevén 4.500 viviendas en 33 torres de 25 alturas, y los programas que prevén reclasificar diez millones de metros en el Marenyet y el Brosquil para construir 13.000 viviendas, si la sillita de pensar en la que el conseller de Territorio había colocado el Manhattan no lo impide.
El PAI de la Baronía Golf Resort también ha ratificado el gobierno de los tres ayuntamientos implicados en este proyecto, que prevé reclasificar 5,3 millones de metros cuadrados, como el de Estivella (PSPV, ahora en minoría), Algimia de Alfara (mayoría absoluta del PSPV que pasa de 6 a 8 ediles) y Torres Torres (mayoría del PP).
Orihuela o Torrevieja son ejemplos claros de que el ladrillo ha podido pesar más en el voto que la corrupción que se investiga en los tribunales. En Orihuela que tramitaba cuatro reclasificaciones de suelo, la zaplanista Mónica Lorente ha logrado la mayoría absoluta a pesar de las imputaciones de su sucesor. En Torrevieja, el alcalde Pedro Hernández Mateo, también ha revalidado la mayoría absoluta.
* L. Ballester/T. Albendín/R. Pardo, Valencia/Alzira/Castelló
* Levante/EMV - 29 de mayo de 2007
Foto: valle de porxinos. «Votar PP es votar Porxinos», decía el PP de Riba-roja /levante-emv.com
El urbanismo como solución, no como problema
ANDRÉS H. DE SÁ.- Levante* : "La denunciada depredación del territorio se presentaba como uno de los factores que más podían influir en los resultados de las elecciones municipales del pasado domingo. Y, en efecto, así ha sido. Pero en sentido justamente inverso al que movimientos, plataformas y asociaciones varias pretendían. Los alcaldes cuyos municipios han estado en el ojo del huracán por planes urbanísticos -los cada vez más conocidos PAI- han salido airosos e incluso reforzados de su cita con las urnas. Sus votantes ven el desarrollo urbanístico como una solución y no como un problema. «Ponga, por favor, un PAI en mi huerto».
La política se nutre en gran parte de percepciones y expectativas. Y la expectativa de poder trocar un campo ruinoso en un solar cotizadísimo ha pesado más en el ánimo de esos votantes que la conservación del territorio o si eso es pan para hoy y hambre para mañana. Cuidando, en definitiva, su legítimo interés particular. Por eso han optado por el alcalde que les abre las puertas de un buen negocio que por quienes hacen bandera de cerrarlas.
El debate sobre el territorio ha olvidado que no sólo hacen negocio los agentes urbanizadores y los intermediarios, sino que también se benefician, en menor medida, obviamente, los propietarios del terreno. La construcción masiva y la expectativa de que se extienda como una mancha de aceite han provocado, por ejemplo, que la tierra de cultivo haya alcanzado precios desorbitados en atención, precisamente, a que un día más o menos lejano pueda convertirse en terreno urbanizable.
Perder de vista esta legítima aspiración al enriquecimiento de los ciudadanos ha sido un grave error a la hora de plantear una oposición cerrada y frontal al actual modelo urbanístico. Lo mismo que es un error olvidarla a la hora de valorar la actitud del grueso de clases medias que configura el cuerpo electoral en los grandes núcleos urbanos. Hoy incluso lo que tradicionalmente se considera clase trabajadora, tiende a autocalificarse como clase media, aunque sea media-baja. Y, como tal, considera que en tiempos de bonanza merece su respaldo quien mayores posibilidades de enriquecerse le ofrece. En esas condiciones, además, no hace falta (?) redistribuir la riqueza o los recursos...
Pero aun aceptando estas premisas, ¿qué ocurre con unos electores que incluso premian a los corruptos, como ha ocurrido en la Comunitat este domingo? Parece que no hemos sido capaces de escarmentar en cabeza ajena con el caso de Marbella. Queda aún recorrido para llegar a la catarsis.
* Levante/EMV - 29 de mayo de 2007
El ladrillazo no ha sido suficientemente castigado en las urnas
JOSÉ GARCÍA ABAD* : "El ladrillazo apenas ha sido castigado en las urnas o al menos lo ha sido muy selectivamente. En efecto, la corrupción urbanística ha golpeado con más rigor a los ayuntamientos del PSOE incriminados que a los gobernados por el Partido Popular, un hecho que tiene una doble lectura, una buena y otra mala. La buena es que el ciudadano da por supuesto que la izquierda debe ser ejemplar y castiga a esta con más rigor cuando sus representantes se venden. La mala indica una manga demasiado ancha de los ciudadanos ante el enriquecimiento ilícito o al menos una insuficiente sensibilidad ante el poder corruptor del ladrillo.
Algo ha dicho el electorado pero no parece suficiente: En las filas del PP, Carlos Fabra el incombustible cacique de Castellón, se crece; Francisco González aumenta su mayoría en Mogán, el municipio de Gran Canarias salpicado por el escándalo urbanístico donde el PP consigue un concejal más; Andratx parecía que iba a tumbar al presidente balear Jaume Matas pero los populares cosecharon tres concejalías más; en Alhaurín el Grande los conservadores consiguen mejorar sus resultados; en las Navas del Marqués el popular Gerardo Pérez continuará como alcalde a pesar de sus desmanes contra aquel entorno paradisíaco. En cambio en Ciempozuelos el PSOE pierde dos regidores; en Seseña en la que se reafirma Izquierda Unida el PSOE perdió un edil, y prácticamente han sido barridos de Marbella.
Parece como si el pueblo soberano, siguiendo las indicaciones de Guizot el primer ministro de Felipe de Orleáns hubiera ordenado a sus representantes: “¡Enriqueceos!. La voz del pueblo es la voz de Dios pero en algunas localidades la conciencia popular aparece un tanto narcotizada y alguien debería sacudirla convenientemente. Al menos el Gobierno central no debería caer en laxitud ante la constatación puesta de manifiesto el pasado domingo de que la corrupción urbanística tiene un coste electoral cercano al cero. Incluso empiezo a convencerme de que en estos asuntos de recalificaciones y permisos para matar el paisaje determinadas decisiones deberían tomarse desde el Estado Central. El argumento de acercar la Administración a los administrados parece saludable salvo en los casos en que semejante proximidad alcanza el contubernio.
El diario El País del pasado 23 de mayo abría su primera página con una foto cuyo pie rezaba: “El desastre urbanístico de la Costa del Sol, visto desde el aire”. Mi primera impresión fue que aquella imagen en la que se veía una gigantesca muralla de edificios que tapaban el mar y hasta la montaña no era en realidad una foto sino una maqueta tremendista de lo que nos podría ocurrir si no hacíamos algo para evitarlo. Pero no, aquello, está ya allí: la costa malagueña está enterrada por 300.000 viviendas construidas en menos de una década.
Solo el Estado puede tomar las riendas de este asunto y me da la impresión de que la nueva Ley del Suelo que entrará en vigor el próximo 1 de julio no es suficientemente disuasoria. Sin embargo peor es no hacer nada y al menos la nueva norma aumentará la transparencia en el sector, los terrenos serán valorados conforme a su naturaleza y no por las expectativas de futuras reclasificaciones y se reserva el 30 por cien del suelo nuevo a viviendas de protección social. Se ha presentado como una vacuna contra la corrupción pero la experiencia demuestra que la delincuencia, siempre innovadora, camina varios pasos por delante de la norma y de la represión. Quizás, de momento no se pueda ir mas lejos ya que el Tribunal Constitucional sentenció en su día que no se pueden arrebatar competencias urbanísticas a las comunidades autónomas. Quizás la solución se encuentre en buscar un consenso entre las distintas administraciones y los partidos políticos en liza. En todo caso el liderazgo corresponde al Gobierno de la nación que debe marcar caminos éticos y mostrar las consecuencias morales de la corrupción y las secuelas de la destrucción del medio ambiente. Nos jugamos la calidad de vida de los ciudadanos y el mundo de nuestros hijos.
* El Plural - 29/05/2007
Los votantes castigan en las urnas a las corporaciones salpicadas por los escándalos de corrupción urbanística
Efe* : "La corrupción urbanística ha sido una de las grandes protagonistas políticas del último año y las urnas no han sido ajenas a este fenómeno. El sangrante caso del consistorio marbellí, en manos de una gestora desde el pasado año, ha sido significativo. Los populares, única fuerza que no resultó directamente salpicada por el escándalo, han obtenido una amplia mayoría absoluta, mientras el municipio madrileño de Ciempozuelos, cuyo alcalde socialista resultó implicado en un caso de corrupción, ha otorgado una contundente victoria al PP.
Victoria sin garantías de IU en Seseña. El PP gana en Andratx.
El PP ha obtenido la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Marbella con el cien por cien de los votos escrutados, al conseguir dieciséis de los veintisiete concejales de la corporación, lo que situará a la popular Ángeles Muñoz como alcaldesa. Por su parte, la candidatura del PSOE, encabezada por el ex consejero andaluz de Turismo, Comercio y Deporte Paulino Plata, ha llegado hasta los diez ediles, y la de IU, con Enrique Monterroso como cabeza de lista, un representante.
Tras conocer los resultados, la candidata del Partido Popular a la alcaldía de Marbella, Ángeles Muñoz, aseguró que "hoy ha vuelto la legalidad a Marbella". Muñoz, que con el 99 por ciento de los votos escrutados había obtenido 16 de los 27 concejales en juego, dijo que lo que hoy se ha votado es "la coherencia, el sentido común, la ética, la honestidad, y la honradez".
En la fiesta celebrada en el antiguo mercado municipal, a la que asistieron miles de simpatizantes, la futura alcaldesa afirmó que gobernará "desde el consenso y con mucha seriedad". En declaraciones a los periodistas, admitió estar "muy contenta" porque los marbellíes han reconocido "el trabajo bien hecho y la honradez" de los populares en los últimos años. "Queda trabajar cuatro años y empezaremos desde mañana mismo", añadió Muñoz.
A su juicio, Marbella ha elegido "los valores" y ha votado a quien considera más eficaz, por lo que definió como un honor ser la ganadora tras lo ocurrido en la localidad en los últimos años. Al 99 por ciento de los votos escrutados, el PP obtiene 16 ediles, por diez del PSOE y uno de Izquierda Unida.
Otra localidad salpicada por los escándalos vinculados con la corrupción urbanística, el municipio madrileño de Ciempozuelos, también ha salddado en las urnas su descontento. Así, el PP sustituye al PSOE como fuerza política más votada para el Ayuntamiento de Ciempozuelos, al obtener la candidatura socialista dos concejales menos que en el 2003, tras el escándalo urbanístico que afecta al anterior alcalde del PSM-PSOE, Pedro Torrejón, actualmente en libertad bajo fianza.
El PSOE, encabezado en estas elecciones por la actual alcaldesa, Susana León, ve reducida su presencia a cuatro concejales, mientras el PP, cuya lista encabeza María Ángeles Herrera, aumenta su representación de cuatro a seis ediles.
IU, con Gemma Fornell como candidato, obtiene 3 concejales, los mismos que en las elecciones municipales de 2003, y el Partido Independiente de Ciempozuelos (PIC), con Francisco José de Oro, disminuye su presencia de cuatro a dos ediles.
Ciudadanos por Ciempozuelos (CPC), formación creada tras su expulsión del PSOE por el ex alcalde Pedro Torrejón -imputado por cohecho y blanqueo de capitales- logra dos concejales.
El PP gana en Andratx
Un caso muy distinto es el del municipio mallorquín de Anddratx, salpicado por la supuesta trama de corrupción urbanística por la que fue detenido el ex alcalde del PP Eugenio Hidalgo. El caso no ha pasado factura al partido, sino todo lo contrario, ya que ha sido la fuerza más votada, al obtener siete de los 17 ediles en disputa.
La lista del PP encabezada por Jaume Porsell ha obtenido tres concejales más que los pasados comicios, cuando logró cuatro. Todo parece indicar que el partido ha absorbido los tres concejales que logró la Agrupación Liberal de Andratx, el partido que fundó Hidalgo y que se integró en el PP durante el pasado mandato.
En esta cita electoral, Andratx escogía a 17 concejales, cuatro más que en mayo del 2003, debido al aumento de la población, que ahora se sitúa en unos 10.750 ciudadanos. El segundo partido más votado en la localidad mallorquina ha sido el PSOE, con cinco ediles, dos más que hace cuatro años; y el tercero, Unió Mallorquina, con tres, con lo que gana uno. Los nacionalistas del PSM-EN se mantienen en la cuarta posición, a pesar de ganar un edil, hasta sumar dos.
Victoria sin garantías de IU en Seseña
Por otra parte, en el municipio toledano de Seseña, Izquierda Unida ha logrado la mayoría relativa con siete concejales, dos más que en el 2003, en un nuevo ayuntamiento con diecisiete concejales por el aumento de población, aunque no obtiene el respaldo que le de garantías de gobierno.
Así, el actual alcalde de IU, Manuel Fuentes, es el candidato más votado, pero, sin garantía de que vuelva a ser el regidor, al estar el municipio sujeto a eventuales pactos, según los datos del escrutinio al 100%.
El PP, con seis concejales y con Fernando Esquivias Vera a la cabeza, sería la segunda fuerza política y tendría un concejal más, mientras que el PSOE perdería un concejal y se queda en tres ediles con José Luis Domínguez en la cabeza de lista.
En el Ayuntamiento de Seseña entra una nueva formación política, la de la Unión de Ciudadanos Independientes de Toledo (UCIT), que encabeza María Soledad Vozmediano, dirigente vecinal.
* Estrella Digital/Efe - 28 - 05 - 2007
Foto: Seseña (Toledo)
El urbanismo se lleva por delante mayorías absolutas en la costa
J.PRECEDO.- El País* /Galicia: "Cuatro años después de que el Partido Popular exhibiese con orgullo su mayoría absoluta en Muxía para justificar la gestión de la catástrofe del Prestige, las urnas han desalojado a Alberto Blanco de la alcaldía estrella del PP en la Costa da Morte. Los escándalos urbanísticos y la redacción de un Plan General que beneficiaba a sus familiares directos han otorgado el bastón de mando al Partido Socialista, que sólo espera al recuento de votos de la emigración para saber si gobernará con mayoría absoluta o con el apoyo del único concejal nacionalista.
A unos kilómetros de Muxía, en otra de las localidades que ha experimentado un espectacular desarrollo urbanístico, el regidor de Cee, Antonio Domínguez se ha visto también perjudicado por los negocios inmobiliarios de su familia. Domínguez perdió el domingo tres de sus siete ediles y en su pueblo se perfila un bigobierno de izquierdas que con toda probabilidad encabezará la candidata socialista, Amancia Trilla. En el vértice de ese triángulo de municipios con gobierno popular, José Manuel Traba mantiene su cómoda mayoría con siete concejales al frente del ayuntamiento de Fisterra, que también se ha quedado sin suelo para edificar.
El ladrillo ha pasado factura además en los ayuntamientos de las Rías Baixas con el suelo más caro de Galicia. En Nigrán las protestas vecinales tumbaron hace un año el Plan General que beneficiaba a los compañeros en la directiva del Celta del todavía alcalde en funciones. Alfredo Rodríguez, quien ni siquiera optó a la reelección. Su sucesor como candidato se topó anoche con una sólida mayoria de izquierdas que encabezará el PSOE.
En Gondomar, donde el pasado febrero fueron detenidos dos ediles del PP acusados de cobrar comisiones ilegales, ha sido el BNG el que ha rentabilizado la sangría de papeletas sufrida por el Partido Popular y por el grupo de independientes Move Gondomar. Tui, en cambio, mantendrá como regidor al polémico Antonio Fernández Rocha, implicado en varios procesos judiciales, siempre que consiga entenderse con alguna de las formaciones escindidas del PP, entre las que se encuentra la que encabeza el ex conselleiro Juan Miguel Diz Guedes.
En Foz las municipales han penalizado a José María García Rivera, alcalde socialista conocido por haber otorgado más de 1.200 licencias urbanísticas sin los preceptivos informes técnicos en un solo pleno. García Rivera pierde un concejal y también la mayoría absoluta. Su pacto con el BNG con el que ha mantenido graves disputas en los últimos meses se antoja complicado. En el vecino ayuntamiento de Barreiros, que comparte con Foz costa y desmanes urbanísticos, el electorado refuerza al PP de Alfonso Fuente que repetirá al frente de la corporación.
En Oleiros peligra la continuidad de Ángel García Seoane, al que el PSOE pretende desalojar del poder; en Teo cae el popular Armando Blanco, y en Sada un ex del partido, Moncho, tiene las horas contadas en la alcaldía.
* ELPAIS.com - Santiago - 29/05/2007
Foto: Oleiros - sta. cristina (La Coruña) /turismo
Los escándalos urbanísticos hacen mella en Salou, Deltebre y Ginestar
O.A.- El País*/Tarragona : "Las elecciones han supuesto para Salou (Tarragonès), Deltebre (Baix Ebre) y Ginestar (Ribera d'Ebre), localidades salpicadas por escándalos urbanísticos, un vuelco en la correlación de fuerzas políticas. En Salou, Esteve Ferran, el único alcalde que ha tenido la localidad desde su segregación de Vila-seca en 1989, ha perdido la mayoría y puede pasar el mandato en la oposición. Ferran siempre dispuso de mayorías amplias. En el pasado, el mandato se ha visto involucrado en escándalos urbanísticos como la recalificación de unos terrenos, propiedad de un primo suyo, en un proyecto para desviar una riera o la compra y posterior venta de una finca por parte de su hijo, Esteve Ferran Gombau, que es también el concejal de Urbanismo.
Un grupo de vecinos ha denunciado ante la Fiscalía de Tarragona a Ferran Gombau por beneficiar a un socio suyo con la construcción de centenares de viviendas en los terrenos de una antigua sala de fiestas.
La formación Ferran Units Per Salou, creada por Esteve, ha sido la lista más votada en Salou, pero los resultados hacen imposible la repetición del actual pacto con el PP. En cambio, sí logra mayoría una alianza entre el PSC, que ha pasado de tres a seis ediles y ha capitalizado el voto de castigo, CiU y los independientes de Renovació Democràtica.
En Deltebre, más que corrupción urbanística, lo que ha salido a la luz ha sido un caso en el que la ex alcaldesa de CiU, Inma Juan, otorgó una licencia de obras irregular para edificar viviendas en suelo de equipamientos públicos. CiU ha sido la fuerza más votada desde 1991. El domingo quedó relegada a la segunda posición en beneficio de ERC, que se quedó a un edil de la mayoría absoluta.
Y en Ginestar, donde el alcalde, Josep Bru, de CiU, ha gobernado con mayoría en los últimos 20 años, el PSC ha recogido el voto descontento. Bru fue grabado con cámara oculta por unos detectives mientras aconsejaba a una pareja cómo saltarse la normativa urbanística para construir una vivienda en suelo agrícola en una finca en la que él tenía intereses.
* ELPAIS.com - Tarragona - 29/05/2007
Las urnas perdonan a los imputados
R.RINCÓN.- El País* /Andalucía : "Los electores andaluces no han castigado a los alcaldes imputados en asuntos judiciales y que se presentaban a la reelección. De los al menos 40 cabezas de lista que concurrían en esta situación, 30 han vuelto a ganar y sólo diez han perdido. Algunos han salido reforzados a pesar de cargar con graves imputaciones. Juan Martín Serón (PP) en Alhaurín el Grande, Juan Vera (independiente) en Tolox o Manuel Morilla (PP) en Morón han ampliado sus mayorías. El regidor de Almuñécar, Juan Carlos Benavides (CA), con varias causas pendientes, mantiene sus diez ediles. Las imputaciones sí pueden estar detrás de la derrota de pérdida de José Carlos Hernández (PP) en Punta Umbría y Antonia Hierro (PSOE) en Tomares.
Una treintena de alcaldes imputados en asuntos judiciales han mantenido o mejorado sus resultados de 2003.
GANAN
ALMERÍA
Zurgena. Cándido Trabalón (PA) La Fiscalía pidió al juez que imputara por un presunto delito de prevaricación y otro contra la ordenación del territorio al alcalde y todos los concejales del Ayuntamiento de Zurgena (cinco del PA, cuatro del PSOE y uno del PP) por votar a favor de la construcción de 1.300 chalés en suelo rústico. Los andalucistas han crecido en votos y obtienen mayoría absoluta.
Huércal Overa. Luis García Collado (PSOE). Imputado por un presunto delito de malversación de caudales públicos por comprar 335 entradas para los toros en la Feria de 2003 por valor de 13.435 euros a cargo del Ayuntamiento. El PSOE sigue siendo la fuerza más votada y gana dos ediles.
CÁDIZ
Chipiona. Manuel García (PSOE). Acusado de un delito de acoso moral por una ex compañera de partido, María Luisa Gallego. El PSOE gana cinco ediles y obtiene mayoriá absoluta.
Tarifa. Miguel Manella (PSOE). Imputado tras una denuncia presentada por el PP por el proyecto urbanístico del castillo de Santa Catalina. Los socialistas mantienen sus concejales y son la primera fuerza, aunque pierden votos.
Los Barrios. Alonso Rojas (PSOE). Imputado por denuncia del PA por presunta prevaricación por no entregar una información municipal requerida. El PSOE gana un edil y tiene mayoría simple.
La Línea. Juan Carlos Juárez (PP). Imputado por prevaricación por la presunta contratación irregular de un centenar de personas durante la pasada campaña electoral. Los populares siguen siendo los más votados, aunque con seis concejales menos.
Jerez. Pilar Sánchez (PSOE). Imputada por prevaricación por presunto enchufismo de familiares de tres miembros de la ejecutiva local del PSOE. Los socialistas ganan seis concejales y mayoría absoluta.
CÓRDOBA
Puente Genil. Manuel Baena (IU).Imputado por la concesión de la licencia de obras para la construcción del futuro cuartel de la Guardia Civil en un suelo calificado como rústico. IU sigue ganando, pero con dos capitulares menos.
GRANADA
Atarfe. Víctor Sánchez (PSOE). Imputado de un delito ecológico, debido al vertido ilegal al acuífero de Raja Santa. El PSOE gana un edil y repite como lista más votada.
Almuñécar. Juan Carlos Benavides (Convergencia Andaluza). Imputado por alzamiento de bienes; de un delito de prevaricación urbanística por conceder licencia de obras en una zona protegida; de malversación y prevaricación por ejecutar obras, sin contratarlas; de un delito contra la ordenación del territorio por otorgar indebidamente unas licencias; y de un delito de malversación por depositar una fianza con dinero público en una causa privada a su nombre. También está imputado de malversación, prevaricación por asfaltar calles y adjudicar dichas obras dos meses después; y de prevaricación y coacciones por cerrar una televisión sin previo aviso. Y está condenado a pagar tres millones de euros por el caso Tropical Fruit, recurrido ante la Audiencia Provincial de Granada. También por el despido improcedente del equipo redactor del PGOU. Pese a las imputaciones, Benavides mantiene sus diez concejales.
HUELVA
Valverde del Camino. José Cejudo (PSOE)Acusado de acoso laboral como presidente de la Diputación. Los socialistas suman cuatro ediles más.
Palos de la Frontera. Carmelo Romero (PP). Procesado por falsedad contable.Los populares repiten como más votados, pero con un edil menos.
Cortegana. Antonio Marín (IU). Imputado por haber convocado una manifestación que dervivó en enfrentamientos tras un crimen ocurrido en 2005. IU se mantiene.
JAÉN
Torredelcampo. Blas Sabalete Ruiz (PSOE).Imputado por construcciones ilegales en su municipio. Los socialistas han ganado un edil.
Baños de la Encina. Miguel Campillo (PSOE). Imputado por delito urbanístico. El PSOE sigue ganando, pero con un concejal menos.
Noalejo. Antonio Morales (PSOE). Imputado por un delito urbanístico en el paraje de la Hoya del Salobral. Los socialistas ganan tres concejales.
Arroyo del Ojanco. Manuela Carrasco (Grupo Independiente). Imputada tras la denuncia del PP por irregularidades urbanísticas en el polígono industrial. El equipo del alcalde obtiene un concejal más.
MÁLAGA
Alhaurín el Grande. Juan Martín Serón(PP). Imputado de cohecho por cobro de comisiones de un promotor. La lista del PP sale reforzada con un edil.
Alhaurín de la Torre. Joaquín Villanova (PP). Imputado de prevaricación por la concesión de una licencia a un restaurante previo donativo de 72.000 euros al Ayuntamiento. Los populares ganan un concejal.
Tolox. Juan Vera (Recientemente expulsado del PA). Imputado de prevaricación urbanística por la concesión de licencias en suelo no urbanizable. La lista del alcalde gana tres capitulares más.
Gaucín. Francisco Corbacho (PA). Imputado de malversación de caudales públicos. La fiscalía le ha denunciado además por delito urbanístico. El PA se mantiene.
La Viñuela. Juan Millán (PSOE). Imputado de delito urbanístico por la concesión de licencias irregulares. Los socialistas vuelven a ser los más votados, pero con dos ediles menos.
Estepona. Antonio Barrientos (PSOE). Imputado de presunto delito de calumnias contra el concejal del PP José Jerez, del que dijo que había metido la mano en la caja. El PSOE, que en 2003 fue segundo, gana cinco concejales y es el más votado.
SEVILLA
Navas de la Concepción. Antonio Gutiérrez Lora (PSOE)Imputado por un delito de cohecho en relación con varias anomalías urbanísticas y por uso privativo de materiales del ayuntamiento. Vuelven a ganar los socialistas pero con tres ediles menos.
Guillena. Justo Padilla (PSOE). Imputado por prevaricación por levantar naves municipales en una zona verde. El PSOE sube un edil.
Gerena. Jacinto Pereira Espada (PSOE). Condenado por lesiones tras pegar a un vecino en un reparto de VPO. Los socialistas se mantienen.
Puebla del Río. Julio Álvarez (PSOE). Imputado por malversación por gastar en 16 meses un total de 6.230 euros en llamadas a su novia desde su teléfono móvil oficial. El PSOE se mantiene.
Castilblanco de los Arroyos. Manuel Ruiz Lucas (NI). Imputado por no paralizar chalés ilegales en la urbanización Las Minas. NIVA repite como el más votado, pero con dos ediles menos.
Morón de la Frontera. Manuel Morilla (PP). Imputado por prevaricación por los vertidos ilegales al Guadaíra. Morilla gana cuatro concejales y la mayoría absoluta.
Camas. Agustín Pavón (IU). Imputado por intentar sobornar a una edil para que apoyara varios proyectos urbanísticos. No repetía como candidato a alcalde, pero iba el 15 de la lista de IU. La coalición de izquierdas se mantiene como segunda fuerza y gana un edil.
PIERDEN
ALMERÍA
Níjar. Joaquín García (PSOE). Imputado por malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad en documento público por autorizar una urbanización cuatro veces más grande de lo permitido. Ha mantenido ocho ediles pero el PP gana seis es la fuerza más votada.
CÁDIZ
Barbate. Juan Manuel de Jesús (PP). Imputado por prevaricación por adeudar 1,8 millones de euros a una empresa que arregló colegios públicos del municipio y para cuyas obras el Consistorio recibió subvenciones de la Junta. El PSOE obtiene mayoría absoluta y el PP pierde seis ediles.
CÓRDOBA
Fuente Palmera. Manuel García (Olivo). Imputado por conceder licencias de primera ocupación de viviendas y locales comerciales en terrenos calificados como verdes y dotacionales. Mantiene sus cinco ediles pero el PSOE sube tres y gana.
Peñarroya. Rafael Muñoz (IU). Fue alcalde entre 1999 y 2003 y este año volvió a presentarse. No ha sido alcalde los últimos cuatro años por un pacto entre PP y PSOE. Está imputado por malversación de fondos públicos. Ha perdido la mayoría y el PSOE ha pasado a ser la lista más votada.
HUELVA
Punta Umbría. José Carlos Hernández (PP). Tiene abiertas diligencias previas ante su negativa de convocar la junta general de la sociedad municipal Radio Televisión de Punta Umbría. El PP ha perdido dos ediles y el PSOE gobernará con matoría simple.
MÁLAGA
Valle de Abdalajís. Tomás Gómez (PP). Imputado por prevaricación urbanística junto a toda la corporación por la concesión de licencias irregulares. El PP ha perdido tres concejales y el PSOE pasa a ser la lista más votada.
Benalmádena. Enrique Bolín (GIB). Imputado de presunto delito urbanístico por la concesión de licencias contrarias a la normativa urbanística. Ha perdido cinco concejales y gana el PSOE.
Villanueva de Algaidas. David Granados (PP). Es primer teniente de alcalde y está imputado de estafa por formar parte de una red que falsificaba permisos de trabajo. Se presentaba copmo candidato del PP, pero no ha obtenido representación.
SEVILLA
Tomares. Antonia Hierro (PSOE). Está condenada por conducta antisindical. Los juzgados han admitido además el recurso contra la sentencia que la exculpaba de un delito de prevaricación por usar a la policía municipal para la boda de su hija. Ha mantenido sus nueve concejales, pero el PP sube de cinco a 10 y es la lista más votada.
Almadén de la Plata. José Luis Vidal (PP). Condenado a siete años de inhabilitación por denegar a Egmasa la licencia de apertura de un centro de visitantes y un bar en el parque forestal de la localidad, a cuya explotación también optaba una empresa municipal. Ha recurrido la condena. El PP pierde dos concejales y los socialistas han pasado a ser los más votados.
* ELPAIS.com - Sevilla - 29/05/2007
Foto: Benalmádena Torrequebrada (Málaga) /UrbPatasArriba
Un informe advierte del 'urbanismo salvaje' en Madrid
EuropaPress* : "El 'urbanismo salvaje' va camino de duplicar el número de viviendas y de habitantes de la Comunidad de Madrid en un plazo aproximado de 15 años si se aprueban los Planes Generales de Ordenación Urbana que se encuentran en tramitación. Así lo advierte un informe sobre la previsión de desarrollo urbanístico de la Comunidad elaborado por la asociación 'Salvemos el territorio', el instituto Reverso, la asociación 'Salvemos Las Rozas' y la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio. La Comunidad de Madrid cuenta actualmente con 2,8 millones de viviendas y hay suelo recalificado para un millón de viviendas más. En los actuales Planes de Ordenación Urbanística se pretende recalificar suelo para dos millones de nuevas viviendas en los próximos 15 años, lo que duplicaría el parque inmobiliario de Madrid.
La población podría alcanzar así los 18 millones de habitantes en esta fase de expansión urbanística, cifra superior a Londres y cercana a la de Nueva York y Ciudad de México. Además, dice el informe, con la 'ultraliberal' Ley del Suelo de la Comunidad quedaría suelo para otros 5,4 millones de viviendas, pudiéndose cuadruplicar la población y situar a Madrid a la cabeza de las regiones metropolitanas del planeta, junto con Tokyo.
Para las asociaciones que han elaborado este estudio, las consecuencias medioambientales y sociales de este proceso serían 'devastadoras' por la destrucción territorial, la creciente inaccesibilidad de la vivienda, la escasez de recursos y el déficit de infraestructuras básicas.
El informe, que se presentará completo próximamente, revela que un tercio de municipios madrileños concentran más de un millón de nuevos viviendas y 3,6 millones de nuevos habitantes.
En concreto, en la corona metropolitana del suroeste, desde Pinto a Cercedilla, pasando por el eje de Guadarrama, se concentran más de 550.000 viviendas en 45 municipios, con cerca de dos millones de nuevos habitantes.
En el caso de la corona metropolitana noreste, 15 municipios aglutinan más de 150.000 viviendas, a las que hay que sumar las más de 250.000 que tiene en marcha el municipio de Madrid capital.
ERRADICAR LA LEY DEL SUELO DE LA CAM.
El estudio refleja además que el índice de multiplicación de la población es de más del 200%, con más de 10.000 viviendas de media por municipio. En algunos casos, como Morata de Tajuña, 'se pretende multiplicar la población por 20'. Todo ello apuntaría a un crecimiento de más de dos millones de viviendas en la Comunidad de Madrid en un margen de 15 años.
Asimismo, el informe señala que a todo esto se añade que la Comunidad cuenta actualmente con suelo urbanizable para un millón de viviendas y dispone de una reserva del 17,5% de terreno no comprometido que permitiría construir otros 7,4 millones de viviendas a medio plazo.
Por todo ello, en el estudio se exige la intervención del Gobierno central y de la UE para frenar 'esta barbarie sin precedentes', erradicando la actual Ley del Suelo de la Comunidad e imponiendo una moratoria 'tajante' al desarrollo de los actuales Planes de Ordenación Urbanística. Asimismo, y con estos datos en la mano, piden a los ciudadanos una 'última reflexión' antes de participar mañana en las elecciones municipales y autonómicas.
* Terra Actualidad - 26 Mayo
El voto del ladrillo
I.ZAFRA/D.BARCALA.- El País*/Valencia : "El 'tsunami' de la construcción que ha vivido el territorio recibe el castigo de los electores en Alicante y da votos en Valencia.
El ladrillo ha provocado el castigo en las urnas de algunos municipios de la provincia de Alicante aunque tanto en Castellón como en Valencia, los impulsores de grandes proyectos urbanísticos, muchos de ellos recurridos en los tribunales, han sido apoyados por los electores. Sin duda, en las poblaciones afectadas por polémicos PAI, el voto ha estado condicionado.
ALICANTE
- Altea. Vuelco electoral en la población costera, feudo del zaplanismo, donde se aprobó uno de los mayores PAI de todo el territorio, con 5.775 viviendas proyectadas en Puentes del Algar. El Partido Popular pierde la mayoría absoluta al bajar de 10 a nueve concejales mientras que los socialistas pasan de cuatro a ocho. El Bloc mantiene los tres regidores logrados en 2003 y Ciutadans d'Altea logra uno.
- Catral. Fidelidad a las irregularidades cometidas por el Ayuntamiento del ex socialista José Manuel Rodríguez Leal, a quien la Generalitat quitó en 2006 las competencias urbanísticas por haber permitido construir 1.270 viviendas ilegales. El nuevo partido de Rodríguez Leal consigue cinco concejales. El PP gana las elecciones con siete. El PSOE se hunde y pasa de siete a uno.
- La Nucia. El Partido Popular revalida su abrumadora mayoría en La Nucia, donde el Consistorio aprobó la construcción de 3.884 viviendas, con un PAI suspendido por el Tribunal Superior de Justicia, y la lleva todavía un paso más allá: pasa de 68,7% de los votos al 72,5%.
- Calp. El Ayuntamiento de Calp sufre un severo correctivo al pasar de 13 a nueve concejales. Morató había autorizado la construcción de un hotel a sólo seis metros del mar, considerado ilegal por el ministerio de Medio Ambiente, y había desempolvado el viejo proyecto de un polígono industrial cuya ubicación fue descartada por el Tribunal Superior de Jusaticia. Los socialistas pasan de cinco a nueve regidores y el Bloc logra dos.
- Orxeta. Al PSOE de Orxeta, que aprobó un plan para construir 4.100 viviendas que supondría multiplicar por 20 su población actual, se le esfumó la mayoría absoluta al perder un concejal. El PP mantuvo sus tres regidores y el Bloc irrumpió en escena con dos.
- La Vila Joiosa. El Partido Popular, que proyectó la construcción de 25.671 viviendas en el proyecto previo al plan general pierde la mayoría absoluta en La Vila Joiosa, al pasar de 12 a 10 concejales. Los socialistas se mantienen con siete, Bloc y EU obtienen uno cada uno, e Iniciativa Independiente consiguió dos.
CASTELLÓN
- Burriana. La polémica urbanística en Burriana, cuyo alcalde, Alfonso Ferrada, del PP, aprobó la construcción de 700.000 metros cuadrados en la costa, le cuesta dos concejales a su partido, que continúa siendo el más votado y logra 10. Los socialistas suben dos, hasta alcanzar los nueve, y el gobierno municipal queda a expensas de los pactos con pequeñas formaciones.
- Cabanes. La pequeña población de Cabanes, inmersa como Oropesa en los megaproyectos urbanísticos en torno a Marina D'Or y Mundo Ilusión, mantiene los resultados de 2003: seis concejales para el PP, tres para los socialistas y dos para la coalición de partidos de izquierda y ecologistas.
- Moncofa. La urbanización de 6,5 millones de metros cuadrados llevados a cabo en Moncofa hacen ganar votos al alcalde socialista José Vicent Isach, que mantiene el gobierno de la localidad e incrementa su número de concejales.
- Oropesa. Las gigantescas macrourbanizaciones previstas en torno a Marina d'Or y Mundo Ilusión, y la ampliación en 1,5 millones de metros cuadrados del suelo urbanizable en el término municipal de Oropesa es respaldada por los habitantes de la localidad, que hacen subir al PP de cinco a siete concejales, lo que responde, en parte, al aumento del número total de regidores a elegir, de 11 a 13.
VALENCIA
- Alboraia. La posible desaparición de parte de la huerta a favor de un centro comercial no ha supuesto un voto de castigo para el PP, que ya gobernaba el municipio.
- Catarroja. Condicionada por el plan urbanístico Nou Mil.leni que prevé la construcción de 12.000 nuevas viviendas, los resultados suponen un mantenimiento de la situación.
- Cullera. A pesar del polémico plan del alcalde que pretende construir junto a la costa hasta 35 rascacielos, el PP sube su representación en este municipio con cuatro nuevos concejales.
- Manises. Las 10.000 nuevas viviendas del plan Gran Manises en esta localidad no varía el mapa político de este Ayuntamiento. El PP sólo pierde 400 votos y mantiene la mayoría.
- Riba-roja. El polémico PAI de Porxinos que supone un aumento de 3.000 residencias de lujo y un hotel ha supuesto un avance para su impulsor, el PP, que gana un nuevo concejal, gracias a 1.400 nuevos votantes.
* ELPAIS.com - Valencia - 28/05/2007
27-M: Las elecciones del ladrillazo
Viñetas de J.R.MORA y J.KALVELLIDO
¿Las elecciones de la corrupción?
BRAULIO Gómez* : "El próximo domingo se celebrarán las octavas elecciones de la España democrática. Tradicionalmente en este tipo de elecciones, la participación es más baja que en las elecciones generales, los dos partidos más grandes, PSOE y PP, reciben menos votos que en las legislativas y consiguen representación en los ayuntamientos algunos partidos muy pequeños que no tienen cabida en el sistema de partidos que disputa el gobierno central. Hay diversas circunstancias que dan personalidad propia a las elecciones municipales, como las de 1995 que sirvieron para castigar al gobierno central del PSOE y dar por primera vez en su historia la victoria al PP. Pero el contexto político que puede hacer de las elecciones del domingo unas elecciones especiales no tiene que ver con la agitada política nacional, sino con un problema local que ha calado de forma profunda y novedosa en la opinión pública, la complicidad de los ayuntamientos en la corrupción urbanística tanto en Andalucía, como en el resto de España.
En el Barómetro de Opinión Pública del IESA-CSIC, de enero de este año, la mayoría de los andaluces pensaba que su alcalde podría haber gestionado de forma irregular el desarrollo urbanístico de su municipio y más de 80% tenía la impresión de que la corrupción asociada a la planificación urbana afectaba a muchos o bastantes ayuntamientos de Andalucía. Esta percepción generalizada de que los ayuntamientos no han sido capaces de parar los pies a los promotores y a los constructores sin escrúpulos ha generado una desconfianza en la ciudadanía que según las encuestas podría influir en el resultado electoral del domingo. En el mismo Barómetro, los ciudadanos que percibían corrupción en la gestión del suelo de su ciudad tendrían más probabilidades de no apoyar a su alcalde que aquellos que desconocían cualquier relación entre sus representantes locales y la corrupción urbanística.
Los periódicos nacionales y locales han cubierto de forma extensa este nuevo fenómeno, sobre todo desde la disolución del ayuntamiento de Marbella. Incluso, alguno ha creado una nueva sección titulada escándalos urbanísticos. No es de extrañar que la campaña electoral de Zapatero haya elegido como tema transversal estrella que le sirve en todo el territorio nacional la tolerancia cero contra la corrupción urbanística. La pena es que ni su partido, ni el resto de partidos, se han tomado en serio su solemne firmeza y han colado en algunos municipios a candidatos sospechosos e imputados en casos de corrupción urbanística. Atrás quedaron los decálogos, promesas y buenas intenciones que surgieron tras el escándalo de Marbella.
Este domingo, por primera vez, la ciudadanía va a tener que decidir su voto no sólo contando con su ideología, con su simpatía partidista, con su valoración de la gestión local o de los candidatos, sino que tiene otra dimensión que podría prevalecer en su voto, políticos corruptos frente a políticos honrados. Ahora depende sólo de los ciudadanos demostrar que la tolerancia cero es una demanda intensa de la ciudadanía. Porque una vez que hay suficiente información sobre determinadas conductas ilícitas por parte de algunos representantes locales, no se podría explicar que renovara su mandato algún alcalde cuyas conexiones con los constructores corruptos son de dominio público. O sí que se podría explicar, todos los pueblos tendrían al alcalde que se merecen.
* Politólogo
* Diario Cordoba - 25/05/2007
Críticas: 21.000 viviendas en dos PAI y la permuta de Mestalla
L.B.- Levante* : "Sean muchos o pocos los planes urbanísticos aprobados en los dos últimos meses, algunos a los que se ha dado vía libre valen por diez. Es el caso de los macroproyectos reclasificatorios de Gran Manises y Nou Mil·lenni que promueve el Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa) en compañía de dos grandes promotores: Enrique Ortiz y Llanera. En el caso de Catarroja la Conselleria de Territorio ha dado el visto bueno a la construcción de 11.459 viviendas (5.900 de VPO) en 1,5 millones de metros cuadrados de suelo rústico que deben reclasificarse y que no estaban previstos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Similar esquema se ha seguido en Gran Manises, donde se prevén construir otras 9.400 viviendas en suelo rústico que debe reclasificarse y que tampoco estaba previsto en el PGOU de esta localidad de l'Horta. Tanto el proyecto de Manises como el de Catarroja ha sido duramente criticado desde el Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia, el Ministerio de Fomento o la Confederación Hidrográfica del Júcar debido a los bestiales incrementos de población, la falta de garantías de agua o las conexiones para el incremento de circulaciones de vehículos privados que supondrán.
Territorio también ha aprobado durante este último mes la permuta de terrenos impulsada por el Valencia CF para construir el nuevo estadio y viviendas en el antiguo solar de Mestalla. También en Novelda se ha dado vía libre a otro PAI de 3.00 chalés y campo de golf.
De ahí que desde la Compromís pel Territori denuncien «las decisiones que los miembros del Consel toman en los últimos días con tal de dejar todo ligado bien ligado en plena campaña electoral, para satisfacción de los intereses particulares de a quienes sirven» .
Y añaden que estas decisiones «no sólo afectan a la política urbanística sino a las políticas sociales como la enseñanza pública y la sanidad ya que cabe recordar que la semana pasada el Consell aprobó los conciertos para los centros privados de bachillerato promoviendo la enseñanza mientras en los centros públicos los escolares han de estudiar en barracones. Y ayer mismo el actual Consell ha aprobado un decreto en el que da vía libre a la sustitución de la gestión pública de la sanidad por la gestión privada» .
Compromís pel Territori considera que esta precipitación «responde a la inseguridad del partido aún en el Gobierno autonómico en relación a su continuidad después de las elecciones del próximo domingo y conlas imputaciones cada vez más graves de presuntos delitos de corrupción y malversación de fondos públicos» .
Por eso solicitan «la anulación de las aprobaciones a última hora que hipotecan nuestro futuro y nuestro territorio» y denuncian la «perversión de los valores democráticos que ejercita el PP desde la Generalitat para favorecer los negocios especulativos a costa del territorio y los servicios públicos» .
* Levante-EMV - 26 de mayo de 2007
Murcia y Marbella
ANTONIO CAMPILLO* : "En los últimos años, el Gobierno regional murciano se ha dedicado a difundir machaconamente, con el dinero de todos los contribuyentes, una serie de eslóganes publicitarios («Agua para todos», «Murcia paraíso natural», etc.) destinados a ocultar las deficiencias de su propia gestión y a acallar las voces críticas de la oposición política y las organizaciones ciudadanas, que vienen exigiendo un cambio de rumbo en nuestro modelo de desarrollo (bajo el lema «Murcia no se vende»), y que recientemente han reclamado a todos los partidos políticos y al conjunto de la sociedad murciana un «compromiso por la Región».
En apenas año y medio, tenemos en la Región de Murcia once ayuntamientos (la cuarta parte del total regional) y el mismísimo Consejo de Gobierno en pleno, con Valcárcel a la cabeza, investigados por la justicia, y nada menos que 22 cargos del PP y funcionarios imputados por la Fiscalía del TSJ de Murcia: 9 alcaldes, 7 concejales, 2 ex-concejales, 2 arquitectos municipales, 1 secretario municipal y 7 altos cargos del Gobierno regional.
Pero la frase que refleja realmente la situación de nuestra Región no procede del Gobierno regional del PP, ni de las organizaciones ciudadanas, sino de un personaje que durante años compaginó con total impunidad la gestión pública y los negocios privados. Me refiero a la frase «Murcia es la hostia», pronunciada privadamente, en una conversación telefónica interceptada por la policía, por el empresario murciano Juan Antonio Roca, cerebro de la trama de corrupción urbanística que tenía su centro en el Ayuntamiento de Marbella y extendía sus redes por otras ciudades y comunidades autónomas, entre ellas la Región de Murcia. Recientemente, tras el levantamiento del secreto sumarial de la Operación Malaya, hemos comenzado a conocer su participación en el caso Lo Poyo.
El significado de la expresión de Roca se comprende muy bien por el contexto de la conversación y por el destinatario al que va dirigida, el promotor madrileño Ismael Pérez. El mensaje de Roca a su amigo es muy claro: la Región de Murcia es un verdadero paraíso para la especulación inmobiliaria y la corrupción política. Este mensaje refleja por sí solo la situación real de nuestra comunidad autónoma, con una claridad sin tapujos que contradice los mendaces discursos oficiales y con una gráfica concisión que condensa en cuatro palabras todos los estudios e informes (como el Informe 2003 y el Informe 2006 del Foro Ciudadano) que han denunciado la gravedad del problema.
Se ha escrito mucho sobre el cáncer de la especulación inmobiliaria y sobre los costes de todo tipo que está provocando: económicos, sociales, ambientales y políticos. La suma de todos estos costes es tal que la bomba inmobiliaria se ha convertido en el problema más grave de España. Lo han dicho numerosos expertos y organismos nacionales e internacionales, y lo han dicho también numerosos ciudadanos de a pié, a través de las 69 asociaciones ciudadanas agrupadas en la Coordinadora La Región de Murcia no se Vende, y las 600 asociaciones agrupadas en la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio, de ámbito estatal. En este artículo, me limitaré a subrayar los costes políticos.
En el caso paradigmático de Marbella, toda la atención pública se ha centrado en los protagonistas de la trama de corrupción dirigida por Roca, es decir, en las personas imputadas por el juez Torres: alcaldes, concejales, funcionarios, empresarios, abogados, notarios y una célebre cantante. Pero no se ha prestado la debida atención al hecho de que los cargos políticos actualmente imputados fueron elegidos por sus conciudadanos durante cuatro legislaturas consecutivas, a pesar de las muchas denuncias que pesaban sobre ellos. Esto quiere decir dos cosas: que la carrera política y el apoyo electoral se habían convertido en una vía para amparar el delito y eludir a la justicia; y que la tolerancia y connivencia con la corrupción estaban ampliamente extendidas entre los marbellíes. En otras palabras, que la democracia en Marbella se había colapsado por completo. Precisamente por eso, tuvo que ocurrir algo sin precedentes en la democracia española: la suspensión de toda la corporación municipal por parte del Gobierno central y su procesamiento por parte de la justicia penal. Esa es la gran virtud de la separación de poderes, los célebres contrapesos de los que hablaba Montesquieu, sin los cuales no hay verdadera democracia.
El caso de Marbella debería llevarnos a reconocer que la especulación inmobiliaria y la corrupción política son hoy el haz y el envés de un fenómeno que constituye el problema más grave de la democracia española, y que amenaza a sus instituciones más básicas: los municipios y las comunidades autónomas. El gobierno de Zapatero ha dado pasos importantes (nueva Ley del Suelo, nueva Ley de Financiación de los Partidos, más controles medioambientales, reforzamiento de la Fiscalía, etc.), pero son insuficientes. Además, hay que implicar también a las comunidades autónomas y a los municipios. Por eso, considero muy acertada la propuesta de Llamazares: es necesario un gran pacto de Estado para luchar de manera firme y coordinada contra la especulación y la corrupción.
Ahora que vamos a celebrar elecciones municipales y autonómicas, conviene recordar el ejemplo de Marbella. El PP, bajo la dirección del señor Rajoy, ha adoptado dos estrategias que pueden serle muy beneficiosas electoralmente, pero que van en sentido contrario a lo que España necesita. Por un lado, ha tratado de convertir estas elecciones en unas primarias de las generales, haciendo de la política antiterrorista contra ETA un arma arrojadiza contra Zapatero, y evitando así que se debata sobre los muchos problemas locales y autonómicos, y en particular sobre el grave problema de la especulación y la corrupción, que afecta sobre todo a varias comunidades gobernadas por el propio PP, como la Región de Murcia. Por otro lado, ha seguido la misma estrategia que utilizó el GIL en Marbella: presentar como candidatos a muchos cargos políticos imputados (entre ellos, varios alcaldes de la Región, pese a las promesas de Valcárcel), con el objetivo de que las urnas legitimen y socialicen la corrupción.
En apenas año y medio, tenemos en la Región de Murcia once ayuntamientos (la cuarta parte del total regional) y el mismísimo Consejo de Gobierno en pleno, con Valcárcel a la cabeza, investigados por la justicia, y nada menos que 22 cargos del PP y funcionarios imputados por la Fiscalía del TSJ de Murcia: 9 alcaldes, 7 concejales, 2 ex-concejales, 2 arquitectos municipales, 1 secretario municipal y 7 altos cargos del Gobierno regional. El cerebro de la trama marbellí, Juan Antonio Roca, sabía muy bien de lo que hablaba cuando dijo que Murcia es la hostia. Si las próximas elecciones del 27-M convalidan de nuevo en el poder a la actual clase dirigente murciana, como pronostican las encuestas, habremos dado un paso más en la estrategia de legitimación y socialización de la corrupción política. Y entonces tendremos más motivos para exigir que vuelvan a funcionar, como en Marbella, los contrapesos democráticos del Estado de Derecho.
* Antonio Campillo es presidente del Foro Ciudadano.
* La Verdad - 25 de mayo de 2007
El debate ausente
Editorial ELPAÍS* : "Aunque el urbanismo salvaje y la corrupción inmobiliaria se mencionan continuamente en la campaña electoral, lo cierto es que en realidad no han sido objeto del debate político que merecen. Casos como los de Andratx, Telde, Alicante, Ciempozuelos, Marbella o el caso Fabra se utilizan de forma irresponsable como arma arrojadiza de unos partidos contra sus adversarios; pero en ningún caso los ciudadanos tienen la sensación de que el Gobierno, la oposición, los ayuntamientos y las comunidades autónomas tengan un programa articulado contra la corrupción del ladrillo y, lo que es peor, cunde la sospecha de que su denuncia desaparecerá de la escena en cuanto se eche el cierre de las elecciones después del 27 de mayo.
La diferencia entre los partidos mayoritarios radica en que el PSOE muestra una sensibilidad mayor a los indicios de fraude que aparecen entre alcaldes y concejales. Pero esta diferencia, con ser importante, no basta, porque los socialistas tampoco están ofreciendo a los ciudadanos un plan coherente contra la corrupción urbanística en los municipios donde vayan a gobernar.
Sin embargo, el caos inmobiliario tiende a agravarse y exige planes concretos y urgentes, porque la plaga de cemento ya es un hecho inocultable. Un informe del Observatorio de Sostenibilidad calcula que en 2005 el 30% de los dos primeros kilómetros de costa en el litoral mediterráneo estaban construidos -en 2000 el porcentaje era del 26%- y es de temer que hoy ese porcentaje sea mayor. ¿Cómo se frena este disparate especulativo? Las soluciones no se acaban en la bienintencionada Ley del Suelo que acaba de promover el Gobierno. Es necesario, además, coordinar la urbanización del territorio con criterios más restrictivos que los que usan ayuntamientos y comunidades autónomas. Es urgente instaurar controles independientes en los ayuntamientos, reforzando el papel de los secretarios municipales, quizá convirtiéndolos en interventores del Estado. Es obligado construir una fiscalía especial que disponga de medios holgados para instruir la persecución de los delitos. Por descontado, hay que revisar las fuentes de financiación municipal, porque el sistema actual atrae las comisiones delictivas y al cohecho como el imán a las virutas de hierro; y derribar una por una las construcciones que no cumplan las leyes.
Estas exigencias están hoy fuera del debate político. Probablemente tampoco formarán parte de él después de los comicios del próximo domingo. Es verosímil que los votantes acaben por perder la confianza en los políticos que gobiernan los ayuntamientos y las autonomías y que esa desconfianza se manifieste en forma de abstención. Sobre todo si los partidos insisten en presentar como candidatos a gestores imputados por prácticas corruptas (Fabra, en Castellón, supera todo lo imaginable). Son éstas las listas que deberían recibir el mayor castigo electoral.
* ELPAIS.com - 25/05/2007
Cieza aprueba hoy 30.000 casas en el último minuto
.jpg)
M.P.M.- 20minutos* : "Las intenciones que tiene el alcalde de Cieza, Antonio Tamayo (PP), de aprobar hoy, a escasas horas de las elecciones y en un pleno extraordinario, el Plan General de Ordenación Municipal no han sentado muy bien a PSOE e IU, en la oposición. De hecho, de darse el visto bueno hoy, se aprobarían de un plumazo 30.000 nuevas casas y cinco campos de golf. El actual concejal de IU, Manolo Martínez, aseguró ayer que la prisa de Tamayo se debe a «presiones de las empresas urbanizadoras. El Plan cuenta con el informe desfavorable del jefe de Urbanismo y carece del preceptivo documento de Evaluación Estratégica».
Según Martínez, el alcalde «está pringado hasta la médula con las empresas firmantes de los convenios». El concejal de IU recordó que la Confederación Hidrográfica del Segura emitió un informe negativo hace un año sobre estos proyectos.
«El Plan es impecable»
Por su parte, el alcalde de Cieza, Antonio Tamayo, calificó el Plan General de «impecable, desde el punto de vista formal, administrativo y técnico» y subrayó que cuenta con el beneplácito de todas las administraciones y organismos que tenían que pronunciarse al respecto.
Además, Tamayo argumentó que «el plan es muy participativo porque se han incorporado cerca del 98% de las alegaciones vecinales y, desde el punto de vista medioambiental, «queda protegido más del 90% del territorio municipal».
Los proyectos de las empresas que van a firmar los convenios urbanísticos en Cieza supondrían la reclasificación de 22 millones de m2 de suelo y un beneficio de 600 millones de euros, al margen de los que obtuvieran con la construcción de las viviendas, y seis campos de golf, explicó el concejal de IU.
- Las inmobiliarias de los Valcárcel... "Valcárcel prometió dimitir si su familia tenía 8 inmobiliarias, y tiene 10".
El presidente de la Comunidad y candidato del PP, Ramón Luis Valcárcel, aseguró ayer que «no hay ni una sola actividad profesional (de mi familia) que tenga nada que ver con ésta Administración», en relación a la demostración que hizo ayer Pedro Saura, candidato del PSOE, vinculando a la familia del presidente con 10 inmobiliarias. El candidato del PP a la Asamblea, Juan Carlos Ruiz, aseguró ayer que Saura «mintió cuando adjudicó a la familia de Valcárcel recalificaciones fruto del sector inmobiliario», aunque el PP no ha negado la vinculación de la familia del presidente con el sector inmobiliario. «Ha quedado demostrado que las únicas propiedades inmobiliarias de las empresas que menciona Saura son 2 garajes, un despacho, 3 solares calificados hace 20 años y 4 viviendas», dijo Ruiz.
Noticia relacionada: "Cieza aprobará 20.000 nuevas casas el último día de legislatura" /El País
* 20minutos.es - 25.05.2007
Foto: Vecinos de Cieza en la concurrida plaza de España de la localidad. (IMI) /20minutos.es
