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ABC* : A las once y media de la mañana de ayer llegaron al aeropuerto de Barajas los benedictinos que en agosto tuvieron que abandonar, escoltados por la Guardia Civil, su monasterio de San Salvador del Monte Irago, en Rabanal del Camino (León), ante la ira vecinal desatada a cuenta de la restauración de la iglesia románica del pueblo, de la que es párroco uno de los cenobitas, y de «la falta de respeto a nuestras costumbres y tradiciones», según denunció la junta de vecinos.
El superior de la comunidad religiosa, Juan Antonio Torres, declaró a ABC nada más pisar Madrid, procedente de Alemania -donde se había refugiado-, que «sólo espero que en España se respete el derecho a la libertad religiosa y a la propiedad privada y, con el obispo de Astorga a la cabeza, mañana -por hoy- podamos volver a nuestra casa».
La marcha de los monjes se produjo el pasado día 18 de agosto, precisamente cuando mayor es la afluencia de peregrinos del Camino de Santiago, a los que dan cobijo físico y espiritual, y cuando se dispara la presencia de vecinos, con la llegada de los veraneantes, en las siete parroquias que tienen encomendadas en la zona.
Actitudes violentas
Desde el Monasterio se emitió entonces un comunicado relatando cómo «durante la celebración de la Eucaristía no sólo se habían proferido insultos contra los monjes sino que, debido a las actitudes violentas, fue precisa la intervención de los guardias civiles para proteger nuestra integridad física». En este mismo comunicado manifestaban su rechazo «al empleo de la violencia física o moral como medio de solución de cualquier conflicto», y dejaban claro que el objeto de la trifulca, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, «es monumento declarado Bien Interés de Cultural por la Junta de Castilla y León y, en cuanto tal, corresponde únicamente a la Dirección General de Patrimonio la responsabilidad sobre cuantas obras se lleven a cabo en él».
Después de despachar en otros puntos las acusaciones de desaparición de obras de arte y hasta de querer modificar la configuración urbanística de la localidad, la comunidad benedictina subrayaba que «Nuestro Señor, venerado en Rabanal como el Bendito Cristo, nos manda amarnos y perdonarnos. En ese espíritu pedimos disculpas a cuantos se puedan haber sentido ofendidos por nuestras acciones, al mismo tiempo que perdonamos cuantas ofensas hemos podido recibir a los largo de estos días».
Exactamente lo mismo que el padre Torres repitió a este periódico hace una semana desde la Archiabadía de Santa Otilia, en el estado alemán de Baviera, de la que depende su comunidad, y desde donde se lamentaba de la situación de desatención que se estaba produciendo no sólo en sus parroquias sino hacia los cientos de caminantes que se dirigen a la tumba del Apóstol y que cada día esperan encontrar en ellos alimento para el espíritu y para el cuerpo, tanto en su convento como en su hospedería y en su hospital de peregrinos. Entonces, cuando aún no se sabía la fecha del regreso, el superior de los cuatro monjes que habitan este cenobio leonés rechazó hacer más declaraciones públicas justificando la decisión por la orden de su archiabad de que vivieran estos acontecimientos «con el mismo silencio y la misma voluntad de sacrificio con que Cristo vivió el calvario».
Almuerzo en un convento
Ayer, tras almorzar en un convento de monjas benedictinas próximo al aeropuerto, los monjes huidos emprendieron camino hacia León con la intención de pasar noche en Astorga y recuperar hoy el monasterio.
«Ya ha tenido que ir la fuerza pública a desbloquear la puerta -explicó- y confiemos en que al menos cuando lleguemos se nos respete el derecho a la vida. Ya veremos si se atreven, con el obispo a la cabeza, a impedir que entremos en nuestra casa», asegura Torres. Hoy sabremos cómo acaba la gesta de reconquista de los benedictinos de San Salvador del Monte Irago.
* ABC - VIRGINIA RÓDENAS - 14.09.09
Foto: Rabanal del Camino (León) - abc.es
Los monjes huidos de León por protestas vecinales regresan hoy a su monasterio
Cárcel para los dueños de un chalé por incumplir la orden judicial de derribo
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DIARIODESEVILLA* : Un juez ha ordenado el encarcelamiento de dos personas para cumplir una condena de seis meses de cárcel, dado que aún no han cumplido la orden judicial de demolición de una vivienda declarada ilegal en la urbanización Las Minas de Castilblanco de los Arroyos .
Fuentes judiciales informaron ayer de que el Juzgado Penal 9 ha ordenado el ingreso en prisión de los dos condenados, miembros de la misma familia, por no haber demolido una vivienda y una piscina en la llamada Zona M de esa urbanización, situada en una zona forestal protegida, según sentencia firme de la Audiencia Provincial. El juez ha ordenado que la Policía y la Guardia Civil los detengan para su posterior ingreso en prisión, medida que sólo podrán eludir provisionalmente si recurren la decisión judicial.
Estas dos personas fueron inicialmente absueltas, en julio de 2007, por el Juzgado Penal porque levantaron las construcciones en medio de la "tolerancia municipal", que llegó a cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a 500 vecinos de la misma urbanización.
La Audiencia Provincial de Sevilla revocó en enero pasado la sentencia y condenó a los propietarios a seis meses de prisión, el pago de una multa y a derribar a su costa las construcciones como única manera de reparar el daño.
La sala tuvo en cuenta que los procesados no habían pedido licencia al Ayuntamiento y que no era posible darla ni legalizar lo construido, pues hasta que no se apruebe el avance de PGOU de Castilblanco, que prevé legalizar algunas construcciones de la zona, no tiene ningún valor en el procedimiento penal porque el suelo sigue siendo no urbanizable.
Tras la sentencia firme de la Audiencia, el Juzgado Penal 9 requirió a los condenados el pasado 17 de febrero para que ejecutaran el derribo y hasta ahora no lo han hecho, a pesar de que fueron apercibidos personalmente de que podían incurrir en un delito de quebrantamiento de condena si no obedecían.
Ahora, el Juzgado les ha denegado la suspensión del derribo y también la propia suspensión del ingreso en prisión -que se acuerda en condenas de menos de dos años de cárcel si el interesado carece de antecedentes- dado que no han cumplido los requisitos legales, que incluyen la reparación del daño causado.
La primera orden de ingreso en prisión por un delito contra la ordenación del territorio en la provincia de Sevilla se produjo el pasado mes de enero, cuando el Juzgado Penal 10 ordenó el encarcelamiento de un vecino condenado a seis meses de cárcel por construir un chalé contrario al ordenamiento en el paraje Las Perreras y Mesa Carrasco de Gerena. El interesado eludió finalmente la cárcel al demoler de inmediato la construcción, han informado a Efe las citadas fuentes.
La Fiscalía para delitos de Medio Ambiente y Urbanismo de Sevilla ha emprendido numerosas acciones contra chalés levantados en zonas protegida de la provincia, en especial en Las Minas de Castilblanco de los Arroyos.
* Diario de Sevilla - EFE - 14.09.09
Foto: Parcelas en construcción en la urbanización Las Minas de Castilblanco de los Arroyos. - diariodesevilla.es
El ladrillo agota el beneficio del 'boom'
PÚBLICO* : Cinco años de explosión de beneficios para las inmobiliarias que aprovecharon la expansión urbanística desaforada están a punto de desaparecer. Las promotoras han necesitado sólo año y medio para perder el 89% de las ganancias acumuladas entre 2003 y 2007, los ejercicios dorados del boom inmobiliario. Desde enero de 2008 hasta junio pasado, estas empresas suman ya 7.217 millones de pérdidas, frente a los 8.114 millones atesorados en los citados cinco años.
De momento, las compañías del sector del ladrillo ya se han comido todo el beneficio de los tres últimos años de bonanza, de 2005 a 2007. Y si siguen a este ritmo, al cierre de este ejercicio pulverizarían todo lo cosechado en el boom.
Es cierto que una parte importante de esos beneficios en algunos casos, hasta la mitad ya han sido devorados por los propios accionistas de las promotoras, que se repartieron pingües dividendos en época de bonanza.
Pero las ganancias que no van a dividendos pasan a engordar los fondos propios de las empresas, que son el verdadero colchón de dinero en caso de problemas financieros, con lo que si los números rojos continúan, empeorará aún más su solvencia.
Sin embargo, hay ya una señal positiva que alegra un poco el sombrío panorama de un sector que entró en barrena en septiembre de 2007. En el primer semestre de este año, las principales inmobiliarias que cotizan en bolsa han logrado reducir sus pérdidas un 75%, hasta 1.217 millones.
Arañar liquidez
No obstante, la mejora no tiene nada que ver con el negocio, sino con que estas empresas han luchado con uñas y dientes por lograr liquidez vendiendo edificios y suelos in extremis. Y, por otro lado, las promotoras han tenido que hacer menos provisiones por la depreciación de sus activos que hace un año, es decir, han tenido que aportar menos dinero como colchón para compensar este menor valor.
Mientras tanto, el descalabro en la venta de viviendas sigue mermando los ingresos de las inmobiliarias, que bajaron un 21%, hasta 2.038 millones entre enero y junio. A eso se une que la venta de terrenos, otra destacada vía de negocio para muchas inmobiliarias, también está casi parada: las transacciones cayeron un 37% en el primer trimestre, según los datos del Ministerio de Vivienda.
Más preocupante es aún el dato de la deuda de las principales inmobiliarias cotizadas con la banca. Este agujero alcanza ya los 31.851 millones, mucho más que todos los beneficios de las empresas del Ibex 35 en el primer semestre, que superaron los 21.500 millones.
Las perspectivas de recuperación son lentas, pero se dan leves signos, como el hecho de que esta deuda financiera haya bajado un 17%.
Stock que se vende
En ventas, "estamos detectando que las promotoras que primero optaron por bajar precios para vender viviendas ya están logrando reducir su stock", afirma Javier García Mateo, director de análisis e investigación de mercados de la consultora inmobiliaria Aguirre Newman. A juicio de García Mateo, la recuperación sigue dependiendo de estas rebajas.
La crisis inmobiliaria ya se ha cobrado una decena de suspensiones de pagos de grandes promotoras y centenares de otras pymes del sector. Por el camino han caído Martinsa Fadesa, Habitat, Aifos, Tremón y, el viernes pasado, Nozar.
* Público - SUSANA R. ARENES - MADRID - 14/09/2009
Foto: Crisis inmobiliaria - publico.es
El TSJ mantiene la anulación del PAI Mestrets pese a la sentencia que perdieron los vecinos
LEVANTE/Castelló* : El fallo judicial del Tribunal Superior de Justicia que anuló el PAI Mestrets mantiene su vigencia y no se ve influenciado por la sentencia posterior con la que el mismo tribunal rechazó el recurso contencioso paralelo de otro grupo de vecinos agraviados, según confirmaron esta semana fuentes del TSJ.
Las mismas fuentes precisaron que la última resolución no invalida la primera porque se trata de argumentos y de recurrentes distintos. Es por ello que el fallo judicial sigue en vigor a menos que el Ayuntamiento de Castelló y la Generalitat Valenciana opten por interponer un recurso ante el Tribunal Supremo esgrimiendo que las dos sentencias del TSJ son contradictorias.
Esta aclaración matiza la postura del gobierno del ayuntamiento (PP), el cual había presentado a la opinión pública la segunda sentencia del TSJ como una prueba de la "legalidad" de uno de los desarrollos urbanísticos que han suscitado mayor polémicos y contestación vecinal en Castelló durante la última década.
Mientras tanto, el Consell y el ayuntamiento siguen a la espera de que el Tribunal Supremo admite a trámite su recurso contra la sentencia del TSJ que invalidó la modificación número 6 del Plan General de Ordenación Urbana -y con ella el PAI Mestrets que preveía desalojar a 40 familias de sus viviendas-.
El PP ya ha manifestado que, en el caso de que el Supremo admita a trámite sus recursos, se acogerá a la posibilidad legal de proseguir el PAI a la espera de una sentencia del Supremo y pagará con fondos públicos la correspondiente indemnización si se ratifica la anulación del TSJ.
Grandes proyectos en el aire
El TSJ considera que el ayuntamiento pretendía cargar injusta e ilegalmente a los vecinos con el coste de obtener suelo para construir 4.500 viviendas protegidas, el Espai Comercial de Santiago Calatrava, la Universidad Internacional Valenciana (VIU), la Ciudad Deportiva de Castelló (unión del polideportivo Chencho con el Sindical) y la ronda oeste de circunvalación.
Esta circunstancia condiciona la obtención de terrenos para los grandes proyectos que simbolizan el modelo y el diseño de futuro que ha programado el Partido Popular para la ciudad.
Sin embargo, el alcalde, Alberto Fabra, asegura que las obras se llevarán igualmente a cabo porque siempre cabe la posibilidad de la expropiación directa.
El litigio de los vecinos contra la conselleria y el ayuntamiento se ha prolongado durante más de 5 años en los que se han sucedido las protestas públicas, el enfrentamiento dialéctico, los actos simbólicos y las pancartas en todos y cada uno de los plenos
A pesar de la incertidumbre jurídica, el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) no ha rectificado en absoluto su intención de ejecutar el PAI y el pasado mes de enero notificó la cuarta reparcelación forzosa a unos vecinos que siguen luchando por sus viviendas.
* Levante-EMV - NACHO MARTÍN - 13.09.09
Foto: Vecinos, en una manifestación ante el consistorio. levante-emv
