ELCONFIDENCIAL* : Cada vez son más y gritan más fuerte. El reciente ataque de un hacker a la web del Ministerio de Vivienda ha puesto bajo los flashes al colectivo ‘VdeVivienda’, una plataforma cívica formada ya por catorce asambleas de diversas ciudades españolas que reivindica el acceso a un hogar digno. Dado que el manifiesto que un pirata informático colgó en la página ministerial arrancaba con el eslogan del colectivo -'No vas a tener casa en la puta vida'-, éste se convirtió en blanco de todas las miradas. Obviamente, sus responsables niegan cualquier vinculación con el sabotaje, que califican de positivo porque ha dado mucha difusión a su movimiento y porque “es una manera de reflejar que el problema existe”.
“Desde hace muchos años el acceso a una vivienda en España ha ido cada vez a peor. La liberalización del mercado ha tenido resultados fatalistas. Actualmente no tenemos acceso a la vivienda pese a que existen más casas de las que se demandan. Los alquileres no paran de subir y los precios están estancados pero no bajan. Las VPO son un parche total, son para un porcentaje mínimo de la población que accede a ellas. Además no se cumplen las cifras de construcción”, señala a este diario David Morgado, creador de la campaña ‘No vas a tener casa en la puta vida’.
Esta plataforma, que surgió el pasado otoño en Barcelona como un intento de emular al movimiento francés ‘Los Hijos de Don Quijote’ y no ha dejado de ganar adeptos desde entonces, defiende su carácter único y su independencia frente a sindicatos y partidos políticos. Su fin es servir de canal organizativo de las manifestaciones cívicas sobre el problema y entre sus reclamaciones principales figura el cambio de las medidas estructurales, la salida de la vivienda del mercado, dar uso a los tres millones de pisos vacíos que hay actualmente en España y crear un nuevo modelo de ciudad más habitable.
“Tendría que haber una corrección de las leyes. No se trata de otra cosa sino de evitar la especulación descontrolada. Los alquileres tendrían que estar regulados por el Gobierno tal y como sucede en otros países europeos. Es muy importante el soporte de las leyes para que bajen los precios y que incentiven el alquiler. Por ejemplo, el alquiler no te desgrava, en cambio la compra sí”, afirma Morgado.
Un récord mundial
La última iniciativa que ha emprendido ‘VdeVivienda’ promete ser sonada. La plataforma intentará batir un récord mundial el próximo 6 de octubre con una convocatoria simultánea en varias ciudades españolas a favor de una vivienda digna. El meollo está en que miles de personas griten a la vez su ya famoso eslogan, para lo cual han creado un vídeo promocional y una campaña en Internet. Con ello pretenden reunir, sólo en Madrid, a unas 20.000 personas. La cifra no es desorbitada puesto que una marcha organizada por el colectivo el pasado septiembre reunió a 15.000 participantes en Barcelona, según los organizadores.
El escenario escogido en la Ciudad Condal para la manifestación y el grito popular es la Plaza de San Jaume, mientras que en la capital todavía no se ha definido el recorrido que, probablemente, terminará en la Puerta del Sol.
* El Confidencial - Ángel Martínez.- 06/09/2007
Foto: manifestación vivienda
El ataque contra la web de Vivienda “es una manera de reflejar que el problema existe”
La Policía investiga si el alcalde de Santa Cruz blanqueó dinero comprando premios de lotería
LAOPINIÓNDETENERIFE* : La magistrada que instruye la causa de la compraventa de los terrenos de Las Teresitas, Carla Bellini, ha abierto una nueva vía de investigación sobre el patrimonio del principal imputado, el alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, y ha encargado a la Policía Nacional que investigue una presunta compra de premios de lotería con los que Zerolo habría blanqueado dinero de supuestas comisiones ilegales.
Fuentes próximas a la investigación señalan que el patrimonio de Zerolo ha sorprendido a los investigadores por no ser acorde a sus ingresos como alcalde. De hecho, ha sido interrogado por su patrimonio. Una de las explicaciones que él y sus abogados han dado para explicar parte de sus bienes es que ha sido agraciado con varios premios relacionados con los juegos de azar.
Ante estos datos, la magistrada instructora ha dirigido numerosos oficios a la Policía para que investigue exactamente los premios obtenidos por Zerolo y su entorno familiar, así como los bancos en los que fueron pagados, o si realmente se trata de premios que han sido ganados por otras personas y cuyos boletos han sido comprados con el fin de blanquear dinero.
Método
La compra de premios de lotería es uno de los métodos de blanqueo de capitales más recurrido en España y cuya averiguación es muy difícil de llevar a cabo. Para realizar una operación de este tipo, los bancos juegan un papel fundamental, ya que suelen actuar de mediadores entre la persona que ha obtenido el premio y la que tiene dinero negro y no sabe cómo blanquearlo. Un banco se pone en contacto con una persona que ha ganado un premio y se ofrece para comprar el boleto premiado, para lo que suelen dar una cantidad de dinero algo superior al valor del premio. Así, el banco se asegura un cliente con una elevada cantidad de dinero y posee un boleto premiado que, en estos supuestos de delito, ofrece a clientes que estén interesados en blanquear dinero de procedencia ilícita. La persona en cuestión transformaría en dinero lícito la cantidad del premio en cuestión. Especialistas en rastreo patrimonial de Madrid investigan si Zerolo llevó a cabo alguna compra de premios.
Una de las primeras actuaciones de la magistrada instructora del caso Las Teresitas, Carla Bellini, fue encargar una investigación patrimonial de los principales imputados, fundamentalmente de Miguel Zerolo, el concejal de Urbanismo Manuel Parejo, y los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González.
Especialistas
Varios especialistas en rastreo patrimonial de la Policía Nacional procedentes de Madrid trabajan en la investigación a las órdenes de Carla Bellini, así como otros agentes de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife.
Otra de las pistas que sigue la Policía con respecto a la investigación patrimonial del caso Las Teresitas ha detectado movimientos de dinero en Isla de Man, uno de los paraísos fiscales más opacos de cara a una investigación policial.
Reacciones
Todos los partidos políticos con presencia en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a excepción de la formación del alcalde, Coalición Canaria, rechazaron la posibilidad de valorar la información que hoy publican los diarios La Opinión de Tenerife y La Provincia/Diario de Las Palmas. Según ambos rotativos La Policía investiga si Miguel Zerolo blanqueó dinero comprando premios de lotería. Los diferentes portavoces coincidieron en que es una investigación en curso y que el alcalde tiene derecho a la presunción de inocencia.
El primer teniente de alcalde y portavoz del PP, Angel Llanos, rechazó hacer declaraciones de un asunto que la justicia está investigando actualmente. El actual socio de gobierno de Zerolo siempre, incluso antes de que Llanos formase parte del grupo de gobierno municipal, evitó pronunciarse sobre los problemas legales que tenía el alcalde.
De igual manera se pronunció la portavoz del grupo municipal socialista, Gloria Rivero, que prefirió no entrar a valorarlo. "En todo lo que es materia de investigación judicial, no queremos entrar", aseguró la diputada nacional. Además, recordó los derechos que cualquier ciudadano tiene a cuestiones como la presunción de inocencia. "Miguel Zerolo está cubierto por su presunción de inocencia y en este caso no está imputado, como sí ha pasado en otros casos", explicó Rivero.
Los líderes de los dos partidos que forman parte del grupo mixto, Ciudadanos de Santa Cruz (con dos concejales) y el Centro Canario (con uno), también prefirieron no hacer ningún tipo de declaración sobre lo publicado hoy en los medios. El líder de Ciudadanos, Guillermo Guigou, rechazó toda valoración a una investigación judicial. "En otras ocasiones lo hemos hecho, pero cuando ya ha habido algún tipo de decisión legal al respecto", explicó. Guillermo Guigou ha destacado por ser uno de los políticos más críticos con la gestión que Miguel Zerolo ha llevado en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
El presidente del CCN, Ignacio González Santiago, rechazó hacer declaraciones sobre la información publicada hoy. Se da la circunstancia que el concejal en la oposición del consistorio capitalino es hijo de Ignacio González Martín, presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, el cual también está siendo investigado por la magistrada instructora del caso Las Teresitas, Carla Bellini.
* La Opinión de Tenerife - PEDRO GUERRA / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 05 de septiembre de 2007
Foto: Tenerife-Playa_de_las_Teresitas - Rémi Stosskopf - wikipedia.org
Critican que el Programa de Desertificación de España eluda el urbanismo
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EFE* : El coordinador de Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber, se lamentó hoy de que el Programa de Acción Nacional contra la Desertificación, que será presentado mañana en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, no incluya medidas para frenar el desarrollo urbanístico y de infraestructuras. Oberhuber aseguró que tanto el desarrollo urbanístico como la ejecución de infraestructuras se han convertido en los últimos años en las principales causas de pérdida de suelo fértil en España, por lo que, dijo, 'deberían estar perseguidas en el plan'.
El coordinador de Ecologistas en Acción afirmo que el Programa de Acción Nacional, a cuya elaboración obliga la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, de la que España forma parte, es una 'suma' de las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno para frenar el proceso de erosión de los suelos.
En su opinión, se trata de un plan para la regeneración de las zonas ya degradadas, que es 'pobre en sus planteamientos', y que está adaptado a la situación ambiental y los problemas socieconómicos del país.
No obstante, el ecologista valoro que 'después de diez años de espera, al fin se haya redactado un documento para reducir la degradación de las tierras'.
El impulso a la iniciativa se debe, según este portavoz, a la celebración en Madrid de la octava Conferencia de las Partes (COP8) de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, que comenzó el lunes y concluirá el 14 de septiembre.
'Si verdaderamente queremos invertir el proceso de desertificación, necesitamos un plan global que revise no solo las políticas del ministerio de Medio Ambiente, sino también las de Agricultura, Fomento, Economía, y otros ámbitos', añadió.
* Terra Actualidad - EFE - 05-09-2007
Foto: Sacedón (Guadalajara), sequía embalse 2006 - afp.google
Andalucía, otra vez el paisaje
JORGE BENAVIDES SOLÍS* : El paisaje está de moda (se lo ha incluido en el ámbito de todas las disciplinas que se precien), es una preocupación coyuntural imperativa (la adhesión de España a la Convención Europea del Paisaje es inminente) y, tal como están las cosas, es la manifestación de un problema contemporáneo, consecuencia de la economía globalizada, al que la Unión Europea, bajo la cobertura de aquella Convención, ha decidido darle un tratamiento útil para el desarrollo económico. Debió añadirse sostenible, en cuanto tiene que ver con las consecuencias del consumo descontrolado de los recursos naturales no renovables: suelo, combustibles fósiles, contaminación atmosférica y del agua, o sea, un desarrollo que garantice una mejor calidad de vida.
El nuevo Estatuto andaluz, sin aclarar en qué consiste, acaba de incorporar el "derecho al paisaje en condiciones de igualdad". La Junta de Andalucía, en convenio con las Universidades ha creado el Centro del Paisaje. El POTA (Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía), en el capítulo 3, Sistema regional de protección del territorio, por primera vez desarrolla exhaustivamente aspectos sobre el paisaje (¿por qué los ponentes no lo destacan?).
Cinco consejerías, Agricultura, Medio Ambiente, Cultura, Turismo y Obras Públicas, con mayor o menor éxito ejecutan proyectos relacionados con el paisaje y la de Innovación, Ciencia y Empresa, debido a las consecuencias paisajísticas de la gran expansión de los "parques solares y eólicos" (impresionan, el solar de Sanlúcar la Mayor y el eólico de Tarifa) pronto, imperativamente, directa o indirectamente, tendrá que incorporarse al grupo como en otros países europeos ha sucedido.
No cabe duda, el tema preocupa e interesa; sin embargo, carece de un marco jurídico o normativo propio o transversal que en forma clara determine competencias, derechos y obligaciones como se ha hecho en otros países europeos. Si un delito no está definido, aunque se lo cometa, no puede ser sancionado ni es posible tomar medidas para evitarlo. Esto sucede ante la destrucción del paisaje. Para colmo, la Administración aún no ha adoptado una definición operativa que facilite "movilizar todas las políticas" para su conocimiento, difusión, control, ordenación y gestión. Es más, pese a las recomendaciones europeas (ETE 1999), en cuanto pueden, los legisladores evitan la posibilidad de hacerlo. Por ejemplo, la nueva Ley del Patrimonio Histórico, que acaba de iniciar su trámite en el Parlamento, para "no complicarse la vida", simplemente añade una tipología más de protección: la "zona patrimonial", asumiéndola como equivalente al paisaje, cuando en realidad no es ni puede ser lo mismo. A propósito, pese al gran avance teórico, administrativo y práctico en la protección de los bienes culturales, este proyecto de ley sigue manteniendo criterios causales, de adición y de extensión, iniciados en el siglo XIX, superados por los nuevos paradigmas epistemológicos.
Primero fue el bien artístico, histórico, monumental y aislado, luego el bien cultural y su entorno, finalmente los bienes y el territorio. No es suficiente. La visión sistémica y holística, ha mucho que superó la concepción orgánica o mecanicista del mundo, la especialización, la multi-disciplinaridad, la separación entre forma y contenido. Todo está inter-relacionado; las verdades científicas tienen caducidad; la objetividad no es posible, los límites se han hecho esponjosos (son parte y solución), nada es blanco o negro. Es indispensable comprender los bienes culturales con una visión trans-disciplinar como un sistema con muchas partes materiales cuyo valor intangible las convierte en símbolo y a la vez en mercancía con alto precio (patrimonio), apetecida por el mercado, por la economía, por la industria del consumo y el turismo (recurso). Por eso las redes y, más en cultura: son las infraestructuras del sistema.
Pues bien, el paisaje es un bien cultural intangible con un soporte material dinámico, frágil y no renovable, de inaccesible propiedad individual pero de obvia propiedad social, que es percibido a partir de la vista. No es un objeto, es proceso y resultado. Eso sí, es un derecho de la sociedad que debe ser garantizado de manera coherente por el Estado. Existen otras definiciones igualmente abstractas: paisaje "es todo el territorio como lo percibe la población"; "es la manifestación formal o fisonómica en el territorio de una globalidad de hechos y procesos que se aglutinan en tres componentes principales: naturales, constructivos y sociales"; "es la manifestación formal de la relación sensible de los individuos y de las sociedades en el espacio y en el tiempo con un territorio más o menos intensamente modelado por los factores sociales, económicos y culturales".
Bien o mal, sabemos qué es el paisaje, pero los instrumentos legales para protegerlo son inexistentes, aquellos técnicos embrionarios y las políticas apenas explícitas. El desarrollo del marco conceptual se sigue enriqueciendo, pero el ámbito operativo es incipiente. Cinco consejerías son responsables de la inminente destrucción del paisaje de Castilleja de Guzmán; al menos tres deberían pronunciarse sobre la bárbara alteración del paisaje de Sevilla que supone la Torre Cajasol (180 metros); sin embargo, ninguna tiene desarrollados los instrumentos para impedirlo. Existen bomberos pero carecen de instrumentos para apagar los incendios.
El Programa coordinado sobre el paisaje, resumido en la página 229 del POTA, ¿será tema del próximo Seminario?
* Jorge Benavides Solís es profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.
* ELPAIS.com - Andalucía Tribuna - 05/09/2007
El Tribunal Superior de Justicia paraliza la polémica urbanización de La Zerrichera
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LAVERDAD/Murcia* : El tribunal acepta el recurso de ANSE, pero se basa en la decisión del Gobierno regional de supeditar las 4.000 casas al futuro plan de gestión También cree que podrían perjudicarse valores ambientales de la zona. La polémica urbanización de la finca La Zerrichera de Águilas estaba en suspenso político y técnico desde mayo del año pasado. A partir de ahora también está paralizada cautelarmente por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ).
Según el auto al que ha tenido acceso La Verdad, el alto tribunal ha admitido el recurso que presentó la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) contra la resolución del anterior consejero de Obras Públicas que autorizó en febrero del 2006 la modificación del plan urbano de Águilas para permitir que se construyera en la zona.
Jurídicamente, La Zerrichera se encuentra en el misma situación que Puerto Mayor, en La Manga, que está paralizado cautelarmente, aunque las circunstancias son distintas. Sin entrar en el fondo del asunto, que será juzgado más adelante, el TSJ impone no obstante un principio de cautela medio ambiental, en el sentido de que podrían producirse algún perjuicio a los valores ambientales de la zona. La Zerrichera, como se sabe, está dentro de una zona protegida como LIC y ZEPA.
Lo llamativo es que el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Águilas se adelantaron al TSJ y han facilitado su fallo, puesto que la decisión judicial está basada precisamente en las decisiones del Ejecutivo de Ramón Luis Valcárcel y del Consistorio de Juan Ramírez de suspender la construcción de la urbanización en mayo del año pasado. Ambas administraciones supeditaron el futuro de las 4.000 viviendas de tipo residencial a la aprobación del plan de gestión de la Sierra de la Almenara, todavía en tramitación.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ, presidida por el magistrado Abel Ángel Saez, e integrada por Joaquín Moreno Grau y María Consuelo Uris Lloret, estiman que la suspensión cautelar «no ocasiona perjuicio alguno al interés general», puesto que el proyecto ya estaba paralizado por el Gobierno de Valcárcel.
Valores ambientales
Asimismo, los magistrados no entran para nada en el fondo del asunto, ni en los defectos de forma que denunció ANSE. «No se produce una grave perturbación del interés público con la suspensión», indica el auto, «a lo que hay que añadirse que, existiendo valores ambientales en la zona, no discutido por las partes demandadas, y pudiendo producirse a dichos valores un perjuicio con la aplicación y desarrollo de la disposición impugnada [la resolución de la Consejería de Obras Públicas], procede acceder a la suspensión que se solicita».
El mismo principio de cautela ambiental llevó a actuar al Gobierno murciano, puesto que exigió que se aprobara primero el plan de gestión de la zona, que debe determinar si se puede urbanizar y con qué intensidad. Ahora está en manos del Consejo Económico y Social, que debe emitir su dictamen. Después pasará a los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma y finalmente al Consejo de Gobierno para su aprobación, quizás a principios del año que viene. Todo apunta a que el Grupo Hispania tiene muy pocas posibilidades de desarrollar su proyecto inicial.
UN LARGO PROCESO
30/10/2003: El Pleno de Águilas aprueba el convenio urbanístico con el Grupo Hispania.
1/09/2004: El director general del Medio Natural informa en contra y el proyecto se archiva.
16/05/2005: El Pleno aprueba la modificación del PGOU tras retomar el expediente a petición de la empresa y una vez que Medio Ambiente pidiera a la UE desproteger parte de la finca.
27/10/2005: Se aprueba la recalificación en Pleno. Tres ediles del PSOE no asisten y son expulsados, y uno del PP, con intereses en la zona, dimite días después por votar a favor.
31/01/2006: La Consejería de Obras Públicas aprueba la recalificación de los terrenos y el PGOU de Águilas. ANSE presenta recurso ante el TSJ.
10/04/2006: Los promotores (Grupo Hispania y La Kutxa, sobre todo) presentan su proyecto en Águilas y un día después Francisco Marqués cesa como consejero.
29/05/2006: Benito Mercader, nuevo consejero de Medio Ambiente, paraliza el proyecto. Argumenta que existen contradicciones entre el proyecto final presentado por la empresa y las condiciones del estudio de impacto ambiental.
02/2007: El fiscal jefe del TSJ se querella contra el alcalde de Águilas y varios altos cargos del Gobierno regional.
* La Verdad - M. BUITRAGO/MURCIA - 5 de septiembre de 2007
Foto: La Zerrichera (Murcia) - ecologistasenaccion.org
